viernes, 24 de marzo de 2017

Guatemala: el Estado funciona… cuando le conviene



Marcelo Colussi

Desde hace algún tiempo viene hablándose insistentemente de Estados fallidos. En realidad no hay tal. Estos supuestos “fallidos” -como en el caso de Guatemala- son, en todo caso, institucionalidades pobres que defienden la situación dada para que nada cambie. No fallan, en modo alguno: cumplen a cabalidad su función.

¿Para qué están los Estados? Supuestamente para garantizar el bien común. Pero si bien eso puede ser la declaración oficial de su cometido, su tarea real es mantener el estado de cosas dado. Dicho en otro término: garantizar que nada cambie, asegurando el núcleo de la sociedad, es decir, la explotación de clase.

En los países pobres del Sur, donde las relaciones sociales siguen siendo mucho más en blanco y negro, más brutales, con menos mediatizaciones de las que se pueden encontrar en el Norte (con una institucionalidad y mecanismos estatales que ofrecen un clima de menos explotación brutal, aunque la explotación por supuesto también existe), en esos países el Estado está muy lejos de cumplir su declarada función de regulador social. En el Norte, donde sobran recursos (porque se explota al Sur, porque la acumulación originaria permitió un acopio de recursos muy grande), los Estados medianamente satisfacen las necesidades de su población. En el Sur: no.

Para verlo gráficamente, puede tomarse un ejemplo concreto; para el caso: Guatemala. Allí hace ya casi dos siglos que existe un Estado moderno, calcado sobre la base de las potencias capitalistas surgidas primeramente: algunas de Europa y Estados Unidos. Con una Constitución que repite los patrones de la ideología iluminista dieciochesca, el Estado de Guatemala -como el de cualquier país tercermundista, con su himno nacional y toda la parafernalia simbólica al respecto- declara principios universales para el bienestar común. Pero la práctica muestra que no los cumple. En el Norte, porque hay una mayor acumulación, para la clase trabajadora llegan muchos beneficios. La carga impositiva vuelve al pueblo en forma de servicios eficientes. En el Sur no. El Estado se limita a declarar en el papel cosas altisonantes que en la realidad no cumple, pues las clases dominantes acumulan la mayor parte de la riqueza. La asimetría en el acceso a la riqueza es inmoral.

Véase el caso de Guatemala. ¿Sirve ahí el Estado? ¿Es fallido, o le sirve a alguien? A las grandes mayorías no parece servirle mucho. Pero a la clase dominante sí.

Es un Estado raquítico, al menos en cuanto a su recaudación fiscal. En los países latinoamericanos la media del ingreso fiscal es de alrededor de un 20% del Producto Bruto Interno; en países con “estado de bienestar” la carga impositiva llega al 50% de ese PBI, en tanto que en Guatemala ronda apenas el 10%, la segunda más baja del continente americano, detrás de Haití. Partiendo de la base que es un Estado pobre, muy pobre, con muy pocos recursos para trabajar, la cuestión se complica cuando se observa a quién apunta su objetivo. A llenar realmente las necesidades populares: definitivamente no. A mantener la situación de explotación: sí.



Se dice que el Estado es “fallido”, pero cuando tuvo que defender a capa y espada los privilegios de la clase dominante durante la pasada guerra interna (la más cruenta de toda Latinoamérica en estos años de “guerras sucias”, con terrorismo de Estado, campos de concentración clandestinos y cámaras de tortura a la orden del día), su papel se cumplió a la perfección. Quien masacró la protesta popular fue el Estado.

¿Falló en su cometido de contener el avance de las luchas populares de los años 60/70 del siglo pasado? ¡En absoluto! Su papel fue decisivo para impedir el avance del “comunismo internacional”.

Para graficar todo esto, compárese cómo “falla” en un servicio público básico tal como la educación, y cómo actúa aceitadamente para reprimir.

Estado represor: una pequeña muestra

Durante los sangrientos años de la guerra interna, el Estado contrainsurgente desarrolló un enorme aparato clandestino para frenar cualquier organización popular que pudiera ser contestataria. Para ello valió todo, incluso violar abiertamente los principios declarados en la Constitución. La desaparición forzada de personas fue uno de sus instrumentos privilegiados, sacando de circulación luchadores populares enviando así un mensaje aterrorizante, paralizante al resto de la población.

Sigue la consigna que por ningún motivo hay que mostrar el libro de control de detenidos a los jueces que vienen a practicar exhibición personal de algún detenido. Esto es orden del jefe.”, puede leerse, por ejemplo, en un Memorándum con fecha 23 de julio de 1980, firmado por el Jefe de Servicios, actualmente resguardado en el Archivo Histórico de la Policía Nacional (Referencia archivística: GT PN 24-09-02 S001).

El Estado sabía lo que hacía. La guerra contra ese ataque subversivo fue despiadada y, desaparición forzada de personas y masacres de tierra arrasada mediante, el Estado se impuso. El “comunismo” fue rechazado. Las cosas siguieron “normales”: como diría Joan Manuel Serrat: “Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas”.

