FSLN: el poder de dos figuras en la sombra

Edición : 1847
Publicado : 21/05/2010

La omnipresencia de la pareja presidencial y la ausencia de personajes de perfil político que desafíen su protagonismo y poder, han hecho a muchos críticos calificar al actual gobierno de personalista. Y en efecto, si un proceso ha marcado la vida institucional del FSLN en las últimas dos décadas ha sido la depuración constante de cualquier liderazgo alternativo al de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, como se encargan de recordar muchos sandinistas de base, Ortega y Murillo han accedido a la presidencia por una sola razón: ser los candidatos de una agrupación con una militancia fiel y un aparato partidario efectivo. El FSLN tránsito de organización político militar de cuadros, a partido de masas y por último, a una organización electoral convencional. Y por el camino perdió gran parte de su institucionalidad, sus espacios para el debate y el disenso. Sin embargo, algunos de los cuadros que un día formaron parte de la vida partidaria, ahora a nivel personal, siguen siendo clave para entender el poder del Frente.
Un mapa de las personalidades que rodean a Daniel Ortega, necesariamente debía haber sido más extenso. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, el cuadro más relevante en materia legal del Frente Sandinista, no podría haber faltado. Tampoco el dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, “movilizador de masas” cada vez que el partido lo requiere para hacer demostraciones de su fuerza. Ni Roberto Rivas, presidente del poder electoral y protegido del cardenal Miguel Obando, con quien Ortega mantiene un pacto. O los dos operadores políticos más importantes en la Asamblea Nacional, Edwin Castro y René Núñez Téllez. Y por supuesto, Rosario Murillo, esposa de Ortega.

Pero entre todos ellos, y desde un segundo plano, sin cargos oficiales en el gobierno, destacan dos figuras estratégicas: el ex director de los servicios de inteligencia sandinista en los años 80, el teniente coronel Lenín Cerna Juárez, actual secretario de Organización del FSLN, y el asesor económico de la presidencia, ex comandante guerrillero y empresario, Bayardo Arce Castaño.
Cerna: un hombre de inteligencia
“Una campaña política solo es comparable a una invasión militar. En una campaña política, el partido, a través de su organización, propaganda, signos externos, maniobras diversionistas, etc. debe dedicar todos sus esfuerzos y recursos a invadir con votos los centros electorales el día de las elecciones. Si algo falla y esos votos no llegan a las urnas por cualquier razón: falta de transporte, descoordinación, sabotaje del adversario, eso hará la diferencia entre el triunfo y la derrota. El candidato es el comandante supremo de la invasión. El partido debe servir de apoyo al candidato. El candidato debe nombrar un comando de campaña (su Estado Mayor) en donde se coordinarán todos los flancos del ataque con el único objetivo de que esta maquinaria trabaje perfectamente un solo día: el día de las elecciones”.

Las palabras no son de Lenín Cerna, las escribió el general Humberto Ortega (hermano de Daniel, jefe del Ejército entre 1979 y 1995), pero sí describen las funciones que ha adquirido el ex jefe del espionaje del FSLN desde hace una década. Y es que desde que pasó a retiro de las Fuerzas Armadas en abril de 1999, y pudo volver a militar oficialmente en el partido al que siempre fue fiel, Cerna ha sido una de las figuras principales del “Estado de Mayor” de Daniel Ortega; el jefe de los llamados comandos electorale” del FSLN, una extensa red de miembros del partido situados en todos los puntos donde se decide una elección: desde las urnas (las Juntas Receptoras de Votos) a los centros de cómputo (Centros Electorales Municipales y Departamentales); guiados por una consigna: “defender” el voto sandinista.

Nacido en 1946, hijo de un salvadoreño que huyó de “La Matanza” de 1932 y se instaló en León, Nicaragua, Cerna milita en el FSLN desde 1963, lo que le convierte en un gran veterano. Fue encarcelado en 1968 y liberado en la navidad de 1974 en un intercambio de rehenes, tras el asalto a la casa de José María Castillo, una acción de comando del FSLN en la que sus compañeros asesinaron al padre de quien luego se convertiría su esposa. Esos más de seis años de prisión los pasó junto con Daniel Ortega, lo que uniría sus vidas para siempre. Su relación de confianza absoluta con él, quedaría sellada en 1980, cuando Cerna, supuestamente, participó en la planificación del atentado en Paraguay en el que murió el dictador Anastasio Somoza.

A partir de entonces, se convertiría en el hombre de los “trabajos sucios”, en el cerebro detrás de la fundación de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), el aparato de inteligencia del gobierno sandinista. A comienzos de los 80, trabajó en la embajada nicaragüense en Honduras, desde donde dirigió operaciones para eliminar a varios líderes de la “Contra”, según se afirma en la biografía que el Departamento de Estado de EEUU, elaboró sobre él. Posteriormente, dirigió la DGSE, un cuerpo de unos 3,000 oficiales dedicada a recopilar información sobre los enemigos de la Revolución, capturarlos, “interrogarlos”, infiltrase en las filas de la Contra y otras operaciones encubiertas y de guerra psicológica.

Sobre sus actividades en la DGSE, afirmó en una entrevista de 1999: “más del 80% de nuestros investigadores fueron entrenados por la KGB y también en la Alemania Oriental, Cuba y Bulgaria. De los alemanes aprendimos el orden y la sistematización de la información, de la KGB su trabajo en el exterior y los cubanos tuvieron tiempo de enseñarnos todo lo que sabían, pues siempre estuvieron con nosotros”.

Para 1990, cuando el FSLN perdió las elecciones, Cerna ya era considerado por la oposición al sandinismo la personificación del terror. Y por eso inmediatamente fue desmantelada la DGSE, pero Cerna fue trasladado al Ejército, donde ocupó el cargo Inspector General, el tercero en importancia. Un informe del Comité del Relaciones Externas del Senado de los EEUU, de 1992, señalaba que el ex director de la DGSE mantenía una oficina cercana a la del ministro de la presidencia de Violeta Barrios de Chamarro, su yierno Antonio Lacayo –con quien los sandinistas tenían un pacto- y que seguía suministrando información de inteligencia al nuevo gobierno liberal.

