Colombia: Después del “Paro Agrario” nada será igual

Por Juan Castel

El “Paro Nacional Agrario y Popular” en Colombia, que iniciase el pasado 19 de agosto, tiene sus causantes históricas en la desigualdad del campo colombiano y en un régimen democrático burgués cimentado económicamente en un puñado de grandes terratenientes y del mismo imperialismo yanqui, los dos motores del estado oligárquico-imperial colombiano. Pero el Paro Agrario y Popular que ha puesto actualmente en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos tiene sus precedentes organizativos y de su accionar de lucha de masas en la historia del pueblo colombiano.

Antecedentes de la lucha

El 14 de Septiembre de 1977 será una fecha que los bogotanos no podrán olvidar, fecha en que los de abajo hicieron templar a la cúspide del poder militarista colombiano. El gobierno central estaba hacía tres años bajo el mando del Partido Liberal Colombiano (PLC) presidido por Alfonso López Michelsen; el alcalde designado por el PLC para gobernar el distrito especial de Bogotá fue el también liberal Bernardo Gaitán Mahecha. Junto con esa renovación del poder central, los bogotanos vieron un cambio en la forma de hacer política, cambio que desterraba al hegemónico Partido Conservador; pero ese cambio nunca llegaría y sería remplazado rápidamente por una crisis económica, el descredito de los partidos políticos y la intensificación de las desigualdades sociales, este contexto llevará en última instancia a la fuerte protesta urbana y social.

En agosto se anuncia la realización de una “huelga general”, que fue pronto criminalizada y tachada por los órganos gubernamentales de tener un carácter “subversivo y político”. Para llevar a cabo el paro se conformó un comité de coordinación que integraron varios sectores convocados por el Consejo Nacional Sindical (CNS), conformado por: Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). La protesta tuvo como plataforma los siguientes puntos: 1) Aumento de los salarios por encima del 50%. 2) Congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y de las tarifas de servicios públicos. 3) Suspensión del Estado de Sitio y respeto de las libertades políticas y sindicales. 4) Derogación del Estatuto Docente, reapertura y desmilitarización de las universidades, adjudicación de un presupuesto más adecuado a sus necesidades. 5) Abolición de las normas de Reforma Administrativa para que los trabajadores de servicios del Estado puedan disfrutar del derecho de asociación, contratación colectiva y huelga. 6) Entrega inmediata de tierras a los campesinos de las haciendas afectadas por el INCORA. 7.) Jornada de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte. 8) Suspensión de los decretos de reorganización del ICSS que lesiona los intereses de los usuarios y viola los derechos y conquistas de los trabajadores del mismo instituto.

La jornada del paro tuvo un preámbulo el día 13 a las 11:45 pm cuando “Los voladores, lanzados desde las azoteas de diez edificios y de otras casas particulares, los que notificaron con el grito de júbilo de la pólvora que se aceraba la hora cero señalada por las directivas de las cuatro centrales obreras” (Medófilo Medina: La protesta urbana en Colombia; 1984)

El 14 de septiembre de 1977 estalló el paro cívico más fuerte que quizás se ha realizado en Bogotá, por ende la protesta urbana más importante de la segunda mitad del siglo XX. En Bogotá la población interrumpe el transporte y se enfrenta a las fuerzas gubernamentales. Se produce desorden, interrupción del transporte y saqueos a grandes almacenes, a camiones de la Pepsi-cola, tomas de calzadas y avenidas principales, al tiempo que la población es fuertemente reprimida. Paro que en primera instancia aglutinará a los asalariados urbanos que serían secundados por obreros, empleados independientes, estudiantes, amas de casa y otros. En algunos lugares se produjeron asaltos a cinco empresas industriales medianas. Además se dio el intento de las multitudes de tomarse la Estación Central de Teléfonos de Bogotá y una estación de energía eléctrica en el sur. “Las tomas y los saqueos que se produjeron el 14 de septiembre no constituyen en modo alguno el aspecto más representativo o extendido del paro cívico, visto desde el ángulo de la protesta urbana” (Medina: 1984), ya que la clase dominante, los medios de comunicación y el gobierno se valieron de estos hechos para descalificar el paro, haciendo ver una protesta que fue justa, como un acto violento e ilegal, y por tanto lo reprimieron violentamente.

Los Campesinos del Catatumbo encendieron la chispa

A finales de junio del presente año, se desató una fuerte movilización de campesinos en la región del Catatumbo al noreste del departamento norte de Santander. La movilización fue mantenida férreamente a pesar de las embestidas represivas del ejército colombiano y de las persecuciones, asesinatos y desapariciones a manos de los grupos paramilitares –en clara alianza con el gobierno nacional- contra las poblaciones campesinas y los líderes de la movilización. Las causas primordiales del levantamiento de los campesinos del Catatumbo, tiene su base en la desigualdad en la que estos deben competir contra las grandes industrias agrícolas, agropecuarias, férreas, mineras y cafetaleras; estas últimas respaldas por las facilidades brindadas por “El Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia”, también llamado TLC. Este entró en vigencia el 15 de mayo del 2012 y a sub-arrendado el campo colombiano y sus productos a las importaciones trasnacionales, haciendo de los grandes hacendados y terratenientes colombianos los administradores nacionales del patio trasero yanqui y a la clase política fiel representante de la oligarquía colombiana.

