Honduras dio en 2009 un salto al pasado de tres décadas y el país fue regresado por las fuerzas armadas a la era de los golpes militares en una conspiración que incluso abarcó fuerzas externas.
La madrugada del 28 de junio militares encapuchados asaltaron la residencia del presidente constitucional, Manuel Zelaya, y lo desterraron a Costa Rica, previo paso por la base estadounidense de Palmerola.
Desde meses antes, el estadista enfrentaba una dura campaña de sectores empresariales renuentes al aumento del salario mínimo y a cumplir medidas para proteger el país del control de las transnacionales petroleras.
Su incorporación a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) desató también la oposición de los partidos tradicionales y el enojo del gobierno de Estados Unidos.
No obstante, los alegatos para el golpe estuvieron más relacionados con un supuesto plan de Zelaya para promover una asamblea nacional constituyente con el objetivo de lograr su reelección, un propósito siempre desmentido.
El día de la ruptura de la legalidad democrática, en el país estaba prevista la realización de una encuesta sobre la posibilidad de realizar un referendo sobre la constituyente.
Las reformas a la carta magna son una vieja aspiración de las fuerzas populares, que demandan cambios democráticos y económicos a una sociedad donde 14 familias acaparan el 90 por ciento de la riqueza nacional.
La consulta no era vinculante y pedía a los ciudadanos la opinión sobre una cuarta urna sobre la constituyente en las elecciones del 29 de noviembre. Las otras tres, son para elegir al presidente, diputados y autoridades municipales.
Su eventual realización, de lograrse, quedaría en manos de uno de los dos candidatos presidenciales de los partidos tradicionales, Porfirio Lobo, del Nacional, y Elvin Santos, del Liberal, los dos de derecha.
Ambas fuerzas controlan el país y se alternan en el gobierno en un bipartidismo sin riesgos reales de ser alterado de haberse realizado con normalidad los cuestionados comicios.
El golpe colocó con fuerza a un nuevo actor en la vida hondureña, la Resistencia, y consolidó el liderazgo de Zelaya y su alianza con el movimiento popular.
Apenas conocido el derrocamiento de Zelaya, miles de personas se concentraron frente a la Casa Presidencial y pocas horas después, los sectores populares y partidos progresistas, entre estos las bases del Liberal, crearon el Frente Popular de Resistencia, que luego adoptó el nombre de Frente Nacional contra el golpe de Estado.
El Frente mantuvo a miles de personas en marchas diarias a lo largo de los meses e incluso se las ingenió para expresar su protesta en medio del estado de sitio decretado en septiembre por el gobierno de facto.
Sobrevivió a los toques de queda, la represión y acoso diario de las tropas del ejército y la policía, a los asesinatos selectivos perpetrados por las fuerzas de seguridad, que suman 41, de acuerdo con las investigaciones de los organismos de derechos humanos.
En su última asamblea nacional, el pasado día 10, el Frente acordó mantener la lucha por la restitución del orden constitucional y la celebración de la constituyente para refundar a la nación.
En la Resistencia vamos hasta el final, hasta la transformación de la patria, hasta la integración centroamericana y latinoamericana, hasta la soberanía total de nuestros pueblos, hacia la libertad, la igualdad y la justicia, afirma la declaración de la cita.
Ratificó además su desconocimiento de los resultados de los comicios y del candidato declarado ganador, Lobo, a quien considera la continuidad del golpe y cómplice de la impunidad de sus autores.
El derrocamiento de Zelaya desató una ola de repudio internacional y Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) exigieron por unanimidad su restitución "inmediata y segura".
No obstante, el gobierno de Estados Unidos promovió luego la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien propició un lento proceso de negociaciones para lograr el retorno condicionado de Zelaya.
El plan propuesto por Arias nunca llegó a concretarse, aunque, varios de sus puntos fueron incluidos en acuerdos firmados el 30 de octubre, que pasaban la decisión de la restitución de Zelaya al Congreso.
El parlamento decidió abordar el asunto hasta después de las elecciones y finalmente, los diputados de los dos partidos tradicionales, con algunas excepciones en el Liberal, ratificaron la destitución de Zelaya.
Tras los comicios, los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica, junto a los de Colombia, Panamá y Perú, desataron una campaña a favor del reconocimiento de Lobo y de las elecciones como salida al conflicto.
No obstante, la mayoría de las naciones del continente rechazó los resultados del sufragio por las condiciones en las cuales se realizó.
En ese panorama, la crisis catalizada por el golpe militar de junio se proyecta sobre el futuro del país, con la Resistencia y Zelaya dispuestos a continuar la lucha democrática, mientras el régimen estrena un rostro nuevo con Lobo.
(*) El autor es periodista de Prensa Latina enviado especial en Honduras.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=148438&Itemid=1
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