miércoles, 30 de octubre de 2013

Despenalización de las drogas: un camino posible




Desde Guatemala
Despenalización de las drogas: un camino posible


Marcelo Colussi


El consumo de sustancias psicotrópicas con fines evasivos es absolutamente humano; siempre se dio, y nada puede garantizar que no se siga dando. Haber transformado esa condición humana en un lucrativo negocio es relativamente nuevo. La actual narcoactividad crece en el mundo, en todas sus facetas: producción de drogas ilícitas, tráfico, comercialización, consumo, lavado de los capitales que genera. Guatemala no escapa a esa tendencia.
Somos un país de tránsito de drogas ilegales, un puente entre Sudamérica, donde se produce la mayor cantidad de cocaína, y Estados Unidos, su principal consumidor mundial. La situación de paso hacia el norte en el tránsito de sustancias ilícitas trae aparejada una aureola de violencia que va definiendo la dinámica social. La violencia ligada a la narcoactividad ronda el 40% de los homicidios que tienen lugar hoy en el país.
El circuito de la narcoactividad en su conjunto representa hasta un 10% del Producto Bruto Interno, lo que hace del negocio un poderoso factor de influencia política y creciente presencia sociocultural. Podría decirse que en este momento están sentadas las bases para pasar a ser un narco-Estado.
La debilidad estructural del mismo, su cultura histórica de corrupción y abandono en el cumplimiento de sus tareas básicas de atención de las grandes necesidades de la población, permite la avanzada de la narcoactividad, por no querer y/o no poder ofrecer alternativas, dejando así en manos de redes criminales aspectos que, de suyo, deberían ser de su competencia.
Hasta la fecha, las distintas acciones para abordar el problema de la narcoactividad dentro del país se han venido realizando desde marcos punitivos. Ello responde a las pautas fijadas por el gobierno de Estados Unidos para la región, desde donde se imponen planteos prohibicionistas que se ligan con luchas frontales al tema de las drogas prohibidas, siempre desde una lógica militarizada. La evidencia demuestra que esa lucha no da grandes resultados (o ninguno), pues el consumo global no baja y la violencia concomitante a su comercialización no se detiene. Por ello existen planteos alternativos que ponen el énfasis en abordajes que hacen de todo el asunto un problema socio-sanitario, lo que constituye una visión superadora del paradigma prohibicionista.
El Ejecutivo Nacional lanzó el año pasado la propuesta de despenalizar las drogas, desmarcándose así de la lógica dominante impuesta por Washington. La idea surgió como propuesta de política externa, pero a nivel nacional no se ha desarrollado nada para darle sostenimiento. En principio, poco o nada trabajada como está la iniciativa, la opinión pública nacional no se muestra especialmente favorable a la despenalización, enfrascada en otro tipo de problemas más acuciantes del día a día. En sentido estricto, no existe una propuesta orgánica a nivel nacional que dé sustento a la iniciativa presidencial.
La forma en que se trajo la propuesta al seno de los países de la región centroamericana no fue la más feliz. Tuvo mucho de impositivo y faltó un trajo previo de cabildeo. Si bien se logró instalar el tema en la OEA, ello no asegura que la despenalización como política regional tenga un futuro asegurado, ni a través del organismo diplomático ni del consenso entre países del área.

El planteamiento de la despenalización en solitario, sólo por parte de Guatemala, es un imposible. El negocio de las drogas ilegales es un problema global, y siendo nuestro país un eslabón más en la compleja cadena que une los productores de Sudamérica con los consumidores de América del Norte, obliga a hacer abordajes regionales. En el punto actual de la propuesta, no está claro qué ni cómo se despenalizaría exactamente, y menos aún, cómo eso bajaría efectivamente los índices de violencia. Ello debería obligar a un pormenorizado estudio con base científica que fundamente con precisión qué hacer para la promoción de una política de Estado en el tema, sostenible en el tiempo más allá de la administración actual.

EL SALVADOR: ¡Que el pueblo elija directamente a Magistrados y Autoridades!





