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HONDURAS.
POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y MILITARES: PROTAGONISTAS DE UN GOLPE ANUNCIADO
Leticia Salomón
A. LOS HECHOS
1. LA DETENCIÓN Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE
El domingo 28 de junio de 2009, un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República , Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República , a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna (las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes) para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.
2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado, de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar héroe nacional al militar, constituyó un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar una consulta ciudadana.
La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio cuando el mismo Presidente del Congreso pidió al pleno declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo, y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del Embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día.
3. EL DESENCADENANTE
La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta/encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la constitución, recibió una reacción adversa de la clase política que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícita un golpe de Estado y, derivado de ello, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo, primero, y del Poder Judicial, después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo, relacionadas con la cuarta urna, ya sea en la fase de consulta o en la fase de encuesta.
B. LA ALIANZA POLÍTICO-ECONÓMICA –MEDIÁTICA
Lo anterior permitió la confluencia de intereses diversos:
1. intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el presidente del Poder Ejecutivo por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo; militantes del partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo; diputados de dos de los tres partidos pequeños, Pinu y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado del presidente del Congreso Nacional en la confrontación de poderes del Estado (la excepción la constituyó el partido Unificación Democrática de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el parlamento).
2. Intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon las siguientes instituciones: a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente (de la Corte Suprema ) mantiene una relación de dependencia directa con respecto al Presidente del Congreso Nacional b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo c) Procuraduría General de la República , liberal nombrada por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional luego de intensas negociaciones con el partido Liberal y e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del Congreso.
3. Intereses económicos, que juntaron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre anterior, a pesar de la negativa empresarial a aumentarlo.
4. Intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de Honduras y dueño de Diario La Tribuna , de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa , con fuerte influencia en la zona central el primero y nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno. Desde dos años atrás el presidente comenzó a señalar a los "poderes fácticos" que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, dentro de los cuales se encontraban los empresarios de medios de comunicación y otras actividades económicas, que se han señalado.
C. LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS
1. El presidente quería imponer la democracia participativa
La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos actualmente constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional luego de 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y sus diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que habían artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.
2. El Presidente desobedeció las órdenes judiciales
La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.
3. El Presidente pretendía continuar en el poder
El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados, y militares retirados que comenzaron a plantar la idea de que el presidente quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que él estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en el 2010. En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados al Presidente de la República , que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque el mismo adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una u otra vez por parte de todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de manipulación y desinformación.
4. El presidente quería instaurar el comunismo en el país
La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe, le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios de comunicación y repetida insistentemente por los militares retirados que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno. La cercanía a los países de la ALBA , en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba, les llevó a estigmatizar a gobierno y ciudadanos de estos países, y a considerar que la presencia de sus diplomáticos en el país constituía una amenaza para la democracia.
5. El Presidente ha incumplido sus funciones
El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que medios de comunicación de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más, para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre AH1N1, inundaciones y terremotos.
D. EL PAPEL DE LOS MILITARES
Conforme avanzaba la confrontación entre poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del presidente de la República , de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaba con la cúpula militar en privado, colocaba en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los ochenta, formados en plena guerra fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos. La crisis permitió que personajes sumados en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados, los que estaban a favor y los que estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.
Hasta ese momento las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político. A partir de ahí y luego de la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso Nacional como “héroe nacional”, por haberle desobedecido al Presidente de la República , el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras, y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado de la mañana de 28 de junio. Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía , persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que se plantaron para rechazar el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán su precio ante la historia y ante la sociedad.
E. LAS CONTRADICCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Lo ocurrido en el Congreso nacional durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intrapartidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y auto proclamación como defensores de la nación. Lo anterior dio lugar a una serie de contradicciones en que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación, las cuales se resumen en lo siguiente:
1. La carta de renuncia del Presidente del Ejecutivo
La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha del jueves 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre el presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente de la República.
2. Sustitución versus derrocamiento
La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República , el Congreso Nacional se ve obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció improbar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.
3. Espíritu de cuerpo versus intereses partidarios
El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que el Presidente Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando que esta crisis ahondaría las diferencias del partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.
4. De candidato perdedor a presidente de facto
La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporarlo como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente al Presidente quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de sus frustradas aspiraciones presidenciales por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser presidente por la vía ilegal, como producto de un golpe de Estado.
F. LAS DEBILIDADES GENERADORAS DE LA CRISIS
Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país, entre las cuales podemos señalar las siguientes:
1. Politización partidaria de las instituciones
Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.
2. Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo
En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.
3. Incapacidad política para lograr acuerdos
De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.
4. Recurrencia a poderes arbitrales
Una gran debilidad del sistema político hondureño, muy vinculada a la anterior, es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que lo ha caracterizado históricamente, aunque esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, luego de otorgarles un protagonismo político que no les corresponde. Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factor mediador y arbitral, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas, tanto la católica como las evangélicas, no sólo fallaron en su papel mediador sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben estar contaminados por la política.
5. Cultura de la intolerancia, el irrespeto y la confrontación
Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a los que son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país; y la tendencia a convertir diálogos en confrontación. Esta situación se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios de comunicación en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas. Todo ello se vio en este proceso, lo que imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.
G. UN GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO
Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente de la República , la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia que colocaba a los militares como sus máximos defensores, consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre porqué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.
Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.
Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de gorilas con que se les conocía hasta la década de los ochenta. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica y mediática, y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución se quedaba con la ignominia.
Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente; a lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre estos y otros temas, es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos, no nos hace superiores a los otros.
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Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica y mediática asuman el significado de esta frase, será un gran indicador de avance en cultura política democrática.
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Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes, será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada.
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Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra, cuando la sociedad hondureña asuma este criterio, será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.
Tegucigalpa, Honduras, 29 de junio de 2009
El golpe de Estado en Honduras: caracterización, evolución y perspectivas
Leticia Salomón |
Socióloga y economista hondureña, especialista en temas de defensa, seguridad y gobernabilidad.
Se intensifica la polarización. El golpe de Estado producido en la madrugada del Domingo 28 de junio, ha ido evolucionando e incorporando nuevos elementos del contexto nacional e internacional.
Los bandos confrontados afinan sus estrategias, reafirman sus posiciones, trabajan por su imagen y evalúan constantemente su situación. Ambos saben que el tiempo es importante, que los plazos se vencen y que la situación debe resolverse en un tiempo muy corto.
En lo interno ambos bandos miden sus fuerzas (empresarios, iglesias y medios, moviendo a sus empleados y feligreses, y los otros sumando nuevas fuerzas sociales: maestros, mujeres, indígenas, y ONGs locales y regionales), mientras en el plano internacional el balance se inclina totalmente hacia uno de ellos, en este caso hacia el presidente constitucional de la república.
Estos días en que transcurre el plazo de la OEA, el bando del presidente constitucional reactiva juicios, gira órdenes de captura que no había ejecutado antes contra ex funcionarios y saca órdenes de captura con fechas anticipadas para sustentar las acusaciones contra el presidente.
