miércoles, 31 de agosto de 2011

Pronunciamiento ante los acontecimientos nacionales derivados del avance del Caso Jesuitas en la Audiencia Nacional de España


El 30 de mayo fue girado por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, el auto de procesamiento contra veinte militares de la Fuerza Armada de El Salvador, acusados de ser los responsables de la masacre perpetrada en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en la que murieron 6 sacerdotes jesuitas y dos mujeres laicas. Esta acción del juez español y la posterior difusión de la nota roja girada por la Interpol han desatado una multitud de comentarios y posiciones que hacen necesario que la UCA se pronuncie ante este acontecimiento y su impacto en la realidad salvadoreña.
La sociedad salvadoreña ha recibido una información muy sesgada sobre el caso; los grandes medios de comunicación social han favorecido en su cobertura las opiniones y argumentos que afirman que el hecho ya ha sido juzgado, que ya prescribió, que la ley de amnistía impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional no tiene competencia, que el caso supone abrir las heridas del pasado y que la paz está por encima de la justicia. La mayor parte de estas opiniones no responden a la realidad, sino a la defensa de intereses particulares, en especial de los intereses de los que en los años de la guerra decidieron y planificaron masacres contra el pueblo salvadoreño —cuando su deber era defenderlo— y que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado. Estas posiciones están contribuyendo a mantener la impunidad por encima de la verdad y de la justicia.
La principal objeción que se le hace al juicio es que la Audiencia Nacional no tiene jurisdicción internacional y que con sus acciones está atentando contra la soberanía jurídica nacional. Los que esto afirman desconocen la existencia del principio de justicia universal, el cual ha sido aceptado por El Salvador. La legislación salvadoreña reconoce este principio de universalidad en el artículo 10 del Código Penal. Según dicho artículo, El Salvador puede promover un juicio contra los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluso si los crímenes sucedieron fuera de nuestras fronteras y con independencia de la nacionalidad de los autores. De igual manera, amparada en dicho principio, la Audiencia Nacional de España ha promovido un juicio contra aquellas personas que cometieron un crimen de lesa humanidad fuera del territorio español. Es importante tener en cuenta que la Audiencia no hubiera podido abrir el juicio si el caso se hubiera resuelto en El Salvador.
La UCA ni ha promovido ni es parte del proceso que sigue la Audiencia Nacional de España, pues nuestro principal interés es que el sistema judicial salvadoreño funcione y sea capaz de impartir verdadera justicia. Respetamos profundamente el derecho de las víctimas a buscar justicia donde se les escuche y puedan obtenerla. Derecho por el cual las instituciones de El Salvador tienen la obligación de actuar de acuerdo a los tratados internacionales suscritos, apegándose al derecho internacional y no protegiendo a los acusados. En el auto de procesamiento, el juez Velasco confirma la teoría de que se conspiró e instigó para asesinar a ocho personas no combatientes e indefensas, y las razonables sospechas de que esas ejecuciones fueron parte de una operación militar ordenada y dirigida desde el más alto nivel castrense, junto con la colaboración civil para su encubrimiento. Esto no puede ser obviado por las autoridades salvadoreñas si quieren ser respetuosas del Estado de derecho.
Tampoco es verdadero que el caso ya ha sido juzgado. Solo fueron juzgados los hechores materiales de la masacre, y en condiciones nada favorables para establecer justicia, producto de lo cual varios de ellos fueron absueltos y los que fueron declarados culpables recibieron una condena que no se correspondía con la gravedad del crimen. A pesar de ello, en aquel momento, la UCA y la Compañía de Jesús, como un acto de buena voluntad, aceptaron dicho juicio. Sin embargo, el juez Eloy Velasco considera que el proceso fue fraudulento y que, en consecuencia, no es válido. Además, los autores intelectuales, las más altas autoridades de las Fuerza Armada de aquel momento, los que planificaron y ordenaron la masacre, los que en su momento fueron señalados por la Comisión de la verdad como responsables de aquel horrendo crimen, nunca han sido sentados en el banquillo de los acusados. Ciertamente, hubo un intento de iniciar un juicio contra ellos, pero la jueza del Tercer Juzgado de Paz decidió que no era procedente bajo el argumento de que el crimen ya había prescrito, contraviniendo así el artículo 37 del Código Procesal Penal, que afirma que este tipo de crímenes no prescriben si no han existido las condiciones para promover la acción penal.
Otro de los argumentos esgrimidos para evitar la justicia ha sido que la ley de amnistía libra a los hechores de toda responsabilidad. Esta afirmación es falsa, pues ya la Sala de lo Constitucional sentenció, el 26 de septiembre de 2000, que dicha ley no cubre crímenes cometidos por funcionarios del mismo Gobierno que la emitió. De acuerdo al artículo 244 de la Constitución, “la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron”.
Por otra parte, se ha dicho que el juicio a los autores intelectuales de la masacre en la UCA implica reabrir las heridas del pasado. Es lamentable y absurdo que quienes afirman esto no sean las víctimas del conflicto armado, sino sus principales actores, los que impulsaron la guerra y la defendieron como la única solución posible al conflicto nacional. No se puede olvidar que el partido Arena, el entonces presidente Cristiani y el Ejército solo aceptaron el diálogo y la negociación como la solución al conflicto hasta que la presión internacional —especialmente, el cese de la ayuda militar de Estados Unidos— les obligó a ello. Contrariamente, el P. Ellacuría fue uno de los principales promotores del diálogo por la paz y de la necesidad de buscar una solución no militar al conflicto.
Las heridas de las víctimas y sus familiares siguen abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho nada para curarlas y cerrarlas. No se han pensado ni buscado caminos de reconciliación. La amnistía, que fue precipitada en el tiempo y en su enfoque, no hizo desaparecer la cultura de la impunidad, sino que la reforzó. Durante siglos, esta perniciosa cultura ha hecho intocables a los poderosos y les ha facilitado seguir acumulando riqueza y poder. El Nuevo Testamento dice que “la raíz de todos los males es la ambición del dinero” (1 Tim 6,10). Junto a la codicia, la impunidad es hoy raíz muy principal de la violencia, la injusticia, la mentira y la corrupción que el país padece.
Es preciso reconocer sin ambages que la guerra fue provocada por la búsqueda popular de un país más justo y la represión despiadada por parte de la oligarquía, el Gobierno, los cuerpos de seguridad y los escuadrones de la muerte. Que los principales responsables reconozcan con humildad sus delitos y pidan perdón por ellos a las víctimas y a la sociedad entera serían pasos trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños y salvadoreñas. Sin reconocer la verdad sobre hechos tan bárbaros, no es posible avanzar hacia una reconciliación profunda y verdadera.
Por ello, es del todo falso también que la verdad y la justicia puedan conducir al caos. Por el contrario, al tratarse este de un caso símbolo de los innumerables asesinatos de los años ochenta y noventa, con el que se identifican además muchas de las víctimas, su esclarecimiento y la aplicación de justicia ayudarían a cerrar heridas y encontrar caminos de reconciliación. Muchas víctimas y familiares de víctimas se han manifestado en este sentido. Conocer la verdad y que al menos una vez sean tenidos por culpables los que desde el Estado impusieron el terror y la violencia, puede ser auténticamente reparador para una sociedad en la que ha prevalecido la impunidad.
La UCA está plenamente dispuesta al perdón. Pero siguiendo la tradición cristiana y católica, el proceso de reconciliación implica tres fases sin las cuales no es posible el perdón. Se requiere, en primer lugar, la verdad; en segundo lugar, la justicia; y posteriormente viene el perdón. Es decir, es necesario saber no solo qué, sino también a quién se está perdonando. Por ello, en el caso de que se reconozca el crimen ante la justicia, estamos dispuestos, en nombre de la reconciliación, a solicitar un inmediato indulto de cualquier pena que fuera aplicada.
Queremos dejar bien claro que el llamado Caso Jesuitas, en el que siempre han estado presentes e incluidas Julia Elba y su hija Celina, no es para nosotros una cuestión de honor. Mucho menos asumimos que tenga más importancia y/o prioridad que otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades del Estado salvadoreño. La UCA quiere que se conozca la verdad y se haga justicia en todos los casos en que sea posible, independientemente de la ideología y el color político de sus hechores. El caso de los jesuitas, Julia Elba y Celina es solamente el que está a nuestro alcance, el que nos corresponde como parte doliente, aunque cierto es que de esclarecerse allanaría el camino para la solución de otros muchos.
Nos preocupa que en este debate algunas voces hayan opuesto la justicia y la paz, o la verdad y la paz. No compartimos esta posición, porque ambas realidades van estrechamente unidas: no puede haber paz sin justicia y la justicia conduce a la paz. La sagrada escritura lo confirma plenamente. Hablando de la restauración después de una catástrofe (como catástrofe fue la guerra y restauración la que seguimos necesitando luego del cese del conflicto armado), el profeta Isaías dijo: “Sobre nosotros se derramará el espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en vergel, y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. En el desierto acampará el derecho, en el jardín descansará la justicia. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos” (Is 32, 15-18). Para el pueblo de Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz, ni entre verdad y paz.
En la misma dirección, el Concilio Vaticano II afirma en Gaudium et Spes: “La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama ‘obra de la justicia’” (GS 78). También la doctrina social de la Iglesia recoge la misma posición: Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, retomando el Concilio afirma: “La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres” (PP 76).
Estamos convencidos, pues, de que la paz solo se puede construir desde la justicia y el amor. La UCA no puede aceptar moralmente la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia que obliga a dejar libres a los militares inculpados en el caso. Y no puede hacerlo porque es una decisión política que no está apegada a derecho. Es una decisión que irrespeta el derecho vigente en El Salvador y el derecho internacional. Es una decisión que está fundamentada en la mentira. No podemos aceptar de ningún modo que se manipule la ley y que en la aplicación de la misma se hagan acepción de personas. Esta resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia no solo ha desacreditado al más alto tribunal del país; ha dado patente de corso a la impunidad y ha puesto en tela de juicio su capacidad para impartir justicia. Que el Presidente de la República se sienta satisfecho por esta resolución del pleno de la Corte nos produce mucha tristeza, pues con esa posición se pone del lado de aquellos que están dispuestos a impedir que resplandezca la verdad y la justicia, frustrando las esperanzas de cambio que prometió al país.
Si buscar justicia es un problema en una sociedad, algo anda mal en la misma, pues son los tribunales el lugar apropiado para ventilar las injusticias. Si presentar una demanda resulta inadmisible porque abre heridas en la parte acusada, entonces habría que prescindir del sistema judicial, puesto que todo proceso es doloroso para las partes enfrentadas. La justicia se administra en los tribunales, no en las calles, ni a gritos, ni con balas. Por eso, toda aquella persona que se considere víctima de una injusticia debiera poder presentar su demanda ante un juez. La administración de justicia independiente no representa ninguna amenaza, excepto para sus transgresores y para quienes todavía están dispuestos a utilizar la fuerza para imponer su ley. Los que en estos días han alertado del peligro de volver a una guerra desconocen la voluntad de paz de la mayoría del pueblo salvadoreño e insisten neciamente en vivir fuera de época.
En este marco, es oportuno recordar a monseñor Romero, cuyo asesinato también debe ser esclarecido. En pleno conflicto, nuestro arzobispo mártir invitaba a toda la sociedad salvadoreña a ser constructora de la paz, “una paz que se construye en la justicia, en el amor y en la bondad” (homilía del 31 de diciembre de 1977).
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
San Salvador, 30 de agosto de 2011