Para muchos, su figura encarna lo mejor y lo peor de lo que ha representado el sandinismo para la historia reciente de Nicaragua; el compromiso total con unas ideas y la determinación para fijar unos objetivos y llevarlos a cabo, pero también la descomposición moral, la pervivencia de una mentalidad de guerra y, la conspiración como forma de hacer política.

En 1999, mientras su partido sellaba un pacto con el liberal Arnoldo Alemán, volvió al Frente y desde entonces ha ocupado la Secretaría de Organización, en donde se ha rodeado de gente de su confianza, muchos de ellos antiguos agentes que estuvieron a su servicio. Su sombra se alarga sobre gran parte de la vida partidaria del sandinismo, desde la designación de quiénes serán candidatos a alcalde hasta la supervisión de la elecciones de autoridades universitarias (tradicionalmente afines al FSLN). De hecho, desde su reaparición, ha protagonizado varios enfrentamientos con las estructuras institucionales del partido, las Secretarias Municipales y Departamentales, que se han quejado de que Cerna les está desplazando en favor de su antigua red de colaboradores.

Su supuesto papel en las últimas elecciones municipales, en noviembre de 2008, en las que se denunció fraude en al menos 35 alcaldías, le colocaron en el centro de la polémica. Cerna, junto con sus hombres, habría orquestado un plan denominado Operativo Danto 2008, enfocado a darle al Frente la victoria en 100 municipios al menos. Y para ello habrían intervenido en todas las fases de la elección: en la cedulación, dando prioridad a las sandinistas gracias al control del FSLN de la autoridad electoral; en la votación, cerrando los colegios electorales antes de tiempo y valiéndose en sus influencias sobre las cooperativas de buses para evitar la movilización de la oposición; en el primer conteo, utilizando a los fiscales sandinistas para impugnar el resultado de todas las urnas posibles, para evitar que fuesen contabilizadas, y en el computo, “infiltrando” a sus agentes al más alto nivel.

¿Es capaz Cerna de planear algo así? En la derecha nadie duda de ello. Y se señala con frecuencia que su esposa, la también teniente coronel Marisol Castillo Bellido, es magistrada suplente en el Consejo Supremo Electoral (CSE) (el vicepresidente del CSE es otro militar sandinista, Emmet Lang), lo que le facilitaría el camino a Cerna para colocar a ex agentes y militares en funciones clave.

Sean ciertas o no las acusaciones, lo que resulta indudable es que con el ascenso de Cerna, han ascendido también en la estructura electoral del Frente muchos ex militares. El jefe de campaña de Daniel Ortega en las elecciones de 2006 y 2001, fue por ejemplo, un hombre de confianza de Cerna, el general Álvaro Baltodano. Fue precisamente Baltodano, el que en una ocasión describió la función de Cerna, como dirigir los “comandos electorales en defensa del voto”.

¿Qué implica exactamente este trabajo? No hay versión oficial, pero Cerna se ha mostrado normalmente como un hombre pragmático. “Nosotros somos un partido político revolucionario y como tal, vamos a hacer siempre lo que convenga a nuestros intereses. No tenemos ningún escrúpulo en señalarlo. Hacemos política porque es el campo que decidimos aceptar, pero no jugamos en términos de los partidos tradicionales”, declaró en una entrevista de 2004.
Arce: el empresario comunista
Es sin duda una persona con buena sintonía con la cúpula económica de Nicaragua. Cuando el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) renueva sus cargos, su nombre, sin mencionar cargo, es de los pocos que aparecen en las listas de destinatarios fuera de la institución. Sus buenos oficios han sido también los artífices de la buena relación que ha mantenido el sector financiero, el más poderoso, con el gobierno de Daniel Ortega. Los grandes banqueros no sólo no se han pronunciado abiertamente contra la reelección presidencial continua que logró Ortega o el presunto fraude electoral de 2008, si no que directamente han apoyado a la administración en asuntos estratégicos, al punto, que una delegación encabezada por Alfredo Pellas viajó a EEUU en julio del año pasado para convencer al FMI de que el gobierno había cumplido con el programa del Fondo.

Arce ha demostrado capacidad de diálogo y tener la confianza de los más ricos entre los ricos, y ello lo ha convertido en una pieza clave para el presidente Ortega. La ausencia de otros funcionarios económicos con alto perfil político –los ministros son cuadros de escaso recorrido en el FSLN- han llevado al ex comandante a convertirse en el artífice de la política económica del gobierno y también en uno de los cerebros de la política exterior. De hecho, tanto el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, como el canciller, Samuel Santos, han sido o son socios de Arce en sus negocios, por ejemplo, en el banco sandinista Interbank, y ambos representan bien su estilo moderado.

Sin embargo las cosas no siempre fueron así. Bayardo Arce nació 1950, hijo de un periodista antisomocista que fue asesinado en una golpiza que le propinaron sicarios de la dictadura. Ingresó en el FSLN en 1969 y se integró a la facción de los más ortodoxamente comunistas. Durante el gobierno de los 80, aún siendo uno de los nueve líderes que formaban parte de la Dirección Nacional del FSLN, nunca se puso al frente de ningún ministerio. Ocupó, no obstante, cargos internos importantes como la coordinación del secretariado político del FSLN. También se encargó de las relaciones internacionales, y los EEUU, sin confirmarlo, le consideraron el cerebro detrás del suministro de armas al FMLN salvadoreño.

