Por Benjamín Cuéllar
En cualquier parque o calle hay niños jugando fútbol. Es normal que durante el partido, la pelota termine en el jardín o la cochera de una casa;, también que algún cipote trate de recuperarla, para seguir “masconeando”. Jonathan, de trece años, visitaba a su abuela en la colonia Costa Rica y murió electrocutado en la cerca del patio donde cayó su “jabulani” guanaca. Como esa, cercas electrificadas rodean muchas viviendas donde la criminalidad amenaza; es una medida que toman cada vez más las personas que pueden pagarla, para cuidar sus pertenencias. Por eso, la tragedia reciente ocurrida en dicha colonia bien pudo ocurrir en cualquier otro municipio del territorio nacional.
¿Por qué insistir en el tema? Pues porque hace dos días fue presentado en el país el informe sobre “Seguridad ciudadana y derechos humanos”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese marco, El Salvador fue señalado como el más violento del mundo; su tasa de homicidios es de 71 por cada cien mil habitantes. En lo que va del año, diariamente son 13 las personas asesinadas; trabajando en el transporte público, suman ya 76.
Pero la muerte no sólo persigue a cobradores y motoristas de buses y microbuses; también arrasa con taxistas, vendedoras de pupusas, docentes, ambientalistas y más. Este martes los cadáveres de un joven agente policial de 30 años, su madre de 44 y sus hermanas de 11 y 21, fueron encontrados en un predio de Lourdes, Colón.
Todo esto ocurre mientras la única iniciativa oficial visible es el patrullaje de militares y policías, “herencia” de gobiernos anteriores. Como ocurrió con la “Ley Antimaras”, la tal medida ha sido censurada. Al respecto, Carmen Rosa Villa Quintana –representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– señaló que “la seguridad ciudadana no puede estar en manos de fuerzas armadas que tienen en su doctrina la defensa nacional contra el enemigo externo”. Además, invitó a evaluar su efectividad a partir de la disminución de la delincuencia y la inseguridad; no por una “conveniente” aprobación ciudadana.
En medio de tanto desacierto –“heredado” o no– la población sigue sufriendo muertes, extorsiones, robos, secuestros, desapariciones y cualquier otra manifestación de la violencia. Por eso, además de la merecida censura a quienes agravaron la situación del país, los actuales responsables de la seguridad a todo nivel deben buscarle solución a este drama nacional. Lo peor, diga lo que diga la propaganda, no ha pasado. Continúa. Pero ya es tiempo de comenzar a lanzar señales del “cambio”. Más de un año de espera, lo exige. Como dice Hubert Lanssiers: “No somos completamente culpables porque no hemos iniciado la historia, ni somos inocentes si la continuamos”.
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