Guatemala: EL POLOCHIC ES GUATEMALA

Lo que nosotros pedimos es que se cumpla el Estado de Derecho Carlos Widmann



Estado de Derecho ¿para quién? Los conflictos de tierra y territorio en el Valle del Polochic reflejan de manera evidente el sistema político “democrático” que tenemos en Guatemala. Los privilegios que tienen los empresarios les permiten decidir sobre la vida y la muerte de las y los trabajadores y, de manera particular, la de los campesinos e indígenas.



Una democracia radical aspira a la eliminación del orden finca a partir de acciones conjuntas por parte de todos y todas las que –de diversas formas- padecemos sus efectos







I. Orden Finca: un régimen para el despojo y la muerte



Uno de los resultados de los cinco siglos de colonialismo en Guatemala es que la vida y la muerte de las personas han pasado a formar parte de un cálculo de interés privado de lucro. El mejor ejemplo de esos procesos históricos es que, con frecuencia, las comunidades indígenas han sido desplazadas a la fuerza y con violencia de los territorios en los que han reproducido materialmente sus vidas.



Desde el siglo XVI los sectores dominantes han insistido en que la población indígena y campesina es fuente de atraso, incivilidad, salvajismo, enfermedad social, y que la mejor forma de resolver ese problema es obligándola a incorporarse al tren del progreso, la civilización y el capitalismo, bajo la tutela de encomenderos, finqueros y gerentes corporativos, según el momento.



Asimismo, en el imaginario racista de la sociedad guatemalteca se ha promovido el miedo a los indígenas, calificándolos de bochincheros, rebeldes y subversivos. La finalidad de esos discursos de los grupos dominantes ha sido el interés de controlar tierras, trabajo, vidas e ideas. Pero, más aún, de hacer creer que la visión del mundo reflejada en sus discursos debe ser la de todos y todas.



Pueden enumerarse tres ejemplos de modelos de control de territorios y vidas, que se han venido fundiendo uno en el otro a lo largo de la historia guatemalteca: el pueblo de indios, a partir del siglo XVI; la finca cafetalera, desde la última parte del siglo XIX; y la industria extractiva (minería, hidroeléctricas y monocultivos), en los albores del siglo XXI. Y en el caso de las mujeres, sus propios cuerpos han sido utilizados de diversas maneras: como botín de guerra, para marcar esos territorios invadidos, y como reproductores de fuerza de trabajo. En consecuencia,







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Cronología de hechos durante el año 2011





14 de marzo Representantes campesinos y funcionarios de la Secretaría

de Asuntos Agrarios se reúnen para encontrarle una salida negociada a la situación. Los representantes de la

Secretaría aseguran que no habrá desalojos.





15 de marzo

Un contingente estimado en

500 miembros del Ejército y de la PNC, se movilizó para realizar un desalojo en Agua Caliente, Telemán, Panzós. Las comunidades hicieron un llamado urgente para tratar de contener estos hechos. 80 familias afectadas y destrucción de 5 mil cuerdas

de milpa. Se registran 3

heridos y 2 capturados. El campesino Antonio Beb Ac fue asesinado y varias personas, entre ellas mujeres, niños y niñas, resultaron afectadas por las bombas lacrimógenas. El desalojo se extiende a 14 comunidades y por orden de juez. Ningún representante de la PDH se hizo presente.

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16 de marzo Líderes comunitarios informaron que treinta viviendas de la comunidad indígena Chimich fueron incendiadas, sin que la población pudiera rescatar sus pertenencias. La presencia de

los terratenientes Widmann fue constante en los desalojos.

Uno de los Widmann agredió físicamente y amenazó a José Cubur, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC). La PDH seguía sin aparecer. El Ejército colocó un retén entre Telemán y el ingenio Chabil Utzaj, para

evitar el paso de gente por allí.



el régimen político recicla y permite los despojos, los desalojos forzados, la usurpación de tierras comunitarias, el irrespeto a los títulos ancestrales, las arbitrariedades en la definición de linderos y, ante todo, el profundo menosprecio a la vida campesina y la de los pueblos indígenas.



