A nivel internacional el país ha sido ejemplo de protección del medio ambiente. Privilegiada con una de las biodiversidades más ricas del planeta, este país, destino habitual del turismo ecológico, siempre ha declamado una buena gestión de sus recursos naturales. Una realidad que, desde el cambio del modelo económico del país y la consiguiente introducción de las políticas neoliberales a partir de las dos últimas décadas, puede ser seriamente cuestionada. La imagen de “país verde” corre el riesgo de convertirse en un estereotipo si, dentro del marco del último Tratado de Libre Comercio suscrito con EEUU (DR-CAFTA), se continúa con la expansión de los monocultivos, la inversión inmobiliaria especialmente en las costas o la promoción de la minería a cielo abierto. Expertos y ecologistas denuncian que, en concreto durante el pasado gobierno de Oscar Arias, principal promotor del TLC, las actividades económicas se han situado por encima de la protección del patrimonio medioambiental de los costarricenses.
El último Informe sobre el Estado de la Nación de Costa Rica (2009) alerta que, dados los patrones de uso de recursos naturales, el país ha sobrepasado la capacidad de su territorio para satisfacer los requerimientos de la población y que se ha llegado “a una situación límite en materia de gestión ambiental”. Los expertos establecen que el balance entre desarrollo económico y protección del ambiente es cada vez más frágil y que existe una mayor competencia por el uso de la tierra y los recursos naturales, identificando en este proceso “dinámicas económicas aceleradas y actores e intereses más fuertes y diversos que en décadas pasadas”.
El estudio señala que el país vive una “época en que las decisiones y omisiones en materia ambiental generan fuertes tensiones” y que estas, lejos de ser hechos aislados, conforman un nuevo tipo de conflictos en el que las instituciones y los actores sociales no parecen estar preparados para trabajar de manera conjunta a favor del desarrollo humano sostenible. De hecho, “el Estado ha pasado de ser un mediador entre el sector privado y las comunidades (o la sociedad civil), a constituirse, él mismo, en generador del conflicto”. Un ejemplo de ello se reportó en el anterior Informe sobre el Estado de la Nación (XIV Informe, 2008), donde de los 65 conflictos por el uso del agua registrados en la provincia de Guanacaste, las instituciones públicas fueron directamente acusadas por negligencia en 35 de ellos.
Leonardo Merino, coordinador del capítulo “Armonía con la Naturaleza” del último Informe del Estado de la Nación, declara que, de manera evidente, se percibe un cambio importante en materia ambiental a partir de la introducción del marco liberal en el país. El experto señala que la decisión entre proteger o realizar una actividad productiva cada vez es más complicada y que, además, y a pesar de contar con una buena normativa para la protección del medio ambiente, las instituciones no cuentan con los recursos necesarios para hacerla cumplir.
La directora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica (ProGAI), Yamileth Astorga, especifica que desde hace 20 años y como consecuencia de una política promovida desde los EEUU con el objetivo de disminuir la burocracia, los sucesivos gobiernos han ido disminuyendo el personal de las instituciones dedicadas a la vigilancia y protección ambiental hasta convertirlos en “cascarones sin gente”. Los salarios son, además, muy bajos, lo que potencia que, dentro de estas instituciones, se multipliquen los casos de corrupción y la gente acepte regalías a cambio de informes positivos, continúa la experta. Entre las entidades que más beligerancia han perdido Astorga señala al Ministerio de Planificación y al de Agricultura y Ganadería. Según el último Informe del Estado de la Nación, aunque el presupuesto global dedicado a la protección del medio ambiente se viera aumentado de 2007 a 2008, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) como porcentaje del PIB se ha visto disminuido en los últimos años y para el 2008 se estableció en el 0.13%.
En su análisis de la evolución del modelo de administración de los recursos naturales del país, Astorga desmonta el mito costarricense y afirma que nunca ha existido una verdadera gestión ambiental sino solamente la realidad de la conservación y protección de las áreas silvestres, la mayor fortaleza del país1. “Ya fuera por conciencia o por el interés de mantener el atractivo turístico de estas zonas, ha habido un gran esfuerzo en conservar estas áreas naturales pero fuera de ellas todo es un desastre”, dijo Astorga. Añade que considera que hasta el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) la conservación de estas áreas silvestres siguió siendo prioritaria pero que las políticas neoliberales intensificadas tras el gobierno de Oscar Arias pueden ponerlas en serio compromiso. La preocupación es general entre los ambientalistas dado que la mayor parte de los analistas políticos identifican al actual y recién estrenado gobierno de Laura Chinchilla, compañera de partido de Arias, como una mera continuación de la anterior gestión (Inforpress 1833, 1834). “La política de Arias era desarrollista y veía en los exigencias ambientales requeridas antes de cualquier proyecto como un obstáculo”, puntualiza Astorga.