Mientras el bando que apoya al presidente de facto intensifica las medidas de fuerza para controlar las acciones de resistencia, prorrogando el toque de queda, suspendiendo garantías individuales por 72 horas y conteniendo a los manifestantes que tratan de llegar a la capital, el bando del presidente constitucional capitaliza el rechazo ciudadano a la represión, aumenta sus apoyos internos con personas y organizaciones que le han cuestionado en su desempeño gubernamental o en su insistencia con la cuarta urna, y redefine su estrategia movilizadora, orientándola hacia las cabeceras de los departamentos del país, obligando a los manifestantes a romper los cercos militares/policiales, cruzando montes caminando, debido a los fuentes controles carreteros.
Mientras el bando del primero protege a los manifestantes que apoyan al presidente de facto con acciones de limpieza de calles y resguardo directo realizadas por militares y policías, también reprime a los manifestantes que lo cuestionan, cierran el paso en las carreteras, disparan a las llantas a los vehículos que no se detienen y bajan de los autobuses urbanos e interurbanos a las personas que circulan por áreas de alto tráfico vehicular, para evitar que se concentren en manifestaciones de apoyo al presidente constitucional.
El bando del presidente de facto intensifica las denuncias de corrupción, injerencia chavista, violación a la constitución, narcotráfico, anarquía, desequilibrio mental del presidente y complicidad de sus allegados, esperando mantener el rechazo al retorno del presidente constitucional con más fuerza que las exigencias de la OEA y de los países e instituciones que lo han exigido.
El bando del presidente constitucional intenta abrir una brecha en el sistema judicial que se mantiene cerrado en torno al Presidente de facto, presentando una acción legal ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que, como medida cautelar, se ordene la repatriación inmediata del Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se mantiene firme en su adhesión al Presidente de facto (ha mantenido silencio personal e institucional ante la violación de las garantías constitucionales vinculadas al toque de queda y la represión de manifestantes), los organismos de derechos humanos civiles, CODEH y COFADEH, muestran un apoyo creciente al presidente constitucional.
La estrategia del presidente de facto hacia el exterior no termina de definirse y no sólo no avanza sino que enfrenta numerosas complicaciones. Una de ellas está relacionada con el propio presidente de facto que no termina de darle coherencia a su discurso y legitimidad a su involucramiento en el golpe de Estado, cayendo en numerosas contradicciones ante la prensa internacional.
Otra de ellas se relaciona con el Canciller de facto que mira el mundo como una aldea y conserva una visión inadecuada de las relaciones internacionales; finalmente, el fracaso del llamado a embajadores clave para que se presenten en Tegucigalpa a recibir instrucciones o destituirlos según el caso, pues hasta ahora únicamente ha recibido el respaldo incondicional del embajador de Honduras en Washington que afirma con gran certeza, sin haber estado en el país, que aquí no ha habido golpe de Estado y tampoco rompimiento del orden constitucional, apoyando con ello la posición del presidente de facto.
Menos expuesto a la opinión pública, pero en el mismo plano, se encuentra el embajador de Honduras en Bruselas, quien es hijo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
B. El contexto Nacional
Alteración del orden constitucional. El bando del presidente de facto se ve en apuros para sostener que lo que pasó en Honduras el domingo 28 fue una simple y normal sustitución. No puede explicar porqué presentaron una supuesta renuncia del presidente constitucional con fecha del 25 y la aceptaron hasta el 28, y mucho menos porqué una orden de captura emitida por un magistrado de la corte, la dirigió por escrito al Jefe del Estado Mayor Conjunto el 26, cuando éste es un asunto exclusivamente policial, o explicar también porqué no canalizó esa orden al Secretario de Defensa por ley.
Mucho menos puede explicar por qué el Jefe del Estado Mayor Conjunto, en decisión colegiada de la Junta de Comandantes, ejecutó la orden de arrestar a un supuesto delincuente, quien además era su superior jerárquico y, en lugar de entregarlo a los tribunales para que fuera juzgado, irrumpió en su casa, lo condujo contra su voluntad hacia la Fuerza Aérea y lo mandó a dejar a otro país. Lo interesante del caso es que cuando los periodistas extranjeros lo abordaron sobre algunas de estas inquietudes el presidente de facto dijo que no sabía nada al respecto y los remitió a los que ordenaron y ejecutaron el hecho, en abierta alusión al magistrado que firmó y al militar que ejecutó u ordenó hacerlo, que fue el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Por más esfuerzos que hace el bando del presidente de facto por estructurar una explicación mínimamente aceptable, asesorado por abogados, políticos de tradición golpista y militares activos y retirados, con una gran experiencia en estas actividades, no pueden explicar porqué se impidió que un presidente electo por mayoría de votos en las elecciones de 2005 terminara su período gubernamental, si no existe en el país la figura del mandato revocatorio y tampoco esa facultad en el Congreso Nacional, y menos que se le haya seguido un juicio a la altura de su dignidad presidencial.
El bando del presidente de facto ha insistido en afirmar que no se ha producido ningún golpe de Estado y cita para ello una colección de razones, comparaciones y justificaciones que tratan de evadir lo obvio: que se violó la constitución de la república cuando lo condenaron (al exilio) sin el debido proceso, cuando se nombró a un sustituto en circunstancias y condiciones dudosas, y cuando han realizado varias actividades igualmente violatorias, relacionadas con lo siguiente: establecimiento de un toque de queda que impide la libre circulación de la ciudadanía por cinco días y con posibilidades de prórroga; cierre de radios y canales de televisión afines al gobierno constitucional; restricciones a los periodistas para hablar del presidente constitucional (y ninguna para los que están en contra); represión de las manifestaciones a favor del presidente constitucional (y protección de las manifestaciones a favor del gobierno de facto); detención de las personas cercanas o afines al presidente constitucional (se mantienen en los cuarteles o se expulsan del país); aparecimiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto al lado del Presidente defacto en concentraciones públicas, cuando existe un mandato constitucional que establece que las Fuerzas Armadas son obedientes, apolíticas y no deliberantes.
2. El sistema de justicia al servicio del golpe. El sistema de justicia, fuertemente partidizado, se convirtió en un facilitador jurídico en todo el proceso del golpe. La situación se mantiene en la actualidad y se ha podido observar la actitud que asumen sus máximos exponentes al ser entrevistados por cadenas nacionales e internacionales, en particular el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República, olvidando la presunción de inocencia y asumiendo la culpabilidad del presidente, sin haberlo sometido a un juicio transparente, apegado a ley y sin sesgo político partidario.
3. El involucramiento político-militar en el golpe. La actividad más intensa la mantienen el presidente Constitucional en el ámbito internacional y, en el ámbito nacional, el presidente de facto, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Fiscal General de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todos los otros actores políticos han pasado a asumir un papel de observadores atentos del proceso, siempre listos a brindar el apoyo. Es el caso del Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y el Comisionado General de los Derechos Humanos.