En el último siglo estos mecanismos se han traducido, sobre todo para las poblaciones del campo, en el supuesto de que todo indígena debe ser jornalero, como de que toda mujer indígena debía ser trabajadora doméstica. A partir de tal supuesto se desarrollaron discursos y procedimientos jurídicos y políticos para conducirles al mundo del trabajo en la finca de manera permanente y forzada. Fue así como se resolvió la “necesidad” de asegurar los brazos para las actividades productivas que demandaba la finca. Esta no sólo se convirtió en un espacio concentrador de población trabajadora sino, sobre todo, de gobierno de todas esas vidas.





Al concretar modelos de aseguramiento y control como este, el régimen político ha posibilitado la acumulación de capital y poder en una docena de familias de origen finquero que en la actualidad son propietarias de cadenas productivas, bancos, bolsas de valores y partidos políticos.





En síntesis, se construyó una mirada, un discurso, que posicionó a la finca como emblema de progreso, de civilización, de desarrollo. Y, en consecuencia, se justificaron todas las acciones que tendieran a consolidar el orden finquero derivado de ella.



El genocidio de los años ochenta que costó la vida de por lo menos 200 mil personas, en su mayoría sujetadas al orden finquero, es la manifestación más contundente de la violencia que este ha estado dispuesto a desplegar ante la supuesta amenaza de una rebelión indígena.



Dentro de estas lógicas de control, el derecho guatemalteco funciona según un paradójico balance. La Constitución compromete al Estado a garantizar la vida de todos los ciudadanos, por lo que debe privilegiar este derecho por encima del derecho a la propiedad privada. Sin embargo, en la práctica, el Estado ha evidenciado su interés por privilegiar el derecho a la propiedad privada, especialmente la de los finqueros y de las corporaciones, por encima del derecho a la vida consignado en la Constitución. Un ejemplo reciente y claro en este sentido es la aplicación de la figura de usurpación agravada a la ocupación de









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tierras por parte de campesinos e indígenas, cuando en muchas ocasiones se trata de las mismas tierras de las que sus pueblos han sido históricamente desplazados y/o despojados. En este sentido, debe destacarse el no reconocimiento del Estado a las múltiples consultas populares realizadas durante los últimos años, previstas en el Convenio 169 de la OIT; lo que contrasta con su actitud servil ante los intereses de las empresas transnacionales de orden extractivo.



Se puede suponer que el viejo sistema colonial de las “dos repúblicas”, una de españoles y otra de indios, sigue vigente aun cuando no aparece literalmente en el derecho, ya que unos viven en los privilegios, mientras otros en las obligaciones; llamándose, sin embargo, todos ciudadanos.



II. El Polochic: condensación de la historia guatemalteca



En 1978, en el pueblo q’eqchi’ de Panzós, fueron asesinadas 160 personas por orden de finqueros de la zona y en nombre de la ley. Después de Panzós, se cometieron 63 masacres en Alta Verapaz. Lo mismo sucedió en Rabinal con la población achí entre 1981 y

1983, cuando grupos militares y paramilitares ultimaron por lo menos a 4 mil personas, un 20% de toda la población de ese municipio.



El Valle del Polochic, como se denomina al territorio que se localiza entre el Río Cahabón, El Estor en el Lago de Izabal y Panzós, ha sido históricamente testigo de la recurrente imposición del orden finquero guatemalteco. Desde la segunda mitad del siglo XIX la zona de Panzós, donde se ubicó un puerto fluvial por el cual pasaban las exportaciones de Alta Verapaz, ha sido objeto de disputas territoriales entre las comunidades campesinas e indígenas allí asentadas y familias y corporaciones alemanas, suizas y estadounidenses. Por ejemplo, el capital alemán se introdujo allí como dueño, desde 1910, de una vía férrea construida y operada por la Compañía Alemana de Ferrocarriles de Alta Verapaz. En otro momento histórico, luego de la contrarrevolución de 1954, miembros del Movimiento de Liberación Nacional, entre ellos el entonces alcalde de Panzós, se convirtieron en los nuevos terratenientes. Ejemplos como estos muestran cómo esas comunidades han tenido que soportar la





17 de marzo. La comunidad Bella Flor, en Panzós, fue desalojada por cientos de agentes de la PNC, el ejército, fuerzas especiales y grupos irregulares de gente armada. Los terratenientes Widmann coordinan los desalojos. Hay presencia de la PDH y de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, pero sólo acompañando el desalojo, sin fijar postura.



