Informe de coyuntura latinoamericana presentado por la Fundación Centro Gumilla.
Para el mundo en general, 2008 fue un año lleno de sorpresas y de crisis. Para la región de América Latina, fue un año de conflictos internos y de búsqueda de caminos para garantizar el desarrollo y la superación de la desigualdad y la pobreza.
En el plano económico, la región, con sus diferencias entre subregiones y países, tuvo un quinto año consecutivo de crecimiento, lo que le permitió seguir acumulando excedentes para la reducción de la pobreza y la desigualdad en la mayoría de países. En el plano político, la región atravesó dos severas crisis: la bilateral resultante del bombardeo de Colombia a Ecuador para dar muerte a Raul Reyes, segundo hombre de las FARC de Colombia, en marzo, y la nacional derivada del conflicto suma-cero de Bolivia, luego del referéndum revocatorio presidencial, en el cual Evo Morales salió ratificado con el 63% de los votos, en septiembre. Estas dos crisis requirieron la participación intensa de la región, a través de dos instancias, el Grupo de Rio y la UNASUR.
En el plano internacional, el desarrollo económico de Brasil le permitió alcanzar el estatus de “global player” y participar activamente en la fracasada Ronda de Doha, mientras Rusia, China, Irán y Francia, ampliaron de varias maneras sus relaciones con la mayoría de países.
El presente documento contiene una sección principal que ofrece una visión general de la región, teniendo en cuenta especialmente en esta coyuntura los impactos de la crisis financiera global y el próximo cambio de gobierno en los Estados Unidos. También prestaremos atención a la profusa dinámica de integración desarrollada en estos últimos meses. Finalizaremos con el análisis de las características más relevantes de las subregiones.Se ofrece finalmente un anexo con los rasgos más característicos de la mayoría de los países.
De acuerdo al proyecto original quedan aspectos cruciales que investigar. Será posible subsanar estas deficiencias en próximas entregas en la medida en que tengamos acceso a la información requerida y contemos con las colaboraciones necesarias desde los centros sociales que operan en la región.
Nuestra próxima entrega está prevista para el mes de mayo 2005.
II.- CRISIS MUNDIAL
La noticia más importante a nivel global en este último trimestre de 2008, lo fue, sin duda, la crisis financiera y su deletéreo impacto en el mundo entero. Estados Unidos, la Unión Europea, Asia y el G20 han entrado en una recesión económica con futuro incierto todavía. En EEUU, país origen de la debacle, esta crisis económica no parece tocar fondo, ya que día a día se siguen conociendo nuevos anuncios de quiebras masivas de bancos y empresas emblemáticas. Dicho país se encamina a un déficit sin precedentes, mientras siguen aumentando los rescates. El déficit comercial norteamericano supera los 700.000 millones de dólares con tendencia a subir. El último pedido semanal de subsidios de desempleo es el más alto en 26 años. New York ya muestra el record de homeless en las calles y el FMI acaba de pronosticar que la crisis continuará por lo menos hasta 2010. Pero el dato más relevante y preocupante desde el punto de vista económico, es que en noviembre 2008 se registró una deflación de 1,7%, la más alta desde 1947.
Por otra parte, Bush visitó Irak y Afganistán, despidiéndose de las tropas en un acto cínico de justificación de ambas guerras, que tanto perjuicio le han causado a la humanidad y al sistema internacional. El Secretario de Defensa de los Estados Unidos (Robert Gates) -que continúa con Obama- dijo que las tropas de Irak han iniciado el proceso de retirada, a la vez que anunció el envío de 12.000 hombres más a Afganistán, lo que anticipa la línea del nuevo Presidente en ambos conflictos.
En Europa se confirma con creces la recesión económica, la cual puede ser aun más compleja que la de Estados Unidos, por los límites de la institucionalidad europea para la recuperación financiera. La Cumbre de la UE realizada en Bruselas (en la que se impidió un atentado de Al Qaeda contra ella, paralelo a otro desmantelado en París en el centro de la ciudad) resolvió reducir los gases del efecto invernadero, lanzó un plan de rescate de 200.000 millones de euros para los 27 países que la integran y aprobó crear una fuerza europea de 60.000 hombres que puede ser movilizada en dos meses para actuar fuera del continente, al margen de la OTAN. Rusia también asumió que está en recesión, y aunque no se sumó al acuerdo de la UE sobre el clima, apoyo la reducción en la producción de petróleo propuesta por la OPEP.
En lo que respecta a América Latina, y según afirma la CEPAL en su último informe del 2008, el crecimiento económico disminuirá significativamente en casi todos los países de la región en 2009, lo que provocará de inmediato un aumento del desempleo y la pobreza, un menor gasto social y servicios del gobierno, una caída de las reservas y un incremento de la deuda pública externa e interna. Estos problemas confluirán con los estructurales no resueltos en el reciente quinquenio de la abundancia: no hubo cambios de fondo (ni diversificación productiva, ni saltos tecnológicos), y pese a ser el propósito político de muchos de los actuales gobiernos, este crecimiento no se tradujo en una reducción sustantiva de la pobreza, ni mucho menos de la desigualdad, lo que dio como resultado la persistencia de algunas de las crisis estructurales en un contexto de prosperidad. En cuanto a la crisis actual, lo que se desconoce aún es qué tan pronunciado será el descenso en el crecimiento económico ni cuáles serán sus repercusiones sociales y políticas. Según los analistas económicos, ello dependerá de cuatro factores, ninguno de los cuales es fácil evaluar todavía.
Un primer elemento a considerar es la profundidad y la duración de las recesiones en EU y Europa, y el declive del crecimiento en Japón, China e India. La visión optimista es que la economía estadounidense debería recobrarse en un año máximo, pero esto se basa fundamentalmente en los precedentes históricos. Todos los pronósticos sobre las actividades financieras y económicas han resultado ser demasiado optimistas, tanto en EU como en casi todo el resto del mundo (incluyendo China, donde el crecimiento anualizado en este trimestre podría caer a casi a la mitad de su ritmo en el 2007). Los masivos paquetes de estímulos y de rescate que EU y países europeos están conformando para atender los problemas, parecen estarse quedando cortos en su objetivo de reconstruir la confianza de los consumidores e inversionistas y de descongelar los mercados de crédito. Hay una manifiesta incapacidad tanto de analistas como de funcionarios económicos para identificar la verdadera vulnerabilidad de la economía de cada uno de los países, lo que ha contribuido a la incertidumbre y a la imprevisibilidad permanente. Nadie parecía saber, por ejemplo, que los sectores privados de Brasil y México habían realizado enormes inversiones en instrumentos derivados de alto riesgo, apostando en esencia a que el peso y el real eran invulnerables a una depreciación. Todo esto sugiere que las naciones de Latinoamérica deben estar preparadas para sufrir resultados peores a los que ahora se están proyectando. Podría tratarse de un periodo prolongado de bajo crecimiento y un ritmo menor de recuperación, similar a la crisis deudora de los 80, que llevo a la región en esa coyuntura a un crecimiento sin precedentes de la pobreza y la desigualdad social.
Un segundo factor a tomar en consideración, es cómo responderán a la crisis Estados Unidos y las naciones de Europa y Asia. ¿Hasta qué grado avanzarán hacia estrategias internacionales de mayor cooperación que consideren los intereses de otros países, o cederán ante las presiones políticas internas y se centrarán en sus propias necesidades? ¿Mantendrán sus economías abiertas o es probable que haya un mayor proteccionismo? ¿Aumentarán los nuevos recursos disponibles para las organizaciones financieras multilaterales o para préstamos directos a Latinoamérica? La reciente reunión del G-20 en Washington fue desalentadora porque los acuerdos logrados fueron principalmente en torno de reformas para prevenir la siguiente crisis, con pocas ideas concretas sobre cómo atender la crisis actual y sobre todo, las consecuencias para las regiones pobres del planeta. Los ofrecimientos de créditos a las economías emergentes de la región podrían volverse imposibles si la crisis se prolonga y las condiciones internas en Estados Unidos y la UE se deterioran.
El tercer tema es: ¿cómo responderán las naciones latinoamericanas mismas a los problemas económicos que enfrentan? Parece existir un consenso entre economistas de que, incluyendo a Chile, las naciones de Latinoamérica carecen de la capacidad fiscal que se necesita para implementar las políticas contra cíclicas requeridas en la presente coyuntura. A diferencia de los gobiernos de Estados Unidos o de la UE, no cuentan con los recursos necesarios para estimular sus economías, ayudar a sus bancos y corporaciones, subsidiar a sus consumidores, defender sus monedas y proteger a grupos vulnerables.
Cuarto y a consecuencia de todo lo anterior, es probable que surjan tensiones políticas y mayor polarización, en casi todos los países, por lo que las decisiones económicas serán un asunto de mayor conflicto. No hay que olvidar que en la crisis económica de los 90, 13 presidentes de la región tuvieron que abandonar sus cargos antes de que se venciera su periodo constitucional.
Lamentablemente, existen reales probabilidades de que el panorama económico y político de Latinoamérica cambie en forma dramática. Una depresión profunda o prolongada, particularmente si se combina con una contracción fiscal aguda, podría hacer desaparecer los impresionantes avances económicos y sociales de los últimos cinco años en la región; entre los cuales están la aceleración de la expansión económica, el aumento de las reservas y la disminución de la deuda, reducciones históricas en la pobreza, una clase media floreciente y avances hacia una distribución más justa del ingreso.
Esta crisis es diferente a las otras que han azotado a las economías latinoamericanas en los últimos años. Es un asunto global, en el que todas las economías importantes del mundo sufren de restricciones de crédito, escasez de capital de inversión, contracción de mercados, desempleo al alza y un futuro incierto. Latinoamérica es hoy una región profundamente globalizada. Más que nunca antes, su crecimiento y prosperidad dependen de las economías de Estados Unidos, Europa y Asia. Probablemente pasará bastante tiempo antes de que esas naciones tengan otra vez la capacidad de ofrecer a los países latinoamericanos los mercados de exportación y el capital (en forma de préstamos, inversiones y remesas) que necesitarán para reavivar su destino económico. Así pues, en el tema del crecimiento y del acceso al crédito internacional, a la región le esperan días complicados, que afectaran las posibilidades de su desarrollo social y económico.
Otro fuerte impacto que la crisis económica y financiera tendrá sobre la región será a través de las remesas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al menos unos 12 millones de adultos envían dinero a sus familiares en sus países de origen mensualmente. El volumen de la masa dineraria es cercano a los 60.000 millones de dólares anuales, cifra que ya en 2008 sufrirá una merma de alrededor un 20%. Los países que se verán más afectados por la disminución del flujo de remesas son México y Centroamérica, Ecuador, Colombia y Bolivia.
A pesar de las afirmaciones en contrario, la crisis económica global si tendrá un importante efecto en todos los países, afectando y ralentizando no solo sus posibilidades de crecimiento económico en el próximo quinquenio, sino también los logros alcanzados en los últimos años en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad.
III.- ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
Para una región que cubre a una población de más de 143 millones de habitantes en ocho países, el recambio en la administración del complejo industrial-militar estadounidense implica modos diversos de relación con la región en particular con América Latina.
Barack Obama y el Partido Demócrata recibieron un amplio mandato para el cambio. No sólo ganaron el Poder Ejecutivo Federal, sino que también pasaron a controlar prácticamente la Cámara de Representantes y el Senado y a tener la mayoría de gobernaciones en el nivel estadal.
Con un poder de esa magnitud, la interrogante es ahora cuál será la envergadura del cambio que lleve a cabo Obama. Primero, es fundamental subrayar que Obama expresa el cambio, pero no la revolución: no habrá mutaciones radicales, profundas y decisivas con su elección debido a la compleja realidad estadounidense y los límites actuales de la política en Occidente, así como el alcance promisorio pero acotado de las promesas de su campaña hacia la presidencia. En segundo lugar, es probable que las transformaciones internas sean más decisivas y elocuentes que las externas, a pesar de que estas últimas puedan tener importancia simbólica. El mayor reto doméstico es la configuración de una coalición sólida y renovada que apoye una agenda estrecha de reformas medianamente progresista, restaurando las libertades civiles confiscadas en este periodo, además de la recuperación económica del país, tarea no menor dada la magnitud de la crisis.
La impronta social, cultural y política que ha dejado el conservadurismo en el último cuarto de siglo es un legado difícil de revertir en lo inmediato; exige paciencia y osadía y demanda un alto nivel de participación ciudadana. Ordenar la casa en términos económicos y financieros implicará tomar decisiones drásticas y en pos de una redistribución de poder a favor de los grupos sociales más carenciados y los sectores genuinamente productivos. Desmilitarizar la política externa y defensa de EE.UU., acelerada durante los dos gobiernos de George W. Bush, no es una misión fácil.
Como presidente, Obama hereda dos legados funestos de la era Bush -mala reputación internacional y crisis económica-, que condicionarán la agenda doméstica e internacional. Pero, por otro lado, contará con una mayoría amplia del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso, lo cual facilitará el desarrollo de sus programas. Los dos factores incidirán en el futuro de la relación con el mundo y con América Latina.
En el frente externo no se pronostican giros categóricos debido a la magnitud de la crisis interna, aunque hay dos promesas de campaña que Obama debe cumplir: desmantelar Guantánamo y retirarse de Irak. El primer tema deberá vencer complejas consideraciones legales internas y el segundo, el acuerdo que intenta concretar Washington con Bagdad antes de fin de año. En otros aspectos no menos importantes, Obama se mostró ortodoxo: por ejemplo, avaló la guerra preventiva, cree que la guerra en Afganistán es una “buena guerra” y no se ha deslindado suficientemente del influyente lobby israelí. La designación de Hilary Clinton como Secretaria de Estado, preanuncia los compromisos y limitaciones que posiblemente caracterizarán el inicio de la política exterior del gobierno Obama.
En relación con América Latina, los anuncios de campaña, los resultados electorales y los potenciales responsables para el área son datos relevantes a tener en cuenta. Obama prometió normalizar la relación con Cuba y en este sentido podría haber avances inesperados. Ni Venezuela ni Bolivia fueron objeto de una retórica hostil y se presagia un compás de espera para evitar un mayor deterioro de las relaciones. En la frontera próxima también está el caso de Haití: cuando asuma Obama en 2009 ya habrán pasado cinco años de la intervención político-militar avalada por la ONU en 2004; una misión que estabilizó precariamente el país, pero que no puede seguir allí indefinidamente. La sensibilidad del nuevo presidente frente al tema de los derechos humanos se puede llegar a expresar para el caso de Colombia. Para Argentina éste podría ser un tópico de vinculación provechosa dado el lugar de los derechos humanos en la política exterior de Cristina Fernández.
El desplome financiero y el inicio de una etapa de recesión obligarán al nuevo gobierno a reducir el gasto público. Es factible que los desembolsos al extranjero, en particular en temas controversiales como defensa, sean sujetos a recortes, lo cual podría dar lugar a una disminución rápida -no gradual- de la ayuda que recibe Colombia. La crisis económica también hará que el Ejecutivo y el Legislativo sean más refractarios al libre comercio, lo que generará un clima difícil para la aprobación de los tratados previstos para Colombia y Panamá.
Consideraciones especiales merecen el caso de México y Brasil. México se ha transformado del caso a imitar en los noventa a país problema en esta primera década del siglo XXI. Obama anunció su interés de reabrir y enmendar el Nafta; algo que incidirá en las relaciones mexicano-estadounidenses. El avance del crimen organizado y el auge del narcotráfico en México, así como el delicado tema de las migraciones pueden colocar a ese país en un lugar privilegiado de interés pero también negativo en cuanto a las iniciativas. Por su parte, Brasil se ha tornado cada vez más indispensable para Washington: alianza estratégica en materia de biocombustibles (algo que Obama quiere profundizar), seriedad en el manejo de la crisis financiera actual, proveedor de estabilidad en la vecindad, entre otros aspectos.
En términos generales, América Latina reviste de poco interés para Estados Unidos en este momento, mientras que no existe por ahora ninguna otra potencia que ponga en peligro el control geoestratégico de esta área, no obstante la presencia de otros actores extra regionales como Rusia, China y hasta Irán que han profundizado sus vínculos políticos y comerciales con algunos gobiernos sudamericanos.
Sin embargo, es posible adelantar algunos de los temas que estarán presentes en la agenda EU-AL:
Narcotráfico (Barack Obama se ha mostrado favorable a los US $400 millones otorgados por el Plan Mérida para combatir el narcotráfico en México y América Central),
Crimen organizado
Migración (Obama dijo durante la campaña que los controles fronterizos deberían ser más estrictos y también que es necesario desarrollar un conjunto integral de reformas que establezca un camino hacia la regularización migratoria),
Comercio exterior (a los inicios de la campaña Obama señaló la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, pero hacia el final de la contienda se retractó de la posición inicial)
Derechos Humanos: con el retorno de los demócratas al gobierno, es predecible que este tema se revalorice de nuevo en la agenda internacional de los Estados Unidos. Con ello se le prestara especial atención a Colombia.
Energía y ambiente: Durante su campaña electoral, Obama se refirió en varias oportunidades a la necesidad de reducir la dependencia energética de los Estados Unidos de países foráneos, asi como la urgencia de destinar fondos federales para promover el uso de tecnologías alternativas para la producción de energías.
Del 17 al 19 de abril de 2009 se realizará la Quinta Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Trinidad y Tobago, en la que se podrá calibrar mejor la postura del nuevo presidente estadounidense con respecto a la región en su conjunto y cuáles serán los temas en los que hará énfasis su administración. La región en su conjunto es en esta coyuntura mas independiente y mas critica de la política exterior de los Estados Unidos. Sin embargo, esta relativa autonomía no le ha servido a la región para proyectar a nivel global los temas del desarrollo. Es deseable, asi pues, que en esta coyuntura de cambio mundial la voz de la región sea mas audible en ese y otros aspectos.
IV.- LA REGION EN SU PROCESO DE INTEGRACION
América Latina muestra en su seno posiciones divergentes acerca de temas cruciales, tales como las formas de la democracia (representativa o participativa), los modelos de desarrollo y de integración, la administración de los acuerdos energéticos, el manejo de los problemas de seguridad y las relaciones con los Estados Unidos. Estas diferentes perspectivas no solo son patentes entre los países mas “alineados” con los Estados Unidos, sino también entre los países mas hacia la izquierda o más progresistas. La diferencia de posiciones sobre estos temas claves ha dificultado el proceso y la velocidad de la integración regional, en uno de los contextos políticos y económicos más favorables para ella.
Vamos a detenernos en algunas consideraciones sobre el proceso seguido por UNASUR y en los resultados de la última reunión colectiva de Presidentes latinoamericanos, realizada en Brasil a finales de 2008, denominada “Combo Cumbre”, ya que se realizaron 5 reuniones de diferentes que intentaban articular diferentes espacios de integración.
La Unasur es una comunidad política y económica que integra a los doce países independientes de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Surinam). La Unión se oficializó el 23 de mayo del 2008 en Brasilia, donde se firmó el tratado constitutivo. Durante esta cumbre, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue elegida presidenta ´pro tempore´ de la organización por un periodo de un año. La Secretaría General del organismo se encuentra temporalmente en Brasilia, pero tendrá sede permanente en la ciudad de Quito (Ecuador), mientras que el Parlamento de la Unión se localizará en la ciudad de Cochabamba (Bolivia). Paradójicamente, uno de los temas más complicados de UNASUR y diferido para abril del 2009, es el nombramiento de su Secretario General, ya que el candidato propuesto por Ecuador, el ex presidente de Argentina Néstor Kirchner, ha sido vetado por Uruguay debido al conflicto que mantienen ambos países por las “papeleras”, y dicho nombramiento requiere unanimidad y consenso. Previa a la reunión de diciembre, UNASUR se reunió en Chile en septiembre, para tratar la grave crisis de Bolivia. La reunión de urgencia fue convocada por la presidenta pro tempore de la Unión, Michelle Bachelet (luego de recibir una advertencia de Evo Morales de que se estaría ideando un golpe de estado en Bolivia), con el fin de fijar una postura en común entre los integrantes con respecto a la peor crisis política que vive ese país desde que asumió Morales.
La reunión concluyó con un comunicado por parte de todos los mandatarios, donde manifestaron el pleno respaldo al gobierno de Morales, y el rechazo a un “golpe civil”. Incluso exigieron, como condición para el diálogo entre las partes del conflicto, la devolución de las instituciones del Estado tomadas por la oposición. Del mismo modo, condenaron la masacre producida en Pando el 11 de septiembre, y acusaron a los accionistas de querer desestabilizar la democracia.
La práctica unanimidad sobre la importancia de dicha Cumbre no oculta la existencia de algunos problemas, comenzando por el hecho de que hasta el momento la Unasur es más una instancia de coordinación política que de integración regional, que pese a la casi unanimidad en la valoración del conflicto boliviano la coincidencia se limita a algunas cuestiones y no agota la agenda o los roces por el liderazgo entre Brasil y Venezuela, ni ha limado las asperezas entre Ecuador y Colombia o Ecuador y Brasil.
Después de la Cumbre, la UE apoyó la declaración de la Unasur en defensa de la democracia en Bolivia. La decisión se aceleró por la presión de Bolivia y Venezuela denunciando la existencia de ciertas tramas golpistas, unas impulsadas por los prefectos opositores y otras por EEUU. La expulsión de los embajadores norteamericanos en La Paz y Caracas, y las denuncias sobre la violencia opositora, especialmente tras la matanza de Pando, reforzaron la tensión sobre Unasur. La espiral de violencia en Bolivia, donde tanto el gobierno como la oposición autonómica habían decidido movilizar a sus bases en defensa de sus posiciones, influyó sobre el éxito de la convocatoria.
Uno de los motivos que aumentó la sensibilidad de algunos gobiernos de la región es el temor frente al potencial separatista de la media luna boliviana. En sus casi 200 años de vida independiente, los países latinoamericanos no habían conocido fenómenos de esta naturaleza. La Cumbre extraordinaria de Santiago supuso el primer desafío concreto para Unasur, que fue superado de forma exitosa. Los mandatarios allí presentes abordaron de un modo realista la crisis boliviana, intentando resolver o encauzar el conflicto de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que en Bolivia se juegan importantes cuestiones, no sólo para el futuro y la integridad de Bolivia, sino también para la propia estabilidad de América del Sur. Desde esta perspectiva fue clara la apuesta por el mantenimiento del status quo y la defensa de las autoridades legítimamente elegidas.
El balance de la Cumbre de diciembre 2008 en Brasil, es dispar, según cada uno de los países. Por ejemplo a Cuba, que no pertenece a ningún foro y solo recientemente admitido en el Grupo de Rio, le fue bastante bien, tomando en consideración los acuerdos que realizó con México, Brasil, Argentina y Chile y la solicitud unánime de todos los países de la región a Estados Unidos para que ponga fin al embargo de 50 años. Sin embargo, al país anfitrión, Brasil, no le fue como esperaba, ya que no logró sus objetivos de minimizar sus conflictos con Ecuador y Paraguay, tampoco los acuerdos propuestos en MERCOSUR tuvieron lugar. Solo logró formalizar una iniciativa ya aprobada, el Consejo Suramericano de Defensa.
Brasil buscó en estas cinco reuniones sucesivas en pocos días ordenar su estrategia regional, en momentos que la influencia de los EEUU en la región puede ser la menor de la historia. Las recientes visitas de los presidentes de Rusia y China a la región y la presencia de la flota rusa -que no sólo realizó ejercicios navales con Venezuela sino también con Nicaragua y Cuba, además navegó por primera vez en 60 años el Canal de Panamá- son una evidencia al respecto. Pero esta singular presencia también pone en evidencia que Brasil no ha llegado a sustituir la influencia de EEUU en la región. Washington hoy ve con buenos ojos un liderazgo más eficaz de la primera economía de América Latina en lo político y estratégico y por esta razón no cuestiona iniciativas como el Consejo de Defensa de América del Sur integrado por los doce países de UNASUR, que excluye a los EEUU. América Latina vive así una situación estratégica muy particular, con Washington perdiendo influencia y replegándose, Rusia avanzando en lo estratégico-militar, China en lo comercial y Brasil asumiendo gradualmente un rol de mayor liderazgo, pero sin llegar a compensar todavía el vacío de EEUU ni neutralizar la influencia de potencias extra-continentales como Rusia y China.
La crisis financiera y su efecto para la región no fue suficientemente analizada en dicha Cumbre. La región muestra estar en una especie de etapa china de la “revolución” regional: que surjan mil flores —ALBA a medias, MERCOUR casi en KO, CAN, ya en KO, UNASUR sin cabeza, mientras siguen las iniciativas. No todo de ello es malo: lo complicado es que el rompecabezas de la región puede estallar en las manos en cualquier momento si no se sabe administrar estas ansias de autonomía. Una última observación: excepto por el tema de Cuba, no se articuló una agenda de la región para presentarle a Obama en la reunión de abril, con lo que la OEA podría renacer, incluso con un nuevo secretario general dada la casi inminente renuncia de Insulza, toda vez avanza su candidatura presidencial en Chile.
V.- LA REGION POR SUBREGIONES
América Latina mantiene enormes diferencias internas, según las subregiones: México y Centroamérica y el Caribe, los Andes y el Cono Sur. La subregión de México y Centroamérica está fuertemente marcada por su enorme dependencia de los Estados Unidos, sus marcadas deficiencias sociales y su aguda crisis en el aparato institucional y estatal responsable de la seguridad y la administración de justicia. El Caribe muestra una complejidad muy heterogénea, teniendo en común sus graves deficiencias económicas y altos niveles de pobreza. En América del Sur es posible efectuar cortes zonales distintos. Uno político-institucional muestra una diferencia entre el arco andino y el Cono Sur. En los Andes predomina la inestabilidad, los grados de polarización social son altos, la conflictividad es ascendente, el papel de los militares en la política interna es activo y las crisis domésticas de distinto tipo parecen facilitar el despliegue de actores exógenos. En el extremo sur del continente se observan signos de crispación social y radicalización ideológica pero los niveles de tensión socio-política son aún controlables, las dificultades socio-económicas parecen manejables, el control civil de las fuerzas armadas es más sólido y la democracia no está en entredicho.
Una segunda distinción de tipo económico-comercial muestra un contraste entre la Sudamérica del Pacífico y la Sudamérica del Atlántico. Los países del Pacífico--Colombia, Perú y Chile—miran más hacia Estados Unidos: los tres le asignaron un rol clave a los tratados de libre comercio alcanzados con Washington. Tres países del Atlántico—Venezuela, Brasil y Argentina--han pretendido mermar el ritmo de concreción del Área de Libre Comercio de América (ALCA) y proyectar una estrategia económica más diversificada. Ecuador y Uruguay, a cada lado de los océanos, parecen re-orientar su perfil: Quito (que aún preserva la dolarización de su economía) distanciándose relativamente de Washington; Montevideo acercándose lentamente a Estados Unidos.
En el plano político, son irrefutables e irreversibles los éxitos de la democracia política. Pero la región todavía está lejos de lograr la democracia económica y social, ya que persiste la falta de garantías para la satisfacción de los derechos económicos y sociales. Se ha sugerido que en América Latina lo que hay en realidad son democracias con escasa capacidad estatal y de baja intensidad de ciudadanía, lo que está en el núcleo mismo de los impedimentos para alcanzar la democratización social. Según varios analistas, la democracia en América Latina está en un proceso de re-conceptualización, en el que se debe buscar, necesariamente, una definición maximalista, que tenga en cuenta la creciente utilización de los mecanismos de democracia directa, las nuevas expresiones de la política a través de canales no convencionales y la ampliación de la esfera pública por parte de grupos históricamente excluidos del ejercicio de la política. Hay más democracia, pero las sociedades exigen una mejor democracia.
Las tensiones sobre la democracia no solo provienen de la pérdida de espacio de las instituciones liberales, patente especialmente en la región andina: dichas tensiones también provienen de las dificultades del sistema político para el logro de la inclusión social y la extensión efectiva de la ciudadanía. Los déficits democráticos se observan especialmente en el área andina, ámbito en el que es mucho más obvia la tensión entre democracia y liberalismo. Existe en los Andes una polarización abierta sobre el modelo de democracia y una fuerte tirantez entre refundación y reformas. Los actos refundacionales de la democracia son consecuencia de la emergencia de las nuevas identidades políticas. La preocupación sobre la calidad de la democracia en la región andina contrasta con el entusiasmo democrático de sus sociedades, como revela los últimos Latinobarometros. Ecuador, Bolivia y Venezuela son, junto a Uruguay, los países en lo que más se apoya la democracia en la región. Por ello, la calidad de la democracia debe evaluarse a la luz de las especificidades regionales.
En el caso de México y Centroamérica, la subregión registra niveles de desempleo con tasas superiores al 40% de su población económicamente activa en varios de los países, índices de pobreza que sobrepasan en algunas de sus naciones el 70% de la población viviendo con insuficiencia patrimonial, así como pésimos niveles en los índices de desarrollo educativo, de estándares de salud y de índices de salubridad que afectan el bienestar de grandes grupos de la población pueden bloquear intenciones de integración entre México y las naciones menos desarrolladas de Centroamérica.
El progreso de los programas de atención social en las naciones centroamericanas no ha sido equiparable a las tasas de crecimiento de las economías. La región sufre otras disparidades sociales que acentúan la dificultad de la superación de sus graves problemas de inseguridad y debilidad institucional. El PIB per cápita varía desde USD 2,100 en Nicaragua, hasta USD 8,700 en Costa Rica y USD9,000 en México. Mientras que Costa Rica produce cerca al 19% del PIB regional centroamericano y tiene casi el 9% de la población, Nicaragua produce tan solo el 3% del PIB regional y tiene el 1.5% de la población.
La distribución del ingreso se manifiesta en coeficientes de Gini que oscilan entre 46 % para Costa Rica hasta 56% en Honduras y Guatemala y casi 60% en Nicaragua. Adicionalmente, la relevancia de la población indígena que varía entre 10 y 40% del total de la población en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y que vive en condiciones de graves rezagos e inequidad impide justa traducción y aceptación de cualquier acuerdo de integración en estos sectores de la población. Junto a esta situación social de vulnerabilidad, el problema de la seguridad es común en esta subregión: narcotráfico en México, maras en Guatemala y El Salvador, crimen organizado en los tres países.
En Centroamérica hay al menos cuatro países que tienen gobiernos electos con una definición social demócrata de centro izquierda, o de centro, en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá; un gobierno de izquierda radical, de inspiración populista, en Nicaragua, y frente al único gobierno conservador que sobrevive en la región, el de El Salvador, campea la perspectiva del triunfo electoral del FMLN en la próximas elecciones.
Por otro lado, puede advertirse que respecto a Centroamérica hay tres polos de influencia muy claros: el de Venezuela, propiamente, el de México, y el de Brasil, países que de alguna manera disputan un liderazgo a nivel continental.
El Cono Sur, parece evidente la revalorización del Estado y la reorganización de la sociedad intentando moderar y disciplinar el poder del mercado. Hay una vuelta de lo estatal pero no del estatalismo; esto es, se detecta un esfuerzo por recuperar un papel trascendental del Estado pero sin que éste asuma un rol central y excluyente en el ámbito productivo. Hay un renovado énfasis en lo nacional pero no en el nacionalismo; esto es, impulsar la defensa y promoción (en lo socio-económico y lo político-cultural) de lo propio pero sin una exaltación de todos los órdenes y de manera expansiva de lo autóctono. Hay un regreso de lo popular pero no del populismo; esto es, surgen prácticas de mayor politización, participación e inclusión social pero no la aplicación de políticas económicas despilfarradoras y deficitarias, de exacerbación de pugnas de clase y de desafío retórico a actores externos. Hay más sensibilidad por el desarrollo pero no por el establecimiento de un proyecto desarrollista; esto es, se procura ampliar el mercado interno, generar empleo y promover a la burguesía nacional pero sin definir un nuevo modelo intervencionista e industrialista.
