miércoles, 18 de enero de 2017

El tráfico vehicular: un problema nacional



Marcelo Colussi
mmcolussi@gmail.com 
https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33

Síntesis
El tráfico vehicular se ha vuelto un verdadero problema de aristas nacionales. En ello hay un entrecruzamiento de causas: 1) un parque vehicular que creció impetuosamente sin una red vial que pudiera absorberlo en forma adecuada; 2) falta de educación vial en conductores y peatones; 3) una cultura de impunidad histórica asumida como normal que permite transgredir cualquier reglamento de tránsito con total naturalidad; y 4) un Estado que no está a la altura de las circunstancias, constituyéndose en verdadero garante de la calidad de vida de sus habitantes. Como principio de solución a esto el Estado debe jugar un papel más protagónico: Ante el aluvión imparable de vehículos, buscar la reducción del parque automotor por medio de un eficiente sistema de transporte público de pasajeros. Por otro lado: educación vial para toda la población, ya sea que vaya a conducir algún vehículo o que se mueva como peatón. Además, el Estado debe tener una presencia mucho más fuerte, a través de las Policías Municipales de Tránsito, en la erradicación de faltas a los códigos de tránsito. Y por último, el combate a la impunidad, que va siempre de la mano de la corrupción, lacras que permiten que se haga lo que se desea manejando un vehículo sin mayor, o ninguna, consecuencia. La combinación de todo esto puede empezar a dar resultados positivos en el mediano plazo. 

Palabras clave
Tráfico, vehículos, peatones, educación vial, transporte público de pasajeros.

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Introducción

Aparentemente el tráfico de vehículos automotor es una cuestión técnica que, en tanto problema, podría resolverse a partir de un planteamiento de ingeniería vial. Sin embargo, si se profundiza el análisis, puede descubrirse que allí se hacen presentes otros fenómenos, otras causas y una dinámica que va más allá de una cuestión puramente técnica o ingenieril. 

El tráfico vehicular en todo el país, pero fundamentalmente en la ciudad capital y en las cabeceras departamentales más grandes, ha ido adquiriendo las proporciones de problema nacional. Problema con aristas múltiples, complejo, intrincado. Problema, en definitiva, con carácter socio-político. 

Es en tal sentido que la circulación de vehículos automotor admite diversos abordajes; el de la ingeniería vial o del transporte es uno, sin dudas, en tanto mirada técnica a los medios de transporte (automóviles, vehículos pesados, motocicletas, etc.), a las vías por donde ellos circulan (calles, avenidas, autopistas, caminos rurales, etc.) y a sus distintos condicionantes para lograr un flujo en la movilidad vehicular eficiente y seguro. 

Pero esa mirada técnica no pareciera alcanzar para abarcar el problema del tráfico en el país en toda su dimensión. ¿Por qué el desplazarse, ya sea en un vehículo o incluso para los peatones, es tan problemático? El problema, en realidad, ya raya en lo caótico. Es por ello que habrá que ahondar en él para encontrar otras lógicas que lo alimentan. Al concebirlo como un tema de múltiples facetas, se descubren entonces problemáticas diversas, entrelazadas complejamente entre sí, pudiéndose identificar al menos cuatro elementos:

El parque vehicular hizo colapsar la infraestructura vial
Se adolece de educación vial
La cultura de impunidad y violencia que permea hace muy difícil ordenar de un modo satisfactorio el tráfico
La debilidad/ausencia del Estado pone en marcha, permite y alienta el caos vial que se vive

El parque vehicular hizo colapsar la infraestructura vial

Los vehículos automotores, fundamentalmente carros y motos, siguen aumentando en forma exponencial en el país. Esto no es azaroso. Se podría pensar que la situación de violencia delincuencial vivida (percibida en forma agigantada por influencia de los medios masivos de comunicación), de algún modo lleva (“obliga”) a buscar paliativos. Para el caso, entonces, sería la adquisición de una moto o un carro propio (el transporte público se percibe, y efectivamente es, mucho más inseguro, peligroso).

Ello es cierto en parte; no hay dudas que la repetida prédica mediática sobre una delincuencia que “nos tiene de rodillas” pesa mucho. Pero a eso habría que agregar otro elemento, quizá de mayor importancia aún: los grandes fabricantes de automóviles (estadounidenses, chinos, japoneses y europeos) han desarrollado como estrategia de mercadeo una virtual invasión comercial sobre los países pobres del Sur (sus países de origen, salvo China, ya están saturados de unidades). Hay aquí, en el otrora llamado Tercer Mundo, un “nicho de mercado” todavía no suficientemente explotado, y la explosión imparable de vehículos nuevos que se adquieren cada año permite ver esa tendencia. Las ofertas comerciales de pago en cuotas, a veces sin siquiera enganche inicial, y las agresivas campañas publicitarias, promueven el consumo masivo de carros y motocicletas. 

Más allá de los inconmensurables problemas medioambientales que produce tanto dióxido de carbono liberado como producto de la combustión de estos motores alimentados con derivados del petróleo, la falta de espacio en las ciudades por la proliferación imparable de vehículos se torna un flagelo. De esa cuenta, es sabido que la calidad de vida de cualquier poblador urbano de una ciudad con un número considerable de vehículos va haciéndose, cada vez más, un verdadero desastre. La ciudad capital y las más grandes de los departamentos en nuestro país permiten ver (y sufrir) esa tendencia de un modo patético. Las aglomeraciones vehiculares cuestan horas de espera, con todas las consecuencias negativas que ello pueda traer aparejado. 

Es por ello que se decía más arriba que el problema del tránsito vehicular presenta muchos matices: ecológicos, económicos, psicológicos, por nombrar algunos. La calidad de vida de los habitantes se ve severamente dañada a partir de la dificultad de moverse en vehículo. E incluso para los peatones la situación no es fácil, porque la densidad monumental del tráfico, con los problemas anexos que ello acarrea, hace que la movilización no sea fácil aún caminando. Y dado el descontrol reinante, moverse a pie también tiene cuotas de peligrosidad. 

La única solución que se ve a tamaño caos es, sencillamente, la eliminación de los automóviles. De todos modos, nada indica que alguna administración política esté dispuesta a dar ese salto. En la capital noruega, la ciudad de Oslo, para el año 2019 quedará prohibido el uso de carros. En Guatemala, por diversas razones, pareciera que una medida así es materialmente imposible. Al menos en las próximas décadas.

