miércoles, 27 de febrero de 2013

Guatemala: ¿Todos con Gálvez o Gálvez con TODOS?



¿Todos con Gálvez o Gálvez con TODOS?
I
La frágil relación entre el rector y el presidente
La relación entre Estuardo Gálvez y el presidente de la República, el Gral. Pérez Molina no ha sido del todo amigable. Cabe recordar que durante la campaña electoral 2007 en la que Colom venció a Pérez, el ya entonces rector de la USAC[1] apoyó a la UNE, relación que mantuvo mientras Sandra Torres fue candidata presidencial  para las elecciones 2011.
Durante el 2012 los roces entre Pérez Molina y Gálvez se hicieron evidentes cuando este último cuestionó la propuesta de Reformas Constitucionales impulsadas por el presidente de “apresuradas y poco discutidas”. Asimismo durante la coyuntura de la toma de los institutos Normales en oposición a la disolución de la carrera magisterial, Gálvez argumentó que esto afectaría a la USAC debido a que la nueva carrera impuesta por el Ministerio de Educación recargaría la formación docente a la Universidad, aumentando considerablemente la población estudiantil.
Desde ese entonces Gálvez posiciona el discurso de exigir el Presupuesto de la USAC,  dando pocos resultados, ya que como era de esperarse el Congreso priorizó nuevamente otras áreas como el Ejército, Gobernación e Infraestructura en el presupuesto general publicado en octubre de 2012. A finales de septiembre cuando ya se había negociado la asignación presupuestaria hacia las instituciones públicas y autónomas, Gálvez declaró que debido al déficit presupuestario[2] de Q200 millones que se le adeudan a la USAC podrían estar cerrando los centros regionales de Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y Jutiapa. Sin duda esto representa una amenaza para el gobierno pues en estos departamentos la organización y resistencia ante distintas problemáticas es latente y el tema de la educación no es la excepción, tal y como lo demostró el profundo rechazo de estudiantes y padres de familia a la reforma magisterial.
El 31 de enero de 2013 “Día de la Autonomía Universitaria” las amenazas subieron de tono cuando el Rector Gálvez en conferencia de prensa anunció que podría paralizar las actividades universitarias al finalizar el primer semestre si no se le asignaba más presupuesto, esta vez diciendo que el déficit ascendía a Q350 millones.
Al día siguiente Otto Pérez Molina se lavó las manos argumentando que esa deuda es arrastrada desde el gobierno de Colom. Ciertamente durante el gobierno de la UNE, Gálvez no fue tan enfático en pedir el presupuesto pese a las constantes presiones estudiantiles. De cualquier manera la deuda es del estado y no únicamente del gobierno de turno, porque posee rango constitucional y es de carácter estructural.
Por si fuera poco, el CACIF impugnó la Actualización Tributaria y se encuentra en plena negociación con el ejecutivo y el congreso para aprobar el paquete de leyes de “competitividad” que solo beneficiara a las cúpulas económicas de Guatemala y a las Transnacionales.
II
¿Por qué luego de 7 años de silencio ahora es una prioridad el presupuesto?
La reivindicación de recibir no menos del 5% del presupuesto General de Ingresos Ordinarios es legal y legítima, de hecho es una bandera que el estudiantado ha levantado reiteradamente ante los oídos sordos del rector. Por ello saltan dudas del porque Gálvez lo tiene como agendaprioritaria por primera vez desde que inició su rectorado en 2006:
El próximo año son las elecciones a rectoría y Gálvez ya dejó a su alfil para continuar con el pie derecho adentro del CSU, se trata de su secretario académico Carlos Alvarado Cerezo quien ya inició campaña proselitista. El otro pie derecho lo pretende posicionar a través de “la campaña del  presupuesto” ¿sus intereses?
Por su perfil como penalista y por las redes que ha tejido no extrañaría verlo en el Organismo Judicial como magistrado de la CSJ o como premio de consolación ministro de algún partido político, total ya se volvió una tradición que la rectoría sirva de plataforma para tales intereses.[3] En el peor de los casos podría candidatearse para las elecciones 2014 del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).
Se sabe que Gálvez ha estado coqueteando con Roberto Alejos una posible candidatura en el Partido TODOS quien se perfila como la principal oposición del PP. Pero ¿Qué tiene Gálvez que ofrercerle a Alejos? Una de las estrategias de Alejos es poder captar una base social urbana[4] que le logre disputar el voto duro que llevó a Pérez Molina a la presidencia. En ese sentido la población san carlista es un botín y de esa cuenta varios catedráticos de la USAC están fomentando -al mismo tiempo- la afiliación a TODOS y la exigencia del 5% del presupuesto. El 20 de febrero de 2013 Jorge Barrios del bloque TODOS informó que citaran al ministro de finanzas públicas pues acusan a su viceministra de violar la constitución al sugerir que para resolver la crisis financiera de la USAC se aumente la matricula estudiantil.
La prueba de fuego para Gálvez es la marcha que está convocando el 7 de marzo para exigir el 5% y poder limpiar su imagen política ante el rechazo que ha generado debido a los señalamientos de corrupción en el manejo presupuestario, el tráfico de influencias en las comisiones de postulación ante distintas elecciones de peso en el estado, su fijación por decorar jardines y descuidar la calidad académica, su incapacidad para defender ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el voto estudiantil ante las Juntas Directivas de la Facultades y recientemente su traición al acuerdo que firmó en 2010[5] que apertura la posibilidad de realizar los cambios tan esperados que la Universidad del siglo XXI necesita.
De esa cuenta el discurso de exigir el presupuesto también se convierte en un distractor mediático para no abordar el tema de la Reforma Universitaria. El 06 de febrero de 2013 en reunión extraordinaria, el CSU conoció la propuesta elaborada por la Comisión Multisectorial y la desechó bajo el argumento de que ellos habían realizado paralelamente otra propuesta que no fue consensuada, violando así el acuerdo firmado en 2010. Esto provocó la toma de las instalaciones de rectoría por estudiantes universitarios, la cual cumplió hoy 22  días y se proyecta de manera permanente hasta que el rector asuma su compromiso.
Para hacerle frente a la gestación del movimiento pro reforma universitaria, Gálvez ha logrado negociar con la AEU y con –algunos miembros- de EPA que no están en la toma de rectoría, el apoyo para exigir el presupuesto. Entre las actividades se pueden mencionar la toma de la Avenida Petapa por encapuchados el 7 de febrero, y una campaña que consiste en colocar mensajes en los carros “5% para la USAC”.
Por su parte el Centro de Estudios Urbanos y Rurales de la USAC (CEUR) ingresó las bases de datos estudiantiles y difundió mensajes relacionados al presupuesto. Desde enero de 2012 el director del CEUR es Oscar Peláez Almengor quien es asesor de Gálvez desde 2006 cuando asumió la rectoría. El director anterior del CEUR era Eduardo Velásquez opositor a Gálvez y excandidato a rectoría. Varios estudiantes han manifestado su rechazo ante esta propaganda pues aseguran que nunca le dieron sus correos al CEUR, lo que hace suponer que rectoría se los proporcionó.
III
¿Reforma o Presupuesto?
Estuardo Gálvez se encuentra ante una doble situación que se le puede salir de las manos. Por un lado debe presionar al gobierno para asegurar el presupuesto de la USAC en un contexto en el que las finanzas públicas andan por los suelos. Esto consolida a Gálvez como oposición directa al gobierno. Y por el otro, de no atender las demandas estudiantiles para aprobar la metodología que le dé vida al Congreso de Reforma Universitaria, su imagen política terminará deteriorándose aún más, al demostrar su incapacidad para mantener la unidad san carlista de cara a sus futuras pretensiones políticas.
Exigir el presupuesto que a la USAC le corresponde es necesario, pero más necesario es que a través de la Reforma Universitaria se creen los mecanismos para frenar la corrupción y la mala orientación de los fondos que hoy sumen a la única universidad pública de Guatemala en una de sus peores crisis. ¿Podrá Gálvez quedar bien con TODOS?
[1] Gálvez es rector por segundo periodo consecutivo (2006-2010 y 2010-2014). Anteriormente fue decano de la facultad de derecho (2000-2004) y representante de los profesores de derecho ante el CSU (1997-1998).
[2] El artículo 84 de la Constitución Política de la República contempla la asignación de no menos del 5% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios para la USAC. En el 2012 el presupuesto asignado fue de Q1 mil 356 millones, pese a que el rector había pedido Q1 mil 685 millones.
[3]Entre los personajes que luego de ser rectores se han catapultado en el poder público podemos mencionar a Eduardo Meyer en la DCG como diputado y luego como Ministro de Educación (1986-1990) y  finalmente como diputado de la UNE (2004-2012); Juan Alfonso Fuentes Soria como Secretario de la Paz (SEPAZ) durante el gobierno del FRG; Jafeth Cabrera Franco como Secretario de Asuntos Agrarios (SAA) durante el gobierno de Berger; Efraín Medina Guerra candidato vicepresidencial de VIVA en las elecciones 2011 y ministro de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) durante el primer año de gobierno del PP; y Luis Leal como viceministro del MAGA en 2008 durante el gobierno de la UNE.
[4] Para seguir afianzando el voto en el departamento de Guatemala, TODOS anunció el 24 de febrero una alianza política con VICTORIA para buscar que Amílcar Rivera retorne a la comuna mixqueña luego de haber perdido en las pasadas elecciones con el hijo de Otto Pérez Molina. Asimismo se aliaron al partido UNIONISTA para postular la reelección del veterano alcalde Álvaro Arzú.

