lunes, 15 de octubre de 2018

Guatemala Caso Baldetti: muerto el perro ¿muerta la rabia?




Marcelo Colussi

Acaba de conocerse la sentencia en uno de los cuatro casos en que está siendo enjuiciada la ex presidenta Roxana Baldetti. La condena fue categórica: 15 años y medio de prisión. Ello es una buena noticia para la sociedad guatemalteca: evidencia que la justicia puede cumplirse.

Pero, analizado en detalle el asunto, no deja de abrir preguntas: ¿existe verdaderamente justicia en Guatemala? ¿Se está llevando efectivamente a cabo una lucha contra la corrupción? Más aún: ¿es posible en verdad terminar con la corrupción sin tocar la estructura económico-social de base que la posibilita? ¿No hay mucho de cosmético en lo que está sucediendo?

Todo esto no pretende aguar la fiesta ni constituirse en un absurdo abogado del diablo buscando “cuestionamientos” allí donde no los hay. Y, de más está decirlo, mucho menos busca defender a la condenada. Pero sí es necesario plantearse interrogantes.

Mientras que para el descomunal desfalco llevado a cabo por la ex vicemandataria se pidieron 15 años y 6 meses de cárcel, para un luchador social de base como el maestro Bernardo Caal Xol, quien lidera una lucha contra las hidroeléctricas en el departamento de Alta Verapaz, la justicia pide 14 años de prisión. No parecen guardar proporcionalidad las penas: o demasiado poco para la ex vicepresidenta, o excesivamente duro para el líder comunitario para un “delito” que, en realidad, no es tal.

Más aún: es sabido que toda la fenomenal cruzada anticorrupción que parece haberse desatado en el país desde el 2015, tenía agenda establecida. En otros términos: no es tanto un real combate contra esa lacra sino un montaje bien organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, manejado en el terreno por el entonces embajador Todd Robinson, conducente a sacar de en medio a gobernantes que no era útiles en ese momento a la geoestrategia regional de Washington.



Ni Otto Pérez Molina ni Roxana Baldetti constituían peligro para la política estadounidense; eran, en todo caso, piedras en el zapato en función de su proyecto de un Triángulo Norte de Centroamérica “democrático” y bien presentado. La operación que los sacó del poder fue una maniobra experimental, que les permitió posteriormente implementar exitosamente esa “lucha contra la corrupción” en otros contextos (Brasil, Argentina). Antes de abril del 2015, momento en que comienzan las manifestaciones sabatinas anticorrupción (plagadas de vuvuzelas pero sin dirección política), el entonces vicepresidente norteamericano Joe Biden había llegado al país exigiendo la continuidad de la CICIG y prácticamente sellando la condena de la vicepresidenta. De hecho, en forma abiertamente cortante, no se reunió con Baldetti en un claro mensaje, casi sentenciándola.

Además de ello, a inicios de 2015 se conocieron declaraciones de personal diplomático estadounidense en Guatemala que ya mencionaba la posibilidad de extradición de Pérez Molina y Baldetti por narcotráfico. “Casualmente” para esa época es juzgada como narcotraficante en Miami Marllori Chacón Rossell, involucrando a Baldetti en el narconegocio.

Insistamos: ¡por supuesto que es una buena noticia la condena a la rea de marras!, quien en todo momento utilizó las más inimaginables argucias para demorar y complicar su juicio. La innúmera cantidad de mensajes que poblaron las redes sociales burlándose de su sentencia deja ver el odio contenido en la población. El tema de la corrupción –tema moral, que toca principios– sin dudas mueve mucho. Entre otras cosas: mueve morbosidades.

No caben dudas que el morbo misógino está en juego en todo esto. La población también espera el enjuiciamiento del “amigo íntimo” de la Doctora Honoris Causa por la Universidad de Taiwán, el general Pérez Molina. Pero el grado de odio desatado por Baldetti no es similar al que despierta el ex presidente. Incluso se suaviza su situación, pudiendo llegar a tener arresto domiciliario. ¿Del árbol caído todos hacen leña? Quizá el refrán no se equivoca.

La condena a la susodicha hace pensar en un ajusticiamiento público en la plaza durante el Medioevo europeo, plagado de entusiastas y morbosos mirones. Se juzga a la Línea 1. ¿Y la Línea 2? La corrupción no se acaba con el espectáculo mediático montado contra esta muchachita de barrio con aspiraciones arribistas devenida nueva rica. El CACIF en pleno, en su momento, pidió airado la renuncia de la vicepresidenta. Pero… ¿el CACIF no constituye la Línea 2?

martes, 9 de octubre de 2018

El capitalismo financiero global: nuevo amo




Marcelo Colussi

Es delito robarse un banco, pero más delito aún es fundarlo”.

Bertolt Brecht


El capital no tiene patria”, decían Marx y Engels hace 150 años. No se equivocaban. El desarrollo del capitalismo mostró la profundidad de esa verdad. El capital (que no es sino trabajo acumulado) se desenvuelve más allá de nacionalismos, sentimentalismos o preferencias subjetivas. Lo mueven leyes propias basadas en la acumulación y su reproducción, por lo que su tendencia “natural” es expandirse. Ahí no hay patriotismos que valgan: sus reglas de juego son frías relaciones de oferta y demanda, de pérdida y ganancia. Las pasiones nacionalistas salen sobrando.

Así, de ese modo, el inicial capitalismo europeo –surgido en el Renacimiento y que toma su mayoría de edad con la Revolución Industrial inglesa y la Revolución Francesa de 1789– nunca dejó de crecer y expandirse. Primero, globalizando el mundo con la llegada a América y la acumulación originaria (esclavos negros trabajando en el “Nuevo Mundo”, robando sus materias primarias para elaborar productos industriales en Europa para un mercado ya mundial, comercializados por doquier en las modernas flotas mercantes). Luego, transformándose en imperialismo. Las dos grandes Guerras Mundiales fueron la expresión sangrienta de ese desarrollo, masacrando millones de seres humanos y repartiendo el planeta entre pocas potencias.