Fue precisamente durante la anterior legislativa cuando se lanzó en Costa Rica la iniciativa “Paz con la Naturaleza” que convoca a todos los países del mundo a fortalecer la acción y el compromiso político para revertir la degradación ambiental causada por la acción humana. Un ejemplo, según la mayor parte de los ambientalistas costarricenses, de la “doble moral” manejada por Arias. Merino señala que, a pesar de las expectativas, la iniciativa nunca estuvo en agenda y Astorga denuncia que no fue más que un discurso para captar fondos del exterior que ni siquiera tuvo éxito. El ingeniero Quírico Jiménez denunció, en junio de 2008, una serie de decretos ejecutivos que, contradiciendo los principios de dicha iniciativa y en contra de la protección del medio ambiente, permitían la construcción de obras de infraestructura civil en cualquier uso de la tierra, incluso sobre el 75% con pendiente (Decreto 33.957, MINAE- MAG), reducían, por ejemplo, los límites al refugio de vida silvestre Gandoca y Manzanillo en la zona atlántica (Decreto 30.043, MINAE), establecían que profesionales privados puedan realizar la clasificación de tierras en la Zona Marítima Terrestre (Decreto 34.295, MINAE), y modificaban el reglamento de procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo de manera que ahora los expedientes solo son accesibles para las partes implicadas y sus representantes (Decreto 34.282, MINAE).2 La administración de Arias también fue denunciada públicamente por asociaciones ecologistas como Bosques Nuestros por vetar la ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental.
“Preocupados por el incremento vertiginoso del caos ambiental en el que vive el país y las políticas agresivas en contra de la naturaleza”, varios profesionales de larga trayectoria en el campo ambiental han conformado un grupo de estudio, de denuncia y de incidencia política denominado “Llamado urgente por el país”. Entre sus objetivos enumeran sacar a la luz pública las causas de la problemática ambiental, denunciar el favorecimiento de megaproyectos multimillonarios extractivos, inmobiliarios y turísticos y el control político y no científico que lleva adelante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)- que es la entidad que evalua en Costa Rica los informes de impacto ambiental, generar espacios de discusión y proponer soluciones.3
Graves problemáticas ambientales
Una de las más graves y denunciada reiterativamente es la inadecuada planificación del uso del suelo, que como el geólogo Allan Astorga explica, consiste en evaluar de forma previa las condiciones técnicas básicas del terreno para determinar si es apto o no y bajo qué condiciones para el desarrollo de obras de construcción, actividades agrícolas o para la conservación. Sin embargo, el último Informe sobre el Estado de la Nación señala que el ordenamiento territorial no ha cumplido ningún mínimo y que esta desatención ha dejado ya situaciones irreversibles sobre algunas zonas.
En este ámbito es necesario remarcar el grave impacto ambiental que está teniendo el desarrollo inmobiliario en el área costera, especialmente en la costa pacífica. Según el mencionado informe el área en permisos de construcciones nuevas en cantones costeros se duplicó de 2004 a 2008 (de 379,573 m2 a 854,238m2).
El profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Jorge A. Lobo, señala que los ecosistemas de la zona del pacífico sur, de gran belleza y que se encontraban relativamente bien preservados en comparación con otros ambientes parecidos en otras áreas del país, están siendo profundamente alterados durante los últimos años por el desarrollo turístico – inmobiliario. Solo en 2007, el cantón de Osa registró un crecimiento del 202% en el número de permisos de construcción. Lejos del ecoturismo potenciado anteriormente en el país, este “boom” inmobiliario se orienta a un turismo de alto poder adquisitivo interesado en residir temporal o permanentemente en la zona. Las construcciones son hoteles de lujo y condominios privados de propiedades de gran valor (precios más comunes entre los US$200,000 y US$500,000) difícilmente cuantificables pues no existe una base de datos ordenada y centralizada sobre estos proyectos, indica el profesor.
Algunas de las consecuencias de este proceso inmobiliario es la destrucción de la biodiversidad marina y terrestre, la erosión superficial de los suelos y generación de grandes deslizamientos de tierra y la amenaza sobre el recurso hídrico.