¿Falló el Estado? Definitivamente no. En su tarea básica, en mantener las cosas de base sin cambio, en mantener la estructura social firme (el pobre a su pobreza, el rico a su riqueza, y ¿todos felices?), en eso no falló. Pero sí falla en, por ejemplo, brindar educación.

Violación del derecho de acceso a la educación pública gratuita

Gratuidad

En el artículo 74 la Constitución establece el derecho y la obligatoriedad de la educación: “los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fija la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. (…) El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extraescolar”.

La ficticia gratuidad

El compromiso asumido por el Estado de brindar educación gratuita en los establecimientos públicos es algo que se desmiente en la cotidianidad de las familias en condición de pobreza y pobreza extrema.

Algunas escuelas públicas realizan cobros adicionales como “donaciones” o “colaboraciones voluntarias” para los gastos que el Estado no asume. Estos cobros se justifican como una ayuda para: el mantenimiento de la escuela, la seguridad de la misma, la compra de artículos de limpieza, etc. Estas “colaboraciones voluntarias” se exigen como requisito para la inscripción de las niñas y niños a la escuela. Estos cobros que constituyen una clara violación al derecho a la educación. Además de ser ilegales y violatorios de ese derecho fundamental, son arbitrarios (pues cada establecimiento educativo asume un criterio propio) y constituyen uno de los impedimentos principales para que las niñas y niños que provienen de comunidades de extrema pobreza ingresen, permanezcan y sean promovidos en la escuela.

Lo anterior se detalla en la siguiente gráfica:

Inversión familiar en educación en sector público:

Rangos de cobro por inscripción en institutos públicos (mantenimiento, computación, seguridad)
Q 30.00 a Q. 75.00 (Nivel Pre-primario y Primario)
Q 50.00 a Q. 300.00 (Nivel Básico).
Mensualidades: complemento al salario de maestros, refacción, mantenimiento, computación, seguridad privada
Q40.00 (Nivel Pre-primario y Primario)
Q 50.00 (Nivel básico)
Q 150.00 (Nivel diversificado)
Compra de útiles
Q150.00 (Lista de útiles de Pre-primaria)
Q 250.00 (Lista de útiles Nivel Primaria)
Q 709.00 a Q1,550.00 (Útiles y libros Básicos)
Q 510.00 a Q705.00 (Útiles y libros Diversificado)
Uniformes de diario/educación física
Q 90.00 a Q130.00
Cobros por exámenes, por excursión, manualidades, disfraces, eventos como graduaciones, marchas, graduaciones de preparatoria, de sexto grado, de tercero básico, de diversificado
Q 10.00 a Q. 75.00 salidas extra-aula
Q 50.00 a Q300.00 acto de graduación


Fuente: Movimiento Cuarto Mundo, 2014.

Las familias que tienen a sus hijos en primaria tienen que invertir en el primer mes del ciclo escolar Q.450.00 por cada hija/o, y en básicos un aproximado de Q.1, 400.00 por cada hija/o. Estos gastos tienen que ver con compra de útiles escolares, uniformes y el pago de las “colaboraciones voluntarias”. Estas cantidades resultan casi imposibles de asumir para las familias más pobres, lo cual imposibilita el acceso de sus hijos a la educación, o bien les obliga a elegir a quién mandan a estudiar y a quién no.

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011-2012 del PNUD, el 62% de la población vive en pobreza media, y el 30% en pobreza extrema. El ingreso para una persona (a veces para toda una familia) que vive en condición de pobreza extrema es aproximadamente de Q600 al mes. Por lo tanto, los Q450.00 requeridos por cada hija/o en el primer mes del ciclo escolar representan el 75% del ingreso de una persona en pobreza extrema. Poder realizar estos gastos para algunas familias se vuelve casi imposible, más cuando se tienen que mandar a varios niños a estudiar. Esto ocasiona que se viole el derecho a la educación, al no poder ser accesible por limitaciones económicas.

Si con gran esfuerzo logran superar estos obstáculos, la gratuidad de la educación sigue haciéndose menos evidente. Los centros educativos piden “contribuciones voluntarias” a lo largo del año para: excursiones y/o actividades recreativas -de las cuales algunas son obligatorias y su inasistencia afecta negativamente la nota de los estudiantes-, fotocopias de los exámenes, pago de mensualidades (a nivel de la educación básica), etc.

A esto se suma el dinero que tienen que gastar para hacer tareas e investigaciones en internet cuando en muchas escuelas no se enseña computación ni se cuenta con una biblioteca cercana para realizar las investigaciones; en algunos casos realizar gastos en pasajes para el traslado hacia los centros educativos; refacciones, etc.

Todos los gastos mencionados hacen que, aunque algunos estudiantes logren entrar, luego no puedan continuar y terminen, finalmente, fuera del sistema educativo. En otros términos: el Estado sigue incumpliendo un derecho básico para niñas, niños y jóvenes como es el acceso a la educación gratuita.

Educación de calidad y universal

Si bien la gratuidad de la educación, así como su calidad y el acceso universal a la misma, están consagradas en la Constitución de la República, el hecho es que la situación imperante lleva a muchas familias a enviar a sus hijas/os a instituciones privadas, a partir de la insistente prédica que identifica lo privado como de alta calidad, y lo público como mediocre. Situación ésta que termina negando el principio básico de la gratuidad educativa, e impidiendo que una alta cantidad de niñas, niños y adolescentes sean así objeto de violación a su derecho a la educación.