Pero ahora, desde la icónica caída del Muro de Berlín –que marcó el fin de la experiencia socialista soviética–, el mundo se presenta absolutamente globalizado. Decimos “absolutamente”, remarcando la tendencia, porque el proceso de globalización comenzó mucho antes, con la llegada europea a América, y no en 1989: La tarea específica de la sociedad burguesa es el establecimiento del mercado mundial (…) y de la producción basada en ese mercado. Como el mundo es redondo, esto parece tener ya pleno sentido [por lo que ahora estamos presenciando]”, anunciaba Marx en 1858. Hablar de “globalización” hoy día es decir, casi como grito triunfal, que el socialismo fue derrotado y que no hay alternativa: o capitalismo… ¡o capitalismo! El proceso, sin embargo, va de la mano del sistema mismo; de ahí que los clásicos podían afirmar un siglo y medio atrás que “el capital no tiene patria”.

Y efectivamente: no la tiene. El capital busca lucrar, nada más. Su esencia es esa. Con el advenimiento de la industria moderna, creó mercados nacionales cada vez más grandes, transformando toda la vida cotidiana en mercadería para vender, inventando nuevas necesidades, promoviendo un consumismo desaforado, llegándose al absurdo contrasentido de una obsolescencia programada. De ese modo acumuló ingentes cantidades de dinero. Pero el proceso de acumulación nunca frenó, y desde hace varias décadas asistimos a un crecimiento exponencial del ámbito financiero.




El mundo obviamente no puede prescindir de la producción material; y ahí está el proceso de industrialización fabuloso que creó el capitalismo –sin controles medioambientales, provocando la catástrofe ecológica actual–, lo cual dio lugar a imperios que se disputaron el planeta en búsqueda de materias primas y mercados. El ganador de esa contienda fue el capitalismo estadounidense. Europa y Japón quedaron como socios menores, no sin tensiones intracapitales. El Plan Marshall que siguió a la Segunda Guerra Mundial estableció compromisos y entrecruzamientos entre los capitales, de modo tal de asegurar que nunca más volvería a haber enfrentamientos armados entre los grandes Estados nacionales dominantes (porque el poder de fuego alcanzado solo serviría para la aniquilación mutua).

Sucede, sin embargo, que desde hace varias décadas el capitalismo productivo fue dando lugar a un capitalismo basado crecientemente en la especulación financiera. El mundo del dinero especulativo fue desplazando en su desarrollo a la industria, así como la industria dieciochesca desplazó a la producción agropecuaria –fuente principal del modo de producción feudal– en tanto dominadora de la escena sociopolítica. Hoy día esos capitales financieros tienen una preponderancia definitoria, marcan el rumbo planetario.

El capitalismo, por supuesto, no es un sistema monolítico, unívoco. En su interior, además de la contradicción fundamental con la clase trabajadora, anidan otras contradicciones. Así, la producción de bienes reales no siempre es una aliada de la especulación financiera. Por el contrario, pueden chocar. Eso es lo que está pasando ahora en la principal potencia capitalista: Estados Unidos, donde su presidente Donald Trump aboga por una revitalización del alicaído parque industrial (llevado fuera del territorio nacional dadas las ventajas comparativas de países con mano de obra mucho más barata), chocando con los sectores financieros, que intentan su derrocamiento como mandatario y continuar con su inalterable plan especulativo.

Y hay un choque también entre esos capitales especulativos con el impetuoso desarrollo de economías productivas como la china o la rusa, con planteos capitalistas también (China con su peculiar “socialismo de mercado”, con presencia de capital privado dentro del marco de una planificación estatal socialista –la cual controla el 51% de su producto bruto–), bregando por un desarrollo centrado en la producción física y no en las finanzas.

Lo cierto es que esos capitales financieros globalizados no tienen patria, en absoluto. Se mueven a velocidad vertiginosa, no teniendo su casa matriz en ningún Estado. Se puede hablar, en tal sentido, de una oligarquía financiera global, sin rostro, sin nación. El capitalismo, en su fase inicial primera, e incluso cuando se hace imperialista, estuvo siempre centrado en un determinado Estado nacional. La bandera de alguna potencia era la que se imponía: a su tiempo Flandes, o Gran Bretaña, o Francia. Posteriormente Estados Unidos, Japón, Alemania (que llegó tarde al reparto del mundo y quiso recuperar el terreno perdido con su loca aventura nazi). Pero el actual capital financiero global no tiene bandera. Las acciones de un banco son lo más impersonal que pueda haber. Ya no hay patrón capitalista visible: hay clase dominante global, que puede vivir en distintos lugares, ya no solo en Manhattan, o en algún exclusivo barrio de una capital europea.

La riqueza de esa casta se basa en la especulación, en los mercados absolutamente desregulados que imponen las políticas neoliberales a partir del triunfo omnímodo de los organismos crediticios de Breton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), y también en la industria de la guerra. Si algo produce este capitalismo, es destrucción. He ahí otro gran negocio: destruir países para luego reconstruirlos.

Dar créditos impagables es su otro gran ejercicio de acumulación. “Los imperios económicos están interesados en promover el endeudamiento de los gobiernos. Cuanto más grande es la deuda, más costosos son los intereses. Pero además pueden exigir al presidente de turno privilegios fiscales, monopolios de servicios, contratos de obras, etc. Si este gobierno no acepta, provocarán su caída, promoviendo disturbios y huelgas que al empobrecer a la nación los obliga a claudicar ante sus exigencias”, tal como perfectamente lo dijera el historiador estadounidense Carroll Quigley.

El negocio de la guerra no está desunido de estos monumentales capitales, así como otras actividades no muy santas: el lavado de activos no importa cuál sea su procedencia es algo sumamente redituable. Así, la narcoactividad encuentra en los paraísos fiscales una sana y limpia salida. Y de eso se nutren estos megacapitales: el dinero es siempre dinero, no importa de dónde provenga.

Estos megacapitales tienen una presencia cada vez más determinante en la arquitectura del sistema global. Son transnacionales, se mueven a velocidades de vértigo, invierten en lo que dé ganancias, no tienen sentimientos ni espíritu solidario (¿acaso el capitalismo podría tenerlo?). Manejan sectores cada vez más crecientes del mundo, invirtiendo muchas veces en el aparato productivo de bienes fácticos –la industria, los servicios, el comercio– controlando integralmente los circuitos capitalistas (materias primas, elaboración, distribución, mercadeo), siendo quien aporta las grandes sumas de dinero necesarias para generar la producción en su conjunto.

