Una propuesta: ¿La toman o la dejan?

Martes, 29 Junio 2010
Benjamín Cuellar Martínez (*)


MADRID - Hace unos días, el domingo 20 de junio del 2010, fue incinerado un bus del transporte público en Mejicanos. En esa ciudad vecina de la capital de mi país, San Salvador, murieron en el instante –en un sólo instante infernal– más de diez personas; entre las víctimas fatales se encontraba una niña cuyo paso en este mundo apenas alcanzó los dieciocho meses. En los días inmediatos luego del bestial suceso la cifra se incrementó hasta alcanzar las dieciséis, de treinta y una que viajaban en el vehículo. Casi simultáneamente, fueron ametralladas dentro de otro bus tres personas: dos niñas y un hombre.

Ese fin de semana se contabilizaron más de cincuenta asesinatos en un país donde hace más de dieciocho años terminó una guerra que produjo antes y durante la misma, según los cálculos más aceptados y quizás más conservadores, setenta y cinco mil muertes violentas entre la población civil no combatiente a lo largo de entre tres o cuatro lustros; hay que agregarles más de ocho mil personas desaparecidas y una abundante cantidad de detenciones ilegales y víctimas de torturas.

Por lo que se ve, los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado no fueron lo suficientemente magnánimos con una Patria que continúa limpiando la sangre derramada por su gente y llorando junto a las familias dolientes cada una de esas tragedias. ¿Por qué? No por los documentos en sí mismos sino por sus interesadas interpretaciones, manipulaciones y convenientes cumplimientos de lo pactado que quedaron en manos de quienes los firmaron. A estos les entregaron la exclusividad de su ejecución y se excluyó de la misma a quien puso la mayor cuota de sacrificio a lo largo de tantos años: el pueblo salvadoreño.

Por eso, El Salvador está herido; desde hace casi dos décadas su cuerpo social se debate entre los discursos políticos que ofrecen tiempos mejores y un presente desgarrador. El país está roto, maltrecho, y aun así continúa firme la decisión oficial de no someterlo al inevitable tratamiento curativo: el de la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas. ¡Todas! Las de antes, durante y después de la guerra; las que produjeron cualquiera de los bandos que se enfrentaron en el campo de batalla; las que siguen produciendo quienes continuaron enfrentándose en las campañas electorales y el Salón Azul de la Asamblea Legislativa después de firmada entre ellos la “paz”.

Si antes se pasearon la muerte y otros dolores por todo el territorio nacional debido al enfrentamiento político entre dos partes, hoy siguen reinando en El Salvador a consecuencia de las políticas públicas miopes, desacertadas y egoístas de los sectores interesados en evadir la necesaria rendición de cuentas; también por la oposición de los que no vieron al país como un todo en peligro y esquivaron la enorme responsabilidad de plantarse como firmes defensores de los intereses mayoritarios, urgidos de instituciones estatales fuertes.

No investigaron ni juzgaron a los autores de las masacres de El Mozote; al contrario, los encumbraron como “héroes” que salvaron al país de las “garras del comunismo” y lo hicieron pese a que se documentaron, testimonial y científicamente, los hechos. Sólo para muestra, un botón tomado del informe de la Comisión de la Verdad:

“En el Convento, se encontraron restos óseos correspondientes a un mínimo de 143 personas. Sin embargo, el análisis de laboratorio realizado indica que ‘puede haber habido un número mayor de muertos. Esta incertidumbre con respecto al número total de esqueletos es una consecuencia de las masivas lesiones peri-morten, el daño post-morten y el grado de mezcla de los restos. Muchos infantes podrían haber sido totalmente cremados; otros niños tal vez no fueron contados debido a la extensa fragmentación de las partes del cuerpo’ […] Los restos óseos y los elementos encontrados en el Convento muestran numerosos signos de daño producido por aplastamiento y por un incendio […] La mayoría de las víctimas eran menores de edad. Los expertos determinaron en un primer momento, después de realizar la exhumación, que ‘Aproximadamente el 85% de las 117 víctimas eran niños menores de 12 años’, aclarando que una estimación más exacta de la edad de los individuos se harían en el laboratorio […] Allí fueron identificados los restos de esqueletos identificados de 143 individuos, de los cuales 131 correspondían a niños menores de 12 año, 5 a adolescentes y 7 adultos. Agregaron que ‘El promedio de edad de los niños es de aproximadamente seis años de edad’ […] Una de las víctimas era una mujer embarazada”.