En julio de 1984 pronunció uno de sus discursos más celebres: “lo que una revolución necesita es ejecutividad. Y esa ejecutividad es precisamente lo que constituye la esencia de la dictadura del proletariado: la capacidad de clase de imponer su voluntad utilizando todos los instrumentos que tiene a su alcance, sin entrar en formalismos burgueses. Entonces, las elecciones (que se celebraban ese año) para nosotros resultan estorbosas, como resultan estorbosas otras cosas que forman la realidad de nuestra revolución. Pero desde el punto de vista de que tenemos una guerra con EEUU, estos elementos se vuelven armas para avanzar en la construcción del socialismo. Para nosotros, por ejemplo, es útil poder presentar una clase empresial privada dentro del régimen de economía mixta que promulgamos. Lo importante es que esa burguesía ya no controla los resortes económicos para su reproducción. La burguesía ya no invierte, subsiste”.

Veinte años después su compañero en el FSLN y alcalde de Managua, Herty Lewites, le describía así: “se desplaza en un carro de US$ 90,000, tiene apartamentos y grandes edificios en Los Robles (una zona residencial de la capital) y es el mayor importador de arroz desde EEUU”. Arce pasó de considerar al sector privado como un mal menor que había que tolerar para mejorar la imagen exterior del país, a ser el mismo parte de lo que hoy se conoce como “empresarios sandinistas”.

Resulta difícil establecer donde empiezan sus negocios y empiezan los del partido. Tras la derrota en 1990, Arce se ubicó en el departamento de finanzas del Frente, dedicado a administrar unas 40 empresas que habían quedado en manos del FSLN. La mayoría irían despareciendo, pero las financieras subsistieron y formaron en 1992 el Interbank; el banco de capital sandinista, que supuestamente fue llevado a la quiebra durante la presidencia de Arnoldo Alemán para debilitar al partido.

Desaparecidas las empresas más notorias vinculadas al Frente, a Arce se le ha relacionado con dos grupos: por un lado con Promérica, el primer banco del país, que absorbió a Interbank y obtuvo jugosos beneficios con la emisión de los polémicos bonos Cenis; y con Agricorp, el mayor importador de arroz de Nicaragua.

Esta última empresa es dirigida por su cuñado, Amílcar Ibarra-Rojas Brogden, quien también fue viceministro de la presidencia durante el gobierno Barrios de Chamorro; es decir, segundo de Antonio Lacayo, prominente miembro de la oligarquía. También se ha hablado de su relación con otro millonario, Mario Rapacciolli Mcgregor, vicepresidente de Promérica. De hecho, Arce, como diputado promovió la hidroeléctrica Copalar, detrás de cuya construcción estaba el grupo financiero.

Arce es también presidente de la Casa de Amistad China (continental) Nicaragua, que importa los vehículos de China Motors al país. Curiosamente el canciller Santos hasta el momento no ha visitado Taiwán, pese a que se le ha invitado. Con Santos, Arce comparte la propiedad del hotel Best Western Las Mercedes





















Exoneraciones fiscales subsidian la riqueza
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Edición : 1846
Publicado : 14/05/2010
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Surgieron para el “mientras tanto”. Mientras tanto Nicaragua no contase con una mano de obra cualificada y una infraestructura desarrollada; mientras tanto el país no fuese lo suficientemente competitivo... Sin embargo, con el paso del tiempo, las exoneraciones, exenciones y demás peivilegios fiscales se han convertido en una parte esencial de la forma de hacer negocios en el país, en una pieza clave del modelo de acumulación de riqueza de las élites nacionales. De hecho, hoy en día, su existencia no requiere más justificación para sus defensores que una verdad aplastante: ¿Cómo eliminar los privilegios tributarios y no ahuyentar al capital, cuando todos los países vecinos tienen regímenes similares? No es que Nicaragua destaque en el istmo por sus exoneraciones, pero el tamaño de su economía –un PIB que no supera los US$6,300 millones, su reducida base fiscal –menos de 59,000 contribuyentes- y su dependencia externa, hacen mucho más evidentes los efectos de un régimen fiscal plagado de privilegios.
Los “tirones de orejas” han llegado de todas partes. De las instituciones de las que se espera que defiendan una mayor recaudación, como las de la sociedad civil nicaragüense, y de las que tradicionalmente han promovido la necesidad de fomentar la inversión del sector privado creando un ambiente “amigable” para los negocios. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe de 2002, elaborado dentro del programa de tres años que en ese momento mantenía con Nicaragua, describía así el régimen fiscal del país: “el sistema es ineficiente e inequitativo, con un amplio sistema de exenciones y exoneraciones y tratos especiales, que hacen que el sistema sea difícil de administrar y poco transparente”.

El mismo FMI fue el principal impulsor de que se “tocase” el sistema de exenciones el año pasado, cuando el gobierno se vio forzado a negociar una pequeña reforma fiscal con el sector privado ante la caída de los ingresos tributarios. Y sin embargo, ni la presión del Fondo, ni la necesidad urgente de que los presupuestos del Estado no quedasen desfinanciados por la crisis económica internacional, ni la presencia en el poder de un presidente en teoría “progresista” como Daniel Ortega; fueron suficientes para que se abordase siquiera una mínima eliminación de incentivos.

Un hecho que pone en evidencia que las exoneraciones son algo más que un beneficio temporal orientado a hacer atractivo el país a los ojos del capital internacional, si no que son una cuestión “intocable” aún para el Frente Sandinista; un capítulo que no se puede violar del pacto entre el gobierno y los grandes grupos económicos nacionales, pese a que las exenciones, como han demostrado númerosos estudios, vayan en detrimento de los objetivos estratégicos del Estado.

Un reciente informe del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) afirma con respecto a las exenciones: “en muchos países el abuso de las exoneraciones ha creado incentivos perversos en contra de los objetivos de mediano y largo plazo perseguidos por la política fiscal que, en esencia, es el crecimiento económico sostenible, la estabilidad y la reducción de la pobreza. Por el contrario, la experiencia de muchos países en desarrollo demuestra que la subsistencia de muchos negocios descansa en el otorgamiento de incentivos fiscales prolongados. Esto ha contribuido a concentrar la riqueza en grupos privilegiados”.