Se pueden presentar con bandera nacional si es el caso, pero en general actúan como fuerzas más allá de los Estados nacionales. Estos grandes capitales, que juegan a las finanzas, compran y venden empresas rentables (o empresas fundidas para luego levantarlas), que especulan en las bolsas de valores, que influyen/determinan en los precios de los productos primarios (energéticos, alimentos, materias primas varias), que reciben enormes inyecciones financieras de los negocios no muy santos (narcoactividad, redes de ventas ilegales de armas), prescinden de regulaciones y controles estatales. Pero al mismo tiempo necesitan de los “viejos” Estados nacionales para controlar a las poblaciones, hacerles recibir créditos leoninos (en los países pobres, que quedan endeudados y atados a los organismos financieros internacionales) y producir guerras que aseguren el flujo de capitales a través de la industria militar. Y luego, eventualmente, reconstruir los países destruidos.

A lo que se suma la necesidad de contar con esos aparatos estatales para cubrir a los grandes capitales cuando entran en crisis. No son pocos los ejemplos de Estados rescatando las grandes pérdidas de bancos o megaempresas que entran en quiebra (Lehman Brothers, General Motors Company, Merryll Lynch, etc.) En otros términos: los Estados “sobran” para los proyectos sociales (no son inversiones sino “gastos”), pero se hacen imprescindibles para tapar agujeros de los capitalistas. Es decir: se privatizan las ganancias mientras que se socializan las pérdidas.

Por todo lo anterior se torna muy difícil identificarlos como enemigos corporizados donde atacarlos. Los imperialismos estaban más claros: los “yanquis asesinos” eran fácilmente identificables. Quemar una bandera de Estados Unidos fue durante todo el siglo XX una clara expresión de descontento contra un poder visible. Pero ¿quiénes son los amos actuales? ¿Dónde están los dueños del mundo contemporáneo? ¿Quiénes toman las decisiones para hacer subir o bajar acciones en las bolsas, dictaminar el precio del petróleo o la próxima guerra? El Tío Sam ya no es, simplemente, el claro “malo de la película”. La situación se ha complejizado.

La dispersión absoluta y la derrota de los trabajadores a nivel global, y el fracaso de los “socialismos estatistas” del siglo XX (y de los inicios del XXI), acompañada de la crisis de los paradigmas teóricos que sustentaban esas luchas y programas políticos, ha impedido que los “nuevos trabajadores” precarios, precarizados e informalizados que han surgido en todas las áreas de la vida humana, identifiquen con absoluta claridad a ese enemigo mortal y criminal de la humanidad”, expresaba con elocuencia Fernando Dorado. Está claro que el capitalismo y la acumulación capitalista se sigue fundando en la explotación de clase, en la apropiación del producto del trabajo de la gran masa trabajadora mundial a quien se le extrae la plusvalía. Pero el actual desarrollo de los megacapitales hace difícil, cuando no imposible, identificar con claridad dónde está el enemigo. Son los capitales, está claro…, pero ¿quién son sus propietarios?

Los capitales son globales, y se mueven globalmente. ¿Quién es el dueño de tal empresa gigantesca? Quizá un banco que tiene su casa matriz en otro país, donde se depositan impresionantes sumas de dinero (lavado de activos), que nadie sabe con certeza de dónde provienen, y que invierte además en los más variados rubros, dictando maniobras en las bolsas de valores y operando con criterio planetario, mucho más allá de las lógicas nacionales de los capitalismos anteriores.

Ante todo eso a la clase trabajadora mundial se le hace difícil detectar cuál es claramente el enemigo. Sabe que es el capital, pero el mismo no tiene rostro, y ni siquiera bandera. Quizá una gran empresa de un país pobre, del Sur, es accionista de un banco europeo o de capital mixto japonés-estadounidense, que invierte en industrias extractivas (minería a cielo abierto, hidroeléctricas, cultivos para agrocombustibles) en ese mismo país pobre, y las ganancias de esa operación terminan en paraísos fiscales con secreto bancario, o en industrias de armamentos que sirven para que una potencia occidental ataque a ese mismo país, para luego reconstruirlo con créditos impagables. Rompecabezas complicado, por cierto. ¿Contra quién pelear?

Esta es una pregunta que no apunta a aguar la lucha desde el derrotismo y la resignación, sino a hacerla más posible, más efectiva. No busca conformismo, o en todo caso posibilismo, sino claridad. Estas son preguntas claves el día de hoy para pensar cómo construir ese otro mundo posible, que sigue siendo cada vez más necesario, impostergable.

lunes, 1 de octubre de 2018

Mafias, hipocresía y palo




Marcelo Colussi

El Estado contrainsurgente surgido durante la guerra interna no desapareció una vez firmada la paz el 29 de diciembre de 1996. Las estructuras creadas en el transcurso del conflicto se mantuvieron intactas.

A la sombra de ese Estado, nacieron y crecieron estructuras paramilitares encargadas de la feroz represión que, en el marco de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, sirvieron para detener el avance del “comunismo internacional”, representado por los movimientos revolucionarios alzados en armas. Esas estructuras, además de su trabajo policíaco-militar de represión interna, fueron cobrando relativa autonomía, convirtiéndose con el tiempo en un poder económico, y por tanto político. Ligadas a negocios “dudosos” (narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, de armas, lavado de activos, tala ilegal de maderas finas en la selva petenera, agencias de seguridad), moviéndose con criterios mafiosos, ganaron cada vez más espacio en la dinámica nacional. Formada originalmente por cuadros castrenses, fueron encontrando diversos aliados en su accionar: empresariado nacional, políticos que le hacían los “favores”, alcaldes ávidos de ascenso social.

