domingo, 30 de octubre de 2011

Guatemala: Comunicado sobre los últimos desalojos

La Comisión Peticionaria de las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH a favor de las 14 comunidades desalojadas violentamente en el Valle del Polochic integrada por:

DIFERENTES ORGANIZACIONES
                 



A  LA OPINON PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS,  A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DEL POLOCHIC AFECTADAS POR LOS VIOLENTOS DESALOJOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO Y LA EMPRESA CHABIL UTZAJ  COMUNICAMOS



Que  representantes de  las comunidades afectadas por los desalojos en el Valle del Polochic y de la comisión de Peticionarios de las Medidas Cautelares 121-11 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos reunimos con la CIDH y representantes del gobierno de Guatemala  el día 26 de octubre en su sede en Washington.



Con el objetivo de dar a conocer la falta de voluntad política, retardo y demora por parte de COPREDEH y las instituciones del Estado competentes para dar cumplimiento  a los medidas cautelares,  pues a 6 meses de los desalojos, a las familias no se les ha proveído de alimentos, albergue y demás ayuda humanitaria que se necesitan para paliar un poco la condición de hambre y desprotección en que quedaron  después de los desalojos; situación que se ha puesto mas grave con el paso de las tormentas  tropicales que les ha afectado por la vulnerabilidad en que se encuentran.



Que  la vida y la integridad física  de las familias  desalojadas se continúan poniendo en grave riesgo por parte de la empresa Chabil Utzaj, quien con toda impunidad  les está atacando y destruyendo por repetidas veces sus pocas pertenencias y alimentos como ocurrió el día 26 de octubre en  la Comunidad de Paraná, Panzós, Alta Verapaz.



En relación a lo anterior se exigió del gobierno:

·         Que provea de alimentos: maíz, frijol, arroz, azúcar, sal, aceite, atoles fortificados, leche durante un plazo mínimo de 6 meses;  el plazo  máximo estará determinado por el tiempo que tarde en resolver el problema de la tierra de estas comunidades.

·         Que proceda de inmediato contra los personeros de la empresa Chabil Utzaj, la empresa de seguridad privada, que investigue y capture a los integrantes de grupos paramilitares y  a personas  civiles, utilizadas por esta empresa para atacar a las comunidades.

·         Que con urgencia promueva la reubicación temporal de las familias en un área territorial digna en donde se facilite proveer alimentación, servicios básicos, salud y seguridad, en tanto las mismas familias pueden trabajar.



COPREDEH continúa justificando  el incumplimiento de Medidas Cautelares, con la supuesta falta de  individualización y ubicación de la población desalojada. Así mismos se comprometió con las organizaciones indígenas y campesinas reunidas con la CIDH a entregar resultados del censo comunitario y  hacer la primera entrega de alimentos el día 14 de noviembre en la reunión de concertación con beneficiarios y peticionarios  en el municipio de la Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz.



También denunciamos que en los últimos días han sucedido mas hechos de violencia provocados directamente por personeros de la empresa Chabil Utzaj, su seguridad privada, grupos paramilitares  y sicarios, quienes además de atacar a las familias están hostigando y amenazando  de muerte a brigadas internacionales y voluntarios que en solidaridad y en ausencia del Estado  prestan servicios y proveen ayuda a las comunidades afectadas.



EXIJAMOS AL ESTADO DE GUATEMALA:

·         EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

·         LA RESTITUCIÓN DE LOS BIENES Y EL PAGO DE DAÑOS  PROVOCADOS DURANTE LOS DESALOJOS EJECUTADOS POR CHABIL UTZAJ Y EL ESTADO EN CONTRA DE LAS FAMILIAS DEL VALLE DEL POLOCHIC.

·         QUE DE UNA VEZ POR TODAS SE RESUELVA EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y SE PERMITA VIVIR EN PAZ Y SIN VIOLENCIA A LAS FAMILIAS Q´EQCHI  DEL VALLE DEL POLOCHIC.

·         JUICIO Y CASTIGO A LA EMPRESA CHABIL UTZAJ, GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA, Y GRUPOS PARAMILITARES QUE CONTINUAN ATACANDO A LAS COMUNIDADES, LIDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.



BENEFICIARIOS Y PETICIONARIOS DE MEDIDAS CAUTELARES.



Guatemala, 30 de noviembre 2011.








martes, 25 de octubre de 2011

San Salvador: Última Semana de Octubre en Nuestra AMérica

         

lunes, 24 de octubre de 2011

Centroamérica (In)seguridad ciudadana en Centroamérica: un problema complejo




Marcelo Colussi

Centroamérica constituye el área más pobre del subcontinente latinoamericano. Con índices socioeconómicos semejantes a los del África Sub-sahariana, los problemas estructurales convierten a sus países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) en una virtual bomba de tiempo; en todo caso Costa Rica escapa en parte a esta tendencia, pero con los planes neoliberales vigentes también allí las cosas están calentándose. En todos ellos encontramos altas tasas de desnutrición, analfabetismo, falta de oportunidades laborales, salarios de hambre, Estados deficitarios y corruptos, escasez de servicios básicos, más una serie de factores históricos que a continuación veremos, que hacen de esta zona un lugar particularmente inseguro. Algunas capitales centroamericanas (San Salvador, Guatemala) figuran entre las ciudades más peligrosas del mundo por los alarmantes niveles de criminalidad.