Por Marcial Rivera
“…planteamos Asamblea Constituyente para que se le de la tierra a los campesinos y para que en ella se vote el armamento del proletariado, la escala móvil de salarios y de horas de trabajo, tanto como la expropiación de los monopolios”
León Trotsky, Revolución y Asamblea Nacional Constituyente.
La semana pasada trascendió en los medios de comunicación la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional, del nombramiento de Salomón Padilla como presidente de la Sala de lo Constitucional, quien ejerciera el cargo desde que fue nombrado por la Asamblea Legislativa en agosto de dos mil doce. El fallo se dio fundamentalmente por transgredir el principio de independencia de poderes, y el tema de la filiación partidaria en un órgano que es encargado de administrar justicia.
En tal sentido la Constitución Política de la República en su artículo 218 sostiene: “ARTICULO 218.- Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley”. Debe recordarse además, que la presidencia de la Sala de lo Constitucional es tripartita y por tanto la concentración de funciones tanto administrativas como jurisdiccionales es alta: Tiene la presidencia de la Sala de lo Constitucional, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y la presidencia del Órgano Judicial.
Escenario de crisis
Esto genera un nuevo escenario de crisis institucional y de irrespeto al Estado de Derecho y la Constitución. Hay que recordar que esta institución del Estado ha generado interludios de polémica en distintos espacios, justamente porque sus resoluciones han trastocado la dinámica del ejercicio democrático y del poder político en El Salvador. Estos conflictos han generado distintas críticas hacia la misma, desde posiciones sectarias en el sentido de calificar a los '4 magistrados' como 'Agentes de la CIA'; hasta otras posiciones más racionales en las que existen señalamientos de 'Asamblea Constituyente derivada', rol que no le compete -por Constitución- a la Sala de lo Constitucional, sino a la Asamblea Legislativa.
Si bien es cierto que Salomón Padilla tenía filiación partidaria con el FMLN e incluso el periódico digital elfaro.net, desnudó los listados del FMLN de algunos procesos de elecciones internas en este instituto político, no hay mayor trascendencia a otras implicaciones que esto puede tener. No puede negarse que cada persona tenga alguna ideología o afinidad partidaria, sería ilógico pensar que una funcionaria pública o un funcionario público se encuentre en el ejercicio del poder sin tener alguna ideología específica o afinidad con determinado partido.
En algunas declaraciones vertidas en los medios de comunicación, Roberto Lorenzana -Secretario de Comunicaciones del FMLN- afirmaba que el presidente interno de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, tuvo participación en las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (Una de las 5 fuerzas político-militares que conformaron el FMLN histórico) y que en la actualidad se avergüenza de su ideología de izquierda. Al leer entre líneas bien podría aseverarse que a juicio de Lorenzana el nombramiento de Florentín Meléndez, podría ser también inconstitucional.
¿Elementos?
En términos muy sucintos, la declaratoria de inconstitucionalidad del nombramiento como presidente de la Sala de lo Constitucional de Salomón Padilla, por su filiación política con el FMLN, supone algunos elementos interesantes. En principio, -en apariencia- esta declaratoria de inconstitucionalidad marca un precedente en la Jurisdicción Constitucional en El Salvador de respeto a la ley, pues la filiación partidaria por parte de las funcionarias y los funcionarios del Estado per se, y por Constitución es prohibida.
Esta resolución sienta un precedente para el nombramiento de las futuras presidencias tanto de la Sala de lo Constitucional como de otras Salas, lo que también debe llevarnos al otro extremo del análisis, en el que únicamente hay ‘justicia’ en una institución pero no en las demás. Esto porque es lógico que en la dinámica actual de los Partidos 'Cártel' que se vive en El Salvador, y que se han distribuido las instituciones del Estado de forma 'finquera y latifundista', es complicado desmitificar la dinámica de 'repartición' de las instituciones del Estado, y aspirar a la dirección de las mismas por parte de ciudadanas o ciudadanos con idoneidad y sin filiación partidaria -en su sentido granítico- para ejercer el cargo.
La otra arista que se genera es el vacío en la presidencia de la Sala de lo Constitucional, que de forma interina ha sido cubierta por Florentín Meléndez; esto último puede convenir a los intereses electoralistas de ARENA, razón por la que se ha retrasado el nombramiento de un nuevo presidente en la Sala de lo Constitucional.
Y en este nuevo contexto de declaratoria de inconstitucionalidad de Salomón Padilla, debe leerse entre líneas que si bien es cierto que se violó el principio de la no filiación partidaria como prerrequisito para ejercer la función pública, también debe entenderse que atrás de este telón puede encontrarse un conflicto de interés de clases, en el que se defiende a las clases dominantes en detrimento de las clases desposeídas.
Por ejemplo, en el caso de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, ésta no ha sido declarada inconstitucional a la fecha, lo que no ha permitido que se abran los juicios respectivos para tratar los crímenes de lesa humanidad que desde la Sala de lo Constitucional, como órgano de interpretación constitucional debiesen aplicarse. Recordemos que en su artículo 183 establece “ARTICULO 183.- La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.
Coyuntura Electoral
No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que también se vive una coyuntura actual de elecciones, y de Campaña electoral abierta en la que los tres candidatos –Norman Quijano por ARENA, Salvador Sánchez Cerén por el FMLN, y Elías Antonio Saca por UNIDAD- se figuran en porcentajes similares de preferencia electoral en las distintas encuestas. Esta coyuntura de campaña está intrínsecamente relacionada con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, en la medida en que las mismas son usadas como consigna o bandera de campaña por parte de los Partidos Políticos, en la mayoría de los casos por ARENA, quien de esta declaratoria de inconstitucionalidad es el principal partido ganador, en esencia porque Salomón Padilla reconoce abiertamente su filiación partidaria con el FMLN.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la población a estar pendiente de la coyuntura, pero además de movilizarse y presionar a la Asamblea Legislativa para que de forma urgente, elijan a un nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional. Esto implica no permitir que el FMLN imponga su voluntad, como también que ARENA no lleve a cabo más medidas dilatorias en este proceso de elección del presidente de la Sala de lo Constitucional. Pero si los intereses partidarios impiden una pronta elección, se debe cambiar la legislación para que estos funcionarios accedan a sus puestos por elección popular directa.
De igual forma es necesario insistir en la imperativa necesidad de abrazar más que nunca la consigna de una Asamblea Nacional Constituyente, que redacte una nueva Constitución cuyo espíritu sea en esencia democrático, que busque responder a las necesidades de democratización actual y en cuyo texto se construyan los mecanismos y se propicien las condiciones para que la población tenga participación directa en la elección de las autoridades judiciales, tanto magistradas y magistrados de las diferentes Salas, en la Corte Suprema de Justicia, como de la persona titular de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y otras entidades importantes para el buen funcionamiento de la justicia en El Salvador.
Además, estos espacios de administración de justicia deben ser ocupados también por representantes populares y de la clase trabajadora. La búsqueda de formas de hacer justicia desde las trabajadoras y los trabajadores es también necesaria, reorganizando la sociedad en beneficio de los oprimidos y explotados. No debe caber duda alguna: democracia y justicia social, como constructores sociales, en el marco de los Estados deben ineludiblemente ir de la mano, no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin democracia.
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martes, 15 de octubre de 2013