martes, 30 de agosto de 2011

San Salvador: Agosto-Septiembre 2011 en Nuestra América

viernes, 26 de agosto de 2011

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A SU DEFENSA Y EL PAPEL DE LOS INTELECTUALES






Debemos estar alerta sobre los movimientos que el Imperio y sus secuaces, eufóricos por su eventual triunfo sobre Libia, llevan a cabo en esta parte del globo contra gobiernos y líderes que en pos de la independencia de “ nuestra América ” se han desmarcado de sus designios y convertido en virtuales enemigos. Por todos los medios llevan a cabo una campaña de desacreditación, vinculándolos con el terrorismo internacional que ellos mismos patrocinan, para luego, con el argumento de constituir “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos” sean objetos de acciones militares.



Libia y Siria, son las alertas tempranas que, para las democracias de América que se han apartado de los designios de Washington, deben hacer sonar la alarma para la organización y la coordinación con el objetivo de ir puliendo las armas políticas, comunicacionales y de defensa ante un potencial ataque del Imperio.



Con esa presunción que, para muchos puede ser un disparate, urgente es estudiar y analizar los acontecimientos, dejando de lado la petulancia intelectual de muchos pensadores “progres”, incluso de izquierda, quienes volando por encima del bien y del mal y de procesos históricos condenan más a los pueblos agredidos que a sus agresores. Lo cual no sirve más que para confundir a las masas, convirtiéndose en auténticos baluartes del imperialismo para desmovilizar y dividir a los pueblos.



Con la ayuda de esos think tanks, el Imperialismo logra multitudes desorientadas, despolitizadas y fraccionadas que, más allá de hacerse a un lado o no definirse a apoyar decididamente la lucha de su patria por su soberanía, respaldan pasiva o decididamente a sus agresores. Ya sea como informantes, torturadores y combatientes; pero más peligrosos, son los propagandistas quienes a través de los medios propalan abierta o subliminalmente, las virtudes de la democracia imperial. De esas experiencias ha habido miles de ejemplos a favor de variantes históricas del imperialismo actual: el fascismo de Mussolini, la Alemania nazi, la España franquista, para citar unos cuantos.



Enseñanza que, a pesar de su repetición histórica, debemos interiorizarla para no correr el peligro de caer en la condena de Sísifo.



Lo que está sucediendo en Libia y Siria fue fraguado primero en el campo de la comunicación. Para los intelectuales al servicio del Imperio que ayudaron a montar la farsa pre-ataque, la opinión de las vacas sagradas progress o de izquierda light que, si bien establecen que hay una agresión imperial, es más importante señalar los defectos y “excesos” del líder, en este caso específico de Muammar Gaddafi, les cae de perlas. Con ello, establecen que la agresión, a pesar de ser mortífera, destructora y arrolladora de los más elementales derechos de los pueblos -la vida, los bienes y la tranquilidad de los libios- lleva implícita bondades en el marco de la democracia y la libertad que gozarán las nuevas generaciones de ese pueblo agredido. Ese mensaje es la cáscara del huevo que guarda la serpiente: ese pueblo será alineado y alienado hacia el consumismo aparte de convertirse en administrador de sus recursos naturales y energéticos cuando antes era propietario. De esa cuenta, entonces, se entienden las palabras del cínico primer ministro británico que expresó: “las muertes de civiles en Libia a raíz de los bombardeos de la OTAN, eran necesarias para derrocar al régimen de Gaddafi”. Entre líneas se sustituye a Gaddafi para poner un gobierno títere, administrador de nuestras posesiones. Lo demás es coser y cantar.