No es ninguna novedad que la pobreza extrema funciona como caldo de cultivo fértil para la delincuencia. A este telón de fondo de la pobreza crónica se suman enormes movimientos migratorios desde el campo hacia las ciudades, lo que crea presiones inmanejables en las grandes concentraciones urbanas -capitales de entre dos y tres millones de habitantes, o más-, trastocando la capacidad productiva de las comunidades de origen dando lugar a procesos fuera de control como son los barrios llamados “marginales”, que en realidad son, lisa y llanamente, barriadas pobres.

En las urbes de los países de la región es muy común la tajante separación entre esos barrios precarios y las barriadas populares inseguras, por un lado, y por otro los lujosos sectores ultraprotegidos de muy difícil o imposible acceso para el ciudadano común y corriente. Caminar por las calles o viajar en transporte público se ha tornado peligroso. E igualmente inseguras y violentas son las zonas rurales: cualquier punto puede ser escenario de un robo, de una violación, de una agresión. La violencia delincuencial ha pasado a ser tan común que no sorprende; por el contrario, ha ido banalizándose, aceptándose como parte normal del paisaje social cotidiano. Es frecuente un asesinato por el robo de un teléfono celular, de un reloj pulsera, de un anillo.

Actualmente la violencia cotidiana ha pasado a ser un problema muy grave en todos estos países. De hecho, la tasa de homicidios llega, y en algunos casos supera, el 40 por cada 100.000 habitantes en un año, considerándosela como muy alta con relación a los patrones internacionales (la Organización Mundial de la Salud habla de “epidemia” de violencia cuando esa tasa supera los 10 homicidios por 100.000 personas). Esta violencia tiene un costo global como porcentaje del Producto Interno Bruto de entre 5 y 25 %, mientras que el de la seguridad privada va del 8 al 25 % (dato significativo: las agencias de seguridad son el ramo comercial que más ha crecido en la década pasada, y el negocio continúa en expansión). Para ejemplificarlo: en Guatemala hay 6 veces más policías privados –120.000 – que públicos –20.000– y eso no garantiza la seguridad.

Es importante destacar que víctimas y victimarios son regularmente jóvenes entre 15 y 25 años.

Tanta violencia nace de un entrecruzamiento de causas: como anticipábamos, de la pobreza estructural, también de la herencia de las guerras de las pasadas décadas, de las migraciones incontrolables; a lo que se suma una impunidad histórica y una profunda ineficiencia de los sistemas de justicia.

Los años 80 marcaron para Centroamérica una época de furiosos enfrentamientos armados internos. En el marco de la Guerra Fría, desde la lógica insurgente y contrainsurgente que se instauró, el área se militarizó absolutamente. Los efectos inmediatos de esas polarizaciones fueron terribles: muertos, heridos, mutilados, pérdidas materiales. Los 90 dieron lugar a procesos de paz en cada país, terminándose la situación bélica de hecho, pero persistiendo enraizada la cultura de violencia que se instaló en toda la zona y cuyas consecuencias aún persisten. En cualquier república centroamericana hoy puede conseguirse en el mercado negro un fusil de asalto con municiones por 100 dólares, y la costumbre de usar armas de fuego está muy extendida (se calcula que entre la población civil hay igual cantidad de armas registradas que de ilegales).

En general son los sectores juveniles los más golpeados por todos estos procesos, los que encuentran menos espacios de desarrollo. Los prejuicios sociales –alimentados por una ideología patriarcal hondamente asentada– ven en la juventud un problema social en sí mismo, sin atender a la compleja problemática que lleva a la proliferación de pandillas juveniles, lo cual es, ante todo, un síntoma social que habla –violenta, groseramente– del fracaso de los modelos imperantes en la región. Una de las salidas más frecuentes para los jóvenes centroamericanos de escasos recursos, tanto urbanos como rurales –que, por cierto, son mayoría– es engrosar las filas de los inmigrantes ilegales rumbo a los Estados Unidos; y si no, transgresión que permita vivir. Entonces, ahí están a la mano las pandillas (las “maras”, como se las conoce en la región), o el crimen organizado, siempre listo para recibir más mano de obra joven.

