Lo de Honduras no puede ser calificado de insurrección, por el carácter pacífico del movimiento de resistencia. Pero sí tiene visos de revolución en la medida que más de cien días de movilizaciones significan el inicio del despertar de un pueblo, su creciente protagonismo, su resolución y unidad, la toma de conciencia de sus intereses y de su propio poder. Es algo que también tiene expresión en el campo zelayista: entre los tres representantes del Presidente para el diálogo se incluye a un dirigente de la resistencia. Lo que estamos presenciando es más el arranque de un proceso, que el final o desenlace de una etapa histórica.
A ello sin duda han contribuido, conscientemente, el presidente Zelaya, y en forma inconsciente e involuntaria, el usurpador Micheletti. Los cien días de su presidencia, si se valorasen al modo tradicional, arrojarían un balance claramente negativo y preocupante para los golpistas. Aparte de mantenerse, precariamente, en el poder no han alcanzado ninguno de sus objetivos. Por el contrario, han agudizado las contradicciones del país al grado tal que pronto les tocará evaluar sus actos según el parámetro con que juzgaba Napoleón Bonaparte ciertas decisiones históricas: “fue peor que un crimen, fue un error”.
La persistente, infatigable, inclaudicable, movilización popular contra el golpe de estado ha terminado por poner en evidencia la contradicción de fondo de la ideología fascista que inspira a los golpistas y a sus amigos en la región. En efecto, han tratado de justificar el golpe como defensa de las libertades y de la democracia, en riesgo, según ellos, por Zelaya, y terminan derogando derechos democráticos y libertades fundamentales. Zelaya nunca prohibió manifestaciones, ni reprimió a la población, no cerró medios de comunicación, ni suspendió garantías constitucionales. Diciendo actuar en defensa de la democracia y de la Constitución este régimen fascista suspende la Constitución y anula la democracia. Instala una dictadura que ha costado ya una decena de vidas, un centenar de heridos, cientos de detenidos, miles de reprimidos, golpeados, gaseados.
A pesar de la represión y del monopolio de la violencia, contra una masa popular heroicamente pacífica, el régimen de facto ha perdido la calle. Al inicio trató de disputarla. Los “blanquitos”, de clase alta y media alta, los “perfumados”, tiraron la toalla. También los empleados presionados para acudir a marchas protegidas por la policía, se niegan a acudir a las convocatorias. La calle es enteramente de la resistencia. Se ha hecho fuerte en las barriadas urbanas y en el campo. Es el país entero, en una proporción de tres a uno, según una reconocida empresa encuestadora, que respalda a Zelaya y repudia a Micheletti.
Es lo que explica la decisión de implantar el estado de sitio por 45 días, que suponía el reconocimiento de que la batalla por las masas se perdió. Pero el estado de excepción choca con los intereses de los candidatos a las elecciones presidenciales, que no pueden hacer campaña con estado de sitio. También con los del sector empresarial que resienten el elevado costo económico de la medida. Y con la última esperanza del golpismo: que efectuar en noviembre las elecciones procurase cierta legitimidad y salir del aislamiento mundial. Por eso ha tenido que ser levantado de manera apresurada. Micheletti llegó al extremo de pedir disculpas por haber adoptado, de manera inconsulta, la medida.
El calendario electoral ahora se convierte en un factor contra el régimen de facto, lo pone contra el tiempo. Sosteníamos en un análisis anterior que el retorno de Zelaya cambiaba el escenario y hacía que el tiempo jugase ahora contra los golpistas. Acorde con ello, el Presidente legítimo pone plazo: si para el 15 de octubre no ha sido restituido en el poder, las elecciones habrán de postergarse.
El Plan de Óscar Arias, que planteaba adelantarlas un mes, ha quedado superado por los acontecimientos. Exasperado por la estupidez de los golpistas, que se aferran a legalismos constitucionalistas, declaró que la Constitución hondureña actual es “un adefesio jurídico”, “posiblemente la peor Constitución que hay en el mundo”. Es decir, no ha de servir de escudo, de pretexto o barricada; más bien convendría hacerle reformas, cambios. Lo cual está justamente en el origen de la crisis: la intención de Zelaya de promover una Asamblea Constitucional, siguiendo las vías legales de la encuesta y después la consulta ciudadana. Objetivo que la resistencia ha vuelto a reivindicar como central en sus demandas.
Aislados del mundo, distanciados del sector empresarial que ansía algún tipo de solución, con menos apoyo de la Iglesia que intenta recuperar un rol mediador, tras la metida de pata del cardenal y arzobispo demasiado comprometido con el golpismo, lo último que necesitaban los golpistas era enemistarse con los militares, fuente y fundamento de su poder. Tal como decía Napoleón: “las bayonetas pueden servir para muchas cosas, excepto para sentarse sobre ellas”. Si un gobierno se asienta únicamente en el poder militar, en la represión, sus días están contados. Es el último de los apoyos con que cuenta Micheletti. Al fin y al cabo desencadenó el golpe la destitución del general Romeo Vásquez, y fue el ejército el que lo ejecutó. “Expulsar a Zelaya del país fue un error y tendrán que pagar por ello”. ¿Será que los golpistas civiles pretenden que los militares sean el chivo expiatorio de la aventura golpista? ¿Aceptarán serlo?
Cuando las cosas van mal, se disgrega la banda de delincuentes y todos se echan la culpa unos a otros, incriminándose mutuamente. Lo que facilita mucho el trabajo de la policía. La postura del movimiento de resistencia oponiéndose a la idea de una amnistía indiscriminada parte de razones éticas y de justicia, pero también tiene la sabiduría de acabar de dividir al grupo de maleantes que han secuestrado un país entero.
Quienes por tanto tiempo se han creído los dueños de Honduras – y que de hecho lo han sido y lo son –, simples analfabetas políticos, deberán ser alfabetizados en el abecedario básico de la democracia: la voluntad del pueblo, el poder del demos, el interés general, han de ser respetados. Se descalifican solos en esta postura justificadora de lo injustificable; más les valiera quedarse en silencio a rumiar su rabia e impotencia. Es sólo cuestión de tiempo, el eterno aliado de la humanidad, que la verdad y la razón se impongan, que se imponga el pueblo. Como sabiamente dice la oración cristiana: “que se haga al fin su voluntad, así en la tierra como en el cielo”.
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