En nuestro país, pues, hay una enorme escuela de crueldad; pero sobre todo, de impunidad. Y las secuelas dañinas de todo eso, las siguen sufriendo las mayorías populares: la población campesina, la del comercio “informal”, la desempleada, la descontenta… Esas que Ignacio Ellacuría definió como aquellas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas fundamentales, que están marginadas por minorías elitistas y que se encuentran en condición de desposeídas por ordenamientos sociales históricos excluyentes, tanto en lo económico como en lo político.

¿Por qué no se exigió la pena de muerte para los responsables de las atrocidades ocurridas en El Mozote o de otros hechos similares? ¿Porque la venganza no es ninguna solución para esos males, sino un estímulo para que se agraven? Eso, que es cierto, no fue el motivo real para no aplicarles esa sanción fatal y sin retorno. La razón última para no “molestar” de ninguna forma a los criminales, fue la de protegerlos. Había que, al menos así se dijo, evitar que “corriera más sangre” y “hubiera otra guerra”; dicho en otras palabras: que si los sectores económicos, políticos y sociales a los que pertenecían los violadores de derechos humanos –llámense Domingo Monterrosa o Mayo Sibrián, Roberto D’Abuisson o Joaquín Villalobos– eran “tocados”, habrían usado el poder que tenían y tienen para impedir la consumación de semejante medida.

Por eso no fueron siquiera investigados y sancionados de alguna forma que no fuera el fusilamiento o la inyección letal. Por eso sus víctimas no recibieron justicia ni fueron reparados los daños que les causaron. Por eso no se fortalecieron las instituciones estatales correspondientes ni se dejaron funcionando para que hechos similares como el que ahora nos indigna con toda razón, aunque sus causas sean otras, no ocurrieran. Por eso no se sentaron los necesarios precedentes para evitarlos en la medida de lo posible. Por eso ahora, el crimen organizado –ya no como antes el que desde el aparato estatal violó derechos humanos– se pasea campante con sus otros dos rostros: el de la corrupción y el del tráfico de drogas, armas, vehículos, personas y más.

Propongamos, entonces, intentar lo que no se ha intentado hasta ahora. Más allá de las manos duras y súper duras, los provisionales pero casi permanentes usos de los militares en tareas de seguridad pública, las recriminaciones mutuas de incapacidad entre los dos bandos de siempre y las oportunistas mociones de las “banditas” partidistas, que se haga lo que nunca se ha hecho. Que se cree una Comisión Internacional contra la Impunidad, pero para todo el “triángulo norte” de Centroamérica. No sólo para Guatemala sino también para Honduras y El Salvador, pues los vasos comunicantes de las mafias criminales existen. Patrocinada por Honduras y liderada, por ejemplo, por alguien de la estatura de Baltasar Garzón ahora que está desempleado por pensar y actuar en favor de las víctimas de la violencia y la impunidad de cualquier signo.

Y que se le dé la misión de combatir los tres rostros del crimen organizado. Que investigue la verdad y promueva la sanción de todos los responsables de lo que ahora nos abate: las estructuras que posibilitaron las violaciones de derechos humanos, las de la corrupción y las de los traficantes de todo lo que promueve el enriquecimiento ilícito, generador de la violencia insoportable que puede echar al traste lo poco que se ha avanzado en la reforma de esta parte de la región.

¿Les parece o no? ¿La toman o la dejan? Si no, que Dios nos agarre confesados.

(*) Defensor de DDHH y columnista de ContraPunto


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