Un ingrediente que coadyuva fuertemente al clima de violencia cotidiana es la impunidad general que campea: corrupción gubernamental generalizada, sistemas judiciales obsoletos e inoperantes, cuerpos policiales desacreditados, sistemas de presidios colapsados; todo lo cual no contribuye a bajar los índices delincuenciales sino que, a la postre, los retroalimenta. En muchos casos diversos mecanismos de los Estados son secuestrados por mafias del crimen organizado, con grandes cuotas de poder político, que manejan abiertamente sus negocios amparados en esa cobertura legal: narcotráfico, tráfico de indocumentados, poderosas bandas de asaltabancos o robacarros a nivel regional, venta ilegal de recursos maderables. Para estos grupos, demás está decirlo, la criminalidad reinante le es no sólo funcional sino necesaria.

Esta ola delincuencial que azota la región se monta, a su vez, en una historia de violencia cultural signada por el autoritarismo, el machismo, la falta de mecanismos democráticos y de consenso, un espíritu casi feudal en algunos casos. Para usar una expresión ya muy dicha, pero sin dudas siempre oportuna: la violencia genera violencia.

Para la percepción popular la inseguridad pública es uno de los principales problemas a afrontar, si no el mayor, tanto o más que la pobreza histórica. El continuo bombardeo mediático contribuye a reforzar este estereotipo, alimentando un clima de paranoia colectiva donde aparece la “mano dura” como la opción salvadora. Es en esa lógica –deliberadamente manipulada por grupos que se benefician de este clima de violencia– que la militarización de la cultura cotidiana no ceja, y las agencias de seguridad privadas superan con creces a las policías estatales tanto en número de efectivos como en equipamiento; lo cual, valga insistir, en modo alguno garantiza la seguridad ciudadana.

La solución a todo esto no es la represión; la mejor manera de terminar –o al menos reducir sustancialmente– este cáncer social de la violencia delincuencial, de la criminalidad cotidiana, es la prevención; es decir: el mejoramiento de las condiciones de vida de la población: pan y justicia. La seguridad ciudadana no se logra con armas, perros guardianes, alambradas electrificadas y sistemas de alarmas; se logra con equidad social.

Entonces, la pregunta de fondo debe dirigirse a ver qué entendemos por seguridad: ¿defensa de la propiedad privada? ¿Respeto a la vida? ¿Respeto a la dignidad de la vida? ¿Cuidado real del medio ambiente? Para las grandes mayorías de la región, la inseguridad no empieza por la ola delincuencial que barre todas estas sociedades y que puede arrebatar un teléfono celular, un par de lentes o un vehículo quizá: empieza por la forma misma en que se vive, por las condiciones elementales en que se desenvuelven las poblaciones, siempre al borde del colapso, resignadas a esa postración. La (in)seguridad ciudadana va infinitamente más allá del cuidado de los bienes materiales: para la mayoría no hay seguridad de seguir viviendo mañana, pero no por la delincuencia, sino por la hambruna, por las enfermedades, por la pobreza crónica que transforma cualquier evento natural en una tragedia, por el próximo golpe de Estado que puede sobrevenir.

sábado, 22 de octubre de 2011

Nicaragua: PSOCA llama a votar NULO

¡En Nicaragua no hay por quien votar: protestemos, anulando el voto!



El próximo 6 de Noviembre se realizaran las elecciones generales en Nicaragua. Como de costumbre, el ambiente electoral se calienta por la dispuesta entre los candidatos presidenciales, pero a diferencia de cualquier otro proceso electoral ocurrido en Nicaragua después del fracaso de la revolución (1979-1990), por primera vez Daniel Ortega Saavedra, el candidato presidencial del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que aspira a una nueva reelección, aparece como el candidato con mayores posibilidades de ganar estas elecciones



La división de la oposición burguesa.

A pesar de que todos los cuatro candidatos de la derecha claman al cielo y se lamentan por la división de la oposición burguesa,  nada han podido hacer por remediarla. Al igual que las elecciones del año 2006, el otrora poderoso liberalismo va dividido en tres fracciones.

En primer lugar, está la alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), conformada por el Movimiento Vamos con Eduardo (MVCE), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y ex contras de la Resistencia Nicaragüense (RN), levantaron la candidatura presidencial del empresario radial Fabio Gadea Mantilla, y es quien ocupa el segundo lugar de preferencias.

En segundo lugar, está la alianza del debilitado Partido Liberal Constitucionalista (PLC), junto con el Partido Conservador de Nicaragua,  llevan como candidato al ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, acusado de haberse transformado en colaborador del actual gobierno sandinista.

En tercer lugar, está el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partido que se formó como disidencia del PLC y que en el año 2006 levantó la candidatura presidencial de Eduardo Montealegre, pero que ahora lleva de candidato al diputado Enrique Quiñonez.

En cuarto lugar, está el Partido Alianza por la República (APRE), conformado bajo el gobierno del presidente Enrique Bolaños (2002-2007), sin mayor base social que los ex funcionarios disidentes del PLC, lleva como candidato a Roger Guevara Mena.