Se impone entonces la pregunta de cómo resolver la situación, habida cuenta que el crecimiento demográfico del país no se detiene, y cada vez se expanden más las ciudades, en general en forma bastante desordenada. Las ciudades-dormitorio que rodean la capital no paran de crecer, haciendo que sus habitantes muy habitualmente utilicen vehículos automotor privados para desplazarse. A ello se agrega, como parte sustancial del problema, que la infraestructura vial ha quedado absolutamente rebasada por la cantidad de vehículos existentes, no habiendo planes de contingencia (grandes autopistas, ampliación de vías en las ciudades, mejoramiento real del sistema carretero nacional). 

Todo ello demuestra que el fenómeno es efectivamente, como se anticipara más arriba, un problema nacional. Por tanto, debería encararse como asunto serio y multifacético, movilizando a muchos actores, donde el Estado tiene que jugar un papel clave. Es, de ese modo, un problema socio-epidemiológico, por lo tanto, con concomitantes ribetes políticos; un problema económico, un trastorno urbanístico, un serio llamado de atención sobre la salud psicológica de quienes a diario se ven enfrentados con esta “catástrofe” silenciosa; un tremendo problema ecológico. 

Tratándose de formular no solo una denuncia de la situación, sino alguna propuesta de alternativa, pareciera que la única solución posible a la vista es la ampliación del transporte público de pasajeros, eficiente y seguro, lo que podría evitar el uso masivo del automóvil. 

Una vez más, entonces, puede apreciarse cómo los problemas nacionales –y esto del tráfico lo es en grado sumo– se mueven en una dimensión política. Ampliar la cobertura de servicio público para el transporte es una imperiosa necesidad, pero ello choca con intereses económicos sectoriales que lo impiden. Sabido es de lo complejo de este campo, que presenta, incluso, ribetes policiales. La muerte continua de choferes de unidades de buses y las extorsiones a que se ven sometidos cotidianamente evidencian que allí se juegan intereses y poderes nada fáciles de resolver; la disputa “a muerte” de los subsidios estatales evidencia la magnitud del negocio en juego. De todos modos, si esto vale como aporte, debe dejarse claro que la continuación del aumento en el parque vehicular en el país, y en particular en la ciudad de Guatemala, ofrece un panorama sombrío en el corto y mediano plazo. Solo con su reducción y la puesta en práctica efectiva de un servicio público de transporte eficaz, podrá pensarse en alguna mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Se adolece de educación vial

Los conductores de vehículos (automóviles y motocicletas particulares, camiones, transporte público de pasajeros), si bien tienen una licencia de conducir que presupone el conocimiento de los reglamentos de tránsito, no siempre cumplen a cabalidad las normas estipuladas. Las infracciones de tránsito están a la orden del día.

Por su parte los peatones, que también tienen normas para moverse dentro del espacio urbano, en muy buena medida incumplen los códigos de tránsito. ¿Por qué sucede todo esto? 

Puede decirse que, en su conjunto, la población carece de una adecuada educación vial. Un examen en una Academia de manejo muestra que no basta para decirse, solo con eso, conocedor a profundidad del código de tránsito. Una adecuada educación vial debería ser parte de la formación integral de un sujeto, con varios años de contacto con la materia en la escuela primaria. Formar un hábito –para el caso: el conocimiento exhaustivo y el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito– no es algo sencillo, que se adquiera espontáneamente, sin esfuerzos. Como toda formación, implica un proceso; las “capacitaciones” puntuales, rápidas (por ejemplo: la lectura del Código de Tránsito previa al examen para la licencia) está más que demostrado, no forman hábitos. 

Una cosa es mover un vehículo; otra muy distinta hacerlo con responsabilidad. Cuestiones mínimas y elementales, que se supone deberían saberse al tener una autorización oficial como es la licencia de conducir, o se desconocen o, producto de una cultura que premia la impunidad, no se tienen en cuenta. “¿Por dónde se adelanta a otro vehículo?”, se le preguntó a una joven conductora: “Por donde se pueda”, fue la respuesta. No usar luz de giro, circular siempre con luces altas por las noches, no usar las pasarelas para atravesar calles, manejar en estado de embriaguez, no respetar los semáforos peatonales, por mencionar algunas de las infracciones más comunes, son elementos que distinguen nuestro modo de desplazarnos cotidianamente. 

Si bien existe formalmente en la Currícula Nacional Base del Ministerio de Educación algún elemento que toca el tema, la práctica diaria en las calles de Guatemala evidencia que algo se está haciendo mal, pues infinidad de peatones y conductores cometen elementales infracciones. Si las licencias otorgadas no son motivo suficiente para quien se dedica a conducir un vehículo incumpla normas, se está ahí ante un grave problema. Es evidente que ese permiso no autoriza realmente a guiar un automóvil, una moto o un vehículo pesado. O, en todo caso, autoriza formalmente, pero las infracciones siguen cometiéndose. 

Ello habla de dos causas: por un lado, de falta de educación vial pertinente, y por otro, de una histórica cultura de impunidad que permite que, no sabiendo las cosas o, peor aún, sabiéndolas, no se cumplan, se haga caso omiso de ellas. 

Como alternativa de solución, entonces, debería pensarse en desarrollar una muy fuerte campaña de educación vial, para conductores y peatones, a través de los años de escolarización primaria, logrando que la misma sea parte orgánica de la formación ciudadana de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. 

La cultura de impunidad y violencia que permea hace muy difícil ordenar de un modo satisfactorio el tráfico

La sociedad guatemalteca en su conjunto es heredera de una larga tradición de violencia e impunidad. Ello arranca desde las remotas épocas de la colonia, y se mantiene sin solución de continuidad a través de siglos hasta nuestros días. 

La violencia, en sus distintas expresiones, es una constante histórica que marca todas las relaciones sociales; de ahí que hoy pueda asistirse a un panorama donde priman el racismo, el machismo patriarcal, el adultocentrismo, el urbanocentrismo, la discriminación del otro distinto, los acendrados prejuicios, la doble moral. Una sociedad basada en la noción de Estado-finca, donde el que manda, el que está “arriba” en la pirámide social, puede tener derecho a todo (¡todavía existe, de hecho, el derecho de pernada en algunos puntos del interior!), y el que está “abajo” está condenado a obedecer, da como resultado un funcionamiento que conlleva siempre cuotas de tensión, las que pueden estallar en cualquier momento.

La cultura de violencia impera. Aunque existen normativas jurídicas (quizá, incluso, una exagerada cantidad de leyes), pareciera que toda esa declamación tiene algo de vacío, de insustancial, pues no pasa de llamado, dado que en la práctica la impunidad se sigue imponiendo.