Del mismo modo, la precariedad presupuestaria y la falta de voluntad política de mantener un sistema educativo competente por parte del Estado, hace que el servicio brindado sea deficiente, con pocos días de clases, con falta de planificación y con carencias que van en detrimento del derecho a educarse, negándosele ese derecho en especial a las mujeres.

Conclusión

No es cierto, en modo alguno, que el Estado falle en su objetivo final. Lo que el proyecto de la clase dominante desea es un país con mano de obra barata, desorganizada, atontada (¿por eso se consumirá tanto alcohol?). Una clase trabajadora apta para mover la industria básica de la que vive esa clase dominante: cultivos para la exportación (azúcar, palma africana, café), que no proteste, asustada. Si esa clase trabajadora (la mayoría del país) vive en la ignorancia, excluida, sin posibilidades, teniendo el viaje “de mojado” a Estados Unidos como una opción (11% del PBI lo aportan las remesas), el Estado se desentiende.

Y casualmente todo eso (la exclusión, la pobreza, el embrutecimiento) es lo que realmente sucede: ¿por qué el Estado contrainsurgente pudo funcionar tan acompasadamente y para la educación nunca hay recursos?

Quizá es hora de ir pensando en otro tipo de Estado. No se trata de personas, del funcionario de turno, de personalidades del presidente, de los ministros o de los diputados, que son más o menos corruptos. ¡Es una cuestión de base, estructural! Este Estado no sirve a las mayorías populares, definitivamente.


viernes, 10 de marzo de 2017

Equidad de género: un problema no sólo de mujeres[1]*



Marcelo Colussi

La situación social de las mujeres es un problema que afecta a ellas primera y principalmente, pero no restringe su abordaje y posible solución al ámbito femenino. Por el contrario, es una problemática de corte social que involucra por fuerza a la totalidad de la población, varones incluidos.
Aclaremos rápidamente, evitando malentendidos, que ello no significa que la solución esté en manos masculinas. Lo importante a destacar es que, aunque son las mujeres quienes llevan la peor parte, la comunidad en su conjunto se perjudica ante el hecho discriminatorio, ante esta inequidad de géneros. Si se aborda profundamente el problema, la conclusión obligada confronta primeramente a los varones, en tanto los discriminadores; pero en otro sentido: a la sociedad como un todo, pues la historia generó esas formas de organización marcadas hondamente por una ideología machista-patriarcal.
Las diferencias sexuales anatómicas conllevan otras tantas diferencias psicológicas; pero esto no explica, y mucho menos justifica, la posición social del género femenino. Ninguna conducta humana puede concebirse solamente en términos biológicos. Aunque este determinante exista -el macho, en muchas especies animales, es más fuerte que la hembra, también entre los humanos-, se dan otros procesos que posicionan culturalmente a las mujeres.