Como poder económico en sí mismo (“nuevos ricos” con aspiraciones aristocráticas), esos sectores desarrollaron un poder político significativo. Con el retorno a la democracia en 1986, estos últimos años formaron varios partidos políticos: el Frente Republicano Guatemalteco -FRG- (en el poder con Alfonso Portillo de presidente y Efraín Ríos Montt como presidente del Congreso), el Partido Patriota (en el poder con Otto Pérez Molina en la presidencia), el actual Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), con Jimmy Morales en la casa de gobierno. Sin dudas, esos sectores ascendentes representan un poder en la dinámica nacional, llegando a mover no menos de un 10% del PBI a través de todas sus ramificaciones comerciales.

No constituyen abiertamente una afrenta a los grupos oligárquicos tradicionales (terratenientes de viejo cuño, sectores industriales y de servicios modernizantes), sino que mantienen una relación de paralelismo con ese poder económico representado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-. Hoy día, dado aquello de “money is money” (dinero es dinero), hay un pacto donde confluyen sectores tradicionales de alcurnia con “nuevos ricos” advenedizos, pues empresarios, militares y políticos en definitiva defienden todos por igual el sistema de vida “occidental y cristiano” (léase: capitalismo).

Pero no deja de haber luchas intracapitales, interoligárquicas. ¿Quién dijo que en la derecha no hay problemas internos, peleas a muerte, contradicciones? Eso no es patrimonio de la izquierda, ¡en absoluto! Esos enfrentamientos se ven hoy en la división establecida en torno a si acompañar la agenda de Estados Unidos (agenda interesada, obviamente) de apoyar, o no, la lucha contra la corrupción.



Corrupción e impunidad son constantes en la historia nacional. No nacieron con los gobiernos militares; se remontan a una larga historia que viene de la colonia y de un parasitario y burocrático sistema colonial instaurado siglos atrás por España. Esos vicios se perpetuaron en el tiempo, y hoy están presentes en la dinámica cotidiana. Ellos son los que posibilitaron una guerra interna tan cruenta sin posteriores responsables (impunidad) y estructuras mafiosas que crecieron exponencialmente (corrupción). De hecho, el Estado está hoy virtualmente secuestrado por esas mafias. La persecución establecida por la CICIG y el Ministerio Público solo removió una primera capa superficial; la enfermedad es profunda.

Hoy asistimos a un Pacto de Corruptos donde grupos empresariales, militares y políticos se cuidan mutuamente, siempre como mafias. Las últimas medidas del gobierno evidencian la desesperación por la eventual continuidad de las investigaciones en torno a las prácticas corruptas. De ahí todas las medidas que se han visto estos días, terminando con las acusaciones del presidente Jimmy Morales en el seno mismo de Naciones Unidas contra la CICIG como presunto causante de la inestabilidad política que se vive.

La hipocresía no tiene límites. Como elementos distractores, estos días aparecieron nuevas “controversias”: la lucha contra el aborto, por ejemplo. O el no ingreso de la banda Marduk, por supuesta “influencia satánica”. “Nuestra ignorancia está planificada por una gran sabiduría”, dijo Scalabrini Ortiz. Los distractores (¿“espejitos de colores”?) siguen a la luz del día. Y si no alcanzan, vienen los palazos (20 dirigentes campesinos asesinados estos meses).

jueves, 20 de septiembre de 2018

La OEA y la invasión militar en Venezuela




Marcelo Colussi

Los tambores de guerra vuelven a sonar en relación a la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que es igual a decir las multinacionales estadounidenses del petróleo, tienen puestos sus ojos en la mayor reserva de oro negro del planeta, que justamente está en la tierra de Bolívar, y todo indica que no van a detenerse en su intento hasta conseguirla. Aunque la quema de hidrocarburos como energéticos constituye la principal causa del calentamiento global, mientras haya petróleo en el planeta estas rapaces empresas parecen dispuestas a seguir quemándolo (¡y vendiéndolo, obteniendo fabulosas ganancias!). Las reservas probadas que yacen en el subsuelo venezolano permitirían seguir contaminando el planeta (y dando mucho dinero), de mantenerse el actual consumo, al menos por casi dos siglos más.

La Organización de Estados Americanos –OEA– es, como dijera hace años el Che Guevara, el “ministerio de colonias” de Washington. Aunque eso resulte patético, ayer como hoy es una triste verdad. Para muestra, lo que está sucediendo en este momento con el papel jugado por su Secretario General, el chileno (¿estadounidense?) Luis Almagro.

Siguiendo muy de cerca la situación venezolana, convirtiéndose de hecho en el vocero oficioso de Washington y de sus multinacionales petroleras, Almagro viajó recientemente a Colombia desde donde pidió, con el mayor descaro y violando todos los protocolos diplomáticos, la opción militar para acabar con la Revolución Bolivariana. “En cuanto a intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”. Según su decir, dado que las múltiples reuniones elucubradas por él desde la OEA pidiendo sanciones contra Venezuela, o abiertamente su expulsión de ese organismo regional, no dieron los resultados esperados, ahora “el tiempo se agotó”.

¿Qué tiempo se agotó?, podríamos preguntarnos. ¿La paciencia de la Casa Blanca será?, la cual probó numerosísimas variantes para desplazar al gobierno venezolano –ayer con Hugo Chávez, hoy con Nicolás Maduro–, siendo que ninguna de ellas le resultó. Ni golpes de Estado, paros patronales, guarimbas, sabotajes, mercado negro, hiperinflación inducida, desabastecimiento, provocaciones varias, pudieron torcer el rumbo del proyecto nacionalista que hace ya cerca de dos décadas se viene desarrollando en Venezuela. La intervención militar foránea se ve ahora como, quizá, la única opción posible para detener el proceso político en curso.

Decir “intervención militar” es decir invasión de fuerzas extra nacionales capitaneadas por Estados Unidos, que tiene preparada esta opción como un recurso final para recuperar esas cuantiosas reservas petroleras, hoy nacionalizadas y manejadas por un Estado con compromiso social. De ahí la cantidad de bases militares con alta tecnología bélica, todas norteamericanas, que atenazan a Venezuela (7 en Colombia, 1 en Curazao, 2 en Honduras), más el posible accionar de ejércitos nacionales de algunos países latinoamericanos bajo el manto de la OEA, todos bajo el liderazgo militar de Washington.