La hegemonía de la burguesía sandinista

Esta fragmentación de la oposición burguesa, no es producto solo de las torpezas políticas o de las desmedidas ambiciones de poder de sus líderes, sino que tiene profundas raíces sociales y obedece fundamentalmente al abrupto cambio de dueño de las bases económicas de Nicaragua bajo la revolución. Bajo el somocismo, la fracción dominante de la burguesía se agrupaba alrededor de la familia Somoza. Con la revolución, la burguesía tradicional en su conjunto, fuera somocista o no, fue debilitada por las expropiaciones. Al finalizar la revolución, emergió una nueva burguesía del proceso conocido como la “piñata” y también de las privatizaciones ocurridas bajos los gobiernos posteriores.

El resultado final ha sido el surgimiento y fortalecimiento de una evidente nueva burguesía, ligada a la cúpula dirigente del FSLN. La burguesía sandinista, cuyos principales líderes fueron revolucionarios, se apoya en un denso entramado social de pequeños y medianos productores urbanos y rurales, con una cúpula mucho más reducida pero rica, que ahora está directamente ejerciendo el poder. Contradictoriamente, el periodo de los gobiernos neoliberales sirvió para fortalecer a la burguesía sandinista, convirtiéndose en la actualidad en el sector hegemónico de la burguesía nicaragüense, dejado por fuera, claro está, a la oligarquía financiera.

En el periodo 1990-2006, de brutal ofensiva del neoliberalismo en el mundo, el FSLN utilizó y manipuló hábilmente las luchas sociales de resistencia para negociar cuotas de poder con los gobiernos de turno, situación que a la larga le permitió recuperar las riendas del gobierno en el año 2007.

Esto incide directamente sobre la oposición burguesa, acelerando su división y fragmentación. La oposición burguesa esta huérfana, no tiene sectores burgueses que los respalden. Esta orfandad se acrecienta en la medida en que el gobierno sandinista ha establecido compromisos serios y profundos con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y con la oligarquía financiera (Grupo Pellas, Grupo Banpro, Grupo Lafise), quienes aplauden la actual política económica neoliberal. Los empresarios están muy contestos  con el gobierno de Daniel Ortega.



Los dulces frutos del Neoliberalismo social

A diferencia del periodo de la revolución, bajo esta segunda presidencia del Daniel Ortega se caracteriza por la aplicación del más crudo neoliberalismo económico mitigado con programas de asistencia social. Todas las políticas económicas que el actual gobierno sandinista ha aplicado desde el año 2007 han sido absolutamente neoliberales, son una continuidad de las políticas de los gobiernos anteriores. No lo decimos nosotros, lo han dicho los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Managua.

El manejo discrecional de más de 1,000 millones de dólares anuales, provenientes de los convenios petroleros con Venezuela, le han permitido implementar programas sociales como hambre cero, usura cero, plan techo, construcción de viviendas de interés social, etc. A lo anterior habría que agregar una agresiva política de titulación, es decir, de legalización de las propiedades obtenidas durante la transición en 1990, o producto de las luchas sociales.

Estos programas de asistencialismo social a los sectores en extrema pobreza, los subsidios, han permitido una coyuntural reducción de la extrema pobreza, que no se sustenta en el crecimiento del empleo y de la producción, pero que si acrecienta las ilusiones políticas y parece haber aumentado significativamente la base social electoral del FSLN. Desde 1990, superando relativamente el caos económico que se produjo durante la revolución, el PIB de Nicaragua ha crecido promedio un 3% en los últimos 20 años, manteniendo una meseta inalterable, mientras el país tiene una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del mundo. Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina.



La cuestionada candidatura de Daniel Ortega.

Al fracasar las negociaciones para aprobar la reforma constitucional que permitiera la reelección continua, Daniel Ortega tuvo que utilizar el férreo control sobre la Corte Suprema de Justicia, con la omisión colaboracionista de los magistrados fieles a Arnoldo Alemán, para obtener la sentencia No 504-2009 que declaró inaplicable el arto 147 de la Constitución de Nicaragua, referido a la prohibición para optar a la reelección continua.

En diferentes oportunidades hemos expresado que la reelección presidencial no es un problema de principios para los socialistas centroamericanos. La escogencia y permanencia en los cargos públicos debe estar sujeta a la voluntad popular, expresada democráticamente. En ese sentido, si la mayoría del pueblo quiere que alguien permanezca en el poder, esta voluntad debe ser respetada. Si la mayoría del pueblo decide que Daniel Ortega continúe en la presidencia, esta voluntad soberana debe ser respetada, nos guste o no.

El problema es que en Nicaragua actualmente no existen condiciones democráticas para que el pueblo se exprese libremente, ya que desde las instituciones del Estado se limitan lo más elementales derechos democráticos de reunión, organización y manifestación. La Ley Electoral del año 2000 está diseñada para perpetuar un sistema político bipartidista, ahora con hegemonía del FSLN. Al prohibir la pluralidad, al establecer condiciones restrictivas para la formación y desarrollo de los partidos políticos, la actual Ley Electoral es el candado que aprisiona las libertades políticas y democráticas.