Claro que Gaddafi cometió errores y los más grandes que todo líder en un mar capitalista y con fuerte respaldo popular puede cometer: 1) confiar demasiado en el derecho internacional dominado por las potencias imperialistas a través de esa legalidad que le proporciona el cascarón de la ONU y, 2) desarmarse a tal punto que la agresión aérea no hubiera podido ser posible de haber contado con el armamento idóneo para hacerle frente. Hubiera sido otra la historia.



Los intelectuales de la izquierda light, en sus sesudos análisis, obvian que Libia era el país más avanzado del continente Africano, con el PIB más alto de esa región y con el mejor nivel de vida en sus habitantes. Que la mayor parte de la renta petrolera fue para modernizar y mantener ese nivel de vida; que el billonario proyecto de entubar y llevar el agua desde el lago subterráneo más grande de agua dulce en el mundo ubicado en su subsuelo era para lograr hacer del desierto una zona cultivable así como para su consumo en las ciudades. No, se atascan en que el líder, quien ni siquiera ostentaba cargo formal alguno más que el designado por las tribus, ya llevaba 42 años “gobernando” Libia, soslayando perversamente, el derecho de los pueblos para escoger la forma de gobierno que deseen consignado en la Carta de las Naciones Unidas. Perversidad que apuntalaba el objetivo de allanar el camino hacia la estructuración de la tiranía mundial a cuya cabeza está Estados Unidos quien, perdiendo aceleradamente la guerra económica no solo por sus falencias en su plana productiva sino con su crisis de insolvencia fruto del derroche y el desperdicio, urge a través de la guerra imponerse y recomponer a su favor el Nuevo Orden Internacional.



Eso es invisibilizado por los intelectuales orgánicos del Imperio y tímidamente tocado por los progress y los ligth. Ni unos, por servilismo, ni los otros por ignorancia y creer que la democracia occidental es mejor que otras en el mundo, se atreven a cuestionar el tiempo que la dupla tiránica imperial de Estados Unidos –republicanos y demócratas- llevan de gobernar a sangre y fuego el planeta, imponiendo su particular visión del mundo desfigurando y desgajando culturas milenarias y ricas en conocimiento para trocarlas por la suya, superficial y consumista, en aras de mantener y agrandar el circulo pernicioso de la mercancía el tiempo que más puedan.



Ea pues, menester poner las barbas en remojo. Blindarse económicamente contra la crisis del Imperio a través de políticas soberanas regionales como las que se están adoptando por parte de la UNASUR y la CAN y dotarse con armamento de última generación que no sea de fabricación total o que tenga componentes provenientes de Estados Unidos o de sus secuaces para evitar sabotajes posteriores que los harían obsoletos. Los pueblos tienen derecho a su defensa y en el marco de él, no deben dar explicaciones a los imperialistas. Total los que han roto el marco del derecho internacional y el mínimo respeto a la convivencia pacífica son ellos que en su desenfreno y desesperación aumentados por su crisis endémica, se han pasado por alto, incluso las resoluciones que se adoptan en su propia madriguera –el Consejo de Seguridad de la ONU-, como lo hicieron con la Resolución 1973.



El imperialismo se ha descarrilado; en su loca carrera trastumbante de agresión y ultraje a los más elementales derechos de las naciones y los pueblos abrió la puerta de la guerra global. Por tanto, adoptar posiciones para una legítima defensa contra él y sus incondicionales internos es un derecho ineludible y obligado de todo país que se respete a sí mismo.



Carlos Maldonado

Colectivo “La Gotera”

lunes, 22 de agosto de 2011

San Salvador: Cuarta Semana de Agosto en Nuestra América

Nicaragua: Las ventajas electorales de Daniel Ortega

 