4. El involucramiento económico-religioso y mediático en el apoyo. Los empresarios mantienen un apoyo activo, sabiendo que los días cercanos a la decisión de la OEA son fundamentales para ganar cierto espacio en el ámbito internacional; por ello movilizan a sus empleados para que participen en las manifestaciones públicas, organizan las mismas y financian parcialmente los costos. Las iglesias aseguran el resguardo militar y policial, elaboran algunas consignas y movilizan a sus feligreses. Los medios continúan con una defensa cerrada del golpe de Estado, con excepción de Diario Tiempo y Radio Progreso en el norte del país; los medios menores se han abierto un poco pero siguen posicionados al lado del presidente de facto, lo que hace que se mantenga el nivel de desinformación sobre lo que ocurre con las manifestaciones en favor del presidente constitucional. El internet facilita la comunicación nacional e internacional que ha permitido conocer lo que ocurre en el interior del país, y los pronunciamientos y adhesiones de personas, grupos e instituciones que rápidamente se difunden a todos sus contactos.
5. Organización del gobierno de facto y distribución de cuotas de poder. De manera lenta pero precisa se va organizando el gobierno de facto y se van distribuyendo cuotas a los participantes en el proceso golpista, incluidos los militares retirados, lo cual debe llamar la atención hacia una posible remilitarización del Estado, esta vez con militares retirados ocupando puestos clave vinculados a la seguridad nacional, mismos que hasta ahora estado en manos civiles. Un mensaje peligroso ha sido enviado con el nombramiento de un ex oficial de inteligencia en la Dirección de Migración, existiendo la expectativa de que también sean colocados en otros cargos clave como Marina Mercante y Empresa Nacional Portuaria.
6. Manipulación de la opinión pública. Las manifestaciones a favor del presidente de facto se encuentran impregnadas de ataques frontales con mensajes subliminales: los ataques vienen de los políticos, empresarios y medios de comunicación (intromisión de Chávez, irrespeto a la legalidad, calificativos de provocador y farsante) y los mensajes (Dios, paz, democracia, diálogo, estabilidad orden, patria y no violencia) además de camisas blancas, banderas de Honduras, entonación del himno nacional, revelan una marcada influencia religiosa (de hecho, las cúpulas de las iglesias católica y evangélica se inclinaron por el golpe de Estado y se han constituido en un factor clave, junto a los empresarios, en la movilización de manifestantes). Un hecho interesante de destacar es que gradualmente van cambiando el sujeto/objeto de la movilización. De apoyar a Micheletti han pasado a “apoyar a la democracia” en un intento de despersonalizar la adhesión a la causa golpista, tratando de mantener un esfuerzo integrador que incluya a todas las preferencias religiosas y respete las preferencias partidarias de los manifestantes, lo que combina muy bien con el papel de los medios de comunicación y lo que afirma el presidente de facto cuando finaliza sus intervenciones públicas diciendo: “¡Dios está con nosotros!”.
C. El contexto internacional.
1. El rechazo al golpe. El rechazo a la alteración del orden constitucional en Honduras por parte de países y organismos regionales e internacionales, ha sido fundamental en este momento. Es claro para todos que el elemento aglutinador de la diversidad ha sido el repudio a una práctica del pasado que reaparece como amenaza a los procesos democráticos que se construyen en nuestro continente, con dificultad pero con firmeza. Personas y organizaciones académicas, gremiales y de derechos humanos han sumado su voz de protesta y han condenado el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
La ocasión constituye una gran prueba para conocer y valorar el nivel de compromiso internacional con la estabilidad de gobiernos legítimamente constituidos. El mensaje ha sido (y debe ser) claro, no sólo para los militares que se han mantenido siempre como espectadores desconfiados de procesos democráticos que no terminan de comprender, sino también para los políticos que se enfrascan en rivalidades intra e interpartidarias que socavan su legitimidad y la de las instituciones en las que se insertan.
2. La ideologización del golpe en el contexto internacional
a. El papel de los Estados Unidos. Desconfianza, recelo y muchas dudas relacionadas con el pasado autoritario, hacen que se genere una suspicacia, a veces extrema, en relación al papel de los Estados Unidos en el reciente golpe de Estado. La tradicional subordinación de las Fuerzas Armadas a los intereses estadounidenses y al papel que juegan o han jugado los embajadores norteamericanos para dirimir conflictos políticos o sociales en el ámbito interno, son de sobra conocidos en nuestro país y en nuestra América. De ahí la importancia del papel que asuma los Estados Unidos ante el golpe de Estado producido, sabiendo que se encuentra en una situación un tanto incómoda: evidenciar que lo sabían y que no pudieron hacer nada para impedirlo (porque no fueron capaces de controlar a sus socios en una aventura golpista), argumento con muy poca credibilidad, o que sabían de la decisión y no quisieron hacer nada, (porque hicieron una lectura inadecuada de los hechos y circunstancias, o porque quisieron probar el rumbo que seguirían los acontecimientos), argumento con más credibilidad que el anterior, si lo relacionamos con algunos hechos que pudieron influir en esta decisión, como la antipatía mutua entre el presidente y los diputados del Congreso Nacional, el rechazo de los empresarios al presidente por sus “excesos sociales”, incomodidad con el estilo presidencial de decir y hacer las cosas (confrontativo, burlón, imprudente, franco, directo) y desconfianza propia hacia el acercamiento público entre Zelaya y Chávez. Lo curioso del caso es que al presidente constitucional solamente le faltan siete meses para terminar su período gubernamental, ninguno de los candidatos presidenciales con posibilidades de triunfo tiene inclinaciones izquierdistas, ni mucho menos, y que no existía ninguna amenaza real de que el presidente convocara a una asamblea nacional constituyente (hasta los hechos invalidan esta amenaza, pero es tan irrisorio que es casi imposible de creer: apoyar (si o no) la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre, para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que revisara y creara una nueva Constitución de la República. Crearla sería una potestad del Congreso Nacional y nunca del Presidente de la República porque no tiene esas atribuciones).
b. El papel de Chávez. La manipulación creada en el interior del país en relación a viejos fantasmas ideológicos (Democracia/Comunismo), influyendo en la opinión pública a través de las iglesias y los medios de comunicación, están contribuyendo a polarizar aún más a la sociedad hondureña. En la confrontación van apareciendo consignas de los defensores y los detractores de Chávez, lo cual tiende a minimizar el aspecto clave del golpe de Estado que fue y sigue siendo la violación de la Constitución de la República, desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia ordena capturar al presidente constitucional sin haber iniciado y desarrollado un juicio, situación agudizada por las Fuerzas Armadas que ejecutan la orden y deciden, de acuerdo a un poder arbitral totalmente deformado, que lo más beneficioso para el Estado era su expulsión del país.