El Salvador: Ley de Amnistía-Atrocidades e Impunidad.






Por Marcial Rivera
El conflicto armado Salvadoreño, librado durante la década de los ochentas, supuso una dinámica de sistemáticas violaciones a los derechos humanos en distintas formas de expresión, a lo largo y ancho del territorio nacional. Evidentemente y como el Informe de la Comisión de la Verdad lo contempla, la mayoría de violaciones a los derechos humanos se dieron por parte del Estado y de las autoridades, mientras que una minoría de estas violaciones se dieron por parte de la guerrilla y los grupos insurgentes.
Ley de Amnistía, ¿Inconstitucional?
Distintas organizaciones relacionadas con el tema de derechos humanos se han pronunciado a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, para allanar el camino de la justicia en todos sus sentidos. El tema de la posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía ocurre en un momento clave en el que también convergen otros factores favorables a la justicia Salvadoreña. A principios de septiembre la Fiscalía General de la República anunciaba que retomaría el caso de la masacre de 'El Mozote' -conocida así por el nombre del poblado en donde fue perpetrada, en el norte del departamento de Morazán- que como se sabe ha sido una de las mayores masacres realizadas por un ejército en contra de la población civil indefensa a nivel latinoamericano.
A principios del presente año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Salvadoreño por la no investigación de este caso, que aunque no es único, es simbólico al momento de tratar el tema de las violaciones a derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno que dejó más de setenta mil víctimas entre desaparecimientos forzosos, lisiados y asesinatos. Concretamente en el caso de la masacre de El Mozote las entidades encargadas de la justicia, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General de la República, deberían elaborar una hoja de ruta para buscar su resolución, pues la declaratoria de inaplicabilidad de la ley de amnistía por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos prácticos podría abrir un nuevo escenario en el que el sistema de justicia pueda investigar los casos relacionados con las violaciones a derechos humanos. Esto implicaría tanto la investigación de los casos concretos para determinar responsabilidades, hacer las exhumaciones del caso y entregar los restos humanos a sus familiares, y finalmente y lo más importante indemnizar a las víctimas de las violaciones a derechos humanos de distintas formas por parte del Estado.
Ya en el año 2011 se generó una de las mayores crisis de institucionalidad en el Estado Salvadoreño, cuando los partidos de derecha emitieron un decreto que establecía la unanimidad de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional para emitir sus sentencias (esto porque se hilvanó en su momento el estudio de la Constitucionalidad de la Ley de Amnistía en este órgano). Esta crisis se detuvo derogando este decreto, luego que la Sala de lo Constitucional aclarara no tener intenciones de hacer este estudio constitucional.
Actualmente, una de las principales dificultades que se presentan para investigar esto es de naturaleza operativa: El Instituto de Medicina Legal -institución encargada de prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia- no cuenta con suficiente personal forense para eventualmente llevar a cabo las exhumaciones. En este sentido la Corte Suprema de Justicia deberá elaborar un plan que busque resolver esta situación para el IML tenga suficiente personal y las exhumaciones se den sin mayores obstáculos.
Sentencia de la CIDH
En el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distintas organizaciones de la sociedad civil, como la extinta oficina de Tutela Legal del Arzobispado, se quejaron en su momento del poco avance que se ha tenido en el cumplimiento de la misma, por lo que urgen al ejecutivo llevar a cabo las acciones concretas que en la sentencia misma se plantean para dar cumplimiento a. veredicto emitido por la CIDH.
En uno de los párrafos el fallo contempla: "Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el presente caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador".
En términos prácticos y sucintos: La Ley de Amnistía no constituye obstáculo alguno para investigar las violaciones a derechos humanos cometidos en el conflicto armado interno; pero además podrían investigarse, condenarse y juzgarse a las y los funcionarios estatales, que en su momento impidieron que se siguieran investigando estas violaciones.
Tanto esta sentencia, como el estudio de la Constitucionalidad de la Ley de Amnistía han generado distintas reacciones en la sociedad Salvadoreña; desde las y los activistas de derechos humanos que consideran que es un camino para investigar las violaciones a derechos humanos e indemnizar a las víctimas, hasta los tradicionales sectores de la derecha que piensan que esto sería un retroceso en el camino de la 'reconciliación nacional' pues la Ley de Amnistía 'permitió superar las diferencias existentes entre ambos bandos y fomentó la cohesión de la sociedad Salvadoreña en ocasión de la firma de la paz'. Debe recordarse que en ocasiones anteriores Monseñor José Luis Escobar Alas ha defendido y se ha pronunciado a favor de la continuidad de la Ley de Amnistía, por lo que el cierre de Tutela Legal del Arzobispado, no es producto de la casualidad.
Cierre de Tutela Legal
El 30 de septiembre, sin ninguna explicación aparente y/o coherente la oficina de Tutela Legal del arzobispado fue clausurada por Monseñor José Luis Escobar Alas. Respecto a esto ha existido un cambio en el discurso sobre el cierre de esta oficina fundada por Monseñor Oscar Arnulfo Romero, una semana después de que la CSJ revisara la constitucionalidad de ley de amnistía. Evidentemente hay una relación entre el cierre de Tutela Legal y la posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional a la Ley de Amnistía.
Se cree que este cierre se debe a presiones que existen hacia la iglesia; muchos sectores se han pronunciado en contra de este hecho, y lo que preocupa en demasía es que Tutela Legal guarda más de 50 mil expedientes de distintos casos ocurridos en el conflicto armado. Estos expedientes podrían en su momento servir como prueba para impulsar acciones en relación a crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto interno. Debe destacarse que sobre el cierre de Tutela Legal han existido contradicciones, porque 'ya no hay violaciones a derechos humanos', pero al mismo tiempo se creará una nueva oficina que vea este tema. En relación a esto, se cierra esta oficina y en consecuencia las víctimas -tanto de la masacre de El Mozote, como de otras masacres y violaciones a derechos humanos- que en su momento encontraron algún refugio en Tutela Legal, simplemente quedan desamparadas.
¿Qué hacer?
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) creemos que con la firma de los acuerdos de paz, el imperialismo y la oligarquía salvadoreña lograron contener el proceso revolucionario, institucionalizando a las organizaciones guerrilleras dentro del sistema democrático burgués. El conflicto armado vivido en territorio Salvadoreño dejó una enorme cantidad de víctimas, que al día de hoy reclaman justicia. No solo porque se trata de estadísticas y de números registrados en los anaqueles de la historia de El Salvador.
Las víctimas reclaman una verdadera justicia, no simbólica ni restaurativa, sino real en su granítica dimensión; la justicia será la mejor forma de recuperar la memoria histórica, por hoy retomada solo en tiempos de campaña electoral, -en la actual campaña, por parte del FMLN ha habido algunos pronunciamientos a favor de derogar la ley de amnistía- y además honrar a quienes –siendo o no combatientes- ofrendaron su vida para construir un mejor El Salvador. La población debe honrar y acompañar este proceso.