El pedido formulado por el Secretario Almagro representa un fiel reflejo de la caracterización dada por el Che Guevara: es una grosera intromisión del organismo regional en los asuntos internos de un Estado miembro (la metrópoli ordenando qué hacer a sus colonias). Con esta petición se viola flagrantemente el artículo 19 de la Carta de la OEA. Esa no intromisión que establece el documento fundacional, estipula que no deberá ejercerse injerencia en ninguna forma, ni militar ni bajo ningún otro aspecto: político, diplomático, económico. Si la OEA considera que “el tiempo se agotó”, pareciera que eso no responde a una sana y sopesada actitud diplomática de diálogo sino a la febril mentalidad de un invasor ávido de robar lo que no le pertenece.

Claramente, el artículo 21 de dicha Carta indica en forma tajante que el territorio de un Estado miembro es inviolable, no pudiendo ser objeto ni de ocupación militar ni de ninguna otra medida de fuerza tomada por otro Estado ni por el organismo, así sea en forma temporal.

Por otro lado, el artículo 22 estipula que ningún Estado de la organización podrá acudir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa repeliendo una invasión.

De hecho, lo que plantea ahora la OEA a través de su cabeza visible Luis Almagro –vocero encubierto de la Casa Blanca– constituye una abierta ilegalidad en términos de derecho internacional. Es, en concreto, un llamado a la violencia, incitando a la desestabilización de un gobierno democráticamente electo. Es un llamado a la guerra, lisa y llanamente. Si se quiere decir de otro modo: un absoluto absurdo en términos diplomáticos, pues la organización que debería velar por la paz regional, está haciendo una apología de la violencia.

Esta conducta injerencista de Almagro trajo como respuesta inmediata del gobierno venezolano una denuncia presentada ante la Organización de Naciones Unidas –ONU–.

Sin dudas la situación actual del país caribeño es difícil, sumamente difícil. Los ataques solapados –y no tan solapados– que el gobierno de Estados Unidos, junto a las oligarquías de distintos países de la región latinoamericana, viene realizando contra Venezuela, han dejado graves secuelas. El descontento en la población no es poco, pues la vida cotidiana se ha venido deteriorando cada vez más en estos últimos años, a partir de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero queda claro que el problema no es tal o cual presidente: es la voracidad de las compañías petroleras del país del norte que no desean perder su botín, junto a otras innumerables riquezas que presenta el territorio venezolano: agua dulce, gas, minerales estratégicos, oro, diamantes, biodiversidad de su selva amazónica.

Independientemente de errores que pueda haber cometido el gobierno bolivariano, es un imperativo ético primordial condenar enérgicamente cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos. Los problemas de los venezolanos los deben arreglar los venezolanos. Lo demás es, pura y abiertamente, una vil invasión.

Guatemala. 2015: vuvuzelas. 2018: movilización popular




Marcelo Colussi

En el 2015 Guatemala se vio conmocionada por una gran crisis política que terminó con el encarcelamiento del por entonces binomio presidencial (Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti). El lema de aquel entonces era la lucha contra la corrupción.

Se decía en ese momento, y ahora se puede afirmar con firmeza, que toda esa movilización anticorrupción tenía que ver, fundamentalmente, con un plan finamente trazado por Washington. Dos motivos lo fundamentan: 1) la decisión política de intentar transparentar las mafiosas y corruptas políticas centroamericanas, que tal como están ahora, constituyen una bomba de tiempo que expulsa gente hacia el territorio norteamericano y, al mismo tiempo, representan un peligro de posible “ingobernabilidad” (visto desde la lógica capitalista del imperio, de ahí que montaron el Plan Alianza para la Prosperidad); y 2) ser un laboratorio de pruebas para las recetas anticorrupción con las que, posteriormente, el gobierno estadounidense pudo mover gobiernos díscolos en otras latitudes (Brasil, Argentina, etc.).

El experimento fue todo un éxito. La población, básicamente clase media urbana, se indignó profundamente ante las denuncias aparecidas, y en una demostración de civismo (muy bien manejado con técnicas de manipulación social), una buena cantidad de población salió a protestar a la plaza. La movilización, de todos modos, era bastante limitada (lo cual hacía pensar en quién y para qué movía todo eso): entonar el himno nacional, sonar vuvuzelas, vociferar contra los funcionarios corruptos y volverse a la casa. No había, en sentido estricto, un proyecto político de cambio. Ninguna fuerza popular-de izquierda-revolucionaria pudo aprovechar el descontento para ir más allá, pues toda la iniciativa mostró desde un inicio que no apuntaba a cambiar nada. Puro gatopardismo. De todos modos, esos acontecimientos sirvieron para fomentar un calor popular antes inexistente.



La crisis política abierta ese año se cerró con una elección amañada, donde apareció un candidato a la medida: un actor que personificó el papel de “presidenciable no corrupto”. El circo mediático estuvo bien montado, a tal punto que permitió que Jimmy Morales llegara a la presidencia. Rodeado de militares vinculados a la guerra interna y a grupos mafiosos de oscuro pasado –todos ligados al Estado contrainsurgente y a los negocios sucios que el mismo permitió–, la crisis terminó y todo pareció volver a la “normalidad”.

Pero esa “normalidad” en Guatemala significa explotación, miseria, exclusión. Pasaron las movilizaciones sabatinas con muchas vuvuzelas del 2015 y todo siguió igual en la base: 60% de la población bajo el límite de pobreza, desnutrición crónica (quinto puesto en el mundo), desocupación, salarios de hambre, analfabetismo, racismo y patriarcado, manipulación burda de las grandes masas, valores misóginos, homofóbicos y ultraconservadores. Era obvio que ese montaje anticorrupción funcionó como distractor. Los problemas fundamentales no se tocaron.

Pero la población del país no es solo la clase media urbana que “civilizadamente”, al ritmo de vuvuzelas, se indignó por el robo de algunos funcionarios. Movimientos populares de base, campesinos e indígenas en lo fundamental, siguieron protestando tal como lo venían haciendo desde siempre, sin la caja de resonancia de los medios comerciales de comunicación. Esas reivindicaciones (mejores condiciones de vida, tierra para los campesinos pobres, mejora salarial, servicios básicos decentes, etc.) se continuaron levantando siempre, aunque no inundaran las plazas ni aparecieran en la televisión.