Asumir estos mismos criterios e insertar el golpe de Estado en el contexto de diferencias ideológicas que se observan en nuestro continente, es un error que tiende, como siempre, a minimizar las causas internas y a forzar salidas que involucren a otros países y otras ideologías. El golpe de Estado en Honduras debe motivar a los estudiosos del tema a realizar análisis profundos, responsables e integradores que incorporen los elementos que han aflorado y estallado en Honduras, y que pueden ocurrir en otros países del continente, considerando, por supuesto, las diferencias que se dan en sus respectivos procesos de desarrollo democrático. Así como en Honduras el dilema entre los que están a favor o en contra del presidente constitucional ha ido cediendo ante el posicionamiento entre los que están a favor y los que están en contra del golpe de Estado, de la misma manera los estudiosos y analistas internacionales deben extremar su cuidado para no insertar el tema del golpe de Estado en Honduras en un contexto ideológico polarizado entre los que están con Chávez y los que están con Estados Unidos, porque desviarían la atención entre un hecho real y un hecho posible, añorado por unos y manipulado por otros.
D. Elementos clave en la solución del conflicto. Hay tres aspectos clave que tienen que enfrentarse para encontrar una solución al conflicto expresado a través del golpe de Estado: a) Restitución del presidente constitucional en su cargo, b) Deducción de responsabilidades a todos los que violaron la ley y c) Acuerdo para crear una nueva constitución. Ningún otro tema es central para solucionar la crisis porque las elecciones de noviembre nunca han estado en riesgo y el acercamiento del presidente constitucional con Chávez no constituye una amenaza para el país.
Restitución del Presidente constitucional en su cargo
Este hecho será fundamental para la estabilidad política y social del país y para garantizar el desarrollo normal de las elecciones generales en noviembre próximo. Igualmente, para impedir que otro presidente se vea expuesto en el futuro a la interferencia de otros poderes del Estado que le imposibiliten terminar el período gubernamental para el cual fue electo. Lo anterior debe ser independiente de a) la cantidad de personas que lo aclame (no está obligado a demostrar popularidad porque ya la demostró en las elecciones de noviembre de 2005), b) la opinión de personas o grupos sobre la calidad de su gestión (no existe en el país el mandato revocatorio), c) la cantidad de acusaciones que le hagan (si están legalmente sustentadas debe enfrentarlas en juicio) d) la antipatía que le tengan los políticos, empresarios o líderes religiosos, e) la culpa que haya tenido en la polarización del conflicto (de la misma manera en que se rechaza el escote de un vestido como causa de una violación) y g) la antipatía que le tenga la Junta de Comandantes.
Deducción de responsabilidades a todos los que violaron la ley
Esto incluye a) al presidente de la república, quien una vez restituido en su cargo deberá enfrentar las acusaciones que le han hecho y ante las cuales no le han dado oportunidad de defenderse. Dada la politización partidaria de la Corte Suprema de Justicia y el antecedente de que han vertido opiniones sobre el acusado al que deberán juzgar, hechos que no garantizan un juicio justo, deberá asegurarse la participación de jueces internacionales; b) iniciar juicios contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que firmó la orden de captura contra el Presidente de la República, sin el respeto al debido proceso c) contra el Fiscal General de la República, que solicitó la orden de captura y evidenció juicios en contra del acusado d) contra la Junta de Comandantes que acató una orden irregular y cometió el delito de expulsar del territorio hondureño por la fuerza a un ciudadano de este país quien además era su Comandante en jefe y e) contra el entonces presidente del Congreso Nacional y actual presidente de facto, por falsificación de documentos públicos para alterar el orden constitucional, como la supuesta carta de renuncia del presidente constitucional de la República. Un juicio público deberá hacerse a) contra los operadores de justicia (Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Policía) por atentar contra el Estado de Derecho y contribuir al rompimiento del orden constitucional, b) contra el Congreso Nacional por su contribución activa en el rompimiento de ese orden, c) contra los partidos políticos, como instituciones que guardaron silencio cómplice ante lo que hacían sus militantes en todos los poderes del Estado, situación que apenas se está rompiendo por dos partidos pequeños, PINU y UD, y d) contra los oficiales y soldados que reprimieron con exceso de fuerza a los manifestantes que apoyaban al presidente constitucional.
Acuerdo para crear una nueva Constitución
Dado que el detonante del golpe de Estado se relaciona con la consulta ciudadana encaminada a crear una nueva constitución, situación que subyace en la necesidad de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones sobre los grandes temas nacionales, se vuelve necesario diseñar un mecanismo legal para que, a futuro, no vuelvan a perseguir a un presidente o un ciudadano que plantee la necesidad de cambiarla. Esto es importante por el vacío jurídico que tiene la constitución de 1982, que no previó mecanismos legales para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente cuya misión exclusiva sea crear una nueva constitución sin que el proceso vaya precedido por un golpe de Estado.
E. Tareas pendientes.
1. En el corto plazo.
a. Aceptar la renuncia a la Junta de Comandantes pues es comprensible que, a partir de lo sucedido, se imposibilita cualquier relación jerárquica del presidente constitucional y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con la cúpula militar.
b. Desmilitarizar el país y las instituciones. Los militares deben literalmente volver a sus cuarteles, para reafirmar un clima de tranquilidad que necesita urgentemente el país.
c. Evaluar el papel de la Policía durante el Golpe de Estado: si fue para garantizar la seguridad pública o para garantizar el mantenimiento de un gobierno de facto.
d. Establecer un pacto por la despolitización partidaria del sistema de Justicia: elemento clave para garantizar la seguridad jurídica y recuperar confianza ante hondureños y extranjeros.
e. Aprobar mecanismos democráticos de participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum a nivel nacional deben ser una puerta que asegure la participación y no un freno que limite su derecho a opinar.
f. Establecer mecanismos para garantizar la independencia de poderes. Para permitir que cada poder se dedique a sus funciones sin injerencia de otros poderes en ningún aspecto de su desempeño.
g. Pacto político-social para la realización de elecciones generales sin confrontación, con propuestas y con visión de país. El sistema político-electoral debe recuperar legitimidad ante la ciudadanía y anticiparse al peligro de un desencanto político que se exprese en un fuerte abstencionismo en las elecciones de noviembre.
h. Institucionalizar mecanismos permanentes de participación ciudadana en la evaluación del rumbo que sigue el país en cada gobierno. Para evitar que los conflictos políticos y sociales lleguen al límite y dar la oportunidad a los dirigentes locales y nacionales que enmienden errores y atiendan las verdaderas necesidades de una agenda social.
2. Medio plazo.
a. Definir (recordar, precisar) el papel de las Fuerzas Armadas en la Democracia. Para que civiles y militares conozcan el sentido real de la democracia y asuman su papel en aspectos clave del proceso de desarrollo democrático.
b. Recuperar la condición laica del Estado hondureño. El ámbito de las diversas denominaciones religiosas no está en el ámbito público y no deben utilizarse como maquinarias de apoyo político de ningún tipo. Pueden jugar un papel fundamental para el desarrollo democrático en el ámbito privado, creando valores esenciales de la democracia como pluralismo, tolerancia y respeto a la diversidad, que tanto necesita nuestra sociedad.
c. Realizar un diálogo ciudadano sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia. Para recuperar la imagen de medios comprometidos con los intereses generales de la sociedad, con profesionalismo, objetividad y respeto a la ciudadanía y a las autoridades.
d. Intensificar la capacitación en cultura política democrática. Para conocer más y mejor la Constitución de la República, nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Las universidades pueden jugar un papel fundamental en este tipo de tareas.
