Independencia y austeridad

Ética y política
Independencia y austeridad
José M. Tojeira




Estamos acostumbrados a los discursos altisonantes durante la fiesta de nuestra independencia. Pero rara vez ligamos la independencia con los problemas concretos que nos aquejan. Uno de ellos, muy claro, es el derroche heredado de gobiernos anteriores. Derroche propiciado sistemáticamente en todas las dependencias del Estado. Vayan algunos ejemplos.


Es un escándalo que teniendo un 6 por ciento del presupuesto nacional desde hace 15 años, el sistema judicial esté todavía alquilando edificios para tener en ellos sus juzgados. El 6 por ciento del presupuesto nacional es una cantidad realmente grande y debiera bastar no sólo para las necesidades propias del sistema, en salarios, funcionamiento habitual, etc., sino para construir las instalaciones físicas propias. Sin embargo se ha preferido tener plazas de engorde de amigos, fiestas caras, vehículos en abundancia para los magistrados de la Corte Suprema, y seguir gastando el presupuesto propio en alquileres.


La Fiscalía General, y lo decía en Junio pasado el actual Fiscal General, insistiendo positivamente en el tema de la austeridad, está gastando en alquiler de su edificio central 220.000 dólares mensuales. Estamos hablando de un costo que en tres años significaría la suma de 7 millones con 920.000 dólares. En otras palabras: Que si la fiscalía hubiera pedido un préstamo de 8 millones de dólares, intereses incluidos, y hubiera pagado 220.000 dólares mensuales para amortizarlo, hubiera podido construir un edificio de 6 millones de dólares y tenerlo como propio al cabo de tres años. Por supuesto, el alquiler de este edificio no es el único alquiler que paga la Fiscalía. El propio Fiscal General, con buen tino, informaba a la Prensa Gráfica en Junio que había suprimido un contrato de mantenimiento de plantas ornamentales que le costaba a la Fiscalía 65.000 dólares mensuales. Independientemente de quien resulte elegido Fiscal, cuyo nombramiento urge, lo cierto es que las declaraciones y decisiones del actual Fiscal en materia de austeridad son correctas y no deberían cambiarse.


Aprovechar los amplios terrenos, como los de la Fuerza Armada en la Primera Brigada de Infantería, situados casi en el centro de San salvador, para construir instalaciones de otro tipo de servicios del Estado, es también una posibilidad para atenuar gastos. De hecho el ejército ha quedado tras la guerra con unas instalaciones desproporcionadamente amplias para sus propias funciones actuales. Y una utilización racional de las mismas ayudaría a evitar el derroche de fondos.


La enorme falta de transparencia en las cuentas del estado en general nos ha impedido saber lo que se gasta en cocteles, en viajes, en alquileres, en propaganda, en gastos superfluos de todo tipo. Por eso, junto con otras instituciones de la sociedad civil, esta casa de radio y esta universidad han insistido en que se apruebe una ley de transparencia, indispensable para la democracia. Y necesaria, además, para poder exigir desde la ciudadanía una mayor austeridad. Porque mientras derrochemos y utilicemos mal los dineros públicos ni saldremos de la crisis que nos golpea ni ofreceremos los signos de dignidad que todo funcionario público debe dar a aquellos que les han encomendado y les pagan sus funciones públicas.


La independencia forma parte de todo esto. Los salvadoreños quisimos pasar de súbditos de un poder monárquico absoluto, a esa forma de gobierno al que solemos describir como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia en definitiva. Pero la arbitrariedad de los funcionarios, su irracionalidad en el gasto y su falta de transparencia en la información del manejo de recursos, nos trasladan hacia fechas anteriores a la independencia. Las fechas en las que el nepotismo, las amistades, los rangos y la corrupción tenían más fuerza que la norma. Y ciertamente más fuerza que la voluntad ciudadana. Independencia hoy es cambiar los residuos del pasado y construir un país donde la responsabilidad, la transparencia y la racionalidad en el uso de los recursos estén ante la vista de todos los ciudadanos.