Por Sebastián Chavarría Domínguez
Este 20 de Agosto se inició la campaña electoral en Nicaragua, en medio de un clima de creciente polarización política. Las encuestas coinciden en que Daniel Ortega tiene, solo para arrancar, la intención de voto del 42% de los electores, lo que lo coloca como el favorito para los comicios del 6 de Noviembre.
Los frutos del Neoliberalismo Social
Este inusitado alto porcentaje de intención de votos a favor de Daniel Ortega, tiene una profunda explicación económica. En Nicaragua, normalmente el ejercicio del poder tiene un alto costo político para el partido gobernante, debido a que desde 1990 los gobiernos de turno han tenido que aplicar planes de ajustes y políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que significan recortes a las conquistas laborales y sociales, y con ello deviene el desgaste político.
En este segundo gobierno de Daniel Ortega, debido a que la alta dirigencia sandinista cambio su naturaleza social a partir de la derrota electoral de 1990, convirtiéndose en un sector importante de la nueva burguesía, las políticas económicas que han aplicado desde el año 2007 han sido absolutamente neoliberales, son una continuidad de las políticas de los gobiernos anteriores. No lo decimos nosotros, lo han dicho los representantes del FMI en Managua. Pero el sandinismo le ha agregado un nuevo componente: la aplicación de programas de asistencia social.
Imitando el ejemplo de Lula en Brasil, con mucho menos recursos, pero contando con 1000 millones de dólares extras anuales provenientes del convenio petrolero con Venezuela, los cuales por cierto están por fuera del presupuesto general de la república, el gobierno de Daniel Ortega ha contado con los discrecionales recursos necesarios para brindar asistencialismo social a los sectores en extrema pobreza.
La ayuda venezolana ha permitido implementar programas sociales como hambre cero, usura cero, plan techo, construcción de viviendas de interés social, etc. A lo anterior habría que agregar una agresiva política de titulación, es decir, de legalización de las propiedades obtenidas durante la transición en 1990, o producto de las luchas sociales. Los alcances y eficacia de los programas sociales del gobierno sandinista para reducir la pobreza y la extrema pobreza han sido objeto de polémicas entre los especialistas.
Según la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), la pobreza general en Nicaragua pasó de 48.3% en 2005 a 32.9% en 2009, lo que representa una reducción de 15.4 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema pasó de 17.2% en 2005 a 9.7% en 2009, para una reducción de 7.5 puntos.
El informe del FIDEG fue atacado furiosamente la oposición burguesa, pero el gubernamental Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE) confirmó que para 2009 la pobreza rural se redujo en 6.9 puntos respecto de 2005 y la urbana en 4.1. Esto ocurría en medio de la onda expansiva de la crisis mundial. No obstante, esta reducción de la pobreza no es producto de un alza en la producción, de la generación de empleo y de una mejoría en los salarios. Desde 1990, superando relativamente el caos económico que se produjo durante la revolución, el PIB de Nicaragua ha crecido promedio un 3% en los últimos 20 años, manteniendo una meseta inalterable, mientras el país tiene una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del mundo.
El problema estructural de la pobreza no ha sido superado, sino que ha sufrido un relativo retroceso producto de los generosos programas de asistencialismo social del gobierno sandinista, lo que, obviamente, tiene algún grado de influencia en el crecimiento de la base electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La cúpula sandinista se frotan las manos de la alegría porque están a punto de lograr la reelección de Daniel Ortega con una votación elevada, si no hay sorpresas desagradables durante la campaña electoral.
Combinación de condiciones favorables
El gobierno de Daniel Ortega ha tenido una combinación de condiciones favorables a su favor, tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional, la aguda crisis de la economía del capitalismo, obliga a los Estados Unidos a tener una política de mayor tolerancia para este tipo de gobierno con resabios nacionalistas. Para los Estados Unidos lo más importante es la estabilidad económica y política de la región centroamericana, y la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Y en estos dos aspectos, el gobierno de Daniel Ortega cumple todo los requisitos. La crisis de la economía mundial ha obligado también a los gobiernos imperialistas europeos a suavizar las críticas a los aspectos totalitarios del sandinismo. Incluso, las dudas sobre la organización de los procesos electoral también han bajado de tono. En última instancia, el posible apoyo o neutralidad dependen del comportamiento del gobierno sandinista en torno a temas claves como la economía y la lucha contra el terrorismo.
En el plano nacional, ya hemos analizado el manejo de la económica y la relativamente exitosa política de neoliberalismo con remedios sociales, aplicados puntualmente a los sectores más vulnerables. El manejo de la macroeconomía tiene en éxtasis a los empresarios. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que agrupa a los residuos sobrevivientes de las confiscaciones de la revolución, se mantiene con una política de neutralidad amistosa con el gobierno sandinista.
Las características de la burguesía sandinista
Quizá el factor económico más determinante es que actualmente la burguesía sandinista es la fracción más fuerte e importante a nivel del aparato productivo. La burguesía sandinista se apoya en un denso entramado social de pequeños y medianos productores urbanos y rurales, con una cúpula mucho más rica, que está directamente ejerciendo el poder. No supera en capital a la oligarquía financiera de los Pellas y demás consorcios financieros, pero, solo para citar un ejemplo, la cooperativa sandinista CARUNA es actualmente uno de los grupos financieros más sólidos del país, que maneja y canaliza una parte importante de la ayuda venezolana.
Este fortalecimiento económico de la burguesía sandinista, que se venía operando desde 1990, ha dado un salto de calidad con este segundo gobierno de Daniel Ortega, con la particularidad que la familia presidencial Ortega-Murillo se está convirtiendo en el eje central sobre el cual gira la burguesía sandinista.
Esto incide directamente sobre la oposición burguesa, acelerando su división y fragmentación. La oposición burguesa se divide en dos sectores: los “arnoldistas”, seguidores del ex presidente Arnoldo Alemán, y los “eduardistas” seguidores del diputado Eduardo Montealegre. Los primeros, de origen plebeyo y de clase media, cogobiernan con el FSLN en todas las instituciones, aunque últimamente se han transformado en aliados incomodos y débiles. Los segundos están por fuera de las instituciones, y por ello su crítica es más virulenta. Pero ambo sectores son huérfanos, no tienen un sector burgués a quien representar
Ortega impuso su candidatura
Mediante la sentencia número seis, del 30 de septiembre del año 2010, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Daniel Ortega logró burlar el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección continua y establece como máximo dos periodos presidenciales.
La sentencia número seis fue posible por la colaboración pasiva del arnoldismo. Con ese enorme instrumento legal, y con el férreo control de todas las instituciones del Estado, el presidente Ortega logró imponer su inscripción como candidato presidencial en la presente contienda electoral. Y con ello la suerte está echada.
Manipulación del proceso electoral
El sandinismo controla férreamente el aparato electoral, y a pesar de las denuncias de fraude en las elecciones municipales del año 2008, y de la campaña por la renuncia de Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), el eduardismo no ha podido hacer absolutamente nada para cambiar las reglas del juego.
En realidad, el llamado “fraude” o manipulación de los resultados electorales no se produce necesariamente a la hora de contar los votos, sino antes: desarticulación de los distritos electorales, cambio repentino en la ubicación de la Juntas Receptoras de Votos, manipulación del padrón electoral (otorgando cedulas de identidad a posibles votantes y castigando a los distritos opositores). El no otorgamiento de cedulas de identidad en zonas opositoras en el campo, como en Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega, ha provocado motines, tranque de carreteras, y enfrentamientos con la Policía.
Al mismo tiempo, el CSE castiga a los candidatos eduardistas de la alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), inhibiendo las candidaturas a diputados de Maximino Rodríguez, Joel Lira y Gustavo Gross, bajo el pretexto que formalmente son militantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dirige Arnoldo Alemán.
No hay por quien votar
Al anterior panorama, habría que agregar que la Ley Electoral del año 2000, ilegalizó a los dos únicos partidos de izquierda (El MAP y el PRT), dejando a la clase trabajadora y a la juventud sin opciones electorales. La contienda electoral entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la lianza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y la Alianza Por la Republica (APRE), será una pelea entre partidos burgueses que no brindan una opción para resolver la crisis del sistema capitalista. Definitivamente, no hay por quien votar!
 
Daniel Ortega, el dia de inicio de la campaña electoral

domingo, 21 de agosto de 2011

Centroamérica, DEL CONFLICTO INTERBURGUÉS ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR

Por Marcial Rivera
La década de los sesentas estará marcada por una serie de acontecimientos mundiales que deben ser tomados en cuenta para analizar los acontecimientos que llevaron al estallido de la llamada “Guerra del Fútbol” o Guerra de las Cien Horas, entre Honduras y El Salvador. El triunfo de la Revolución Cubana marcó el inicio de la mencionada década, pues orientó entre otras cosas, la política exterior de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de Estados Unidos, acentuando de forma profunda la guerra fría que tuvo sus inicios después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y que tendría serías consecuencias para todo el mundo. Además de esto la Revolución Cubana fue un precedente a nivel latinoamericano que alentó las luchas sociales que se gestaban y que darían paso al protagonismo que ocupó el movimiento social en los setentas y que desembocó en los conflictos armados internos en Centroamérica.
El contexto internacional
En 1961 se produce la invasión a la Bahía de Cochinos, en las costas Cubanas, en un intento de asestar un fuerte golpe al incipiente gobierno Revolucionario, y derrumbarlo, lo cual en 1962, genera la llamada “Crisis de los Misiles” en Cuba,  que a nivel internacional generó serias tensiones, entre la URRS y EE.UU., y que casi desemboca en la tercera guerra mundial. Este hecho, aunque de forma aislada, tendrá relación con la invasión estadounidense a Vietnam y el rechazo mundial a esta intervención, incluyendo las repercusiones en la política doméstica de Estados Unidos, originándose diferentes manifestaciones del movimiento hippie en protesta por la invasión a Vietnam. Por otro lado The Beattles, logran diferentes éxitos musicales, se comienza a construir el Muro de Berlín, que divide a Alemania en dos partes. En 1967 asesinan al llamado Guerrillero heroico Ernesto “Che” Guevara, en complicidad con el ejército Boliviano, y la Central de Inteligencia Americana, CIA. En 1968, el Movimiento revolucionario estudiantil, fue duramente reprimido por el gobierno de México, en Tlatelolco --la Capital Azteca-, dándose múltiples violaciones a derechos humanos, que continúan en la impunidad.
Casi, al final de la década mencionada, Woodstock, será un festival sin precedente, que marcará la historia de la música a nivel mundial. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban a nivel mundial, en América Latina ocurrían eventos que tendrán repercusiones en las siguientes décadas. La llegada de un gobierno progresista a Chile presidido por Salvador Allende, por un momento daría pie a pensar que se podría gobernar desde otras ideologías y formas de pensamiento sin necesidad de utilizar las armas, idea que fue descartada al momento del golpe de Estado, perpetrado por el gobierno estadounidense, en contra del pueblo y gobierno Chilenos.
Para el caso de Centroamérica, el proceso de integración económica, marchaba en términos aceptables, pues en la parte propia de la integración, se tuvo éxito, no así en la que concierne a erradicar la pobreza y los otros problemas, que derivan de esto. Por otro lado, con las grandes desigualdades entre exportaciones e importaciones, tal como se señala en el tomo II del libro de Historia de El Salvador, del Ministerio de Educación, no se lograron los objetivos planteados al cien por ciento: “En Primer Lugar, se agudizó el fenómeno conocido como el deterioro de los términos de intercambio. Este consistía en que los productos que Centroamérica compraba de los países desarrollados, en su mayoría manufacturas, aumentaban de precio, mientras que los precios de los productos de exportación centroamericanos se mantenían constantes o tendían a bajar. En Segundo lugar, la demanda por los productos de exportación centroamericanos en los países desarrollados no aumentaba significativamente a largo plazo, impidiendo así las posibilidades de expansión económica basadas en la exportación de productos agrícolas.”
Los orígenes del conflicto
A lo largo del Siglo XX –y por diferentes razones- las migraciones en Centroamérica han sido un fenómeno constante, de altas y bajas debido a auges económicos suscitados en diferentes épocas. La distribución de la tierra en El Salvador, ha sido siempre desigual, lo que por muchos años obligó a cientos de salvadoreños a buscar opciones laborales en territorio hondureño fronterizo. Las tensiones entre los gobiernos salvadoreño y Hondureño estallaron cuando al originarse la reforma agraria en Honduras, se expulsa a cientos de salvadoreños de su territorio y se les despoja de sus tierras, produciéndose una invasión militar por parte de El Salvador, con el objetivo de llegar a Tegucigalpa. Es importante resaltar, que al darse el embargo económico por parte del gobierno Estadounidense a Cuba, se buscan otros proveedores agrícolas, a quien comprar los productos que antes eran comprados a la nación Caribeña. El Mercado Común Centroamericano, es entonces producto y creación del gobierno estadounidense, como una estrategia de reordenar y reorientar las economías centroamericanas, en función de suplir algunas necesidades en el mercado estadounidense.
Por otro lado, la industrialización de la economía Salvadoreña, y la consolidación de su burguesía le ponían a la vanguardia de la Región, pues tanto El Salvador, como Guatemala, contaban con la infraestructura adecuada para llevar a cabo el proceso de Integración, y obtener grandes ventajas a raíz de contar con esta infraestructura.
Los protagonistas del conflicto, -Fidel Sánchez Hernández, presidente Salvadoreño y Osvaldo López Arellano- buscaron la resolución del conflicto, al ver que se había salido de las manos y en ánimo de proteger a los grupos que detentaban el poder en ambos países.
Los hechos que subrayaron las tensiones
Honduras pone restricciones a los productos salvadoreños. Acción dirigida por la burguesía hondureña, en aras de proteger la industria interna, y afianzarse cada vez más en el mercado hondureño. Otro punto importante a resaltar, es que Honduras no supo posicionarse en un papel protagónico dentro del Mercado Común Centroamericano, y además adquirió deudas con el resto de países de la región, pues importaba mucho y exportaba poco. Estas vicisitudes del MCE hicieron que se desatara la guerra entre las dos naciones centroamericanas, que fue claramente una guerra de burguesías, dirigidas por los gobiernos de ambos países, y que estos erróneamente, hicieron creer que era una guerra que involucraba a los pueblos.
Aunque no debe dejarse de lado, que  la masiva migración de Salvadoreños a territorio Hondureño, también contribuyó a caldear los ánimos; además de los partidos de fútbol rumbo a México 70, en lo que tuvieron participación de  aficionados de ambas selecciones; esto era una clara muestra de un nacionalismo exacerbado, en donde se evidenciaba no solo la rivalidad en lo futbolístico, sino el resentimiento existente, lo anterior como parte de la planificación de un conflicto armado que se veía venir. Esta coyuntura futbolística correspondió a la alienación de las masas, y sirvió como distractor en ambos países de los conflictos sociales internos que existían, por la problemática de la tierra y otros problemas que marcaban la agenda de los gobiernos, pero que  rehusaban a atender.
Para el caso de Honduras, a principios del siglo pasado, cuando su situación económica era bonancible, muchos salvadoreños emigraron al vecino país. Por otro lado el entonces presidente López Arellano, tenía serios problema de inversión pública y deuda. El problema de la distribución de la tierra era también otra dificultad que tenían ambos países, y sobre el cual, se venían reclamando serias reformas, en torno a este problema, por parte de organizaciones sociales, que reivindicaban esta bandera de lucha. Entre Huelgas, protestas y tomas de calle, Honduras estaba al borde del caos. La situación en El Salvador, tampoco era tan alentadora, y de alguna manera la guerra, -si bien es cierto fue producto de las diferencias entre ambas burguesías- también fue aprovechada por los respectivos gobiernos para centrar la atención en ese conflicto, y desviarla de los problemas internos de cada Estado.
El 26 de junio, Honduras de forma tajante rompe relaciones diplomáticas con El Salvador, y a cuyo gobierno tildó de “genocida” lo que dio producto al llamamiento a la Unidad Nacional, por parte de diferentes organizaciones, entre Partidos Políticos; incluyendo la posición vergonzosa de la “izquierda” y el Partido Comunista Salvadoreño, también la Asociación General de Estudiantes Universitarios AGEUS, que llamó a los estudiantes universitarios a integrar las filas del ejército para “defender la patria”.
Conclusión
Al finalizar la guerra, del fútbol o “guerra de las cien horas”  y firmarse la paz entre ambas naciones en Lima, Perú, se crean ciertas expectativas hasta cierto punto irreales, respecto a la situación en la que quedarían ambos países. Por un lado en cuanto a lo económico, se rompe con el Mercado Común Centroamericano, de cuya estructura se beneficiaba El Salvador, convirtiéndose en la vanguardia industrial de Centroamérica. Por el otro se avizoraban soluciones efectivas a los conflictos sociales que embargaban a ambos Estados –incluyendo los conflictos de carácter limítrofe, por el tema de los “bolsones” (áreas fronterizas sin definir dueño) y que posteriormente serían resueltos en La Haya-. Tales expectativas no se cumplieron, más bien sirvieron de detonante, generando intentos de guerra armada, en Honduras, y de tensiones sociales en los setentas en El Salvador, que posteriormente darían paso a la guerra civil abierta en la década de los ochentas.
En dicho conflicto, se hizo creer que era una guerra entre pueblos y no entre burguesías. Las consecuencias, para la región –además del rompimiento del Mercado Común Centroamericano- fueron de carácter económico, social, político, limítrofe y otros que derivaron en otras tensiones sociales, en ambas naciones. Es necesario recordar estos hechos y el contexto en que se dieron para que no se repitan, y procurar la reunificación de los pueblos, para el caso de Centroamérica, por medio de un Estado Federal Socialista, en el que coexistamos como hermanos y hermanas, construyendo permanentemente, sociedades distintas a las actuales.