Desarrollar programas de prevención y solución pacífica de conflictos. Para contar con equipos profesionales en los partidos, organizaciones sociales e instituciones del Estado y poder prever los conflictos políticos y sociales, y encontrarle soluciones pacíficas cuando estos hayan estallado.
Este artículo, recibido en www.otromundoesposible.com, es continuación del texto: “Honduras: Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado“
III
EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS:
EL CONTEXTO CRÍTICO DE LA DEMOCRACIA
11 de julio de 2009[1]
Leticia Salomón[2]
Mientras la sociedad hondureña se debate entre los que están a favor y los que están en contra del retorno del presidente constitucional de la República, se escuchan voces diferentes y hasta contradictorias, a nivel nacional e internacional, que claman por el respeto a la Constitución de la República y el restablecimiento de la paz y la democracia en nuestro país, luego del golpe de Estado que sacudiera la vida nacional y el contexto internacional en los últimos días; inclusive, han llegado a plantear que la solución de la crisis política de Honduras se soluciona adelantando las elecciones o, en último caso, haciendo que el gobierno de facto se mantenga hasta el día de las elecciones generales programadas para el último domingo de noviembre del presente año. El anterior es un cuadro confuso porque mientras todos hablan de los mismos términos, le otorgan significados diferentes: No es lo mismo que un empresario, un jerarca de las iglesias del país o un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hable de democracia y respeto a la constitución, a que lo haga un sindicalista, un académico, un campesino o un defensor de los derechos humanos. Cada quien utiliza los términos y los significados de manera distinta y con propósitos distintos, incluidos los que creen que la democracia es simplemente un asunto electoral.
La crisis política asociada al golpe de Estado del domingo 28 de junio ha puesto en evidencia profundas grietas en el sistema político hondureño, una enmarañada red de relaciones cercanas y cuestionables entre políticos, cúpulas religiosas, militares y empresarios, un sinnúmero de debilidades institucionales y una red de intereses personales disfrazados de intereses nacionales. También se han dado a conocer detalles que explican de mejor manera esa extraña asociación entre personas y grupos vinculados a la política, la religión, los medios de comunicación y la empresa privada, y comienzan a aflorar los síntomas evidentes de una democracia deteriorada y amenazada por un Estado de Derecho en crisis, unos partidos políticos cada vez más deslegitimados y unos cuerpos represivos que han demostrado sus renovadas habilidades para enfrentar viejos fantasmas y sacar provecho de las crisis provocadas por los civiles.
Un cuadro lleno de informaciones y reacciones, difundido por diversos medios de comunicación, nos presenta el siguiente escenario: una erogación presupuestaria de cien mil lempiras mensuales (un poco más de cinco mil dólares) otorgada al máximo jerarca de la iglesia católica por el ex presidente liberal Carlos Flores (2002-2006), una de las figuras señaladas detrás del golpe de Estado, para atender necesidades del cardenalato en un Estado que supuestamente es laico desde fines del siglo XIX; rescate histórico de las declaraciones de un sacerdote obligado a salir de Honduras por la represión de los años ochenta, en las que señalaba al obispo de ese entonces y actual jerarca de la iglesia católica, de parecer “más un coronel que un pastor”; una iniciativa de ley presentada y frustrada en 1985 en el Congreso Nacional, en la que se proponía convertir ese Congreso en una Asamblea Nacional Constituyente para prorrogar el gobierno del ex presidente liberal Roberto Suazo Córdova (1982-1986), firmada, entre otros, por el actual presidente de facto Roberto Micheletti Bain; difusión de la reforma constitucional del año 2003 (Decreto legislativo 175-2003 de fecha 28 de octubre del 2003 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,269 de fecha 19 de diciembre del 2003) con la cual se elimina la atribución del Congreso Nacional de declarar “si ha lugar o no a formación de causa contra el presidente”, misma que fue aprobada durante el gobierno del Presidente nacionalista Ricardo Maduro (2002-2006), cuando fungía como presidente del Congreso Nacional el Sr. Porfirio “Pepe” Lobo, actual candidato presidencial por el opositor Partido Nacional; conocimiento de una circular de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, con fecha 25 de junio (fecha del primer intento de golpe de Estado), en la que pide a sus afiliados donaciones de mil, dos mil y tres mil dólares, que serían deducibles del impuesto sobre la renta, las cuales se destinarían a la defensa de la democracia y la paz en Honduras.
La prolongación de la situación de crisis derivada del golpe de Estado permite la estabilización precaria del gobierno del presidente de facto, aspecto que favorece a los golpistas, pero también permite que afloren las contradicciones y debilidades de los mismos, que crezca el rechazo interno y que se sumen personas y sectores que observan preocupados este peligroso retroceso en el avance del desarrollo democrático del país. Varios elementos clave se están posicionando en el escenario político- social del país, lo que debe llamar a la reflexión sobre las consecuencias del golpe de Estado en la vida nacional:
Publicación y participación ciudadana activa en el señalamiento de los diputados golpistas por departamento y por partido al que pertenecen, con el respectivo llamado a no votar por su reelección en las elecciones de noviembre próximo y la reacción de algunos de ellos denunciando que no fueron convocados a la sesión del Congreso en la que se consumó el golpe de Estado, porque sabían de su oposición al mismo;
Creciente fastidio ciudadano con la política, lo que vaticina desde ahora el abstencionismo más grande en los 28 años de democracia electoral, situación que no parece preocupar a los políticos del país, porque están acostumbrados a manipular los resultados electorales e inflar los resultados de uno y otro partido, previo acuerdo entre los mismos partidos políticos tradicionales, a los cuales se ha sumado siempre el partido Demócrata Cristiano de Honduras, para controlar y manejar a su antojo el Tribunal Supremo Electoral;
Identificación creciente de los personajes que fraguaron el golpe de Estado y su señalamiento directo en las paredes de la capital y de las principales ciudades del país, y en la comunicación electrónica que no ha podido ser controlada por la alianza golpista;
Señalamiento mutuo de periodistas a favor y en contra del golpe de Estado, precisando que la investigación a unos debe extenderse a la investigación de otros, para ver de donde provienen sus grandes fortunas;
Demanda creciente de investigar actos de corrupción y cuantiosas fortunas a todos los ex presidentes del país, dueños de medios de comunicación, empresarios y ex funcionarios de gobiernos anteriores, como respuesta a la investigación y persecución política del presidente constitucional y sus allegados.
Creciente expresión de las diferencias existentes entre la cúpula de la iglesia católica, las diócesis y los sacerdotes, en virtud de las cuales, los más atrevidos sacan pronunciamientos y participan en las marchas que condenan el golpe de Estado.
Cuestionamiento cada vez más generalizado sobre la necesidad de mantener la existencia de las Fuerzas Armadas hondureñas, en particular de la fuerza ejército, señalando que para lo único que han servido en toda su historia institucional es para defender los más fuertes intereses políticos y económicos, y para reprimir a la sociedad.
