Es evidente, Barillas fue el primer hecho. Hoy es Totonicapán. Este gobierno gobierna para los ricos (transnacionales de electricidad, empresas mineras, agronegocios, finqueros, caciferos, etc.) y al pueblo, cuando levanta sus demandas y reivindicaciones, le ofrece garrote, gases, balas.
Este es un gobierno que opera los intereses del capital, en este caso, de DEORSA y DEOCSA (Energuate), en el caso del servicio de energía eléctrica, cuyos cobros son la continuidad histórica del expolio español; que ejecuta política neoliberales en el caso de la reforma a la formación del magisterio, beneficiando al capital local y transnacional, pues privatiza la educación, la diseña para reproducir sus intereses y desmontar cualquier posibilidad de formación de ciudadanos libres; y de sus propios intereses y los intereses de la clase dominante, en el caso de las reformas constitucionales que pretende, que son una regresión absoluta en dirección de lograr democracia, desarrollo, justicia. Estos fueron los temas que las autoridades k’iche’s de Totonicapán pretendieron conversar con el gobernante el día de ayer y que éste ignoró. Y lo hicieron a partir de la toma de carreteras, porque de otra forma no se les atiende y no hay posibilidades de que “el diálogo” se convierta en una negociación a favor de las comunidades y millones de guatemaltecos y guatemaltecas ignorados por el poder formal y real de este país.
Hechos como los acontecidos no se registrarían, si estuviéramos ante un Estado y un gobierno que gestiona los intereses de las grandes mayorías. No se darían estos hechos si el gobierno, en lugar de reprimir, se orientara a resolver y transformar los conflictos generados por las injusticias, por las opresiones, por las exclusiones, etc., resolviéndolas de raíz.
Son evidentes las contradicciones y las malas intenciones de los ministros y el gobierno al impulsar una campaña de desinformación con relación a los hechos. Lo cierto hasta el momento es que van 7 muertos por arma de fuego y cerca de 40 heridos, la mayoría de los cuales también por arma de fuego, todos pertenecientes a comunidades k’iche’s, movilizados a partir del consenso que se generó en la estructura de los 48 Cantones de Totonicapán.
Lo cierto es que las fuerzas de seguridad del Estado sí portaban armas de fuego; que las fuerzas de seguridad reprimieron con el uso de la fuerza a los ciudadanos manifestantes. Lo cierto es que ha habido violación de Derechos Humanos y que las autoridades correspondientes (Ministerio Público) deben investigar y procesar a los responsables materiales e intelectuales. Ya el Procurador de los Derechos Humanos ha calificado el hecho como asesinato, cometido contra personas desarmadas, contrario a lo que difundió el gobierno.
Ha sido evidente la incapacidad, mala fe y el carácter represivo de los ministros de gobernación y de defensa. Bien conocido es que el pueblo de K’iche’, a través de su forma de organización, autoridad y representación, siempre ha defendido los intereses mayoritarios y siempre han procedido con el mayor cuidado para evitar estos hechos. Y esta no fue la excepción.
Manifestamos nuestra solidaridad a las familias, comunidades y a este valeroso y digno pueblo, que hoy vive el dolor de haber perdido a siete de sus hijos.
Nuestra condena antes estos hechos represivos que enlutan a todo nuestro pueblo.
Nuestra condena a la militarización, criminalización, persecución y represión que el gobierno de Otto Pérez ha implementado contra la protesta social legítima de nuestro pueblo.
Nos sumamos a la exigencia de renuncia o destitución del ministro de gobernación y el ministro de defensa, pues son funcionarios que atentan contra los ciudadanos indefensos.
Manifestamos nuestra disposición para acuerpar la movilización y lucha que estos actos represivos requieren de las organizaciones sociales y políticas consecuentes con nuestros pueblos.
NO MÁS REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO
NUESTRA CONDENA A LA MANO DURA
FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!
Guatemala, 5 de octubre de 2012.
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