Como una constante en diversas civilizaciones, las mujeres se ven sometidas a un papel sumiso ante la imposición varonil. No significa "papel secundario", pues su quehacer es básico al mantenimiento del grupo social, pero sí ausente en la toma de decisiones. Hasta ahora las mujeres, como género, han estado excluidas del ejercicio del poder. Los trabajos femeninos, en esta concepción patriarcal, se consideran secundarios, poco "importantes".
En el ámbito humano, el horizonte desde donde se estructuran las conductas está regido por algo no exclusivamente biológico, y que en términos de ordenamiento macho-hembra no responde tanto a realidades anatómicas sino a posicionamientos subjetivos, propios del campo simbólico, no del orden físico-químico. El machismo, en tanto una posibilidad de relaciones entre hombres y mujeres, no tiene ningún fundamento genético.
En otros términos: en lo humano no hay correspondencias biológico-instintivas entre machos y hembras sino ordenaciones entre "damas" y "caballeros". El acoplamiento no está determinado/asegurado instintivamente. Tiene lugar, pero no siempre (hay relaciones homosexuales, hay voto de castidad, hay psicopatología en esto); y no necesariamente está al servicio de la reproducción (eso es, antes bien, una eventualidad; la mayoría de los contactos sexuales no buscan la procreación). Masculinidad y femineidad son construcciones simbólicas, arraigadas en la psicología de los humanos y no en sus órganos sexuales externos. La cuestión de géneros se desenvuelve en el campo social.
En las distintas culturas que podemos constatar hoy, actuales o vistas en retrospección, los estereotipos de género se repiten sin mayores variedades: masculino = poderoso, activo; femenino = sumiso, pasivo. El poder es masculino; así como lo son también la guerra y las distintas manifestaciones de sabiduría (las filosofías, las ciencias, las teologías, las artes), que no son sino otra forma de expresión de aquél. El papel de las mujeres es hacer hijos y ocuparse de los quehaceres domésticos; la sabiduría femenina queda confinada a la reproducción y al hogar. Lo increíble, para decirlo de algún modo, es que esas acciones, básicas para toda la especie, quedan relegadas como "de menor cuantía". Las cosas "importantes" son varoniles; la historia se cuenta en términos de gestas viriles: conquistas, descubrimientos, invenciones, victorias; pero nunca como logros domésticos.
Pero quizá los varones no son tan "malos", pues no se trata de la maldad o bondad de nadie. La cultura machista dominante en toda la historia, no es responsabilidad directa de ningún varón concreto en tanto sujeto "malvado". Es un producto colectivo, e incluso las mujeres contribuyen a su sostenimiento, reproduciendo -sin saberlo- los seculares patrones de género a partir del seno familiar. Esto no significa, por supuesto, que los varones concretos estén al margen del problema. El machismo, la violencia y discriminación de género, los golpes y la opresión vienen desde un lado muy claramente definido (los hombres); y también es muy claro quién lleva las de perder en todo esto (las mujeres). Pero, retomando la idea inicial, he ahí un problema que incumbe a la totalidad del colectivo social.
De donde han surgido las primeras críticas a esta injusticia estructural ha sido el campo femenino. Aunque siendo consecuentes con un pensamiento progresista, todos podemos (debemos) aportar algo en la lucha contra esa inequidad, también los varones. No se trata de hacer un masculino mea culpa histórico (lo cual, por otro lado, no estaría de más, al menos como gesto) sino de propiciar, con la amplitud del caso, una nueva actitud de reconocimiento de esa exclusión. La solución al problema de la discriminación de género no está solo en manos de los hombres, obviamente. Pero si de reacomodos en la distribución de los poderes se trata, el segmento masculino de la población tiene mucho que ver con lo que está en juego en esa dinámica. Por ello una nueva masculinidad es imprescindible.
Está claro que no puede haber derechos humanos si no hay derechos de las mujeres. Lo curioso (¿preocupante?) es que el campo mismo de los derechos humanos hasta recientemente fue casi exclusivamente de orden varonil. El mismo marxismo, sin dudas la ideología contestataria más radical que haya surgido ("una crítica implacable de todo lo existente" pedía Marx) no confirió un lugar importante a los derechos de género, sino que los subordinó a la lucha de clases. La experiencia del socialismo real (el derrumbado y el que todavía persiste, con sus variantes particulares) es muy aleccionadora al respecto: allí hay una agende pendiente. El machismo atraviesa toda la sociedad planetaria.
Igualar los derechos de las mujeres con los de los hombres no significa "masculinizar" la situación de aquéllas. Hay cierta tendencia a identificar las reivindicaciones de género con una lucha por la equiparación en todo sentido (y de allí a la peyorización de la misma, un paso; conclusión inmediata: el movimiento feminista es un movimiento de lesbianas). Los derechos de las mujeres son derechos específicos en cuanto género, distintos y con particularidades propias por su condición diferente en relación a los hombres. En esto se incluye su carácter particular de madre, de lo que se siguen derechos específicos relacionados a salud reproductiva, punto medular que sostiene al machismo: los hijos son "de" las mujeres, el varón es el semental, aunque luego deben llevar el apellido -marca de propiedad- masculino. Ellas se encargas de parirlos y criarlos; los hombres están en cosas "más importantes".
No debe perderse de vista que los derechos de las mujeres son derechos universales en tanto seres humanos: derecho a disponer de su cuerpo, a ser considerada como sujeto y no como objeto, junto a todos los otros derechos considerados universales: derechos civiles, derechos económicos, etc. ¿A algún varón se le ocurre que no es él quien puede decidir cuándo tener relaciones sexuales? Pareciera que no; he ahí un derecho intrínseco a su condición masculina. ¿Por qué no es lo mismo con las mujeres?
Las sociedades conocidas ofrecen todas diversas injusticias; pero se recalcan mucho más las de índole económica. La exclusión de género no es, en principio, vista con la misma intensidad. Claro está que esa mirada es siempre masculina. Las construcciones sociales, y sus correspondientes niveles de crítica, han sido masculinizantes. No olvidemos que al hablar de marginación de género estamos refiriéndonos nada menos que a la mitad de la población, lo cual no es poco.
El mundo no es un paraíso precisamente; son muchas y muy variadas las cosas que podrían o deberían cambiarse para mejorar las condiciones de vida. Evidentemente las económicas son relevantes, a no dudarlo. Pero quizá esto solo no alcance. Los países prósperos del Norte han superado problemas que en el Sur todavía son alarmantes. A partir del capitalismo, sistema hoy absolutamente hegemónico dada la globalización de la vida humana, el impulso que ha ido tomando el desarrollo científico-técnico y económico en los últimos años es realmente espectacular; en un par de siglos la Humanidad "avanzó" lo que no había hecho en milenios. Pero cabe una pregunta: ese modelo masculino de desarrollo, heredero de una tradición beligerante y conquistadora de la que no ha renegado, no ha solucionado problemas ancestrales. La distribución de poderes entre géneros está aún muy lejos de ser equitativa. Conquistamos todo: planetas, conquistas científicas. ¿Varón conquistando mujeres?
El género es social, no se apuntala en ninguna base anátomo-fisiológica. Apunta, ante todo, a fijar las relaciones culturales y jurídicas de los sujetos que detentan un determinado sexo biológico pero que, en tanto seres históricos, tienen una determinada identidad que no responde automáticamente a una realidad orgánica. Hombres y mujeres no somos iguales (lo cual hace menos aburrido el mundo); pero no hay diferencias sociales, jurídicas y políticas -o al menos no hay nada que justifique esas diferencias- entre los géneros.
Mientras no se considere seriamente el tema de las exclusiones -todas, no sólo las económicas, también la de género al igual que las étnicas- no habrá posibilidades de construir un mundo más equilibrado. Dicho en otros términos: el machismo patriarcal del que todos somos representantes, el modelo de desarrollo social que en torno a él se ha edificado -bélico, autoritario, centrado en el ganador y marginador del perdedor- no ofrece mayores posibilidades de justicia. Trabajar en pro de los derechos de género es una forma de apuntalar la construcción de la equidad, de la justicia. Y sin justicia no puede haber paz ni desarrollo, aunque se ganen guerras y se conquiste la naturaleza.
Obviamente no se trata de invertir los poderes, sino de terminar con los poderes opresivos.