Esa es la historia que marca la sociedad. Para muestra, quizá, lo sucedido en la recién terminada guerra interna: con una cantidad de víctimas impresionantemente alta (el segundo país de la región latinoamericana en muertes, luego de Colombia –con casi el doble de años de lucha armada– y el primero en desaparición forzada de personas, con el 49% de casos en toda el área), el grado de crueldad que se vivió fue sin parangón. Con una violencia monumental, se arrasaron más de 600 aldeas de campesinos mayas, base social del movimiento revolucionario armado, sembrando el pánico entre la población. Luego de haberse cometido una enorme cantidad de violaciones a los más elementales derechos humanos, delitos de lesa humanidad todos ellos, imprescriptibles para el caso, con una saña sanguinaria desmedida, prácticamente no hay ningún culpable de esas tropelías, salvo algún militar de bajo rango o algún ex patrullero de autodefensa civil. En todo caso, el ícono por excelencia del período contrainsurgente, el general José Efraín Ríos Montt, años después de haber comandado las acciones de guerra antisubversiva, fue condenado en un juicio claro y transparente por delitos de lesa humanidad a 80 años de prisión inconmutable. Pero –y esa es la marca de la impunidad– a partir de acomodamientos políticos palaciegos, solo pasó un día detenido, quedando luego en una situación ambigua que le permitió salvarse (o burlarse) de la cárcel.

En otros términos: la impunidad es una constante, es asumida como “hecho normal”. Se puede hacer lo que se desee, seguro que la ley siempre puede ser evadida. En ese marco, la conducción de vehículos no puede escapar a la cultura dominante; por tanto, la impunidad es el signo que impera. Se puede cometer todo tipo de infracción (desde manejar ebrio hasta detenerse en cualquier punto para cargar o descargar, desde atravesar corriendo una concurrida avenida a mitad de la cuadra hasta adelantar por el carril derecho, de cobrar los medios de transporte público un pasaje a precio exagerado en horas nocturnas a circular sin luces reglamentarias, no usar el casco un motorista o cometer una violación sexual arriba de un taxi), amparándose en esa cultura del “vale todo” que fomenta la impunidad reinante. 

Junto a lo anterior, siempre en el marco de la impunidad reinante, cualquier conductor de vehículo puede sacar una pistola para amenazar o atacar a otro piloto por algún altercado en la conducción, o a un policía de tránsito que le indicó algo. 

Cualquier infracción, por último, puede arreglarse con un buen soborno. El razonamiento tras todo ello sería: si un personaje de la talla de un general de ejército puede ser el responsable directo de la muerte de 1,700 personas y no es condenado, ¿por qué un “vulgar” conductor no podría atravesarse un semáforo en rojo o un piloto de bus detener la unidad donde le plaza para cargar pasajeros?

La debilidad/ausencia del Estado pone en marcha, permite y alienta el caos vial que se vive

El Estado es el encargado de velar por la vida y la calidad de vida de todos los habitantes de la nación. En tal sentido, entre otras de sus funciones, establece las leyes que rigen la dinámica social y brinda los servicios básicos indispensables para el bien común. Para hacer funcionar adecuadamente las normativas jurídicas, debe educar en ellas a la población, y luego hacerlas cumplir. Es decir: tiene la triple tarea de 1) formular las leyes, 2) divulgarlas y 3) garantizar su cumplimiento. 

La realidad enseña que se cumple a cabalidad la primera de esas funciones (no sin dificultades, por cierto); las otras dos, tienen una efectividad muy baja. La educación sigue siendo asignatura pendiente: aún se asiste a un analfabetismo abierto del 18% a nivel nacional, en tanto el analfabetismo funcional por desuso puede llegar al 50%, mientras que los años de escolaridad, como promedio nacional, llegan solo a 7, es decir: hasta primer año de escuela media . Con una formación educativa formal tan débil y deficiente, la educación vial brilla por su ausencia en la realidad escolar, más allá de buenas intenciones. 

A ello debe sumársele, como un elemento de principal importancia, la poca presencia del Estado en la resolución de los problemas cotidianos de la ciudadanía. Si hay impunidad y corrupción, las mismas vienen avaladas por el silencio cómplice del Estado. Póngase como un ejemplo demostrativo de esta debilidad/ausencia del Estado lo que sucede con el transporte público de pasajeros: las unidades (buses y taxis) se detienen en cualquier lugar obstaculizando el tráfico, pero no hay paradas oficiales. La dinámica es un tanto laissez faire, “a la buena de Dios”. Nadie regula eso, por tanto, la consecuencia es un caos. Un chofer se detiene donde quiera/pueda porque, sencillamente, no hay estipuladas paradas. Es el Estado, justamente, quien debe normar eso, siendo ahí donde no está presente. 

Ejemplos al respecto, abundan. Para graficarlo solo con algunos, especialmente notorios: el nivel de contaminación del aire, producto de los motores de combustión interna de tantos vehículos, es peligrosamente alto. Hace dos décadas atrás se iba a comenzar a exigir un control de los escapes de todos los vehículos automotores que circularan, pero en esos 20 años, luego de dos intentos fallidos (Acuerdo Gubernativo N° 14-97, Reglamento para el Control de Emisiones de los Vehículos automotores, derogado a finales de 1998, y luego, en febrero de 2002, un reglamento de emisiones de gases vehiculares propuesto por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que no prosperó pues el Congreso no le dio aprobación), la polución ambiental sigue a la orden del día. ¿Dónde está el Estado jugando su papel de garante de la calidad de vida de todos los habitantes?

Otro ejemplo, igualmente esclarecedor, y patético, de la falta de actuación del Estado, puede verse en esto: es sabido que muchos conductores de transporte público de pasajeros no cumplen los estándares mínimos para llenar esos puestos. En muchos casos conducen en estado de ebriedad, o bajo los efectos de psicotrópicos, a exceso de velocidad, disputándose pasajeros con otra unidad, no todos poseen licencia, no respetan paradas ni señales de tránsito, sobrecargan los vehículos, y en los casos de accidente usualmente huyen. Una vez más: ¿dónde está el Estado jugando su papel de garante de la calidad de vida de todos los habitantes?

La escasez o falta de aceras, de pasarelas, de pasos y semáforos peatonales, de paradas señalizadas para buses y taxis, el control efectivo de las condiciones de los vehículos que circulan por el país (luces, emisión de gases, estado del sistema de frenos, accesorios para caso de emergencias), y la real y efectiva capacitación de todos quienes manejan un vehículo automotor, es tarea obligada del Estado. Pero lo que se constata es que el mismo no está a la altura de su responsabilidad, pues no asegura nada de lo anterior.