En el Cono Sur han ocurrido, concurrentemente, avances políticos importantes: una mujer socialista en Chile, un trabajador de origen izquierdista en Brasil, un político progresista en Uruguay, un mandatario electo a modo de outsider que termina con seis décadas de hegemonía del partido Colorado en Paraguay y una peronista con inclinación centro-izquierdista en Argentina han alcanzado la presidencia. Posiblemente ello era imposible en los setenta e impensado en los inicios de los noventa.
Las dificultades que enfrentan y los límites que evidencian las naciones del Cono Sur son el resultado de la acumulación y potenciación de problemas históricos no resueltos antes que el producto de la radicalidad de las propuestas o medidas impulsadas desde el ejecutivo. La variedad de grados de fortaleza/pobreza institucional que exhiben los países de la zona responde a factores ligados al estilo de liderazgo, la voluntad política, la calidad de la administración pública, los niveles de viabilidad y legitimidad de las políticas diseñadas y aplicadas, entre otros.
La gobernabilidad parece salvaguardada en la sub-región del sur, pero la consolidación de sistemas democráticos plenos está distante. Otra vez, con elementos distintivos de cada país, la desigualdad social sigue siendo un asunto preeminente, el imperio de la ley continúa débil, la representación política está cuestionada, la violencia cotidiana aumenta y la corrupción no se supera. La democracia en el Cono Sur no está en entredicho pero si erosionada por un conjunto de fenómenos y dinámicas que persisten y en algunos casos se profundizan. Uno de los retos fundamentales de las actuales experiencias reformistas en la zona es mostrar que es posible combinar crecimiento económico con más justicia social, mejor regulación estatal y mayor participación política.
Por su parte, la visión externa sobre la región de los Andes es la más crítica de la región. Dicha visión, especialmente la de Estados Unidos, tiende a enfatizar aspectos críticos o disfuncionales sobre el panorama político actual. El alejamiento de los países andinos de las tendencias mayoritarias en relación a la consolidación democrática formal, la fragmentación y falta de consenso; la exacerbación de situaciones de conflicto, y la simpatía hacia modelos económicos rentistas, populistas o heterodoxos, componen una situación, según estas visiones, de extremada vulnerabilidad. La denominada “radicalidad” andina, está atravesada por procesos de velocidades varias, entre los que destacan, profundos cambios político-institucionales, procesos innovadores de diseño de un Estado mas democrático, nueva gestión de los recursos naturales, reconstrucción de las mediaciones políticas y replanteamiento de la vinculación con la globalización. Ni en el ámbito suramericano, ni en el regional, existe consenso sobre cómo tratar la complejidad política de la crisis andina.
Sin embargo, esos mismos fenómenos dentro de la región tienen otra mirada. La de una búsqueda de un nuevo concepto de democracia. Con diferentes énfasis y con profundas distinciones sobre sus orígenes, los cinco países andinos han intentado modelos cuasi-revolucionarios de rompimiento con el pasado que coinciden con el cambio de siglo y se producen en forma simultánea con las transformaciones del entorno internacional.
¿Cómo catalogar el incipiente modelo político? Para empezar, habría que decir que la evaluación de los regímenes actuales se ha convertido en uno de los temas principales del debate político dentro y fuera de la región. Los discursos presidenciales tienen un alto contenido mesiánico y reclaman un favorable quiebre con un pasado de corrupción, control político desde arriba e injusticia social. Incluyen términos como ‘refundación’, ‘revolución bolivariana’, ‘revolución ciudadana’, ‘democracia directa’, ‘estado comunitario’, entre otros. Por el otro lado, quienes comparan los actuales regímenes políticos con los de democracias avanzadas o con ideales planteados en el nivel académico, encuentran que varios de sus elementos son autoritarios y antidemocráticos: la concentración de poder, la falta de oposición institucional y de contrapesos, el ejercicio caudillista y personalizado del poder presidencial, entre otros.
La búsqueda de un modelo político propio y que encaja con el momento histórico de la región ha conducido a la consolidación de una nueva democracia, en términos políticos. Comparten ciertas características políticas, entre las que destaca una insatisfacción generalizada con el status quo económico, la persistencia de graves problemas como la pobreza, la desigualdad y los problemas sociales y la lucha contra la corrupción. Además, es importante tener en cuenta que la región andina concentra a la mayoría de países productores de energía y a los países con mayor población indígena del sur de América. En este contexto, destaca lo común del corte caudillista de los gobiernos andinos, su débil institucionalidad, la erosión de las prácticas democráticas, y el uso de la reforma constitucional para concentrar el poder que han hecho Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia (Perú hizo lo propio una década atrás) son características importantes de la política.
ANEXO
LA REGION POR PAISES
MEXICO
El clima de inseguridad en México rebasó todos los índices históricos de criminalidad. En sólo 23 meses, de enero de 2007 a noviembre de 2008, que corresponden a lo que va de la administración de Felipe Calderón, 48 millones de personas fueron víctimas de algún delito, se registraron 20.000 secuestros y 10.500 personas fueron ejecutadas por el crimen organizado. Lo que es peor, 98,76 por ciento de los crímenes queda impune, lo que obliga a rediseñar la estrategia de seguridad pública.
Al presentar el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman mexicano destacó la impunidad que reina en el país, pues sólo el uno por ciento de las víctimas de algún delito accede a la Justicia. Un indicador es que se denunciaron menos de cuatro secuestros por cada 10 cometidos, es decir, 5140. Muchas de las muertes violentas tienen que ver con el secuestro, que registra una tasa diaria de siete secuestros. Las cifras oficiales demuestran que en 2004 el promedio de secuestros era de 1.4 por día mientras que para 2007, dos personas eran privadas de la libertad diariamente.
Para muchos mexicanos el tema de la inseguridad es el segundo en importancia después de la corrupción. El problema de la seguridad ha adquirido un nuevo giro importante por sus consecuencias muy negativas en la sociedad mexicana. El Narcotráfico ha penetrado a todos los estamentos de la vida pública y privada de ese país. Durante el periodo considerado han sido abundantes las informaciones en prensa sobre la vinculación de varios cuerpos policiales con los diferentes carteles de la droga que operan, ya sea pasando información, dando protección o sirviendo de escolta a figuras del narcotráfico.
Los carteles del narcotráfico se encuentran expandidos desde el sur (donde reciben la droga proveniente de Colombia) hasta el norte (sitio de paso a EE.UU.) Su crecimiento ha sido tan rápido que prácticamente abarca a todo el territorio nacional. El Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas en Estados Unidos señaló que 195 ciudades mexicanas padecen el problema del narcotráfico. Las grandes cantidades de dinero que manejan les han permitido financiar una expansión considerable, financiar grandes ejércitos privados con armamentos numerosos y de todo calibre. Lo que pone en cuestionamiento serio sobre el monopolio del uso de la violencia de parte del Estado.
Según datos aportados por autoridades mexicanas existen actualmente siete poderosos carteles: Tijuana, Juárez, Colima, del Golfo, Oaxaca, Sinaloa, Valencia, que operan en diversos puntos en el país. Algunos de estos conforman estructuras organizativas más amplias como en los casos de los carteles de Sinaloa, Juárez y Valencia, los cuales han conformado la “Federación”. Los mismos negocian con todo tipo de drogas: cocaína, marihuana, opio, heroína y metanfetaminas. No todas son de importación como ocurre mayoritariamente con la cocaína. En el caso del opio y la heroína, México se ha convertido en el tercer productor a nivel mundial. Es el principal proveedor extranjero de marihuana (posee grandes extensiones sembradas de estas drogas) y metanfetaminas (es el sexto país a nivel mundial en incautación de estas drogas de laboratorio, lo que da idea de las magnitudes que se manejan) a Norteamérica.
Las disputas entre estos carteles ha contribuido enormemente a elevar los altos índices de criminalidad y violencia en México. Las masacres de trabajadores, pobladores, miembros de la policía o la muerte en enfrentamientos de miembros de la policía y el ejército es expresión de esta confrontación. La respuesta del Estado ha sido totalmente ineficaz. A modo de efectismo político, se ha militarizado varias zonas del país (se habla de un despliegue de unos 45.000 efectivos militares) en un vano intento de contener el accionar de los ejércitos privados ligados a los diferentes carteles, que de paso tienen infiltrados los más altos niveles del aparato de justicia en México. En alianza con EE.UU. se ha implementado el Plan Mérida, un plan similar al Plan Colombia, cuya efectividad en la misma Colombia ya está siendo puesta en duda en el Congreso de los Estados Unidos.
Frente a esta grave situación, el gobierno federal presentó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, que mediante 75 puntos pretende depurar y fortalecer las instituciones policiales y de procuración de justicia, con énfasis en el combate al secuestro, lavado de dinero y crimen organizado. El acuerdo fue aprobado por unanimidad en Palacio Nacional, durante la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), por los representantes de los tres poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y dirigentes de organizaciones civiles. Para conocer su efectividad, habrá que esperar su desarrollo en los próximos meses.
En el tema económico es importante señalar, que desde el punto de vista estructural y a pesar del TLC, la economía esta en declive. Cabe destacar que la producción petrolera de México, continua marcando la baja al igual que los precios del petróleo. Las estimaciones de las autoridades económicas mexicanas previeron una inflación para el 2008 de 3% con una variación de +/- 1%. La balanza comercial sigue siendo deficitaria cada vez más, situación que no se ha superado al menos en los dos últimos años.
Otros hechos que están afectando a la economía mexicana es la fuerte demanda de divisas que incide de manera directa en los niveles de reservas internacionales. En el mes de octubre, en apenas 72 horas, las reservas disminuyeron en 8.900 millones de dólares. Para mantener el tipo de cambio, el gobierno gasto el 20% de sus reservas para mantener el tipo de cambio. Los bancos extranjeros han comenzado un peligroso juego de exportar capitales en dólares a sus casas matrices, sin perder de vista que actualmente más de 90% del sistema de pagos está en manos de bancos que son subsidiarias de instituciones financieras internacionales, según revelan informes oficiales. Por otro lado, 16 de las más grandes empresas del país, con niveles de endeudamiento a corto plazo en moneda extranjera, presionan aun más la fuerte demanda de dólares registrada en el mercado interno de divisas, lo que ha obligado al Banco de México a intervenir en varias ocasiones.
Las remesas, una importante fuente de financiamiento de la economía mexicana, se van reduciendo, gracias al impacto de la crisis en Estados Unidos y la menor capacidad de disponer de dineros extras para enviar desde ese país hacia su país natal. Prácticamente la totalidad de las remesas son enviadas desde Estados Unidos, donde radican más del 98% de los más de 11 millones de mexicanos que viven en el exterior. Según el Banco de México las remesas entre enero y octubre sumaron 19.970 millones de dólares, una baja de 1.92% frente al mismo periodo del 2007, cuando ascendieron a 20.362 millones de dólares. En los primeros nueve meses del 2008, la caída había sido de 3.7%. Las remesas son la segunda fuente de ingresos de divisas para México, sólo detrás de la exportación de crudo. Por otra parte cada vez más miles de mexicanos comienzan a retornar en la medida en la que crisis económica norteamericana se profundiza, a lo que habría que añadirle las deportaciones de delincuentes y de migrantes en situación irregular desde el norte. Hasta 2008, 500 mexicanos eran expulsados de México hacia los Estados Unidos, mientras que en noviembre de 2008, han regresado en promedio 1500 mexicanos diariamente, provenientes de Estados Unidos.
En el periodo analizado se dieron dos grandes movilizaciones y luchas sociales con cierto nivel de incidencia en la sociedad mexicana: la huelga de docentes y la discusión de reforma legal para la privatización parcial de Petróleos de México (PEMEX).
La huelga del Magisterio se debió a múltiples factores que venían desarrollándose de manera autónoma hasta confluir en un crisis que estalla cuando la “dueña” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) propone una reforme educativa llamada la Alianza Educativa. Ello ocasionó que seccionales sindicales de maestros se declararan en huelga agrupados en el Movimiento Magisterial de Base. En algunos casos las confrontaciones implicaron enfrentamientos y choques con las fuerzas represivas del estado que actuaron de manera desproporcionada en contra de los maestros. Otros de los factores que entraron en el conflicto fueron la exigencia de reestructuración del SNTE, la desaparición de sus cacicazgos y la crítica a la idea del sindicato como suma de patrimonios familiares, la denuncia sobre los altos niveles de corrupción de los delegados y altos directivos sindicales y los mecanismos turbios en el otorgamiento de plazas de maestros.
El conflicto con PEMEX, se inicia con la iniciativa del poder central de hacer modificaciones al marco legal para permitir la parcial privatización de la empresa petrolera pública. Ello provocó una reacción social en contra de tal medida. Este movimiento que logró movilizar a la sociedad con un instrumento que llamaron Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, al que también se le sumó el Frente Amplio Progresista, en el que se nucleaban, ciudadanos, militantes de partidos de izquierda, intelectuales, artistas, estudiantes, terminó siendo copado por el particular estilo de López Obrador, que lo utilizó para mantener su imagen en la palestra pública. Las miras cortas del movimiento y el liderazgo personalista impuesto por Obrador terminó haciendo languidecer el Movimiento.
Por otra parte el estado mexicano no ha podido desmontar el grave conflicto político-social en Oaxaca, teniendo medidas fuertemente represivas. Como es el caso de las radios comunitarias a las que se les han realizado repetidas amenazas, cierres, hostigamiento, censura, persecución, desmantelamiento de los proyectos libres y comunitarios, desaparición y asesinato de periodistas y comunicadores.
Un hecho paradójico viene mostrando la administración del Presidente Calderón. Mientras se muestra incapaz de contener la criminalidad y el narcotráfico, utiliza con eficacia la policía para reprimir fuertemente la protesta social. Mientras el andamiaje judicial es sumiso al poder, ya sea económico o del narcotráfico, criminaliza y castiga a toda disidencia social.
Desde el punto de vista político, funciona prácticamente en México un bipartidismo operativo entre el PAN y el PRI. El Congreso se mantiene dividido en tres tercios, lo que permite bloqueos legislativos importantes al gobierno federal
En el ámbito internacional, Mexico mantiene cautela frente a lo que serán las nuevas políticas migratorias para la región, mientras trata de ampliar sus relaciones con el resto de América latina, como una manera de compensar años de aislamiento de la política regional, debido a su estrecha relación con los Estados Unidos. Una prueba de ello es su reacercamiento con Cuba, en la reciente Cumbre de Brasil, tratando de recuperar su supremacía en sus relaciones con el Caribe y especialmente con Cuba, en base a su relación histórica con la isla.
Guatemala
El Presidente Colon mantiene una popularidad de 44%, pese a que la situación económica del país no hace sino empeorar y se mantiene una tasa de 49 homicidios por cien mil habitantes, lo que significa un promedio de 17 homicidios por dia los cuales mantienen un 98% de impunidad, así como los linchamientos.
El informe elaborado por el Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNUD) describe que, según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006 (Encovi), existen 1.9 millones de asalariados de un total de 5.4 millones de trabajadores activos. Este pequeño porcentaje de trabajadores asalariados percibió un ingreso promedio de Q3 mil 040 al mes, que en conjunto equivale a un 31.6 por ciento del PIB. Guatemala tiene 80% más desigualdad que otros países. La distribución de la riqueza refleja una marcada desigualdad, al punto que un pequeño porcentaje de empresas y trabajadores asalariados concentran el 39.3 y 31.6% del PIB, mientras que el 93% restante de las empresas y el 64% de la PEA del país se conforman con apenas el 29.1% del ingreso nacional.
En cuanto al tema económico, Guatemala muestra un positivo crecimiento económico del 4,5% para 2008, proyectado por el FMI. En relación con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), la evaluación de los supuestos beneficios para Guatemala están en tela de juicio. Los efectos positivos macroeconómicos que se preveían con la firma de este tratado no son visibles por ahora. Por el contrario, el crecimiento de las exportaciones de las naciones firmantes, el ingreso de más empresas y la generación de empleo no se han producido.
A finales de octubre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que la crisis financiera mundial ha provocado una desaceleración en el crecimiento del envío de remesas familiares de los inmigrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos. Su representante en Guatemala informó que las remesas enviadas por los inmigrantes a sus familiares en lo que va de este año han tenido un incremento del 10%. Sin embargo, señaló que se observa una desaceleración en el crecimiento que había mantenido arriba del 20% anual en los últimos años. Quiere decir que en los últimos años, los ingresos de las familias en el país, se han visto impulsados por las remesas familiares que representan 12% del PIB. Sin las remesas, la pobreza en el país se incrementaría en 3%, y la extrema en 4% por ciento, lo que implica que cerca de 900 mil personas no son pobres gracias a los envíos.
Otros de los fuertes problemas que enfrenta esta nación centroamericana, es el de la seguridad ciudadana, que tiene varios frentes: el narcotráfico y sus actividades conexas, la delincuencia social, linchamientos, campañas de limpieza social y las actividades de la Maras. Existen elementos para señalar que los poderosos carteles de la droga en México se han extendido con ampliamente en territorio guatemalteco, se señalan que hay pistas de aterrizaje, es lugar de refugio a narcos menores, lugar de tránsito de drogas, reclutamiento de personal para los ejércitos privados, lavado de dineros provenientes del tráfico de drogas.
Ante ésto, el mismo Presidente Colon ha señalado la poca capacidad del Estado para controlarlos, manteniendo medidas fundamentalmente simbólicas como el despliegue de tropas del ejército en las zonas controladas por los narcotraficantes. Estos grupos vinculados al narcotráfico manejan gran poder económico y por tanto político, poniendo en juego la estabilidad de la institucionalidad del Estado. En el informe “Mapa de la Violencia” de la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) señala que Guatemala tiene una tasa de 55,4 jóvenes asesinados por cada 100.000 habitantes, y una tasa de homicidios general de 3.403 ocupando el cuarto lugar en América Latina.
En cuanto a las maras, cabe destacar que esta forma de asociacionismo delincuencial ha tenido en los últimos años un crecimiento indetenible, que según estimaciones serias, manejan a través de sus negocios más de 120 millones de dólares al año.
Guatemala mantiene una fuerte relación con México y contrario a lo que se esperaba, no se ha sumado al ALBA y ha contenido sus relaciones con Venezuela, incluso en el área energética, no obstante su crítica relación social. Para Guatemala, su prioridad en política exterior es el tema de la seguridad, ya que el mismo es el que representa una fuerte amenaza a su estabilidad institucional, incluso más que la pobreza, que en ese país es crítica.
El Salvador
En el último semestre de 2008, lo central en El Salvador gira en torno las elecciones presidenciales del 2009. Dos son los contendientes principales en esta medición electoral. Un ex director de la Policía Nacional Civil y un periodista. Uno del partido en el gobierno ARENA y el otro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Todas las encuestas dan como favorito del electorado salvadoreño al candidato del FMLN.
Los candidatos que dominan el panorama electoral hablan de cambio. Por una parte Rodrigo Ávila (ARENA) habla de renovar a la derecha con un componente social más fuerte. Cuenta con un partido más cohesionado, amplia experiencia en el manejo de la institucionalidad del estado, además de contar con los apoyos incondicionales de los sectores de la burguesía que tiene un tremendo peso en las decisiones políticas de los presidentes.
Del otro lado, Mauricio Funes (FMLN), propone cambiar a la izquierda para que deje las usuales tradiciones ortodoxas, pactar con la empresa privada y hablar con todas las fuerzas sociales. En este sentido sus propuestas se salen de la línea política radical que tradicionalmente ha mantenido el FMLN. No hay que perder de vista que Funes no es un militante del Frente, es un candidato extra partido. La antesala a las elecciones de presidenciales de marzo son las elecciones legislativas y municipales, en donde están en juego 262 alcaldías, 84 diputaciones nacionales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). En esta oportunidad el electorado podrá marcar una tendencia fuerte para las elecciones presidenciales.
La disputa en torno a la derogación o no de la Ley de Amnistía y la defensa del mantenimiento del neoliberalismo en el plano económico, evidencia en donde están los campos de luchas de las fuerzas políticas en pugna.
La derecha encabezada por el actual candidato de Arena, con fuertes alianzas con las burguesías y un amplio sector militar, ven con recelo que el FMLN derogue la Ley de Amnistía bajo el argumento de que sería muy peligroso para la estabilidad del país. Por su parte el FMLN se encuentra en una contradicción fuerte entre la organización y el candidato presidencial. Funes ha sostenido públicamente que no derogará la Ley de Amnistía, pero el FMLN desde el año 2006 mantiene la necesidad de buscar los mecanismos legislativos o judiciales para derogar la Ley de Amnistía.
El programa de gobierno del candidato presidencial del FMLN no supone cambios sustantivos al modelo económico actual, que deje entrever una posible afectación del actual patrón de acumulación del capital. La convergencia parecer ser virar hacia el centro, centro izquierda o centro derecha. Sin embargo, es de hacer notar que vista la elección de Funes desde el punto de vista de agotamiento de la derecha, que ha gobernado desde hace dos décadas, puede significar un paso para desbloquear el sistema político y plantearle a la sociedad salvadoreña la posibilidad de otras alternativas políticas posibles.
Un tema de singular importancia en El Salvador, lo es también el de la seguridad ciudadana. Con las tasas más altas de homicidio en Centroamérica (60 por cien mil habitantes, según estima el PNUD), conjuntamente con Guatemala, en El Salvador se manifiesta de la forma más grave el problema de las Maras, siendo las más conocidas y las que ponen en riesgo la estabilidad institucional del país, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Este es un tema central también en las campañas electorales y tiene enorme incidencia las ofertas de su resolución, que hasta ahora se han caracterizado por proponer “mano dura”.
El plano internacional, la polarización alrededor de Venezuela y la influencia de Hugo Chávez mantienen una fuerte impronta en la campaña electoral presidencial. Al candidato Funes lo han señalado de tener relaciones con Chávez, asi como al FMLN, lo cual ha obligado al candidato presidencial tomar posiciones de distancia con respecto a Venezuela y la propuesta del “socialismo del siglo XXI”. Otro país que guarda gran influencia en El Salvador, lo es Estados Unidos, debido a la amplia vinculación de su actual Presidente, con el Presidente Bush. Sin embargo y dado el inminente cambio de gobierno en Washington, El Salvador acaba de anunciar el retiro de sus tropas en Irak, considerando el cambio que sufrirá en el corto plazo, dicho conflicto internacional.
Nicaragua
Desde su nuevo ascenso al poder en 2006, Daniel Ortega no atravesaba una coyuntura tan compleja y difícil como la actual. Presidente del segundo país más pobre de la región, después de Haití, su desafío era enorme, dada la complejidad de la crisis energética que sigue atravesando el país, así como la crisis económica. En cuanto a su popularidad, es el mandatario menos confiable del continente americano; lo que ubica a Nicaragua en el penúltimo lugar de la lista regional, según el estudio “Barómetro de las Américas 2008: Desafíos para la Democracia en América Latina”. El 33.3 % de los nicaragüenses confía en el Presidente, cinco puntos porcentuales menos de los votos con los que resultó electo. Todo indica que los nicaragüenses están frente a una seria crisis institucional que pone en juego la gobernabilidad de Nicaragua, a lo que habría que sumar el descontento por las precarias situaciones de las personas en medio de una crisis económica global.
Esta crisis politica fue desatada por el resultado y el manejo político de la elección de alcaldes y concejales a la que concurrieron 3.400 candidatos. La elección del 9 de noviembre se decidió, como en anteriores oportunidades, entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda). Casi cuatro millones de nicaragüenses fueron convocados a las urnas en medio de una gran polarización política, que se convirtió en la práctica en un plebiscito sobre la gestión del presidente Daniel Ortega. Los minoritarios Partido Resistencia Nicaragüense (PRN, ex “contras”), Acción Cristiana (evangélico) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, derecha) también participaron. El Movimiento de Renovación Sandinista y el Partido Conservador quedaron fuera de la justa electoral tras la anulación de su personería jurídica por el tribunal electoral.
El mismo dia de las elecciones, se levantaron las primeras acusaciones de fraude, las cuales se concentraron especialmente en la ciudad de Managua. El Consejo Supremo Electoral (CSE), luego de un recuento de todas las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), confirmó como ganador al candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Managua, Alexis Argüello con un 51.32% sobre el 46.58% que obtuvo Eduardo Montealegre, candidato a alcalde por Alianza PLC. El Reconteo se realizó a solicitud de la Alianza PLC, que desconoce los resultados de los tres informes del CSE. A nivel nacional, el CSE, otorgó al Frente Sandinista 105 alcaldías en todo el país, de las cuales 13 corresponden a las cabeceras departamentales de Managua, Chinandega, León, Jinotepe, Ocotal, Somoto, Rivas, Masaya, Matagalpa, Jinotega, Estelí, San Carlos y Juigalpa. La alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista obtuvo sólo 37 alcaldías, de las cuales tres corresponden a las cabeceras departamentales de Boaco y Granada y la cabecera regional del Atlántico Sur, Bluefields. El partido Alianza Liberal Nicaragüense asumirá cuatro alcaldías.
Dadas las reacciones frente a los resultados cabe preguntarse ¿qué estaba en juego con esas elecciones?. La oposición las planteo como un referéndum en contra de lo que ellos denominan la dictadura de Ortega, como una forma de expresar el rechazo de la población al “autoritarismo”. Por su parte, el “sandinismo ortegano” planteó también las elecciones como un referéndum en el cual los alcaldes electos pertenecientes a su tolda política garantizarían una mayor vinculación con el gobierno para una mejor implementación de los programas sociales, a la vez que se reforzaría el grado de apoyo a su propuesta y gestión política.
En el trasfondo político de la crisis continua estando el pacto antinatural entre el sandinismo-ortegano y el liberalismo de Alemán, que ha implicado desde hace mas de una década un reparto en el control de toda la institucionalidad del estado nicaragüense. Entre este reparto está el Tribunal Electoral. Sin embargo, los resultados electorales han producido diversos enfrentamientos entre los actores miembros del pacto que hacen prever un reacomodo de la alianza gubernamental.
Las consecuencias de esta fuga hacia delante del sandinismo-ortegano no solo han profundizado la inestabilidad política e impulsado el reacomodo de alianzas, sino también han influido en las relaciones externas. Los Estados Unidos congelaron la Cuenta Reto del Milenio. Su director ejecutivo de esta corporación, John Danilovich, dio a conocer oficialmente que congelará los programas que desarrollaban en Nicaragua. Y también señaló “hacemos un llamado al gobierno para que regrese a las normas democráticas y al respeto al proceso democrático”. Los programas que se verán afectados por esta medida son la reparación de importantes tramos de carretera en los departamentos de León y Chinandega y programas de titulación de tierras.
El presidente Daniel Ortega reconoció por su parte, que la Unión Europea mantiene congelados 43 millones de dólares, así como el impacto “parcial”, que tendría la cancelación de la Cuenta Reto del Milenio (CMR) en León y Chinandega. Reconoció que el retiro de la ayuda de algunos países, como Finlandia y Alemania, como el no desembolso de la UE, ha ampliado el déficit presupuestario. Propuso la ayuda de Venezuela como única alternativa para solventar este congelamiento de la cooperación. También un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica por 130 millones de dólares para el Gobierno nicaragüense, recién aprobado, podría caerse si la CRM decide retirarse definitivamente del país.
A esta crisis de recursos en el corto plazo, se suma que la caída del precio del café. La crisis financiera mundial amenaza con provocar en Nicaragua una fuerte retracción en la producción de café, principal rubro de exportación, debido a la caída en un 18,97% del precio internacional de grano.
En el plano internacional, Nicaragua sigue fuertemente vinculada con Venezuela. Participa activamente como miembro pleno del ALBA, eleva su retorica frente a los Estados Unidos y Colombia, país con el que guarda un conflicto territorial por la Isla de San Andrés e incluye a Rusia como aliado militar, luego de la visita de la flota rusa a sus costas y de la visita de Ortega a Moscú.
Costa Rica
Es uno de los países más estables dentro de Centroamérica y en el que la democracia goza de los mayores apoyos. Durante el periodo de análisis, la protesta social ha sido un marcador importante de la coyuntura. Las acciones estuvieron protagonizadas fundamentalmente por diversos grupos sociales sin que se pueda identificar un patrón de alianzas para luchas que puedan significar la reivindicación general.
Los métodos de lucha empleados son fundamentalmente concentraciones de calle, toma de los lugares de trabajo, toma de edificios en los que funcionan dependencias gubernamentales, paros parciales, etc. Los actores involucrados en las acciones de protesta social han sido: trabajadores del sector público, estudiantes, madres y padres, vecinos de diversas comunidades, así como, expendedores de combustible, transportistas, conductores de transporte público y taxistas.
Las manifestaciones han sido de corte laboral: aumento salarial, que se plantea de forma sectorizada y muy reducida. Oposición al proyecto de ley de flexibilización laboral, que consiste en ampliar la jornada laboral por día, pero que a la vez daría un día libre más por semana. La oposición forma parte de la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral. El documento de manifestación de rechazo a la iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está compuesta por 73 organizaciones centroamericanas, 20 de la cuales son costarricenses.
El tema de las alzas de los precios de los combustibles alimentó el fuego de las protestas de los sectores transportistas de carga y movilización de pasajeros. Así como de de los sectores de los propietarios de expendedores de combustible. Si bien hay una coincidencia entre ambos sectores en el reclamo hacia el gobierno ello no implica una alianza entre ellos. También las amenazas de aumento de los precios de pasajes motivó la protesta de vecinos, sin que ello signifique que hay posibilidades de extensión de la reivindicación en todo el país.
Costa Rica, ha solicitado su incorporación a la iniciativa de Petrocaribe, que espera se concrete en diciembre, lo que le permitía tener un margen de maniobra con los futuros aumentos de los combustibles, disminuyendo su impacto en la economía y su influencia en las protestas sociales.
En otro sector en donde se han manifestado conflictos es el ambiental. Por una parte, se encuentra la explotación de oro en una mina a cielo abierto lo que implicará la deforestación de una extensión de bosque primario, selva húmeda tropical, con la tala de unos 115 mil árboles, contaminación por uso de cianuro, sedimentación de las cuencas hidrográficas y unas 500 especies de aves, 120 especies de mamíferos, más de 60 especies de peces y varias especies de árboles, en peligro. Muchas de éstas se encuentran en la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El decreto que autoriza a la firma Industrias Infinito S. A., filial de la canadiense Vanessa Venture, a talar árboles, “inclusive de las especies que estén vedadas”, para abrir la mina, está basado en el Código de Minería vigente desde hace unos 200 años en ese país. Este proyecto ocasionaría problemas con la vecina Nicaragua ya que esta mina se encuentra localizada a poca distancia de la frontera que comparten estos países. El gobierno nicaragüense ha expresado su preocupación por la posible contaminación de las aguas fronterizas, a la flora y fauna de la zona. La empresa que ganó la contratación para la mina se aprovecha de la situación de las comunidades campesinas empobrecidas de la zona, comprando extensiones de tierras a muy bajos precios.
La polémica sobre la mina aurífera se suma a la provocada por la extensión de plantaciones de piña en las llanuras del Atlántico en el país. Los manifestantes que se oponen a esta actividad económica, señalan que los sembradíos de piña ponen en riesgo los mantos acuíferos que abastecen a toda la provincia. De acuerdo a los vecinos, el agua de las comunidades se ha visto afectadas por la presencia de agroquímicos como el Bromasil y el Diurón, producto de la siembra de piña.
El pasado 7 de octubre, se cumplió un año de la aprobación, mediante referendo, del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos. Aún no se supera la polarización que este tratado produjo en la sociedad. Los resultados del referéndum fueron muy ajustados, el “Sí” obtuvo 51,57%, mientras que el “No” logró un 48,43%. Se espera que entre en vigencia el primero de enero de 2009, luego de tantas prorrogas y retardos legislativos.