DE NUEVO EN LA NOTICIA: EL VALLE DEL POLOCHIC

Por Marcial Rivera
“El problema primordial de la sociedad Guatemalteca es la mala distribución de su riqueza primaria, la tierra, la cual se halla concentrada en pocas manos”
Nuevamente, las comunidades que se encuentran en el Valle del Polochic, fueron atacadas por los grupos de “seguridad privada” de la familia Widmann. En la madrugada del 10 de agosto un grupo de hombres armados que se desplazaban en vehículos irrumpieron en terrenos de la finca Paraná en El Polochic, Alta Verapaz. 22 familias fueron atacadas por los referidos grupos, En consecuencia, se registraron siete heridos, Martin Tec, Carlos Ical, Elena Tec, María Pop, Carolina Rax Tiul, Carolina Caal Cuc, y Juan Tiul Tiul.  Los agresores quemaron unas cinco casas con las pertenencias de las familias, robando otros bienes.
Por otro lado, el gobierno emitió un comunicado, en una posición totalmente errónea, pues si bien es cierto el Ministerio Público debe investigar los ataques ocurridos contra los campesinos y las campesinas, el Estado debe tomar una posición seria en este tema, y actuar a favor de quienes no poseen nada.
Según Prensa Libre en su edición del 11/08/2011, al referirse al gobernador departamental de Alta Verapaz, “Vinicio Villar, aseguró que el referido inmueble pertenece al ingenio Chabil Utzaj, cuyos guardias han sido vinculados con otros hechos similares. Villar señaló que iniciaron un diálogo con los campesinos, porque gozan de un amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual les proporciona medidas cautelares”. Por otro lado también se señala, por parte del gobernador, que no fue un desalojo, y deja entrever que “se esta protegiendo a los campesinos que se encuentran en el lugar”.
Los actores involucrados en esta problemática tienen posiciones encontradas, por un lado la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Comité de Unidad Campesina, y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, coinciden en que estos desalojos provienen de los derivados desde el 15 de marzo, que estos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes, que deben condenarse los desalojos violentos y acosos armados, por parte de grupos paramilitares; y que este tema debe tomarse en serio. Pero por otro lado la Municipalidad rechaza lo anterior, y deslegitima las posiciones vertidas por las organizaciones mencionadas anteriormente. Lo cierto es que los poderosos intereses que están detrás de las agresiones a estas familias campesinas involucran no sólo a la familia Widmann, sino a grupo capitalista Pellas-Chamorro de Nicaragua y al propio Banco Centroamericano de Integración Económica, que está financiando los negocios de tierras en esa región. 
Exigimos al gobierno de Álvaro Colom que controle y ponga un alto a las actividades de los grupos paramilitares al servicio de los empresarios terratenientes de ese sector. Llamamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y populares a solidarizarse con los compañeros campesinos y a hacer acciones para impedir que siga corriendo la sangre en el Valle del Polochic.