Guatemala, desde su nacimiento como república independiente, ha tenido un Estado deficiente, siempre de espalda a las necesidades de las grandes mayorías, centrado en los intereses de prominentes familias capitalinas, en general ligadas a la agroexportación para el mercado internacional. Estado racista y excluyente, que sistemáticamente incumplió los contenidos mínimos fijados por la Constitución, negando el acceso a los servicios básicos a las mayorías populares. Estado que en muchas comunidades, fundamentalmente en el Altiplano Occidental, llegó solo en el período de la guerra con una propuesta militar opresiva. Estado, por último, que en estas últimas décadas se ha adelgazado notoriamente a partir de las políticas de ajuste neoliberal impuestas por los organismos crediticios de Breton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), privatizando servicios y desentendiéndose de las necesidades de su población, en muchos casos dejando eso en manos de la cooperación internacional. 

Ese Estado es el que no realiza ninguna acción efectiva para solventar exitosamente el caos vial que actualmente se vive. 

Conclusión

El tráfico vehicular se ha vuelto un verdadero problema de aristas nacionales. Lo que aquí se expresa no son solo críticas, sino intentos de aporte para solucionar la situación. 

En su generación se entremezclan diversas causas: 1) un parque vehicular que creció impetuosamente sin una red vial que pudiera absorberlo en forma adecuada; 2) falta de educación vial en conductores y peatones; 3) una cultura de impunidad histórica asumida como normal que permite transgredir cualquier reglamento, de tránsito o de lo que fuera, con total naturalidad; y 4) un Estado que no está a la altura de las circunstancias, constituyéndose en verdadero garante de la calidad de vida de sus habitantes. 

Para intentar comenzar a superar el problema, es indispensable que el Estado juegue un papel mucho más protagónico. Ante el aluvión imparable de vehículos, la primera –y quizá única– solución que se avizora es la reducción del parque automotor, para lo que habría que desarrollar un fuerte y eficiente sistema de transporte público de pasajeros. 

Ello debería complementarse con una profunda y muy elaborada educación vial para toda la población, ya sea que vaya a conducir algún vehículo o que se mueva como peatón. 

Por otro lado, el Estado debería tener una presencia mucho más fuerte, a través de las Policías Municipales de Tránsito, en la erradicación de faltas a los códigos de tránsito. 

Por último, el combate a la impunidad, que va siempre de la mano de la corrupción, debería ser, hoy por hoy, una tarea de alcance nacional.

Solo aunando todas esas acciones, con esfuerzo y en un lapso no inmediato, podrá ir arreglándose en parte el actual caos del tráfico vehicular. 

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Bibliografía

Aguilar, S. (2015) ¿Tiene solución el tráfico en la ciudad? En Revista ContraPoder. Disponible en versión digital en http://contrapoder.com.gt/2015/08/20/tiene-solucion-el-trafico-en-la-ciudad/

Alcántara Vasconcellos. E. (2010) Análisis de la movilidad urbana. Espacio, medio ambiente y equidad. Bogotá: CAF. 

Anderson, N. (1993) Sociología de la comunidad urbana. Una perspectiva mundial. México: Fondo de cultura económica.

Bull, A. (2003) Congestión de Tránsito: El problema y cómo enfrentarlo. Santiago de Chile: CEPAL.

Gómez Santos, C. (2011) El congestionamiento vehicular en la ciudad de Guatemala. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. Tesis. 

Soy502 (2016) El tráfico en Guatemala es de los peores en el mundo y hoy se confirma. Versión electrónica disponible en: http://www.soy502.com/articulo/cual-peor-pais-conducir-estudio-waze-lo-revela-71746

Resistencia, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

NUESTRA SOLIDARIDAD Y APOYO A LA LUCHA Y RESISTENCIA DE LOS COMPAÑEROS DE YISQUISIS, SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO

Un nuevo hecho que enluta al pueblo de Guatemala, con la muerte del compañero Sebastián Alonzo Juan de 72 años de edad quien fue asesinado por manifestar pacíficamente para defender el territorio y los bienes comunes de los pueblos.


Ante este lamentable hecho, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA,  EXIGE:

Al ministerio público y sistema de justicia en Guatemala, Investigar y deducir responsabilidades a los asesinos directos e indirectos que acabaron con la vida del compañero Sebastián Alonzo.

Al gobierno de Guatemala no autorizar más licencias y frenar todos los proyectos extractivitas que lo único que están dejando es muerte  y pobreza para  nuestros pueblos.


EXIGIMOS PARAR LA PERSECUSION Y CRIMINALIZACION DE LAS LUCHAS COMUNITARIAS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS.


Guatemala 18 de enero de 2017

sábado, 14 de enero de 2017

Welcome, Mr. Trump! Aunque… ¿realmente “welcome”?



Marcelo Colussi 
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“Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos, y viceversa”.

Charles Wilson, Secretario de Defensa con el presidente Eisenhower, 1953.

Desde el campo popular, en cualquier parte del orbe, es difícil, cuando no imposible, saludar alegre la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca en Washington. Cuenta la historia que algún mandatario estadounidense salió la mañana de un lunes a hacer una gira por países amigos…, y a la tarde ya estaba de vuelta. El imperio no tiene amigos: ¡tiene intereses! Y los defiende a muerte, por cierto. Para eso están, entre otras cosas, las más de 6.000 cabezas nucleares que posee, posibles de hacer volar el mundo.

Si bien su pujanza de otras épocas está en declive (después de la Segunda Guerra Mundial aportaba el 52% del Producto Bruto global, hoy solo el 18%), lejos se está de poder decir que sea un país en bancarrota: Estados Unidos continúa siendo la primera potencia hegemónica, en lo económico, lo político, lo cultural y en lo militar. Sus decisiones siguen marcando muy buena parte de lo que ocurre en el mundo, y su influencia se siente en cada rincón del planeta. Si bien el dólar como patrón no está inamovible como años atrás, las principales marcas comerciales que recorren la aldea global siguen siendo de origen estadounidense, por lo que el inglés continúa siendo la lingua franca obligada, y la cultura y valores emanados de Hollywood son mercadería de consumo universal. La clase dirigente estadounidense (banqueros, dueños del complejo militar-industrial, propietarios de las petroleras y de otras grandes megaempresas globales) apuestan a que el siglo XXI siga siendo, como el anterior, otro “siglo americano”. 