Los expertos de esta institución nicaragüense afirman que las exoneraciones se justifican desde el discurso hegemónico, asegurando que la caída de la recaudación que implican, se ve compensada por la creación de empleos, el crecimiento del PIB y de las exportaciones que generan, por lo que a la larga, el Estado acaba ingresando más de lo que otorgó en incentivos. Sin embargo, argumentan, este principio, no es más que una presunción que no se ha podido demostrar en la práctica; y que las exoneraciones no mejoran la competitividad exterior del país sino que facilitan la acumulación de empresas nacionales que siempre ha dominado el mercado interno como oligopolios, sin competencia real.

“Contrario a lo que se cree, la competitividad no está directamente asociada a ningún tipo de exoneración. Más bien dichos incentivos pueden esconder debilidades sectoriales y el pobre desarrollo empresarial de un país”, concluyen los expertos del IEEPP.
Realidades y potencialidades
Una de las críticas más frecuentes que se han realizado hacia las exenciones fiscales en Nicaragua ha sido el hecho de que ni siquiera el Estado tiene un registro exacto de cuánto representan. Y es que, aunque este tipo de políticas se vienen aplicando desde hace décadas, desde inicios de los 90, han proliferado de una manera exponencial.

Autores como Paul Dosal en su obra “El ascenso de las elites industriales en Guatemala: 1871-1994”, han puesto de relieve que los incentivos fiscales y la protección arancelaria fueron clave para el propio nacimiento de las primeras industrias en Centroamérica, como la cervecera de los hermanos Castillo, o la planta de cemento de los Novella; todavía hoy monopolios en Guatemala. Sin embargo, sería con la llegada del Mercado Común Centroamericano (MCC) en los años 60 y la idea de que había que darle prioridad a producir antes que a importar, cuando los incentivos tributarios se consolidaron definitivamente. Con la crisis del MCC y el auge del neoliberalismo, se transformarían. El Estado ya no protegería la producción interna frente a la competencia exterior, (no se debía fomentar a sectores no competitivos, decían), sino que propiciaría abiertamente la exportación (se debía proteger precisamente a los más competitivos). Fue bajo este principio que en Nicaragua nació la legislación de Zonas Francas y todos los incentivos a la agroexportación y el turismo que hoy existen.

Una de las primeras estimaciones de cuánto dejaban de ingresar las arcas del Estado por este tipo de políticas la realizó el FMI a finales de los 90. Según el cálculo del Fondo, en 1999, el gasto tributario en aquel año (lo que no se recaudó por la existencia de exenciones) fue equivalente al 55% de lo que se ingresó. Es decir, que se perdía el 7.2% del PIB.

Las aproximaciones que se hicieron después arrojaron datos más conservadores. Uno de los estudios más completos a este respecto fue el del economista argentino Daniel Artana para la administración de Enrique Bolaños Geyer, un presidente que, paradójicamente, prosperó como exportador de algodón y protegió el sistema de exenciones. El informe de Artana concluyó que si en 2004 no hubiese habido ni exoneraciones ni evasión fiscal se podría haber recaudado una cifra adicional de impuestos equivalente al 11% del PIB. Según el economista, el 60% de las fugas se debó a los incentivos, que en sí mismos representaron un 4.14% del PIB, en aquel año US$170 millones.

El IEEPP en su informe Apuntes sobre exoneraciones fiscales, ha realizado otro cálculo que ubica el gasto tributario en una suma más elevada. De acuerdo con este reciente estudio, los años de la última década en los que el Estado más recaudación perdió fueron los dos últimos de la administración Bolaños, en 2005 y 2006, cuando se dejó de ingresar un 7.12% y un 7.5% del PIB, respectivamente. Según los expertos, en 2008, las exoneraciones representaron un 6.6% del PIB; es decir, que la carga fiscal (el porcentaje de impuestos en relación al PIB) en ese ejercicio podría haber ascendido a un 24.2% y que de cada córdoba que se recaudó, el Estado otorgó a través de incentivos 27.2 céntimos al sector privado. Se perdió por tanto, una suma equivalente a los presupuestos del Ministerio de Salud o Educación; suficiente también para cubrir el déficit fiscal del Estado ese año (que tuvo que cubrirse con fondos de la cooperación y con endeudamiento interno y externo).

De acuerdo con los datos ofrecidos en el estudio (Ver Cuadro), los impuestos donde más fugas se producen son los indirectos, especialmente los Selectivos al Consumo (ISC); que gravan las gasolinas, los vehículos, los cigarrillos etc, y los aranceles de importación. Aunque estos dos tipos de impuestos son los que, comparativamente menos contribuyen a la carga fiscal (que fue del 17.6 en 2008) o precisamente por ello, son de los que más exoneraciones presentan. Así, por cada Córdoba que ingresa la hacienda pública en concepto de aranceles de importación, el Estado subsidia con casi 46 centavos al sector privado. En otras palabras, los aranceles, en vez de representar un 0.9% de la carga fiscal total, tienen el potencial de llegar al 1.6%. Lo mismo le ocurre al ISC que por cada córdoba que recauda, subsidia con 45 céntimos a las empresas. En el caso del IVA, si no hubiese exenciones pasaría de representar un 7.3% de la carga fiscal a un 9.5%.
Un club selecto
El último censo de contribuyentes de la Dirección General de Ingresos (DGI), de 2008, concluyó que del total de 58,394 personas o sociedades que pagan impuestos en el país, los 1,718 que están inscritos en el sector industrial contribuyeron con el 60% de los impuestos, unos 5,000 millones de córdobas (US$ 250 millones). El sector bancario, en cambio, aun siendo el bloque económico hegemónico en la actualidad y contando con 3,726 contribuyentes, pagó menos de 2,100 millones de córdobas (US$ 102 millones) en tributos. Pero si hay un sector beneficiado es el de los agricultores y ganaderos. Representan el 27% del PIB, y solo aportan el 2% de la recaudación de impuestos, 339 millones de córdobas.