La fragmentada oposición burguesa no cuestionó las reglas del juego electoral, no critica la Ley Electoral, reculó en sus exigencias de cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), porque cree que puede derrotar electoralmente a Daniel Ortega, como ocurrió en 1990, confiando en el rechazo automático de la psiquis popular, sin necesidad de hacer la más mínima reforma electoral.



Los conflictos con la Iglesia

Mientras los empresarios nicaragüenses viven en éxtasis por las políticas económicas abiertamente capitalistas del gobierno sandinista, la Iglesia Católica mantiene públicas contradicciones con el FSLN, convirtiéndose de hecho en el más importante partido de oposición.

Entre los principales causas de este conflicto podemos mencionar la conversión del Cardenal Miguel Obando y Bravo, antiguo acérrimo enemigo del sandinismo y su utilización de sus figura en actos de gobierno; el crecimiento de la influencia de las iglesias protestantes, alentadas por el gobierno; las amenazas de recorte del subsidio estatal a los colegios católicos, el control sobre las donaciones y ayudas a los organismos de beneficencia, etc.

Pero la Iglesia Católica, como institución contrarrevolucionaria, no trabaja para salvar a las almas pecadoras, sino que hace campaña política terrenal a favor de la oposición burguesa. Desde los púlpitos los curas exhortan a los fieles a votar por “el bien contra el mal”.



La pelea por el régimen político

Bajo el segundo gobierno de Daniel Ortega, el FSLN ha reforzado su control partidario sobre todas las instituciones del Estado, provocando pánico en la oposición burguesa, especialmente en los grandes medios de comunicación (Canal 2, La Prensa y El Nuevo Diario), quienes acusan a Ortega de estar forjando una nueva dictadura.

La oposición burguesa ya no critica al FSLN de estar llevando a cabo confiscaciones, como ocurrió durante la revolución (1979-1990), ni de conducir el país al socialismo. En la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y migración ilegal, el gobierno sandinista mantiene excelentes relaciones de amistad y cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Aunque algunas veces Daniel Ortega recurre a la retórica antiimperialista, en realidad se trata de simples discursos y no de políticas que acrecienten la lucha contra el imperialismo en Nicaragua y Centroamérica.

La política económica del gobierno sandinista ha sido avalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el plano económico no hay mayores diferencias entre el FSLN y las otras fracciones de la burguesía, todos son neoliberales hasta las cachas, pero si hay diferencias en torno a las características cada vez más bonapartistas del régimen político bajo la administración de Daniel Ortega.

Desde la reforma constitucional del año 2000, el régimen político en Nicaragua está basado en el pacto entre dos grandes partidos, el PLC y FSLN, por medio del cual se reparten igualitariamente los cargos públicos. Atizando la división del liberalismo, el FSLN retornó al gobierno en el año 2006, cambiando dramáticamente la correlación de fuerzas.

Uno de los puntos que más preocupa a las otras fracciones de la burguesía es el acelerado enriquecimiento del grupo en el poder, específicamente por el manejo “poco transparente” de la ayuda venezolana. La economía y el mercado nicaragüense son extremadamente reducidos y cuando un grupo económico crece y se desarrolla, en realidad lo hace a costa de desplazar a los otros grupos.

Para el FSLN la reelección de Daniel Ortega es un asunto de vida o muerte. Está en juego no solo la continuidad en el poder político, sino la consolidación de la hegemonía de la burguesía sandinista. La pelea entre el FSLN y la fragmentada oposición burguesa, está centrada en el régimen político, es decir, en la forma en que el FSLN está ejerciendo el poder político, el cual que adquiere características cada vez más autoritarias y de grupo familiar. El FSLN no aspira a repartirse equitativamente las cuotas de poder con sus socios del PLC. Ahora, con mayor respaldo popular, aspira conquistar la reelección de Daniel Ortega, obtener 56 votos dentro de la Asamblea Nacional y ejercer el poder con hegemonía. Los otros partidos de la oposición burguesa aspiran a negociar o renegociar el statu quo con el FSLN.



Triste papel del MRS

En el año 1994 el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) surgió como una escisión abiertamente socialdemócrata del FSLN. Sin embargo, en el último periodo, especialmente durante las elecciones del año 2006, el MRS apareció ante un sector importante de la juventud nicaragüense como una organización de izquierda, que combatía las tendencias totalitarias del FSLN.

Esta mascara se cayó durante las elecciones municipales del año 2008, cuando la cúpula del MRS se alió y apoyo incondicionalmente la candidatura del liberal Eduardo Montealegre para la alcaldía de Managua. Este giro a la derecha de la cúpula del MRS se ha profundizado en la presente campaña electoral: Edmundo Jarquín, militante del MRS, es el candidato a vicepresidente de la alianza PLI. Con ello, el MRS se convirtió en furgón de cola de la oposición burguesa liderada por Eduardo Montealegre.