[5] Acta 29-2010, Punto 4. Establecimiento de la Comisión Multisectorial para la elaboración de la Metodología del Congreso de Reforma Universitaria. Para consultar la propuesta visite: http://reformausac.blogspot.com/


Guatemala: Taller Introducción al teatro del Oprimido


martes, 26 de febrero de 2013

ITALIA.- ¿Por qué renuncia el Papa?


 
Por Aquiles Izaguirre
Más de 600 años habrían pasado desde que se registró la última renuncia de un Papa. Es precisamente por esto que la dimisión de Benedicto XVI sorprendió a casi todo el mundo. Debemos ver la renuncia del Papa no solo como el acto de preocupación de un hombre senil que se aparta por el bien de la iglesia, sino como un hecho político meditado, bien meditado, que intenta dar un giro a una Iglesia desgastada por cientos de escándalos de corrupción, abusos sexuales y escándalos financieros.
La Iglesia Católica es una de las organizaciones más antiguas que subsisten en la historia de la humanidad. Esta “virtud” se debe precisamente al papel que ha jugado en esta historia, sirviendo como uno de los pilares del poder político y económico. Esta Iglesia no siempre fue como es hoy; de sus anales, y de la misma biblia podemos deducir que la Iglesia siempre tuvo fracciones. Siempre lucharon concepciones políticas hasta que se terminó instaurando en el trono de San Pedro, un papa que sería el que gobernaría en el nombre de dios.
Pero en pleno siglo XXI esta institución milenaria se encuentra con muchas contradicciones, sobre todo porque el desarrollo de la tecnología, la globalización y la modernidad han puesto límites al poder de la misma. Lejos están los años en que los Papas armaban ejércitos y conquistaban naciones a través de la lanza y no por el poder de dios, ahora la iglesia tiene el poder que le da la coerción espiritual que tiene sobre sus fieles.
A pesar de todos los problemas, la iglesia continúa siendo una institución fuerte, pero bastante golpeada. Así podemos ver que la Iglesia Católica es la institución que tiene más fieles esparcidos en todo el globo terráqueo: “En el último siglo, el catolicismo ha multiplicado por tres el número de los fieles, desde 290 millones en 1910 hasta 1.100 millones en 2010, y ha mantenido su proporción de la población mundial…lo que significa que la mitad de los cristianos siguen siendo católicos y que lo son también una sexta parte de los habitantes del planeta” (El País 20/02/2013).
La única creencia que supera en número de fieles al catolicismo es el Islam en su conjunto, con 1.600 millones de partidarios. Debemos comprender que el Islam se encuentra enmarcado en una sola región demográfica y no tiene la influencia política y económica mundial que tiene la casa de San Pedro.
Conspiraciones y Vatileaks
En medio de este enorme poder, la iglesia se ha venido debilitando por un sinnúmero de escándalos que han sacudido sus cimientos. De los últimos discursos que realizó Benedicto XVI se desprende esta pequeña pero significativa frase: "El rostro de la Iglesia aparece muchas veces desfigurado. Pienso en particular en las culpas contra la unidad, en las divisiones del cuerpo eclesial" (El País 13/03/2013).
Para no dejar las dudas de las cosas que pasan a lo interno del Vaticano Benedicto XVI continua: "Debemos atravesar el corazón y no los vestidos. En efecto, en nuestros días son muchos los que están dispuestos a rajarse las vestiduras ante escándalos e injusticias —naturalmente, las cometidas por otros—, pero pocos parecen dispuestos a actuar sobre su propia conciencia e intenciones, dejando que el Señor transforme, renueve y convierta" (Ídem).
Según muchos analistas, tras los muros de San Pedro se viene librando una lucha por la sucesión de poder en el Vaticano. Entre los llamados Vatileaks, documentos confidenciales del Papa que fueron filtrados a los medios de comunicación por el mayordomo del mismísimo Benedicto XVI, podemos encontrar la filtración de una carta: “Carlo Maria Viganò, actual nuncio en Estados Unidos, en la que le contaba al Papa diversos casos de corrupción dentro del Vaticano y le pedía no ser removido de su cargo como secretario general del Governatorato —el departamento que se encarga de licitaciones y abastecimientos—. Viganò, sin embargo, fue enviado lejos de Roma” (El País 18/02/2013). Luego el periódico Il Fatto Quotidiano publicó una carta en la que se destapaba un supuesto complot para asesinar al mismísimo Benedicto XVI. La carta, escrita por Darío Castrillón, Cardenal colombiano, acusaba a Paolo Romeo de haber dicho en un viaje a China que el papa moriría en 12 meses. Asimismo filtró que el Papa y el número dos del Vaticano se llevaban de la patada y por último que el mismo Benedicto estaba amarrando la sucesión para dejar el trono al mismo arzobispo de Milán Angelo Scola.
El Banco de la Fe
En medio de estas filtraciones explotó un escándalo financiero en el Instituto Para las Obras de la Religión mejor conocido como el Banco del Vaticano. Ettore Gotti Tedeschi fue el encargado por el Papa para dirigir esta institución, pero en medio de sus pesquisas llegó a sospechar que en algunas cuentas cifradas que manejaba el banco se escondía el dinero sucio de empresarios, políticos y hasta jefes de la mafia.
Según mucho reportes, Tedeschi pasó sus últimos meses temiendo que lo asesinasen por los hallazgos realizados; es por esto que poco a poco fue construyendo un informe detallado de los movimientos y de los capitales sospechosos en las cuentas del Instituto Para las Obras de la Religión. Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa, fue detenido el 25 de mayo del 2012 por ser el artífice de los Vatileaks. Un día antes se anunció la destitución de Tadeschi porque se le había perdido la confianza. La verdad es muy diferente: “se escondía dinero sucio de políticos, intermediarios, constructores y altos funcionarios del Estado. Pero no solo. Como sostiene la fiscalía de Trapani (Sicilia), también Matteo Messina Denaro, el nuevo jefe de jefes de la Cosa Nostra, tendría su fortuna puesta a buen recaudo en el IOR a través de hombres de paja” (Ídem). Finalmente el Banquero de Dios fue requerido por la policía y se le incautaron los documentos que compiló en sus años al frente del Banco del Vaticano.
La ofensiva del Vaticano para que no se hicieran públicos los informes no se hizo esperar; en una misiva diplomática el Vaticano solicitaba: “La Santa Sede ha recibido con sorpresa y preocupación los recientes sucesos en los que está involucrado el profesor Gotti Tedeschi. Pone la máxima confianza en la autoridad judicial italiana para que las prerrogativas soberanas reconocidas a la Santa Sede por la normativa internacional sean respetadas adecuadamente” (Ídem).
Escándalos sexuales
Es algo conocido en el mundo, que el reinado de Benedicto XVI fue marcado por los constantes escándalos de pederastia y abusos sexuales que por el mundo fueron apareciendo. La iglesia como institución ha sido criticada no solo porque sus curas fueron los que realizaron los abusos sexuales, sino porque encubrieron a los violadores y abusadores de menores de edad, una práctica que debía ser condenada y castigada se volvió protegida y resguardada por la jerarquía eclesial.
En honor a la verdad, esta práctica fue heredada a Benedicto XVI por su antecesor Juan Pablo II, en cuyo reinado se protegió y cuidó a los abusadores. Tal vez los casos más trágicos fueron los protagonizados por la iglesia en Irlanda, donde las estadísticas son dantescas; se ha contabilizado 35,000 casos de abusos sexuales en 75 años de abusos de curas católicos. Tan pavoroso es el problema que el mismo Benedicto XVI pidió disculpas en Irlanda por los abusos cometidos con el resguardo de la iglesia. Marie Collins, víctima de abuso sexual explica “Benedicto XVI se disculpó por los abusos de los curas, pero jamás ha pedido perdón ni castigado a los obispos que les protegieron.
Él era el hombre del Vaticano más documentado sobre los escándalos. Nos prometió que haría algo, pero incumplió su palabra y traicionó a las víctimas” (El País 7/02/2012). Ella misma explica el modus operandum de la jerarquía eclesial: “Al encubrirlos, extendieron la pederastia por el país. El obispo que protege a un pederasta es aún peor que este. Quien abusa de un niño puede ser un enfermo, pero si su superior lo sabe no debe dejarlo en libertad. Si tienes un perro rabioso, lo encierras” (Ídem).
Los escándalos de abusos sexuales han explotado por casi todo el globo terráqueo, donde las víctimas de abuso han tomado el coraje de denunciar la degeneración a la que llegaron algunos miembros de la iglesia. En los últimos días, el periódico Italiano La Repubblica ha informado que Benedicto XVI renunció al conocer un informe que decía: “la comisión cardenalicia entrevistó a decenas de obispos, cardenales y laicos que fueron dibujando la situación actual del Vaticano. Esto es, una confluencia de grupos de poder articulados en función de las distintas congregaciones religiosas o de su lugar de procedencia, pero también de sus apetencias sexuales. Según la investigación, altos jerarcas de la Iglesia podrían estar siendo víctimas de “influencias externas” —una forma suave de decir chantaje— por culpa de “sus vínculos de naturaleza mundana”, o sea, por su relación con los bajos fondos.” (El País 22/02/2013).
Benedicto XVI dejará de existir, ahora regresa a ser Joseph Ratzinger, probablemente su renuncia responda a que se siente un hombre senil y no puede enfrentar los problemas y escándalos que enfrenta la iglesia. Así mismo, podemos deducir que su renuncia busca influenciar en la elección del nuevo Papa para dejar a una ficha afín al saliente Rey de la Iglesia y que tenga más fortaleza para afrontar los problemas que enfrenta en Catolicismo.
Pero el problema no deja de existir, y es que en medio de un mundo en donde se globaliza la miseria, la jerarquía de la iglesia misma es arrastrada por el poder y el dinero. Al final el problema es el mismo, no basta con pedir disculpas por los abusos sexuales y criticar al capitalismo salvaje, hay que hacer cambios reales que por su misma condición de pilar del poder, no podrá realizar la iglesia.

Fuente: ¿Por qué renuncia el papa?