Y claro está las maquilas, que exportan más que todos los otros sectores juntos (unos US$1,000 millones) y sólo contribuyen al Estado con las cuotas que pagan por sus trabajadores al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS). El régimen de Zonas Francas en Nicaragua, de hecho, es especialmente ventajoso, ya que además de los 15 años de exoneración total de impuestos, lo habitual en el sector, ofrece otros 15 años con una exoneración del 60% al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Pero como demuestra el hecho de que contribuyan con tan poco al fisco, quienes se benefician más de los incentivos sobre los agroexportadores y ganaderos. Y esencialmente, los que venden y compran a través de una empresa muy concreta, a la que la ley, expresamente, le concede amplios privilegios. Se trata de la Bolsa Agropecuaria (BAGSA). Y sus socios, no pagan ni aranceles de importación por los insumos que necesitan para producir, ni IVA, ni ISC de ningún tipo; es decir, no pagan impuesto al combustible, y además, cuentan con un régimen especial de ISR que solamente les retiene entre un 1.5% y 2% de sus transacciones, cuando, por ser grandes empresas, deberían pagar hasta un 30% sobre su renta. Hasta la reforma fiscal promovida por Ortega a finales del año pasado, este régimen preferencial era solo temporal y la tasa mínima de retención era del 1%. La actual administración le dio estatus definitivo y subió el tributo hasta el 1.5%.

BAGSA agrupa a los principales agronegocios y solo en enero de este año registró operaciones por 950 millones de córdobas. El economista Julio Báez Cortés, estima que, al año, la empresa mueve unos US$ 850 millones, la mayoría de las exportaciones agropecuarias del país. El presidente de la junta directiva de la bolsa es Enrique Zamora LLanes, presidente también del Grupo Lafise, el segundo grupo bancario más grande del país, que cuenta con una empresa dedicada a la financiación de cosechas llamada Agropecuaria Lafise. En la Junta de BAGSA también están representados la transnacional Cargill (que controla el mercado avícola con su empresa Tip Top), el grupo Pellas (azúcar, etanol, harina), Agricorp (que controla el mercado del arroz), Banpro (el principal banco del país, financia gran parte de la exportación de maní y también controla el principal matadero del país, Industrial San Martín), entre otras grandes empresas.

El otro gran sector beneficiado es el turismo, que desde 1999, cuenta con una ley de incentivos (la Ley 306), que se considera la más ventajosa para la inversión de todo el Istmo. La legislación establece que aquellas empresas hoteleras que inviertan más de medio millón de dólares (si es en Managua) o 150,000 (en el resto del país), tendrán una exoneración de al menos el 80% sobre su ISR durante 10 años (prorrogable otra década si reinvierten un 35% del capital inicial), además de exenciones totales sobre su Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aranceles de importación e ISC.

La ley 306 extiende sus beneficios casí a cualquier actividad relacionada con el turismo. Así, los restaurantes, discotecas, aerolíneas, agencias de viaje, o empresas que ofrecen servicios de alimentación, entre otras, también pueden importar bienes y comprar vehículos sin pagar impuestos, y están exentos del IBI. Esta legislación, no obstante, si a alguien ha servido es a los empresarios nacionales antes que a la inversión extranjera. Según datos del Instituto de Turismo (INTUR), entre 1999 y 2009, el 80% de las exoneraciones aprobadas beneficiaron a empresas nicaragüenses






Veinte años: concentración económica y amplios rezagos persisten
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Edición : 1845
Publicado : 07/05/2010
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En 1990 resultaba casi imposible que la economía de Nicaragua se deteriorase aún más. Y es que desde 1972, el país no levantaba cabeza. Aquel año un terremoto destruyó por completo la capital; después llegaron las insurrecciones y la Revolución, las principales ciudades se convirtieron en campos de batalla y la economía quedó paralizada; posteriormente estalló de nuevo el conflicto, la contrarrevolución, y con ella llegó más destrucción, el bloqueo económico de los EEUU y la implantación forzosa de un modelo de economía estatalizada que no supo satisfacer las necesidades de las mayorías. Nicaragua llegó aquel 25 de febrero de 1990 en el que la izquierda perdió el poder, en franco deterioro. Y quizás por ello, en los 20 años que han venido después los datos macroeconómicos solo han podido mejorar. Nicaragua llegó incluso a abandonar, entre felicitaciones, el club de los” países pobres altamente endeudados”, que elaboran el FMI y el BM. Actualmente ¿habrá cambiado ese panorama?
Pese a que desde mediados de 1988 el gobierno sandinista venía aplicando ya las recetas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación macroeconómica seguía fuera de control. Corría el año 1990 y la inflación se situaba en un promedio del 13 mil % (venía de 43 mil % en 1989), el dólar se cotizaba a 3 millones de Córdobas y la deuda externa representaba un 684% del PIB. Además, debido a la guerra y el mantenimiento de un ejército que llegó a tener 80 mil hombres (en la actualidad son menos de 10 mil), el Estado estaba gastando hasta un 40% del presupuesto en las fuerzas armadas. Tras ocho años de un conflicto bélico que tuvo como propósito primordial desgastar hasta donde fuese posible a la Revolución y un embargo comercial de los EEUU, Nicaragua registraba un deterioro económico que en 1989 el gobierno sandinista situó en US$ 17 mil millones.

El país se encontraba en una situación económica crítica y sin embargo la preocupación de la élites políticas discurría por caminos diferentes. El 25 de febrero de 1990, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había perdido las elecciones presidenciales. El gobierno de la Revolución había sido derrotado en las urnas, pero aún dominaba, en importante medida algunas instituciones: la Policía, el Ejército, los sindicatos, los medios de comunicación, la justicia, una parte relevante de la economía…Y por ello, la transición tuvo que ser necesariamente pactada.