El presidente de esta gran potencia, como cualquier mandatario de cualquier país de las llamadas “democracias” (democracias representativas, caricaturas de democracias reales), no es sino un administrador del gobierno central que, en definitiva, más allá de la ilusión -mediáticamente bien presentada- de gobernar para todos, beneficia siempre al verdadero poder, el que pone las condiciones y termina dando las órdenes: el capital. 

Pero con Donald Trump sucede algo particular: para las recientes elecciones parecía ganadora obligada su contrincante demócrata: Hillary Clinton. Ella representaba, por antonomasia, a los factores dominantes del país: grupos financieros de Wall Street y complejo militar-industrial. Para sorpresa de muchos, ella no ganó. Triunfó Trump levantando un discurso que, de algún modo, se le podría decir populista. Pero que, imprescindible aclarlo, de preocupación real por las penurias populares no tiene nada, absolutamente nada. 

Trump, sin ningún lugar a dudas -como todo vendedor de casas (es un magnate inmobiliario)- es un hábil vendedor. O, dicho en otros términos, un buen embaucador, mercader de ilusiones. Ese “oficio” fue el que le permitió imponerse en las elecciones, pues “vendió” a la clase trabajadora y sectores medios empobrecidos la ilusión de un resurgir económico del país. Ahora bien: el empobrecimiento de sus trabajadores, la desocupación y la creciente caída del poder adquisitivo real se debe a la forma que el mismo capitalismo actual fue tomando en su desarrollo, trasladando muy buena parte del parque industrial fuera de su territorio, simplemente por conveniencia económica, y priorizando de un modo afiebrado las finanzas por sobre la producción. La grandeza de Estados Unidos asienta hoy, básicamente, en su poder militar. “Para defender Mc Donald’s necesitamos los Mc Donnell Douglas”, sentenció jactanciosa la ex Secretaria de Estado Condollizza Rice.

Si Donald Trump se impuso contrariando los pronósticos y la apuesta del gran capital, no fue por la pretendida injerencia rusa en el hackeo de las elecciones sino por la gran masa de desocupados y empobrecidos trabajadores que quisieron escuchar en sus cantos de sirena proselitistas una promesa cierta: el renacer de la gran potencia y la recuperación de los beneficios perdidos. Ahora bien: nada indica realmente que ese bienestar puede recuperarse, porque la forma que el sistema-mundo ha ido alcanzando con el actual imperialismo globalizado -a costa de los trabajadores de todo el orbe, incluido los estadounidenses- no parece posible de ser revertido. ¿Volverán acaso las otrora fábricas del pujante Cinturón de Acero del Medio Este al ahora empobrecido y abandonado Cinturón Oxidado? ¿Dejarán los megacapitales de los paraísos fiscales de hacer sus negocios financieros para volver a invertir como los cuáqueros recién desembarcados del May Flower?

No parece posible que Trump lo pueda lograr. Más aún: nada indica que 1) lo quiera lograr, más allá de las insustanciales promesas de campaña, y 2) que le sea realmente posible hacerlo. ¿Quién da las órdenes finalmente?

La clase dominante de Estados Unidos, esa selecta oligarquía que dispone de casi la mitad de la riqueza de la humanidad, no tiene color partidario: no importa si gobierna un demócrata o un republicano. Lo que cuenta, ante todo -y para defender eso están las armas- es la ganancia empresarial. Lo demás es anecdótico. 

Incluso en esa clase política no hay sustanciales diferencias. “Habría, se nos dice, “palomas” y “halcones” -expresa Samir Amin- en los dos campos, republicanos y demócratas, que dominan el Congreso y el Senado. El primero de estos calificativos es, sin duda, exagerado; se trata de halcones que reflexionan un poco más antes de embarcarse en una nueva aventura.” Y la aventura está clara: la clase dominante de Estados Unidos apuesta por ese nuevo “siglo americano”. Si China y Rusia se muestran como obstáculo (la Unión Europea ni Japón lo son), verán cómo intentan vencerlas. 

¿Qué hará Trump en este complejo escenario geopolítico, con una población propia bastante golpeada en lo económico, con un dólar que se mantiene artificialmente y con las provocaciones bélicas hacia sus enemigos que le lega su antecesor, Barack Obama?

Es difícil, o imposible, saberlo. Insistamos: Donald Trump es impredecible (¿millonario excéntrico?). Pero hay indicios de por dónde podrá ir. Por lo pronto, retomando lo primeramente expresado en el presente texto, para el campo popular fuera de Estados Unidos no hay ninguna buena noticia en el horizonte. Por lo pronto sus incendiarias declaraciones -posibles o no de ser cumplidas, no importa- respecto a un muro para separar el país de su vecino México ya es un más que claro indicio. Las manifestaciones xenofóbicas en relación a los inmigrantes irregulares de Latinoamérica, los funcionarios que ha ido nombrando para el gabinete (de derecha recalcitrante), la amenaza de revisar la anterior política para Cuba, lo dicho en relación a revisión de políticas sociales internas como el seguro médico o las medidas medioambientales, son todos indicadores de su verdadero proyecto. Si se ha dicho que es un populista, ello debe ser puesto muy entre comillas: es, ante todo, un buen vendedor de fantasías. 

Los grandes factores de poder (bancos, industria militar, compañías petroleras) son siempre quienes se benefician del Estado de ese país, hablándole al oído al presidente. Cuando la bancarrota de algunas casas crediticias, o de la General Motors Company, por ejemplo, fue el gobierno el que salió a su rescate con casi un billón de dólares, cosa que no sucedió con los perjudicados por las hipotecas tóxicas cuando perdieron sus casas en la crisis del 2008. Y si bien el saliente presidente Obama recibió el Premio Nobel de la Paz, disciplinadamente emprendió todas las guerras que la industria bélica le solicitó. Pero si el presidente de turno no está alineado con ese complejo militar-industrial, tal como fue el caso de John Kennedy, quien quería terminar la guerra de Vietnam, se le pegó un balazo en la cabeza. Así de simple. 

Para que esos beneficios de la clase dirigente estadounidense no decaigan (o al contrario: ¡sigan creciendo!), el campo popular del mundo no sale bien parado. 

Con el solo hecho de haber manifestado que los inmigrantes indocumentados son sinónimo de delincuentes, se ve por dónde perfilará Trump su preocupación por los pobres del mundo. Pero, ¿por qué esperar que fuera distinto? 

miércoles, 14 de diciembre de 2016

De Estados Unidos a Guatemala ¿Quién manda? ¿Los funcionarios de gobierno o los empresarios? ¿Y la población?