EL SALVADOR.- El “Dejá Vú” de la democracia interna de los partidos políticos

 
Por Ernesto Alvarado
 
La actual coyuntura que se vive en El Salvador respecto a los partidos políticos, es la fiel muestra de la resquebrajada democracia interna que simplemente no existe a lo interno de las mismas. Tanto el FMLN como ARENA, protagonistas desde hace mucho tiempo del juego bipartidista en el sistema burgués, están sufriendo cambios a lo interno como parte de la antesala preparada para la campaña electoral 2014, en el que los partidos preparan su maquinaria electoral y su logística de campaña.
Los cambios en ARENA
Los cambios en la dirigencia del Concejo Ejecutivo Nacional (COENA) -Máximo órgano de dirección del partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), solo reflejan la crisis de la dirigencia del partido en mención, aunque algunos dirigentes del partido han querido minimizar esta situación; han sido pocos los que se han atrevido a dar declaraciones, como es el caso de Ana Vilma de Escobar -ex vicepresidenta de la República durante el gobierno de Antonio Saca, actualmente diputada (siendo la más votada de su partido en las últimas elecciones)- quien fuese excluida de los cambios que se hicieron en la dirigencia de ARENA, y cuyo resultado fue la exclusión de la misma.
En tal sentido la diputada De Escobar afirma: "Nuestro partido acaba de pasar una reforma estatutaria, ha habido además una Ley de partidos políticos, que pretende modernizar e institucionalizar a los partidos, creo que nosotros debemos llevar esas reformas estatutarias, debemos llevar esa Ley de partidos políticos aún más allá de lo que va y llevarla a la realidad, a la práctica. Eso es parte de lo que estamos esperando".(Entrevista Diario El Mundo, 25-02-2013).
Esta crisis se refiere a la imposición de las candidaturas que existen a lo interno de los partidos políticos, que en la actualidad se decantan por las decisiones tomadas por "consenso" y no de forma democrática por medio de elecciones; esta situación expresada en ambos partidos mayoritarios ARENA y FMLN. Para el caso de la salida de Alfredo Cristiani de la dirigencia del partido ARENA, los argumentos cuyo objetivo buscan disfrazar esta crisis interna han sido los de "La necesidad de modernizar e institucionalizar el partido considerando los nuevos tiempos políticos" (Declaraciones de Ana Vilma de Escobar, Diario La Página 08-92-2013).
Parte de esa democracia interna por demás inexistente es la rendición de cuentas que a nivel interno debe existir en los partidos políticos, esto no se ve reflejado en la ley de partidos políticos; que entre otras cosas -con miras a modernizar y democratizar el esquema de los partidos- solo se ha limitado a establecer una cuota mínima de candidaturas femeninas a distintos cargos de elección popular.
¿Consulta Nacional? Base gubernamental o “mero trámite”
En otro orden de ideas también puede hacerse alusión a la "Consulta Nacional" que en pasados días, anunciara el binomio presidenciable del FMLN integrado por Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, quienes hicieron este anuncio afirmando "que serán los cimientos para la elaboración del plan de gobierno rojo" (El Diario de Hoy, 21-01-2013); dicha consulta estará integrada por 44 mesas de trabajo en las que se discutirán a su vez 44 temas que se consideran importantes, para este instituto político.
Habrá que cuestionar las aristas de esta "Consulta Nacional"; es decir si esta consulta es solo un procedimiento "de trámite" o si finalmente se tomarán en cuenta los planteamientos hechos por quienes participen en esta consulta; lo cierto es que es por demás conocido por la población que en casi todos los casos, los resultados de estas mesas de trabajo no son tomadas en cuenta en la construcción de las plataformas de gobierno de los partidos, quienes consultan a "expertos" en distintas temáticas para construirlo.
En la actualidad existe una gran claridad sobre la falta de democracia en los partidos, tanto ARENA que en alguna medida sigue representando a la oligarquía tradicional como el FMLN que ha conformado una burguesía incipiente que gira en torno a los negocios de ALBA Petróleos en El Salvador, y que sin lugar a dudas en su gobierno buscará consolidar la presencia de ALBA Petróleos en el escenario político nacional a partir de su plataforma gubernamental. Las bases del FMLN, casi siempre gente trabajadora muy humilde, deben impulsar una ardua tarea para luchar por una verdadera democracia interna, en la que los “dinosaurios” dejen de tomar decisiones para dar paso a nuevas generaciones.

Fuente: Deja Vú de las democracias partidarias en El Salvador

jueves, 21 de febrero de 2013

Guatemala: Otro desalojo violento del Gobierno Patriota




OTRO DESALOJO VIOLENTO DEL GOBIERNO PATRIOTA
El día martes 19 de octubre se ejecutó otra acción represiva del gobierno actual, en contra de la comunidad q’eqchi’ Monte Verde, en el municipio de Livingston, Izabal. Esta es una acción orientada al desplazamiento de población indígena de un territorio de apetencia terrateniente, específicamente de la familia Milián (de origen italiano), y para su explotación petrolera.
El desalojo violento, con participación de 150 efectivos de la Policía Nacional Civil y acompañados por integrantes de la familia Milián y del CONAP (¡¡¡sospechoso no!!!), obligó a las familias de la comunidad –como en los tiempos de la política de tierra arrasada- a huir hacia la selva-montaña, lo que generó que momentáneamente niños se vieran perdidos y consiguientemente traumados por el hecho.
Adicionalmente fueron detenidos 4 líderes comunitarios, quienes han estado permanentemente gestionando los derechos de la comunidad y a quienes se criminaliza con cargos de usurpación. Los detenidos son: Abelino Ical Caal, Pedro Moo Pop, Marcos Moo Coc, Eduardo Ico Coc.  Asimismo, fueron destruidos cultivos esenciales para la subsistencia de dichas familias, destrucción de las viviendas y de los enseres domésticos. Hoy, las familias se encuentran en la imposibilidad siquiera de un resguardo y cubrir su necesidad alimentaria inmediata.
No obstante de las gestiones de la comunidad para dialogar al respecto de la problemática que les ha afectado, varios gobiernos, incluido el actual, se han negado a dar una solución coherente al conflicto, lo cual pasa por desvanecer fehacientemente la demanda de usurpación que la familia Milián aduce al plantear que las tierras de la comunidad pertenecen a su finca.  Esto implica, como ha sido la demanda comunitaria, que se mida la finca de la familia Milián, la cual, denuncian los comunitarios, ha sido extendida a partir del movimiento anómalo de mojones y el arrebatamiento de las tierras comunitarias.
En lugar de encontrar una solución a la problemática, el Estado opera a través del organismo judicial y del organismo ejecutivo, como operador de los intereses finqueros y petroleros. Ahí se explica la militarización que se ha registrado en el área, con la presencia de Kaibiles. Además, forma parte de una cadena de hechos de esta naturaleza, ocurridos en Barillas, Totonicapán, San Rafael Las Flores, San José del Golfo, etc.  Se relaciona en los intereses y en las tácticas, al caso la región de Santa Valeria, Cobán, donde existe orden de captura contra cinco líderes comunitarios, por oponerse a la imposición de la hidroeléctrica Santa Rita.
No más violencia estatal cómplice con el despojo
No más violencia estatal cómplice con el capital
Alto a los desalojos contra comunidades indígenas, mestizas y campesinas
FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!
Frente Popular, Guatemala, 20 de febrero 2013

martes, 19 de febrero de 2013

Guatemala: Carta "Haragana" al presidente Otto Pérez Molina



Publicado el 06/02/2013 por Brújula en El Clavo






Estimado Señor Presidente:
La salud va a mejorar.  Recuerdo que esa frase era muy utilizada en sus spots de campaña electoral.  La cuestión, Señor Presidente, es que en su primer año de gobierno la situación de salud no ha cambiado en nada respecto al gobierno anterior.  Y es que si no fuera por los médicos residentes de los Hospitales Nacionales y  por los estudiantes de medicina que laboran en ellos -con o sin paga alguna-, el Sistema de Salud de Guatemala sería aún más deplorable de lo que es hoy por hoy.
Pero a pesar de eso, hace solo una semana usted salía en conferencia de prensa diciendo que: Si hay o no hay medicina, ellos tienen que seguir atendiendo a los pacientes, y si no tiene la medicina, pues les pueden dar la receta para que miren si el paciente la puede comprar.
Pero lo que no pueden hacer es estar sentados haraganeando mientras hay gente que necesita de la atención de un doctor y eso no puede ser.
Al respecto, y como estudiante de 7mo año de medicina, tengo algo que decirle “Señor Presidente”.
En primer lugar no se trata de que los pacientes “miren” si pueden comprar la medicina o no, porque si usted no lo recuerda, el 50% de las personas en este país vive con menos de Q16 diarios, y un 25% lo hace con menos de Q8.  Con esa cantidad de dinero no se puede esperar que los pacientes “miren” si pueden gastar más de Q100 en medicamento. 