El Frente, en el discurso de Daniel Ortega aquella noche de derrota electoral, había prometido “gobernar desde abajo”; hacer valer su control efectivo sobre la sociedad para defender el modelo socialista que habían construido en los 11 años anteriores, frente al auge del neoliberalismo y el entonces emergente Consenso de Washington.

Esa era la idea dominante entre los militantes del FSLN. Sin embargo, llegada la hora de dejar el poder, entre febrero y mayo de 1990, se impuso una necesidad más urgente: conservar una parte del poder económico que habían acumulado durante los 80 para que el partido pudiese seguir contando con una base económica que le permitiese competir en las costosas elecciones de una democracia liberal.

Como escribiría años después el vicepresidente Sergio Ramírez, “si el sandinismo iba a pasar a la oposición, debía hacerlo dotado de suficientes bienes materiales, empresas, propiedades agropecuarias y medios de comunicación”. Surgieron así las famosas leyes 85, 86 y 88, que permitieron que todas las propiedades (viviendas, fábricas, fincas etc.) que habían sido expropiadas por el Estado durante la Revolución, pero que estaban siendo utilizadas por “terceros” a las que se las había entregado el gobierno (cuadros del FSLN, sindicatos, cooperativas etc.) podrían ser legalizadas. También se les otorgó estatus legal definitivo a todas las parcelas que habían sido repartidas durante la reforma agraria.

Este proceso, que fue conocido después como “la piñata”, es utilizado por la derecha, en la actualidad para señalar a los empresarios sandinistas de haber construido su riqueza ilegalmente. Sin embargo, nunca fue revertido por los sucesivos gobiernos liberales que llegarían después. Todavía ninguno de los actores que participaron en las negociaciones lo reconoce, pero hoy en día es bien conocido que hubo un pacto, y fue sellado, como sostiene por ejemplo Moisés Hassan en su libro “La maldición del Guegüense”, entre Humberto Ortega (hermano de Daniel, comandante de las Fuerzas Armadas y miembro de la Dirección del FSLN) y Antonio Lacayo Oyanguren (sobrino de Violeta Barrios y mano derecha de la presidenta).

Según la versión sostenida por Hassan Morales, que fue miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional de 1979, y otros muchos expertos, la élite conservadora que accedió al poder con Violeta Barrios llegó a un acuerdo de gobernabilidad con el Frente, en el cual los sandinistas preservaban riquezas y a cambio ofrecían paz social. Quedaba inaugurada de esta manera la dinámica de pactos entre cúpulas que ha marcado la vida política del país desde 1990.

Una de las evidencias de que este acuerdo existió es que la presidenta Violeta Barrios emitió varias leyes que “estabilizaban la propiedad”, manteniendo los resultados de “la piñata” (Ley 209) y vetó otras que intentaron revertirla (como la Ley 133, que fue aprobada por el Parlamento y luego vetada), argumentando que debía “protegerse” la propiedad privada. Barrios emitió el decreto 10/90, uno de los primeros de su gobierno, que desconocía todas la expropiaciones que se habían realizado durante los 80, salvo las que se efectuaron directamente a la familia Somoza y su círculo más cercano (que eran muchas dado que controlaban alrededor del 25% del PIB). Sin embargo, en la práctica, solamente un pequeño número de propiedades fueron efectivamente devueltas. El Estado, de hecho, legitimó la apropiación personal que miembros del FSLN hicieron de bienes que habían sido nacionalizados, a través de la emisión de los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), que sirvieron para compensar a quienes reclamaron haber sido perjudicados por la “arbitrariedad” de la Revolución. En total, se emitieron BPI por valor de unos US$ 1 mil 300 millones, que se han convertido en un lastre con el que el Estado aún deberá cargar por muchos años. De acuerdo con el último reporte de deuda interna del Banco Central, en el último trimestre de 2009, Nicaragua debía US$ 1 mil 170 millones; y de esa cifra, el 60% correspondía al pago de BPI.

Después de este “pacto original” en el que las dos cúpulas salieron beneficiadas, se sucederían otros acuerdos. El primero de ellos para el propio reparto de los BPI, que como señaló el economista Adolfo Acevedo, se convirtieron en sí mismos en otra “piñata”, aunque esta vez protagonizada por los sectores de la oligarquía que llevaron al poder a Barrios, esencialmente el sector bancario. Después de ello, la privatización de lo que fue la Corporación Nacional del Sector Público (CORNAP), que aglutinaba a decenas de empresas estatales que fueron vendidas a lo largo de 1990.

Entre reparto y reparto de propiedades fue avanzando la agenda del Consenso de Washington, marcada por la estabilización, privatización y desregulación.
Más ricos y concentración
Dada la precaria situación económica que se vivía en 1990 y el grado de destrucción en el que se encontraba la infraestructura básica, muchos de los indicadores económicos y sociales de Nicaragua no han podido más que mejorar en las últimas dos décadas. Así lo señala el estudio del Banco Mundial (BM) Informe de la Pobreza 2003-2005, indicando que esto fue cierto sobre todo durante la inmediata posguerra, sin embargo, desde entonces, señala el organismo, el país vive estancado, sin apenas progresos; ha conseguido estabilidad en lo macro, pero sin poder garantizar bienestar en lo micro. “A pesar del ambiente económico favorable, el país como un todo, esencialmente no vio cambio alguno entre 1998 y 2005 en el porcentaje de nicaragüenses viviendo en la pobreza”, concluye el BM.

Una enunciado breve, que sin embargo, encierra el reconocimiento tácito del fracaso del modelo económico de las últimas dos décadas, basado en disciplinar el gasto y crear un contexto “amigable” para los negocios. Y es que las políticas de ajuste estructural han logrado convertir a Nicaragua en un país que honra a tiempo sus deudas, que tiene una inflación y un tipo de cambio previsible; que ofrece al inversionista posiblemente la mano de obra más barata de América Latina y a los sectores dedicados a la agroexportación y el turismo amplías exenciones fiscales. Pero, ¿cuál ha sido el precio de este modelo?