Tanto esas protestas como las investigaciones contra la corrupción llevadas adelante por la CICIG y el Ministerio Público (en tanto parte de la iniciativa estadounidense de transparentar las mafias del Triángulo Norte de Centroamérica), fueron acorralando a la administración de Morales. El llamado Pacto de corruptos (empresarios, clase política, militares, todos moviéndose con criterio mafioso) se empezó a sentir nervioso por ambos motivos. La movilización popular siempre es molesta para las clases dominantes; y si a eso se suma la posibilidad de ser investigada por corrupta, tenemos el cuadro actual: reacciona mostrando los dientes. De ahí que 1) hace lo imposible por evitar las investigaciones cerrando el paso a la CICIG, y 2) comenzó un sistemático ataque a luchadores populares con métodos de la guerra contrainsurgente (van 18 muertos este año, con total impunidad).

Pero la gente no se quedó callada. Hoy existe una movilización popular distinta a la del 2015: hay conducción política producto de la articulación de distintos grupos de base, hay proyecto claro (pedir la renuncia del elenco gobernante y el llamado a una Asamblea Constituyente), y ya no hay el miedo de años atrás.

El escenario no es pre-revolucionario ni por asomo; pero abre posibilidades interesantes para el campo popular.

miércoles, 20 de junio de 2018

Represión en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala


“Hay muertos, hay desaparecidos y hay muchas órdenes de captura. El problema no es la hidroeléctrica, sino la forma en que lo hacen”

Entrevista a tres líderes comunitarios
Eleuterio Pop Caal
Cobán, Alta Verapaz, junio de 2018

Desde hace tiempo en Guatemala se da un aluvión de nuevas iniciativas comerciales que tienen que ver con la extracción de recursos naturales: minería a cielo abierto, plantas hidroeléctricas, cultivos extensivos para biocombustibles -etanol- quitando terrenos a los cultivos alimenticios como el maíz y el frijol (básicamente palma africana y azúcar).
Estas industrias extractivas, como se les conoce, se realizan en territorios ancestrales mayas, donde están asentados pueblos originarios desde hace miles de años. Para acometer tales emprendimientos, en general los pueblos son expulsados y sus tierras tradicionales son apropiadas ilegalmente por los grandes capitales. El Estado, en vez de buscar armonizar las partes, termina favoreciendo a las grandes empresas (guatemaltecas y extranjeras).
Últimamente, ante los reclamos de los pueblos expoliados, han aparecido formas clandestinas de represión, provocando muertes y desapariciones, como en los peores años de la guerra interna que sufrió el país entre 1960 y 1996. Todo indica que son estructuras paraestatales, que funcionan con absoluta impunidad. Nunca las denuncias surten efectos, y las poblaciones se ven cada vez más marginadas.
Los norteños departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde están asentados pueblos mayas tradicionales (q’eqchíes, pokomchíes, achíes), han sido especialmente castigados.
He aquí una entrevista a tres líderes comunitarios de la región (por razones de seguridad se omiten sus nombres), que explican en detalle cómo está la situación.

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Pregunta: ¿Cómo está la situación de ataques contra el movimiento popular en la región de Alta y Baja Verapaz?

Respuesta: Hay un retorno de los aparatos clandestinos del pasado, aprovechando nuevos elementos, como sicarios del narcotráfico. Aquí están involucrados finqueros y dueños de empresas hidroeléctricas. Esto provoca miedo y división en el movimiento popular en toda nuestra región. Es preocupante. ¿Qué se dio en Cobán o en la Sierra de las Minas, por ejemplo? Hubo muertos. ¿Y por qué? Porque toda esta derecha recalcitrante y conservadora, viejos terratenientes y nuevos capitalistas depredadores, están bien equipados para evitar que levantemos la voz. No permiten que nos organicemos como pueblos y que protestemos por nuestros derechos. Históricamente nos han despojado de nuestras tierras ancestrales, y el despejo sigue al día de hoy. Sigue con más fuerza. Por eso, porque nos levantamos contra esa injusticia, hoy día la persecución y la represión se intensifican.
Da un poco de pena hablar de todo esto, porque sabemos que el Estado defiende a las hidroeléctricas y a todo lo que se llama industrias extractivas. Las comunidades levantamos la voz porque sabemos que hay algunos artículos de la Constitución que nos defienden. O que nos deberían defender, según dice el papel. Sabemos que para cualquier negocio de esas características habría que hacer consultas de buena fe con la comunidad, tal como lo señalan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o el Código Municipal; pero las empresas y el Estado violan eso, no lo hacen, no nos toman en cuenta. En todo caso, estas empresas compran a la justicia para ponerla de su lado. No tienen la razón, sino el dinero y la fuerza bruta.

Pregunta: Para que quede claro y no se siga criminalizando la protesta ni considerándola como un factor de supuesto “atraso” que iría contra el  “progreso”: ¿por qué los pueblos están contra toda esta industria exctrativista (minería, hidroeléctricas, cultivos extensivos para agroexportación?)