Marcelo Colussi 
mmcolussi@gmail.com, 
https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33

“Poderoso caballero es Don Dinero”

Francisco de Quevedo

I

En las democracias representativas, supuesta panacea universal para todos los problemas sociales de la Humanidad, se repite hasta el hartazgo que el “pueblo es el soberano”. Aunque, a juzgar por la cruda realidad, parece que es más “ano” que otra cosa. 

Manda, sí…, pero solo a través de sus representantes. O sea que, inmediatamente formulada la que pareciera una fórmula mágica, viene la mediación (¿el engaño?) Para muestra, véase el Artículo 22 de la Constitución de la República Argentina (solo como ejemplo: el mecanismo se repite exactamente igual en cualquier democracia representativa): “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”.

En otros términos: el pueblo manda (¿manda?) el día que va a votar (al menos, así nos dicen). Después, hasta varios años más tarde, no se dedica a mandar sino a obedecer (o, más precisamente, a producir para otro, y a consumir). Si esa es la democracia representativa, mejor busquemos otra cosa, pues así parece que jamás se resolverán las penurias de los pueblos.

Ahora bien: analizadas las cosas en profundidad, parece que el pueblo no manda nunca. Ni cuando va a votar (ahí es víctima de una monstruosa manipulación de mercadeo político, y termina “eligiendo” la mejor campaña publicitaria), ni mucho menos en la cotidianeidad del día a día, entre elección y elección. ¿Quién manda entonces? ¿Los representantes de la democracia representativa? ¿Esos señores encorbatados o esas señoronas muy bien maquilladas y con tacones, siempre en medio de periodistas y guardaespaldas, que hacen parte de los elencos gobernantes?

Esos “políticos profesionales” son los que hacen marchar la máquina estatal: los que hacen las leyes, quienes desarrollan las políticas públicas, quienes negocian en nuestro nombre. Pero… ¿mandan?

II

Permítasenos presentarlo a través de algunos ejemplos puntuales. Un par quizá, suficiente para demostrar la falacia en juego. 

En los países latinoamericanos que, con las dificultades del caso, vinieron desarrollando políticas populares estos últimos años, redistributivas, con algún criterio social, sus gobiernos fijaron impuestos considerables a las empresas extranjeras que explotaban sus recursos naturales. Por ejemplo, tanto en Bolivia con la explotación gasífera o en Venezuela con la extracción de petróleo, las compañías deben pagar un 50% de regalías a los Estados de esos países. Podría discutirse si allí efectivamente “manda el pueblo”; lo que queda claro es que hay allí gobiernos populares, y que la población se ve bastante beneficiada. Si los pueblos no mandan directamente, está claro que mayoritariamente respaldan a sus gobiernos, pues reciben los beneficios de esas administraciones. 

En Guatemala –insistamos: tomamos ese país solo por poner un ejemplo; la situación es similar en cualquier democracia representativa, sea Noruega, Estados Unidos, Egipto o Sierra Leona– hace 30 años que se vive dentro de esto que llamamos “democracia”, y su población continúa tan pobre y postergada como siempre, excluida del desarrollo económico-social. La gente vota y elige a sus representantes. ¿Manda la gente con su voto? ¿Mandan los representantes, el presidente, los ministros, los diputados? Pero ¿quién da las órdenes entonces?

Mientras en la República Bolivariana de Venezuela o en el Estado Plurinacional de Bolivia se retiene un 50% como impuestos a las ganancias de las empresas extranjeras que explotan sus recursos naturales, en la democrática Guatemala ese porcentaje es de apenas el 1%. Como el porcentaje suena a bochornoso, y ante la presión popular, el Congreso de la República, según el Decreto Legislativo 22-2014, aumentó esas regalías a un 10%. Para ello modificó un artículo de la Ley de Minería, estableciendo puntualmente:

“LEY DE AJUSTE FISCAL. CAPÍTULO I. REFORMAS Al DECRETO 48-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS, LEY DE MINERÍA. Artículo 61. Se reforma el artículo 63 del Decreto Número 48-97 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda redactado de la siguiente manera: "Articulo 63. Porcentaje de regalías. El porcentaje de las regalías a pagarse por la explotación de minerales y materiales de construcción serán del diez por ciento (10%). De la recaudación resultante de dicho porcentaje, el monto correspondiente a nueve puntos porcentuales (9%), serán parte del fondo común y el monto correspondiente a un punto porcentual (1%) se asignará a las municipalidades; y, cuando se trate de las 'explotaciones de los materiales a que se refiere el artículo cinco de esta ley, los diez puntos porcentuales (10%) se asignarán a las municipalidades. Se exceptúa de esta disposición, las regalías correspondientes a la explotación de níquel, la cual pagará el cinco por ciento (5%), y las de jade que pagará el seis por ciento (6%). De la recaudación resultante de ambos casos, el monto correspondiente a un punto porcentual (1%) se asignará a las municipalidades y el resto al fondo común.”

Hasta allí, eso parece una medida popular, de beneficio para la población; en otros términos: habría más recaudación fiscal, por tanto, mayor capacidad de inversión social. Llevar el impuesto del 1 al 10%, si bien no es de gobierno con talante socialista como los de Venezuela y Bolivia, significa un aumento considerable en la recaudación fiscal, y por tanto, una merma en los ingresos de las empresas mineras (¡que, por supuesto, no quebrarán!).

Pero ahora viene lo importante: la normativa legislativa fue impugnada por determinados círculos de poder (¿los que realmente mandan?) –léase: alto empresariado organizado en sus cámaras– y tiempo después, el 17 de septiembre de 2015, la Corte de Constitucionalidad (¿mandan ellos?) dejó sin efecto el aumento a las regalías mineras. Por tanto, esa tasa impositiva sigue siendo del 1%. 

Las compañías mineras, en nombre de la hoy día a la moda “responsabilidad social empresarial”, voluntariamente llevaron ese aporte a un 2%. ¿Encomiable?

Valga aclarar que quienes forman la Corte de Constitucionalidad son magistrados democráticos, no electos por voto popular sino en oscuras y cuestionables negociaciones palaciegas, pero “firmes defensores de la constitucionalidad democrática” en definitiva (o, al menos –aunque hagan exactamente lo contrario– así lo declaran). Ahora bien: ¿por qué estos dignos y egregios funcionarios de justicia dieron marcha atrás con el aumento, que realmente favorecía a los sectores populares?

“A buen entendedor, pocas palabras”, reza el refrán. ¿Cómo, después de cosas así, seguir creyendo en la democracia formal?

III

Si lo anterior no fue suficiente para empezar a abrir una crítica a la democracia representativa e impulsar la pregunta sobre cómo se articulan los verdaderos circuitos de poder, el siguiente ejemplo puede terminar de demostrarlo.