 El otro sector disidente del FSLN es el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS), que lidera Mónica Baltodano, quienes se negaron a participar en la alianza PLI. Bastante debilitados por el acoso oficial, el MPRS al menos tuvo la dignidad de llamar a votar nulo en las elecciones municipales del año 2008, distanciados de la vergonzosa traición del MRS. Para las elecciones del 6 de Noviembre, el MPRS ha llamado nuevamente a votar nulo.



Es hora de protestar: votando nulo!

Y es que en las actuales condiciones, en las que los candidatos de los cuatro partidos coinciden en la necesidad de aplicar planes neoliberales, incluso cuando todos afirman que seguirán con los planes de asistencialismo social impulsados por el gobierno sandinista, en realidad no hay alternativas independientes.

El FSLN dejó de ser revolucionario hace mucho tiempo, no es un partido de “izquierda” ni representa los intereses de los trabajadores y los pobres como algunos ingenuamente creen, ahora el FSLN refleja los intereses hegemónicos de la burguesía sandinista.

Los partidos de la oposición burguesa, aunque huérfanos de un sector burgués representativo, tampoco representan los intereses populares, pero si quieren utilizar el descontento social  para negociar o renegociar sus cuotas de poder con el sandinismo dentro de las instituciones del Estado.

En la actual campaña electoral en Nicaragua no hay un solo partido que refleje los genuinos intereses del pueblo trabajador. Debido a que el sistema electoral antidemocrático no ha permitido la participación de partidos de izquierda, y cuando todos los partidos que compiten defienden el actual sistema capitalista, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a protestar activamente este 6 de Noviembre, marcando nulo en todas las casillas, anulando tu voto.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores y jóvenes nicaragüenses a repudiar el actual estado de cosas, a organizarse de manera independiente, a no ser manipulados por los aparatos electorales de este antidemocrático sistema bipartidista, y a prepararnos para luchar en el futuro inmediato por la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, libre, soberana e independiente, que reorganice Nicaragua en beneficio de los más pobres.

Centroamérica, 20 de Octubre del año 2011

Secretariado Centroamericano (SECA) del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)















miércoles, 19 de octubre de 2011

USAC: GUATEMALA.- La decadencia de la AEU: el eco de la contradicción


Por Marcial Rivera
La Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León –bautizada así en honor al insigne líder asesinado en el 78- desde su nacimiento y hasta antes de la década pasada, se convirtió en la Organización de vanguardia de la lucha estudiantil Universitaria. Desde la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se impulsaron diferentes luchas encaminadas a diferentes reformas de corte estructural, en beneficio no solo de la Universidad, sino además de la Guatemala misma. De manera que entonces desde sus inicios la AEU no se limitó a lo académico, sino trascendió de las luchas estudiantiles, a la lucha generalizada por un mejor país, en el que convergieran los diferentes sectores de la sociedad.
La década de los ´70´s fue sin duda alguna la antesala a los conflictos centroamericanos internos en El Salvador y Nicaragua y a la agudización del mismo en Guatemala. Esta década fue el período en el que la AEU tuvo su mayor auge, pues dicha organización estudiantil, logró poner al estudiantado San Carlista en función de la lucha estudiantil y se convirtió en un referente a nivel nacional, al establecer nexos con otros sectores, organizaciones e instituciones que desde sus respectivas trincheras libraban similares luchas a las que se libraban desde la AEU. En el ´78 fue asesinado de forma vil y cobarde el entonces Secretario General de la AEU, Compañero Oliverio Castañeda de León en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. De forma casi inmediata también fueron asesinados los otros líderes de la AEU, que fueron ocupando poco a poco, los puestos que iban quedando.
Crisis Actual
A finales de los 90´s, en una época de reciente firma de los acuerdos de paz, impuestos en parte por Estados Unidos y su política exterior, se dan las elecciones del Secretariado de la AEU, en las que el grupo de los gatos imponen su candidatura y además ganan, aliados con grupos de derecha mezclados en diferentes unidades académicas, y enquistados en los comités de la Honorable Huelga de Dolores, las diferentes unidades académicas.
A mediados de la década de los 2000 Rescate Estudiantil –grupo estudiantil de tendencia izquierdista- intenta ganar las elecciones, en una coyuntura muy complicada, fracasando en su intento.
A finales de la década de los 2000, diferentes unidades académicas se cohesionan, debido a la marcada preocupación que existe por la problemática de la AEU –Ingeniería, Farmacia, Económicas, Agronomía- formando la Asamblea Permanente de Estudiantes por la Autonomía, APEA, y en la actualidad Estudiantes por la Autonomía EPA, que bien podría considerarse como la organización sucesora de APEA. EPA surge en 2010, en la primera toma del campus central que tuvo una duración de poco más de 10 días, y ya más unida participa en la segunda toma de cincuenta y cuatro días.
La AEU, estuvo ausente de toda esta coyuntura, pues el grupo de crimen organizado que ha cooptado el Secretariado centraba su atención en el control de las extorsiones que llevan a cabo en los diferentes negocios y en la venta de drogas y armas que tienen al interior del campus, sin dejar de mencionar el lucrativo negocio que ellos han hecho de la Huelga de Dolores.
Decadencia y división
Finalmente, debe mencionarse que la AEU se ha dividido a partir de alianzas de sus miembros con los partidos Partido Unionista, y la Unión del Cambio Nacional. La candidatura más significativa fue la de Jorge Mario García a la Municipalidad de Mixco. La división por la que atraviesa la mafia que ha controlado la AEU se evidencia en que un grupo está llamando a votar por el Partido Patriota y otro llama a votar contra los militares.
En las recientes elecciones estudiantiles en la Facultad de Medicina se manifestó también esta pugna entre los dos grupos de AEU, uno de los cuales ha tratado de conquistar a los estudiantes que se han organizado independientemente. La división existente en la AEU, evidencia el declive de un grupo que parecía ser bastante unido –para sus intereses oscuros, claro está-.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), exhorta a las y los Estudiantes de la Facultad de Medicina, y al Estudiantado en general, a diseñar una estrategia encaminada a expulsar los delincuentes que se encuentran enquistados en el Secretariado General de la AEU, y que dicha asociación, sea retomada por un verdadero grupo de compañeros y compañeras, que la lleven a convertirse en la Organización de vanguardia estudiantil, y que retomen su papel histórico, dejando atrás su perfil bajo.