En segundo lugar, la palabra haragán es un adjetivo calificativo que la Real Academia de la Lengua Española ha establecido para DEScalificar a alguien que rehuye al trabajo.  Discúlpeme Señor Presidente, pero en mi último mes de carrera (enero 2013) trabajé un promedio de 80 horas semanales, pasando aproximadamente 36 horas seguidas sin dormir cada 4 días, teniendo 2 tiempos formales de comida, buscando tiempo y fuerzas para estudiar para los exámenes finales y mi examen privado; haciendo todo esto por la pasión y vocación del ser médico.  Sin embargo, al día de hoy sigo sin percibir los Q1,200 que me corresponden como parte de mi “bolsa de estudio” acordada en mi contrato. Si eso es rehuir al trabajo, llámeme 100 veces más haragana, pero considero que ese calificativo me denigra tanto a mi como a mis compañeros, es una ofensa hacia nuestra integridad profesional y personal, por lo cual nos debe una disculpa.



Y en tercer lugar, en su campaña usted dijo: Sabemos cómo están los hospitales, centros de salud; sin equipos, sin medicamentos… Perdón, pero usted desconoce por completo cuál es la realidad de nuestros Hospitales y, a diferencia de usted, yo no creo que no los visite por “haragán” sino por cobardía.  Sí Señor Presidente, porque sabe que al usted poner un pie en ellos nosotros exigiremos que se hagan efectivas esas promesas de garantizar que siempre haya medicinas en los puestos de salud.


En esta semana el Licenciado Luis Enrique Cruz publicó un vídeo sobrela  situación actual del Hospital General San Juan de Dios y se muestra indignado porque paradójicamente las condiciones del mismo son insalubres.  La pregunta es: ¿Cuál sería su reacción, Señor Presidente, si el cadáver que allí se evidencia fuera el de un familiar? Probablemente ni la piense porque usted tiene todos los recursos necesarios para atender a un familiar en las instituciones privadas; pero a mí, a mí sí me ha tocado decirle a alguien que su hermano murió porque SU gobierno no ha abastecido al hospital con un endoscopio funcional para poder ligar várices esofágicas, o a una madre decirle que su hija murió porque en el hospital no habían las medicinas que necesitaba para salvarse. Lamentablemente esa madre no pudo “ver” si las podía comprar, porque definitivamente no tenía el dinero que SU gobierno tiene la obligación de darle al hospital. Es ridículo y absurdo que la gente en este país se siga muriendo por causas evitables.


¿La salud va a mejorar? Honestamente no lo creo, porque como diría el Ministro de Salud, la “pobre” población de Guatemala no tiene la culpa de las acciones irresponsables de algunas personas. Lo curioso es que esas personas no son precisamente los integrantes del cuerpo de residentes.  Esas personas son usted y su Ministro de Salud.  
Porque escudarse en que para garantizarle medicina a todos no hay los recursos, eso no es nuevo y eso ya lo sabemos, es evidencia de que el puesto les está quedando grande.


Victoria Galán / Estudiante de medicina USAC /

lunes, 18 de febrero de 2013

El Salvador: Corte Interamericana de Derechos Humanos invalida la Ley de Amnistía


En las vísperas de cumplir 20 años, la Ley de Amnistía ha quedado invalidada para evitar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, según decidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mientras el Ejecutivo salvadoreño no planea promover el acatamiento de la sentencia ante jueces o fiscales, Tutela Legal del Arzobispado ve la posibilidad de que se reabra el caso El Mozote.