Creciente señalamiento nacional e internacional al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por su posición pública a favor de los golpistas y por su defensa de los militares cuando dispararon contra los manifestantes desarmados.
Marginamiento y auto marginamiento de los candidatos presidenciales de los dos partidos tradicionales que apoyan el golpe de Estado, con relación al escenario político nacional; un discurso ligero a favor de la democracia, la paz, el orden y el diálogo, y un alejamiento cada vez mayor de quienes decidirán su triunfo o fracaso en las elecciones de noviembre.
Síntomas de quiebre de la férrea articulación de la alianza política, económica, militar, mediática y eclesiástica, por presiones internas de los más afectados por la crisis económica y financiera derivada del golpe de Estado, entre los que se encuentran sectores vinculados al comercio, servicios turísticos (bares, restaurantes, agencias de viajes, hoteles) y bancos (crecen los rumores de retiros cuantiosos vinculados al congelamiento de cuentas por parte del actual gobierno). Todo ello a pesar del intento de impedir que las diferencias partidarias, religiosas o sociales produzcan el quiebre de una alianza que es mantenida de forma cada vez más precaria.
Todo este cuadro político social, muchas veces confuso, incoherente e improvisado, anuncia una situación de peligro y crisis del contexto de la democracia hondureña. En el plano internacional continúan los debates acerca de la responsabilidad estadounidense en el golpe de Estado, dividiendo opiniones entre los que creen que fue una participación premeditada, sin aportar elementos de juicio que trasciendan la vieja polarización ideológica, muchas veces anquilosada y ahistórica, y los que la posicionan en la etapa posterior al golpe, entre los que perfilan al Presidente de los Estados Unidos y su Secretaria de Estado, por un lado, y, por otro, a la derecha republicana salpicada de personajes conservadores con raíces cubanas y venezolanas. Estos nuevos actores de la coyuntura golpista, mantienen una clara identificación con los conservadores hondureños, particularmente con el partido Nacional de Honduras, cómplice del partido Liberal en su aventura golpista; plantean que la situación de la crisis hondureña se resuelve adelantando las elecciones, en una salida oportunista que pretende capitalizar el golpe a favor del partido Nacional, cuyo candidato sería el seguro triunfador en esos comicios. El partido Liberal, fuertemente fraccionado en sus adhesiones políticas y tratando de ignorar el rechazo del voto ciudadano que le dio el triunfo al presidente Zelaya en las elecciones de 2005, se expone a una derrota electoral que no podrá revertir su candidato en los pocos meses que faltan para las elecciones, pues su perfil golpista y profundamente conservador mantendrá alejando al voto independiente que es el que ha definido los triunfos electorales en los últimos años. La apuesta oportunista del partido Nacional por el adelanto de las elecciones generales, pone en peligro la aceptación ciudadana de su candidato, obtenida desde los meses anteriores al golpe, y se expone a una identificación negativa con los sectores más conservadores de su partido y los sectores conservadores de los Estados Unidos.
La crisis política de Honduras, expresada en el golpe de Estado del 28 de junio, no se resuelve adelantando las elecciones ni proclamando vencedor al candidato de uno u otro de los partidos golpistas, porque seguirían manteniéndose las amenazas a la estabilidad política que se abrieron con el golpe y que no se cerrarán con un proceso electoral que desde ya se vislumbra deslucido, cuestionado y rechazado por un fuerte sector de la ciudadanía. Lo que parecen ignorar los partidos tradicionales y sus respectivos candidatos, es que para superar la legitimidad precaria derivada de un proceso electoral inserto en un golpe de Estado, es que el candidato ganador tendrá que hacer concesiones a la alianza golpista y esto significa el otorgamiento de cuotas de poder a los militares, los diputados, la empresa privada y las cúpulas religiosas, para evitar un posible veto al desempeño presidencial y ahuyentar la posibilidad de un nuevo golpe de Estado.
La solución a la crisis política derivada del golpe de Estado pasa y debe pasar por la restitución del presidente constitucional de la república y esto es necesario para la democracia hondureña, para la gobernabilidad política y social del país e, inclusive, para los mismos sectores de la alianza golpista que se resisten a valorar en su justa dimensión el contexto crítico de la democracia que dicen defender y que se expresa en los siguientes hechos:
Presidentes sin seguridad de terminar su gobierno
Los que hoy se juntan para aplaudir la salida del presidente constitucional de la república, minimizando el hecho de que ningún poder del Estado puede atribuirse esa función que no está incluida en la Constitución de la República, mañana lamentarán que otro presidente de su simpatía se encuentre en la misma situación porque el golpe rompió los límites de contención de las emociones e intereses personales, grupales o partidarios, imperando la ley de la selva y no los preceptos de un auténtico Estado de Derecho. A partir de ahora, cuando un presidente sea juramentado en su cargo para un período de cuatro años, comenzarán las apuestas sobre el tiempo que durará en sus funciones, repitiendo la vieja historia golpista de nuestro país cuando llegamos a tener hasta dos presidentes en un solo año.
Fuerzas Armadas con poder arbitral
Al restablecer el viejo poder arbitral de las Fuerzas Armadas, se abrió la puerta de su politización y de su poder de veto sobre cualquier desempeño político y social que se salga de su concepción del orden, la seguridad y la democracia. A partir de ahora cobrarán fuerza los viejos fantasmas que tanto ayudaron a las Fuerzas Armadas hondureñas a convertirse en centro del sistema político del país durante los casi diecinueve años que transcurrieron de 1963 a 1982, y de nuevo volverán a militarse el Estado, la sociedad y la cultura política del país. La persecución ideológica, la intolerancia, el irrespeto de los militares al poder civil y la intromisión del Estado en la vida privada afectando los derechos y garantías individuales, serán apenas un indicio de lo que nos espera en el futuro cercano a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, incluidos los que desconocen la historia cercana y que hoy marchan de blanco clamando por la democracia y declarando héroe nacional a un militar.
El Congreso Nacional como amenaza a la estabilidad política
El Congreso Nacional se ha caracterizado por su escasa transparencia en el uso de los recursos públicos, por un reglamento interno que concentra un poder autoritario en su presidente, una ausencia de rendición de cuentas sobre su desempeño y por ser un poder paralelo que se origina en el lanzamiento de sus presidentes a la competencia electoral por la presidencia de la república, a pesar de una reforma constitucional que les prohíbe hacerlo mientras ostenten el cargo. La manipulación partidaria del sistema de justicia ha hecho que dos protagonistas de la actual coyuntura golpista hayan lanzado sus candidaturas presidenciales en ese contexto: a) el Sr. Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, actual candidato presidencial por el partido Nacional, quien logró ganar las elecciones primarias de su partido en el 2004 y perdió las generales ante el candidato liberal José Manuel Zelaya Rosales en el 2005, y b) el Sr. Roberto Micheletti Bain, quien no pudo ganar las elecciones primarias de su partido en el 2008. El año más crítico de la confrontación de los poderes Legislativo y Ejecutivo es siempre el último de cada gobierno, debido a que en él se definen las adhesiones de los diputados a los candidatos de sus partidos y a la utilización electoral de los recursos que maneja ese poder del Estado, sujeto a la discrecionalidad de su presidente. A partir de ahora, presidente de la república que se atreva a pelear el presupuesto del poder Ejecutivo en su último año y evitar la adjudicación de presupuesto nacional para el financiamiento de campañas electorales desde el poder legislativo, puede irse preparando para enfrentar otro golpe de Estado similar al que se produjo el 28 de junio: El Congreso Nacional se ha convertido desde esa fecha en una verdadera amenaza a la estabilidad política del país.