Las estadísticas sobre pobreza ponen de relieve que el estancamiento en la mejora del ingreso de los ciudadanos ha sido uno de las consecuencias de este tipo de políticas. Así, aunque en 2006 salió del club de los países de renta de baja (al que en América solo pertenece Haití), al llegar a los US$ 935 anuales de ingreso nacional bruto, sigue muy lejos de la mayoría de estados de renta media, como por ejemplo Guatemala, que cuenta con un ingreso nacional bruto que supera los US$ 2 mil por habitante.

Entre 1993 y la actualidad, de hecho, la pobreza general –calculada por la capacidad de consumo- sólo se redujo del 50% a un 46%; y la extrema de un 19% al 15% actual. Medida según el índice de necesidades básicas insatisfechas (que no tiene en cuenta el ingreso si no el acceso a servicios básicos como agua, educación o una vivienda digna), la pobreza pasó del 75% en el 93, a un 72% hoy en día; y la indigencia del 46% al 36%.

Este pobre registro, como reconoce el propio BM, hubiese sido aún menor de no ser por las remesas, a la que la institución financiera atribuye haber sacado de la pobreza a un 4% de la población. En otras palabras, sin los dólares que envían los migrantes (500 mil en Costa Rica y otros tantos en EEUU), la tasa de pobreza en función del consumo seguiría ubicada en el 50%, igual que hace 17 años. Otros factores que el BM señala que han contribuido de manera importante a mitigar la pobreza no tienen igualmente nada que ver con ninguna planificación estatal; por ejemplo, la reducción de la natalidad que ha provocado que haya menos población dependiente (desde inicios de la década, por primera vez, la población en edad de trabajar está creciendo más que la población); y la mejora de los términos de intercambio para los granos básicos, que son en la actualidad entre un 30% y 40% mejores que hace diez años.

Los que sí han mejorado su estatus desde 1990 han sido los más ricos. Si en 1993 el decil (el 10%) de más ingresos poseía el 42% de la riqueza, en 2001 su participación había crecido hasta el 46%. Los beneficios, no obstante, se han concentrado en un círculo más reducido, el 1% de la población, que ha pasado de controlar el 13% del PIB en el 93, al 18% en la actualidad. A parte de los más adinerados, el único sector que ha mejorado su participación sobre la riqueza, aunque en porcentaje mucho menor, han sido los que están en el otro extremo. El decil más pobre pasó de generar el 0.4% a un 1.3%, un aumento de menos de un punto, cinco veces menos de lo que creció la riqueza de los más acaudalados. Todos los otros deciles, del segundo al noveno, redujeron su participación sobre el PIB en las últimas dos décadas.

Esta concentración de la riqueza ha ocurrido a pesar del aumento de la carga fiscal, que creció de un 12% en 1995 al 17% en 2008, lo que pone en evidencia que los impuestos no están cumpliendo su función redistributiva. Según explica Adolfo Acevedo en su estudio La Justicia Tributaria en Nicaragua, esto se ha debido fundamentalmente a que los impuestos que han crecido han sido los indirectos (el IVA pasó de representar un 29% de la recaudación a un 42%) y que el aumento del impuesto sobre la renta ha recaído sobre los asalariados y no sobre los capitalistas, que siguen sin ver gravados sus dividendos o los intereses que les producen sus cuentas bancarias; además de contar con grandes incentivos fiscales.

La persistencia de un grupo mayoritario de la población que no logra salir de la pobreza y la concentración de la riqueza han caminado a la par de la precariedad laboral. La afiliación a la seguridad social no ha dejado de caer. Si en 1990 el 21% de la Población Económicamente Activa (PEA) tenía un empleo con prestaciones, en 2001 sólo el 16% estaba inscrita al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS). La institución no recuperó el número de afiliados que tenía en 1987 hasta 1998, nueve años después. En 2008, cuando la población total ascendía a unos 5.7 millones, había 495 mil afiliados; en el 87, con menos de 3.5 millones de habitantes, los inscritos eran 311 mil.

La informalidad por tanto, ha sido un fenómeno creciente. En 1985 el sector informal empleaba al 52% de la PEA; en la actualidad la cifra sobrepasa el 70%. Además, aún dentro de los empleos considerados formales, un 20% son subempleos, trabajos que no permiten subsistir. Cifras que encajan con un país en el que sólo el 30% de los estudiantes acaban la secundaria y se emplea un 0.01% del PIB en formación técnica. En 1995 al Instituto Nacional Técnico (INATEC) se le destinaba más del doble, el 0.21% del PIB

























Recomposición de instituciones afecta la institucionalidad
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Edición : 1853
Publicado : 02/07/2010
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El primero, el del retorno del FSLN al poder, fue el año de la expectativa. El segundo, 2008, estuvo marcado por el supuesto fraude electoral cometido por los sandinistas en las elecciones municipales. El 2009 fue el año de la crisis económica, y también el año en el que Ortega consiguió vía libre para reelegirse indefinidamente y la justicia le perdonó a Arnoldo Alemán sus “pecados”. El cuarto, está siendo el de las paradojas; el año de la inactividad de los poderes del Estado y el de la lucha sin tregua por su control; el año en el que se recomponen las instituciones al tiempo que se descompone la institucionalidad.
El presidente Daniel Ortega justificó su decisión afirmando que por la “irresponsabilidad de la oposición”, el Estado podría quedar con varias de sus instituciones paralizadas. Fue así como nació el polémico decreto 03-2010, del 9 de enero, que establece que los magistrados del Poder Judicial, el Poder Electoral y la Contraloría de Cuentas permanecerán en el cargo este año, aun cuando su mandato haya vencido, mientras no se llegue a un acuerdo en el parlamento para el nombramiento de sus sustitutos. Ortega preveía que la oposición, como en otros episodios, esencialmente el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de Arnoldo Alemán, conscientes de que el Gobierno tendría que negociar en la Asamblea Nacional la renovación de cargos, les presionaría paralizando la labor legislativa para así obtener una mayor cuota de poder en las instituciones.