5 de abril. El BCIE reestructuró los préstamos por más de US$20 millones otorgados a los propietarios del ingenio Chabil Utzaj.



13 de mayo. A partir de las 8:30 de la mañana, llegaron 30 agentes de seguridad uniformados de la empresa Chabil Utzaj, disparando. Poco después, sobrevolaron tres helicópteros y lanzaron seis granadas para quemar las milpas que sobrevivieron al desalojo y para hostigar a trabajadores que estaban rescatándolas con el objetivo de dar de comer a sus familias.



21 de mayo. Miembros de la seguridad privada de Chabil Utzaj atacaron a disparos a un grupo de campesinos de la Aldea

Canlún que se encontraba trabajando en terrenos de la cooperativa Tzalamilá. En el ataque muere Óscar Reyes, de 34 años. También resultaron heridos Marcelino Ical Chub, de 25 años, con un disparo en la cabeza; Miguel Choc Cucul, de 21 años, con heridas en la pierna, brazo derecho y fractura en ambas extremidades; y Arnoldo Caal Rax, de 56 años, con un disparo en la frente.



4 de junio. Fue asesinada a balazos María Margarita Che Chub, lideresa de la comunidad de Paraná, Panzós, por hombres armados que llegaron en una moto y la atacaron en el patio de su casa, frente a dos de sus dos pequeños hijos.



20 de junio Todo lo anterior llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar Medidas Cautelares al Estado de Guatemala a favor de las 14 comunidades solicitando al Estado garantizar su derecho a la vida y la integridad física, su derecho a la alimentación y albergue, a la vez que la investigación de los hechos.



21 de junio. El consorcio nicaragüense Grupo Pellas adquirió por una cantidad no revelada el control total del ingenio Chabil Utzaj.







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28 de junio.

Fiscales del MP y de la CICIG allanaron la oficina de Comunicación Social de la PNC para investigar la muerte del campesino Antonio Beb Ac.



5 de julio.

Vencido el plazo dado por la CIDH y sin que el Estado hubiera hecho nada, varias organizaciones

indígenas, campesinas y de derechos humanos, en conferencia de prensa exigieron el cumplimiento inmediato de las Medidas Cautelares de la CIDH. La CIDH concedió un plazo de

15 días para que el Estado dé información sobre el cumplimiento de dichas medidas.



11 de julio.

Fue realizada una reunión en la capital entre la Secretaria de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, la empresa Chabil Utzaj,

la COPREDEH, el Fondo de Tierras,

el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, algunos comunitarios de la Comunidad de Punto 15-Finca Sauce y Edwin Ricardo Rummler

Tení, Alcalde de la Municipalidad de Panzós. El Alcalde Rummler Tení amenazó a la gente de Punto 15 de llevarlos para apoyar a los empresarios y diciéndoles: “ya saben que la empresa los va a matar, si los matan, yo no les responderé”.



11 de julio.

La Secretaria de Asuntos Agrarios publicó un boletín informativo explicando que se firmaban nuevos compromisos relacionados para la productividad y seguridad alimentaria de campesinos del Valle del Polochic y la seguridad física de las personas. Ningún representante de las comunidades afectadas fue llamado para esa firma.



14 de julio.

El diputado Héctor Nuila citó a la COPREDEH en el Congreso para que informara acerca de lo actuado por el Estado.



19 de julio.

Reunión entre comunitarios, organizaciones campesinas y la COPREDEH, en la que se tomaron acuerdos como: realizar el 10 de agosto una primera visita de concertación de las medidas cautelares con los representantes de las 14 comunidades y convocando a las instituciones públicas obligadas a cumplir las medidas cautelares; y garantizar la seguridad, libertad y libre locomoción durante el traslado, estancia y retorno de todos los participantes a la reunión.



prepotencia de quienes, amparados en la impunidad, las han despojadas de sus tierras desde mucho tiempo atrás.