viernes, 11 de octubre de 2013

10 de octubre: día mundial de la salud mental










10 de octubre: día mundial de la salud mental
Salud mental: una pregunta abierta


Marcelo Colussi



El título del presente Simposio es por demás de provocativo: “Salud mental: ¿es posible una intervención en nuestra ciudad?”. La forma en que se formula una pregunta puede deslizarnos ya hacia su respuesta. Eso, en definitiva, fue lo que enseñó Sócrates hace dos milenios y medios en la Grecia clásica: la pregunta contiene ya el germen de la respuesta.


La pregunta que da título a este encuentro puede ser la invitación a abrir una crítica, profunda y constructiva, o puede cerrar la discusión. Esto depende de cómo la tomemos. ¿Es posible intervenir en salud mental? Preguntémoslo al revés. Quienes estamos aquí esta mañana hacemos parte del oficio de los trabajadores de la Salud Mental. Es decir: nuestra práctica cotidiana se relaciona justamente con este campo. Preguntémonos mejor: ¿qué estamos haciendo? ¿Sirve nuestra práctica? ¿A quién y de qué manera sirve? ¿Por qué es necesario y pertinente intervenir en el campo de la Salud Mental en un contexto urbano como el de la ciudad de Guatemala?


Así planteada, la pregunta abre varios cuestionamientos. El primero, y sin dudas más importante, es acerca de qué entendemos por Salud Mental. En segundo lugar, pero no menos trascendente, deberíamos ver qué hacemos en torno a ella, qué hacemos cuando intervenimos. Pero desde ya adelantemos que sí, por supuesto que sí, partimos de la convicción que es posible intervenir en ese campo. Posible, y necesario. ¿Qué otra cosa estamos haciendo si no día a día quienes nos movemos en esto?