Gabriel Labrador

elfaro.net / Publicado el 18 de febrero de 2013
La Ley de Amnistía que se aprobó en marzo de 1993 funcionó como una tapadera que evitó que se investigaran las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo de los 12 años de la guerra civil, desde 1980 hasta 1992, concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal hemisférico en esa materia. En diciembre del año pasado, en la sentencia con la que condenó a El Salvador por las masacres de El Mozote de 1981, la Corte ordenó al sistema judicial salvadoreño que no vuelva a poner la Ley de Amnistía como obstáculo para la procuración de justicia ni en el caso de El Mozote ni en otros similares que pudieran haber ocurrido durante la guerra civil.
El Estado debe remover todos los obstáculos que hasta la fecha han truncado indagaciones y procesos judiciales de casos como El Mozote, en Morazán, donde el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl asesinó a alrededor de mil campesinos desarmados y a sus hijos entre el 11 y el 13 diciembre de 1981. De ese total, y aunque ante la Corte Interamericana solo pudo verificar la identidad de 440 víctimas de ejecución, más de la mitad eran menores de edad, según los relatos de sobrevivientes.
El desmontaje de la Ley de Amnistía, como lo ordena la Corte en su sentencia, supone que haya cambios en la manera en la que se han llevado adelante los procesos judiciales de violaciones a derechos fundamentales desde el fin de la guerra.
"Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el presente caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador", dice la sentencia, en su páffaro 296.
Esto debe entenderse, según el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en ingés, uno de los representantes de las víctimas de El Mozote en el juicio contra El Salvador), como una derogación, después de años de repetidas recomendaciones de otro organismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de revocar la normativa.
Desde la primera denuncia judicial del caso El Mozote, el 26 de octubre de 1990, e incluso durante los nueve años previos, hubo graves violaciones a las garantías judiciales, dice la Corte. Las más altas autoridades de los tres poderes del Estado truncaron las diligencias judiciales y todo se agravó, según el tribunal, con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía pues hubo desde jueces que declaraban improcedente cualquier denuncia de violaciones a derechos humanos hasta liberaciones (sobreseimiento) de procesados por las matanzas de Mozote.
La amnistía cumplirá este 20 de marzo 20 años y hasta ahora ha sido mencionada repetidas veces por presidentes de la República y fiscales generales como el valladar por el cual no puede reabrirse investigaciones sobre los asesinatos de monseñor Óscar Romero y los sacerdotes jesuitas.
La Ley de Amnistía fue dictada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993, una semana después de que la Comisión de la Verdad presentara su informe final sobre 30 casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por la guerrilla y el ejército durante la guerra civil.
En su fallo, la Corte ordena al Estado a que cumpla 14 medidas de reparación a las víctimas en un plazo máximo de cinco años. Tres de esas disposiciones ordenan que El Salvador reabra los procesos judiciales del caso El Mozote o impulsar nuevos hasta llevarlos a su conclusión sin que haya obstáculos de ningún tipo ni invocaciones a amnistías. Asimismo, instruye a El Salvador para que identifique a los responsables y, de ser lo pertinente, se les sancione.
La Fiscalía General de la República, como institución encargada de perseguir el delito en el país, y los juzgados, como responsables de estudiar y resolver los casos presentados por la Fiscalía, deben inhabilitar la amnistía al menos para librar un proceso, según la orden de la Corte.
Cualquier juicio sobre el caso El Mozote tendría como antecedente que el Estado ya reconoció y aceptó todas las violaciones a derechos humanos que se le atribuían, según el informe de contestación que el mismo gobierno presentó ante la Corte Interamericana el 26 de diciembre de 2011. Pero además están los discursos del presidente Mauricio Funes de enero de 2010 y enero de 2012 en los que admite, reconoce y pide perdón en nombre del Estado por lo ocurrido en El Mozote. Estas aceptaciones no pueden catalogarse hasta ahora como verdades probadas judicialmente y es lo que la Corte Interamericana ordena que se investigue, compruebe o deseche en el país.
“Pero hasta ahora ha existido y sigue existiendo un imaginario en los jueces y fiscales que les dice que ellos no deben investigar estos casos, y no lo hacen por temor, incapacidad o ignorancia. La Sala de lo Constitucional le tiró la pelota a los jueces, pero no hacen nada”, dice Wilfredo Medrano, abogado promotor del caso por parte de Tutela Legal del Arzobispado.
En 2000, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que la Ley de Amnistía era legal, pero al mismo tiempo dio la potestad a los jueces para declarar su aplicabalidad o no, pues, según una interpretación judicial posible, las graves violaciones a derechos humanos no son amnistiables. Asimismo, la Sala determinó que un gobierno no puede amnistiarse y, por lo tanto, dijo que los casos ocurridos entre 1989 y 1994 quedaban fuera de la protección de la ley.
Hasta ahora la amnistía de 1993 ha sido defendida y utilizada por todos los partidos políticos. El partido Arena, que gobernó desde 1989 hasta 2009, ha dicho que la ley fue parte de los Acuerdos de Paz firmados en 1992. También el FMLN dijo, en el fragor de la campaña presidencial de 2009, que lo conveniente no era derogarla. En los últimos meses, sin embargo, ya montados en la campaña para 2014, el FMLN y su candidato presidencial Salvador Sánchez Cerén han dicho que al país le conviene la derogación de la Ley de Amnistía.