* Material aparecido originalmente en Wall Street International: http://wsimag.com/es/economia-y-politica/24000-equidad-de-genero

lunes, 20 de febrero de 2017

Guatemala: ¿Por qué tanta resistencia contra la justicia maya?*



Marcelo Colussi

La ley es lo que conviene al más fuerte”, sentenciaba Trasímaco de Calcedonia en la Grecia clásica. La fórmula sigue siendo válida al día de hoy: la ley, el derecho, las normas que fijan la vida, no son absolutas ni universales. Mucho menos: naturales ni de origen divino. Responden siempre a un proyecto hegemónico, a un centro de poder. La justicia, más allá de la pretendida búsqueda de objetividad, es siempre justicia para algunos. En otros términos: todos somos iguales…, pero algunos son más “iguales” que otros.

Vale comenzar con esta idea para entender qué está pasando en este momento en Guatemala con la discusión sobre las reformas constitucionales, fundamentalmente lo relacionado al (los) sistema(s) de justicia.

Pareciera que el debate se centra entre uno u otro: el de la justicia ordinaria (¿la “occidental” podríamos llamar?) y el de la justicia tradicional maya. Tal como cierta posición presenta las cosas, la discusión gira en torno a cuál es “más conveniente”, cuál ofrece más soluciones. Y, por supuesto, la opinión que los principales factores de poder nacional esgrimen, vuelcan la decisión hacia la justicia actual, la que viene marcando el paso desde la constitución del Estado hace ya dos siglos, excluyendo el derecho consuetudinario de los pueblos mayas.

En esta lógica, esos factores de poder –abanderados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)– muestran una situación artificial, tendenciosa, que sirve para confundir a la opinión pública, intentando inclinarla para una determinada posición. De ese modo, se presenta el derecho maya tradicional como “atrasado”, “violento”, mostrando que no es lo que “el país necesita”. La imagen prejuiciosa de una justicia tradicional que latiguea en plaza pública a los declarados culpables es lo que campea como símbolo. Junto a eso, la otra justicia, la hoy día existente, “oficial”, se presenta como racional, balanceada, no violenta. El debate –falso– pretende resaltar las bondades de un sistema sobre las deficiencias y atrocidades del otro.


Complementando esa falsa dicotomía, el mensaje que esta visión anti-maya envía es de supuesta unidad nacional. “Guatemala es una sola, por ende, un solo sistema de justicia debe haber” sería la propuesta. Propuesta, incluso, que es fácilmente digerible, hasta inteligente: “¿Por qué dividir en vez de sumar?”, informa maliciosamente. Y dado que el derecho tradicional maya, por una suma de elementos, no ha podido hacerse conocer claramente ante la opinión pública explicando cómo funciona ni qué ventajas ofrece, la visión difundida por el CACIF se impone.

Ello se amarra, además, con un racismo visceral que barre toda la sociedad (“Seré pobre pero no indio”), sobre el que la visión de “civilización versus barbarie” puede asentar perfectamente. El fantasma de la “rebelión de indios” (que vendrían a cobrarse venganza por el despojo originario) sigue presente. La cabeza de un ladino actual sigue funcionando no muy distintamente a la visión de un conquistador del siglo XVI.

Sin embargo, analizando en profundidad, la manipulada dicotomía encubre algo más que racismo. Los factores de poder (léase: empresariado nacional), además de racistas (ni un solo indígena compone la cúpula del CACIF), tienen mucho que perder ante un cambio de paradigma legal. De hecho, ponen urgentemente las barbas en remojo ante la posibilidad que la justicia cambie. ¿Por qué? Por lo que decía Trasímaco: porque la ley, la justicia, el derecho, ¡conviene al más fuerte!

La ley supuestamente “buena”, la “civilizada”, es la que hoy domina. Ella legalizó el robo de las tierras de los pueblos originarios siglos atrás, y permite seguir robando recursos, aniquilando la naturaleza en los territorios que ocupan los pueblos mayas, desviando ríos y criminalizando la protesta comunitaria. Si a ese derecho se le opone un derecho favorable a los pueblos ancestrales, ¿quién es el que se perjudica?