Si se nos permite, podríamos parafrasear aquello que dijo Jacques Lacan en su Seminario 10, “La angustia”: “La cura viene por añadidura”. Formulación que causó revuelo y llevó a considerar a más de uno que había un cierto desdén por la práctica clínica en la formulación del psicoanalista francés. Por todo lo cual el mismo Lacan aclaró, a la semana siguiente de esa formulación, que eso debía entendérselo en su contexto: para quienes se dedican a la práctica clínica, la intervención terapéutica está en el centro de su actividad, es el centro de su quehacer. Si bien hay que cuidarse de lo que Freud llamó el “furor curandi”, esa manía de creer que todo es diagnosticable y curable (¿decimonónico mito positivista?), la razón de ser de quienes trabajamos en este ámbito, tiene que ver con la salud. Entonces, reformulando la cuestión, deberíamos decir: ¿para qué nuestras intervenciones? ¿Para qué hacemos lo que hacemos como trabajadores de este oficio? Dado que el horizonte de lo terapéutico, o en otros términos: dado que una determinada noción de salud está siempre presente, ¿para qué trabajaríamos si no fuera posible plantearse la salud mental, o la salud en definitiva, como un bien integral?


Todo esto nos lleva, una vez más, a la pregunta de fondo: salud mental, ¿qué entender por eso?


Salud Mental: concepto problemático, intrincado, polémico, porque no es una noción médico-biológica. Ponernos de acuerdo en torno ella implica abrir cuestionamientos sobre la ideología, sobre los poderes. La noción de “normalidad” en este dificultoso y siempre resbaloso campo de la Salud Mental no es un asunto bioquímico, anátomo-fisiológico. Por eso cuesta tanto definir qué hacer y qué no hacer cuando se interviene ahí. Medicar, practicar electroshocks o promover la prevención y grupos de contención no son cuestiones sólo biomédicas. Como no lo son, sólo por tomar algunos ejemplos orientadores sobre los que volveremos, la homosexualidad o la tortura, ámbitos que nos convocan y nos preguntan.


¿Qué es ser un enfermo mental? Esa es otra manera de preguntar por la Salud Mental. Se consideran enfermos a quienes no entran en la norma. Y ahí nacen los problemas: el paradigma para determinar quién entra en esa norma y quién no, es una delicada cuestión ideológica. En la antigüedad clásica griega la homosexualidad era un privilegio, un lujo de los aristócratas varones. No de las mujeres, aunque fueran aristócratas; no de los plebeyos, aunque fueran varones. Hasta hace algunos años era una entidad patológica en las clasificaciones de las Enfermedades Mentales (el CIE, el DSM estadounidense). Hoy día ya no lo son. ¿Son una opción sexual? ¿Sería mejor decir “una tendencia”? ¿O constituyen un pecado?..., pues hay gente que sigue pensando eso. Y si es un pecado, ¿es venial o mortal? Como vemos, no se trata de referentes biomédicos los que lo deciden.


¿Y la tortura? ¿Es normal practicarla? Se la condena por todos lados, pero sabemos que hace parte de las prácticas comunes de las distintas fuerzas armadas en cualquier parte del mundo, y día a día mejora sus técnicas de aplicación. ¡Hasta existe una tecnología militar que enseña cómo resistirla en casos extremos! ¿Hay que ser un enfermo mental, un psicópata perverso para dedicarse a ella, o hace parte del entrenamiento normal de un guerrero contemporáneo?


Sólo por ejemplificarlo con dos casos paradigmáticos –y con ellos abrir el debate– puede verse que las conductas humanas son mucho más complejas que simples respuestas a estímulos. ¿No hay deseo acaso? Todos sabemos que si fumamos podemos contraer cáncer… pero la gente fuma. Y todos sabemos que si se mantienen relaciones sexuales con un desconocido sin protección hay alto riesgo de contraer enfermedades infecto-contagiosas, VIH incluido. De todos modos, 3,000 personas por día contraen este virus a nivel mundial, en muchos casos debido a prácticas sexuales de riesgo. ¿Puede explicar eso algún dispositivo instintivo-biológico? Y así podríamos plantearnos una lista enorme de preguntas/problemas: ¿por qué ser “sexoservidora” no ofende tanto, pero ser “puta” sí? ¿Y qué fuerza “instintiva” decide el racismo? ¿Cómo entender, desde disparadores biológicos, la monogamia oficial de Occidente –que incluye “canitas al aire” extraoficiales– o el harem de la tradición musulmana?


A partir de presupuestos biológicos centrados en el campo de la enfermedad, en el proceso mórbido que rompe una normalidad, una homeostasis, se pudo haber construido toda una edificación diagnóstica que sanciona quién está “sano”, quién está “en equilibrio”, y quién se sale de esa norma. Y ahí tenemos el nacimiento de la psiquiatría clásica. Decir esto no es nada nuevo; ya se ha dicho y criticado en infinidad de oportunidades. Pero nunca está de más recordarlo. Las clasificaciones psiquiátricas se basan en una preconcebida –y nada crítica– idea de normalidad. De ahí que cualquier cosa que se aleje del paradigma propuesto como normal puede ser enfermo.