RespuestaPor un lado, porque la instalación de todos estos negocios va de la mano del desplazamiento de las comunidades, un desplazamiento contra nuestra voluntad. Y al desplazarnos, ni las empresas ni el Estado nos dan nuevas tierras para trabajar, por lo que se nos crea un grave problema, porque no hay para la comida. Al que se enfrenta a eso, la justicia, que está comprada, no lo defiende. Nos atacan, nos persiguen, nos matan, o nos ponen orden de captura. Por otro lado está el problema del medioambiente, porque con todas estas industrias están destruyendo la flora y la fauna de los lugares, sin importarles nada. Contaminan todo sin ningún cuidado, aunque digan lo contrario. Pueden mostrar supuestos avances en el cuidado de la naturaleza, pero sabemos que no es cierto, que es pura propaganda para distraer. Por todo eso decimos que el Estado corrupto, en vez de defender a los pueblos, nos ataca. Cuando protestamos por nuestros justos derechos, por nuestras fuentes naturales de alimentación, por nuestros ríos, por nuestra casa, nuestros bosques, nos reprimen. Dicho de otra manera: no estamos contra las hidroeléctricas porque sí, por puro capricho. Las hidroeléctricas no son malas; al contrario: producen energía, que es vital para las sociedades, y producen energía limpia, renovable. Eso está bien. ¿Por qué estamos en contra? Por la forma en que lo hacen: no nos consultan tal como está estipulado que deberían hacerlo, nos roban nuestros territorios, nos expulsan, producen energía pero a nosotros no nos llega, venden carísima esa energía, ningunean a los pueblos, en muchos casos nos dejan sin agua porque la capturan para sus represas y secan nuestras fuentes de abastecimiento; y si protestamos por todo esto, nos reprimen. Que quede claro: el problema no es la hidroeléctrica en sí, sino la forma en que lo hacen, como negocio privado. ¿Quién se beneficia de esto? Los pueblos, por supuesto que no. Solo los grandes ricos de siempre. ¿Por qué no hacer hidroeléctricas cooperativas manejadas por las comunidades? ¡Eso sería lo correcto! Eso es lo que levantamos en nuestras luchas: energía eléctrica para el pueblo manejada por el pueblo. Y por decir y buscar eso, nos reprimen.

Pregunta: Concretamente, ¿cómo es la represión que se está viviendo en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz?

RespuestaHay muertos, hay desaparecidos y hay muchas órdenes de captura libradas contra los líderes que se atreven a levantar la voz. Muchos de esos atentados se dieron en torno a la empresa hidroeléctrica Renace, que pertenece al grupo empresarial guatemalteco Multinversiones, uno de los más poderosos del país, propietario de varias plantas generadoras de energía, y al millonario español Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid. El Ministerio Público, en vez de averiguar y esclarecer esos atentados, mira para otro lado, y después empezaron las persecuciones de las viudas y los huérfanos de esos compañeros asesinados. Eso recuerda las prácticas represivas del pasado, donde se golpeaba a alguien como castigo ejemplar para que nadie quisiera volver a protestar, a organizarse. Represión ha habido siempre en la zona, por ejemplo los desalojos de tierras; en eso participa la policía o el ejército; lo preocupante de ahora es que son grupos clandestinos, y el Estado nunca averigua nada, no dice nada. Nos sentimos desamparados, totalmente desprotegidos.
El gobierno hace propaganda diciendo que está mal oponerse a las hidroeléctricas, que eso es retrógrado. Es decir: eso forma parte de otra ofensiva contra el campo popular, tratando siempre de dejarnos en mal ante la opinión pública, mostrando solo una cara de la situación. Todo lo que están haciendo tiene un orden lógico: nos matan, nos aterrorizan, nos desprestigian, y si no, ponen órdenes de captura contra líderes comunitarios que están protestando y levantando a la gente.
A todo esto hay que agregar la presencia del narcotráfico en la región, que necesita un lugar tranquilo, sin conflictos, para que no esté el ojo público puesto sobre la zona para que puedan hacer sus negocios sin sobresaltos. Por ejemplo, en la región de Santa Valeria, en Alta Verapaz, es donde hay plantaciones de coca, y también laboratorios para elaborar la cocaína. O sea que la región norte del país, Alta Verapaz y también El Petén, pasó de ser un lugar de tránsito de la droga a un lugar de producción. Por todos esos motivos están matando a nuestros compañeros, o nos están metiendo presos. Hay presos, o perseguidos, de varias organizaciones populares. Cualquiera que aquí hable de más, critique, denuncie algo, es candidato a la represión. Y hoy día la represión es desaparición o muerte, como lo fue durante la guerra.

Pregunta: Entonces, ¿el narco-negocio pasó a ser algo importante en la zona?

RespuestaDefinitivamente. Por ejemplo en la región de Purulhá, Baja Verapaz, se encontraron plantaciones de coca y amapola. El campesino común, que trabaja en esos cultivos, en general ni sabe qué son esas plantas. Se limita a cultivarlas, le pagan bien, y ya estuvo. Algunos simplemente saben que son flores. Hay muchos militares ligados a este negocio; durante la guerra contrainsurgente tuvieron todas las facilidades para hacerlo, y lo hicieron. Hoy día todo eso representa un poder económico fuerte, sin dudas. El narco está metido en infinidad de negocios, haciendo lavado: hay prostíbulos, comercios diversos, cantinas, bienes raíces. De hecho, hay muchas alcaldías que trabajan directamente para los narcos. Hasta en el negocio del maíz hay narcolavado. Esta actividad económica, si así puede llamársele, crea divisionismo en las comunidades, porque hay mucha gente que ahí obtiene un salario o ciertos beneficios, y por tanto termina defendiendo a los narcos, confundida, desorientada. Hay quien dice que, en definitiva, el narco es bueno. Incluso en algunos lados se da que la población los protege, los apoya. Como obtiene algún beneficio, los quiere. Es decir: es población comprada, cooptada.
Quienes están involucrados son los militares retirados que participaron en la guerra, pero también muchos en activo, con todos sus tentáculos, los que siguen ligados a los grupos clandestinos que hoy están llevando a cabo estas agresiones contra el campo popular. Ya van varios atentados en el país en estos últimos días, y aquí en las Verapaces el clima de intimidación contra los luchadores comunitarios es casi continuo. Hay muchos ex kaibiles vinculados al narco, y también vinculados al grupo de Los Zetas.

Pregunta: ¿No estaba desarticulada esa banda?

RespuestaLo estuvieron por un tiempo, pero han vuelto. Si bien sus dirigentes habían sido condenados con penas de más de 30 años, gracias a sus tretas legales ya están libres de nuevo, y ahora están reorganizándose, y están operativos. Y tienen bastante presencia en las comunidades. Compran voluntades. Pero también atacan a las comunidades. Por ejemplo, hacen un tipo de extorsión rara: te prestan dinero medio a la fuerza, te obligan a que tomes un préstamo, y después te cobran con intereses usurarios. Y ¡cuidadito si no se les paga! De eso nadie quiere hablar, por el miedo, pero así es.