jueves, 18 de agosto de 2011

Guatemala, Otto Pérez: financistas, alianzas, Nebaj y los Mendoza


Hace cuatro años, Otto Pérez Molina reveló a la embajada de EE.UU. lo que no quiso compartir con los guatemaltecos: sus principales financistas, posibles ministros, su participación en Nebaj durante el conflicto y su relación con la familia Mendoza. Un cable filtrado por WikiLeaks, en poder de Plaza Pública, da luces sobre el contenido de esa reunión.
Plaza Pública
Miércoles, 17 Agosto, 2011 - 11:38
Pérez Molina dijo que la mínima relación de su partido con los Mendoza en 2003 fue con el hermano que vive en Morales, Izabal y no con el narcotraficante que vive en Petén.
Entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones pasadas, la mañana del 18 de septiembre de 2007, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron a desayunar a la residencia del entonces embajador estadounidense James Derham, en la 20 calle de la zona 10, para conversar sobre su estrategia para las elecciones del 4 de noviembre, según el documento 07GUATEMALA1941, enviado por la embajada para el Departamento de Estado y al Pentágono (SIPDIS) con fecha del 25 de septiembre.
En la reunión, aseguró tener el apoyo de la mayor parte de la GANA (liderada por el bergeísmo y algunos líderes regionales) y de Casa (entonces encabezada por Eduardo Suger, hoy rival desde Creo), refutó las acusaciones de violaciones de derechos humanos durante su carrera militar y aseveró que estaba “seguro” de que su campaña no tenía financiamiento de narcotraficantes y tenían “pruebas” de que la de Álvaro Colom sí lo hacía. Las comillas fueron puestas por la Embajada. En los cables diplomáticos las comillas puestas por la Embajada tienden a implicar escepticismo o literalidad de parte de las autoridades extranjeras sobre lo que dicen las fuentes.
El financiamiento electoral
Tanto Otto Pérez Molina como el resto de candidatos a presidente en Guatemala han sido reacios a mencionar quiénes son sus principales financistas de campaña. En estas elecciones de 2011, por ejemplo, informaron oficialmente al TSE que una empresa del diputado Christian Ross, Imágenes Urbanas, era hasta mayo su principal financista -con Q400 mil-. Pero, sólo en publicidad en los medios, sus gastos para aquella fecha, cuando la campaña aún no había comenzado oficialmente, se calculaban en más de Q21 millones, según un monitoreo de Mirador Electoral.
A pesar de que para los guatemaltecos el grueso del financiamiento electoral del Partido Patriota era mantenido en secreto, el militar retirado sí informó a la embajada de Estados Unidos. “Después de cierta resistencia del sector privado más importante, Pérez Molina aseguró que está recibiendo apoyo de los Castillo, los Novella, los Herrera y Dionisio Gutiérrez, que pueden considerarse las cuatro familias más ricas de Guatemala”.
Estas cuatro familias están relacionadas a las principales cuatro industrias del país. La familia Castillo está relacionada a la Cervecería y la Embotelladora La Mariposa; la familia Novella, con Cementos Progreso; los Herrera con el Ingenio Pantaleón y Dionisio Gutiérrez era hasta hace unos meses el co-presidente del grupo Multiinversiones, el más grande de Guatemala.
Derham escribió que le preguntó si no creía que estas cuatro familias también financiaban a Colom. Según el cable Pérez Molina respondió que esas contribuciones al entonces presidenciable de la UNE eran probablemente marginales, porque en realidad estaban apostando por la victoria del PP. Aseguró, además, que los uneístas recibían dinero del narcotráfico, “sin presentar pruebas”.
La relación con los Mendoza
El diplomático, entonces, le preguntó sobre la relación con la familia Mendoza. Esta pregunta era especialmente importante para la embajada, dado que para aquel momento Estados Unidos ya había acusado a varios miembros de esa familia de tráfico de drogas en Izabal y Petén y estaban demandados en Washington por supuestas intimidaciones a sindicalistas de la empresa Del Monte. (Años después, en mayo de 2011, el presidente Álvaro Colom los incluiría públicamente entre los principales narcotraficantes nacionales).
“Pérez Molina dijo que estaba seguro de que dinero del narcotráfico no se había colado en su campaña. Cuando el embajador le preguntó sobre su relación con la familia del crimen organizado Mendoza en Izabal y Petén, Pérez Molina respondió que las acusaciones públicas de que él le había presentado a los Mendoza a (Óscar) Berger no eran certeras, pues Berger había hecho depender su seguridad de los Mendoza cuando viajaba a Petén durante su campaña presidencial de 1999”.
“Pérez Molina dijo que la mínima relación de su partido con los Mendoza en 2003 fue con el hermano que vive en Morales, Izabal y no con el narcotraficante que vive en Petén. Pérez Molina dijo que en 2003, el menos malo de los hermanos le había ofrecido apoyo para su campaña, pero que cuando conoció a los Mendoza les pidió que salieran de su campaña. Aseguró que nunca le dieron apoyo y que habían sido llevados a la campaña por el bien intencionado pero naïve Alejandro Sinibaldi”.
Esta “mínima relación”, había sido ocultada por Otto Pérez Molina. Plaza Pública, en una entrevista hace un mes, le preguntó cuál era el vínculo de su partido con los Mendoza y negó que existiera tal. Se intentó contactar a Otto Pérez Molina a través de su asistente y de Mauricio López Bonilla, jefe de campaña del Partido Patriota, pero dijeron que preferían esperar a que estuviera publicado para reaccionar.
Alejandro Sinibaldi fue cuestionado por teléfono sobre la explicación que Pérez Molina dio a Derham. “¿Qué opinión le merece esto?”, se le preguntó. Respondió que un cuestionamiento así por teléfono le agarraba en el aire y esperaría a leer en el artículo de Plaza Pública el contexto en el que fue escrito el cable para dar una explicación.
Sobre las acusaciones durante la guerra
Derham cuestionó a Pérez Molina sobre el escrutinio que recibiría de parte de las organizaciones de derechos humanos por su récord como comandante en la brigada de Nebaj durante el conflicto armado y como Director de Inteligencia. “Pérez Molina dijo que no fue enviado a Nebaj como comandante de la región militar sino enviado por el Ministro de Defensa (Héctor) Gramajo para intentar una reconciliación con la población local”.
Pérez Molina explicó que la estrategia militar antes de su llegada era identificar como apoyo de la guerrilla a todos los indígenas que no bajaran de las montañas. A su modo de ver, “muchos indígenas que permanecían en las montañas lo hacían para proteger sus casas y pedazos de tierra y no porque apoyaran a las guerrillas. Pérez Molina dijo que durante su estadía en Nebaj logró cambiar la imagen de las unidades militares que operaban allí y que la relación del ejército con las comunidades mejoró sobremanera”.
En la entrevista de hace un mes con Plaza Pública, Pérez Molina no mencionó que el ejército hubiera tenido antes de su llegada una visión de que todos los indígenas que no bajaban de las montañas eran apoyo de la guerrilla. Esta equiparación entre indígenas en las montañas y guerrilleros es la que, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, provocó actos de genocidio por parte del Ejército. Algo que Pérez Molina niega tajantemente.
Explicó que fue designado Director de Inteligencia en tiempos de Ramiro de León Carpio “porque el presidente quería romper la competencia entre dos grupos de poder de oficiales de inteligencia que se disputaban esta importante oficina. Negó reportes que hubiera estado involucrado en la desaparición del comandante Everardo (Efraín Bámaca) y dijo que la influencia decisiva que se dijo que tenía sobre el presidente Serrano, superior y contraria a la de otros militares de más alto rango, para este caso, era apócrifa”.
Alianza con Suger
En el plano de la campaña electoral de hace cuatro años, Pérez Molina delineó su estrategia para la victoria. Ahora rivales directos en la contienda electoral, la relación de Pérez Molina con Eduardo Suger, presidenciable en 2007 con el partido Casa y ahora con Creo, parecía en sintonía. “Pérez Molina dijo que había hablado con Suger, líder del derechista partido Casa, que obtuvo 300,000 votos urbanos, y pensaba que podía contar con el voto de los de Casa para la segunda vuelta”.
También cortejó para un apoyo político a Alejandro Giammattei, presidenciable de la Gana, pero reconoció que ese partido estaba profundamente dividido sobre los apoyos, y se mostró menos optimista sobre Álvaro Arzú, alcalde capitalino, quien estaba cerca de un acuerdo con la UNE y Álvaro Colom.
Pérez Molina estaba conciente que necesitaba más de 60 por ciento de los votos capitalinos para contrarrestar el apoyo de la UNE en el interior, cosa que al final no sucedió.
La embajada no ha encontrado evidencia de la participación de Pérez Molina en violaciones a los derechos humanos. “Los rumores persisten sobre la supuesta complicidad de Pérez Molina en la violación de derechos humanos y corrupción, pero ninguna evidencia ha salido a luz hasta el momento”.
Puestos en el Gabinete
Así como no mencionó a los guatemaltecos quiénes eran sus financistas, tampoco adelantó posiciones en un eventual gabinete de ministros en 2008. Al embajador estadounidense sí le dijo quiénes serían los más seguros aspirantes. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, se inclinaba por Francisco Villagrán, ex representante ante la Organización de Estados Americanos, diplomático de carrera, hijo del ex vicepresidente del Gobierno de Romeo Lucas, Francisco Villagrán Kramer, y hermano de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán. El diplomático vuelve a sonar hoy como uno de los nombres que integrarían un eventual gobierno patriota en 2012.
El cable estadounidense recuerda que Otto Pérez Leal, hijo de Pérez Molina, trabajó para Villagrán en la misión diplomática en Washington. Pérez Leal es ahora el aspirante patriota a la alcaldía de Mixco.
En ese mismo cable, se asegura que Pérez Molina negó que otro diplomático de carrera, Antonio Arenales Forno, pudiera ser el canciller, pero sí sería un consejero para política exterior.
Para Ministro de Finanzas, la elección de Pérez Molina era José Alejandro Arévalo, ex jefe de esa cartera durante el gobierno de Arzú y decano de Economía de la Universidad Rafael Landívar. Consultado sobre esta mención, Arévalo confirmó que Otto Pérez le había ofrecido el cargo, como lo hizo el presidente Colom, pero rechazó la petición de ambos candidatos.
Para el cargo del Ministro de Gobernación, Baldetti le había pedido a Pérez Molina que la nombrara a ella, pero no se había tomado una decisión al respecto. Sobre el Fiscal General, entonces Juan Luis Florido, el candidato patriota respondió que tendría una conversación directa (“heart-to-heart”) con él para pedirle que se pusiera a trabajar.
*Este es el primero de los cables que Plaza Pública recibió en exclusiva por parte de WikiLeaks. Serán publicados en las próximas semanas conforme vayan siendo investigados.

El Salvador: Izan bandera de Cuba en Salón Azul

“Por estas tierras cruzó en 1954 un médico llamado Ernesto Guevara, cuando aún no era el Che de Cuba y del mundo, y laboriosas manos indígenas calentaron para él en Tazumal, el agua para el mate con el que alivió su asma, en la ruta que lo conduciría a unirse a la revolución cubana.”
Pedro Pablo Parada, Embajador de Cuba en El Salvador

En el marco del restablecimiento de las relaciones diplomática con la hermana república de Cuba, esta maña la Asamblea Legislativa recibió la custodia de la bandera de la estrella Solitaria, Símbolo nacional de Cuba, la cual fue izada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa.
El pabellón nacional de Cuba fue entregado al Presidente de la Asamblea Legislativa, Diputado Sigfrido Reyes de manos del excelentísimo embajador de Cuba en El Salvador, Pedro Pablo Prada.
Durante su intervención el Presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes agradeció la confianza depositada en el parlamento salvadoreño para la custodia de la bandera, cuyo significado es muestra de la profundización de las relaciones con el solidario gobierno y pueblo cubano, el cual se expresa no solo en relaciones no solo en el campo diplomático sino también en áreas económicas y sociales. “Esa bandera será respaldada con la dignidad, decoro y respeto que se merece su bandera, su presencia en el parlamento recordará que nuestros pueblos tiene una gran hermandad, dijo Reyes.
Por su parte, el embajador de Cuba, Pedro Prada destacó las gestas independentistas de los Salvadoreños desde el Prócer Manuel José Arce hasta el conflicto armado que culminó en los Acuerdos de Paz de Chapultepec, México y la solidaridad existentes entre dos pueblos hermanos, Cuba y el Salvador”.

miércoles, 10 de agosto de 2011

CONTINÚAN LA REPRESIÓN Y LOS ASESINATOS BAJO EL GOBIERNO DE COLOM

Por Marcial Rivera

¡No pare sigue, sigue!
“Cuando muera, no llores, hijo: / pecho a pecho ponte con ella, / y si sujetas los alientos
/ como que todo o nada fueras, / tú escucharás subir su brazo / que me tenía y que me / entrega, / y la madre que estaba rota / tú la verás volver entera”.