Hoy, como dice Boaventura Sousa Santos refiriéndose al caso colombiano en particular y latinoamericano en general, “la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. La mayor amenaza [para la geoestrategia de Estados Unidos y las oligarquías nacionales] proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo, riquezas minerales], o sea, de los pueblos indígenas”. No nos dejemos confundir con la fantasía que a un ladino lo van a latiguear en público: lo que está en juego es la legitimidad de un robo que ya se tornó legal.



* Material aparecido originalmente en Plaza Pública el 20/02/17.

jueves, 16 de febrero de 2017

Prevención de la “violencia juvenil”: ¿qué significa?



Marcelo Colussi
mmcolussi@gmail.com
https://www.facebook.com/marcelo.colussi.33

¿Prevención de qué? Quizá el prejuicio oculto es que todo joven de barrio pobre es un marero en potencia. En vez de “prevención” pensar en “desarrollo integral de la juventud”. ¿Solo malabares en los semáforos o carreras técnicas (oficios) se nos puede ofrecer? Revisar eso. ¿Por qué no doctores o ingenieros también? ¿O astronautas?

Un joven ex marero de alguna barriada “peligrosa” de Guatemala

En términos generales, en todo momento las juventudes fueron discordantes con la ideología y los modos culturales dominantes. Para un mundo adultocéntrico, la rebeldía juvenil siempre constituye una afrenta. Así pasó con cualquier “grito juvenil” que se alzó como contestatario. Pero en los imaginarios colectivos actuales –ganados por un pensamiento conservador que va de la mano de la visión neoliberal que recorre el mundo, montada en la globalización del libre mercado, el éxito y el “sálvese quien pueda”– la juventud, más que una esperanza, suele asociársela a violencia, droga, y de ahí a circuitos de criminalidad, a marginalidad peligrosa. Sin negar que esta conexión en verdad pueda suceder en alguna ocasión, desde esa óptica conservadora y prejuiciosa “juventud” –al menos una parte de la juventud: la juventud pobre, la que marchó a la ciudad y habita los barrios pobres y plagados de violenca, la que no tiene mayores perspectivas– es intrínsecamente una bomba de tiempo. Por tanto, hay que prevenir que no estalle. Y ahí están a la orden del día las campañas de prevención para evitarlo.

En estas últimas décadas se ha ido construyendo una visión de la juventud donde esa rebeldía, que incluso décadas atrás estuvo puesta al servicio de ideales de transformación social, es entendida más bien como un “peligro” en ciernes. Más aún si se trata de la juventud de los barrios excluidos, de las barriadas pobres de las principales urbes. En la ciudad de Guatemala ello ha pasado a ser ya un estigma solidificado: joven de barrio pobre es equivalente a peligroso. Por tanto: hay que prevenir. Surge así una serie de programas “preventivos”.

¿Prevención de qué? ¿Qué se está previniendo con los programas de prevención juvenil? ¿Cuáles son los supuestos implícitos ahí? 

La idea de prevención que se maneja, pareciera que apunta a prevenir que los jóvenes delincan, pero no que sean pobres. Este último punto pareciera no tocarse; lo que al sistema le preocupa es la incomodidad, la “fealdad” que va de la mano de lo marginal: ser un marero, ser un asocial, no entrar en los circuitos de la integración. Lo que está en la base de este pensamiento es una sumatoria de valores discriminatorios: estar tatuado, utilizar determinada ropa o provenir de ciertas áreas de la ciudad ya tiene un valor de estigma. ¿Qué se busca prevenir entonces con esas acciones?

Desde ya no todos los jóvenes representan ese modelo de supuesta peligrosidad que dictamina la conciencia dominante, de joven como sinónimo de sospechoso. Por supuesto, hay muchas más opciones. Como contraparte deberían indicarse, por un lado, casi en la antípoda del supuestamente violento y peligroso, el joven “integrado”, aquel que podríamos llamar “comprometido” desde estos nuevos esquemas de participación que parecieran darse ahora, con un compromiso light, despolitizado, en sintonía con la idea de responsabilidad social empresarial, que puede hacer parte de cualquier voluntariado, muy a la moda hoy día. No es el “comprometido” de décadas atrás, cuando “compromiso” significaba abrazar ideas de cambio, de transformación social, que llevó a muchos, incluso, a optar por el camino de una lucha armada. 

De todos modos, no todo se reduce al simplismo de “integrados” exitosos y “marginales” peligrosos; además puede anotarse una enorme variedad de jóvenes donde se da un entrecruzamiento de figuras, de modelos socio-culturales: aquel que no quiere participar en nada, el desinteresado, el que “llena su cabeza de rock”, el que se mete a una iglesia. Lo que sí es claro es que la juventud politizada y con ansias revolucionarias de años atrás, la juventud con ese tipo de “compromiso” al que nos referíamos más arriba, hoy no está presente. Quizá no desapareció por completo, pero al menos está invisibilizada. 