Institucionalidad débil y con escasa credibilidad
Una característica central de las instituciones estatales hondureñas, incluidas las del sistema de justicia, es el fuerte control que ejercen las cúpulas partidarias sobre su desempeño. Lo que en otros países más desarrollados se asume con una gran naturalidad (la independencia institucional para tomar decisiones con estricto apego a la ley), en nuestro país constituye la excepción y se pierde la majestuosidad de la ley en los oscuros laberintos de la componenda política. De ahí la importancia partidaria que se da en el Congreso Nacional al nombramiento de las personas que dirigirán estas instancias clave, distribuyéndose las cuotas correspondientes, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia cuyos magistrados se reparten 8 a 7 los dos partidos tradicionales y cuyo presidente corresponde al partido de gobierno, todo ello como producto de los acuerdos políticos que conduce el presidente del poder legislativo. Una situación similar se produce con el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Cuentas: todos ellos son nombrados por acuerdos políticos negociados directamente por el presidente de ese poder del Estado y los nombrados guardan una subordinación extrema a la cúpula de su partido, a su bancada en el Congreso y al presidente del mismo, a quien guardan lealtad hasta que llega su reemplazo. De ahí la indefensión ciudadana (y en este caso del presidente constitucional) ante una justicia que es manipulada por los dirigentes políticos y ante instituciones como esas, cuyos máximos representantes atienden velozmente los requerimientos políticos de quienes los favorecieron con tales cargos, aunque estos contraríen los más elementales preceptos de un Estado de Derecho.
Sistema político desacreditado
Honduras presenta un cuadro de deslegitimación creciente de los partidos políticos, instancias electorales e instituciones del Estado. A la clásica incapacidad de éste para responder a las más elementales demandas sociales, se suman los vicios de la corrupción y la manipulación partidaria de las instituciones estatales, característica general de los partidos Liberal y Nacional, y de los partidos minoritarios que aprendieron rápidamente de los vicios y deformaciones de aquellos. Los partidos políticos del país se han ido desdibujando ideológicamente y hoy se presentan sin mayores diferencias entre sí, al grado que, en momento de crisis como la golpista, tienden a identificarse y aparecer ante la ciudadanía como un solo partido conservador. El más afectado con este proceso ha sido el partido Liberal, otrora líder de reformas sustanciales y protagonista de los mejores avances en la subordinación de los militares al poder civil. Sus más connotados representantes dieron rienda suelta a sus intereses personales y grupales, se asociaron al partido Nacional para derrocar a un presidente constitucional, de un solo golpe hicieron retroceder al país a la oscura década de los ochenta y tiraron por la borda importantes avances realizados en estos veintisiete años de transición y construcción democrática. Actualmente existe en sectores crecientes de la ciudadanía un fuerte desencanto político que todavía no llega a convertirse en desencanto democrático, pero hay que reconocer que los partidos políticos, particularmente los tradicionales, realizan su mejor esfuerzo para lograrlo.
La empresa privada con poder de veto sobre el Poder Ejecutivo
Por todos es conocido el cuestionamiento creciente de los empresarios a los políticos de oficio, a quienes acusan de incapaces de enfrentar los retos que plantea el desarrollo económico, particularmente el apoyo que el Estado debe proporcionar a los grupos empresariales que siempre han vivido bajo su tutela y protección. Su visión instrumental de los gobiernos les ha llevado a financiar campañas electorales de candidatos presidenciales, diputados y alcaldes liberales y nacionalistas, con el propósito de contar con ellos para obtener contratos del Estado, introducir leyes, reformarlas o suprimirlas, de acuerdo a sus intereses particulares. La situación ha ido evolucionando hasta negociar la colocación de sus hombres de confianza en puestos clave del Estado e inclusive, a lanzar sus propias candidaturas y las de sus familiares, para superar la barrera de las intermediaciones y llegar a controlar directamente el rumbo del Estado. Los empresarios hondureños se disputan los favores oficiales para obtener beneficios directos e indirectos, negocian apoyos electorales a cambio de una mayor cuota de poder para intervenir en las grandes decisiones públicas y cuando sienten que no logran controlar todo lo que han controlado en los anteriores gobiernos, arman complots, propician alianzas intersectoriales, financian manifestaciones y acuden a los viejos fantasmas y sus viejos instrumentos (las Fuerzas Armadas) para romper un orden constitucional que sólo es bueno cuando beneficia sus intereses corporativos. En relación a la crisis que degeneró en golpe de Estado, sectores incómodos con el gobierno, como los vinculados a los combustibles, corte y comercialización de madera, y productores de harina y pan, sumaron su descontento por los controles crecientes que limitaban sus ingresos y obstaculizaban su impunidad para afectar los intereses nacionales, y se unieron a los señores de la industria que, con excepción de las maquilas, se vieron afectados por el incremento al salario mínimo, decretado por el gobierno ante la incapacidad empresarial de negociarlo con los sindicalistas y la Secretaría del Trabajo. Los empresarios hondureños aparecen en el escenario político como golpistas y se evidencian ante la sociedad con un poder de veto sobre los presidentes que se atrevan a señalarlos, limitarlos y contrariarlos. Para conseguir sus propósitos acudirán a todos los fantasmas que puedan capitalizar apoyos, movilizar creyentes y destituir presidentes, aún sabiendo que son sólo eso: fantasmas cuya sombra asusta, aglutina y radicaliza a una ciudadanía desinformada, sin cultura política democrática y sumamente vulnerable ante quienes controlan y manipulan organizaciones socializadoras clave como las iglesias y los medios de comunicación.
Comisionado de los Derechos Humanos golpista
Uno de los avances más notables de este período de construcción democrática fue la creación de la figura del Ombudsman hondureño, conocida con el nombre de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Durante muchos años llenó el vacío institucional de una instancia estatal que se encargara de velar por la protección de los derechos humanos y complementara los esfuerzos que desde la sociedad civil realizaban organismos defensores de los derechos humanos como CODEH, COFADEH, CPTRT y CIPRODEH. El primer período del actual Comisionado estuvo lleno de autoritarismo, confrontación y deformación del papel del Ombudsman en relación al tratamiento de las violaciones a los derechos humanos, situación que empeoró con su reelección legislativa, producto de cabildeos y negociaciones con los diversos partidos políticos, en particular con el entonces presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti Bain, a quien el Comisionado le debe su reelección. Su confrontación con el poder Ejecutivo fue evidente desde el inicio, al grado que no extrañó a nadie su posicionamiento al lado de la alianza golpista. Esta situación, inusual en la vida política del país, y de cualquier otro, deja a la ciudadanía hondureña en una total indefensión por la anulación de esta instancia estatal llamada a ser la garante de la defensa de los derechos humanos de cualquier persona en nuestro país. De nuevo la politización partidaria de las instancias estatales las utiliza, manipula y neutraliza, en perjuicio de la ciudadanía.
