Por Armando Tezucún
En respuesta a la solicitud hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bajo la presión de las comunidades campesinas e indígenas, además de las recomendaciones del relator de la ONU en Derechos Humanos James Anaya, el 23 de junio el gobierno de Álvaro Colom anunció que cumplirá con las medidas cautelares pedidas por la Comisión, que incluyen, entre otras cosas, la suspensión de actividades en la mina Marlin.
El comunicado presidencial provocó júbilo y celebración entre las organizaciones campesinas y sindicales. Los compañeros del Frente Nacional de Lucha titularon su comunicado “¡Por fin una medida que debemos aplaudir!” y calificaron la medida gubernamental como “…un triunfo popular que habrá que consolidar y defender”. Otros compañeros lo consideraron “…un gran paso y avance del pueblo sipakapense y del pueblo mam de San Miguel Ixtahuacan…”.
Ciertamente, que el gobierno burgués acceda a la petición de la CIDH debe ser considerado un logro de las luchas que desde hace años vienen dando las comunidades indígenas y campesinas por defender sus territorios de la voracidad de empresas nacionales y transnacionales. Pero debemos recordar la naturaleza ambigua de este gobierno que pretende ser “de los pobres”. El comunicado gubernamental dice explícitamente que la suspensión de las actividades mineras ser realizará “para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos”.
Como reconocen implícitamente los compañeros del FNL, este gobierno no es de fiar. Ha aceptado las medidas para no quedar mal visto por la ONU y para apaciguar la presión popular. Pero sabe que la suspensión de actividades de la Marlin no será inmediata. El mismo comunicado del gobierno dice “El Gobierno de Guatemala, de conformidad con las posibilidades de su propio ordenamiento interno, iniciará el proceso administrativo correspondiente, con el fin de que la medida cautelar pueda cobrar legalmente vigencia” (Prensa Libre 24/6/10). Por lo tanto, como informó Carlos Loarca, asesor jurídico de las comunidades indígenas, el gobierno aún no ha declarado legalmente la suspensión de actividades en la mina, sino que solamente anunció que iniciará el proceso administrativo, lo que permitirá a la empresa minera Montana Exploradora presentar recursos legales, lo cual implica un proceso prolongado.
En efecto, los ejecutivos de Goldcorp y Montana Exploradora anunciaron en conferencia de prensa el 24 de junio que la mina continúa operando normalmente. La organización ambientalista Centro de Acción Legal Ambiental, consideró que el proceso puede tomar varios años. Y la comisionada gubernamental para los Derechos Humanos, la ex izquierdista Ruth del Valle anunció un monitoreo para investigar los efectos en la salud de los habitantes vecinos de la mina que durará tres años. De esta manera el gobierno hipócritamente se cubre las espaldas de las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras sabe que aunque de inmediato provoque la ira de la burguesía criolla, al final quedará bien con la transnacional y con el poder económico local.
Por otro lado, ignorando el estudio realizado por la Universidad de Michigan que reveló la presencia de metales pesados en porcentajes peligrosos en la población aledaña a la mina, el gobierno insiste en que los estudios realizados por los ministerios de Salud, Ambiente y Energía y Minas no demostraron contaminación en las aguas de las comunidades ni enfermedades vinculadas a una presunta contaminación.
En cuanto a la recomendación de la CIDH de garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades cercanas a la mina, el gobierno afirmó que “…mantiene los esfuerzos para preservar la integridad física y la vida de los miembros de las comunidades mencionadas (…) ejecuta órdenes de aprehensión únicamente cuando son emanadas de los órganos jurisdiccionales competentes” (Prensa Libre 24/6/10). Lo anterior fue contradicho por la captura del compañero Marcos Antonio Pérez Bámaca de la comunidad Agel en San Miguel Ixtahuacán, el 23 de junio alrededor de la 7 de la noche, quien fue llevado con rumbo desconocido.
Los representantes de la oligarquía y el poder económico burgués ya pusieron el grito al cielo. El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dijo que la decisión del gobierno es un “...mensaje negativo para los inversionistas interesados en venir a nuestro país” (Prensa Libre 25/6/10). El editorial del diario burgués Prensa Libre del 25 de junio afirma, entre otras cosas “Es allí donde otras inversiones evidentemente se ahuyentan, al buscar países donde las reglas del juego sean claras.”. Unos días antes el mencionado diario había editorializado contra las declaraciones del relator de la ONU James Anaya: “…si bien Guatemala debe cumplir con lo establecido por el convenio 169 de la OIT, no tendría sentido que la negativa de un grupo humano determinado, muchas veces a causa de desinformaciones, impida inversiones u obras que son de beneficio para todos los guatemaltecos…”. (Prensa Libre 23/6/10). Y el finquero y ex presidente de la Cámara del Agro Humberto Preti había despotricado en su columna sabatina diciendo que la visita de Anaya fue aprovechada por “…aquellos que viven bien de hablar mal y cuentan con recursos para movilizar a gente pobre e ignorante a la que manipulan, como sucedió con la concentración en San Juan Sacatepéquez, en donde se dijo no a todo, minería, cemento e hidroeléctricas.”. (Prensa Libre 19/6/10).
Pero los representantes de las clases explotadoras no tienen porqué preocuparse. El gobierno de Colom, como buen socialdemócrata (recordemos lo que los gobiernos socialdemócratas están haciendo en estos momentos contra los pueblos y trabajadores de Grecia y España) administra el Estado en última instancia, para beneficio de los poderosos. Se ajusta una máscara para no quedar mal con la ONU, pero sabe que no cerrará la mina Marlin.
Es por esta razón que, como bien dicen los compañeros del FNL, no hay que bajar la guardia. Hay que prepararse para nuevas luchas, salir a las calles y carreteras una y otra vez, hasta lograr que el gobierno respete la voluntad popular y cierre definitivamente las empresas mineras destructoras de la salud y los recursos de las comunidades. Esta es la tarea que está a la orden del día.
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