La empresa Minera Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp, es propietaria del proyecto minero Marlin, la mina de oro y plata a cielo abierto más grande del país, ubicada en el Departamento de San Marcos (municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa), zona indígena maya-mam. Dicha empresa inició exploraciones mineras en el 2005 con licencias ilegales, dado que no se realizó una consulta ciudadana para consensuar el proyecto en cuestión, tal como lo estipula el artículo 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, que es ley guatemalteca desde el 24 de junio de 1997, y que obliga a hacer un referéndum para tomar este tipo de decisiones. 

La operación de la mina genera 170 barriles de desechos mensuales (una tercera parte son desechos orgánicos), con una estimación total de 23 a 27 millones de toneladas de residuos al cierre de sus operaciones. Parte de los deshechos de la mina van a parar a los ríos Cuilco y Tzalá y sus afluentes, que son las principales fuentes de agua de la región para consumo y actividades de subsistencia. A partir de su contaminación, aparecen los problemas de salud. La población afectada por esta situación es de aproximadamente 10.000 habitantes. 

Tal como esa población lo preveía, aparecieron problemas sanitarios; concretamente: hidroarsenicismo. Esta es una enfermedad ambiental crónica, cuya etiología está asociada al consumo de aguas contaminadas con sales de arsénico, tal como el proyecto minero utiliza para sus operaciones. En algunos estudios clínicos, a esta patología se le llama por su acrónimo HACRE o HACER. El hidroarsenicismo crónico endémico provoca alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones hepáticas, renales e hiperqueratosis cutánea, que avanzan progresivamente hasta las neoplasias o cáncer. Casos graves de trastornos dermatológicos y neurológicos pueden encontrarse ya en pobladores de la región, muy probablemente producto del contacto con aguas contaminadas. 

A partir de los graves daños sufridos, la población se movilizó, entrando en pugna abierta tanto con la empresa como con el Estado, defensor a rajatablas de la compañía y no de los pobladores. La lucha contra la minería depredadora pasó a ser una de las principales reivindicaciones de la población campesina maya, dado que en sus territorios ancestrales se fueron asentando las industrias extractivas a lo largo de todo el país, como en el caso de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, produciendo enormes perjuicios. Esas luchas populares llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– de la Organización de Estados Americanos –OEA–. 

El 20 de mayo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de 18 comunidades del pueblo indígena maya. Según la solicitud, varios pozos de agua y manantiales se habrían secado, y los metales presentes en el agua como consecuencia de la actividad minera han tenido efectos nocivos sobre la salud de miembros de la comunidad. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la explotación minera del proyecto Marlin y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Goldcorp / Montana Exploradora de Guatemala S.A., e implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares.

La CIDH solicitó asimismo al Estado adoptar las medidas necesarias para descontaminar las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta para el consumo humano; atender los problemas de salud objeto de estas medidas cautelares, en particular, iniciar un programa de asistencia y atención en salubridad para los beneficiarios, a efectos de identificar a aquellas personas que pudieran haber sido afectadas con las consecuencias de la contaminación para que se les provea de la atención médica pertinente; adoptar las demás medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades mayas en cuestión, y planificar e implementar las medidas de protección con la participación de los beneficiarios y/o sus representantes.

Con la demanda se esperaba que se dieran reformas a la Ley y Reglamento de Minerías y el Código Municipal, a fin de que se armonicen con el Convenio 169 de la OIT. Igualmente, que se decrete una moratoria de permisos para las mineras y se elimine el ya extendido a Montana. Asimismo, que la minera resarza los daños ambientales e indemnice a las personas y comunidades afectadas de San Miguel Ixtahuacán y de Sipakapa. 

Pero el 9 de diciembre de 2011, contrariando la voluntad popular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente por presiones recibidas de parte de la empresa, modificó las medidas cautelares que había otorgado el 20 de mayo de 2010. Por lo pronto, suprimió la solicitud de suspensión de las operaciones de la mina Marlín, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los problemas de salud.

Una vez más: ¿quién manda efectivamente? ¿Los funcionarios democráticos de la OEA –Ministerio de Colonias de Estados Unidos, había dicho en su momento el Che Guevara– o las empresas transnacionales?

IV

Y por si quedara alguna duda de cómo se dan estos mecanismos, observemos lo que sucede en la gran fuente universal de la democracia, el paladín más encumbrado de su defensa: los Estados Unidos de América.



El futuro primer mandatario de este país, Donald Trump, ganó la presidencia con un encendido discurso de campaña. Pero no tanto por su furioso racismo, su acendrada xenofobia o su repulsivo machismo sexista, sino porque levantó un discurso ultra nacionalista que encendió esperanzas en la clase trabajadora estadounidense.

Está claro que este país dejó de ser la super potencia que fuera una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando aportaba el 52% del producto bruto mundial. Su moneda, el dólar, que por décadas fue el patrón monetario universal obligado, y el dinamismo de su industria, basado en una fabulosa expansión científico-técnica, ya no brillan como antaño. Quizá ya nunca vuelvan a brillar así. Sus trabajadores –proletariado industrial urbano y sectores medios más ligados a los servicios– están en caída libre. Con la relocalización de muchas empresas en otros países donde la mano de obra es más barata, se han perdido millones de puestos de trabajo en su propio territorio. El patriotismo no parece preocupar a los capitales (“El capital no tiene patria”, había expresado ya Marx en el siglo XIX), y si la instalación de plantas industriales en otros puntos del planeta aumenta su ganancia aún a costa de la pauperización del ciudadano estadounidense medio, ello no parece inquietar a los que realmente deciden la marcha de las cosas. 

Los puestos perdidos en suelo de Estados Unidos difícilmente se recuperen. Pero la campaña proselitista de Trump, ganadora en las elecciones finalmente, prometió repatriarlos. ¿Lo logrará? Esto sirve para demostrar quién manda realmente en las llamadas democracias. 

¿Cómo podrá el futuro presidente de esta gran nación forzar a que los megacapitales diseminados por todo el mundo (¡eso es la globalización neoliberal!) regresen a suelo patrio? Ya se está viendo cómo: eximiendo de impuestos. Esas fueron las negociaciones emprendidas para cumplir con la reinstalación en suelo americano: ¿se le habrá consultado eso a la población? Exención de impuestos para las grandes empresas: ¿quién lo habrá impuesto? Los trabajadores desocupados, seguramente no. ¿El futuro presidente, o los representantes de esos megacapitales?