El TLC se ha convertido en una verdadera pesadilla para el gobierno, por un lado sigue siendo factor de movilización de movimientos sociales y sectores de izquierda y por otro la imposibilidad de concretar la entrada en vigencia de dicho acuerdo comercial, con el agravante de que la economía estadounidense a entrado en recesión y lo que es peor en deflación, con impacto inmediato en los volúmenes de exportación hacia ese mercado. Según reportes del Banco Central de Costa Rica, ya la crisis económica comienza a sentirse, evidenciado en que la balanza comercial presenta un déficit de unos 5.099,3 millones de dólares al cierre del mes de octubre. Sin olvidar que desde el año 2004, este déficit ha venido aumentado cada vez más. Las reservas internacionales han venido mostrando una merma constante desde el mes de abril, pasando de unos 4.936,5 millones de dólares en ese mes a unos 3.611,2 al mes de noviembre. Una reducción intermensual (promedio) de algo más del 3%. La deuda externa va en aumento, a pesar de que el mercado internacional de valores, muchos de los papeles de deuda empiezan a desvalorizarse aceleradamente. Su deuda externa ha pasado de unos 8.383,9 millones de dólares al 31 de diciembre de 2007 a unos 8.848,4 al 30 de junio de 2008. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la inflación acumulada entre enero y octubre llegó al 12,99%, cifra mucho mayor que la variación de este mismo período del año anterior (7,65%).
En el plano internacional, Costa Rica es un firme aliado de Estados Unidos en la región. Sin embargo, y a consecuencia del alza en los precios del petróleo, solicitó su ingreso a Petrocaribe, después de reconocer que en términos de ayuda al desarrollo, la presencia de Venezuela es más consistente y efectiva en Centroamérica que la de los Estados Unidos.
Cuba
Por diversas razones, Cuba ha sido protagonista del escenario regional en el último año. El reemplazo de Fidel por su hermano Raúl Castro en un proceso de sucesión muy controlado, resolución de su conflicto con la UE, visita de Brasil, colapso por el paso de tres destructivos huracanes por la isla, ingreso formal al grupo de Rio, compromiso de 4 Presidentes de la región para visitar Cuba en enero (México, Chile, Argentina y Brasil), petición unánime de todos los países de la región frente a Estados Unidos para su reingreso a la OEA y el fin del embargo, demuestran una vigencia impensada años atrás.
En los últimos meses se han dado toda una serie manifestaciones en diferentes medios internacionales en contra del bloqueo cubano, en fechas cercanas a la sesión de las Naciones Unidas el 29 de octubre, se empezó una campaña que buscaba promover que empiecen nuevamente las negociaciones para levantar el bloqueo en Cuba. En las sesión de las Naciones Unidas China mostró un claro y contundente apoyo a la isla caribeña y propone un dialogo diplomático que de cese al bloqueo. Por otra parte, se han presentado avances sobre la posible eliminación de la prisión de la base de Guantánamo que posee Estados Unidos, una vez comenzado el mandato de Barack Obama.
Cuba ha buscado una serie de acuerdos para fortalecer la economía de la isla y reducir en lo posible la dependencia de Venezuela. Primero, contó con la visita del mandatario de Brasil Lula Da Silva, que tuvo como objetivo presenciar la firma del contrato de participación en la producción de hidrocarburos entre Cubapetróleos y la filial Petrobras Middle East B.V., de Petrobras, e inauguró la sede habanera de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil, APEX. Por otra parte Rusia, a través de su Presidente Dimitri Medvedev también visitó La Habana con la intención de reactivar la colaboración en la esfera militar, un nuevo paso de acercamiento estratégico, en momentos en que ambos países intensifican sus relaciones en todos los terrenos, y justo cuando se recrudecen las tensiones entre Moscú y Washington.
También visitó a Cuba el primer Ministro de China, Hu Jintao, quien prometió ampliar la cooperación comercial con la isla. Raul Castro visitó Venezuela en diciembre, en donde firmó alrededor de 200 acuerdos de cooperación por un monto de 200 millones de dólares. Luego estuvo en la Cumbre de Brasil, donde recibió la solidaridad de la mayoría de los países de la región, mientras se abrían importantes posibilidades de negocios con los mismos.
Sin embargo, esta importante actividad de relacionamiento para la superación de su estancamiento económico a causa del embargo, no permite resolver en el corto plazo las devastadoras consecuencias de tres huracanes sobre la isla. Este azote dejó miles de damnificados, y en la actualidad todavía se viven los daños colaterales que dejó esta serie de desastres naturales.
A nivel de las noticias nacionales se presentan modificaciones en las leyes de seguridad social buscando una serie de beneficios para las personas mayores de 60 años, parte de estas modificaciones van relacionadas a la crisis en el sistema educativo. El gobierno cubano reconoció que sólo en La Habana existe una carencia de 8.576 maestros: 2.054 en la enseñanza primaria, 4.396 en secundaria y 927 en el área técnico-profesional.
Existen muchas expectativas sobre las políticas de Estado que generará el gobierno de Raúl Castro, ya que por la serie de desastres naturales no se ha logrado concretar el proceso de sucesión de Fidel Castro a su hermano. Hay ciertos indicios de que Raúl Castro plantea tener una mayor apertura de negociación con los Estados Unidos, ya que ha puesto en el tapete el tema de levantar el bloqueo contra Cuba; lo cual, entre otras cosas, supone en lo inmediato, incrementar el envío de remesas y la apertura de los vuelos internacionales entre Cuba y Estados Unidos.
Otro aspecto importante es la necesidad que percibe el gobierno cubano de modificar la seguridad social, proponiendo modificar el tiempo de servicio y la edad de los trabajadores para la jubilación, así como la modificación del cálculo de las pensiones.
República Dominicana
Durante estos últimos meses, el seguimiento de prensa dominicana pone de manifiesto la continuación de la política de segregación contra de los haitianos, la cual va desde linchamientos hasta exclusión de las leyes. En los últimos años se presenta como una constante el asesinato de haitianos por parte de dominicanos, a tal punto que unas de las políticas públicas llevadas a cabo por el país es la repatriación para preservar las vidas de estos extranjeros. Es importante señalar que el Estado dominicano rechaza otorgar actas de nacimiento a niños y niñas de ascendencia haitiana o hijos de familias migrantes, lo que supone que éstos vivan en el territorio sin documentación legal y, en consecuencia, sin el reconocimiento y el disfrute pleno de sus derechos fundamentales.
En República Dominicana buscan incentivar a los inmigrantes dominicanos a que regresen al país, parte de esto se debe a la amenaza que presentan los haitianos para la ocupación de los puestos de empleo y demás oportunidades que ante el aumento de la inmigración de los dominicanos han sido ocupadas por los isleños extranjeros.
El desplome financiero en los Estados Unidos, ha sido motivo preocupación entre empresarios y economistas dominicanos. La gran incidencia de Norteamérica en la economía nacional, básicamente en lo que respecta a las exportaciones y al renglón remesas, hace temer lo peor para la media isla si se agudizare la crisis en el gran país del norte. Muchos miembros de la comunidad dominicana que residen en el extranjero, se han visto forzados por la crisis a reducir el monto de las remesas que envías a sus familiares en República Dominicana.
Haití
Persistiendo en su guion trágico, Haití sigue en un proceso grave de inestabilidad política. Preval mantiene un apoyo bajo entre la población, mientras que la Primer Ministro Pierre Louis concita más apoyo que el Presidente. Las elecciones presidenciales se postergaron para 2010, planteándose el regreso de Aristide, bien porque se abra legalmente una posibilidad de que sea candidato presidencial, bien porque su esposa pueda ser entonces su sustituta como candidata.
Este país fue también severamente afectado por una serie de desastres naturales que han traído graves consecuencias para la nación. El programa mundial de alimentos asiste a más de 500 mil personas, el Banco Mundial ofrece 25 millones de dólares para paliar los efectos de los huracanes. La ONU, a través de su jefe de labores humanitarias, exhortó a los países donantes a aportar más de 60 millones de dólares a fin de ayudar a Haití, devastado por el peor desastre que ha vivido en los últimos 100 años. Debido a la crisis económica y social provocada por la seguidilla de huracanes y tormentas tropicales, el gobierno haitiano lanzó un programa de emergencia de más de 197 millones de dólares con el fin de ir en ayuda de la población afectada. Los 197 millones serán administrados por un comité de ministros y estarán dirigidos principalmente a la reconstrucción de la infraestructura agrícola y de transportes para evitar así una posible hambruna generalizada.
El programa se presenta luego que diversas instituciones internacionales señalaran que una posible hambruna en Haití es cada día más real, luego que el sector agrícola haitiano fuera prácticamente destruido (más de 63.000 hectáreas afectadas), sólo en Gonaïves (norte del país) hay unas 300 mil personas damnificadas, que se encuentran sin alimentos, ni condiciones sanitarias mínimas.
Por su parte, el Consejo Electoral de Haití fijó una fecha las elecciones al Senado, postergadas por más de un año tras intensas protestas sociales y políticas También en el orden político destacó el hecho de que Haití es el cuarto país más corrupto del mundo, según el ranking mundial de trasparencia efectuado por Transparencia Internacional. Con este resultado Haití mantiene el lugar 177 de 180 países.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió prolongar por un año más el mandato de la Minustah en Haití, para que en este plazo garantice el diálogo entre los distintos sectores de Haití y con ello se logre la tan esperada recuperación nacional. De acuerdo al Secretario General de las Naciones Unidas, la prolongación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití por un año más es indispensable para asegurar la estabilidad política y social del país.
Luego de la asamblea anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el ministro haitiano de finanzas, Daniel Dorsainvil, indico que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2008 será de alrededor de un 1,5%, lo que sería inferior al crecimiento demográfico que llegara a un 2%.
Región andina
Bolivia
Luego de semanas de violencia, el 21 de octubre pasado el parlamento boliviano promulgó dos leyes que modifican más de 100 artículos de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), llama a referendo constitucional el 25 de enero de 2009, y convoca a elecciones generales para diciembre de ese mismo año. De manera dramática, el presidente Morales viabilizó el acuerdo renunciando a la posibilidad de una segunda re-elección presidencial. Para algunos analistas, estas leyes son la base de un acuerdo histórico para Bolivia; para otros, una batalla más donde pierde la oposición regional ante el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, este acuerdo permitió desmontar la crítica situación de violencia que se estaba extendiendo en Bolivia, atendiendo además una solicitud expresa de todos los Presidentes de Suramérica, reunidos en Chile por UNASUR.
¿Cuál es el alcance de los acuerdos del 21 de octubre? La preocupación de muchos observadores dentro y fuera de Bolivia es la sostenibilidad de cualquier acuerdo en un clima de alta polarización social y regional. De hecho, las leyes del 21 de octubre ya fueron rechazadas por comités cívicos opositores al gobierno y por asambleístas radicales del propio MAS. Los recientes acuerdos tienen una historia corta relacionada al espaldarazo electoral recibido por el presidente Morales el 10 de agosto, y una historia larga anclada en la fragmentación de la oposición nacional, regional y parlamentaria en los últimos tres años. Se impuso el momento político de la historia corta: el 67% de respaldo al presidente en 95 de las 112 provincias del país. El presidente Morales se encontró con una ventana de oportunidad para llevar a las urnas la Nueva Constitución Política de Estado, y así lo hizo, en un proceso accidentado, de diálogos frustrados con la oposición regional (mes de setiembre) y un diálogo exitoso con la oposición parlamentaria en octubre.Lo que estaba en juego en estos diálogos era nada menos que la aprobación de la NCPE (cercana a la propuesta del MAS), la aprobación de estatutos autonómicos para cuatro departamentos (cercanos a la oposición) y la posibilidad de dos re-elecciones consecutivas del presidente Morales el 2009 y el 2014. Todos estos temas forman parte de lo que podría llamarse la agenda maximalista de la política boliviana.
Será vital ver el impacto de este acuerdo en la aprobación mediante referéndum de la nueva constitución. La versión de la constitución que será puesta a consideración de la población el 25 de enero tiene, entre muchos cambios de forma, tres cambios significativos con respecto a la anterior versión y contiene dos temas que todavía generan cuestionamientos. Primero, reincorpora en diferentes lugares del texto la noción de “nación” y “república” que había sido sustituida por “pueblo” y “estado” y que puede ser interpretada como una concesión política a la tradición liberal y nacionalista de la constitución vigente. Esto trasciende, sin embargo, el simbolismo, en el momento en que futuros parlamentarios construyan la institucionalidad y legalidad de un “Estado pluri-nacional”, como define el primer artículo de la nueva constitución. Segundo, reordena las relaciones intergubernamentales de una manera más próxima a la agenda autonomista. Excluye de la redacción la independencia jerárquica de las autonomías indígenas y distribuye el catálogo de competencias de manera más descentralizada. De manera crucial, delega a una nueva Ley Marco de Autonomías los detalles del catálogo de competencias y transferencias fiscales. Plantea de manera inequívoca que los estatutos autonómicos tendrán que adecuarse en el plazo de seis meses a la nueva constitución para entrar en vigencia.
Quedan dos temas controversiales en la nueva constitución. Primero, los miembros del poder judicial –tribunal supremo, consejo de la magistratura y tribunal constitucional– serán elegidos por voto popular. Segundo, quedan dudas sobre el alcance real del capítulo sobre control social, que define la participación “en el diseño de políticas públicas de la sociedad civil organizada (…) en todos los niveles de gobierno”. No queda claro qué tipos de organizaciones califican para ejercer control social ni cómo lo ejercerán en el marco de un sistema institucional de controles ex post (contraloría de la república y sistemas de control administrativo y financiero). El tema final de interés de la nueva constitución es la figura de la re-elección. Con la actual redacción, solo puede postularse una vez más el presidente Morales para el período 2009-2014. La implicación más seria de esta concesión política es que se acorta el actual período constitucional en un año. Esto implica el acortamiento del mandato de diputados, senadores, prefectos y demás autoridades elegidas en las elecciones de 2005. También tiene consecuencias para la legalidad e institucionalidad electoral que requerirá de ajustes transitorios para tender un puente entre la vigencia de la nueva constitución (enero de 2009) y el nuevo periodo constitucional (diciembre 2009-diciembre 2014).
El Gobierno y el MAS buscan agilizar la aplicación del texto constitucional que irá a referéndum el 25 de enero próximo, para lo cual prevén aprobar, en el primer semestre del 2009, las leyes del Ejecutivo, Asamblea Plurinacional, Judicial y Autonomías, bases del nuevo Estado. La idea es implementar la norma desde el segundo semestre del año venidero. En esta línea, el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, adelantó que su despacho trabaja en la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos que formará parte del paquete de normativas para encauzar la nueva Constitución Política del Estado.
Las bases sociales del MAS ya anticipan que promoverán su modificación el 2010, con el objetivo de recuperar el terreno perdido, por ejemplo, en materia de tierras y reelección presidencial en la negociación política en el Congreso. Por otro lado, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz se aliaron en la campaña por el No al proyecto de nueva Constitución Política del Estado y luego esperan conformar un frente amplio para evitar la reelección de Evo Morales.
Así pues, en el 2009 se mantendrán las tensiones acumuladas y no resueltas en el acuerdo institucional. Estas tensiones se verán agravadas por las consecuencias sociales de la crisis económica. Hasta ahora, la disminución de la pobreza es mínima (de 59,6% en 2005 a 59,2 en 2008) y es previsible que haya una desmejora de la situación social, elemento indispensable para mantener la base social de apoyo al gobierno.
En el plano económico, Bolivia ha comenzado a ser ya afectada por la crisis global, especialmente en la baja de los precios del estaño, uno de los principales productos de exportación. Ello puede afectar los planes sociales del gobierno, especialmente los Bonos Dignidad y Juancito Pinto. En cuanto a la APTDEA, en la víspera de la celebración más importante para Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos, George Bush, le puso la firma y fecha a la suspensión efectiva de las preferencias arancelarias (ATPDEA) para Bolivia. Dicha medida entra en efecto a partir del 15 de diciembre del 2008, según un comunicado oficial difundido por la oficina de prensa de la Casa Blanca. La suspensión sería resultado del fracaso de Bolivia en cooperar con EEUU en la lucha antinarcóticos, según lo señala el escueto comunicado difundido. Exportadores y expertos económicos lamentaron la decisión, ya que, a su juicio, se trata de un mercado “insustituible”. El canciller David Choquehuanca afirmó que la decisión se constituye en una “venganza política”. Sin embargo, en la reunion de UNASUR celebrada en Brasil en diciembre, Venezuela y los países del MERCOSUR, se comprometieron a comprarle a Bolivia los productos perjudicados por esta medida de los Estados Unidos.
Colombia
El año 2008 ha sido importante en resultados militares que muestran un avance estratégico del Estado en relación a las Farc. El año se inició con la liberación de secuestrados de las Farc en respuesta a las gestiones de Chávez. Pero un error de las Farc al ofrecer liberar al hijo de Clara Rojas, cuando no estaba en su poder sino del ICBF (Bienestar Familiar) quitó a este grupo toda credibilidad en las liberaciones y dejó a Chávez quien tenía poco menos que arrinconado al gobierno colombiano en ese tema, sin piso. El gobierno con ello retomó la iniciativa política en materia de liberación de secuestrados, iniciativa que había perdido. Fue muerto en una operación en Ecuador el segundo hombre de las Farc, alias Raúl Reyes. Manuel Marulanda fundador y jefe de las Farc murió ese mes de marzo, de muerte natural, pero fue el gobierno quien se llevó algunos méritos pues dio la información al público primero que las Farc. Fue abatido un miembro del secretariado de este grupo, Iván Rios, asesinado por un subalterno para pedir recompensa. Se entregó una peligrosa secuestradora llamada Karina. Fue liberada Ingrid Betancourt y 14 secuestrados más en la sin precedentes operación Jaque. Fue liberado por su carcelero el ex congresista Lizcano.
En los últimos tres meses las expresiones de conflicto social se han manifestado en varias ocasiones de manera masiva. En septiembre los empleados judiciales se lanzaron a una huelga que duró un mes, pidiendo que se aplicara una nivelación salarial decretada hace varios años, pero siempre aplazada en su ejecución. El sistema judicial se paralizó y el gobierno tuvo que recurrir a decretar el Estado de Excepción previsto en la Constitución para disponer medidas que permitieran corregir los desajustes causados por el paro.
También en estos meses las comunidades indígenas del sur organizaron unas grandes movilizaciones que los llevaron primero a Cali y luego a Bogotá en reclamo por tierras para sus resguardos.
La excepcional condición detentada por el gobierno colombiano frente a la administración Bush se perdió con el triunfo demócrata. El “mejor aliado” de Bush en la región ha perdido su excepcionalidad. El TLC entre los dos países fue tema, menor, en el último debate en TV entre los dos candidatos, llevado por el candidato republicano acusando a Obama de abandonar a un país amigo por no apoyar el TLC. Esto forzó a este último a decir en público las razones por las cuales su partido consideraba que no había condiciones para votar en favor del tratado mientras no se resolvieran temas de impunidad y violencia contra sindicalistas. El gobierno colombiano y el propio Bush después de la elección han reforzado la presión pública para aprobar el TLC motivando incluso a los principales diarios de tendencia demócrata a editorializar en favor de la aprobación del acuerdo comercial. Inicialmente se dijo que el acuerdo de salvamento de la industria automotriz tenía como condición la aprobación del TLC con Colombia pero esto fue luego desmentido.
La política exterior trazada por la nueva administración hace prever que el bastión que representaba Uribe frente a la amenaza de Chávez habrá perdido su valor agregado. Chávez con Obama pierde su agresividad y en parte su retórica, las expectativas cubanas de descongelar la relación con Estados Unidos harán moderar a Chávez frente a Washington y esto reducirá la necesidad de apoyo ilimitado a Uribe. Los dos temas centrales de la relación binacional, TLC y Plan Colombia necesariamente serán renegociados con la nueva administración. Estos temas continuarán en la discusión pero los énfasis cambiarán. El Plan Colombia va en camino de “colombianizarse” lo que quiere decir reducir el aporte norteamericano y cambiará su composición con menos ayuda al componente militar. El TLC tiene pronóstico demorado.
Los éxitos militares, la operación contra alias Raúl Reyes y la operación Jaque fueron el clímax del ciclo de “teflón” del uribismo, que en las actuales circunstancias parece estar en etapa de pre agotamiento. El presidente mantiene altos índices de popularidad (los más altos de América Latina junto con los de Lula Da Silva en Brasil, 74%) aunque se insinúan leves descensos desde las altas cumbres obtenidas después de la operación Jaque. Hay al menos tres elementos que inciden en esta caída en las encuestas: (i) la búsqueda de la reelección por referendo; (ii) la capacidad de conducción del gobierno sobre los asuntos fundamentales del entorno político está comprometida; (iii) los escándalos de corrupción son continuos de modo que un escándalo tapa al anterior.
El ciclo de prosperidad que marcó cinco de los seis años de Uribe pierde dinámica. La crisis mundial tendrá reflejo en Colombia, la meta de crecimiento bajó a 3.5% que algunos estiman aun alta. La profundidad de la crisis está sin determinarse. La “crisis de las pirámides” tendrá también efecto económico general, y efecto social en especial en los departamentos del sur que requerirán algún tipo de apoyo fiscal. En estos departamentos y en otros aunque en menor proporción como Bogotá, las familias con capacidad de ahorro perdieron una parte en “las pirámides”. Esto generará un empobrecimiento general de estas regiones. Se observa desde ya una fractura regional no despreciable entre los departamentos del sur y los otros del país.
Las Farc siguen siendo objeto del mayor rechazo imaginable entre la población colombiana y Uribe simboliza el mejor dique de contención ante este grupo. La retórica del gobierno oscila entre el triunfalismo de que las Farc están casi acabadas, hasta el otro extremo que es atribuir todos los problemas a este grupo. Se señala que están en la marcha indígena, en las protestas de los estudiantes y hasta se les culpa de estar detrás del asunto de las pirámides para desprestigiar la seguridad democrática. El primer semestre del 2009 será clave para el gobierno de Uribe, a los fines de viabilizar su proyecto de reelección, que parecía derrotado a finales de este año, pero que sin embargo, una audaz jugada legislativa de sus partidarios, refloto.
En el ámbito internacional, Colombia es el país más alineado de Suramérica con los Estados Unidos, incluso más que México y El Salvador. Sus relaciones con sus vecinos son permanentemente complejas por las formas en que administra el conflicto interno que tiene permanentes externalidades negativas en sus fronteras. En la actual coyuntura, sus relaciones con Ecuador siguen rotas luego del conflicto de marzo, críticas con Nicaragua e inestables con Venezuela. Colombia participa poco en los foros regionales. Es más partidaria de la OEA que de UNASUR.
Ecuador
En 1997 comenzó en Ecuador un ciclo de protestas populares que en sus picos más álgidos desembocó en la destitución o derrocamiento de tres presidentes de la República. Hacia 1998, bajo el mandato de Fabián Alarcón, los ecuatorianos decidieron involucrarse en un proceso constituyente con miras a devolver la estabilidad política perdida; el resultado más inmediato fue la Constitución número 19 de su historia (“La Constitución del 98”, como popularmente se le conoce). Sin embargo, poco tiempo duró la pretendida estabilidad, pues apenas un año después de promulgada la Constitución, y como producto de las contradicciones entre las expectativas de la población y las políticas del gobierno en turno, el descontento popular volvió a estallar. Los años que siguieron fueron testigos de movilizaciones populares, un golpe de estado triunfante y un nuevo derrocamiento presidencial. En total, el saldo fue de ocho presidentes en el transcurso de diez años (1997-2007) y una profunda desconfianza de la mayoría de los ecuatorianos hacia las principales instituciones estatales (Congreso, sistema judicial, etc.) y los partidos políticos. En ese contexto, hacia comienzos del 2006 comienza a adquirir fuerza la candidatura presidencial del economista Rafael Correa, ajeno a los partidos políticos tradicionales. Su principal bandera de campaña fue la realización de una nueva Asamblea Constituyente de plenos poderes.
Una vez que tomó posesión el Presidente Correa, el 15 de enero del 2007, su primer acto de gobierno fue convocar por decreto a una consulta popular para decidir sobre la realización de una Asamblea Constituyente (Decreto No. 2). El 15 de abril de ese mismo año se llevó a cabo esta consulta, con un resultado favorable de 81,72%. Pocos meses después, el 30 de septiembre, se realizó el proceso para elegir a las y los asambleístas constituyentes. Se escogieron 24 asambleístas nacionales, 100 provinciales y seis representantes de los migrantes (dos por América Latina, dos por Estados Unidos y Canadá y dos por Europa). El resultado de las elecciones fue muy favorable al movimiento político del Presidente. La coalición Patria Altiva y Soberana (PAIS) obtuvo en total 80 de los 130 asambleístas que conformarían la ANC.
La ANC sesionó entre el 29 de noviembre del 2007 y el 24 de julio del 2008, día en que fue aprobado el proyecto de Constitución y la ANC se declaró en receso. Según lo dispuesto por el Artículo 23 del Estatuto de Convocatoria, así como por el Artículo 69 del Reglamento de Funcionamiento de la ANC, luego de la aprobación del proyecto constitucional por la ANC, el TSE convocó a un Referéndum Aprobatorio, el cual se llevo a cabo el 29 de septiembre de 2008. El “Sí” obtuvo 63,93% de los votos; el “No” 28,1%; los votos nulos contabilizaron 7,23% y los blancos 0,75%. En la provincia de Guayas, el “Sí” ganó con el 51,02%, mientras el “No” obtuvo 41,21%. No obstante, en el cantón Guayaquil el “No” ganó con el 46,97%, mientras el “Sí” alcanzó el 45,68%. Sólo en la provincia de Napo el “No” ganó con 55,43%, mientras que el “Sí” llegó al 38,79%. En el resto de las provincias la opción por una nueva Constitución fue la triunfadora.
Ya el CNE convocó para el 29 de abril próximo, las elecciones de los siguientes representantes populares: Presidente y Vicepresidente de la República, parlamentarios andinos, asambleístas, prefectos y vice prefectos, alcaldes municipales, concejales y vocales de las juntas parroquiales rurales. Para estas elecciones, las organizaciones políticas y alianzas que participaron en la elección de asambleístas podrán participar en la contienda, además de otras organizaciones que deberán presentar el 1% de las firmas de ciudadanos correspondientes al Registro Electoral.
En el plano político propiamente dicho, se mantiene el proceso de renovación de elites políticas en un proceso de concentración del poder en la figura del Presidente, siendo sus recursos para ello el aumento sobre el control del Estado, el manejo de los recursos estratégicos y una mayor iniciativa en el área económica. El Presidente Correa mantiene altísimos niveles de popularidad y una buena calificación de su gestión al frente del Estado ecuatoriano, especialmente en lo que respecta al tema con Colombia y con la deuda externa. Su estilo de gobierno guarda una elevada correlación con el de otros presidentes del área andina, en el sentido de que es un Presidente omnipresente y monotemático, mantiene un fuerte estilo popular, usa la confrontación como arma política y mantiene una distancia importante de sus colaboradores políticos e institucionales, de manera de poder distanciarse de la ineficacia en alguna de sus obras de gobierno.
En el ámbito económico internacional esta la mayor actuación de Ecuador en los últimos meses. Además de la recurrencia y oscilaciones de crisis en su conflicto con Colombia, mantiene una crisis diplomática con Brasil y con parte de la Banca internacional. En diciembre, Ecuador dejó en suspenso el pago de 30,6 millones de dólares correspondientes a los intereses de parte de su deuda con organismos multilaterales. La medida fue fundamentada en la existencia de serios indicios de ilegalidad en tramos del pasivo, según lo informado por la Ministra de Finanzas, María Viteri, y descartando así, que el motivo se encuentre en la falta de recursos, pese a que el presidente Rafael Correa había advertido que en caso de que su país sea golpeado por la crisis mundial revisará el pago de la deuda. El desembolso destinado a los bonos Global 2012 (títulos de préstamo adquiridos al 12% de interés) debía realizarse antes de 2009, pero el gobierno resolvió acogerse a un período de gracia de hasta 30 días para analizar el pago.
Esta situación se plantea a raíz de que el Presidente Correa dispuso un año atrás una auditoría del crédito ante sus sospechas de que varios segmentos habrían sido contraídos “de forma ilegítima”, y advirtió que de detectarse irregularidades podría dejar impagos dichos préstamos. La Comisión para la Auditoría Integral de Crédito Público (CAIC), creada por el Gobierno, anunció supuestas irregularidades en algunos tramos de la deuda externa contratados durante los últimos 30 años y recomendó al Estado no pagarlos. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, después de conocer el informe de la CAIC aseguró que intentará no pagar esa deuda “ilegítima, corrupta e ilegal”, y dijo también que su administración buscará a los culpables del presunto endeudamiento externo irregular. Continuó diciendo que Ecuador se retirará de los organismos financieros multilaterales si “sufre chantajes” por su decisión de no pagar la deuda externa que juzgue ilegítima.
Brasil llamó “a consulta” a su embajador en Quito por tiempo indeterminado, siendo esto un paso previo al retiro del embajador y la ruptura de las relaciones. El enojo del Presidente brasileño Da Silva se debería, según dejaron trascender fuentes cercanas al respecto, a la forma en que Rafael Correa había decidido tratar el caso de la deuda de su país con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (estatal brasileño). El mayor disgusto provino del hecho de que Ecuador decidió someter al arbitraje internacional el no pago de un préstamo original de 243 millones de dólares que hoy llega a totalizar 597 millones. El presidente Correa expresó su tristeza por la medida ejecutada por Brasil, sin embargo sostuvo que “no vamos a retroceder en la defensa de nuestros intereses. Esta situación no se resolvió en la cumbre bilateral que ambos presidentes sostuvieron en Brasil en diciembre.
El ALBA realizó una cumbre en Caracas en la que los presidentes del grupo aprobaron una propuesta presentada por el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, para crear una zona monetaria regional que ayude a enfrentar la crisis global. La propuesta fue apoyada en una cumbre extraordinaria del bloque, en la que abundaron los cuestionamientos al sistema financiero mundial y al capitalismo. Correa, que ofició de asesor económico del grupo -Ecuador no integra el ALBA-, explicó que el objetivo es alcanzar un sistema de compensaciones, complementado con un fondo para el cual el presidente anfitrión, Hugo Chávez, ofreció un capital inicial de U$S 500 millones que traería de las reservas internacionales venezolanas. Aprobaron un esquema que intenta alejarse poco a poco del dólar como moneda de uso.
En su visita a Irán, Correa suscribió once memorandos de entendimiento con el Gobierno de Teherán en torno a convenios de cooperación, inversión y transferencia tecnológica. El Gobierno de Irán que posee una avanzada tecnología, está interesado en apoyar la construcción de varias plantas hidroeléctricas en Ecuador, anunció el ministro ecuatoriano de Electricidad, Alecksey Mosquera. Además, dijo que en Irán existe interés por el proyecto Coca-Codo-Sinclaire, el más grande del país andino, con una capacidad de 1.500 megavatios de potencia, que se prevé esté listo en cinco años. El ministro también indicó que autoridades de Teherán le enviarán en los próximos días información sobre tecnología de paneles eólicos de generación eléctrica, y dijo que una misión de expertos en energía de Irán visitará Ecuador en los próximos días.
Perú
El Presidente Alan García asumió la presidencia el 28 de julio de 2006 después de derrotar a Ollanta Humala, líder de Unión por el Perú, en la segunda vuelta. Las características de García se apartan de los rasgos más característicos señalados para los gobernantes de los demás países de la región. En particular, porque su proyecto político está ligado a uno de los partidos políticos protagonistas del siglo pasado, el APRA, y porque el propio García ya había ocupado la presidencia entre 1985-1990. No significa, como sus colegas, un rompimiento con el pasado. No hay Asamblea Constituyente, ni revolución, ni refundación, sino, por el contrario, una suerte de recuperación del fortalecimiento institucional.