Rufina Amaya al momento de salir del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, donde rindió su testimonio sobre las masacres del Mozote, el 26 de octubre de 1990.
Rufina Amaya al momento de salir del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, donde rindió su testimonio sobre las masacres del Mozote, el 26 de octubre de 1990.
El desmontaje de la amnistía
Los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 no fueron buenos para tener apellido Márquez y residir en la zona de El Mozote y aledañas. De las 936 víctimas individualizadas reconocidas por el mismo Estado en este juicio, la Corte IDH estableció plenamente la identidad de 440 como personas ejecutadas por los soldados del Batallón Atlacatl. Y de estas 440, 120 llevaban el apellido Márquez. 27 de cada 100 asesinados podía responder si se les llamaba "Márquez".
Las investigaciones determinaron que a finales de diciembre 1981, un avión de la Fuerza Aérea salvadoreña sobrevoló el pueblo de San Fernando, unos kilómetros al noroccidente de El Mozote. Ahí dejaron caer papeles en los que informaban que recientemente habían muerto todos los habitantes de El Mozote y sus alrededores. Aparentemente era una medida para desmoralizar a quienes el ejército consideraba eran colaboradores civiles de la guerrilla. Todas estas muertes hasta ahora han sido prácticamente nada para la justicia salvadoreña.
La Corte IDH establece en su fallo de octubre (fue dado a conocer hasta diciembre) la hoja de ruta para inhabilitar la Ley de Amnistía aunque el método para hacerlo ya depende de la elección que haga el propio Estado. Otros países de Latinoamérica han optado por declarar la nulidad de sus amnistías, no una derogatoria, pero también hay otras naciones que han preferido la creación de jueces especiales para ventilar los casos.
Aquí, todo indica que el Ejecutivo actual, en manos del gobierno de Mauricio Funes, se inclinaría por buscar la nulidad de la Ley de Amnistía de 1993. Hay coincidencia entre la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores al respecto. El titular de esta última instancia, el abogado David Morales, asegura que la nulidad es “la vía efectiva” para aplicar justicia en este caso.
¿Cuáles son las tres medidas de reparación que el Estado debe cumplir por orden de la Corte? La primera es que “en un plazo razonable, el Estado inicie, impulse, reabra, dirija, continúe y concluya, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos (del caso El Mozote)”. En segundo lugar, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como de cualquier otra disposición análoga, como la prescripción, irretroactividad de la ley penal, o cosa juzgada para excusarse de esta obligación. Y como tercera disposición, la Corte dice que el gobierno debe investigar y procesar, por medio de las instituciones públicas competentes, la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en inpunidad.
Esto significa que la Fiscalía no podrá argumentar, como lo hizo en las administraciones de Belisario Artiga o Félix Garrid Safie, que los asesinatos de El Mozote ya no pueden perseguirse penalmente porque pasaron más de los 10 años que la ley da para que se inicie un proceso de acusación.
En 10 meses (un año después de emitida la sentencia), la Corte evaluará qué tantos avances en el cumplimiento de estas medidas ha tenido el Estado salvadoreño y además rendirá un informe a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de la que depende.
El fallo es inapelable. Para la Corte ya quedaron demostradas las razones por las cuales la Ley de Amnistía debe inhabilitarse. Por un lado, dicen los jueces interamericanos, la Ley sobrepasó los límites de las reglas internacionales de guerra establecidas en las Convenciones de Ginebra de 1949 y la misma Convención Americana. La Corte concluyó que dicha amnistía, además de ser improcedente porque el mismo gobierno se la había aplicado a sí mismo, se pensó para proteger crímenes de guerra que no podía ni debía proteger, según la interpretación que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el artículo 6 (5) del Protocolo Adicional II de las Convenciones de Ginebra que establece que “las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado (...)”.
Otra razón que esgrime la Corte es que los Acuerdos firmados en México, el 16 de enero de 1992, entre el gobierno y el FMLN no incluían en ninguna parte una amnistía absoluta y que, por el contrario, solo mencionaban la necesidad de un indulto parcial que dejara como sujeto de investigación las graves violaciones a los derechos humanos, como lo exige el Derecho Internacional Humanitario que debe cumplir el país. El Capítulo I, punto 5, de los Acuerdos de Paz, lleva por título “Superación de la impunidad” y reza así: “Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. (El Gobierno y el FMLN) igualmente reconocen que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley” .
Por años, el partido Arena ha mantenido el argumento de que la amnistía sobre las graves violaciones a los derechos humanos fue la columna vertebral de los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec y que derogarla sería contraproducente y estéril. El actual presidente arenero y también firmante de los Acuerdos, Alfredo Cristiani, ha manejado dicho discurso: “Eso ya es parte del pasado, ayudó mucho al país, que diga la Corte lo que quiera”, dijo la semana pasada, cuando El Faro le pidió que valorara la sentencia (ver recuadro).
Cristiani ocupaba el cargo político más alto de todo el Estado salvadoreño cuando se dictó la amnistía. Los diputados de otros partidos de derecha como PCN y Gana, así como los militares retirados, han abanderado un discurso proamnistía, sobre todo porque buena parte de los que fueron miembros del Alto Mando militar en la guerra civil tienen hoy una orden de captura vigente desde 2011 y girada por la justicia española por el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989.
Sobre el proceso judicial iniciado en 1990 por la masacre de El Mozote en un juzgado del departamento de Morazán, la Corte concluye que fue un fiasco y que, por ello, El Salvador violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los puntos sobre las garantías judiciales y la protección judicial de las víctimas. Wilfredo Medrano, el abogado de Tutela Legal, solo sonríe y suspira cuando se le pide que enumere alguno de los contratiempos que sufrió a lo largo de los años. Ni la Fiscalía ni los jueces del país efectuaron diligencias para establecer toda la verdad de lo ocurrido en el caserío El Mozote, del municipio de Meanguera, pese a que ya a inicios de los 90 Pedro Chicas, Rufina Amaya y otros 10 sobrevivientes de la masacre habían atestiguado en sede judicial, y pese a que ya se había comprobado la muerte de personas mediante las exhumaciones en la zona.
El primer representante del Estado que se animó a escuchar -escuchar- lo que había ocurrido fue el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Federico Portillo. A partir de la denuncia que recibió de Pedro Chicas, el expediente sufrió un calvario de dilaciones que quedaron retratados en el desarrollo del proceso ante la Corte Interamericana: el juez y el fiscal del caso argumentaron entre 1990 y 1992 que los terrenos alrededor del caserío El Mozote estaban plagados de minas y que era peligroso efectuar cualquier diligencia y exhumación. El 27 de marzo de 1992, el juez Portillo confesó que había recibido órdenes para dilatar o estancar la investigación por parte del los titulares del Ejecutivo, Alfredo Cristiani; y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro.
El Ministerio de la Defensa, entonces bajo el mando de René Emilio Ponce, fallecido en mayo de 2011 tampoco colaboró. La institución negó que durante las noches del 11 y 13 de diciembre de 1981 algún pelotón del ejército se hubiera desplegado al norte de Morazán, y mucho menos, que hubiera cometido alguna masacre. Tampoco entregaron la documentación que respaldara dichas afirmaciones. Desde su cargo como ministro de la Presidencia, el abogado y notario Óscar Santamaría, actual miembro del Coena y excandidato a diputado por San Salvador, se limitaba a escribir: “(...) no se encontró orden militar alguna para realizar operativos militares durante el mes de diciembre de 1981 en la zona de Meanguera, departamento de Morazán, ni antecedentes de ninguna clase que se relacionen con la supuesta operación militar”.
Hoy, a más de 12 años de que la Sala de lo Constitucional otorgara a cada juez la discreción para procesar las graves violaciones a derechos humanos, el juzgado de Gotera no ha resuelto las varias solicitudes de reapertura que presentaron las víctimas de El Mozote y sus apoderados. Desde 1981, el Estado nunca pareció interesado en investigar de oficio lo que ocurrió, dice el abogado que suspira cuando se le pregunta si hubo dilaciones en el proceso, Wilfredo Medrano.
