Marcelo
Colussi
Alzar la voz contra la industria minera tal
como se está haciendo en Guatemala hoy día no es un capricho: ¡es una medida imprescindible
en favor de la salud de la población y en defensa del medio ambiente!
La minería es vital para las sociedades; el
desarrollo humano hace uso creciente de metales y diversos minerales. Desde la
aparición del cobre hace 9,000 años hasta los elementos hoy conocidos como
estratégicos (coltán, niobio, torio -futuro sustituto del petróleo-), la
historia de la humanidad va de la mano de la investigación minera.
¿Qué es lo cuestionable entonces? La forma en
que se hace la explotación, el descuido y desprecio de las poblaciones, la
búsqueda de lucro empresarial a cualquier costo. El caso de la mina Marlin, en
Guatemala, lo evidencia de modo patético.
La empresa Minera Montana Exploradora de
Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp, es
propietaria del proyecto minero Marlin. Inició exploraciones en territorio maya-mam
y maya-sipakapense en 1996 (municipios de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán,
departamento de San Marcos), con una licencia del Ministerio de Energía y
Minas. En 2003 el Ministerio de Ambiente aprobó el Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental y Social presentado por la empresa. Dos meses después,
Energía y Minas otorgó licencia a la minera para explotar oro y plata. Ambas
resoluciones carecen de validez, pues no se realizó una consulta ciudadana para
consensuar el proyecto en cuestión, tal como lo estipula el artículo 15.2 del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, que
también es ley guatemalteca, y que obliga a hacer un referéndum para tomar este
tipo de decisiones. La mina Marlin comenzó operaciones, saltando estas
regulaciones legales, en el 2005.
En Sipakapa, el pueblo maya-sipakapense realizó una consulta popular en 2005, donde 99% de la población dijo
no a la actividad minera en su territorio, sabiendo de los severos daños
medioambientales y sanitarios que la misma podría acarrear, tal como sucedió en
otros puntos del planeta, de lo que ya existe copiosa información. El resultado
del plebiscito fue ignorado por el gobierno y la empresa.
La explotación minera implica la desaparición
de 142 hectáreas de bosques y suelos en los primeros dos años de operaciones, y
una eliminación de cobertura boscosa de 289 hectáreas al final de las actividades.
La operación genera 170 barriles de desechos mensuales (una tercera parte son
desechos orgánicos), con una estimación total de 23 a 27 millones de toneladas
de residuos al final del proyecto.
Los desechos generarán una escombrera con 38
millones de toneladas de basura. Dicha área se extenderá en 157 hectáreas, y el
depósito de lodos en 150 hectáreas, existiendo una alta probabilidad de
liberación de aguas ácidas del material depositado en la escombrera en época de
lluvias, así como de ocurrencia de derrames con consecuentes riesgos sanitarios
y ambientales para las poblaciones, el entorno y las especies acuáticas.
La empresa perfora 60 pozos de 7 metros de
profundidad para detonaciones diarias. Producto de las detonaciones se han
ocasionado daños en viviendas ubicadas en sus inmediaciones. Desde el inicio de
operaciones, las poblaciones de las aldeas locales han padecido una creciente
escasez hídrica. En la población maya-mam de San Miguel Ixtahuacán se han
secado 6 pozos.
Parte de los deshechos de la mina van a parar a
los ríos Cuilco y Tzalá y sus afluentes, que son las principales fuentes de
agua de la región para consumo y actividades de subsistencia. A partir de su
contaminación, aparecen los problemas de salud. Existen altas concentraciones
de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico. Todo ello ocasiona
diversas afecciones dermatológicas, gástricas, neurológicas, y en muchas
ocasiones: cáncer.
Más allá de pomposas declaraciones de gobierno
y empresa, la realidad es cruel. Denuncias de afectación en la salud en la
población de Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán por el consumo de aguas
contaminadas surgieron desde casi los inicios de las operaciones de la mina.
Dichas denuncias se basaban en: a) problemas de salud por trabajar en la mina;
y b) problemas de salud provocados por la supuesta contaminación de las fuentes
de agua, o escasez debido a la secada de los ríos. Pero dichas denuncias
siempre fueron desvirtuadas por la empresa y por el Estado.
En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos -CIDH- otorgó medidas cautelares a favor de 18 comunidades del pueblo
indígena maya. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que suspenda la
explotación de la mina Marlin, e implementar medidas efectivas para prevenir la
contaminación ambiental, hasta tanto la Comisión adoptara una decisión sobre el
fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares. Pero en
el 2011, contrariando la voluntad popular, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, obviamente por presiones recibidas de parte de la empresa,
modificó las medidas cautelares que había otorgado. Por lo pronto, suprimió la solicitud de suspensión de las
operaciones de la mina, de descontaminar las fuentes de agua y de atender los
problemas de salud.
La mina Marlin extrae
minerales a partir de 2003, pero desde 2012 solo trabaja su subsuelo. Tiempo
atrás su director informó que la mina iría cerrando paulatinamente para
finalizar operaciones en 2016. Sin embargo, en 2014, solicitó una prórroga y
nuevo subsuelo para trabajar. Por ley, una mina en Guatemala dispone como
máximo de 20 kilómetros cuadrados para explotar su superficie y su subsuelo por
un lapso de 25 años. La estrategia de Montana para continuar al menos dos años
más fue restar un kilómetro ya explotado que no rendía para agregar otro
kilómetro cuadrado con potencial en su subsuelo, que no forma parte de su área
de explotación. La maniobra le permitió seguir operando. Y el Estado aprobó la
jugarreta.
La autorización fue
firmada a principios de enero del 2016; Montana fue notificada de la
autorización el 11 de enero de 2016, tres días antes de que concluyera el
mandato del presidente provisional Alejandro Maldonado. Un mes después, el
proyecto siguió adelante bajo la presidencia del nuevo mandatario Jimmy
Morales. Finalmente, por las presiones populares, la mina cerró en mayo del
2017.
Durante más de 11
años de operación ganó Q. 32,000 millones (más de 4,000 millones de dólares),
mientras que el Estado recibió como regalías Q. 705.29 millones (unos 100
millones de dólares). Aunque cesaron las operaciones, los trabajos de
recuperación ambiental y desmantelamiento de la infraestructura se extenderán
hasta el 2020. Son necesarios: tratamiento de agua a largo plazo, recuperación
de la roca estéril, reforestación, control de erosión y remoción de
instalaciones, equipo y desechos de la mina. Sin embargo no hay un plan real
de recuperación por parte de la empresa. La misma pagó una fianza de Q. 8
millones para cubrir la recuperación del área, aunque según cálculos de
expertos se necesitarían Q. 389 millones (49 millones de dólares).
La mina se va, las dádivas que deja de regalía
son absurdas, y quedan las enfermedades y la deforestación. Como dijera
Atahualpa Yupanqui: “las penas son de
nosotros, las vaquitas son ajenas”. ¿Hasta cuándo?