En su segundo mandato, García tiene una posición que implica un rompimiento con su propio pasado. Su credibilidad depende de su capacidad para re-institucionalizar al país, luego de la transición del quinquenio de Alejandro Toledo, quien aplicó políticas económicas disciplinadas con resultados macroeconómicos positivos y que facilitan la gestión de su sucesor. El dilema actual del Perú no se limita a las alternativas ‘aprismo’ vs populismo, sino a la efectividad del gobierno de Alan García para erradicar graves problemas acumulados. Entre ellos figuran la lucha contra la pobreza: buscar que los beneficios del alto crecimiento económico heredado del gobierno de Toledo se reflejen en forma más equitativa en la población y cerrar las brechas entre el Perú moderno, urbano y globalizado, y las del país atrasado y rural.
La política exterior del Perú refleja las necesidades del proceso interno. Es decir, fortalecer la institucionalidad, consolidar la normalidad y fijar cimientos para la modernización. Desde el momento de su elección, como presidente electo, García visitó a sus principales colegas latinoamericanos en busca de fortalecer lazos bilaterales. En especial, con Brasil, Chile y Colombia. En su primer año de gobierno ha mantenido esa postura.
García ha fortalecido lazos con Estados Unidos (logró que el TLC entre los dos países fuera considerado con prioridad frente a los de Colombia y Panamá, firmados en la misma época) y con los países más pro estadounidenses (México y Colombia). Con ellos ha buscado consolidar la cooperación para potenciar la política hacia el Asia-Pacífico. Lima será sede en 2008, de la reunión anual de APEC. De particular interés resultan las consecuencias de esta política para las relaciones con Chile, a pesar de las diferencias territoriales.
Con el crecimiento más alto de la región (crecimiento económico durante 88 meses a una tasa de 9% anual) y de las inflaciones más bajas, muchos sectores han mejorado sus ingresos y pocos podrían decir que están peor; la pobreza se ha reducido en varios puntos, aunque las disparidades sociales de carácter étnico siguen siendo acuciantes.
Luego de la incorporación en su gobierno de Yehude Simon, un izquierdista Presidente de la región de Lambayeque, Garcia subió notablemente su nivel de aprobación en las encuestas, pasando de 18% a 41% en apenas dos meses. Para garantizar su gobernabilidad, el gobierno mantiene una alianza con el “fujimorismo” en el Congreso, lo que a la larga le trae compromisos y nuevos problemas políticos.
La intolerancia política y los rasgos autoritarios son también características de la situación actual que han ido agravándose con el paso del tiempo: el discurso del perro del hortelano; los varios intentos de dar leyes para disolver a las ONG con capacidad de incidencia y fiscalización; la acusación de terroristas contra ecologistas y sectores radicales de la izquierda; beneficios, facilidades y hasta pagos indirectos para medios de comunicación y periodistas amigos e incondicionales, y campañas en contra y represalias contra los independientes o críticos.
El tema de la institucionalidad democrática es también ya a estas alturas un motivo de alerta. Y no porque hayan caído todas las reformas que de una u otra manera se habían iniciado con la recuperación democrática, sino porque existen ahora señales de mayor descomposición e injerencia política. La prueba de lo primero es el Congreso actual: bajísimo nivel, improductivo, cero en verdadera fiscalización en relación con lo importante, componendas, innumerables casos de corrupción; todo lo cual explica que su nivel de aprobación esté por los suelos.
Tampoco se cuenta ahora con políticas que permitan enfrentar, con un mínimo de eficacia y respeto por los derechos de la población, las diferentes expresiones de violencia que se producen en el país, el narcotráfico o la actuación de los grupos que quedan de Sendero Luminoso. Así algunas zonas del país, comienzan a convertirse en tierra de nadie, o más bien, en dominios de un conjunto de intereses ilícitos que, de nuevo, no tienen al frente ni un Estado ni una sociedad en condiciones de competir o de enfrentar de manera adecuada.
Sin embargo y no obstante el pujante crecimiento y la estabilidad política, ha sido creciente la protesta social. El paro del 9 de julio fue una muestra de ello. Con muy variadas reivindicaciones, movimientos y gobiernos regionales, así como sindicatos y federaciones sectoriales de trabajadores de la CGTP, levantaron su voz de protesta ante la situación económica por la que atraviesan. El movimiento popular ha buscado darle un curso democrático a estas justas luchas y cerrarle el paso al violentismo. Por eso la favorable acogida que ha tenido la conformación de la Coordinadora Político Social (nacionalismo + izquierda + movimientos sociales) y la convocatoria para junio del 2009 de la Asamblea Nacional de los Pueblos.
Venezuela
Venezuela es un país lleno de contradicciones. En el último Latinobarometro de 2008, aparece como el cuarto país más feliz de la región, mientras que reporta la más alta tasa de victimización de Suramérica y la más alta tasa de homicidios también de Suramérica (58/100.000). Esta crítica situación de su aparato institucional no está siendo atendida en modo alguno, ya que todas las emergías del país están concentradas en el tema político y alrededor de la figura presidencial, que maximaliza todo el discurso y el quehacer político en Venezuela desde hace ya una década.
En las recientes elecciones regionales, el resultado dista de ser claro o de señalar una tendencia a seguir en los próximos meses. El gobierno subió su votación con respecto a la de diciembre de 2007, mientras que la oposición la mantuvo. Aunque la oposición reconquistó zonas urbanas de gran importancia estratégica, no se puede olvidar que la mayoría de las capitales de la región se encuentra en manos de la oposición (DF mexicano, Bogotá, BsAs, Santiago, Lima, SP). También en estas elecciones se hizo de nuevo evidente la elevada polarización que existe en el país, siempre alrededor de la figura del Presidente Chávez.
En cuanto a otros temas coyunturales, cabe destacar que en la actual coyuntura constituye un creciente enigma, la situación en la Fuerza Armada Nacional. Ello debido a presiones de orden estratégico (relaciones militares con Rusia) y político (permanente presencia como árbitros en la vida política). Igualmente es de interés dar cuenta la extrema vulnerabilidad de la economía venezolana. Los problemas de productividad, desabastecimiento alimentario e inflación se han venido profundizando; lo que con la llegada de la crisis económica mundial en este último trimestre del año, amenaza con sumergir al país en una crisis sin precedentes poniendo en peligro de franco retroceso los indicadores de bienestar social alcanzados. Como dato relevante de lo que estamos señalando vale con decir que Venezuela contará en el año 2009 con un tercio del ingreso fiscal petrolero total que obtuvo en el año 2008.
También desde la perspectiva económica se mantiene una aguda crisis de correspondencia con la economía real y el planteamiento del “socialismo en el siglo XXI”: Venezuela ha venido consolidando un poderoso capitalismo de Estado, con algunos espacios abiertos a la inversión privada, con régimen de mercado, pero intervenido estatalmente, a la vez que se promueven iniciativas de la llamada economía social, que apenas registra un aumento de 1,6% en el PIB en una década.
En Venezuela es patente una permanente tensión con el liberalismo, mientras tiene lugar una suerte de compulsión revolucionaria, en el marco de la constante refundación constitucional. En cuanto al tema de la reelección planteado en la agenda política del 2009, es importante señalar que esta búsqueda se da en el marco de una nuevas significaciones políticas en la región, en la edición de nuevos pactos de poder para el logro de la inclusión; a la vez que las mayorías políticas ven con escepticismo o sin interés las formas liberales. En el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, se observa la implantación de revoluciones iliberales, con fetiche electoral que con sus nuevos liderazgos políticos ponen a prueba los conceptos tradicionales de democracia. El planteamiento por la reelección podría ser también muestra del cambio político en la región, ya que no sólo se plantea reelegir a los Presidentes “malos” (Chávez, Morales, Correa), sino también a los “buenos” (Lula, Tabaré).
Sin duda, este proceso de constante renovación institucional va en contravía de la necesaria reconstrucción de instituciones que fueron desbastadas en los 90, lo que lleva a la necesidad para aquilatar las coyunturas políticas, especialmente la del caso de Venezuela, de distinguir naturaleza de los lideres frente a las plataformas que los impulsan, ya que existe una fuerte sobrevaloración de las características del líder debido a la debilidad de los sistemas políticos de referencia.
En el plano internacional, el final de 2008, muestra a una Venezuela que cambio radicalmente su posición internacional de comienzos de 2008, marcada fuertemente por su fallido y estrepitoso intento de liderar un proceso de paz en Colombia. Al cierre del 2008, Venezuela ha establecido una importante alianza militar con Rusia y una fuerte relación comercial con China, lo que ha aumentado su visibilidad extra-región. El gran desafió de la política internacional venezolana en el 2009, lo serán las relaciones con los Estados Unidos, ya que los dos más importantes recursos de poder que mantenía en el plano internacional, como lo fueron el antiimperialismo y la energía, entraran en cuestión, al menos en buena parte de 2009. En la región, Venezuela sigue apostando fuertemente al ALBA, y a sus relaciones con Ecuador, esto en el plano de los países aliados”. Con el resto de países de la región, mantiene una estrecha relación con Argentina, seguida de Brasil. En el caso de Colombia, las relaciones se mantienen con fuertes lazos económicos pero frías en lo político, especialmente hasta que se defina el tema presidencial en Colombia.
CONO SUR
Argentina
La coalición kirchnerista que permitió a Cristina Kirchner ser electa presidenta con el 45% de los votos, muestra hoy grietas y fisuras crecientes, habiendo sido el conflicto con el campo (ahora reanudado) el detonante de esta situación. Se trata ya de una tendencia que es irreversible. Pero como todo fenómeno político, puede acelerarse, demorarse, contenerse o desbordarse.
Las grietas en la coalición hacen más difícil la gobernabilidad en los próximos meses. La forma como desde los bloques legislativos del mismo oficialismo se critican y modifican los proyectos del Ejecutivo en el Congreso es una evidencia al respecto. Pero el gran problema de gobernabilidad es el que surgirá en 2010 y 2011, si es que el kirchnerismo no logra recomponer una coalición electoral que le permita ganar las elecciones legislativas del año próximo.
Hasta ahora, la oposición no logra capitalizar la crisis de la coalición oficialista a nivel nacional. Pero sí lo está haciendo en el ámbito local. En los últimos meses se han realizado elecciones municipales en tres ciudades medianas: Río Cuarto en Córdoba, Bariloche en Río Negro y San Rosa en La Pampa. En las tres, el Partido Justicialista fue derrotado porque el voto no-peronista se unió detrás de candidatos de origen radical. Es probable que la oposición el año que viene se imponga en muchos distritos, incluidos entre ellos Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. A su vez es posible que el peronismo muestre divisiones, con distritos en los cuales se apoyará a Kirchner y en otros no. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, no hay que descartar una división electoral del oficialismo entre quienes se mantengan con Kirchner y quienes no.
El conflicto agropecuario ha marcado una fisura importante al gobierno de Kirchner. La crisis política es la más grave después de la ocurrida en el 2001. La misma empezó por las pretensiones del gobierno de imponer las retenciones móviles y poner un máximo a las ganancias extraordinarias derivadas de la creciente demanda de los mercados mundiales. Los productores reclaman respuestas concretas sobre el nivel de las retenciones, sobre las medidas aplicadas a la carne y a la leche, medidas para hacer frente a la sequía y por la pérdida de rentabilidad por la caída en los precios de los commodities. El poder legislativo rechazó la propuesta de las retenciones móviles, aunque entre los motivos se encuentra ganar tiempo para las próximas elecciones provinciales. Los medios de comunicación social abordan la situación para ponerse en busca de conveniencias políticas y económicas. Los capitales privados se niegan a perder privilegios tenidos desde antaño y no aceptan el intervencionismo estatal por muy moderado que sea y la posibilidad de redistribución de la renta. Y, luego de meses de paralizaciones, se observa la falta de concertación en un proyecto de país.
Los grandes capitales están en juego. La tierra es rentable y esos capitales muchos ajenos al campo, vieron grandes ganancias por lo cual se niegan a que los pequeños productores tomen parte de esas ganancias. De fondo está en juego la política neodesarrollista del gobierno con las ideas neoliberales de los productores a gran escala.
El conflicto ha parado de momento sin embargo, ambos actores quieren capitalizar la atención de la movilización ocurrida en meses pasados de la sociedad civil para atraerla a sus intenciones políticas. Desde el gobierno se quiere capitalizar la imagen de la presidente Cristina Fernández de K. y de esa manera luchar en contra del campo.
En el último trimestre del año ocurrieron 126 conflictos laborales, el 71% de los cuales ocurrieron en el sector privado. La mejora salarial es el reclamo que más realizan los trabajadores. Los reclamos por causas económicas representan el 55% de las protestas laborales. Los conflictos por despidos, suspensiones o crisis en la empresa alcanzan el 26% del total. Fueron homologadas por el Ministerio del Trabajo 410 negociaciones colectivas aumentando 37% en referencia al mismo periodo en el 2007. De las negociaciones homologadas 376 correspondieron a mejoras salariales. Sin embargo, el próximo año no es alentador en materia laboral.
Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se hace justicia en el tema de la democracia sindical. La única asociación legal en Argentina era la Confederación General del Trabajo, afín al gobernante Partido Justicialista. Las federaciones de centroizquierda no podían tener personalidad jurídica por consiguiente, para ser delegado sindical había que pertenecer obligatoriamente a una central sindical. Con la decisión cualquier trabajador puede ser delegado gremial aunque no esté afiliado a ningún sindicato. Es el caso que en la firma de convenios laborales con la empresa privada las cúpulas gremiales se comprometían implícitamente de no designar delegados sindicales.
Las empresas, producto de la crisis económica mundial, reducen sus nóminas lo que repercutirá en las arcas nacionales. El gobierno ha lanzado un plan de ayuda para los trabajadores despedidos. El trasfondo de la inquietud empresarial en el tema laboral radica en la decisión del máximo tribunal de permitir la libertad sindical. Según datos del Ministerio de Trabajo, la participación actual de los trabajadores en comisiones internas es muy baja. Hay apenas 12,8 por ciento de establecimientos privados que cuentan con delegados y el resto carece de delegados. Los empresarios argentinos solicitan al gobierno restringir las importaciones de productos chinos y brasileños. Hay temor en el empresariado que la caída de la economía brasileña inunde de productos de ese país el mercado argentino. El comercio bilateral entres estos países alcanzará la cifra récord de $30.000 millones con un fuerte déficit para los argentinos.
El Ejecutivo Nacional decidió re-estatizar el sistema de jubilaciones privado vigente desde hace 12 años. Con esa medida las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones privadas fueron estatizadas y los fondos por ellas administrados pasarán automáticamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social. El nuevo marco regulatorio comenzará a regir desde el 1 de enero, luego de contar con la aprobación del Congreso Nacional. Con esta medida capitales españoles en Argentina se vieron fuertemente afectados. Otra medida que impactará capitales extranjeros en Argentina es la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. Sin duda que estas medidas han producido un gran impacto político que en el exterior puede interpretarse negativamente.
Es clara la intención del gobierno central en mostrar que el Estado es mejor y más eficiente al de la era Menem. El próximo año Argentina tendrá que hacer frente a sus compromisos externos para lo cual va a requerir una fuerte inyección de recursos económicos que teniendo los efectos de la crisis mundial será muy difícil de conseguir con los bancos internacionales. Las medidas tendrán que impactar para reducir el 40% de argentinos que visualizan la situación actual como negativa. La gestión económica del gobierno es aprobada sólo por el 29% de la población y la imagen positiva de la presidenta es del 28%. El 69% de los argentinos están en contra de las intenciones gubernamentales con las retenciones móviles. Sin embargo, la reestatización de Aerolíneas Argentinas tiene la aceptación del 52% y el rechazo del 40%. Con la renacionalización de los fondos de pensiones y jubilaciones la aceptación es de 45% y desaprobación de 40%. En el 2007 sólo el 17% consideraba que el 2008 sería malo. Ahora, el 39% de la población cree que el 2009 será peor.
Brasil
Con una aprobación del 81% el Presidente Lula es el mejor posicionado de la región. Sin embargo, no se puede determinar lo que ocurrirá por los efectos de la crisis mundial ya que aun no pueden medirse en Brasil. Con una economía emergente, los anuncios presidenciales dicen que Brasil no ha quebrado y no va quebrar. Sin embargo, hay indicadores preocupantes pero que no denotan quiebre de la economía. En el mes de noviembre se contabilizó la mayor fuga de divisas en 10 años. Las condiciones de escasez de créditos internacionales aunado a la merma en la demanda mundial de materia prima ha traído como consecuencia el despido de empleados, paralización de industrias y adelanto de vacaciones colectivas. Las empresas automovilísticas están implementando medidas para hacerle frente a la crisis mundial.
La intervención del Estado ha sido a través del Banco Central. Las políticas intervencionistas tratan de mantener la liquidez del mercado en caso de extrema volatilidad de la economía. Como política económica se inclinan por no restringir la economía. Esta situación ha traído serias diferencias especialmente con los países del MERCOSUR. La diplomacia de Brasilia enfila sus estrategias a reabrir el comercio mundial. Como ejemplo puede citarse las reuniones para concluir la Ronda de Doha.
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Las relaciones con el Ecuador se han visto debilitadas luego que ese país expulsara a la empresa brasileña Odebrecht. El gobierno de Correa aduce que la empresa ha incumplido con las estipulaciones contractuales. Las amenazas de Correa se extendieron a considerar la nacionalización de los pozos petroleros que la estatal Petrobras explota en ese país.
Con las pasadas elecciones municipales se reconfigura el poder local. El Partido de los Trabajadores se quedó con 6 alcaldías, perdiendo las ciudades más importantes: Río de Janeiro, Sao Paulo y Belo Horizonte. Estos resultados no pueden catalogarse a priori como la derrota del PT y un posible viraje en las elecciones presidenciales del 2.010. Ahora bien, queda evidente que la popularidad de Lula no es transferible automáticamente a los candidatos promovidos por éste. La situación referida quedó evidenciada con la derrota sufrida por la candidata de Lula para la alcaldía de Sao Paulo.
En medio de críticas por las relaciones de algunos países latinoamericanos con Rusia, su presidente se reunió con Lula para estrechar los lazos comerciales, militares y espaciales para lograr que ambas naciones se conviertan en potencias emergentes.
Las relaciones con Argentina se mantienen con diplomacia. Ambos presidentes desean avanzar en el uso de una moneda local para el pago de las transacciones comerciales, compra de aviones a la empresa brasileña por parte de Aerolíneas Argentinas, recientemente estatizada, profundizar la colaboración en el sector nuclear, además crear grupos de trabajo bilaterales en áreas de producción, tecnología, infraestructura, defensa y circulación de personas.
Con el Movimiento Sin Tierra, Lula no alcanzó grandes avances este año. Según estimaciones de funcionarios adscritos al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, este año se entregaron tierras a 18.630 familias. Las últimas investigaciones señalan que en Brasil se mantiene el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, impulsado por el avance de los monocultivos como la soja, caña de azúcar, eucalipto y maíz.
El rol regional de Chávez entra en conflicto con el liderazgo de Lula en la región. Hay una marcada competencia por la influencia que ambos pretenden llevar adelante en Argentina, Bolivia y Ecuador, Paraguay, Uruguay, América Central y Cuba. También por la estrategia venezolana de introducir a Rusia como actor estratégico en la región, lo que entra en conflicto con los intereses de Brasil en este campo. Pero la diplomacia brasileña se ha caracterizado históricamente por evitar confrontaciones demasiado abiertas y esto sigue vigente.
Chile
El clima electoral para las presidenciales del próximo año en Chile esta generando reacomodos en la Concertación y en la oposición. El gobierno de Bachelet debe dar respuesta a las necesidades de los chilenos si quiere que la Concertación continúe en el Palacio de La Moneda. El equipo ministerial esta siendo removido con ese fin. En este ambiente se ha desatado una de las mayores crisis de trabajadores públicos por reivindicaciones laborales.
A nivel político la Democracia Cristiana (DC) ha enfrentado cambios en su estructura interna. La presidenta del partido Soledad Alverar, renunció al cargo y a la postulación para las presidenciales. La carrera por la candidatura única de la Concertación será entre Eduardo Frei y José Miguel Insulza, quien ya se comprometió a renunciar en enero 2009 a la OEA.
El ex presidente Ricardo Lagos, se ha retirado de la contienda electoral, luego de esperar habilidosamente el desarrollo de los acontecimientos a lo interno de la Concertación. La dupla PPD-PS (corriente progresista de la Concertación) desea llevar un candidato único para las primarias del oficialismo.
La opción del candidato de la Alianza (centro derecha) sería Sebastián Piñera, quien sigue fortaleciéndose en las encuestas. Una de sus estrategias es buscar alianzas con otros partidos independientes y de ámbito regional. Las encuestas dan a Piñera como posible ganador de la próxima contienda electoral.
Con los resultados de las elecciones municipales se abre un nuevo capítulo para la dirigencia política chilena lo que debería concretarse en propuestas frescas y capaces de ganar la intención de voto del electorado chileno. La Concertación mantiene la idea que con clientelismo se apoya irrestrictamente la gestión pública local. Con todos estos resultados electorales los chilenos se están inclinando a la centroderecha, dejando la centroizquierda que desde los ´80 había calado en el país.
Chile ratificó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y pueblos tribales en países independientes. Este convenio promueve la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos originarios al garantizar el respeto a su identidad social, sus costumbres, tradiciones e instituciones. El avance es significativo en un país con un considerable grupo indígena. Este instrumento declara a los indígenas sujetos de derechos colectivos, lo que significa reconocerles derechos políticos, participación en el congreso, en los municipios y gobiernos regionales, derechos consuetudinarios a tierras, territorios y recursos naturales.
La economía chilena debe prepararse a escenarios de baja en los precios del cobre. El plan de reajuste de Codelco cuenta con varios puntos: congelamiento de nuevos ingresos laborales, restricciones en las asesorías y honorarios profesionales, mantener los planes de expansión y en caso de requerir nuevo personal proceder a la contratación, tener planes de austeridad sin disminuir la seguridad del personal ni la del medio ambiente.
Según el Informe de Seguimiento de la Educación 2008 emitido por la Unesco, Chile es el país en el que hay menos diferencias en el acceso a la educación escolar entre estratos sociales, la condición social no muestra mayor influencia para egresar del sistema de básica o de media. El país invierte el 18,5% de su presupuesto en educación. El acceso a educación también reseña el avance que el país ha tenido en materia de género. La inversión beneficia a las mujeres quienes tienen mayor garantía de acceder a la educación universitaria. Por lo cual la versión del Informe Global de Brecha de género reporta que Chile pasó del puesto 86 que ostentaba en el 2007 al 65 en este año. Sin embargo, las condiciones laborales de muchas mujeres siguen siendo desfavorables. Chile es el país con más iniquidad en el tema de género de la región.
Paraguay
Después de los primeros meses de gobierno comienzan a destaparse los escándalos de corrupción, luego de seis décadas de que los Colorados detentaran el poder. Sin embargo, en lo económico las divisiones y protestas son notorias. Los productores de soja se oponen a la creación de nuevos impuestos, además de criticar los comentarios del presidente Lugo en la ONU cuando denominó a los productores sojeros como terroristas por el uso indiscriminado de los agrotóxicos. En respuesta los productores se quejan de la inseguridad y de las invasiones a tierras.
Hay fuertes intereses políticos por debilitar al gobierno, que no tiene mayoría en el Parlamento y con un Presidente y su tren ministerial aprendiendo el oficio de gobernar. Esta imagen ha generado desconfianza en el empresariado lo que avizora conflictos entre gobierno-sectores productivos por la falta de claridad en las políticas gubernamentales.
Los productores de soja ya amenazaron con no vender ese producto por no contar con seguridad jurídica y física, lo que amenazaría a la economía de ese país. Con lo de agro tóxico, hace referencia a la soja transgénica introducida en Paraguay en 1999 de forma ilegal, lo que ha originado muertes de campesinos e indígenas, malformaciones en recién nacidos, múltiples enfermedades en los hombres, mujeres y niños; además de ríos y tierras contaminadas.
El FMI en misión técnica al Paraguay ha recomendado no aplicar exoneraciones impositivas bajo el concepto de incentivos fiscales, además de eliminar los beneficios establecidos para los dividendos y utilidades. En referencia al sistema de maquila, sugieren restringirlo o controlarlo estrictamente a una delimitación física.
La sociedad paraguaya aboga por una reforma agraria regida por los canales constitucionales de respeto a la propiedad privada y la seguridad de las personas. Desde el gobierno se ha dejado claro que la reforma agraria exigida por todo el país no puede hacerse en un clima de violencia ni irrespetando la Constitución Nacional. Los campesinos sin tierra no descartan las invasiones masivas de tierras, si el gobierno no responde oportunamente a sus peticiones. Ellos exigen el cumplimiento de acuerdos históricos y exigen la entrega de 30.000 hectáreas. También hay dirigentes campesinos paraguayos afirmando que Paraguay está siendo invadida por colonos brasileños. Los productores agropecuarios piden seguridad en el campo para poder trabajar y producir y de esa manera garantizar la producción en el país ya afectada por la reducción de la compra de los commodities y de los precios.
Los acuerdos firmados entre el gobierno de Paraguay y Venezuela ha dejado dividido a diversos sectores políticos por las materias que tocan como: energía, medio ambiente, agua dulce, salud y educación. El acuerdo para abrir la agencia de Telesur en Paraguay fue rechazada por el Congreso lo que evidencia una vez más las confrontaciones entre ambos poderes.
A propósito de la crisis financiera mundial, en Paraguay se busca limitar sus efectos a través de ajustes fiscales que implicarían el aumento de la tasa del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos, cigarrillos, además de crear nuevos impuestos y eliminar algunas exoneraciones fiscales. En cuanto al agro, se crearía el impuesto a las ganancias en auge.
Brasil, Argentina y Paraguay representan casi el 60% de las exportaciones mundiales de soja, y la demanda creciente de China e India ha llevado a los productores a dedicar más extensiones de tierras a esos cultivos, y pese a los precios decrecientes y a una disputa con el gobierno por los impuestos a la exportación, es poco probable que los productores cambien sus planes de siembra. Además que hay productores que se niegan a los planes gubernamentales de restringir la cosecha a ciertas áreas.
Los paraguayos siguen migrando hacia Argentina, USA y España. Muchos son estafados en la búsqueda de ofertas laborales, otros son víctimas de la explotación y de la trata de personas.
Con Brasil comienzan las negociaciones para aumentar el costo de la energía que el Paraguay vende a ese país. En el Parlasur se revisarán los acuerdos entre ambos países por el manejo de la hidroeléctrica Itaipú.
Uruguay
La carrera por las elecciones presidenciales comenzó en Uruguay. La izquierda de ese país muestra divisiones que afectarían la permanencia del Frente Amplio en el palacio de gobierno. A pesar de las fuertes tensiones a lo interno de esa coalición, la misma se mantiene con el 40% de piso político. Pero la oposición unida tiene el 46% en intención de voto.
El Frente Amplio se muestra reactivo ante las decisiones emanadas del presidente Tabaré Vázquez. Los casos más emblemáticos son la promulgación de la ley que despenaliza el aborto y la de educación. En el primer caso el veto del presidente pondrá fin a la división. Sin embargo, la bancada frentista estudió llevar el veto al Congreso a pesar de no tener los votos suficientes para levantarlo. En el caso de la ley de educación el partido Comunista se negó a seguir la línea del Frente Amplio y votó en contra de la aprobación de esa ley.
El tema de la despenalización del aborto se suma a las objeciones de la ley que avala el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad por ser considerada la vía para aceptar el matrimonio y la adopción homosexual.
El otro punto de fricción fue la designación que hizo el Frente Amplio del Ministro de Industria, Daniel Martínez como candidato a las próximas elecciones, ignorando la intención de Vázquez de apoyar a Daniel Astori, y en segundo caso a José Mújica. Esta postulación trajo consigo la división.
Por el Partido Nacional suenan Luís Alberto Lacalle y Larrañaga. Este último supera a Tabaré Vázquez en las encuestas por un 49% contra 46%. Con la dupla Mujica-Astori hay un empate a 48% con el Partido Nacional. Dentro de la bancada blanca Luis Alberto Lacalle mantiene la preferencia electoral con un 46%, seguido de Larrañaga con 45%. Los indecisos blancos suman el 5%. En este panorama se mantiene la incertidumbre de la reelección de Tabaré Vázquez.
Hay que tomar en cuenta que el próximo gobierno deberá aplicar un ajuste fiscal o efectuar una reducción de los gastos para mejorar los signos de la economía de ese país sureño.
La inseguridad comienza a preocupar a los uruguayos. La delincuencia desborda la capacidad de respuesta de los entes policiales. Se han presentado muerte de delincuentes en manos de sus victimarios. Ahora bien, el problema de fondo es la tenencia de armas en manos de civiles. En este sentido Latinobarometro 2008 señala que la mitad de los ciudadanos están dispuestos a tolerar algún grado de violación del ordenamiento legal con el fin de capturar a los criminales. Se entiende esta percepción cuando la cuarta parte de la población ha declarado haber sido víctima de la delincuencia en el último año.
Por estimaciones de la Cancillería hay 700 mil uruguayos viviendo en el exterior. La información del cuerpo diplomático y consular hay 501.806 uruguayos fuera del país, con los descendientes llegan a los 700 mil, lo que representa 2,1% de la actual población del país.
En materia educativa se han escuchado voces en contra de las apreciaciones de la Ministra de Desarrollo Social al fustigar a la educación privada y calificarla de excluyente y elitista, además de catalogar a los jóvenes cursantes de la educación media privada de vivir en un mundo aparte. Desde el senado se dice que no se puede interponer la mejora de la educación pública denigrando a la privada.
Las críticas al sector educativo estatal son variadas pero las más agudas son la no implementación de planes de mejora en la educación secundaria, etapa donde se generan los mayores índices de deserción escolar, y proseguir con una sola universidad pública con un volumen de estudiantes que sobredimensionan sus capacidades. El Frente Amplio quiere aprobar una ley de educación que tiene fuertes críticas del magisterio. La medida ha impulsado al llamado a huelga y a la instalación de una carpa gremial (al estilo argentino) frente al Palacio Legislativo. El proyecto de ley no cuenta con el apoyo de la izquierda uruguaya.
La agenda laboral no es alentadora. El gobierno aceptando presiones de los sindicatos generó un clima de tensión con los trabajadores lo que ocasionó que los empresarios firmaran acuerdos salariales de difícil cumplimiento solo respetables disminuyendo la masa laboral. Estas prácticas han supuesto el fracaso de los consejos salariales impulsados por el Ejecutivo Nacional, aunado al clima de conflictividad generalizado a causa de los movimientos sindicales.
La bonanza económica en Uruguay trajo consigo la expansión de las discusiones con los sindicatos lo que les otorgó poder. En la recesión mundial, Uruguay tendrá que negociar con los grupos sindicales para no caer en inestabilidad política. La opinión de la OIT se contrapone a la visión del gobierno uruguayo en fijar la ronda salarial como el ámbito para la discusión de todos los aspectos de las relaciones laborales, además de catalogar a las ocupaciones como extensión del derecho a huelga.
Los empresarios uruguayos quieren reimpulsar el comercio con Brasil para lo cual se mantienen discusiones que permitan el ingreso de productos uruguayos al mercado brasileño. Con Argentina el gobierno uruguayo quiere instalar una planta regasificadora, sin embargo el enfriamiento de las relaciones políticas entre ambos países y detalles técnicos han generado demoras en la ejecución del proyecto.