La amnistía se queda sin fundamentos
El Salvador pudo haber evitado la condena por el caso El Mozote, al menos parcialmente. Sin embargo, el mismo Estado abrió la puerta para que no fuera así. Una especie de harakiri jurídico. En diciembre de 2011, El Salvador no solo dijo que admitía y reconocía la responsabilidad de las violaciones en El Mozote (aunque sin detallar cuáles ni cuántas), sino que además, y más importante, El Salvador dijo que admitía la jurisdicción de la Corte Interamericana en el caso. Esa sola admisión hizo añicos el principio de irretroactividad jurídica que caracteriza la legislación penal salvadoreña y que había servido de escudo para que en otro caso la Corte Interamericana no pudiera pronunciarse.
En materia penal, una ley no puede aplicarse para delitos cometidos antes de su entrada en vigor, a menos que la pena a imponer sea más favorable a la persona procesada. En este caso, el control del Estado salvadoreño por parte de la Corte Interamericana había comenzado a ejercerse, formalmente, desde el 6 de junio de 1995. El principio de irretroactividad hacía imposible que se sancionara a alguien por las masacres de 1981, sin embargo, en diciembre de 2011, el Estado dijo literalmente que aceptaba la competencia de la Corte para que se pronunciase sobre los hechos de El Mozote.
En 2004, el Estado salvadoreño enfrentó un proceso por la desaparición de las hermanas Serrano Cruz en la “Guinda de Mayo”, entre mayo y junio de 1982. Al final, de todas las violaciones alegadas, el fallo terminó reconociendo solo unas: hubo condena por las vulneraciones de derechos cuyo efecto seguía dándose, como la retardación de justicia y la ausencia de protección judicial, pero quedaron fuera de la condena las afrentas a la vida, a la integridad o a la libertad personal, que ocurrieron y terminaron antes del 6 de junio de 1995. 
La actitud del gobierno salvadoreño en este caso ha tirado por la borda el último obstáculo que le quedaba a la Ley de Amnistía para quedar invalidada. 
No obstante, siempre habrá desencuentros, voces a favor y en contra. Óscar Santamaría, quien fuera ministro de la Presidencia durante el mandato de Alfredo Cristiani (1989 – 1994), recordó que desde la resolución de la Sala en 2000, cada juez está habilitado para proseguir un caso o rechazarlo, con lo cual dejó entrever que la orden de la Corte le parecía innecesaria. Pero lo que al expresidente Cristiani le parece innecesario es remover el pasado tocando estos temas.
A mediados de 2011, el rumor de que la Sala de lo Constitucional estaba a punto de emitir una sentencia que la declararía ilegal la amnistía del 93 provocó una crisis de nervios y uno de los más grandes descalabros institucionales en la historia reciente del país. Arena promovió y logró que los partidos de derecha emitieran, sin consulta ni debate de por medio, un decreto legislativo que bloqueaba cualquier nueva resolución de la Sala de lo Constitucional que no fuera emitida con unanimidad de sus cinco magistrados. Solo cuando la Corte oficializó que no preparaba ningún estudio sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, Arena y el resto de partidos se retractaron. “Hoy, ante las evidentes demostraciones de que la Sala no tiene la intención de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, sino todo lo contrario, defenderla, rectifica y propone al FMLN, en aras de mantener la gobernabilidad democrática, estabilidad y armonía social, que nos acompañe en la derogatoria del decreto 743”, rezaba el pronunciamiento público que emitieron una semana después de la aprobación los diputados que pretendieron maniatar a los jueces constitucionalistas.
El FMLN, que gracias a la alianza con Funes colocó a dirigentes de su partido en el gobierno, terminó defendiendo el 743, a pesar de que no había votado por el decreto y de que su discurso inicial había sido de crítica, pues la consideró "un golpe a la democracia". Funes, cuando aún era candidato antes de las elecciones de 2009, se comprometió a no promover la derogación de la aministía. El FMLN, por conveniencia o por discurso, se plegó a ese discurso cuando el decreto 743.
En el Ejecutivo parece haber sintonía con la orden de deshabilitar los efectos de la Ley de Amnistía vía nulidad y no derogatoria, que fue lo que por muchos años pidieron las organizaciones de derechos humanos y partidos como el FMLN –antes de su cambio de discurso en 2009-. Derogar el indulto traería como consecuencia un efecto jurídico mucho más pequeño que si la ley se declara nula. Si la amnistía se deroga, jurídicamente eso significa que la ley sí estuvo vigente en un tiempo atrás y que, por tanto, las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en ese tiempo estaban protegidas y que hoy día no podrían investigarse, ni siquiera las personas contra las cuales ya se había abierto un proceso en el juzgado de San Francisco Gotera con su posterior sobreseimiento en virtud de la Ley de Amnistía de 1993.
En cambio, si la Ley se declara nula, las mismas personas podrían ser sujetas de un nuevo proceso judicial porque la nulidad trae como efecto decir que el indulto nunca existió y que, por lo tanto, siempre se pudo haber investigado la violación de derechos humanos conforme a las leyes vigentes.
Por eso es que Gisela De León, abogada de Cejil, sostiene que con la sentencia la Fiscalía salvadoreña debe comenzar a investigar de oficio el caso El Mozote a pesar de que, en conjunto con Tutela Legal, desde 2006 han pedido la reapertura de las acciones judiciales.
Pese a la contundencia del fallo interamericano, De León alberga un pequeño espacio para el pesimismo pues, según dice, en otros países de Latinoamérica el efecto de fallos similares es el letargo procesal. “Hay muchos casos en los que la sociedad civil ha presentado acusaciones por graves violaciones a los derechos humanos y la reacción del aparato judicial ha sido no hacer nada, hay una inactividad pero con el fallo de la Corte esperamos que los casos se comiencen a mover”, explica esta abogada panameña, que ya ha obtenido otros triunfos con El Salvador representando a víctimas ante el sistema interamericano.
El Ejecutivo salvadoreño parece ya dar razones para el pesimismo a De León. David Morales, director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, sostiene que el protagonismo en la inhabilitación de la ley corresponde a otras instancias, no al Ejecutivo. Morales repite que no hay garantía de que los jueces o los fiscales vayan a omitir la aplicación de la Ley de Amnistía. Ante la pregunta de El Faro de si solicitará la reapertura del caso en los tribunales o de si presentarían su propia acusación ante la Fiscalía, o si impulsarán un paquete de leyes para cumplir con las medidas restaurativas, Morales respondió con un contundente no. “Solo vamos a informar ante la Corte los incumplimientos que podrían darse, pero no podemos hacer más por la autonomía procesal que tienen tanto el Órgano Judicial como la Fiscalía General”, explicó.
Desde Cejil, objetan esta actitud. “Esa actitud va en contra de la tendencia internacional. Los países de Latinoamérica a los cuales la Corte ha obligado a invalidar sus leyes de amnistía han cumplido, cada cual a su manera, pero han cumplido al fin y al cabo, o al menos la institución equivalente a la Fiscalía presenta solicitudes de apertura de procesos”, comenta De León.
Morales cree que el fallo de la Corte es “un instrumento de exigibilidad” para que el sistema judicial procese algunos casos, pero deja claro que no será el Ejecutivo quien use esa carta en respeto, supuestamente, a la autonomía judicial de los jueces y los fiscales. Morales dibuja a un Ejecutivo de manos amarradas para promover decretos o hacer llamados de atención. “Lo que nosotros generamos son informes, aunque también nos dedicamos a trabajar de manera coordinada con el resto de entidades públicas que están obligadas a acatar el fallo”.
Morales explicó que ya han tenido experiencias desalentadores a pesar de haber sostenido este tipo de reuniones. “La gran mayoría de veces lo que se nos dice es que no han tenido acceso a ver la sentencia y sobre eso no podemos hacer ningún tipo de presión”.
La ironía ha querido que Morales hoy ocupe el cargo que ocupa, y que fuera él, como abogado de Tutela Legal, quien hace años impulsó la investigación del caso El Mozote junto a María Julia Hernández, exdirectora de la oficina, ya fallecida. Después pasó a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahora, el funcionario se compromete a que, contrario a los gobiernos anteriores, los avances que el Estado haga respecto de las 14 medidas que debe cumplir serán transparentes. La satisfacción de esas medidas, no obstante, luce cuesta arriba.