A partir de todo lo anterior es importante preguntar cómo se van construyendo las categorías que usamos, aquellas con las que miramos la realidad. Entonces, ¿qué previenen las campañas de prevención de la violencia para los jóvenes? Según un prejuicio muy extendido en la sociedad guatemalteca, se identifica casi automáticamente violencia con delincuencia. Por tanto, al hablar de “prevención de la violencia” se está hablando de “prevención de la delincuencia”, de la transgresión. 

Según el instalado prejuicio dominante, hay un continuum entre violencia urbana y juventud. En ese sentido, la mayoría de las campañas de prevención de la violencia que se desarrollan tienen por objetivo prevenir que básicamente los jóvenes no ingresen a circuitos transgresores. En ese planteamiento se filtra un preconcepto: los jóvenes de las colonias urbano-precarias son potenciales delincuentes. ¿Por qué no plantear, entonces, que se prevengan las causas por las que hay colonias precarias, que sin duda son un caldo de cultivo para la aparición de conductas en conflicto con la ley penal a partir de una compleja sumatoria de factores? ¿Por qué no prevenir que no haya pobreza, precariedad, exclusión? 

En realidad, y contrariando el prejuicio mencionado, la gran mayoría de jóvenes no ingresa en pandillas. El estereotipo –mediático en muy buena medida– que identifica sin más colonia pobre con “cueva de delincuentes” es así puesto en duda. Es evidente que en los sectores marginalizados de las grandes ciudades, donde se dan asentamientos precarios, poblamientos desorganizados, improvisados, atentatorios contra la calidad de vida de quienes ahí residen, hay un marco que propicia conductas transgresoras, porque desde los orígenes los habitantes de esos lugares han sido transgredidos. De hecho, vivir en esas adversas condiciones ya es una transgresión contra esos moradores, pues se violan elementales derechos humanos. Pero es sumamente peligroso criminalizar la pobreza: violencia urbana hay en todos lados y con distintas modalidades. En las barriadas pobres, evidentemente, hay altas cuotas de violencia; la cuestión es entrever sus causas (que son múltiples y complejas) y proponer vías de alternativa. Pero sin olvidar nunca que la violencia se esparce por todos los rincones de la sociedad. La forma suprema de la violencia: la guerra, la deciden y llevan a cabo (¡y se benefician!) los sectores más privilegiados, los más alejados de la pobreza. No olvidarlo nunca. ¿A qué pobre se le consulta para iniciar una guerra?

Cuando se pregunta por “la violencia” nunca aparece, al menos en primer término, la violencia de género, o el racismo. Mucho menos, la violencia estructural.  De todos modos es sabido que esas violencias (las que pusieron en marcha la guerra interna en Guatemala, la más mortífera de todos los conflictos bélicos intestinos de estas últimas décadas en Latinoamérica)  no aparecen en principio como principal problema. Hay una rápida identificación de violencia con delincuencia; pero en esa caracterización no aparece, por ejemplo, el delito de cuello blanco. ¿Cuándo cae preso un banquero, un empresario explotador, un gran evasor fiscal? “Es delito robar un banco”, decía Bertolt Brecht, “pero más delito aún es fundarlo”. 

Junto al prejuicio que identifica barrio pobre con violencia, o joven de estos barrios con potencial pandillero, existe otro más, que entiende la prevención como “entretenimiento” de los jóvenes (actividades recreativas varias) para que estén sanamente ocupados…, o la colocación de más alumbrado público en lugares oscuros. Y otro más aún, consistente en entender la salida laboral de jóvenes de estas colonias como la preparación en determinados oficios (albañilería, herrería, carpintería) o, desde hace algún tiempo, y en buena medida a instancias de la cooperación internacional, que es quien lo promueve, en actividades lúdicas (malabares, zancos, pintores de graffitis). 



Obviamente, se traslucen ahí determinados paradigmas donde un joven de estas colonias llamadas “marginales” (¿al margen de qué?, nos preguntamos) puede (¿debe?) convertirse en un “ciudadano respetable” a través de su incorporación al circuito laboral por medio de lo que puede esperarse “normalmente” de un habitante de estas colonias. Es decir: que sea un/a trabajador/a honesto/a (léase: un asalariado/a que no protesta, o una buena ama de casa, fiel y buena madre).

Ello encubre, sin embargo, otro prejuicio: para salvarse de ser un marero, un joven debe seguir repitiendo el sistema, lo ya consabido: un asalariado/a que no protesta, una buena ama de casa. “¿Solo malabares en los semáforos o carreras técnicas (oficios) se nos puede ofrecer? Revisar eso. ¿Por qué no doctores o ingenieros también? ¿O astronautas? ¿Estamos condenados a ser obreros de maquila?”, se preguntaba el joven ya citado en el epígrafe, ex marero, ahora músico profesional de hip hop.