Pregunta: La población común, el campesino o la campesina común que no tiene una visión política crítica de este asunto, ¿qué dice de todo esto?

RespuestaNada. Los pueblos están muy desorganizados, no reaccionan. El daño que la guerra ocasionó a los tejidos sociales fue demasiado grande, y tal vez todavía por varias décadas va a dejar ver sus secuelas. Junto a eso tenemos toda la cooptación que se hace del campesino común, que a veces, lamentablemente, por confusión termina defendiendo a las hidroeléctricas, o a los narcos. Encima, tenemos el aluvión de iglesias evangélicas que aparecieron estos años: hay 57,000 iglesias de esas en el país. Ese es otro factor de divisionismo, de desunión, desmovilizando toda lucha popular. Incluso tanta ONG (en la región hay 254) también sirve como un factor de división de las comunidades. Hay de todo entre las ONG’s, pero en muchos casos no sirven para nada. Ofrecen de todo creando expectativas en la gente, y después no cumplen. Algunas, por ejemplo, trabajan para las hidroeléctricas o para las compañías palmeras en contra de las comunidades. Eso es terrible, pero es así.
Por otro lado, estos aparatos clandestinos que funcionaron durante la guerra sucia, toda esas estructuras represivas de inteligencia, paramilitares, todas las iniciativas contrainsurgentes del pasado, el seguimiento a líderes y activistas, todo eso nunca se desactivó, sigue vivo, bien montado, operativo. Son esas estructuras las que ahora están dando estos golpes, asesinando, reprimiendo.

Pregunta: Las estructuras de las PAC, las Patrullas de Autodefensa Civil, y los comisionados militares, tan importantes durante la guerra, ¿juegan algún papel en todo este retorno de la represión el día de hoy?

RespuestaNo está claro, pero seguramente sí. Por ejemplo, personajes como Leonel Chacón, el ex alcalde de Cobán, que se lo ve muy activo en este momento, un personaje de la derecha pesada, sin dudas por algo debe estar moviéndose. Las PAC siguen organizadas, porque están esperando todavía un resarcimiento que se les debe. Y eso las mantiene activas.

Pregunta: ¿Y qué personajes empresariales pueden mencionarse como ligados a toda esta reorganización de la derecha represiva?

RespuestaAunque no puede demostrarse claramente ese vínculo, los grupos nacionales que tienen negocios por aquí son los Gutiérrez-Bosch, con hidroeléctricas, el grupo Arimany, principal productor de papel del país, la familia Torrebiarte, ligada a la producción extensiva de palma africana, también la familia Molina y el grupo Weymann, todos vinculados a la producción de palma aceitera o palma africana. Hay que mencionar también a los Gutiérrez-Bosch como propietarios de la finca maderera más grande del país, en la zona de San Pedro Carchá. Por supuesto que los “respetables” empresarios no son, directamente, los que andan reprimiendo. Pero para eso están esos aparatos clandestinos. O incluso, el mero ejército. Por ejemplo, en la Finca Bremen, en Purulhá, departamento de Baja Verapaz, donde se encuentra la hidroeléctrica Hidro-Juminá, hay un destacamento del ejército. ¡Un destacamento del ejército nacional, pagado con nuestros impuestos, custodiando a una empresa privada!

Pregunta: Ante esta ola represiva, como campo popular, ¿qué debe hacerse, cómo debe enfrentarse esto?

RespuestaCon organización. Lamentablemente, en este momento no hay una organización sólida que pueda conducir todo ese descontento. Las comunidades resisten como pueden, pero falta un liderazgo claro, bien definido. Los líderes que aparecen como los más importantes, son golpeados. En este momento, los están metiendo presos. Ahora hay más de 500 órdenes de captura libradas contra dirigentes comunitarios, con cualquier excusa, por ejemplo: atentado contra la propiedad privada, secuestro, delitos contra el medio ambiente, bloqueos. Cualquiera de estos cargos los presentan como terrorismo o sedición. Da pena, porque hablan de nosotros como invasores, cuando muchos de los grandes finqueros de la zona no tienen papeles, no tienen títulos de propiedad de las tierras, dado que las han arrebatado a las comunidades, y la justicia corrupta luego se las legaliza. Si nosotros demandamos lo que nos corresponde históricamente, es un delito; si una gran empresa nos despoja, eso es legal.
Ante todo esto hay que organizar y capacitar a las comunidades para que vayan tomando conciencia en su lucha. Solo las comunidades, los pueblos bien organizados, podremos evitar que esta represión crezca y nos termine derrotando. Hay que fortalecer lo más posible ese trabajo de esclarecimiento, porque incluso hasta hay gente de izquierda que está a favor de las hidroeléctricas, y eso confunde a las y los compañeros de base. Hay quienes promocionan entre las bases la necesidad de vender sus parcelas a las empresas, y si no trabajamos fuertemente contra eso, la población queda confundida y no sabe bien qué hacer. De hecho, muchos compas de las comunidades terminan aplaudiendo a las empresas, porque los cooptan, y repiten eso que le han contado por ahí: que crean fuentes de trabajo, que hay que proteger el progreso, que nos traen beneficios para todos. Por ejemplo: prometen obras, caminos, escuelas, centros de salud, iglesias, algunas fiestas, capacitaciones. Pero después no cumplen. La empresa Renace trae las luces Campero para la época navideña, y con eso entretienen a la gente. Pero eso siguen siendo espejitos de colores, y nada más. La solución contra todo eso es la organización, la buena formación y la buena información de las bases. ¡Organización!
Hay muchos casos en la región donde la movilización popular impidió la represión policial en algunos desalojos. ¿Y cómo se logró eso? Con organización de las bases. Solo con conciencia, con organización, con esfuerzo combativo, podremos ir dándole otro perfil a la lucha para mostrar que no somos unos primitivos que no quieren las hidroeléctricas ni el progreso, sino que apostamos por otro modelo. Tal como dijimos hace un rato: energía en manos de cooperativas comunitarias. Digámoslo de otra manera: apostamos por la organización de las bases, por el poder desde abajo, el poder popular. No somos unos primitivos; por el contrario, somos de vanguardia. Queremos desarrollo, pero un desarrollo para todos.