Seguramente Estados Unidos no volverá a ser la potencia dominante de varias décadas atrás, pero el discurso político (siempre mentiroso, embustero, manipulador, en cualquier democracia en cualquier parte del mundo) hará creer a la clase trabajadora (el Homero Simpson término medio) que desde la presidencia se logró repatriar inversiones. Y por supuesto, habrá que inventar algo para mostrar que la desgravación impositiva era necesaria. 

Todo lo dicho y estos pocos ejemplos (para el caso funcionan igual una gran potencia imperial como un país del Tercer Mundo, un banana country) sirven para demostrar que los funcionarios de gobierno son simples empleados de los capitales (para el caso, incluyendo a Donald Trump, que a su vez es parte de esos grandes millonarios, de un modo bastante excéntrico por cierto, de ahí que lo que vendrá en la política estadounidense puede deparar sorpresas). Y sirve también para demostrar que la gente en su conjunto, la población de a pie no decide absolutamente nada. ¿A quién se le consultó para decidir no aumentar las regalías mineras, o para dar marcha atrás con las medidas cautelares contra una mina que contamina y mata, o para eximir de impuestos a las grandes empresas? ¿Cuándo las poblaciones toman parte en esas discusiones? Las decisiones finales, ¿las toman realmente esos encorbatados funcionarios, o se acerca más a la realidad el epígrafe de Francisco de Quevedo?

Por tanto, si esta democracia representativa no sirve a las grandes mayorías populares, habrá que ir buscando otras formas. Ahí está la democracia de base, la democracia real, directa, participativa, esperándonos. ¿No fue eso la Comuna de París en 1871? ¿No fueron eso las Comunidades de Población en Resistencia –CPR– en Guatemala durante los años de la guerra? Otra democracia donde la población efectivamente sí elije es posible. ¿Cuándo comenzamos a construirla?

sábado, 3 de diciembre de 2016

Regalos navideños y cambio social*



Marcelo Colussi
mmcolussi@gmail.com, 
https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33

Ya ha pasado cerca de un año desde la asunción del nuevo gobierno, y las promesas de cambio han sido solo eso: promesas. ¿Habrá que esperar que Santa Klaus traiga esos cambios como regalo navideño?

Si así fuera, vamos mal. Los cambios sociales no dependen nunca, no pueden depender, de una persona. Los cambios sociales son producto de las sociedades, de las grandes masas que hacen la historia, nunca jamás de individuos. El año pasado se nos “vendió” la idea -en el peor sentido de la palabra- que con la llegada de Jimmy Morales a la presidencia cambiaban las cosas. Casi un año después de ese montaje vemos que no cambió absolutamente nada.




De todo esto podemos sacar varias conclusiones. Al menos las cuatro siguientes:

1) Ahora puede verse claramente que las movilizaciones del año 2015 no fueron reales alzamientos populares, espontáneos, nacidos como reacción a una injusticia. Fueron producto de una muy sopesada operación político-mediática impulsada por el gobierno de Estados Unidos. La misma, que podría considerarse como un experimento de guerra psicológica repetido luego en otras latitudes (Argentina, Brasil, Bolivia), consistió en colocar a la corrupción como el principal problema a resolver en la sociedad guatemalteca. Es preciso decir que la corrupción, en sí misma un problema, no es causa sino efecto de problemas estructurales mucho más complejos. Atacar la corrupción es quedarse solo en el síntoma. Y eso es lo que se hizo: sumamente llamativo que el embajador de Estados Unidos se pusiera al frente de estas movilizaciones, por ejemplo. ¿Desde cuándo a ese gobierno le preocupa el tema de la corrupción en Guatemala? “Revoluciones de colores”, se les llamó en Europa del Este. Manipulación de los sentimientos de la clase media urbana, podría decirse aquí. La protesta popular contra la corrupción consistió en ir a cantar el himno nacional en la plaza, y no pasó de ahí. Las verdaderas protestas -las luchas campesinas contra la industria extractiva, las reivindicaciones de los trabajadores- continúan invisibilizadas. 

2) Esas protestas, que evidenciaron un descontento profundo en la población, no fueron más allá de un nivel de indignación que terminó con la salida del Ejecutivo de presidente y vicepresidenta. Eventualmente podrían haber ido más lejos, pero no fue así. Ello deja ver la falta de organizaciones de izquierda que puedan ponerse al frente de las luchas. Los años de represión desbarataron las organizaciones populares, y hoy por hoy no existe un proyecto político alternativo en el que la gente puede confiar. La izquierda está maniatada, fraccionada, cooptada por el discurso de la democracia representativa o por la cooperación internacional.

3) Pasado el calor de las protestas (inducido en buena medida con perfiles falsos desde redes sociales), la salida a la crisis planteada fue manejada por los factores de poder (embajada de Estados Unidos y alto empresariado nacional) “inventando” la figura de un presidente no corrupto que podría funcionar como propuesta de alternativa. Así surgió Jimmy Morales, quien “actuó” de candidato presidencial renovado, apelando a su profesión de comediante. Pasado ya cerca de un año de su mandato, puede verse que está “actuando” un papel -para el caso, el de presidente honesto- sin mayor pena ni gloria. La corrupción no ha desaparecido de la escena política nacional, y nada indica que vaya a desaparecer. Y los problemas estructurales reales del país persisten inalterables: 50% de la población vive en pobreza, la tenencia de tierras está hiper concentrada en pocas manos, la brecha entre quienes más tienen y los desposeídos es de las más grandes del mundo, continúa el hambre (Guatemala es el segundo país en desnutrición en Latinoamérica: 5 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica), sigue el analfabetismo, el salario básico cubre apenas una tercera parte de la canasta básica, y la migración en condiciones de absoluta precariedad sigue siendo la única salida para las grandes masas empobrecidas (200 personas diarias parten buscando el “sueño americano”). Es más que evidente que la lucha contra la corrupción no es sino un distractor. 
4) Todo ello demuestra que los verdaderos cambios sociales no pueden venir de un determinado presidente, de una administración. Esas son circunstanciales modificaciones cosméticas, pasajeras. Solo los pueblos organizados cambian la historia. Si pensamos en “regalos navideños” (como puede haber sido la oferta electoral de un supuesto “no corrupto” tal como Jimmy Morales -o cualquier otro para el caso-), no se podrá tener una solución real. Los cambios sociales no son regalos navideños. Además, si esperamos esos dones, no tenemos muchas esperanzas concretas, ya que para este año parece que está en tela de juicio la llegada de Santa Claus, que no tendría cómo venir.