Idea limitada, sin dudas, que merece ser repensada. ¿Qué clasifican las clasificaciones psiquiátricas? O dicho de otro modo: ¿de qué enfermedad nos hablan? La ideología psiquiátrica parte de supuestos, de una determinada normalidad, una homeostasis psíquica podría decirse, que se rompe y que puede ser restaurada. Incluso hay toda una Psicología que aborda el tema con similar ideología. Y ahí tenemos el amplio campo de lo que, quizá provocativamente, podría llamarse “apapachoterapias”: hay una normalidad por un lado, feliz y libre de conflictos, y hay enfermedad en su antípoda. La misión de quien trabaja en el campo siempre complicado de definir de la Salud Mental sería el técnico que restaura la felicidad o el equilibrio perdido. Las clasificaciones psiquiátricas serían el manual para el caso.


Profundizando en la crítica, intentando mostrar la cuota de ideología cuestionable que pueden guardar esas clasificaciones –y por tanto la idea de salud y enfermedad subyacentes–, Néstor Braunstein, psicoanalista argentino radicado en México, citaba un texto de Jorge Luis Borges muy elocuente al respecto. Decía el poeta en su libro Otras Inquisiciones: “En las remotas páginas de cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos está escrito que los animales se dividen en a) pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l) etcétera, m) que acaban de romper el jarrón, n) que de lejos parecen moscas”. La taxonomía psiquiátrica, aquella que mide y decide sobre quién está sano y quién está enfermo en este resbaladizo campo, no pareciera muy distinto. Se clasifica el malestar, podríamos decir; se clasifica el eterno conflicto que nos constituye, siendo que todo eso no es “una enfermedad” en sentido biológico sino nuestra humana condición. ¿Se le puede poner números, valores, niveles al malestar? ¿Nos ayuda a resolverlo esa ilusión métrica? Por cierto, no otra cosa son los tests a que estamos tan acostumbrados los psicólogos, que bien podríamos definirnos como “auxiliares médicos tomadores de tests”.


¿Quién puede estar sano de inhibiciones, síntomas y angustias varias? Retomando algunos de los ejemplos que más arriba se mencionaban: ¿quién es más “normal”: el que fuma o el que no fuma? ¿El homosexual declarado, el que lo fustiga, el que lo acepta? ¿Y qué debe hacerse si nuestro hijo o hija nos declara que es homosexual?


El campo de la llamada “enfermedad mental” es, sin lugar a dudas, el ámbito más cuestionable y prejuiciado de todo el ámbito de la salud. “Yo no estoy loco” es la respuesta casi automática que aparece ante la “amenaza” de consultar a un profesional de la Salud Mental. Aterra al sacrosanto supuesto de autosuficiencia y dominio de sí mismo que todos tenemos, la posibilidad de sentir que uno “no es dueño en su propia casa”, como diría Freud. Pero Sigmund Freud, justamente, fundador de la ciencia psicoanalítica, jamás escribió una definición acabada de normalidad. Cuando fue interrogado sobre ello, escuetamente se limitó a mencionar la “capacidad de amar y trabajar” como sus notas distintivas. Por cierto que “lo normal” es problemático; eso remite obligadamente a la finita condición humana, donde los límites aparecen siempre como nuestra matriz fundamental. Muerte y sexualidad son los eternos recordatorios de ello, más allá de la actual ideología de la felicidad comprada en cápsulas que el mundo moderno nos ofrece machaconamente. Y recordemos que existe toda una “ingeniería humana” dedicada a buscar ese estado de no-conflicto. Las terapias que buscan ese paraíso, por cierto, son funcionales a esa búsqueda.


La recientemente aparecida V Edición del DSM, en buena medida “libro sagrado” de la Salud y la Enfermedad Mental, al menos en nuestra región donde la presencia cultural-académico-científica del Gran Hermano es casi total, presenta en forma creciente “cuadros psicopatológicos” producto más de la mercadotecnia que de la práctica clínica, “inventados” en los departamentos de mercadeo de grandes firmas farmacéuticas que, en realidad, oculta tras ello la voracidad de los laboratorios por vender psicofármacos.


Ante ello, cerca de 2,000 trabajadores de la Salud Mental de distintas partes del mundo, encabezados por el psiquiatra infantil Sami Timimi, a través de la plataforma Change.org reaccionaron reciamente abriendo una dura crítica contra esta ideología. De esa cuenta dieron a conocer un fuerte comunicado titulado “No más etiquetas diagnósticas”, donde llaman a desconocer las clasificaciones psiquiátricas. “El diagnóstico en salud mental, como cualquier otro enfoque basado en la enfermedad, puede estar contribuyendo a empeorar el pronóstico de las personas diagnosticadas, más que a mejorarlo”, dirán enérgicos en su proclama. “En lugar de empeñarnos en mantener un línea de investigación científica y clínicamente inútil, debemos entender este fracaso como una oportunidad para revisar el paradigma dominante en salud mental y desarrollar otro que se adapte mejor a la evidencia”. Es así que proponen un enfoque de “recuperación” o “rehabilitación”, en vez de un modelo de enfermedad y de clasificación diagnóstica.