Para el mundo en general, 2008 fue un año lleno de sorpresas y de crisis. Para la región de América Latina, fue un año de conflictos internos y de búsqueda de caminos para garantizar el desarrollo y la superación de la desigualdad y la pobreza.
En el plano económico, la región, con sus diferencias entre subregiones y países, tuvo un quinto año consecutivo de crecimiento, lo que le permitió seguir acumulando excedentes para la reducción de la pobreza y la desigualdad en la mayoría de países. En el plano político, la región atravesó dos severas crisis: la bilateral resultante del bombardeo de Colombia a Ecuador para dar muerte a Raul Reyes, segundo hombre de las FARC de Colombia, en marzo, y la nacional derivada del conflicto suma-cero de Bolivia, luego del referéndum revocatorio presidencial, en el cual Evo Morales salió ratificado con el 63% de los votos, en septiembre. Estas dos crisis requirieron la participación intensa de la región, a través de dos instancias, el Grupo de Rio y la UNASUR.
En el plano internacional, el desarrollo económico de Brasil le permitió alcanzar el estatus de “global player” y participar activamente en la fracasada Ronda de Doha, mientras Rusia, China, Irán y Francia, ampliaron de varias maneras sus relaciones con la mayoría de países.
El presente documento contiene una sección principal que ofrece una visión general de la región, teniendo en cuenta especialmente en esta coyuntura los impactos de la crisis financiera global y el próximo cambio de gobierno en los Estados Unidos. También prestaremos atención a la profusa dinámica de integración desarrollada en estos últimos meses. Finalizaremos con el análisis de las características más relevantes de las subregiones.Se ofrece finalmente un anexo con los rasgos más característicos de la mayoría de los países.
De acuerdo al proyecto original quedan aspectos cruciales que investigar. Será posible subsanar estas deficiencias en próximas entregas en la medida en que tengamos acceso a la información requerida y contemos con las colaboraciones necesarias desde los centros sociales que operan en la región.
Nuestra próxima entrega está prevista para el mes de mayo 2005.
II.- CRISIS MUNDIAL
La noticia más importante a nivel global en este último trimestre de 2008, lo fue, sin duda, la crisis financiera y su deletéreo impacto en el mundo entero. Estados Unidos, la Unión Europea, Asia y el G20 han entrado en una recesión económica con futuro incierto todavía. En EEUU, país origen de la debacle, esta crisis económica no parece tocar fondo, ya que día a día se siguen conociendo nuevos anuncios de quiebras masivas de bancos y empresas emblemáticas. Dicho país se encamina a un déficit sin precedentes, mientras siguen aumentando los rescates. El déficit comercial norteamericano supera los 700.000 millones de dólares con tendencia a subir. El último pedido semanal de subsidios de desempleo es el más alto en 26 años. New York ya muestra el record de homeless en las calles y el FMI acaba de pronosticar que la crisis continuará por lo menos hasta 2010. Pero el dato más relevante y preocupante desde el punto de vista económico, es que en noviembre 2008 se registró una deflación de 1,7%, la más alta desde 1947.
Por otra parte, Bush visitó Irak y Afganistán, despidiéndose de las tropas en un acto cínico de justificación de ambas guerras, que tanto perjuicio le han causado a la humanidad y al sistema internacional. El Secretario de Defensa de los Estados Unidos (Robert Gates) -que continúa con Obama- dijo que las tropas de Irak han iniciado el proceso de retirada, a la vez que anunció el envío de 12.000 hombres más a Afganistán, lo que anticipa la línea del nuevo Presidente en ambos conflictos.
En Europa se confirma con creces la recesión económica, la cual puede ser aun más compleja que la de Estados Unidos, por los límites de la institucionalidad europea para la recuperación financiera. La Cumbre de la UE realizada en Bruselas (en la que se impidió un atentado de Al Qaeda contra ella, paralelo a otro desmantelado en París en el centro de la ciudad) resolvió reducir los gases del efecto invernadero, lanzó un plan de rescate de 200.000 millones de euros para los 27 países que la integran y aprobó crear una fuerza europea de 60.000 hombres que puede ser movilizada en dos meses para actuar fuera del continente, al margen de la OTAN. Rusia también asumió que está en recesión, y aunque no se sumó al acuerdo de la UE sobre el clima, apoyo la reducción en la producción de petróleo propuesta por la OPEP.
En lo que respecta a América Latina, y según afirma la CEPAL en su último informe del 2008, el crecimiento económico disminuirá significativamente en casi todos los países de la región en 2009, lo que provocará de inmediato un aumento del desempleo y la pobreza, un menor gasto social y servicios del gobierno, una caída de las reservas y un incremento de la deuda pública externa e interna. Estos problemas confluirán con los estructurales no resueltos en el reciente quinquenio de la abundancia: no hubo cambios de fondo (ni diversificación productiva, ni saltos tecnológicos), y pese a ser el propósito político de muchos de los actuales gobiernos, este crecimiento no se tradujo en una reducción sustantiva de la pobreza, ni mucho menos de la desigualdad, lo que dio como resultado la persistencia de algunas de las crisis estructurales en un contexto de prosperidad. En cuanto a la crisis actual, lo que se desconoce aún es qué tan pronunciado será el descenso en el crecimiento económico ni cuáles serán sus repercusiones sociales y políticas. Según los analistas económicos, ello dependerá de cuatro factores, ninguno de los cuales es fácil evaluar todavía.
Un primer elemento a considerar es la profundidad y la duración de las recesiones en EU y Europa, y el declive del crecimiento en Japón, China e India. La visión optimista es que la economía estadounidense debería recobrarse en un año máximo, pero esto se basa fundamentalmente en los precedentes históricos. Todos los pronósticos sobre las actividades financieras y económicas han resultado ser demasiado optimistas, tanto en EU como en casi todo el resto del mundo (incluyendo China, donde el crecimiento anualizado en este trimestre podría caer a casi a la mitad de su ritmo en el 2007). Los masivos paquetes de estímulos y de rescate que EU y países europeos están conformando para atender los problemas, parecen estarse quedando cortos en su objetivo de reconstruir la confianza de los consumidores e inversionistas y de descongelar los mercados de crédito. Hay una manifiesta incapacidad tanto de analistas como de funcionarios económicos para identificar la verdadera vulnerabilidad de la economía de cada uno de los países, lo que ha contribuido a la incertidumbre y a la imprevisibilidad permanente. Nadie parecía saber, por ejemplo, que los sectores privados de Brasil y México habían realizado enormes inversiones en instrumentos derivados de alto riesgo, apostando en esencia a que el peso y el real eran invulnerables a una depreciación. Todo esto sugiere que las naciones de Latinoamérica deben estar preparadas para sufrir resultados peores a los que ahora se están proyectando. Podría tratarse de un periodo prolongado de bajo crecimiento y un ritmo menor de recuperación, similar a la crisis deudora de los 80, que llevo a la región en esa coyuntura a un crecimiento sin precedentes de la pobreza y la desigualdad social.
Un segundo factor a tomar en consideración, es cómo responderán a la crisis Estados Unidos y las naciones de Europa y Asia. ¿Hasta qué grado avanzarán hacia estrategias internacionales de mayor cooperación que consideren los intereses de otros países, o cederán ante las presiones políticas internas y se centrarán en sus propias necesidades? ¿Mantendrán sus economías abiertas o es probable que haya un mayor proteccionismo? ¿Aumentarán los nuevos recursos disponibles para las organizaciones financieras multilaterales o para préstamos directos a Latinoamérica? La reciente reunión del G-20 en Washington fue desalentadora porque los acuerdos logrados fueron principalmente en torno de reformas para prevenir la siguiente crisis, con pocas ideas concretas sobre cómo atender la crisis actual y sobre todo, las consecuencias para las regiones pobres del planeta. Los ofrecimientos de créditos a las economías emergentes de la región podrían volverse imposibles si la crisis se prolonga y las condiciones internas en Estados Unidos y la UE se deterioran.
El tercer tema es: ¿cómo responderán las naciones latinoamericanas mismas a los problemas económicos que enfrentan? Parece existir un consenso entre economistas de que, incluyendo a Chile, las naciones de Latinoamérica carecen de la capacidad fiscal que se necesita para implementar las políticas contra cíclicas requeridas en la presente coyuntura. A diferencia de los gobiernos de Estados Unidos o de la UE, no cuentan con los recursos necesarios para estimular sus economías, ayudar a sus bancos y corporaciones, subsidiar a sus consumidores, defender sus monedas y proteger a grupos vulnerables.
Cuarto y a consecuencia de todo lo anterior, es probable que surjan tensiones políticas y mayor polarización, en casi todos los países, por lo que las decisiones económicas serán un asunto de mayor conflicto. No hay que olvidar que en la crisis económica de los 90, 13 presidentes de la región tuvieron que abandonar sus cargos antes de que se venciera su periodo constitucional.
Lamentablemente, existen reales probabilidades de que el panorama económico y político de Latinoamérica cambie en forma dramática. Una depresión profunda o prolongada, particularmente si se combina con una contracción fiscal aguda, podría hacer desaparecer los impresionantes avances económicos y sociales de los últimos cinco años en la región; entre los cuales están la aceleración de la expansión económica, el aumento de las reservas y la disminución de la deuda, reducciones históricas en la pobreza, una clase media floreciente y avances hacia una distribución más justa del ingreso.
Esta crisis es diferente a las otras que han azotado a las economías latinoamericanas en los últimos años. Es un asunto global, en el que todas las economías importantes del mundo sufren de restricciones de crédito, escasez de capital de inversión, contracción de mercados, desempleo al alza y un futuro incierto. Latinoamérica es hoy una región profundamente globalizada. Más que nunca antes, su crecimiento y prosperidad dependen de las economías de Estados Unidos, Europa y Asia. Probablemente pasará bastante tiempo antes de que esas naciones tengan otra vez la capacidad de ofrecer a los países latinoamericanos los mercados de exportación y el capital (en forma de préstamos, inversiones y remesas) que necesitarán para reavivar su destino económico. Así pues, en el tema del crecimiento y del acceso al crédito internacional, a la región le esperan días complicados, que afectaran las posibilidades de su desarrollo social y económico.
Otro fuerte impacto que la crisis económica y financiera tendrá sobre la región será a través de las remesas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al menos unos 12 millones de adultos envían dinero a sus familiares en sus países de origen mensualmente. El volumen de la masa dineraria es cercano a los 60.000 millones de dólares anuales, cifra que ya en 2008 sufrirá una merma de alrededor un 20%. Los países que se verán más afectados por la disminución del flujo de remesas son México y Centroamérica, Ecuador, Colombia y Bolivia.
A pesar de las afirmaciones en contrario, la crisis económica global si tendrá un importante efecto en todos los países, afectando y ralentizando no solo sus posibilidades de crecimiento económico en el próximo quinquenio, sino también los logros alcanzados en los últimos años en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad.
III.- ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
Para una región que cubre a una población de más de 143 millones de habitantes en ocho países, el recambio en la administración del complejo industrial-militar estadounidense implica modos diversos de relación con la región en particular con América Latina.
Barack Obama y el Partido Demócrata recibieron un amplio mandato para el cambio. No sólo ganaron el Poder Ejecutivo Federal, sino que también pasaron a controlar prácticamente la Cámara de Representantes y el Senado y a tener la mayoría de gobernaciones en el nivel estadal.
Con un poder de esa magnitud, la interrogante es ahora cuál será la envergadura del cambio que lleve a cabo Obama. Primero, es fundamental subrayar que Obama expresa el cambio, pero no la revolución: no habrá mutaciones radicales, profundas y decisivas con su elección debido a la compleja realidad estadounidense y los límites actuales de la política en Occidente, así como el alcance promisorio pero acotado de las promesas de su campaña hacia la presidencia. En segundo lugar, es probable que las transformaciones internas sean más decisivas y elocuentes que las externas, a pesar de que estas últimas puedan tener importancia simbólica. El mayor reto doméstico es la configuración de una coalición sólida y renovada que apoye una agenda estrecha de reformas medianamente progresista, restaurando las libertades civiles confiscadas en este periodo, además de la recuperación económica del país, tarea no menor dada la magnitud de la crisis.
La impronta social, cultural y política que ha dejado el conservadurismo en el último cuarto de siglo es un legado difícil de revertir en lo inmediato; exige paciencia y osadía y demanda un alto nivel de participación ciudadana. Ordenar la casa en términos económicos y financieros implicará tomar decisiones drásticas y en pos de una redistribución de poder a favor de los grupos sociales más carenciados y los sectores genuinamente productivos. Desmilitarizar la política externa y defensa de EE.UU., acelerada durante los dos gobiernos de George W. Bush, no es una misión fácil.
Como presidente, Obama hereda dos legados funestos de la era Bush -mala reputación internacional y crisis económica-, que condicionarán la agenda doméstica e internacional. Pero, por otro lado, contará con una mayoría amplia del Partido Demócrata en ambas cámaras del Congreso, lo cual facilitará el desarrollo de sus programas. Los dos factores incidirán en el futuro de la relación con el mundo y con América Latina.
En el frente externo no se pronostican giros categóricos debido a la magnitud de la crisis interna, aunque hay dos promesas de campaña que Obama debe cumplir: desmantelar Guantánamo y retirarse de Irak. El primer tema deberá vencer complejas consideraciones legales internas y el segundo, el acuerdo que intenta concretar Washington con Bagdad antes de fin de año. En otros aspectos no menos importantes, Obama se mostró ortodoxo: por ejemplo, avaló la guerra preventiva, cree que la guerra en Afganistán es una “buena guerra” y no se ha deslindado suficientemente del influyente lobby israelí. La designación de Hilary Clinton como Secretaria de Estado, preanuncia los compromisos y limitaciones que posiblemente caracterizarán el inicio de la política exterior del gobierno Obama.
En relación con América Latina, los anuncios de campaña, los resultados electorales y los potenciales responsables para el área son datos relevantes a tener en cuenta. Obama prometió normalizar la relación con Cuba y en este sentido podría haber avances inesperados. Ni Venezuela ni Bolivia fueron objeto de una retórica hostil y se presagia un compás de espera para evitar un mayor deterioro de las relaciones. En la frontera próxima también está el caso de Haití: cuando asuma Obama en 2009 ya habrán pasado cinco años de la intervención político-militar avalada por la ONU en 2004; una misión que estabilizó precariamente el país, pero que no puede seguir allí indefinidamente. La sensibilidad del nuevo presidente frente al tema de los derechos humanos se puede llegar a expresar para el caso de Colombia. Para Argentina éste podría ser un tópico de vinculación provechosa dado el lugar de los derechos humanos en la política exterior de Cristina Fernández.
El desplome financiero y el inicio de una etapa de recesión obligarán al nuevo gobierno a reducir el gasto público. Es factible que los desembolsos al extranjero, en particular en temas controversiales como defensa, sean sujetos a recortes, lo cual podría dar lugar a una disminución rápida -no gradual- de la ayuda que recibe Colombia. La crisis económica también hará que el Ejecutivo y el Legislativo sean más refractarios al libre comercio, lo que generará un clima difícil para la aprobación de los tratados previstos para Colombia y Panamá.
Consideraciones especiales merecen el caso de México y Brasil. México se ha transformado del caso a imitar en los noventa a país problema en esta primera década del siglo XXI. Obama anunció su interés de reabrir y enmendar el Nafta; algo que incidirá en las relaciones mexicano-estadounidenses. El avance del crimen organizado y el auge del narcotráfico en México, así como el delicado tema de las migraciones pueden colocar a ese país en un lugar privilegiado de interés pero también negativo en cuanto a las iniciativas. Por su parte, Brasil se ha tornado cada vez más indispensable para Washington: alianza estratégica en materia de biocombustibles (algo que Obama quiere profundizar), seriedad en el manejo de la crisis financiera actual, proveedor de estabilidad en la vecindad, entre otros aspectos.
En términos generales, América Latina reviste de poco interés para Estados Unidos en este momento, mientras que no existe por ahora ninguna otra potencia que ponga en peligro el control geoestratégico de esta área, no obstante la presencia de otros actores extra regionales como Rusia, China y hasta Irán que han profundizado sus vínculos políticos y comerciales con algunos gobiernos sudamericanos.
Sin embargo, es posible adelantar algunos de los temas que estarán presentes en la agenda EU-AL:
Narcotráfico (Barack Obama se ha mostrado favorable a los US $400 millones otorgados por el Plan Mérida para combatir el narcotráfico en México y América Central),
Crimen organizado
Migración (Obama dijo durante la campaña que los controles fronterizos deberían ser más estrictos y también que es necesario desarrollar un conjunto integral de reformas que establezca un camino hacia la regularización migratoria),
Comercio exterior (a los inicios de la campaña Obama señaló la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, pero hacia el final de la contienda se retractó de la posición inicial)
Derechos Humanos: con el retorno de los demócratas al gobierno, es predecible que este tema se revalorice de nuevo en la agenda internacional de los Estados Unidos. Con ello se le prestara especial atención a Colombia.
Energía y ambiente: Durante su campaña electoral, Obama se refirió en varias oportunidades a la necesidad de reducir la dependencia energética de los Estados Unidos de países foráneos, asi como la urgencia de destinar fondos federales para promover el uso de tecnologías alternativas para la producción de energías.
Del 17 al 19 de abril de 2009 se realizará la Quinta Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Trinidad y Tobago, en la que se podrá calibrar mejor la postura del nuevo presidente estadounidense con respecto a la región en su conjunto y cuáles serán los temas en los que hará énfasis su administración. La región en su conjunto es en esta coyuntura mas independiente y mas critica de la política exterior de los Estados Unidos. Sin embargo, esta relativa autonomía no le ha servido a la región para proyectar a nivel global los temas del desarrollo. Es deseable, asi pues, que en esta coyuntura de cambio mundial la voz de la región sea mas audible en ese y otros aspectos.
IV.- LA REGION EN SU PROCESO DE INTEGRACION
América Latina muestra en su seno posiciones divergentes acerca de temas cruciales, tales como las formas de la democracia (representativa o participativa), los modelos de desarrollo y de integración, la administración de los acuerdos energéticos, el manejo de los problemas de seguridad y las relaciones con los Estados Unidos. Estas diferentes perspectivas no solo son patentes entre los países mas “alineados” con los Estados Unidos, sino también entre los países mas hacia la izquierda o más progresistas. La diferencia de posiciones sobre estos temas claves ha dificultado el proceso y la velocidad de la integración regional, en uno de los contextos políticos y económicos más favorables para ella.
Vamos a detenernos en algunas consideraciones sobre el proceso seguido por UNASUR y en los resultados de la última reunión colectiva de Presidentes latinoamericanos, realizada en Brasil a finales de 2008, denominada “Combo Cumbre”, ya que se realizaron 5 reuniones de diferentes que intentaban articular diferentes espacios de integración.
La Unasur es una comunidad política y económica que integra a los doce países independientes de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Surinam). La Unión se oficializó el 23 de mayo del 2008 en Brasilia, donde se firmó el tratado constitutivo. Durante esta cumbre, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue elegida presidenta ´pro tempore´ de la organización por un periodo de un año. La Secretaría General del organismo se encuentra temporalmente en Brasilia, pero tendrá sede permanente en la ciudad de Quito (Ecuador), mientras que el Parlamento de la Unión se localizará en la ciudad de Cochabamba (Bolivia). Paradójicamente, uno de los temas más complicados de UNASUR y diferido para abril del 2009, es el nombramiento de su Secretario General, ya que el candidato propuesto por Ecuador, el ex presidente de Argentina Néstor Kirchner, ha sido vetado por Uruguay debido al conflicto que mantienen ambos países por las “papeleras”, y dicho nombramiento requiere unanimidad y consenso. Previa a la reunión de diciembre, UNASUR se reunió en Chile en septiembre, para tratar la grave crisis de Bolivia. La reunión de urgencia fue convocada por la presidenta pro tempore de la Unión, Michelle Bachelet (luego de recibir una advertencia de Evo Morales de que se estaría ideando un golpe de estado en Bolivia), con el fin de fijar una postura en común entre los integrantes con respecto a la peor crisis política que vive ese país desde que asumió Morales.
La reunión concluyó con un comunicado por parte de todos los mandatarios, donde manifestaron el pleno respaldo al gobierno de Morales, y el rechazo a un “golpe civil”. Incluso exigieron, como condición para el diálogo entre las partes del conflicto, la devolución de las instituciones del Estado tomadas por la oposición. Del mismo modo, condenaron la masacre producida en Pando el 11 de septiembre, y acusaron a los accionistas de querer desestabilizar la democracia.
La práctica unanimidad sobre la importancia de dicha Cumbre no oculta la existencia de algunos problemas, comenzando por el hecho de que hasta el momento la Unasur es más una instancia de coordinación política que de integración regional, que pese a la casi unanimidad en la valoración del conflicto boliviano la coincidencia se limita a algunas cuestiones y no agota la agenda o los roces por el liderazgo entre Brasil y Venezuela, ni ha limado las asperezas entre Ecuador y Colombia o Ecuador y Brasil.
Después de la Cumbre, la UE apoyó la declaración de la Unasur en defensa de la democracia en Bolivia. La decisión se aceleró por la presión de Bolivia y Venezuela denunciando la existencia de ciertas tramas golpistas, unas impulsadas por los prefectos opositores y otras por EEUU. La expulsión de los embajadores norteamericanos en La Paz y Caracas, y las denuncias sobre la violencia opositora, especialmente tras la matanza de Pando, reforzaron la tensión sobre Unasur. La espiral de violencia en Bolivia, donde tanto el gobierno como la oposición autonómica habían decidido movilizar a sus bases en defensa de sus posiciones, influyó sobre el éxito de la convocatoria.
Uno de los motivos que aumentó la sensibilidad de algunos gobiernos de la región es el temor frente al potencial separatista de la media luna boliviana. En sus casi 200 años de vida independiente, los países latinoamericanos no habían conocido fenómenos de esta naturaleza. La Cumbre extraordinaria de Santiago supuso el primer desafío concreto para Unasur, que fue superado de forma exitosa. Los mandatarios allí presentes abordaron de un modo realista la crisis boliviana, intentando resolver o encauzar el conflicto de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que en Bolivia se juegan importantes cuestiones, no sólo para el futuro y la integridad de Bolivia, sino también para la propia estabilidad de América del Sur. Desde esta perspectiva fue clara la apuesta por el mantenimiento del status quo y la defensa de las autoridades legítimamente elegidas.
El balance de la Cumbre de diciembre 2008 en Brasil, es dispar, según cada uno de los países. Por ejemplo a Cuba, que no pertenece a ningún foro y solo recientemente admitido en el Grupo de Rio, le fue bastante bien, tomando en consideración los acuerdos que realizó con México, Brasil, Argentina y Chile y la solicitud unánime de todos los países de la región a Estados Unidos para que ponga fin al embargo de 50 años. Sin embargo, al país anfitrión, Brasil, no le fue como esperaba, ya que no logró sus objetivos de minimizar sus conflictos con Ecuador y Paraguay, tampoco los acuerdos propuestos en MERCOSUR tuvieron lugar. Solo logró formalizar una iniciativa ya aprobada, el Consejo Suramericano de Defensa.
Brasil buscó en estas cinco reuniones sucesivas en pocos días ordenar su estrategia regional, en momentos que la influencia de los EEUU en la región puede ser la menor de la historia. Las recientes visitas de los presidentes de Rusia y China a la región y la presencia de la flota rusa -que no sólo realizó ejercicios navales con Venezuela sino también con Nicaragua y Cuba, además navegó por primera vez en 60 años el Canal de Panamá- son una evidencia al respecto. Pero esta singular presencia también pone en evidencia que Brasil no ha llegado a sustituir la influencia de EEUU en la región. Washington hoy ve con buenos ojos un liderazgo más eficaz de la primera economía de América Latina en lo político y estratégico y por esta razón no cuestiona iniciativas como el Consejo de Defensa de América del Sur integrado por los doce países de UNASUR, que excluye a los EEUU. América Latina vive así una situación estratégica muy particular, con Washington perdiendo influencia y replegándose, Rusia avanzando en lo estratégico-militar, China en lo comercial y Brasil asumiendo gradualmente un rol de mayor liderazgo, pero sin llegar a compensar todavía el vacío de EEUU ni neutralizar la influencia de potencias extra-continentales como Rusia y China.
La crisis financiera y su efecto para la región no fue suficientemente analizada en dicha Cumbre. La región muestra estar en una especie de etapa china de la “revolución” regional: que surjan mil flores —ALBA a medias, MERCOUR casi en KO, CAN, ya en KO, UNASUR sin cabeza, mientras siguen las iniciativas. No todo de ello es malo: lo complicado es que el rompecabezas de la región puede estallar en las manos en cualquier momento si no se sabe administrar estas ansias de autonomía. Una última observación: excepto por el tema de Cuba, no se articuló una agenda de la región para presentarle a Obama en la reunión de abril, con lo que la OEA podría renacer, incluso con un nuevo secretario general dada la casi inminente renuncia de Insulza, toda vez avanza su candidatura presidencial en Chile.
V.- LA REGION POR SUBREGIONES
América Latina mantiene enormes diferencias internas, según las subregiones: México y Centroamérica y el Caribe, los Andes y el Cono Sur. La subregión de México y Centroamérica está fuertemente marcada por su enorme dependencia de los Estados Unidos, sus marcadas deficiencias sociales y su aguda crisis en el aparato institucional y estatal responsable de la seguridad y la administración de justicia. El Caribe muestra una complejidad muy heterogénea, teniendo en común sus graves deficiencias económicas y altos niveles de pobreza. En América del Sur es posible efectuar cortes zonales distintos. Uno político-institucional muestra una diferencia entre el arco andino y el Cono Sur. En los Andes predomina la inestabilidad, los grados de polarización social son altos, la conflictividad es ascendente, el papel de los militares en la política interna es activo y las crisis domésticas de distinto tipo parecen facilitar el despliegue de actores exógenos. En el extremo sur del continente se observan signos de crispación social y radicalización ideológica pero los niveles de tensión socio-política son aún controlables, las dificultades socio-económicas parecen manejables, el control civil de las fuerzas armadas es más sólido y la democracia no está en entredicho.
Una segunda distinción de tipo económico-comercial muestra un contraste entre la Sudamérica del Pacífico y la Sudamérica del Atlántico. Los países del Pacífico--Colombia, Perú y Chile—miran más hacia Estados Unidos: los tres le asignaron un rol clave a los tratados de libre comercio alcanzados con Washington. Tres países del Atlántico—Venezuela, Brasil y Argentina--han pretendido mermar el ritmo de concreción del Área de Libre Comercio de América (ALCA) y proyectar una estrategia económica más diversificada. Ecuador y Uruguay, a cada lado de los océanos, parecen re-orientar su perfil: Quito (que aún preserva la dolarización de su economía) distanciándose relativamente de Washington; Montevideo acercándose lentamente a Estados Unidos.
En el plano político, son irrefutables e irreversibles los éxitos de la democracia política. Pero la región todavía está lejos de lograr la democracia económica y social, ya que persiste la falta de garantías para la satisfacción de los derechos económicos y sociales. Se ha sugerido que en América Latina lo que hay en realidad son democracias con escasa capacidad estatal y de baja intensidad de ciudadanía, lo que está en el núcleo mismo de los impedimentos para alcanzar la democratización social. Según varios analistas, la democracia en América Latina está en un proceso de re-conceptualización, en el que se debe buscar, necesariamente, una definición maximalista, que tenga en cuenta la creciente utilización de los mecanismos de democracia directa, las nuevas expresiones de la política a través de canales no convencionales y la ampliación de la esfera pública por parte de grupos históricamente excluidos del ejercicio de la política. Hay más democracia, pero las sociedades exigen una mejor democracia.
Las tensiones sobre la democracia no solo provienen de la pérdida de espacio de las instituciones liberales, patente especialmente en la región andina: dichas tensiones también provienen de las dificultades del sistema político para el logro de la inclusión social y la extensión efectiva de la ciudadanía. Los déficits democráticos se observan especialmente en el área andina, ámbito en el que es mucho más obvia la tensión entre democracia y liberalismo. Existe en los Andes una polarización abierta sobre el modelo de democracia y una fuerte tirantez entre refundación y reformas. Los actos refundacionales de la democracia son consecuencia de la emergencia de las nuevas identidades políticas. La preocupación sobre la calidad de la democracia en la región andina contrasta con el entusiasmo democrático de sus sociedades, como revela los últimos Latinobarometros. Ecuador, Bolivia y Venezuela son, junto a Uruguay, los países en lo que más se apoya la democracia en la región. Por ello, la calidad de la democracia debe evaluarse a la luz de las especificidades regionales.
En el caso de México y Centroamérica, la subregión registra niveles de desempleo con tasas superiores al 40% de su población económicamente activa en varios de los países, índices de pobreza que sobrepasan en algunas de sus naciones el 70% de la población viviendo con insuficiencia patrimonial, así como pésimos niveles en los índices de desarrollo educativo, de estándares de salud y de índices de salubridad que afectan el bienestar de grandes grupos de la población pueden bloquear intenciones de integración entre México y las naciones menos desarrolladas de Centroamérica.
El progreso de los programas de atención social en las naciones centroamericanas no ha sido equiparable a las tasas de crecimiento de las economías. La región sufre otras disparidades sociales que acentúan la dificultad de la superación de sus graves problemas de inseguridad y debilidad institucional. El PIB per cápita varía desde USD 2,100 en Nicaragua, hasta USD 8,700 en Costa Rica y USD9,000 en México. Mientras que Costa Rica produce cerca al 19% del PIB regional centroamericano y tiene casi el 9% de la población, Nicaragua produce tan solo el 3% del PIB regional y tiene el 1.5% de la población.
La distribución del ingreso se manifiesta en coeficientes de Gini que oscilan entre 46 % para Costa Rica hasta 56% en Honduras y Guatemala y casi 60% en Nicaragua. Adicionalmente, la relevancia de la población indígena que varía entre 10 y 40% del total de la población en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y que vive en condiciones de graves rezagos e inequidad impide justa traducción y aceptación de cualquier acuerdo de integración en estos sectores de la población. Junto a esta situación social de vulnerabilidad, el problema de la seguridad es común en esta subregión: narcotráfico en México, maras en Guatemala y El Salvador, crimen organizado en los tres países.
En Centroamérica hay al menos cuatro países que tienen gobiernos electos con una definición social demócrata de centro izquierda, o de centro, en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá; un gobierno de izquierda radical, de inspiración populista, en Nicaragua, y frente al único gobierno conservador que sobrevive en la región, el de El Salvador, campea la perspectiva del triunfo electoral del FMLN en la próximas elecciones.
Por otro lado, puede advertirse que respecto a Centroamérica hay tres polos de influencia muy claros: el de Venezuela, propiamente, el de México, y el de Brasil, países que de alguna manera disputan un liderazgo a nivel continental.
El Cono Sur, parece evidente la revalorización del Estado y la reorganización de la sociedad intentando moderar y disciplinar el poder del mercado. Hay una vuelta de lo estatal pero no del estatalismo; esto es, se detecta un esfuerzo por recuperar un papel trascendental del Estado pero sin que éste asuma un rol central y excluyente en el ámbito productivo. Hay un renovado énfasis en lo nacional pero no en el nacionalismo; esto es, impulsar la defensa y promoción (en lo socio-económico y lo político-cultural) de lo propio pero sin una exaltación de todos los órdenes y de manera expansiva de lo autóctono. Hay un regreso de lo popular pero no del populismo; esto es, surgen prácticas de mayor politización, participación e inclusión social pero no la aplicación de políticas económicas despilfarradoras y deficitarias, de exacerbación de pugnas de clase y de desafío retórico a actores externos. Hay más sensibilidad por el desarrollo pero no por el establecimiento de un proyecto desarrollista; esto es, se procura ampliar el mercado interno, generar empleo y promover a la burguesía nacional pero sin definir un nuevo modelo intervencionista e industrialista.
