Por Marcial Rivera
“El problema primordial de la sociedad Guatemalteca es la mala distribución de su riqueza primaria, la tierra, la cual se halla concentrada en pocas manos”
Nuevamente, las comunidades que se encuentran en el Valle del Polochic, fueron atacadas por los grupos de “seguridad privada” de la familia Widmann. En la madrugada del 10 de agosto un grupo de hombres armados que se desplazaban en vehículos irrumpieron en terrenos de la finca Paraná en El Polochic, Alta Verapaz. 22 familias fueron atacadas por los referidos grupos, En consecuencia, se registraron siete heridos, Martin Tec, Carlos Ical, Elena Tec, María Pop, Carolina Rax Tiul, Carolina Caal Cuc, y Juan Tiul Tiul. Los agresores quemaron unas cinco casas con las pertenencias de las familias, robando otros bienes.
Por otro lado, el gobierno emitió un comunicado, en una posición totalmente errónea, pues si bien es cierto el Ministerio Público debe investigar los ataques ocurridos contra los campesinos y las campesinas, el Estado debe tomar una posición seria en este tema, y actuar a favor de quienes no poseen nada.
Según Prensa Libre en su edición del 11/08/2011, al referirse al gobernador departamental de Alta Verapaz, “Vinicio Villar, aseguró que el referido inmueble pertenece al ingenio Chabil Utzaj, cuyos guardias han sido vinculados con otros hechos similares. Villar señaló que iniciaron un diálogo con los campesinos, porque gozan de un amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual les proporciona medidas cautelares”. Por otro lado también se señala, por parte del gobernador, que no fue un desalojo, y deja entrever que “se esta protegiendo a los campesinos que se encuentran en el lugar”.
Los actores involucrados en esta problemática tienen posiciones encontradas, por un lado la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Comité de Unidad Campesina, y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, coinciden en que estos desalojos provienen de los derivados desde el 15 de marzo, que estos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes, que deben condenarse los desalojos violentos y acosos armados, por parte de grupos paramilitares; y que este tema debe tomarse en serio. Pero por otro lado la Municipalidad rechaza lo anterior, y deslegitima las posiciones vertidas por las organizaciones mencionadas anteriormente. Lo cierto es que los poderosos intereses que están detrás de las agresiones a estas familias campesinas involucran no sólo a la familia Widmann, sino a grupo capitalista Pellas-Chamorro de Nicaragua y al propio Banco Centroamericano de Integración Económica, que está financiando los negocios de tierras en esa región.
Exigimos al gobierno de Álvaro Colom que controle y ponga un alto a las actividades de los grupos paramilitares al servicio de los empresarios terratenientes de ese sector. Llamamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas y populares a solidarizarse con los compañeros campesinos y a hacer acciones para impedir que siga corriendo la sangre en el Valle del Polochic.
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