El agua es precisamente uno de los principales problemas medioambientales, además de que el porcentaje de volumen anual de explotación de agua por asuntos turísticos se multiplicara por 10 de 2003 a 2008 (de 1.6% a 11.8% ), la urbanización en áreas de recarga hídrica ha contaminado acuíferos y ríos y ha afectado a bosques, corredores biológicos y hasta áreas silvestres protegidas.
El aumento de la perforación de pozos en los últimos cinco años ha respondido a dinámicas económicas y productivas, como el crecimiento inmobiliario, sin que exista claridad sobre los límites y las repercusiones de las mismas.4 Una evaluación de 2007 de la Contraloría General de la República sobre la aplicación de la normativa en materia de recursos hídricos por parte del MINAET dejaba claro que “no se cuenta con un balance hídrico científicamente elaborado para todo el país, por lo que se desconoce si se está sobre el límite de extracción, cuáles son los volúmenes de agua que se pueden extraer y de dónde”. La Contraloría señalaba entonces que la situación era preocupante porque esta carencia de información no había impedido que, irresponsablemente, se siguieran otorgando concesiones de agua y permisos de perforación de pozos.
Además de la escasez, Costa Rica sufre de un importante problema de contaminación en cuencas y acuíferos y en este punto es necesario tener en cuenta la reducción de áreas dedicadas a plantaciones forestales y la reconversión de las mismas a la extensión de monocultivos como la piña para exportación.
El incremento en la producción de piña ha convertido a Costa Rica en uno de los principales suplidores de esta fruta en el mercado mundial pero esta producción tipo monocultivo es poco compatible con el ambiente tropical, agota todos los nutrientes del suelo y requiere de una alta y continua aplicación de agroquímicos que se filtran al terreno y acaban contaminando las fuentes de agua. En los dos últimos años la contaminación del agua por empresas piñeras ha sido causa de numerosas denuncias interpuestas ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), que en 2008 generó la apertura de 31 procesos. El informe también señala que en las regiones de Huetar Norte y Huetar Atlántica, donde se concentra el 93% del área de siembra, se da una pérdida de suelo fértil por erosión, compactación y deterioro en la actividad microbiológica por efecto de la utilización intensiva de plaguicidas.
El equipo coordinado por Merino incide en que los ingresos económicos de esta actividad, concentrados en dueños y empresarios, no revierte en ningún beneficio para las comunidades, donde, además, se altera la estabilidad social como resultado del deterioro ambiental. El informe señala asimismo que mientras se dedican grandes áreas de superficie a este tipo de cultivos de alto impacto ambiental y destinado a la exportación, el país solo produce la mitad del arroz y la cuarta parte del frijol que consume.
Un último exponente de la prevalencia de la actividad económica por encima del bienestar medioambiental es el proyecto de extracción de oro de a cielo abierto de Crucitas, en la frontera norte del país, de la Industria Finito S.A, subsidiaria de una trasnacional canadiense. Según denuncia “Llamado Urgente por el país”, la empresa, que tiene antecedentes de sanciones por incumplimiento ambiental, afirmó que la decisión de la SETENA en 2003 de no aprobar el primer informe de impacto ambiental presentado era un acto con “un efecto equivalente” a una “nacionalización o expropiación”. Dicho informe fue aceptado tras las amenazas de la minera de solicitar un arbitraje internacional en el marco del TLC suscrito con Canadá y posteriormente declarado nulo. Tras una serie de recursos, demandas de indemnización por parte de la minera y negociaciones entre esta y el gobierno, el comienzo de la actividad se encuentra pendiente de una última resolución de la Corte Institucional de Costa Rica. Yamileth Astorga señala que, a pesar de que esta instancia es normalmente muy coherente y decide a favor de las comunidades y el ambiente, desde el grupo “Llamado urgente por el país” se percibe que en esta ocasión se va a fallar a favor de la minera. Los expertos señalan que “este tipo de actividad favorecería mayoritariamente los intereses particulares de corto plazo en contraposición a los intereses colectivos de largo plazo en una zona con un alto potencial ecológico y ecoturístico, dada la existencia de áreas protegidas aledañas. Además de las opciones de desarrollo sostenible transfronterizo que ofrecen el sistema fluvial del río San Juan y los ríos tributarios costarricenses”. Las autoridades de la vecina Nicaragua denuncian que, tal y como establece uno de los Dictados establecidos en la cumbre de Río de Janeiro, los proyectos fronterizos deben ser concertados entre los países limítrofes por considerarse que los impactos ambientales no tienen fronteras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario