martes, 9 de marzo de 2010

El gobierno de Pepe Lobo y las graves violaciones a los derechos humanos

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de nuevo ha manifestado su preocupación por la violación de los derechos humanos en Honduras desde la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa.
En un comunicado publicado el día lunes 08 de marzo, la Comisión Interamericana condena y lamenta los asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares.
Además, observa con consternación que se están asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos e hijas de activistas en la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales como una estrategia para acallarlos.
En este sentido, la Comisión Interamericana denuncia que estos hechos se dan en un contexto de grave deterioro de los derechos humanos en el país, señalando que sólo durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio.
Frente a esa situación, le exige al gobierno de Lobo Sosa que adopte medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad de la población en resistencia democrática.
Sin duda alguna, esta comunicación de la Comisión Interamericana debe servir para dos cuestiones fundamentales: En primer lugar, para que aquellos que se han apresurado o se preparan para reconocer al gobierno de Lobo Sosa entiendan que no se puede ni se debe reconocer a un gobierno surgido de un golpe militar y que mantiene una política de Estado de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Y en segundo lugar, para que los altos responsables del gobierno comprendan que esta comunicación implica que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en Honduras y que representa una prueba irrefutable de que en Honduras se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad que son competencia de la justicia penal internacional.

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