Sin dudas, lo sabemos, el “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, más conocido por su sigla inglesa DSM, en cualquiera de sus versiones, pasó a ser palabra sagrada en este campo siempre resbaladizo de las “enfermedades mentales”. Ejemplos sobran. El hoy día tan conocido “trastorno bipolar” hace unos años ni siquiera figuraba en las taxonomías psiquiátricas. Cuando apareció, se calculaba que el 1% de la población lo padecía; en la actualidad esa cifra subió al 10%. Y el trastorno bipolar pediátrico en unos pocos años creció “¡alarmantemente!” Pero… ¿estamos todos tan locos…., o se trata de puras estrategias de mercadeo? Antes de la aparición de los antidepresivos, por ejemplo, en Estados Unidos se consideraba que padecían “depresión” 100 personas por cada millón de habitantes; hoy día, esa cantidad subió a 100 mil por un millón. Es decir: un aumento del 1,000%; por tanto, 10% de su población consume antidepresivos, el doble que en 1996. Repitamos la pregunta: ¿estamos todos locos…., o son muy aceitadas estrategias de mercadeo? ¿Cuál es el modelo de Salud Mental que está a la base de todo esto y posibilita estas acciones?


Tratando de sintetizar lo dicho, podría preguntarse entonces si la Salud Mental consiste, en definitiva, en lograr llegar a ser “feliz”, o habría aún que darle alguna vuelta de tuerca a ese concepto. ¿Ser feliz será sinónimo de “adaptarse”? ¿Salud Mental es no delirar ni tener alucinaciones? Quizá sea muy pobre esta definición, hecha desde nuestra normalidad neurótica. Una vez más: el concepto en juego nos remite a posicionamientos ideológicos, socio-políticos. Hasta ahora el voto de castidad que hacen religiosos y religiosas de la tradición católica es normal, aunque muchas veces se viole por debajo de la mesa. ¿Dejará de serlo si, finalmente, se deroga el celibato? Es decir: estamos ante una dificultad insalvable en cuanto a la posibilidad de fijar taxativamente dónde empieza y dónde termina la normalidad. Por supuesto, está por demás de claro: un referente biológico en sentido puro –si es que pudiera existir– no nos ayuda para nada en esta problematización. Antes bien: nos complica las cosas (recordemos la clasificación de Borges que citábamos).


Sólo para ilustrar la dificultad en ciernes: para 1996, año de la Firma de la Paz en Guatemala, en la ciudad capital trabajan por sus calles ofreciendo sus servicios sexuales, básicamente de la zona céntrica, alrededor de 35 travestis. Hoy, más de una década y media después, ese número se ha decuplicado: son 350. ¿Cómo entender el fenómeno? ¿La sociedad está más “enferma” ahora? ¿O somos más pecadores? ¿Los travestis se reproducen más que los no travestis? Por el contrario, podríamos preguntarnos: ¿somos más permisivos? ¿O habrá que pensar que la bisexualidad de muchos “machos”, que siempre estuvo ahí, ahora “sale más del closet”? No hay duda que el fenómeno existe: la oferta trepó en forma exponencial, lo que habla, por tanto, de un similar aumento en la demanda. Sólo para traerlo como un provocativo –y quizá molesto– ejemplo, hablar sobre Salud Mental nos remite a ámbitos político-ideológico-culturales.


Y para rematar estos ejemplos algo “traviesos”, para definirlos de algún modo, tomemos otro concepto hoy tan a la moda –proveniente también del ámbito académico estadounidense y de su visión adaptacionista de la Salud Mental – tal como es el de resiliencia. Habitualmente se le asocia con una visión positiva. Por allí puede leerse de los beneficios que la misma trae aparejados. Si se trata de beneficios, ¡buena noticia!, por supuesto. ¿Y qué beneficios aporta? “Las personas más resilientes tienen una mejor autoimagen, se critican menos a sí mismas, son más optimistas, afrontan los retos, tienen más éxito en el trabajo o estudios, están más satisfechas con sus relaciones, están menos predispuestas a la depresión”. Ahora bien: estos mentados beneficios abren interrogantes. ¿Es un beneficio “criticarse menos”? ¿En qué sentido entender lo de “más éxito”? ¿Estamos seguros que entronizamos el optimismo –lo cual puede sonar a propaganda de refrescos–, o más cautamente seguimos a Antonio Gramsci, quien proponía “el optimismo del corazón junto al pesimismo de la razón”? Una vez más, aún a riesgo de reiterativos, la definición de Salud Mental plantea problemas que quizá ninguna clasificación psiquiátrica responde; ni tampoco responde alguno de los numerosos tests que circulan por allí.


Quizá conviene plantearnos modelos no tanto centrados en la “enfermedad”, siempre de dificultosa definición (¿quién de los varones presentes habrá sido cliente de alguno de los 350 travestis que trabajan por allí?, ¿son enfermos los que, eventualmente, lo hicieron?) sino en la promoción de la salud. Pero, ¿cómo promover Salud Mental? ¿Llenando de pastillas psiquiátricas, tal como el DSM (¿por qué no llamarlo en español?, me pregunto) induce? En Estados Unidos se consumen psicofármacos en cantidades industriales, y eso no habla de una excelente Salud Mental (también es el país del mundo con mayor porcentaje en consumo de drogas prohibidas, y el que tiene la mayor tasa de población encarcelada –¡el país de la libertad!, vaya ironía–. ¿Es mentalmente sano Homero Simpson, su ícono representativo?