La región del Polochic ha sido un territorio históricamente ultrajado y saqueado. Actores idénticos reciclados en el tiempo, motivos similares de pillaje, obscenas complicidades entre el ejército, el poder económico y el político; todo apunta a un Polochic constituido, una y otra vez, en el símbolo del despojo. El peor pecado del Polochic es ser un poderoso imán para inversiones megamillonarias. En la actualidad, y para los empresarios agroindustriales, ese fértil valle es propicio para la palma africana, la caña y el hule, no para la gente.



En efecto, las empresas Industrias de Desarrollo (INDESA) y el Ingenio Chabil Utzaj han comprado y rentado tierras en el valle para el cultivo de caña y palma africana. Asumen ser propietarios legítimos a pesar de las irregularidades legales existentes y no han dudado en hacer uso de su ejército privado para sostener su poder. Las redes de parentesco construidas por las familias propietarias de las mismas se vinculan a los ingenios Guadalupe y Concepción, en Escuintla.



Desde el 2004, coincidiendo con la presidencia de Oscar Berger (emparentado con esas familias), el Estado ha hecho lo posible para levantar al Ingenio Chabil Utzaj porque sus propietarios no cumplieron con los contratos de compra venta ni pudieron pagar los préstamos recibidos. Convocado por el Estado de Guatemala el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) salió a rescatar a Chabil Utzaj con un contrato de reestructuración de préstamos por más de 20 millones de dólares argumentando que ayudarían a impulsar proyectos de salud, educativos, de saneamiento y desarrollo rural para los pobladores. Una poderosa familia nicaragüense refrendó el contrato con el BCIE y levantó el negocio en el Polochic.



La historia de intervención de estos empresarios en el Estado, posibilitada por sus alianzas y redes –que además han atrapado a casi todos los partidos políticos-, evidencia el privilegio de sus intereses corporativos en la definición de políticas de inversión energética e hidroeléctrica; como también en las estrategias de





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represión contra los movimientos sociales y sindicales. Ejemplos de ello son, en el pasado, la persecución contra sindicalistas de la Coca Cola y el financiamiento de escuadrones de la muerte como la Mano Blanca; y actualmente los señalamientos que se han hecho por parte de organizaciones campesinas y de Derechos Humanos (incluyendo entidades internacionales) sobre su responsabilidad en los asesinatos de Antonio Beb Ac, Oscar Reyes y María Margarita Che Chub y en los ataques contra Marcelino Ical Chub, Miguel Choc Cucul, Arnoldo Caal Rax y Rosario Botzoc Choc, como resultado de los desalojos en el valle del Polochic.



Esos asesinatos, al igual que violentos desalojos allí registrados (en el Polochic), fueron resultado de la ocupación de tierras, aparentemente baldías, por familias campesinas q’eqchi’ empujadas por múltiples crisis, incluyendo la de los precios internacionales del café a principios del milenio. Tierras que han sido

reclamadas por el ingenio Chabil Utzaj.1 Tales desalojos y asesinatos, en los que han participado unos 2 mil soldados, deben calificarse como terrorismo de un

Estado que responde a los intereses del orden finca. En

este sentido, no sorprende que haya incumplido la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenando medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas.



Más de 800 familias de 14 comunidades se han quedado sin tierra, desprotegidas, sin alimentos; más de 1,400 hectáreas de maíz, frijol y chile fueron destruidas, además de la quema de casas y pertenencias de los desalojados. La desnutrición infantil en estas familias revela índices alarmantes.



Puede entonces plantearse que los crímenes en el Polochic son un símbolo y evidencia de cómo en Guatemala los intereses de los grandes finqueros y empresarios prevalecen por encima del interés común.

















1 Según la CICIG los registros de estas tierras desaparecieron del Registro de la Propiedad Inmueble en el 2005, período de gobierno de Oscar Berger.





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27 de julio. Varias maquinas moto sierra de la empresa Chabil se desplazaron a la Finca Paraná donde están asentadas 22 familias q’eqchi’ para cortar árboles.



28 de julio. Un mes después de que Jorge Barrientos, administrador de los Widmann, había dicho a los comunitarios que podrían sembrar en la tierra, llegaron a la Finca Paraná dos picops con la seguridad privada de Chabil Utzaj, a desalojar a las 22

familias allí ubicadas. Al día siguiente los gerentes Chabil Utzaj llevaron a 200 cuadrilleros entre quienes estaban algunos que dispararon al aire con armas de 9 milímetros y calibre 12.