En el Cono Sur han ocurrido, concurrentemente, avances políticos importantes: una mujer socialista en Chile, un trabajador de origen izquierdista en Brasil, un político progresista en Uruguay, un mandatario electo a modo de outsider que termina con seis décadas de hegemonía del partido Colorado en Paraguay y una peronista con inclinación centro-izquierdista en Argentina han alcanzado la presidencia. Posiblemente ello era imposible en los setenta e impensado en los inicios de los noventa.
Las dificultades que enfrentan y los límites que evidencian las naciones del Cono Sur son el resultado de la acumulación y potenciación de problemas históricos no resueltos antes que el producto de la radicalidad de las propuestas o medidas impulsadas desde el ejecutivo. La variedad de grados de fortaleza/pobreza institucional que exhiben los países de la zona responde a factores ligados al estilo de liderazgo, la voluntad política, la calidad de la administración pública, los niveles de viabilidad y legitimidad de las políticas diseñadas y aplicadas, entre otros.
La gobernabilidad parece salvaguardada en la sub-región del sur, pero la consolidación de sistemas democráticos plenos está distante. Otra vez, con elementos distintivos de cada país, la desigualdad social sigue siendo un asunto preeminente, el imperio de la ley continúa débil, la representación política está cuestionada, la violencia cotidiana aumenta y la corrupción no se supera. La democracia en el Cono Sur no está en entredicho pero si erosionada por un conjunto de fenómenos y dinámicas que persisten y en algunos casos se profundizan. Uno de los retos fundamentales de las actuales experiencias reformistas en la zona es mostrar que es posible combinar crecimiento económico con más justicia social, mejor regulación estatal y mayor participación política.
Por su parte, la visión externa sobre la región de los Andes es la más crítica de la región. Dicha visión, especialmente la de Estados Unidos, tiende a enfatizar aspectos críticos o disfuncionales sobre el panorama político actual. El alejamiento de los países andinos de las tendencias mayoritarias en relación a la consolidación democrática formal, la fragmentación y falta de consenso; la exacerbación de situaciones de conflicto, y la simpatía hacia modelos económicos rentistas, populistas o heterodoxos, componen una situación, según estas visiones, de extremada vulnerabilidad. La denominada “radicalidad” andina, está atravesada por procesos de velocidades varias, entre los que destacan, profundos cambios político-institucionales, procesos innovadores de diseño de un Estado mas democrático, nueva gestión de los recursos naturales, reconstrucción de las mediaciones políticas y replanteamiento de la vinculación con la globalización. Ni en el ámbito suramericano, ni en el regional, existe consenso sobre cómo tratar la complejidad política de la crisis andina.
Sin embargo, esos mismos fenómenos dentro de la región tienen otra mirada. La de una búsqueda de un nuevo concepto de democracia. Con diferentes énfasis y con profundas distinciones sobre sus orígenes, los cinco países andinos han intentado modelos cuasi-revolucionarios de rompimiento con el pasado que coinciden con el cambio de siglo y se producen en forma simultánea con las transformaciones del entorno internacional.
¿Cómo catalogar el incipiente modelo político? Para empezar, habría que decir que la evaluación de los regímenes actuales se ha convertido en uno de los temas principales del debate político dentro y fuera de la región. Los discursos presidenciales tienen un alto contenido mesiánico y reclaman un favorable quiebre con un pasado de corrupción, control político desde arriba e injusticia social. Incluyen términos como ‘refundación’, ‘revolución bolivariana’, ‘revolución ciudadana’, ‘democracia directa’, ‘estado comunitario’, entre otros. Por el otro lado, quienes comparan los actuales regímenes políticos con los de democracias avanzadas o con ideales planteados en el nivel académico, encuentran que varios de sus elementos son autoritarios y antidemocráticos: la concentración de poder, la falta de oposición institucional y de contrapesos, el ejercicio caudillista y personalizado del poder presidencial, entre otros.
La búsqueda de un modelo político propio y que encaja con el momento histórico de la región ha conducido a la consolidación de una nueva democracia, en términos políticos. Comparten ciertas características políticas, entre las que destaca una insatisfacción generalizada con el status quo económico, la persistencia de graves problemas como la pobreza, la desigualdad y los problemas sociales y la lucha contra la corrupción. Además, es importante tener en cuenta que la región andina concentra a la mayoría de países productores de energía y a los países con mayor población indígena del sur de América. En este contexto, destaca lo común del corte caudillista de los gobiernos andinos, su débil institucionalidad, la erosión de las prácticas democráticas, y el uso de la reforma constitucional para concentrar el poder que han hecho Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia (Perú hizo lo propio una década atrás) son características importantes de la política.
ANEXO
LA REGION POR PAISES
MEXICO
El clima de inseguridad en México rebasó todos los índices históricos de criminalidad. En sólo 23 meses, de enero de 2007 a noviembre de 2008, que corresponden a lo que va de la administración de Felipe Calderón, 48 millones de personas fueron víctimas de algún delito, se registraron 20.000 secuestros y 10.500 personas fueron ejecutadas por el crimen organizado. Lo que es peor, 98,76 por ciento de los crímenes queda impune, lo que obliga a rediseñar la estrategia de seguridad pública.
Al presentar el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman mexicano destacó la impunidad que reina en el país, pues sólo el uno por ciento de las víctimas de algún delito accede a la Justicia. Un indicador es que se denunciaron menos de cuatro secuestros por cada 10 cometidos, es decir, 5140. Muchas de las muertes violentas tienen que ver con el secuestro, que registra una tasa diaria de siete secuestros. Las cifras oficiales demuestran que en 2004 el promedio de secuestros era de 1.4 por día mientras que para 2007, dos personas eran privadas de la libertad diariamente.
Para muchos mexicanos el tema de la inseguridad es el segundo en importancia después de la corrupción. El problema de la seguridad ha adquirido un nuevo giro importante por sus consecuencias muy negativas en la sociedad mexicana. El Narcotráfico ha penetrado a todos los estamentos de la vida pública y privada de ese país. Durante el periodo considerado han sido abundantes las informaciones en prensa sobre la vinculación de varios cuerpos policiales con los diferentes carteles de la droga que operan, ya sea pasando información, dando protección o sirviendo de escolta a figuras del narcotráfico.
Los carteles del narcotráfico se encuentran expandidos desde el sur (donde reciben la droga proveniente de Colombia) hasta el norte (sitio de paso a EE.UU.) Su crecimiento ha sido tan rápido que prácticamente abarca a todo el territorio nacional. El Centro Nacional de Inteligencia contra las Drogas en Estados Unidos señaló que 195 ciudades mexicanas padecen el problema del narcotráfico. Las grandes cantidades de dinero que manejan les han permitido financiar una expansión considerable, financiar grandes ejércitos privados con armamentos numerosos y de todo calibre. Lo que pone en cuestionamiento serio sobre el monopolio del uso de la violencia de parte del Estado.
Según datos aportados por autoridades mexicanas existen actualmente siete poderosos carteles: Tijuana, Juárez, Colima, del Golfo, Oaxaca, Sinaloa, Valencia, que operan en diversos puntos en el país. Algunos de estos conforman estructuras organizativas más amplias como en los casos de los carteles de Sinaloa, Juárez y Valencia, los cuales han conformado la “Federación”. Los mismos negocian con todo tipo de drogas: cocaína, marihuana, opio, heroína y metanfetaminas. No todas son de importación como ocurre mayoritariamente con la cocaína. En el caso del opio y la heroína, México se ha convertido en el tercer productor a nivel mundial. Es el principal proveedor extranjero de marihuana (posee grandes extensiones sembradas de estas drogas) y metanfetaminas (es el sexto país a nivel mundial en incautación de estas drogas de laboratorio, lo que da idea de las magnitudes que se manejan) a Norteamérica.
Las disputas entre estos carteles ha contribuido enormemente a elevar los altos índices de criminalidad y violencia en México. Las masacres de trabajadores, pobladores, miembros de la policía o la muerte en enfrentamientos de miembros de la policía y el ejército es expresión de esta confrontación. La respuesta del Estado ha sido totalmente ineficaz. A modo de efectismo político, se ha militarizado varias zonas del país (se habla de un despliegue de unos 45.000 efectivos militares) en un vano intento de contener el accionar de los ejércitos privados ligados a los diferentes carteles, que de paso tienen infiltrados los más altos niveles del aparato de justicia en México. En alianza con EE.UU. se ha implementado el Plan Mérida, un plan similar al Plan Colombia, cuya efectividad en la misma Colombia ya está siendo puesta en duda en el Congreso de los Estados Unidos.
Frente a esta grave situación, el gobierno federal presentó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, que mediante 75 puntos pretende depurar y fortalecer las instituciones policiales y de procuración de justicia, con énfasis en el combate al secuestro, lavado de dinero y crimen organizado. El acuerdo fue aprobado por unanimidad en Palacio Nacional, durante la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), por los representantes de los tres poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y dirigentes de organizaciones civiles. Para conocer su efectividad, habrá que esperar su desarrollo en los próximos meses.
En el tema económico es importante señalar, que desde el punto de vista estructural y a pesar del TLC, la economía esta en declive. Cabe destacar que la producción petrolera de México, continua marcando la baja al igual que los precios del petróleo. Las estimaciones de las autoridades económicas mexicanas previeron una inflación para el 2008 de 3% con una variación de +/- 1%. La balanza comercial sigue siendo deficitaria cada vez más, situación que no se ha superado al menos en los dos últimos años.
Otros hechos que están afectando a la economía mexicana es la fuerte demanda de divisas que incide de manera directa en los niveles de reservas internacionales. En el mes de octubre, en apenas 72 horas, las reservas disminuyeron en 8.900 millones de dólares. Para mantener el tipo de cambio, el gobierno gasto el 20% de sus reservas para mantener el tipo de cambio. Los bancos extranjeros han comenzado un peligroso juego de exportar capitales en dólares a sus casas matrices, sin perder de vista que actualmente más de 90% del sistema de pagos está en manos de bancos que son subsidiarias de instituciones financieras internacionales, según revelan informes oficiales. Por otro lado, 16 de las más grandes empresas del país, con niveles de endeudamiento a corto plazo en moneda extranjera, presionan aun más la fuerte demanda de dólares registrada en el mercado interno de divisas, lo que ha obligado al Banco de México a intervenir en varias ocasiones.
Las remesas, una importante fuente de financiamiento de la economía mexicana, se van reduciendo, gracias al impacto de la crisis en Estados Unidos y la menor capacidad de disponer de dineros extras para enviar desde ese país hacia su país natal. Prácticamente la totalidad de las remesas son enviadas desde Estados Unidos, donde radican más del 98% de los más de 11 millones de mexicanos que viven en el exterior. Según el Banco de México las remesas entre enero y octubre sumaron 19.970 millones de dólares, una baja de 1.92% frente al mismo periodo del 2007, cuando ascendieron a 20.362 millones de dólares. En los primeros nueve meses del 2008, la caída había sido de 3.7%. Las remesas son la segunda fuente de ingresos de divisas para México, sólo detrás de la exportación de crudo. Por otra parte cada vez más miles de mexicanos comienzan a retornar en la medida en la que crisis económica norteamericana se profundiza, a lo que habría que añadirle las deportaciones de delincuentes y de migrantes en situación irregular desde el norte. Hasta 2008, 500 mexicanos eran expulsados de México hacia los Estados Unidos, mientras que en noviembre de 2008, han regresado en promedio 1500 mexicanos diariamente, provenientes de Estados Unidos.
En el periodo analizado se dieron dos grandes movilizaciones y luchas sociales con cierto nivel de incidencia en la sociedad mexicana: la huelga de docentes y la discusión de reforma legal para la privatización parcial de Petróleos de México (PEMEX).
La huelga del Magisterio se debió a múltiples factores que venían desarrollándose de manera autónoma hasta confluir en un crisis que estalla cuando la “dueña” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) propone una reforme educativa llamada la Alianza Educativa. Ello ocasionó que seccionales sindicales de maestros se declararan en huelga agrupados en el Movimiento Magisterial de Base. En algunos casos las confrontaciones implicaron enfrentamientos y choques con las fuerzas represivas del estado que actuaron de manera desproporcionada en contra de los maestros. Otros de los factores que entraron en el conflicto fueron la exigencia de reestructuración del SNTE, la desaparición de sus cacicazgos y la crítica a la idea del sindicato como suma de patrimonios familiares, la denuncia sobre los altos niveles de corrupción de los delegados y altos directivos sindicales y los mecanismos turbios en el otorgamiento de plazas de maestros.
El conflicto con PEMEX, se inicia con la iniciativa del poder central de hacer modificaciones al marco legal para permitir la parcial privatización de la empresa petrolera pública. Ello provocó una reacción social en contra de tal medida. Este movimiento que logró movilizar a la sociedad con un instrumento que llamaron Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, al que también se le sumó el Frente Amplio Progresista, en el que se nucleaban, ciudadanos, militantes de partidos de izquierda, intelectuales, artistas, estudiantes, terminó siendo copado por el particular estilo de López Obrador, que lo utilizó para mantener su imagen en la palestra pública. Las miras cortas del movimiento y el liderazgo personalista impuesto por Obrador terminó haciendo languidecer el Movimiento.
Por otra parte el estado mexicano no ha podido desmontar el grave conflicto político-social en Oaxaca, teniendo medidas fuertemente represivas. Como es el caso de las radios comunitarias a las que se les han realizado repetidas amenazas, cierres, hostigamiento, censura, persecución, desmantelamiento de los proyectos libres y comunitarios, desaparición y asesinato de periodistas y comunicadores.
Un hecho paradójico viene mostrando la administración del Presidente Calderón. Mientras se muestra incapaz de contener la criminalidad y el narcotráfico, utiliza con eficacia la policía para reprimir fuertemente la protesta social. Mientras el andamiaje judicial es sumiso al poder, ya sea económico o del narcotráfico, criminaliza y castiga a toda disidencia social.
Desde el punto de vista político, funciona prácticamente en México un bipartidismo operativo entre el PAN y el PRI. El Congreso se mantiene dividido en tres tercios, lo que permite bloqueos legislativos importantes al gobierno federal
En el ámbito internacional, Mexico mantiene cautela frente a lo que serán las nuevas políticas migratorias para la región, mientras trata de ampliar sus relaciones con el resto de América latina, como una manera de compensar años de aislamiento de la política regional, debido a su estrecha relación con los Estados Unidos. Una prueba de ello es su reacercamiento con Cuba, en la reciente Cumbre de Brasil, tratando de recuperar su supremacía en sus relaciones con el Caribe y especialmente con Cuba, en base a su relación histórica con la isla.
Guatemala
El Presidente Colon mantiene una popularidad de 44%, pese a que la situación económica del país no hace sino empeorar y se mantiene una tasa de 49 homicidios por cien mil habitantes, lo que significa un promedio de 17 homicidios por dia los cuales mantienen un 98% de impunidad, así como los linchamientos.
El informe elaborado por el Programa Nacional de Desarrollo Humano (PNUD) describe que, según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006 (Encovi), existen 1.9 millones de asalariados de un total de 5.4 millones de trabajadores activos. Este pequeño porcentaje de trabajadores asalariados percibió un ingreso promedio de Q3 mil 040 al mes, que en conjunto equivale a un 31.6 por ciento del PIB. Guatemala tiene 80% más desigualdad que otros países. La distribución de la riqueza refleja una marcada desigualdad, al punto que un pequeño porcentaje de empresas y trabajadores asalariados concentran el 39.3 y 31.6% del PIB, mientras que el 93% restante de las empresas y el 64% de la PEA del país se conforman con apenas el 29.1% del ingreso nacional.
En cuanto al tema económico, Guatemala muestra un positivo crecimiento económico del 4,5% para 2008, proyectado por el FMI. En relación con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), la evaluación de los supuestos beneficios para Guatemala están en tela de juicio. Los efectos positivos macroeconómicos que se preveían con la firma de este tratado no son visibles por ahora. Por el contrario, el crecimiento de las exportaciones de las naciones firmantes, el ingreso de más empresas y la generación de empleo no se han producido.
A finales de octubre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que la crisis financiera mundial ha provocado una desaceleración en el crecimiento del envío de remesas familiares de los inmigrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos. Su representante en Guatemala informó que las remesas enviadas por los inmigrantes a sus familiares en lo que va de este año han tenido un incremento del 10%. Sin embargo, señaló que se observa una desaceleración en el crecimiento que había mantenido arriba del 20% anual en los últimos años. Quiere decir que en los últimos años, los ingresos de las familias en el país, se han visto impulsados por las remesas familiares que representan 12% del PIB. Sin las remesas, la pobreza en el país se incrementaría en 3%, y la extrema en 4% por ciento, lo que implica que cerca de 900 mil personas no son pobres gracias a los envíos.
Otros de los fuertes problemas que enfrenta esta nación centroamericana, es el de la seguridad ciudadana, que tiene varios frentes: el narcotráfico y sus actividades conexas, la delincuencia social, linchamientos, campañas de limpieza social y las actividades de la Maras. Existen elementos para señalar que los poderosos carteles de la droga en México se han extendido con ampliamente en territorio guatemalteco, se señalan que hay pistas de aterrizaje, es lugar de refugio a narcos menores, lugar de tránsito de drogas, reclutamiento de personal para los ejércitos privados, lavado de dineros provenientes del tráfico de drogas.
Ante ésto, el mismo Presidente Colon ha señalado la poca capacidad del Estado para controlarlos, manteniendo medidas fundamentalmente simbólicas como el despliegue de tropas del ejército en las zonas controladas por los narcotraficantes. Estos grupos vinculados al narcotráfico manejan gran poder económico y por tanto político, poniendo en juego la estabilidad de la institucionalidad del Estado. En el informe “Mapa de la Violencia” de la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA) señala que Guatemala tiene una tasa de 55,4 jóvenes asesinados por cada 100.000 habitantes, y una tasa de homicidios general de 3.403 ocupando el cuarto lugar en América Latina.
En cuanto a las maras, cabe destacar que esta forma de asociacionismo delincuencial ha tenido en los últimos años un crecimiento indetenible, que según estimaciones serias, manejan a través de sus negocios más de 120 millones de dólares al año.
Guatemala mantiene una fuerte relación con México y contrario a lo que se esperaba, no se ha sumado al ALBA y ha contenido sus relaciones con Venezuela, incluso en el área energética, no obstante su crítica relación social. Para Guatemala, su prioridad en política exterior es el tema de la seguridad, ya que el mismo es el que representa una fuerte amenaza a su estabilidad institucional, incluso más que la pobreza, que en ese país es crítica.
El Salvador
En el último semestre de 2008, lo central en El Salvador gira en torno las elecciones presidenciales del 2009. Dos son los contendientes principales en esta medición electoral. Un ex director de la Policía Nacional Civil y un periodista. Uno del partido en el gobierno ARENA y el otro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Todas las encuestas dan como favorito del electorado salvadoreño al candidato del FMLN.
Los candidatos que dominan el panorama electoral hablan de cambio. Por una parte Rodrigo Ávila (ARENA) habla de renovar a la derecha con un componente social más fuerte. Cuenta con un partido más cohesionado, amplia experiencia en el manejo de la institucionalidad del estado, además de contar con los apoyos incondicionales de los sectores de la burguesía que tiene un tremendo peso en las decisiones políticas de los presidentes.
Del otro lado, Mauricio Funes (FMLN), propone cambiar a la izquierda para que deje las usuales tradiciones ortodoxas, pactar con la empresa privada y hablar con todas las fuerzas sociales. En este sentido sus propuestas se salen de la línea política radical que tradicionalmente ha mantenido el FMLN. No hay que perder de vista que Funes no es un militante del Frente, es un candidato extra partido. La antesala a las elecciones de presidenciales de marzo son las elecciones legislativas y municipales, en donde están en juego 262 alcaldías, 84 diputaciones nacionales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). En esta oportunidad el electorado podrá marcar una tendencia fuerte para las elecciones presidenciales.
La disputa en torno a la derogación o no de la Ley de Amnistía y la defensa del mantenimiento del neoliberalismo en el plano económico, evidencia en donde están los campos de luchas de las fuerzas políticas en pugna.
La derecha encabezada por el actual candidato de Arena, con fuertes alianzas con las burguesías y un amplio sector militar, ven con recelo que el FMLN derogue la Ley de Amnistía bajo el argumento de que sería muy peligroso para la estabilidad del país. Por su parte el FMLN se encuentra en una contradicción fuerte entre la organización y el candidato presidencial. Funes ha sostenido públicamente que no derogará la Ley de Amnistía, pero el FMLN desde el año 2006 mantiene la necesidad de buscar los mecanismos legislativos o judiciales para derogar la Ley de Amnistía.
El programa de gobierno del candidato presidencial del FMLN no supone cambios sustantivos al modelo económico actual, que deje entrever una posible afectación del actual patrón de acumulación del capital. La convergencia parecer ser virar hacia el centro, centro izquierda o centro derecha. Sin embargo, es de hacer notar que vista la elección de Funes desde el punto de vista de agotamiento de la derecha, que ha gobernado desde hace dos décadas, puede significar un paso para desbloquear el sistema político y plantearle a la sociedad salvadoreña la posibilidad de otras alternativas políticas posibles.
Un tema de singular importancia en El Salvador, lo es también el de la seguridad ciudadana. Con las tasas más altas de homicidio en Centroamérica (60 por cien mil habitantes, según estima el PNUD), conjuntamente con Guatemala, en El Salvador se manifiesta de la forma más grave el problema de las Maras, siendo las más conocidas y las que ponen en riesgo la estabilidad institucional del país, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Este es un tema central también en las campañas electorales y tiene enorme incidencia las ofertas de su resolución, que hasta ahora se han caracterizado por proponer “mano dura”.
El plano internacional, la polarización alrededor de Venezuela y la influencia de Hugo Chávez mantienen una fuerte impronta en la campaña electoral presidencial. Al candidato Funes lo han señalado de tener relaciones con Chávez, asi como al FMLN, lo cual ha obligado al candidato presidencial tomar posiciones de distancia con respecto a Venezuela y la propuesta del “socialismo del siglo XXI”. Otro país que guarda gran influencia en El Salvador, lo es Estados Unidos, debido a la amplia vinculación de su actual Presidente, con el Presidente Bush. Sin embargo y dado el inminente cambio de gobierno en Washington, El Salvador acaba de anunciar el retiro de sus tropas en Irak, considerando el cambio que sufrirá en el corto plazo, dicho conflicto internacional.
Nicaragua
Desde su nuevo ascenso al poder en 2006, Daniel Ortega no atravesaba una coyuntura tan compleja y difícil como la actual. Presidente del segundo país más pobre de la región, después de Haití, su desafío era enorme, dada la complejidad de la crisis energética que sigue atravesando el país, así como la crisis económica. En cuanto a su popularidad, es el mandatario menos confiable del continente americano; lo que ubica a Nicaragua en el penúltimo lugar de la lista regional, según el estudio “Barómetro de las Américas 2008: Desafíos para la Democracia en América Latina”. El 33.3 % de los nicaragüenses confía en el Presidente, cinco puntos porcentuales menos de los votos con los que resultó electo. Todo indica que los nicaragüenses están frente a una seria crisis institucional que pone en juego la gobernabilidad de Nicaragua, a lo que habría que sumar el descontento por las precarias situaciones de las personas en medio de una crisis económica global.
Esta crisis politica fue desatada por el resultado y el manejo político de la elección de alcaldes y concejales a la que concurrieron 3.400 candidatos. La elección del 9 de noviembre se decidió, como en anteriores oportunidades, entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda). Casi cuatro millones de nicaragüenses fueron convocados a las urnas en medio de una gran polarización política, que se convirtió en la práctica en un plebiscito sobre la gestión del presidente Daniel Ortega. Los minoritarios Partido Resistencia Nicaragüense (PRN, ex “contras”), Acción Cristiana (evangélico) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN, derecha) también participaron. El Movimiento de Renovación Sandinista y el Partido Conservador quedaron fuera de la justa electoral tras la anulación de su personería jurídica por el tribunal electoral.
El mismo dia de las elecciones, se levantaron las primeras acusaciones de fraude, las cuales se concentraron especialmente en la ciudad de Managua. El Consejo Supremo Electoral (CSE), luego de un recuento de todas las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), confirmó como ganador al candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Managua, Alexis Argüello con un 51.32% sobre el 46.58% que obtuvo Eduardo Montealegre, candidato a alcalde por Alianza PLC. El Reconteo se realizó a solicitud de la Alianza PLC, que desconoce los resultados de los tres informes del CSE. A nivel nacional, el CSE, otorgó al Frente Sandinista 105 alcaldías en todo el país, de las cuales 13 corresponden a las cabeceras departamentales de Managua, Chinandega, León, Jinotepe, Ocotal, Somoto, Rivas, Masaya, Matagalpa, Jinotega, Estelí, San Carlos y Juigalpa. La alianza encabezada por el Partido Liberal Constitucionalista obtuvo sólo 37 alcaldías, de las cuales tres corresponden a las cabeceras departamentales de Boaco y Granada y la cabecera regional del Atlántico Sur, Bluefields. El partido Alianza Liberal Nicaragüense asumirá cuatro alcaldías.
Dadas las reacciones frente a los resultados cabe preguntarse ¿qué estaba en juego con esas elecciones?. La oposición las planteo como un referéndum en contra de lo que ellos denominan la dictadura de Ortega, como una forma de expresar el rechazo de la población al “autoritarismo”. Por su parte, el “sandinismo ortegano” planteó también las elecciones como un referéndum en el cual los alcaldes electos pertenecientes a su tolda política garantizarían una mayor vinculación con el gobierno para una mejor implementación de los programas sociales, a la vez que se reforzaría el grado de apoyo a su propuesta y gestión política.
En el trasfondo político de la crisis continua estando el pacto antinatural entre el sandinismo-ortegano y el liberalismo de Alemán, que ha implicado desde hace mas de una década un reparto en el control de toda la institucionalidad del estado nicaragüense. Entre este reparto está el Tribunal Electoral. Sin embargo, los resultados electorales han producido diversos enfrentamientos entre los actores miembros del pacto que hacen prever un reacomodo de la alianza gubernamental.
Las consecuencias de esta fuga hacia delante del sandinismo-ortegano no solo han profundizado la inestabilidad política e impulsado el reacomodo de alianzas, sino también han influido en las relaciones externas. Los Estados Unidos congelaron la Cuenta Reto del Milenio. Su director ejecutivo de esta corporación, John Danilovich, dio a conocer oficialmente que congelará los programas que desarrollaban en Nicaragua. Y también señaló “hacemos un llamado al gobierno para que regrese a las normas democráticas y al respeto al proceso democrático”. Los programas que se verán afectados por esta medida son la reparación de importantes tramos de carretera en los departamentos de León y Chinandega y programas de titulación de tierras.
El presidente Daniel Ortega reconoció por su parte, que la Unión Europea mantiene congelados 43 millones de dólares, así como el impacto “parcial”, que tendría la cancelación de la Cuenta Reto del Milenio (CMR) en León y Chinandega. Reconoció que el retiro de la ayuda de algunos países, como Finlandia y Alemania, como el no desembolso de la UE, ha ampliado el déficit presupuestario. Propuso la ayuda de Venezuela como única alternativa para solventar este congelamiento de la cooperación. También un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica por 130 millones de dólares para el Gobierno nicaragüense, recién aprobado, podría caerse si la CRM decide retirarse definitivamente del país.
A esta crisis de recursos en el corto plazo, se suma que la caída del precio del café. La crisis financiera mundial amenaza con provocar en Nicaragua una fuerte retracción en la producción de café, principal rubro de exportación, debido a la caída en un 18,97% del precio internacional de grano.
En el plano internacional, Nicaragua sigue fuertemente vinculada con Venezuela. Participa activamente como miembro pleno del ALBA, eleva su retorica frente a los Estados Unidos y Colombia, país con el que guarda un conflicto territorial por la Isla de San Andrés e incluye a Rusia como aliado militar, luego de la visita de la flota rusa a sus costas y de la visita de Ortega a Moscú.
Costa Rica
Es uno de los países más estables dentro de Centroamérica y en el que la democracia goza de los mayores apoyos. Durante el periodo de análisis, la protesta social ha sido un marcador importante de la coyuntura. Las acciones estuvieron protagonizadas fundamentalmente por diversos grupos sociales sin que se pueda identificar un patrón de alianzas para luchas que puedan significar la reivindicación general.
Los métodos de lucha empleados son fundamentalmente concentraciones de calle, toma de los lugares de trabajo, toma de edificios en los que funcionan dependencias gubernamentales, paros parciales, etc. Los actores involucrados en las acciones de protesta social han sido: trabajadores del sector público, estudiantes, madres y padres, vecinos de diversas comunidades, así como, expendedores de combustible, transportistas, conductores de transporte público y taxistas.
Las manifestaciones han sido de corte laboral: aumento salarial, que se plantea de forma sectorizada y muy reducida. Oposición al proyecto de ley de flexibilización laboral, que consiste en ampliar la jornada laboral por día, pero que a la vez daría un día libre más por semana. La oposición forma parte de la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral. El documento de manifestación de rechazo a la iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está compuesta por 73 organizaciones centroamericanas, 20 de la cuales son costarricenses.
El tema de las alzas de los precios de los combustibles alimentó el fuego de las protestas de los sectores transportistas de carga y movilización de pasajeros. Así como de de los sectores de los propietarios de expendedores de combustible. Si bien hay una coincidencia entre ambos sectores en el reclamo hacia el gobierno ello no implica una alianza entre ellos. También las amenazas de aumento de los precios de pasajes motivó la protesta de vecinos, sin que ello signifique que hay posibilidades de extensión de la reivindicación en todo el país.
Costa Rica, ha solicitado su incorporación a la iniciativa de Petrocaribe, que espera se concrete en diciembre, lo que le permitía tener un margen de maniobra con los futuros aumentos de los combustibles, disminuyendo su impacto en la economía y su influencia en las protestas sociales.
En otro sector en donde se han manifestado conflictos es el ambiental. Por una parte, se encuentra la explotación de oro en una mina a cielo abierto lo que implicará la deforestación de una extensión de bosque primario, selva húmeda tropical, con la tala de unos 115 mil árboles, contaminación por uso de cianuro, sedimentación de las cuencas hidrográficas y unas 500 especies de aves, 120 especies de mamíferos, más de 60 especies de peces y varias especies de árboles, en peligro. Muchas de éstas se encuentran en la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El decreto que autoriza a la firma Industrias Infinito S. A., filial de la canadiense Vanessa Venture, a talar árboles, “inclusive de las especies que estén vedadas”, para abrir la mina, está basado en el Código de Minería vigente desde hace unos 200 años en ese país. Este proyecto ocasionaría problemas con la vecina Nicaragua ya que esta mina se encuentra localizada a poca distancia de la frontera que comparten estos países. El gobierno nicaragüense ha expresado su preocupación por la posible contaminación de las aguas fronterizas, a la flora y fauna de la zona. La empresa que ganó la contratación para la mina se aprovecha de la situación de las comunidades campesinas empobrecidas de la zona, comprando extensiones de tierras a muy bajos precios.
La polémica sobre la mina aurífera se suma a la provocada por la extensión de plantaciones de piña en las llanuras del Atlántico en el país. Los manifestantes que se oponen a esta actividad económica, señalan que los sembradíos de piña ponen en riesgo los mantos acuíferos que abastecen a toda la provincia. De acuerdo a los vecinos, el agua de las comunidades se ha visto afectadas por la presencia de agroquímicos como el Bromasil y el Diurón, producto de la siembra de piña.
El pasado 7 de octubre, se cumplió un año de la aprobación, mediante referendo, del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos. Aún no se supera la polarización que este tratado produjo en la sociedad. Los resultados del referéndum fueron muy ajustados, el “Sí” obtuvo 51,57%, mientras que el “No” logró un 48,43%. Se espera que entre en vigencia el primero de enero de 2009, luego de tantas prorrogas y retardos legislativos.