miércoles, 12 de octubre de 2011

Centroamérica: Entre SIDA y terrorismo




Marcelo Colussi

SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirido): síndrome –conjunto de síntomas y manifestaciones varios donde pueden aparecer diferentes enfermedades e infecciones oportunistas– que afecta el sistema inmunológico tornándolo deficiente, adquirido a partir del contagio por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

La definición es clara; no admite mayores dudas ni cuestionamientos. De acuerdo a nuestros actuales parámetros epistemológicos, podemos decir sin temor a equivocarnos que conlleva todas las características de una práctica científica si no neutra (nada es neutro), al menos rigurosa: es válida universalmente y no se presta a manipulaciones.

Esta enfermedad ha producido 65 millones de infectados en los últimos 20 años, cobrando 28 millones de vidas. Diariamente alrededor de 3.000 personas en el mundo contraen el virus de inmunodeficiencia humana. En términos sanitarios estamos ante una gravísima pandemia cuya tendencia es, de momento, seguir ampliándose. Con las perspectivas actuales, la pandemia está matando 3 millones de personas anualmente.

Aunque se sabe muy claramente qué es el SIDA, los responsables de las distintas instancias encargadas de velar por la salud (gobiernos y agencias internacionales) no han podido generar los instrumentos y políticas necesarias para revertir la situación. En algunos puntos del globo incluso, como en el África Subsahariana, el grado de infección llega a casi la mitad de la población total de algunos países.

Según estimaciones realistas de diversos expertos en la materia, serían necesarios 7 mil millones de dólares para poder revertir esta calamidad sanitaria; pero los presupuestos destinados por los países desarrollados rondan los 5 mil millones. Y el problema continúa creciendo.

Terrorismo: aquí es más difícil precisar una definición. O, al menos, una definición con similares características de rigurosidad. De hecho se han aportado varias, pero los mismos ideólogos que debaten sobre sus propiedades no terminan de encontrar una versión convincente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en su Informe anual "Tendencias del Terrorismo Mundial 2002" –publicado en abril del año 2003–, antes de definirlo comienza diciendo que "la maldad del terrorismo siguió azotando al mundo en 2002, desde Bali hasta Grozny y hasta Mombasa. Al mismo tiempo, se libró intensamente la guerra mundial contra la amenaza terrorista en todas las regiones, con resultados alentadores", con lo que, ante todo, se parte de una valoración: el terrorismo es intrínsecamente malo. Acto seguido lo caracteriza diciendo que "se constituye, tanto en el ámbito interno como en el mundial, en una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación moral alguna".

Debe contextualizarse esa definición en el momento mismo en que aparece: es durante la primera presidencia de George Bush hijo, en medio de la avanzada de la ultra derecha republicana cuando había comenzado la estrategia de guerras preventivas luego de los atentados contra el Centro Mundial de Comercio y el Pentágono, en el 2001.

El entonces presidente proclamó en el 2003 el día 11 de septiembre –día de la caída de las Torres Gemelas– como Día del Patriota (también propuso establecer esa fecha como Día Mundial de Lucha contra el Terrorismo, pero la idea no prosperó) y dijo que Estados Unidos "no se cansará, no titubeará y no fracasará en la lucha por la seguridad del pueblo estadounidense y por un mundo libre del terrorismo. Seguiremos sometiendo a nuestros enemigos a la justicia o les llevaremos la justicia a ellos".