Si hablamos de una posible intervención en Salud Mental en nuestro medio urbano, partamos de la base que sí es posible, pues es eso lo que estamos haciendo. La cuestión es revisar los paradigmas desde los que lo hacemos: ¿desde el electroshock, desde los tests, desde las apapachoterapias, desde la promoción de espacios de palabra para hablar de prejuicios y tabúes, desde la práctica manicomial o derribando los muros del asilo?


Definamos entonces, ante todo, cuál es nuestro medio urbano y cuáles son sus problemas de Salud Mental: ¿la violencia, la pobreza, el alcoholismo, la dependencia cultural respecto al Gran Hermano, la cantidad creciente de travestis que se registra, los prejuicios y tabúes que nos atraviesan, los suicidios? Complejo, sin dudas.


La cuestión central en el asunto es ver para qué trabajamos, para qué hacemos lo que hacemos cuando nos decimos parte del gremio Psi. En grandes términos podría decirse que hay dos modelos en juego: por un lado, trabajamos para acallar el malestar (y ahí están las pastillas y todos los dispositivos que ven en el conflicto un “cuerpo extraño”, una molestia que hay que quitar de en medio). O, por otro lado, trabajamos para permitir que ese conflicto, esa cuota de insatisfacción siempre presente en lo humano –que se puede tapar con pastillas quizá, pero que sigue actuando–, esa inestabilidad que tenemos en tanto sujetos que deseamos, no se vea como “enfermedad” a combatir. Que haya problemas, conflictos, diferencias, malestares, es lo que nos pone en marcha como sujetos. La cuestión es poder procesarlos, permitir que se expresen, darles su lugar, y no taparlos. No creer que la felicidad se consigue con alguna “técnica apropiada”. ¿Qué decimos cuando decimos “adaptación”? ¿Resignación ante la realidad, o transformación de la misma? Eso es lo que está en juego en la noción de Salud Mental, por eso es siempre un campo en discusión, una pregunta abierta (y que quizá no se logre cerrar nunca: ¿hay que prohibir los travestis o no?, ¿hay que permitir el matrimonio homosexual?, ¿por qué los varones se creen con más derechos que las mujeres?, ¿por qué seguimos transgrediendo leyes aunque sabemos que eso está prohibido?, ¿por qué construimos la moral que construimos?)


Quizá sea imposible evitar que esos conflictos que definen nuestra humana condición dejen de provocar distintas manifestaciones: inhibiciones, síntomas, angustias. El punto está en cómo abordar todo eso, qué lugar darle, qué espacios reales desde los sistemas de salud existentes, incluso los de educación, se abren para abordarlos, para prevenirlos, para enmarcarlos sin estigmatizarlos. Los objetivos planteados para el presente foro van en esa dirección, y esperemos que de aquí puedan salir propuestas concretas al respecto.


La atención primaria es el mejor camino para promover la salud. Desde la histórica conferencia de la OMS de Alma-Ata en 1978, ese es el camino trazado para promoverla, y que los países que presentan los mejores índices han seguido. La pregunta abierta es cómo plantearse esta estrategia cuando se trata de Salud Mental. Sin dudas eso es difícil, y ya se ha dicho muchísimo al respecto. Si algo podemos aportar hoy en este simposio es dejar indicado que una atención que no niegue ni tape los conflictos en la esfera psicológica debe apuntar a hablar de ellos. Por allí debería ir la cuestión: no estigmatizar los problemas –quizá incorrectamente llamados “mentales”– sino permitir que se expresen. Dicho en otros términos: priorizar la palabra, la expresión, dejar que los conflictos se ventilen. Esto no significa que se terminarán las inhibiciones, la angustia, el malestar que conlleva la vida cotidiana, las fantasías, los síntomas. ¿Cómo poder terminar con ello, si eso es el resultado de nuestra condición? La promoción de la Salud Mental, urbana para el caso que nos convoca hoy, es abrir los espacios que permitan hablar del malestar. ¿Qué significa eso? No que podamos llegar a conseguir la felicidad paradisíaca, a evitar el conflicto, a promover la extinción de los problemas. En tanto haya seres humanos habrá diferencias, y eso es ya motivo de tensión.


La Salud Mental es, en definitiva, el propiciar los espacios de diálogo, de palabra y de simbolización para que el malestar no nos inunde, no nos inmovilice ni tampoco para que sea motivo de estigmatización de nadie. Espacios de palabra, por último, significa lugares donde se pueda hablar libremente. Eso pueden ser grupos, dispositivos que faciliten abordajes individuales sin estigmatizar, trabajo con parejas, charlas, espacios comunitarios. La Salud Mental no está encerrada en un consultorio: está en la palabra que permite conocerse a sí mismo. Y eso, en definitiva, se puede dar en cualquier lado, en las calles, en la comunidad toda.