El TLC se ha convertido en una verdadera pesadilla para el gobierno, por un lado sigue siendo factor de movilización de movimientos sociales y sectores de izquierda y por otro la imposibilidad de concretar la entrada en vigencia de dicho acuerdo comercial, con el agravante de que la economía estadounidense a entrado en recesión y lo que es peor en deflación, con impacto inmediato en los volúmenes de exportación hacia ese mercado. Según reportes del Banco Central de Costa Rica, ya la crisis económica comienza a sentirse, evidenciado en que la balanza comercial presenta un déficit de unos 5.099,3 millones de dólares al cierre del mes de octubre. Sin olvidar que desde el año 2004, este déficit ha venido aumentado cada vez más. Las reservas internacionales han venido mostrando una merma constante desde el mes de abril, pasando de unos 4.936,5 millones de dólares en ese mes a unos 3.611,2 al mes de noviembre. Una reducción intermensual (promedio) de algo más del 3%. La deuda externa va en aumento, a pesar de que el mercado internacional de valores, muchos de los papeles de deuda empiezan a desvalorizarse aceleradamente. Su deuda externa ha pasado de unos 8.383,9 millones de dólares al 31 de diciembre de 2007 a unos 8.848,4 al 30 de junio de 2008. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la inflación acumulada entre enero y octubre llegó al 12,99%, cifra mucho mayor que la variación de este mismo período del año anterior (7,65%).
En el plano internacional, Costa Rica es un firme aliado de Estados Unidos en la región. Sin embargo, y a consecuencia del alza en los precios del petróleo, solicitó su ingreso a Petrocaribe, después de reconocer que en términos de ayuda al desarrollo, la presencia de Venezuela es más consistente y efectiva en Centroamérica que la de los Estados Unidos.
Cuba
Por diversas razones, Cuba ha sido protagonista del escenario regional en el último año. El reemplazo de Fidel por su hermano Raúl Castro en un proceso de sucesión muy controlado, resolución de su conflicto con la UE, visita de Brasil, colapso por el paso de tres destructivos huracanes por la isla, ingreso formal al grupo de Rio, compromiso de 4 Presidentes de la región para visitar Cuba en enero (México, Chile, Argentina y Brasil), petición unánime de todos los países de la región frente a Estados Unidos para su reingreso a la OEA y el fin del embargo, demuestran una vigencia impensada años atrás.
En los últimos meses se han dado toda una serie manifestaciones en diferentes medios internacionales en contra del bloqueo cubano, en fechas cercanas a la sesión de las Naciones Unidas el 29 de octubre, se empezó una campaña que buscaba promover que empiecen nuevamente las negociaciones para levantar el bloqueo en Cuba. En las sesión de las Naciones Unidas China mostró un claro y contundente apoyo a la isla caribeña y propone un dialogo diplomático que de cese al bloqueo. Por otra parte, se han presentado avances sobre la posible eliminación de la prisión de la base de Guantánamo que posee Estados Unidos, una vez comenzado el mandato de Barack Obama.
Cuba ha buscado una serie de acuerdos para fortalecer la economía de la isla y reducir en lo posible la dependencia de Venezuela. Primero, contó con la visita del mandatario de Brasil Lula Da Silva, que tuvo como objetivo presenciar la firma del contrato de participación en la producción de hidrocarburos entre Cubapetróleos y la filial Petrobras Middle East B.V., de Petrobras, e inauguró la sede habanera de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil, APEX. Por otra parte Rusia, a través de su Presidente Dimitri Medvedev también visitó La Habana con la intención de reactivar la colaboración en la esfera militar, un nuevo paso de acercamiento estratégico, en momentos en que ambos países intensifican sus relaciones en todos los terrenos, y justo cuando se recrudecen las tensiones entre Moscú y Washington.
También visitó a Cuba el primer Ministro de China, Hu Jintao, quien prometió ampliar la cooperación comercial con la isla. Raul Castro visitó Venezuela en diciembre, en donde firmó alrededor de 200 acuerdos de cooperación por un monto de 200 millones de dólares. Luego estuvo en la Cumbre de Brasil, donde recibió la solidaridad de la mayoría de los países de la región, mientras se abrían importantes posibilidades de negocios con los mismos.
Sin embargo, esta importante actividad de relacionamiento para la superación de su estancamiento económico a causa del embargo, no permite resolver en el corto plazo las devastadoras consecuencias de tres huracanes sobre la isla. Este azote dejó miles de damnificados, y en la actualidad todavía se viven los daños colaterales que dejó esta serie de desastres naturales.
A nivel de las noticias nacionales se presentan modificaciones en las leyes de seguridad social buscando una serie de beneficios para las personas mayores de 60 años, parte de estas modificaciones van relacionadas a la crisis en el sistema educativo. El gobierno cubano reconoció que sólo en La Habana existe una carencia de 8.576 maestros: 2.054 en la enseñanza primaria, 4.396 en secundaria y 927 en el área técnico-profesional.
Existen muchas expectativas sobre las políticas de Estado que generará el gobierno de Raúl Castro, ya que por la serie de desastres naturales no se ha logrado concretar el proceso de sucesión de Fidel Castro a su hermano. Hay ciertos indicios de que Raúl Castro plantea tener una mayor apertura de negociación con los Estados Unidos, ya que ha puesto en el tapete el tema de levantar el bloqueo contra Cuba; lo cual, entre otras cosas, supone en lo inmediato, incrementar el envío de remesas y la apertura de los vuelos internacionales entre Cuba y Estados Unidos.
Otro aspecto importante es la necesidad que percibe el gobierno cubano de modificar la seguridad social, proponiendo modificar el tiempo de servicio y la edad de los trabajadores para la jubilación, así como la modificación del cálculo de las pensiones.
República Dominicana
Durante estos últimos meses, el seguimiento de prensa dominicana pone de manifiesto la continuación de la política de segregación contra de los haitianos, la cual va desde linchamientos hasta exclusión de las leyes. En los últimos años se presenta como una constante el asesinato de haitianos por parte de dominicanos, a tal punto que unas de las políticas públicas llevadas a cabo por el país es la repatriación para preservar las vidas de estos extranjeros. Es importante señalar que el Estado dominicano rechaza otorgar actas de nacimiento a niños y niñas de ascendencia haitiana o hijos de familias migrantes, lo que supone que éstos vivan en el territorio sin documentación legal y, en consecuencia, sin el reconocimiento y el disfrute pleno de sus derechos fundamentales.
En República Dominicana buscan incentivar a los inmigrantes dominicanos a que regresen al país, parte de esto se debe a la amenaza que presentan los haitianos para la ocupación de los puestos de empleo y demás oportunidades que ante el aumento de la inmigración de los dominicanos han sido ocupadas por los isleños extranjeros.
El desplome financiero en los Estados Unidos, ha sido motivo preocupación entre empresarios y economistas dominicanos. La gran incidencia de Norteamérica en la economía nacional, básicamente en lo que respecta a las exportaciones y al renglón remesas, hace temer lo peor para la media isla si se agudizare la crisis en el gran país del norte. Muchos miembros de la comunidad dominicana que residen en el extranjero, se han visto forzados por la crisis a reducir el monto de las remesas que envías a sus familiares en República Dominicana.
Haití
Persistiendo en su guion trágico, Haití sigue en un proceso grave de inestabilidad política. Preval mantiene un apoyo bajo entre la población, mientras que la Primer Ministro Pierre Louis concita más apoyo que el Presidente. Las elecciones presidenciales se postergaron para 2010, planteándose el regreso de Aristide, bien porque se abra legalmente una posibilidad de que sea candidato presidencial, bien porque su esposa pueda ser entonces su sustituta como candidata.
Este país fue también severamente afectado por una serie de desastres naturales que han traído graves consecuencias para la nación. El programa mundial de alimentos asiste a más de 500 mil personas, el Banco Mundial ofrece 25 millones de dólares para paliar los efectos de los huracanes. La ONU, a través de su jefe de labores humanitarias, exhortó a los países donantes a aportar más de 60 millones de dólares a fin de ayudar a Haití, devastado por el peor desastre que ha vivido en los últimos 100 años. Debido a la crisis económica y social provocada por la seguidilla de huracanes y tormentas tropicales, el gobierno haitiano lanzó un programa de emergencia de más de 197 millones de dólares con el fin de ir en ayuda de la población afectada. Los 197 millones serán administrados por un comité de ministros y estarán dirigidos principalmente a la reconstrucción de la infraestructura agrícola y de transportes para evitar así una posible hambruna generalizada.
El programa se presenta luego que diversas instituciones internacionales señalaran que una posible hambruna en Haití es cada día más real, luego que el sector agrícola haitiano fuera prácticamente destruido (más de 63.000 hectáreas afectadas), sólo en Gonaïves (norte del país) hay unas 300 mil personas damnificadas, que se encuentran sin alimentos, ni condiciones sanitarias mínimas.
Por su parte, el Consejo Electoral de Haití fijó una fecha las elecciones al Senado, postergadas por más de un año tras intensas protestas sociales y políticas También en el orden político destacó el hecho de que Haití es el cuarto país más corrupto del mundo, según el ranking mundial de trasparencia efectuado por Transparencia Internacional. Con este resultado Haití mantiene el lugar 177 de 180 países.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió prolongar por un año más el mandato de la Minustah en Haití, para que en este plazo garantice el diálogo entre los distintos sectores de Haití y con ello se logre la tan esperada recuperación nacional. De acuerdo al Secretario General de las Naciones Unidas, la prolongación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití por un año más es indispensable para asegurar la estabilidad política y social del país.
Luego de la asamblea anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el ministro haitiano de finanzas, Daniel Dorsainvil, indico que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2008 será de alrededor de un 1,5%, lo que sería inferior al crecimiento demográfico que llegara a un 2%.
Región andina
Bolivia
Luego de semanas de violencia, el 21 de octubre pasado el parlamento boliviano promulgó dos leyes que modifican más de 100 artículos de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), llama a referendo constitucional el 25 de enero de 2009, y convoca a elecciones generales para diciembre de ese mismo año. De manera dramática, el presidente Morales viabilizó el acuerdo renunciando a la posibilidad de una segunda re-elección presidencial. Para algunos analistas, estas leyes son la base de un acuerdo histórico para Bolivia; para otros, una batalla más donde pierde la oposición regional ante el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, este acuerdo permitió desmontar la crítica situación de violencia que se estaba extendiendo en Bolivia, atendiendo además una solicitud expresa de todos los Presidentes de Suramérica, reunidos en Chile por UNASUR.
¿Cuál es el alcance de los acuerdos del 21 de octubre? La preocupación de muchos observadores dentro y fuera de Bolivia es la sostenibilidad de cualquier acuerdo en un clima de alta polarización social y regional. De hecho, las leyes del 21 de octubre ya fueron rechazadas por comités cívicos opositores al gobierno y por asambleístas radicales del propio MAS. Los recientes acuerdos tienen una historia corta relacionada al espaldarazo electoral recibido por el presidente Morales el 10 de agosto, y una historia larga anclada en la fragmentación de la oposición nacional, regional y parlamentaria en los últimos tres años. Se impuso el momento político de la historia corta: el 67% de respaldo al presidente en 95 de las 112 provincias del país. El presidente Morales se encontró con una ventana de oportunidad para llevar a las urnas la Nueva Constitución Política de Estado, y así lo hizo, en un proceso accidentado, de diálogos frustrados con la oposición regional (mes de setiembre) y un diálogo exitoso con la oposición parlamentaria en octubre.Lo que estaba en juego en estos diálogos era nada menos que la aprobación de la NCPE (cercana a la propuesta del MAS), la aprobación de estatutos autonómicos para cuatro departamentos (cercanos a la oposición) y la posibilidad de dos re-elecciones consecutivas del presidente Morales el 2009 y el 2014. Todos estos temas forman parte de lo que podría llamarse la agenda maximalista de la política boliviana.
Será vital ver el impacto de este acuerdo en la aprobación mediante referéndum de la nueva constitución. La versión de la constitución que será puesta a consideración de la población el 25 de enero tiene, entre muchos cambios de forma, tres cambios significativos con respecto a la anterior versión y contiene dos temas que todavía generan cuestionamientos. Primero, reincorpora en diferentes lugares del texto la noción de “nación” y “república” que había sido sustituida por “pueblo” y “estado” y que puede ser interpretada como una concesión política a la tradición liberal y nacionalista de la constitución vigente. Esto trasciende, sin embargo, el simbolismo, en el momento en que futuros parlamentarios construyan la institucionalidad y legalidad de un “Estado pluri-nacional”, como define el primer artículo de la nueva constitución. Segundo, reordena las relaciones intergubernamentales de una manera más próxima a la agenda autonomista. Excluye de la redacción la independencia jerárquica de las autonomías indígenas y distribuye el catálogo de competencias de manera más descentralizada. De manera crucial, delega a una nueva Ley Marco de Autonomías los detalles del catálogo de competencias y transferencias fiscales. Plantea de manera inequívoca que los estatutos autonómicos tendrán que adecuarse en el plazo de seis meses a la nueva constitución para entrar en vigencia.
Quedan dos temas controversiales en la nueva constitución. Primero, los miembros del poder judicial –tribunal supremo, consejo de la magistratura y tribunal constitucional– serán elegidos por voto popular. Segundo, quedan dudas sobre el alcance real del capítulo sobre control social, que define la participación “en el diseño de políticas públicas de la sociedad civil organizada (…) en todos los niveles de gobierno”. No queda claro qué tipos de organizaciones califican para ejercer control social ni cómo lo ejercerán en el marco de un sistema institucional de controles ex post (contraloría de la república y sistemas de control administrativo y financiero). El tema final de interés de la nueva constitución es la figura de la re-elección. Con la actual redacción, solo puede postularse una vez más el presidente Morales para el período 2009-2014. La implicación más seria de esta concesión política es que se acorta el actual período constitucional en un año. Esto implica el acortamiento del mandato de diputados, senadores, prefectos y demás autoridades elegidas en las elecciones de 2005. También tiene consecuencias para la legalidad e institucionalidad electoral que requerirá de ajustes transitorios para tender un puente entre la vigencia de la nueva constitución (enero de 2009) y el nuevo periodo constitucional (diciembre 2009-diciembre 2014).
El Gobierno y el MAS buscan agilizar la aplicación del texto constitucional que irá a referéndum el 25 de enero próximo, para lo cual prevén aprobar, en el primer semestre del 2009, las leyes del Ejecutivo, Asamblea Plurinacional, Judicial y Autonomías, bases del nuevo Estado. La idea es implementar la norma desde el segundo semestre del año venidero. En esta línea, el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, adelantó que su despacho trabaja en la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos que formará parte del paquete de normativas para encauzar la nueva Constitución Política del Estado.
Las bases sociales del MAS ya anticipan que promoverán su modificación el 2010, con el objetivo de recuperar el terreno perdido, por ejemplo, en materia de tierras y reelección presidencial en la negociación política en el Congreso. Por otro lado, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz se aliaron en la campaña por el No al proyecto de nueva Constitución Política del Estado y luego esperan conformar un frente amplio para evitar la reelección de Evo Morales.
Así pues, en el 2009 se mantendrán las tensiones acumuladas y no resueltas en el acuerdo institucional. Estas tensiones se verán agravadas por las consecuencias sociales de la crisis económica. Hasta ahora, la disminución de la pobreza es mínima (de 59,6% en 2005 a 59,2 en 2008) y es previsible que haya una desmejora de la situación social, elemento indispensable para mantener la base social de apoyo al gobierno.
En el plano económico, Bolivia ha comenzado a ser ya afectada por la crisis global, especialmente en la baja de los precios del estaño, uno de los principales productos de exportación. Ello puede afectar los planes sociales del gobierno, especialmente los Bonos Dignidad y Juancito Pinto. En cuanto a la APTDEA, en la víspera de la celebración más importante para Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos, George Bush, le puso la firma y fecha a la suspensión efectiva de las preferencias arancelarias (ATPDEA) para Bolivia. Dicha medida entra en efecto a partir del 15 de diciembre del 2008, según un comunicado oficial difundido por la oficina de prensa de la Casa Blanca. La suspensión sería resultado del fracaso de Bolivia en cooperar con EEUU en la lucha antinarcóticos, según lo señala el escueto comunicado difundido. Exportadores y expertos económicos lamentaron la decisión, ya que, a su juicio, se trata de un mercado “insustituible”. El canciller David Choquehuanca afirmó que la decisión se constituye en una “venganza política”. Sin embargo, en la reunion de UNASUR celebrada en Brasil en diciembre, Venezuela y los países del MERCOSUR, se comprometieron a comprarle a Bolivia los productos perjudicados por esta medida de los Estados Unidos.
Colombia
El año 2008 ha sido importante en resultados militares que muestran un avance estratégico del Estado en relación a las Farc. El año se inició con la liberación de secuestrados de las Farc en respuesta a las gestiones de Chávez. Pero un error de las Farc al ofrecer liberar al hijo de Clara Rojas, cuando no estaba en su poder sino del ICBF (Bienestar Familiar) quitó a este grupo toda credibilidad en las liberaciones y dejó a Chávez quien tenía poco menos que arrinconado al gobierno colombiano en ese tema, sin piso. El gobierno con ello retomó la iniciativa política en materia de liberación de secuestrados, iniciativa que había perdido. Fue muerto en una operación en Ecuador el segundo hombre de las Farc, alias Raúl Reyes. Manuel Marulanda fundador y jefe de las Farc murió ese mes de marzo, de muerte natural, pero fue el gobierno quien se llevó algunos méritos pues dio la información al público primero que las Farc. Fue abatido un miembro del secretariado de este grupo, Iván Rios, asesinado por un subalterno para pedir recompensa. Se entregó una peligrosa secuestradora llamada Karina. Fue liberada Ingrid Betancourt y 14 secuestrados más en la sin precedentes operación Jaque. Fue liberado por su carcelero el ex congresista Lizcano.
En los últimos tres meses las expresiones de conflicto social se han manifestado en varias ocasiones de manera masiva. En septiembre los empleados judiciales se lanzaron a una huelga que duró un mes, pidiendo que se aplicara una nivelación salarial decretada hace varios años, pero siempre aplazada en su ejecución. El sistema judicial se paralizó y el gobierno tuvo que recurrir a decretar el Estado de Excepción previsto en la Constitución para disponer medidas que permitieran corregir los desajustes causados por el paro.
También en estos meses las comunidades indígenas del sur organizaron unas grandes movilizaciones que los llevaron primero a Cali y luego a Bogotá en reclamo por tierras para sus resguardos.
La excepcional condición detentada por el gobierno colombiano frente a la administración Bush se perdió con el triunfo demócrata. El “mejor aliado” de Bush en la región ha perdido su excepcionalidad. El TLC entre los dos países fue tema, menor, en el último debate en TV entre los dos candidatos, llevado por el candidato republicano acusando a Obama de abandonar a un país amigo por no apoyar el TLC. Esto forzó a este último a decir en público las razones por las cuales su partido consideraba que no había condiciones para votar en favor del tratado mientras no se resolvieran temas de impunidad y violencia contra sindicalistas. El gobierno colombiano y el propio Bush después de la elección han reforzado la presión pública para aprobar el TLC motivando incluso a los principales diarios de tendencia demócrata a editorializar en favor de la aprobación del acuerdo comercial. Inicialmente se dijo que el acuerdo de salvamento de la industria automotriz tenía como condición la aprobación del TLC con Colombia pero esto fue luego desmentido.
La política exterior trazada por la nueva administración hace prever que el bastión que representaba Uribe frente a la amenaza de Chávez habrá perdido su valor agregado. Chávez con Obama pierde su agresividad y en parte su retórica, las expectativas cubanas de descongelar la relación con Estados Unidos harán moderar a Chávez frente a Washington y esto reducirá la necesidad de apoyo ilimitado a Uribe. Los dos temas centrales de la relación binacional, TLC y Plan Colombia necesariamente serán renegociados con la nueva administración. Estos temas continuarán en la discusión pero los énfasis cambiarán. El Plan Colombia va en camino de “colombianizarse” lo que quiere decir reducir el aporte norteamericano y cambiará su composición con menos ayuda al componente militar. El TLC tiene pronóstico demorado.
Los éxitos militares, la operación contra alias Raúl Reyes y la operación Jaque fueron el clímax del ciclo de “teflón” del uribismo, que en las actuales circunstancias parece estar en etapa de pre agotamiento. El presidente mantiene altos índices de popularidad (los más altos de América Latina junto con los de Lula Da Silva en Brasil, 74%) aunque se insinúan leves descensos desde las altas cumbres obtenidas después de la operación Jaque. Hay al menos tres elementos que inciden en esta caída en las encuestas: (i) la búsqueda de la reelección por referendo; (ii) la capacidad de conducción del gobierno sobre los asuntos fundamentales del entorno político está comprometida; (iii) los escándalos de corrupción son continuos de modo que un escándalo tapa al anterior.
El ciclo de prosperidad que marcó cinco de los seis años de Uribe pierde dinámica. La crisis mundial tendrá reflejo en Colombia, la meta de crecimiento bajó a 3.5% que algunos estiman aun alta. La profundidad de la crisis está sin determinarse. La “crisis de las pirámides” tendrá también efecto económico general, y efecto social en especial en los departamentos del sur que requerirán algún tipo de apoyo fiscal. En estos departamentos y en otros aunque en menor proporción como Bogotá, las familias con capacidad de ahorro perdieron una parte en “las pirámides”. Esto generará un empobrecimiento general de estas regiones. Se observa desde ya una fractura regional no despreciable entre los departamentos del sur y los otros del país.
Las Farc siguen siendo objeto del mayor rechazo imaginable entre la población colombiana y Uribe simboliza el mejor dique de contención ante este grupo. La retórica del gobierno oscila entre el triunfalismo de que las Farc están casi acabadas, hasta el otro extremo que es atribuir todos los problemas a este grupo. Se señala que están en la marcha indígena, en las protestas de los estudiantes y hasta se les culpa de estar detrás del asunto de las pirámides para desprestigiar la seguridad democrática. El primer semestre del 2009 será clave para el gobierno de Uribe, a los fines de viabilizar su proyecto de reelección, que parecía derrotado a finales de este año, pero que sin embargo, una audaz jugada legislativa de sus partidarios, refloto.
En el ámbito internacional, Colombia es el país más alineado de Suramérica con los Estados Unidos, incluso más que México y El Salvador. Sus relaciones con sus vecinos son permanentemente complejas por las formas en que administra el conflicto interno que tiene permanentes externalidades negativas en sus fronteras. En la actual coyuntura, sus relaciones con Ecuador siguen rotas luego del conflicto de marzo, críticas con Nicaragua e inestables con Venezuela. Colombia participa poco en los foros regionales. Es más partidaria de la OEA que de UNASUR.
Ecuador
En 1997 comenzó en Ecuador un ciclo de protestas populares que en sus picos más álgidos desembocó en la destitución o derrocamiento de tres presidentes de la República. Hacia 1998, bajo el mandato de Fabián Alarcón, los ecuatorianos decidieron involucrarse en un proceso constituyente con miras a devolver la estabilidad política perdida; el resultado más inmediato fue la Constitución número 19 de su historia (“La Constitución del 98”, como popularmente se le conoce). Sin embargo, poco tiempo duró la pretendida estabilidad, pues apenas un año después de promulgada la Constitución, y como producto de las contradicciones entre las expectativas de la población y las políticas del gobierno en turno, el descontento popular volvió a estallar. Los años que siguieron fueron testigos de movilizaciones populares, un golpe de estado triunfante y un nuevo derrocamiento presidencial. En total, el saldo fue de ocho presidentes en el transcurso de diez años (1997-2007) y una profunda desconfianza de la mayoría de los ecuatorianos hacia las principales instituciones estatales (Congreso, sistema judicial, etc.) y los partidos políticos. En ese contexto, hacia comienzos del 2006 comienza a adquirir fuerza la candidatura presidencial del economista Rafael Correa, ajeno a los partidos políticos tradicionales. Su principal bandera de campaña fue la realización de una nueva Asamblea Constituyente de plenos poderes.
Una vez que tomó posesión el Presidente Correa, el 15 de enero del 2007, su primer acto de gobierno fue convocar por decreto a una consulta popular para decidir sobre la realización de una Asamblea Constituyente (Decreto No. 2). El 15 de abril de ese mismo año se llevó a cabo esta consulta, con un resultado favorable de 81,72%. Pocos meses después, el 30 de septiembre, se realizó el proceso para elegir a las y los asambleístas constituyentes. Se escogieron 24 asambleístas nacionales, 100 provinciales y seis representantes de los migrantes (dos por América Latina, dos por Estados Unidos y Canadá y dos por Europa). El resultado de las elecciones fue muy favorable al movimiento político del Presidente. La coalición Patria Altiva y Soberana (PAIS) obtuvo en total 80 de los 130 asambleístas que conformarían la ANC.
La ANC sesionó entre el 29 de noviembre del 2007 y el 24 de julio del 2008, día en que fue aprobado el proyecto de Constitución y la ANC se declaró en receso. Según lo dispuesto por el Artículo 23 del Estatuto de Convocatoria, así como por el Artículo 69 del Reglamento de Funcionamiento de la ANC, luego de la aprobación del proyecto constitucional por la ANC, el TSE convocó a un Referéndum Aprobatorio, el cual se llevo a cabo el 29 de septiembre de 2008. El “Sí” obtuvo 63,93% de los votos; el “No” 28,1%; los votos nulos contabilizaron 7,23% y los blancos 0,75%. En la provincia de Guayas, el “Sí” ganó con el 51,02%, mientras el “No” obtuvo 41,21%. No obstante, en el cantón Guayaquil el “No” ganó con el 46,97%, mientras el “Sí” alcanzó el 45,68%. Sólo en la provincia de Napo el “No” ganó con 55,43%, mientras que el “Sí” llegó al 38,79%. En el resto de las provincias la opción por una nueva Constitución fue la triunfadora.
Ya el CNE convocó para el 29 de abril próximo, las elecciones de los siguientes representantes populares: Presidente y Vicepresidente de la República, parlamentarios andinos, asambleístas, prefectos y vice prefectos, alcaldes municipales, concejales y vocales de las juntas parroquiales rurales. Para estas elecciones, las organizaciones políticas y alianzas que participaron en la elección de asambleístas podrán participar en la contienda, además de otras organizaciones que deberán presentar el 1% de las firmas de ciudadanos correspondientes al Registro Electoral.
En el plano político propiamente dicho, se mantiene el proceso de renovación de elites políticas en un proceso de concentración del poder en la figura del Presidente, siendo sus recursos para ello el aumento sobre el control del Estado, el manejo de los recursos estratégicos y una mayor iniciativa en el área económica. El Presidente Correa mantiene altísimos niveles de popularidad y una buena calificación de su gestión al frente del Estado ecuatoriano, especialmente en lo que respecta al tema con Colombia y con la deuda externa. Su estilo de gobierno guarda una elevada correlación con el de otros presidentes del área andina, en el sentido de que es un Presidente omnipresente y monotemático, mantiene un fuerte estilo popular, usa la confrontación como arma política y mantiene una distancia importante de sus colaboradores políticos e institucionales, de manera de poder distanciarse de la ineficacia en alguna de sus obras de gobierno.
En el ámbito económico internacional esta la mayor actuación de Ecuador en los últimos meses. Además de la recurrencia y oscilaciones de crisis en su conflicto con Colombia, mantiene una crisis diplomática con Brasil y con parte de la Banca internacional. En diciembre, Ecuador dejó en suspenso el pago de 30,6 millones de dólares correspondientes a los intereses de parte de su deuda con organismos multilaterales. La medida fue fundamentada en la existencia de serios indicios de ilegalidad en tramos del pasivo, según lo informado por la Ministra de Finanzas, María Viteri, y descartando así, que el motivo se encuentre en la falta de recursos, pese a que el presidente Rafael Correa había advertido que en caso de que su país sea golpeado por la crisis mundial revisará el pago de la deuda. El desembolso destinado a los bonos Global 2012 (títulos de préstamo adquiridos al 12% de interés) debía realizarse antes de 2009, pero el gobierno resolvió acogerse a un período de gracia de hasta 30 días para analizar el pago.
Esta situación se plantea a raíz de que el Presidente Correa dispuso un año atrás una auditoría del crédito ante sus sospechas de que varios segmentos habrían sido contraídos “de forma ilegítima”, y advirtió que de detectarse irregularidades podría dejar impagos dichos préstamos. La Comisión para la Auditoría Integral de Crédito Público (CAIC), creada por el Gobierno, anunció supuestas irregularidades en algunos tramos de la deuda externa contratados durante los últimos 30 años y recomendó al Estado no pagarlos. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, después de conocer el informe de la CAIC aseguró que intentará no pagar esa deuda “ilegítima, corrupta e ilegal”, y dijo también que su administración buscará a los culpables del presunto endeudamiento externo irregular. Continuó diciendo que Ecuador se retirará de los organismos financieros multilaterales si “sufre chantajes” por su decisión de no pagar la deuda externa que juzgue ilegítima.
Brasil llamó “a consulta” a su embajador en Quito por tiempo indeterminado, siendo esto un paso previo al retiro del embajador y la ruptura de las relaciones. El enojo del Presidente brasileño Da Silva se debería, según dejaron trascender fuentes cercanas al respecto, a la forma en que Rafael Correa había decidido tratar el caso de la deuda de su país con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (estatal brasileño). El mayor disgusto provino del hecho de que Ecuador decidió someter al arbitraje internacional el no pago de un préstamo original de 243 millones de dólares que hoy llega a totalizar 597 millones. El presidente Correa expresó su tristeza por la medida ejecutada por Brasil, sin embargo sostuvo que “no vamos a retroceder en la defensa de nuestros intereses. Esta situación no se resolvió en la cumbre bilateral que ambos presidentes sostuvieron en Brasil en diciembre.
El ALBA realizó una cumbre en Caracas en la que los presidentes del grupo aprobaron una propuesta presentada por el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, para crear una zona monetaria regional que ayude a enfrentar la crisis global. La propuesta fue apoyada en una cumbre extraordinaria del bloque, en la que abundaron los cuestionamientos al sistema financiero mundial y al capitalismo. Correa, que ofició de asesor económico del grupo -Ecuador no integra el ALBA-, explicó que el objetivo es alcanzar un sistema de compensaciones, complementado con un fondo para el cual el presidente anfitrión, Hugo Chávez, ofreció un capital inicial de U$S 500 millones que traería de las reservas internacionales venezolanas. Aprobaron un esquema que intenta alejarse poco a poco del dólar como moneda de uso.
En su visita a Irán, Correa suscribió once memorandos de entendimiento con el Gobierno de Teherán en torno a convenios de cooperación, inversión y transferencia tecnológica. El Gobierno de Irán que posee una avanzada tecnología, está interesado en apoyar la construcción de varias plantas hidroeléctricas en Ecuador, anunció el ministro ecuatoriano de Electricidad, Alecksey Mosquera. Además, dijo que en Irán existe interés por el proyecto Coca-Codo-Sinclaire, el más grande del país andino, con una capacidad de 1.500 megavatios de potencia, que se prevé esté listo en cinco años. El ministro también indicó que autoridades de Teherán le enviarán en los próximos días información sobre tecnología de paneles eólicos de generación eléctrica, y dijo que una misión de expertos en energía de Irán visitará Ecuador en los próximos días.
Perú
El Presidente Alan García asumió la presidencia el 28 de julio de 2006 después de derrotar a Ollanta Humala, líder de Unión por el Perú, en la segunda vuelta. Las características de García se apartan de los rasgos más característicos señalados para los gobernantes de los demás países de la región. En particular, porque su proyecto político está ligado a uno de los partidos políticos protagonistas del siglo pasado, el APRA, y porque el propio García ya había ocupado la presidencia entre 1985-1990. No significa, como sus colegas, un rompimiento con el pasado. No hay Asamblea Constituyente, ni revolución, ni refundación, sino, por el contrario, una suerte de recuperación del fortalecimiento institucional.