Fragmento del Poema “La Tierra” de Gabriela Mistral

A casi un mes de que se lleven a cabo las elecciones generales en Guatemala los niveles de violencia no cesan, y la represión del Estado tampoco; pareciera que el potencial caudal electoral, que podría generar el hecho de cesar con la represión, no está dentro de las ideas de la coalición UNE-GANA, como binomio oficial, y que busca ganar las elecciones bajo la excusa de “defender a los más necesitados”.

El Estado, -como bien se sabe- existe para defender a la clase dominante, y el surgimiento del mismo, se remonta al surgimiento de la propiedad privada, cuando se cercó el primer pedazo de tierra. No se trata de asesinatos comunes, no se trata de las veinte o veinticinco personas que son privadas del derecho a la vida, y que pasan a formar parte de las estadísticas de la violencia, se trata de un modus operando al estilo de los escuadrones de la muerte, cuando estas estructuras se dedicaban a asesinar líderes sociales durante el conflicto interno. En un comunicado emitido, por el Frente Nacional de Lucha, el 21 del mes recién pasado, se hace alusión a asesinatos desde una motocicleta, y de lo sanguinario que actuaron los homicidas de las compañeras, Lesbia Elías Xurup, y María Santos Mejía.

De igual manera, en esto se evidencia para beneficiar a quién existe el Estado de Guatemala, pues por dar cumplimiento a una orden judicial, y nuevamente por la problemática de la tierra, Sergio de León de diecinueve años, fue muerto, en Los Cafetales, una finca ubicada en Santa Cruz Muluá, en Retalhuleu, al occidente de Guatemala; la pretensión consistía en desalojar a más de doscientas cincuenta familias, que habían invadido la finca, utilizando para este propósito gases lacrimógenos, mientras la población se defiende con piedras, palos y armas blancas.

PNC y Ejército como instrumento de represión
Lo más curioso del caso, es que mientras la violencia es incesante, el Estado utiliza a más de mil quinientos agentes de la PNC, -mientras no accionan cuando hay delitos- de diferentes lugares, e incluso a elementos de las Fuerzas Armadas, para ayudar a las acciones de desalojo, lo que viola el espíritu de los acuerdos de paz, pues no es concebible que se sigan utilizando elementos del Ejército, para llevar a cabo acciones de represión en contra de la población civil, y más aún en condiciones de desigualdad. Lo cierto es que esto se debe a que no existe una política en materia agraria, por parte del Estado, no obstante en los Acuerdos de Paz, debía tratarse el tema de la tierra. De ahí que el derecho también sirva para defender a la clase dominante, pues aunque las órdenes judiciales llevadas a cabo, provienen de la ley, son a todas luces ilegítimas, pues no cuentan con el apoyo de la mayoría de la población. Al hablar de derechos fundamentales, podríamos preguntarnos entonces si el derecho a la propiedad privada priva, sobre el derecho a la vida, o a la integridad física; pues esta es la lógica del empresariado y de las autoridades. Por otro lado, la legislación penal no debería ser usada, para ventilar estos conflictos agrarios que responden, a otras razones, que no son de índole penal. Que bien debería buscarse otras formas de resolver estos problemas.

Guatemala como Estado Servil
El estado actúa entonces en función de reprimir y desalojar violentamente, a quienes usurpan tierras, pero no para buscar el diálogo ni mucho menos, elaborar propuestas de solución para esta problemática. Por otro lado, lo que Guatemala necesita, es una política agraria eficaz, pero que sea un verdadero pacto de nación, pues de no hacerlo de esta forma, se estará en el eterno génesis, en el que en un período se dan determinadas políticas y en el siguiente se cambia, aduciendo ser mejores, y finalmente no hay nada coherente, probablemente las políticas desarrolladas durante los gobiernos de la llamada “Primavera Democrática” sean el mejor ejemplo que se pueda seguir, para tratar la problemática de la tierra. Aunque disfrazado de gobierno para los más “pobres” lo cierto es que este período presidencial, cerrará con la peculiaridad, de haber llevado a cabo muchos desalojos violentos, principalmente por la problemática de la tierra.

San Salvador: Segunda Semana de Agosto en Nuestra América



lunes, 1 de agosto de 2011

POR UNA REFORMA UNIVERSITARIA QUE RECUPERE LA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA, CRÍTICA Y CIENTÍFICA

La Reforma Universitaria es una necesidad impostergable para devolver a la Universidad San Carlos su papel de generadora del conocimiento científico y la formación de profesionales, teniendo como fin no el lucro personal y el sostenimiento del modelo social excluyente, sino el desarrollo de toda la sociedad. Las autoridades de nuestra alma máter, empezando por el Consejo Superior Universitario (CSU) están retardando el cumplimiento de los acuerdos que resolvieron la toma de 54 días realizada por el colectivo Estudiantes Por la Autonomía.

Tales acuerdos llevaron a conformar dos mesas de diálogo y trabajo, una sobre la elaboración de una reforma a la ley orgánica vulnerada tras un cuestionable fallo de la Corte de Constitucionalidad que afectó los derechos de elegir de los estudiantes; y otra que elaboró una metodología de bases para el proceso de reforma. El documento de Bases y Metodología del Proceso de Reforma, contó al inicio con la participación de trabajadores, docentes, profesionales, estudiantes y autoridades y se presentó tardíamente a 51 grupos de esta universidad que desde el inicio habían mostrado su interés en participar en tal mesa. A pesar del descontento de tales grupos se acordó trabajar en base a tal documento y reorganizar la mesa que lo había generado. Pese a las medidas dilatorias de parte de las autoridades y organizaciones afines a ellos que buscan que tal proceso sea tutelado por el CSU para favorecer las intenciones de la camarilla burocrática neoliberal, la lucha es por un proceso de reforma de carácter constituyente y total que deje una universidad accesible a toda la población y cuestionadora de tal modelo capitalista.. El Partido Socialista Centroamericano, que desde la toma estuvo apoyando la necesidad de cambios profundos y a los estudiantes de EPA, considera que existe un bloqueo intencionado de parte de las corruptas autoridades en ambos procesos que debe ser detenido por los estudiantes organizados. Llamamos a los estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales, que quieren recuperar el papel crítico de nuestra universidad e interesados en proponerle a la sociedad un modelo de nación incluyente a informarse en sus organizaciones, a exigir a las autoridades que dejen de entorpecer estas situaciones.
¡Compañero y compañera, apoya y participa en el proceso de Reforma Universitaria! PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA) SECCIÓN GUATEMALA. JUNIO 2011
WWW.ELSOCA.ORG