Cuando desde las estructuras dominantes se piensa en realizar prevención, se piensa en cómo mantener el estado de cosas dado, evitando que aparezca este “cuerpo extraño” de la violencia. Pero no se piensa, por ejemplo, en la violencia estructural (telón de fondo primigenio que posibilita la aparición de estos delincuentes de barrio, que no son los de cuello blanco, por cierto) ni tampoco en la violencia de género, el machismo-patriarcal dominante que da lugar a una cultura de violencia normalizada y ya aceptada. O la herencia dejada por la guerra, muy poco o nada trabajada desde el Estado. La impunidad de los eternamente impunes ¿no es también una forma de violencia, quizá la primera y más importante? Uno de los primeros cronistas de la colonia española en lo que hoy día es Guatemala, Bernal Díaz del Castillo, en el siglo XVI pudo decir sin ninguna vergüenza, impunemente: “Vinimos a estas tierras a servir a su Majestad, a traer la fe católica y a hacernos ricos”. Parece que eso se ha perpetuado, y esa violencia sigue presente sin solución de continuidad al día de hoy. Matando y esclavizando una buena cantidad de indígenas, muchos se hicieron ricos efectivamente. Y el guardaespaldas que años después cuidó esas fortunas durante la reciente guerra civil, el ejército, profundizó esa impunidad. Para muestra, lo sucedido con su ícono por excelencia, el general José Efraín Ríos Montt: condenado por genocidio a 80 años de prisión inconmutables pasó solo un día detenido, y luego su situación quedó en el aire. La impunidad reinante, desde el cronista del siglo XVI hasta la situación actual, ¿no es acaso la más monstruosa forma de alimentar la violencia?

La experiencia cotidiana, e investigaciones serias realizadas sobre la materia, permiten concluir categóricamente que la gran mayoría de jóvenes de las barriadas pobres, desestimando el prejuicio dominante, rehúye a la violencia, cumple las normas sociales de convivencia, y si bien vive en un clima de hostigamiento y dificultades, prefiere escapar a las conductas transgresoras. ¿Cómo hacen los jóvenes –y también los adultos– para sobrevivir en medio de ese clima agresivo? La respuesta más frecuente es escondiéndose, no metiéndose en nada: “de la casa al trabajo o al centro de estudio, y de allí a la casa”. “En estas colonias no se vive; ¡se sobrevive!”, expresó un líder comunitario consultado sobre el asunto. 

¿Por qué un joven de estos barrios, prejuiciosamente llamados “áreas rojas” o “marginales”, se integra a una pandilla, a una mara? Primera cuestión: la amplia mayoría, el 90% de los jóvenes, no lo hace. Hay suficientes estudios consistentes que así lo evidencian. La gran mayoría sigue los patrones llamados “normales” de integración social: estudia, trabaja, busca sobrevivir, asume con resignación que es un pobre de un sector pobre, repite el sistema, acepta y reproduce los valores de su medio, vive inmerso en las dificultades normalizadas de su entorno, y si no encuentra salidas, se va como inmigrante irregular a Estados Unidos. Solo una minúscula porción se integra a la vida pandilleril.

Por otro lado, quizá lo más importante: alguien se integra a una mara porque eso es siempre una salida posible. En el medio de la pobreza, la exclusión histórica, el cierre de oportunidades y la marginación crónica que sufren, el ingreso a uno de estos grupos está siempre abierto. La mara funciona como “familia sustituta”, y no habiendo muchas más oportunidades, algunos (10%) dan ese paso. 

Es común, casi obligado, hablar hoy día de “prevención de la violencia juvenil”. Ahora bien: cualquier iniciativa de prevención de la violencia urbana tiene que partir de un enfoque integral, basado en el reconocimiento de que la violencia no es más que el síntoma de un conjunto de problemáticas sociales concentradas en áreas precarias urbanas. “Si de chiquito te marginan, te toca trabajar de lustrabotas, te tratan mal, te ningunean…, llega un momento que no te da vergüenza ponerle la pistola en la cabeza a alguien para robarle. Es casi una venganza ante tantos golpes recibidos”, reflexionaba un muchacho integrado a maras. 

Las explicaciones de estos fenómenos tan complejos deben ser estructurales, por lo que no es suficiente implementar programas que entretienen o distraen a la juventud sin que los jóvenes sean parte de proyectos macro y de largo plazo –tanto de duración en las colonias donde se implementen como en su efecto en el sujeto–. Es decir, que sean programas enfocados en el desarrollo integral del individuo desde su niñez hasta ser adulto y que le otorguen recursos personales, sociales y profesionales para poder contribuir positivamente a su entorno y ejercer autonomía en su vida. 

En vez de prevenir que alguien sea un “mal” ciudadano, mejor prevenir que sea un “marginado” por la sociedad. Pero viviendo en un barrio marginal, con hambre, sin educación, en medio de la exclusión sistemática, recibiendo prejuicios invalidantes todo el tiempo, sin encontrar muchas opciones para ser ese “ciudadano ejemplar” más que siendo un asalariado mal pagado o un ama de casa resignada, la puerta de entrada a la transgresión está siempre abierta. Valga esta última reflexión como síntesis de lo que debería ser una verdadera prevención: “En el mundo hay 150 millones de niños en la calle. Ninguno de ellos vive en Cuba”. Lo mismo podría decirse de un joven marero. ¿Por qué allí no hay niños ni jóvenes marginados que roban o extorsionan? No porque se les enseñe a hacer malabares en un semáforo o se les ponga una cancha de fútbol en sus barrios, sino porque son tratados integralmente como seres humanos con dignidad.