El 28 de febrero apareció asesinado Tomas Quej, líder de Asunción Caliha, comunidad ubicada en la cuenca del río Ribacó, Sierra de las Minas, en Purulha, Baja Verapaz. Apareció en el cruce a Chiséc, con dos impactos de bala. En el momento de ser encontrado sus documentos y dinero estaban consigo.
Durante la semana había recibido una llamada telefónica, indicándole que podía recoger un oficio en un juzgado de Cobán. Esto, que pareciera fue un engaño, le llevó a trasladarse a dicho lugar. Ese día desapareció y al tercer día apareció asesinado.
Según se conoce, la comunidad habría logrado la restitución de derechos sobre la tierra que en años anteriores su propietario les había cedido y que, con objetivos de despojo, una familia de terratenientes reclamaba como propias. De hecho, dicha familia había promovido el desalojo de las familias campesinas, producto de lo cual Tomas Quej tenía orden de captura acusado de supuesta usurpación.
Tomas Quej era líder en la lucha por la tierra y el territorio en Alta Verapaz. De hecho, es parte de una comunidad que además de luchar por los derechos sobre sus tierras, son parte de la lucha por el territorio en el área de Ribacó.
El área de Ribacó –como la del Polochic– es de alta conflictividad, debido al despojo histórico y reciente de tierras a campesinos y comunidades poqomchí y q’eqchi’, principalmente, y que hoy se agudiza a partir de la amenaza que representan los proyectos hidroeléctricos y mineros en la región.
Recientemente, el 17 de enero, representantes de pueblos y comunidades Achí, Pocomchí y Qéqchí –incluida la organización campesina de Tomas Qej–, llegaron al Congreso de la República para presentar un memorial dirigido a este organismo y a ministerios como el de minería, ambiente, entre otras dependencias estatales, en el que trasladaron las demandas y exigencias comunitarias para la cancelación de las licencias de exploración y explotación mineras, licencias de operación de hidroeléctricas. Adicionalmente, desde la Marcha Campesina realizada en marzo de 2012, ya se había exigido al gobierno cumplir con el barrido catastral en las fincas y anexos de Monte Blanco y Ribacó, siendo las denuncias de apropiación indebida de tierras en desmedro de comunidades y familias campesinas.
El crimen en contra de Tomas Quej no puede sino interpretarse como parte de la política de despojo que actualmente enfrentan los pueblos indígenas en Guatemala y, especialmente, los pueblos q’eqchi’ y pocomchí. Es evidentemente un crimen planificado y ejecutado con objetivos políticos, que se viene a sumar a asesinatos, desalojos y otras formas de violencia contra comunidades y pueblos indígenas, tal y como sucedió recientemente en Monte Verde, Livingston Izabal, la destrucción de cultivos en contra de comunidades q’eqchi’ por el Ingenio Chabil Utzaj, en el Valle del Polochic, o los hechos ocurridos en Barillas, Totonicapán, San Rafael Las Flores, San José del Golfo, y Santa Valeria, Cobán.
Es por esas razones que nos sumamos a la exigencia para que los organismos del Estado investiguen, capturen y castiguen a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato.
También, que se garantice la protección y seguridad para las familias de la comunidad Caliha y las comunidades que hoy resisten pacíficamente a las amenazas para su subsistencia y sobrevivencia.
Asimismo, para que detengan el despojo que están sufriendo comunidades rurales, campesinas e indígenas a manos del capital transnacional y nacional, interesados en saquear los recursos naturales del país.
NO MÁs crímenes contra líderes sociales, INDÍGENAS Y CAMPESINOS
Alto al despojo
FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!
Frente Popular, Guatemala, 4 de marzo de 2013
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