De acuerdo a datos suministrados por el gobierno federal de Washington, el terrorismo ha matado en el mundo, entre 1996 y el 2001, a 24.429 personas (la misma cantidad que contrae el VIH en 8 días). Lo curioso es que para combatir este flagelo sanitario, el Ejecutivo estadounidense solicitó al Congreso en el ejercicio presupuestario de ese año la cantidad de 3.000 millones de dólares (de los que el Legislativo aprobó sólo 1.000), mientras que para mantener la lucha contra el terrorismo solicitó casi 30 veces más: 87.000 millones.

Algunos años después, el Presidente de Estados Unidos (y Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, que al mismo tiempo es, aunque suene contradictorio, comandante en jefe de las fuerzas armadas más poderosas del planeta), presentó el 1 de febrero el presupuesto militar para el ejercicio fiscal 2011. La lucha contra el terrorismo es prioritaria, similar a lo que acontecía tiempo atrás con la administración republicana. Se trata, según diferentes agencias de noticias, del plan de gastos más elevado de la historia: 708.000 millones de dólares. Nunca antes se había previsto gastar tanto para alimentar la maquinaria bélica de la gran potencia y, naturalmente, las cuentas bancarias del complejo militar-industrial que la alienta. ¿Es realmente prioritaria esa inversión en armamentos cada vez más sofisticados que la salud de los infectados con el VIH?

La lucha contra el siempre mal definido y excesivamente amplio "terrorismo" (concepto que da para todo, por supuesto), cruzada absoluta en la que la clase dirigente estadounidense está empeñada a fondo para seguir manteniendo su hegemonía mundial independientemente de la administración de turno –republicana o demócrata– puede llevar a cometer cualquier tipo de disparate… o de injusticia. Por ejemplo: encontrar vínculos entre las pandillas juveniles centroamericanas y las fuerzas de Al Qaeda (¿preparando el desembarco de los marines en esa región para "proteger" a su población?; región, por cierto, increíblemente rica en biodiversidad), o a ver bases de los "fundamentalistas islámicos" en la caribeña isla de Margarita, perteneciente a Venezuela (casualmente la reserva de petróleo más grande del mundo. ¿Invasión a la vista también?), o a descubrir escuelas coránicas de los "terroristas" sucesores de Osama Bin Laden en la triple frontera paraguayo-argentino-brasileña donde, de hecho, se encuentra una de las bases militares estadounidenses más poderosas de las que tiene establecidas en Latinoamérica, casualmente donde se ubica el Acuífero Guaraní, la segunda reserva de agua dulce subterránea más grande del orbe.

O hay un error en los cálculos, o evidentemente la apreciación de los estrategas estadounidenses se equivoca, puesto que ven una mayor amenaza a la seguridad de la especie humana en el siempre confuso e impreciso "terrorismo" que en la pandemia de SIDA que mata a diario infinitamente más gente. O, mucho más crudamente: son unos descarados delincuentes. ¿Será que la lucha infinita contra el terrorismo tiene como causa final… arrebatar esos recursos: petróleo, agua dulce, biodiversidad? Hoy día el principal flujo de terrorismo internacional viene de los pueblos musulmanes de Medio Oriente donde –¡oh, casualidad!– se encuentran las principales fuentes de oro negro que utiliza el mundo. ¿Son estos pueblos realmente la verdadera amenaza a la paz mundial? Difícil creerlo, ¿verdad? ¿Por qué los misiles nucleares que posee Corea del Norte, o los que podría desarrollar Irán eventualmente, son un "atentado" a la Humanidad, mientras que los 6.000 que tiene emplazados el gobierno de Estados Unidos son una garantía para la paz?

Un artefacto explosivo detonado por un "terrorista" en un lugar público (aunque… ¿existen realmente los "terroristas"?, ¿quiénes son?) puede matar población civil no combatiente, lo cual es éticamente criticable. ¿Pero qué otra cosa son las intervenciones militares sobre la población civil en, por ejemplo, un bombardeo de los que las potencias occidentales, y más aún el gobierno de Estados Unidos, han realizado cantidades industriales durante todo el siglo pasado y lo que va del presente? ¿No constituyen esas acciones actos terroristas entonces? ¿Qué fueron sino eso las dos bombas atómicas lanzadas contra población civil desarmada en Japón para finalizar la Segunda Guerra Mundial? La guerra bacteriológica –de la que el VIH sería uno de sus resultados, premeditado o casual, habrá que investigarlo alguna vez– ¿acaso no es terrorismo? Es decir, siguiendo la misma imprecisa definición de arriba: ¿no es un "acto violento, degradante e intimidatorio, aplicado sin reserva o preocupación moral alguna"? Si de crear terror se trata, las potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza son especialistas, aunque nadie las siente en el banquillo de los acusados.