Al parecer, Daniel Ortega previó la estrategia opositora: presionar al FSLN, haciéndoles pensar que no se iba a negociar, para así obtener una posición más ventajosa en la negociación. Esa sería la estrategia de los liberales para renovar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Contraloría (CGC). Como ha ocurrido en otros casos, la derecha, una vez más, aprovecharía que los sandinistas solo cuentan con 38 diputados –y necesitan 56 votos para tener la mayoría requerida- para arrancarles mayores espacios de poder. De ahí que Ortega “atacara” antes de que esta estrategia se pusiese en marcha, emitiendo un decreto, según la mayoría de opiniones, anticonstitucional, que en nombre de la gobernabilidad, prolonga indefinidamente en el poder a los principales funcionarios del Estado. El FSLN, de esta forma, optaba por la que ha sido su “marca de la casa” durante los últimos cuatro años: llevar a sus oponentes en una negociación hasta posiciones imposibles de resistir sin ceder.

La visión de que casi siete meses después, si el país no se encuentra ya al “borde del abismo”, está en “caída libre” pareciera persistir en determinados sectores. Y aún así, las negociaciones no han resultado fructíferas. En apariencia, liberales y sandinistas, aún siguen midiendo fuerzas antes de sentarse en la mesa para dialogar.

Lejos queda julio de 2008, cuando liberales y sandinistas, sin casi conflictos de por medio, nombraron a ocho magistrados de la CSJ –cuatro por cada bando, entre ellos el propio hermano de Arnoldo Alemán. En la actualidad, esa armonía a lo interno del acuerdo bipartidista parece agua pasada. Y es que aún tras el paso de siete meses y la presión de la comunidad de donantes, llegar a un acuerdo se está tornando complicado. La conflictividad a lo interno del pacto liberal sandinista resulta evidente. Unos insisten en que Daniel Ortega se ha convertido en “un déspota al que hay que frenar”, y mientras, los otros esperan aparentando no tener prisa, que sus rivales políticos dejen de actuar de cara a la opinión pública, vuelvan a la mesa de negociación y por fin se sienten a hablar sobre lo concreto; el quién y el cómo; de nombres de magistrados y cuotas de poder.

“No hay que asustarse, en EEUU sucede lo mismo que en Nicaragua, si el presidente es demócrata aprovecha para meter en la Corte a gente suya. Este es un problema que solo lo resuelven los partidos políticos representados en la Asamblea”, afirmó Daniel Ortega en una reciente reunión con la cúpula empresarial, dejando claro que la renovación de los poderes del Estado, es un asunto que incumbe a los dos partidos mayoritarios y a nadie más.

Y mientras, en la Asamblea Nacional hay apenas actividad; en la CSJ a dos magistrados sandinistas (Armengol Cuadra y Rafael Solís) se les ha vencido el mandato y otros dos liberales han dejado sus sillas vacías (Manuel Rosales y Damisis Sirias); en el CSE, dos integrantes también han agotado su periodo y se han acogido al decreto del presidente, y en la Contraloría, a todos sus titulares se les ha vencido el mandato y siguen trabajando al amparo del polémico decreto.
La clave: el poder electoral
La situación más precaria, hasta el momento, es de la CSJ, compuesta de 16 magistrados, ocho de cada bando. Sin presidente y un magistrado, ambos liberales que han dejado su silla vacía, y con dos magistrados sandinistas a los que el resto de compañeros liberales no reconocen, la actividad de la cúpula judicial se ha paralizado por completo. Sin embargo, la gran batalla se está librando por el control del organismo electoral, la entidad que habrá de organizar, con todas las garantías que no tuvieron las últimas municipales, los comicios presidenciales de 2011.

Las elecciones locales de noviembre de 2008, hubiese o no un fraude, cuestionaron más la legitimidad del CSE. Hasta el propio Arnoldo Alemán, que controla a la mitad de los magistrados, se vio obligado a comprometerse a no apoyar la reelección de ninguno de los actuales funcionarios del poder electoral, en un acuerdo suscrito con la sociedad civil, conocido como Metrocentro II.

La cara más visible del CSE, su presidente Roberto Rivas, que fue designado como candidato de consenso entre liberales y sandinistas gracias a la mediación del cardenal Obando, es el origen del principal desacuerdo que impide el avance de las negociaciones. Para el oficialismo, Rivas es alguien de máxima confianza –sus dos hermanos son funcionarios próximos a Ortega- y no están dispuestos a renunciar a él en la renovación de la CSE, ha trascendido. Para los liberales, en cambio, Rivas ha quemado su credibilidad, y además, ya no es una figura neutral, si no que se ha alineado totalmente con el sandinismo desequilibrando el poder en el CSE.

“Ahorita lo que plantea el Frente es que él (Rivas) tiene que ser magistrado y en eso el Frente no cede. Yo creo que el Frente y el Gobierno no van a ceder mucho en la composición del CSE. La oposición es tan torpe que no entiende que vos tenés el poder, que sos el poder y que podés, desde el poder mismo, diseñar una estrategia que te permita obtener los 56 votos mientras vos estás en una actitud infantil de no querer negociar”, señaló el magistrado de la CSE, Rafael Solis, (Confidencial, 1/06/10) y añadió: “hay un amarre muy mediático de Alemán y Montealegre. Dicen que están amarrados con Metrocentro II y que no quieren negociar con el Frente nada que tenga que ver con el Consejo (CSE). A Arnoldo se le suma el hecho de que tiene su candidatura (presidencial) para ser bendecida por los liberales. Eduardo tiene un amarre que está tratando de hacer con el MRS, el PLI y la Coordinadora Civil para ser candidato de esa opción y no quiere debilitarse en una negociación con el Frente”.