Cúpula religiosa abiertamente politizada
Desde hace varios años se observa un involucramiento creciente de las iglesias en la vida pública del país, que va desde el aparecimiento de pastores evangélicos como candidatos a diputados, hasta insólitas pretensiones legislativas de dedicar unos minutos de la jornada escolar pública a la lectura y discusión de la biblia, pasando por las conocidas invocaciones a Dios en los actos oficiales, prácticas religiosas en instituciones del Estado y construcción de capillas e iglesias en las Secretarías de Defensa y de Seguridad. La presencia de los jerarcas de la iglesia católica ha sido menos evidente pero más persistente, evidenciando una articulación estrecha entre el poder político y la cúpula religiosa. A su principal iglesia acuden los recién nombrados presidentes constitucionales de la república, a rendir honores a la virgen de Suyapa, oficialmente nombrada capitana de Honduras, como un rezago de la histórica vinculación entre los militares y la iglesia. Los pastores evangélicos han intentado manipular a sus feligreses en las preferencias electorales, convirtiendo sus centros de reunión, canales y radios, en lugares de presentaciones de programas de gobierno, con las respectivas invocaciones a Dios y la consecuente clericalización del discurso político. En la coyuntura golpista, el papel de las iglesias católica y evangélica ha estado claramente definido en contra del presidente constitucional, para lo cual se han valido de la utilización maniquea del bien y el mal, Dios y el diablo, comunismo y democracia. La influencia de los pastores y de la jerarquía católica en sus feligreses ha alimentado la polarización social, la confrontación entre ricos y pobres, y ha llevado al límite la idea de paz, democracia, orden y seguridad, atribuyéndose el monopolio de la verdad y la capacidad para juzgar como enemigos a los que piensan diferente. La intromisión de las iglesias en el ámbito público representa una amenaza directa a la democracia y una peligrosa manipulación de la fe religiosa para apoyar a los candidatos de su preferencia, cuestionar a los otros e ir construyendo una base de legitimidad para lanzar sus propias candidaturas políticas, en el caso de los evangélicos, y, en el caso de la jerarquía católica, para ganar privilegios, beneficios económicos y fortalecer su poder arbitral ante los partidos políticos. Estos, a su vez, desconocen las raíces históricas que separaron a la iglesia del Estado a fines del siglo XIX, ignoran los límites que les impone un Estado laico y tratan de capitalizar las preferencias políticas de pastores y sacerdotes para obtener la legitimidad que tanto necesitan. La polarización social estimulada desde las iglesias ha impregnado de intolerancia la vida cotidiana y saturado los espacios religiosos de mensajes políticos que acercan peligrosamente las iglesias a un mundo de conflictos, confrontación y luchas que pertenecen al ámbito público y no al ámbito privado de la religión.
Polarización y manipulación de los medios de comunicación
El periodismo hondureño ha dejado de lado el profesionalismo que clama la objetividad de la noticia y la consecuente separación de intereses entre el que informa y el que es sujeto de información, entre el periodista y el Estado, y, al igual que las iglesias, se van acercando tanto que se convierten en voceros de quien les paga y detractores de los opositores del que les paga. La situación se vuelve compleja desde el momento en que reciben un beneficio económico para que defiendan al gobierno o una orden de los dueños de medios para que lo ataquen. No se trata de evadir el tema diciendo que los medios no regalan la publicidad, el punto crítico es que se deja de pagar la información y se paga al periodista para que hable a favor o en contra del pagador. La polarización de los medios de comunicación entre los que defendían y defienden al gobierno del presidente constitucional y aquellos que apoyaron y apoyan el golpe de Estado, puso en evidencia la crisis en que se encuentran los medios de comunicación para informar objetivamente sobre lo que ocurre en el país y atender el derecho ciudadano a ser informado con responsabilidad, objetividad y respeto. De lo anterior se salvan unos pocos periodistas que se mantienen fieles a la verdad, la objetividad y el profesionalismo, pero hasta ellos sucumben a la polarización del país y les cuesta diferenciar entre lo que es defender a una persona y defender la institucionalidad. El derecho de los periodistas a informar, oscurecido por su derecho particular a opinar, debe complementarse con el derecho de la ciudadanía a ser informada con la verdad, aunque ésta incomode a los que se encuentran en el poder.
Una sociedad fuertemente dividida
Uno de los saldos más negativos del golpe de Estado del 28 de junio es la polarización extrema de la sociedad entre los que están a favor y los que están en contra del mismo. La polarización partidaria, mediática y religiosa ha impregnado la vida cotidiana y obligado a los más cautelosos a guardar silencio y posicionarse en uno u otro extremo, cuando no les queda otra alternativa. La polarización se expresa también en los sectores que apoyan el golpe (los perfumados, según el criterio popular) y los que lo cuestionan (la chusma, según los otros) y va dando lugar a una nueva polarización (ricos y pobres) que desplaza a las polarizaciones más conocidas y mejor manejadas por la sociedad (liberales y nacionalistas, católicos y evangélicos, nacionales y extranjeros, jóvenes y mayores, motaguas y olimpistas). La polarización social, fuertemente estimulada desde los medios de comunicación y las iglesias, constituye una profunda grieta en la vida democrática porque ha socavado valores esenciales de la democracia como el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad. Reconstruir la cohesión social es una tarea urgente para el país que pasa por la exigencia de cuentas a los que propiciaron esta situación, el rechazo al autoritarismo manifiesto en los golpistas y la reflexión sobre el papel negativo que han jugado en este proceso todos los que provocaron, propiciaron y estimularon la confrontación, para construir colectivamente la memoria histórica y sacar las lecciones que nos ha dejado a todos esta experiencia golpista.
Reflexión final
Si después de evaluar el contexto crítico en que se debate nuestra democracia con los aspectos que han sido señalados, alguien se atreve a decir -y otros a escuchar- que la crisis golpista se solucionará anticipando las elecciones generales, podemos irnos preparando, como país y como sociedad, para enfrentar una de las etapas más oscuras de nuestro proceso político y podemos sentarnos a esperar en la puerta de nuestra casa, nuevos, frecuentes e intensos pasos militares anunciando que la irracionalidad, el fanatismo, la represión y la manipulación llegaron para quedarse.
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[1] Este artículo es el tercero de una serie que se difundió en días anteriores: “Honduras: Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado”, del 29 de junio y “El golpe de Estado en Honduras: Caracterización, evolución y perspectivas”, del 3 de julio de 2009.
[2] Socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), profesora y Directora de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), especialista en temas de gobernabilidad, defensa y seguridad.
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