Los números 1, 2 y 3 hacen referencia a los primeros tres cadáveres que pudo rescatar el Equipo Argentino de Antropología Forense en El Mozote. Mayo de 1992.
Los números 1, 2 y 3 hacen referencia a los primeros tres cadáveres que pudo rescatar el Equipo Argentino de Antropología Forense en El Mozote. Mayo de 1992.
Por poner un ejemplo, el gobierno trabaja por ahora en el levantamiento del Registro Único de Víctimas, sin embargo, hay casi un consenso en que se ha dejado afuera a muchas personas debido a que no se ha podido comprobar fehacientemente que existieron. Los individuos de los que hay alguna certeza de que sí existieron se han colocado en una lista, denominada Anexo E, que incluye 54 nombres.
En total, dice la sentencia, El Salvador como Estado aportó una lista de 936 víctimas individualizadas. Pero las listas que incorpora la resolución de la Corte incluyen 641 nombres, entre víctimas ejecutadas, víctimas desplazadas forzadamente, familiares de víctimas ejecutadas y víctimas sobrevivientes. En esta última se encuentra Rufina Amaya, quien con su testimonio dio a conocer al mundo lo ocurrido los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981.
La lista de 440 personas ejecutadas en el caserío El Mozote y lugares cercanos es el Anexo "A", página 162 de la sentencia; la lista de 48 personas sobrevivientes es el Anexo "B", página 171); la de los 154 familiares de las personas ejecutadas constituye el Anexo "C", página 174; y la de las 29 personas que tuvieron que desplazarse y huir hacia Honduras es el Anexo "D", página 29.
A cada una de ellas, el Estado debe resarcirles los daños causados por su olvido en la protección de las garantías judiciales que incluye un pago de entre 10 mil y 35 mil dólares.