19 de agosto. La COPRDEH asiste a otra reunión programada en la Finca Papalhá, en donde los representantes de las comunidades expusieron sus necesidades; así como las condiciones de extrema pobreza en que viven desde que fueron desalojados.



24 de agosto. El señor Jorge Toc Ac, vicepresidente del COCODE de la Comunidad 8 de Agosto fue bajado del microbús que se dirigía a la cabecera de Panzós por 12 agentes de la PNC, quienes lo e intimidaron, lo subieron a una radio patrulla y luego lo dejaron libre diciéndole: “no sólo sos vos, hay otros tres que tenemos que capturar”.



27 de agosto. Tractores y trabajadores de Chabil Utzaj llegaron a la finca Paraná custodiados y acompañados por 4 radio patrullas de la PNC.



31 de agosto. La señora Rosario Botzoc Choc, de 64 años, de la aldea de Quinich, municipio de Panzós, fue atacada por 4 hombres armados escondidos entre los árboles saliéndole al paso en el camino cuando regresaba a su casa. La tiraron al suelo y la golpearon con un palo en el brazo izquierdo. Cerca del lugar del ataque se encontraba un picop de color blanco esperando a los atacantes.



2 de septiembre. Hombres desconocidos hicieron disparos sobre las casas de familias en la Finca Paraná. Ese día horas más tarde se realizó la reunión interinstitucional entre COPREDH, los comunitarios, los peticionarios y

representantes del Estado. No se llegó a mayores acuerdos.



6 de septiembre. Nueva reunión en la comunidad 8 de Agosto entre comunitarios y el Estado. Todo parece que tratarán de resolver el conflicto entregando víveres y llamando a los comunitarios beneficiarios de la concertación.







III. Frente al orden finca, radicalizar la democracia



Resulta difícil hablar de democracia en Guatemala cuando vivimos inmersos en un contexto de violencias y despojos. Sin embargo, y frente a esas agresiones es importante destacar las luchas que –como en el Polochic- se han venido dando en diversos lugares del país. Baste mencionar los casos de San Marcos con la Mina Marlin, en San Juan Sacatepéquez con Cementos Progreso; en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, con las fincas La Violeta y Nueva Florencia; en Huehuetenango con la empresa italiana ENEL; en las comunidades ixiles de Chajul y Nebaj, Quiché, con la finca La Perla; en la Montaña de las Granadillas, Zacapa, por la tala empresarial del bosque; en las comunidades de Cobán, Ixcán y Uspantán, Alta Verapaz y Quiché, con la hidroeléctrica Xalalá y decenas más.



Estas violaciones de derechos, frente a las cuales se han venido organizando y actuando esas comunidades, están relacionadas con los que están consagrados en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los Pueblos Indígenas a la libre determinación; con el derecho a la alimentación y al agua; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a la vivienda, a la libertad, a la locomoción y al libre paso; el derecho a la integridad de la persona; el derecho a la salud. En síntesis, con el derecho a la vida.



El orden finca es antagónico a la construcción de la democracia. En la actualidad ello se evidencia en el hecho que todas las comunidades que protestan, se pronuncian, realizan consultas para reclamar y asegurar sus derechos histórico- territoriales son estigmatizadas y/o tratadas como criminales. Unas veces mediante discursos en los que se les señala como opositores al progreso y el desarrollo económico del país. Pero, otras, como en el caso del Polochic, mediante acciones violentas, como el hostigamiento, la persecución, la intimidación y el asesinato.



Pero, en una democracia radical jamás se perseguiría a quien lucha por sus derechos. Más bien, se priorizaría la construcción colectiva de un conocimiento profundo sobre esas conflictividades, sus componentes positivos y negativos y sus vínculos con otro tipo de conflictividades. Una democracia radical buscaría desarrollar marcos adecuados para garantizar una vida digna, en tanto objetivo central de la misma. Aquellos y aquellas que hasta ahora han sido marginados y estigmatizados ocuparían un lugar determinante en ese proceso. Así, la democracia tendría raíces y el Estado de Derecho tendría sentido.





























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