En su segundo mandato, García tiene una posición que implica un rompimiento con su propio pasado. Su credibilidad depende de su capacidad para re-institucionalizar al país, luego de la transición del quinquenio de Alejandro Toledo, quien aplicó políticas económicas disciplinadas con resultados macroeconómicos positivos y que facilitan la gestión de su sucesor. El dilema actual del Perú no se limita a las alternativas ‘aprismo’ vs populismo, sino a la efectividad del gobierno de Alan García para erradicar graves problemas acumulados. Entre ellos figuran la lucha contra la pobreza: buscar que los beneficios del alto crecimiento económico heredado del gobierno de Toledo se reflejen en forma más equitativa en la población y cerrar las brechas entre el Perú moderno, urbano y globalizado, y las del país atrasado y rural.
La política exterior del Perú refleja las necesidades del proceso interno. Es decir, fortalecer la institucionalidad, consolidar la normalidad y fijar cimientos para la modernización. Desde el momento de su elección, como presidente electo, García visitó a sus principales colegas latinoamericanos en busca de fortalecer lazos bilaterales. En especial, con Brasil, Chile y Colombia. En su primer año de gobierno ha mantenido esa postura.
García ha fortalecido lazos con Estados Unidos (logró que el TLC entre los dos países fuera considerado con prioridad frente a los de Colombia y Panamá, firmados en la misma época) y con los países más pro estadounidenses (México y Colombia). Con ellos ha buscado consolidar la cooperación para potenciar la política hacia el Asia-Pacífico. Lima será sede en 2008, de la reunión anual de APEC. De particular interés resultan las consecuencias de esta política para las relaciones con Chile, a pesar de las diferencias territoriales.
Con el crecimiento más alto de la región (crecimiento económico durante 88 meses a una tasa de 9% anual) y de las inflaciones más bajas, muchos sectores han mejorado sus ingresos y pocos podrían decir que están peor; la pobreza se ha reducido en varios puntos, aunque las disparidades sociales de carácter étnico siguen siendo acuciantes.
Luego de la incorporación en su gobierno de Yehude Simon, un izquierdista Presidente de la región de Lambayeque, Garcia subió notablemente su nivel de aprobación en las encuestas, pasando de 18% a 41% en apenas dos meses. Para garantizar su gobernabilidad, el gobierno mantiene una alianza con el “fujimorismo” en el Congreso, lo que a la larga le trae compromisos y nuevos problemas políticos.
La intolerancia política y los rasgos autoritarios son también características de la situación actual que han ido agravándose con el paso del tiempo: el discurso del perro del hortelano; los varios intentos de dar leyes para disolver a las ONG con capacidad de incidencia y fiscalización; la acusación de terroristas contra ecologistas y sectores radicales de la izquierda; beneficios, facilidades y hasta pagos indirectos para medios de comunicación y periodistas amigos e incondicionales, y campañas en contra y represalias contra los independientes o críticos.
El tema de la institucionalidad democrática es también ya a estas alturas un motivo de alerta. Y no porque hayan caído todas las reformas que de una u otra manera se habían iniciado con la recuperación democrática, sino porque existen ahora señales de mayor descomposición e injerencia política. La prueba de lo primero es el Congreso actual: bajísimo nivel, improductivo, cero en verdadera fiscalización en relación con lo importante, componendas, innumerables casos de corrupción; todo lo cual explica que su nivel de aprobación esté por los suelos.
Tampoco se cuenta ahora con políticas que permitan enfrentar, con un mínimo de eficacia y respeto por los derechos de la población, las diferentes expresiones de violencia que se producen en el país, el narcotráfico o la actuación de los grupos que quedan de Sendero Luminoso. Así algunas zonas del país, comienzan a convertirse en tierra de nadie, o más bien, en dominios de un conjunto de intereses ilícitos que, de nuevo, no tienen al frente ni un Estado ni una sociedad en condiciones de competir o de enfrentar de manera adecuada.
Sin embargo y no obstante el pujante crecimiento y la estabilidad política, ha sido creciente la protesta social. El paro del 9 de julio fue una muestra de ello. Con muy variadas reivindicaciones, movimientos y gobiernos regionales, así como sindicatos y federaciones sectoriales de trabajadores de la CGTP, levantaron su voz de protesta ante la situación económica por la que atraviesan. El movimiento popular ha buscado darle un curso democrático a estas justas luchas y cerrarle el paso al violentismo. Por eso la favorable acogida que ha tenido la conformación de la Coordinadora Político Social (nacionalismo + izquierda + movimientos sociales) y la convocatoria para junio del 2009 de la Asamblea Nacional de los Pueblos.
Venezuela
Venezuela es un país lleno de contradicciones. En el último Latinobarometro de 2008, aparece como el cuarto país más feliz de la región, mientras que reporta la más alta tasa de victimización de Suramérica y la más alta tasa de homicidios también de Suramérica (58/100.000). Esta crítica situación de su aparato institucional no está siendo atendida en modo alguno, ya que todas las emergías del país están concentradas en el tema político y alrededor de la figura presidencial, que maximaliza todo el discurso y el quehacer político en Venezuela desde hace ya una década.
En las recientes elecciones regionales, el resultado dista de ser claro o de señalar una tendencia a seguir en los próximos meses. El gobierno subió su votación con respecto a la de diciembre de 2007, mientras que la oposición la mantuvo. Aunque la oposición reconquistó zonas urbanas de gran importancia estratégica, no se puede olvidar que la mayoría de las capitales de la región se encuentra en manos de la oposición (DF mexicano, Bogotá, BsAs, Santiago, Lima, SP). También en estas elecciones se hizo de nuevo evidente la elevada polarización que existe en el país, siempre alrededor de la figura del Presidente Chávez.
En cuanto a otros temas coyunturales, cabe destacar que en la actual coyuntura constituye un creciente enigma, la situación en la Fuerza Armada Nacional. Ello debido a presiones de orden estratégico (relaciones militares con Rusia) y político (permanente presencia como árbitros en la vida política). Igualmente es de interés dar cuenta la extrema vulnerabilidad de la economía venezolana. Los problemas de productividad, desabastecimiento alimentario e inflación se han venido profundizando; lo que con la llegada de la crisis económica mundial en este último trimestre del año, amenaza con sumergir al país en una crisis sin precedentes poniendo en peligro de franco retroceso los indicadores de bienestar social alcanzados. Como dato relevante de lo que estamos señalando vale con decir que Venezuela contará en el año 2009 con un tercio del ingreso fiscal petrolero total que obtuvo en el año 2008.
También desde la perspectiva económica se mantiene una aguda crisis de correspondencia con la economía real y el planteamiento del “socialismo en el siglo XXI”: Venezuela ha venido consolidando un poderoso capitalismo de Estado, con algunos espacios abiertos a la inversión privada, con régimen de mercado, pero intervenido estatalmente, a la vez que se promueven iniciativas de la llamada economía social, que apenas registra un aumento de 1,6% en el PIB en una década.
En Venezuela es patente una permanente tensión con el liberalismo, mientras tiene lugar una suerte de compulsión revolucionaria, en el marco de la constante refundación constitucional. En cuanto al tema de la reelección planteado en la agenda política del 2009, es importante señalar que esta búsqueda se da en el marco de una nuevas significaciones políticas en la región, en la edición de nuevos pactos de poder para el logro de la inclusión; a la vez que las mayorías políticas ven con escepticismo o sin interés las formas liberales. En el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, se observa la implantación de revoluciones iliberales, con fetiche electoral que con sus nuevos liderazgos políticos ponen a prueba los conceptos tradicionales de democracia. El planteamiento por la reelección podría ser también muestra del cambio político en la región, ya que no sólo se plantea reelegir a los Presidentes “malos” (Chávez, Morales, Correa), sino también a los “buenos” (Lula, Tabaré).
Sin duda, este proceso de constante renovación institucional va en contravía de la necesaria reconstrucción de instituciones que fueron desbastadas en los 90, lo que lleva a la necesidad para aquilatar las coyunturas políticas, especialmente la del caso de Venezuela, de distinguir naturaleza de los lideres frente a las plataformas que los impulsan, ya que existe una fuerte sobrevaloración de las características del líder debido a la debilidad de los sistemas políticos de referencia.
En el plano internacional, el final de 2008, muestra a una Venezuela que cambio radicalmente su posición internacional de comienzos de 2008, marcada fuertemente por su fallido y estrepitoso intento de liderar un proceso de paz en Colombia. Al cierre del 2008, Venezuela ha establecido una importante alianza militar con Rusia y una fuerte relación comercial con China, lo que ha aumentado su visibilidad extra-región. El gran desafió de la política internacional venezolana en el 2009, lo serán las relaciones con los Estados Unidos, ya que los dos más importantes recursos de poder que mantenía en el plano internacional, como lo fueron el antiimperialismo y la energía, entraran en cuestión, al menos en buena parte de 2009. En la región, Venezuela sigue apostando fuertemente al ALBA, y a sus relaciones con Ecuador, esto en el plano de los países aliados”. Con el resto de países de la región, mantiene una estrecha relación con Argentina, seguida de Brasil. En el caso de Colombia, las relaciones se mantienen con fuertes lazos económicos pero frías en lo político, especialmente hasta que se defina el tema presidencial en Colombia.
CONO SUR
Argentina
La coalición kirchnerista que permitió a Cristina Kirchner ser electa presidenta con el 45% de los votos, muestra hoy grietas y fisuras crecientes, habiendo sido el conflicto con el campo (ahora reanudado) el detonante de esta situación. Se trata ya de una tendencia que es irreversible. Pero como todo fenómeno político, puede acelerarse, demorarse, contenerse o desbordarse.
Las grietas en la coalición hacen más difícil la gobernabilidad en los próximos meses. La forma como desde los bloques legislativos del mismo oficialismo se critican y modifican los proyectos del Ejecutivo en el Congreso es una evidencia al respecto. Pero el gran problema de gobernabilidad es el que surgirá en 2010 y 2011, si es que el kirchnerismo no logra recomponer una coalición electoral que le permita ganar las elecciones legislativas del año próximo.
Hasta ahora, la oposición no logra capitalizar la crisis de la coalición oficialista a nivel nacional. Pero sí lo está haciendo en el ámbito local. En los últimos meses se han realizado elecciones municipales en tres ciudades medianas: Río Cuarto en Córdoba, Bariloche en Río Negro y San Rosa en La Pampa. En las tres, el Partido Justicialista fue derrotado porque el voto no-peronista se unió detrás de candidatos de origen radical. Es probable que la oposición el año que viene se imponga en muchos distritos, incluidos entre ellos Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. A su vez es posible que el peronismo muestre divisiones, con distritos en los cuales se apoyará a Kirchner y en otros no. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, no hay que descartar una división electoral del oficialismo entre quienes se mantengan con Kirchner y quienes no.
El conflicto agropecuario ha marcado una fisura importante al gobierno de Kirchner. La crisis política es la más grave después de la ocurrida en el 2001. La misma empezó por las pretensiones del gobierno de imponer las retenciones móviles y poner un máximo a las ganancias extraordinarias derivadas de la creciente demanda de los mercados mundiales. Los productores reclaman respuestas concretas sobre el nivel de las retenciones, sobre las medidas aplicadas a la carne y a la leche, medidas para hacer frente a la sequía y por la pérdida de rentabilidad por la caída en los precios de los commodities. El poder legislativo rechazó la propuesta de las retenciones móviles, aunque entre los motivos se encuentra ganar tiempo para las próximas elecciones provinciales. Los medios de comunicación social abordan la situación para ponerse en busca de conveniencias políticas y económicas. Los capitales privados se niegan a perder privilegios tenidos desde antaño y no aceptan el intervencionismo estatal por muy moderado que sea y la posibilidad de redistribución de la renta. Y, luego de meses de paralizaciones, se observa la falta de concertación en un proyecto de país.
Los grandes capitales están en juego. La tierra es rentable y esos capitales muchos ajenos al campo, vieron grandes ganancias por lo cual se niegan a que los pequeños productores tomen parte de esas ganancias. De fondo está en juego la política neodesarrollista del gobierno con las ideas neoliberales de los productores a gran escala.
El conflicto ha parado de momento sin embargo, ambos actores quieren capitalizar la atención de la movilización ocurrida en meses pasados de la sociedad civil para atraerla a sus intenciones políticas. Desde el gobierno se quiere capitalizar la imagen de la presidente Cristina Fernández de K. y de esa manera luchar en contra del campo.
En el último trimestre del año ocurrieron 126 conflictos laborales, el 71% de los cuales ocurrieron en el sector privado. La mejora salarial es el reclamo que más realizan los trabajadores. Los reclamos por causas económicas representan el 55% de las protestas laborales. Los conflictos por despidos, suspensiones o crisis en la empresa alcanzan el 26% del total. Fueron homologadas por el Ministerio del Trabajo 410 negociaciones colectivas aumentando 37% en referencia al mismo periodo en el 2007. De las negociaciones homologadas 376 correspondieron a mejoras salariales. Sin embargo, el próximo año no es alentador en materia laboral.
Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se hace justicia en el tema de la democracia sindical. La única asociación legal en Argentina era la Confederación General del Trabajo, afín al gobernante Partido Justicialista. Las federaciones de centroizquierda no podían tener personalidad jurídica por consiguiente, para ser delegado sindical había que pertenecer obligatoriamente a una central sindical. Con la decisión cualquier trabajador puede ser delegado gremial aunque no esté afiliado a ningún sindicato. Es el caso que en la firma de convenios laborales con la empresa privada las cúpulas gremiales se comprometían implícitamente de no designar delegados sindicales.
Las empresas, producto de la crisis económica mundial, reducen sus nóminas lo que repercutirá en las arcas nacionales. El gobierno ha lanzado un plan de ayuda para los trabajadores despedidos. El trasfondo de la inquietud empresarial en el tema laboral radica en la decisión del máximo tribunal de permitir la libertad sindical. Según datos del Ministerio de Trabajo, la participación actual de los trabajadores en comisiones internas es muy baja. Hay apenas 12,8 por ciento de establecimientos privados que cuentan con delegados y el resto carece de delegados. Los empresarios argentinos solicitan al gobierno restringir las importaciones de productos chinos y brasileños. Hay temor en el empresariado que la caída de la economía brasileña inunde de productos de ese país el mercado argentino. El comercio bilateral entres estos países alcanzará la cifra récord de $30.000 millones con un fuerte déficit para los argentinos.
El Ejecutivo Nacional decidió re-estatizar el sistema de jubilaciones privado vigente desde hace 12 años. Con esa medida las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones privadas fueron estatizadas y los fondos por ellas administrados pasarán automáticamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social. El nuevo marco regulatorio comenzará a regir desde el 1 de enero, luego de contar con la aprobación del Congreso Nacional. Con esta medida capitales españoles en Argentina se vieron fuertemente afectados. Otra medida que impactará capitales extranjeros en Argentina es la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. Sin duda que estas medidas han producido un gran impacto político que en el exterior puede interpretarse negativamente.
Es clara la intención del gobierno central en mostrar que el Estado es mejor y más eficiente al de la era Menem. El próximo año Argentina tendrá que hacer frente a sus compromisos externos para lo cual va a requerir una fuerte inyección de recursos económicos que teniendo los efectos de la crisis mundial será muy difícil de conseguir con los bancos internacionales. Las medidas tendrán que impactar para reducir el 40% de argentinos que visualizan la situación actual como negativa. La gestión económica del gobierno es aprobada sólo por el 29% de la población y la imagen positiva de la presidenta es del 28%. El 69% de los argentinos están en contra de las intenciones gubernamentales con las retenciones móviles. Sin embargo, la reestatización de Aerolíneas Argentinas tiene la aceptación del 52% y el rechazo del 40%. Con la renacionalización de los fondos de pensiones y jubilaciones la aceptación es de 45% y desaprobación de 40%. En el 2007 sólo el 17% consideraba que el 2008 sería malo. Ahora, el 39% de la población cree que el 2009 será peor.
Brasil
Con una aprobación del 81% el Presidente Lula es el mejor posicionado de la región. Sin embargo, no se puede determinar lo que ocurrirá por los efectos de la crisis mundial ya que aun no pueden medirse en Brasil. Con una economía emergente, los anuncios presidenciales dicen que Brasil no ha quebrado y no va quebrar. Sin embargo, hay indicadores preocupantes pero que no denotan quiebre de la economía. En el mes de noviembre se contabilizó la mayor fuga de divisas en 10 años. Las condiciones de escasez de créditos internacionales aunado a la merma en la demanda mundial de materia prima ha traído como consecuencia el despido de empleados, paralización de industrias y adelanto de vacaciones colectivas. Las empresas automovilísticas están implementando medidas para hacerle frente a la crisis mundial.
La intervención del Estado ha sido a través del Banco Central. Las políticas intervencionistas tratan de mantener la liquidez del mercado en caso de extrema volatilidad de la economía. Como política económica se inclinan por no restringir la economía. Esta situación ha traído serias diferencias especialmente con los países del MERCOSUR. La diplomacia de Brasilia enfila sus estrategias a reabrir el comercio mundial. Como ejemplo puede citarse las reuniones para concluir la Ronda de Doha.
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Las relaciones con el Ecuador se han visto debilitadas luego que ese país expulsara a la empresa brasileña Odebrecht. El gobierno de Correa aduce que la empresa ha incumplido con las estipulaciones contractuales. Las amenazas de Correa se extendieron a considerar la nacionalización de los pozos petroleros que la estatal Petrobras explota en ese país.
Con las pasadas elecciones municipales se reconfigura el poder local. El Partido de los Trabajadores se quedó con 6 alcaldías, perdiendo las ciudades más importantes: Río de Janeiro, Sao Paulo y Belo Horizonte. Estos resultados no pueden catalogarse a priori como la derrota del PT y un posible viraje en las elecciones presidenciales del 2.010. Ahora bien, queda evidente que la popularidad de Lula no es transferible automáticamente a los candidatos promovidos por éste. La situación referida quedó evidenciada con la derrota sufrida por la candidata de Lula para la alcaldía de Sao Paulo.
En medio de críticas por las relaciones de algunos países latinoamericanos con Rusia, su presidente se reunió con Lula para estrechar los lazos comerciales, militares y espaciales para lograr que ambas naciones se conviertan en potencias emergentes.
Las relaciones con Argentina se mantienen con diplomacia. Ambos presidentes desean avanzar en el uso de una moneda local para el pago de las transacciones comerciales, compra de aviones a la empresa brasileña por parte de Aerolíneas Argentinas, recientemente estatizada, profundizar la colaboración en el sector nuclear, además crear grupos de trabajo bilaterales en áreas de producción, tecnología, infraestructura, defensa y circulación de personas.
Con el Movimiento Sin Tierra, Lula no alcanzó grandes avances este año. Según estimaciones de funcionarios adscritos al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, este año se entregaron tierras a 18.630 familias. Las últimas investigaciones señalan que en Brasil se mantiene el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, impulsado por el avance de los monocultivos como la soja, caña de azúcar, eucalipto y maíz.
El rol regional de Chávez entra en conflicto con el liderazgo de Lula en la región. Hay una marcada competencia por la influencia que ambos pretenden llevar adelante en Argentina, Bolivia y Ecuador, Paraguay, Uruguay, América Central y Cuba. También por la estrategia venezolana de introducir a Rusia como actor estratégico en la región, lo que entra en conflicto con los intereses de Brasil en este campo. Pero la diplomacia brasileña se ha caracterizado históricamente por evitar confrontaciones demasiado abiertas y esto sigue vigente.
Chile
El clima electoral para las presidenciales del próximo año en Chile esta generando reacomodos en la Concertación y en la oposición. El gobierno de Bachelet debe dar respuesta a las necesidades de los chilenos si quiere que la Concertación continúe en el Palacio de La Moneda. El equipo ministerial esta siendo removido con ese fin. En este ambiente se ha desatado una de las mayores crisis de trabajadores públicos por reivindicaciones laborales.
A nivel político la Democracia Cristiana (DC) ha enfrentado cambios en su estructura interna. La presidenta del partido Soledad Alverar, renunció al cargo y a la postulación para las presidenciales. La carrera por la candidatura única de la Concertación será entre Eduardo Frei y José Miguel Insulza, quien ya se comprometió a renunciar en enero 2009 a la OEA.
El ex presidente Ricardo Lagos, se ha retirado de la contienda electoral, luego de esperar habilidosamente el desarrollo de los acontecimientos a lo interno de la Concertación. La dupla PPD-PS (corriente progresista de la Concertación) desea llevar un candidato único para las primarias del oficialismo.
La opción del candidato de la Alianza (centro derecha) sería Sebastián Piñera, quien sigue fortaleciéndose en las encuestas. Una de sus estrategias es buscar alianzas con otros partidos independientes y de ámbito regional. Las encuestas dan a Piñera como posible ganador de la próxima contienda electoral.
Con los resultados de las elecciones municipales se abre un nuevo capítulo para la dirigencia política chilena lo que debería concretarse en propuestas frescas y capaces de ganar la intención de voto del electorado chileno. La Concertación mantiene la idea que con clientelismo se apoya irrestrictamente la gestión pública local. Con todos estos resultados electorales los chilenos se están inclinando a la centroderecha, dejando la centroizquierda que desde los ´80 había calado en el país.
Chile ratificó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y pueblos tribales en países independientes. Este convenio promueve la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos originarios al garantizar el respeto a su identidad social, sus costumbres, tradiciones e instituciones. El avance es significativo en un país con un considerable grupo indígena. Este instrumento declara a los indígenas sujetos de derechos colectivos, lo que significa reconocerles derechos políticos, participación en el congreso, en los municipios y gobiernos regionales, derechos consuetudinarios a tierras, territorios y recursos naturales.
La economía chilena debe prepararse a escenarios de baja en los precios del cobre. El plan de reajuste de Codelco cuenta con varios puntos: congelamiento de nuevos ingresos laborales, restricciones en las asesorías y honorarios profesionales, mantener los planes de expansión y en caso de requerir nuevo personal proceder a la contratación, tener planes de austeridad sin disminuir la seguridad del personal ni la del medio ambiente.
Según el Informe de Seguimiento de la Educación 2008 emitido por la Unesco, Chile es el país en el que hay menos diferencias en el acceso a la educación escolar entre estratos sociales, la condición social no muestra mayor influencia para egresar del sistema de básica o de media. El país invierte el 18,5% de su presupuesto en educación. El acceso a educación también reseña el avance que el país ha tenido en materia de género. La inversión beneficia a las mujeres quienes tienen mayor garantía de acceder a la educación universitaria. Por lo cual la versión del Informe Global de Brecha de género reporta que Chile pasó del puesto 86 que ostentaba en el 2007 al 65 en este año. Sin embargo, las condiciones laborales de muchas mujeres siguen siendo desfavorables. Chile es el país con más iniquidad en el tema de género de la región.
Paraguay
Después de los primeros meses de gobierno comienzan a destaparse los escándalos de corrupción, luego de seis décadas de que los Colorados detentaran el poder. Sin embargo, en lo económico las divisiones y protestas son notorias. Los productores de soja se oponen a la creación de nuevos impuestos, además de criticar los comentarios del presidente Lugo en la ONU cuando denominó a los productores sojeros como terroristas por el uso indiscriminado de los agrotóxicos. En respuesta los productores se quejan de la inseguridad y de las invasiones a tierras.
Hay fuertes intereses políticos por debilitar al gobierno, que no tiene mayoría en el Parlamento y con un Presidente y su tren ministerial aprendiendo el oficio de gobernar. Esta imagen ha generado desconfianza en el empresariado lo que avizora conflictos entre gobierno-sectores productivos por la falta de claridad en las políticas gubernamentales.
Los productores de soja ya amenazaron con no vender ese producto por no contar con seguridad jurídica y física, lo que amenazaría a la economía de ese país. Con lo de agro tóxico, hace referencia a la soja transgénica introducida en Paraguay en 1999 de forma ilegal, lo que ha originado muertes de campesinos e indígenas, malformaciones en recién nacidos, múltiples enfermedades en los hombres, mujeres y niños; además de ríos y tierras contaminadas.
El FMI en misión técnica al Paraguay ha recomendado no aplicar exoneraciones impositivas bajo el concepto de incentivos fiscales, además de eliminar los beneficios establecidos para los dividendos y utilidades. En referencia al sistema de maquila, sugieren restringirlo o controlarlo estrictamente a una delimitación física.
La sociedad paraguaya aboga por una reforma agraria regida por los canales constitucionales de respeto a la propiedad privada y la seguridad de las personas. Desde el gobierno se ha dejado claro que la reforma agraria exigida por todo el país no puede hacerse en un clima de violencia ni irrespetando la Constitución Nacional. Los campesinos sin tierra no descartan las invasiones masivas de tierras, si el gobierno no responde oportunamente a sus peticiones. Ellos exigen el cumplimiento de acuerdos históricos y exigen la entrega de 30.000 hectáreas. También hay dirigentes campesinos paraguayos afirmando que Paraguay está siendo invadida por colonos brasileños. Los productores agropecuarios piden seguridad en el campo para poder trabajar y producir y de esa manera garantizar la producción en el país ya afectada por la reducción de la compra de los commodities y de los precios.
Los acuerdos firmados entre el gobierno de Paraguay y Venezuela ha dejado dividido a diversos sectores políticos por las materias que tocan como: energía, medio ambiente, agua dulce, salud y educación. El acuerdo para abrir la agencia de Telesur en Paraguay fue rechazada por el Congreso lo que evidencia una vez más las confrontaciones entre ambos poderes.
A propósito de la crisis financiera mundial, en Paraguay se busca limitar sus efectos a través de ajustes fiscales que implicarían el aumento de la tasa del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos, cigarrillos, además de crear nuevos impuestos y eliminar algunas exoneraciones fiscales. En cuanto al agro, se crearía el impuesto a las ganancias en auge.
Brasil, Argentina y Paraguay representan casi el 60% de las exportaciones mundiales de soja, y la demanda creciente de China e India ha llevado a los productores a dedicar más extensiones de tierras a esos cultivos, y pese a los precios decrecientes y a una disputa con el gobierno por los impuestos a la exportación, es poco probable que los productores cambien sus planes de siembra. Además que hay productores que se niegan a los planes gubernamentales de restringir la cosecha a ciertas áreas.
Los paraguayos siguen migrando hacia Argentina, USA y España. Muchos son estafados en la búsqueda de ofertas laborales, otros son víctimas de la explotación y de la trata de personas.
Con Brasil comienzan las negociaciones para aumentar el costo de la energía que el Paraguay vende a ese país. En el Parlasur se revisarán los acuerdos entre ambos países por el manejo de la hidroeléctrica Itaipú.
Uruguay
La carrera por las elecciones presidenciales comenzó en Uruguay. La izquierda de ese país muestra divisiones que afectarían la permanencia del Frente Amplio en el palacio de gobierno. A pesar de las fuertes tensiones a lo interno de esa coalición, la misma se mantiene con el 40% de piso político. Pero la oposición unida tiene el 46% en intención de voto.
El Frente Amplio se muestra reactivo ante las decisiones emanadas del presidente Tabaré Vázquez. Los casos más emblemáticos son la promulgación de la ley que despenaliza el aborto y la de educación. En el primer caso el veto del presidente pondrá fin a la división. Sin embargo, la bancada frentista estudió llevar el veto al Congreso a pesar de no tener los votos suficientes para levantarlo. En el caso de la ley de educación el partido Comunista se negó a seguir la línea del Frente Amplio y votó en contra de la aprobación de esa ley.
El tema de la despenalización del aborto se suma a las objeciones de la ley que avala el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad por ser considerada la vía para aceptar el matrimonio y la adopción homosexual.
El otro punto de fricción fue la designación que hizo el Frente Amplio del Ministro de Industria, Daniel Martínez como candidato a las próximas elecciones, ignorando la intención de Vázquez de apoyar a Daniel Astori, y en segundo caso a José Mújica. Esta postulación trajo consigo la división.
Por el Partido Nacional suenan Luís Alberto Lacalle y Larrañaga. Este último supera a Tabaré Vázquez en las encuestas por un 49% contra 46%. Con la dupla Mujica-Astori hay un empate a 48% con el Partido Nacional. Dentro de la bancada blanca Luis Alberto Lacalle mantiene la preferencia electoral con un 46%, seguido de Larrañaga con 45%. Los indecisos blancos suman el 5%. En este panorama se mantiene la incertidumbre de la reelección de Tabaré Vázquez.
Hay que tomar en cuenta que el próximo gobierno deberá aplicar un ajuste fiscal o efectuar una reducción de los gastos para mejorar los signos de la economía de ese país sureño.
La inseguridad comienza a preocupar a los uruguayos. La delincuencia desborda la capacidad de respuesta de los entes policiales. Se han presentado muerte de delincuentes en manos de sus victimarios. Ahora bien, el problema de fondo es la tenencia de armas en manos de civiles. En este sentido Latinobarometro 2008 señala que la mitad de los ciudadanos están dispuestos a tolerar algún grado de violación del ordenamiento legal con el fin de capturar a los criminales. Se entiende esta percepción cuando la cuarta parte de la población ha declarado haber sido víctima de la delincuencia en el último año.
Por estimaciones de la Cancillería hay 700 mil uruguayos viviendo en el exterior. La información del cuerpo diplomático y consular hay 501.806 uruguayos fuera del país, con los descendientes llegan a los 700 mil, lo que representa 2,1% de la actual población del país.
En materia educativa se han escuchado voces en contra de las apreciaciones de la Ministra de Desarrollo Social al fustigar a la educación privada y calificarla de excluyente y elitista, además de catalogar a los jóvenes cursantes de la educación media privada de vivir en un mundo aparte. Desde el senado se dice que no se puede interponer la mejora de la educación pública denigrando a la privada.
Las críticas al sector educativo estatal son variadas pero las más agudas son la no implementación de planes de mejora en la educación secundaria, etapa donde se generan los mayores índices de deserción escolar, y proseguir con una sola universidad pública con un volumen de estudiantes que sobredimensionan sus capacidades. El Frente Amplio quiere aprobar una ley de educación que tiene fuertes críticas del magisterio. La medida ha impulsado al llamado a huelga y a la instalación de una carpa gremial (al estilo argentino) frente al Palacio Legislativo. El proyecto de ley no cuenta con el apoyo de la izquierda uruguaya.
La agenda laboral no es alentadora. El gobierno aceptando presiones de los sindicatos generó un clima de tensión con los trabajadores lo que ocasionó que los empresarios firmaran acuerdos salariales de difícil cumplimiento solo respetables disminuyendo la masa laboral. Estas prácticas han supuesto el fracaso de los consejos salariales impulsados por el Ejecutivo Nacional, aunado al clima de conflictividad generalizado a causa de los movimientos sindicales.
La bonanza económica en Uruguay trajo consigo la expansión de las discusiones con los sindicatos lo que les otorgó poder. En la recesión mundial, Uruguay tendrá que negociar con los grupos sindicales para no caer en inestabilidad política. La opinión de la OIT se contrapone a la visión del gobierno uruguayo en fijar la ronda salarial como el ámbito para la discusión de todos los aspectos de las relaciones laborales, además de catalogar a las ocupaciones como extensión del derecho a huelga.
Los empresarios uruguayos quieren reimpulsar el comercio con Brasil para lo cual se mantienen discusiones que permitan el ingreso de productos uruguayos al mercado brasileño. Con Argentina el gobierno uruguayo quiere instalar una planta regasificadora, sin embargo el enfriamiento de las relaciones políticas entre ambos países y detalles técnicos han generado demoras en la ejecución del proyecto.
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