Esto no amilanó a los campesinos, quienes manteniendo una lucha indefinida de más de dos meses, trajeron de nuevo a la palestra colombiana –distraída por los diálogos de paz de la Habana- de manifiesto los problemas de la desigualdad del trabajador empobrecido del campo (en Colombia 14 millones de campesinos viven en la pobreza y cerca de un millón de familias no poseen tierras para subsistir) que muere a la sombre de una competencia protegida por el falso “desarrollo”, por el gasto militar norteamericano en armas para con sus aliado más importante y productor de bienes básicos en América latina (plan Colombia). Fue el Catatumbo el que empujó a las masas a luchar abiertamente contra un gobierno que acusa a cualquier “basta ya” de los pobres, de tener influencia directa de la guerrilla y de los terroristas.

El Paro Agrario de todos, por una Colombia de todos

El paro colombiano convocado por diversas organizaciones sociales, progresistas, democráticas, sindicatos y de un amplio movimiento de izquierdas, estallaría el pasado 19 de agosto. Pero este no era como lo dice el gobierno pro-fascista y militarizado colombiano, un ataque influenciado por la guerrilla o por su nuevo “enemigo público” –dada una posible paz firmada en la Habana- el terrorismo. Este paro fue desde las primeras horas, un paro popular con su gran base campesina movilizada a lo largo y ancho de Colombia. Millones de hombres y mujeres que reclaman una solución estructural a los problemas que aquejan a la mayoría de la población en el país, que se evidencian en la miseria del 73% de los campesinos y campesinas; en 6,6 millones de hectáreas despojadas por las fuerzas estatales, paramilitares y transnacionales; en 5,5 millones de personas desplazadas a sangre y fuego de sus tierras; en el 52% de la propiedad rural concentrada en 1,15% de la población, con un Coeficiente de Gini del 0,85 (donde 1 significa el nivel máximo de desigualdad).

Es por estos motivos que actualmente Colombia entera se ha declarado en “Paro Nacional Agrario y Popular”, exigiéndole al gobierno mediante la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA): 1) La implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria. 2) El acceso a la propiedad de la tierra. 3) El reconocimiento a la territorialidad campesina. 4) La participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 5) Que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural. 6) Inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

El gobierno de Juan Manuel Santos ha intentado inútilmente invisibilizar el Paro y la multitudinaria movilización que lo sostiene, lo que no ha impedido que cada día sean más los sectores que se suman para manifestar su inconformidad con las políticas neoliberales, cuyos efectos se han profundizado con la firma de diferentes Tratados de Libre Comercio, especialmente el pactado con Estados Unidos en 2010. La represión ha estado a la orden del día, con ataques indiscriminados a las comunidades y manifestantes, ametrallamientos, daños a bienes civiles, confinamientos, retenciones arbitrarias en el campo y la ciudad.

La respuesta gubernamental

El gobierno se apresuró a desmentir el hecho de un paro general de los campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Declaración de Juan Manuel Santos: “El tal paro nacional agrario no existe, hay algunos sectores de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones que están pidiendo ayuda del Estado de forma legítima…Decían que van a aislar a Bogotá, no hay tal, son 10 o 15 personas, la situación está bajo control y los problemas se están solucionando” (Caracol Radio, 25 de Agosto). Apelando a que las protestas eran reducidas y estaban infiltradas por los grupos de la izquierda radical y de la ultra derecha. “En su alocución durante la Caminata por la Solidaridad, el jefe de Estado manifestó que son muy pocos los campesinos que están protestando y que las manifestaciones están infiltradas por violentos de la extrema derecha y la extrema izquierda” (Caracol Radio, 25 de Agosto).

Mientras Santos hace estas declaraciones no se detiene la arremetida policiaco-militar en el campo convulsionado por las manifestaciones y barricadas campesinas, tampoco es diferente el tratamiento que reciben los estudiantes y obreros parados en 30 de las 32 principales ciudades del país. La violencia del estado ha sido maximizada por los grupos paraestatales y los de choques gubernamentales, encabezados estos últimos por las despreciables fuerzas del “Escuadrón Móvil Antidisturbios” (ESMAD), a la cual se le atribuyen las muertes de manifestantes durante choques contra la policía. Mientras Juan Manuel Santos, respetando la ruptura con la fracción burguesa representada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sale a desmentir estos ataques y represión indiscriminada diciendo: "Nunca ha habido un Gobierno que le haya dado tanto a los campesinos y que esté tan comprometido con ellos" (http://www.noticiascaracol.com/nacion/articulo-302718-santos-se-disculpa-con-campesinos-y-acepta-abrir-mesa-de-dialogo) y culpando de todo este embrollo –claro no tácitamente- a los gobiernos anteriores presidido por Barco, Gaviria, Samper, Pastrana.

Esto le llega a la burguesía colombiana como “un golpe inesperado” durante las negociaciones de paz en La Habana, en la cual pone sus esperanzas de que la guerrilla de las FARC-EP claudique a la democracia burguesa, validando el sistema clientelar y corrupto que mantiene los privilegios de la minoría poseedora de la renta nacional y de los jugosos tratos con el capital trasnacional sobre la miseria de la amplia mayoría campesina y de los obreros y asalariados públicos y privados.

Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano nos solidarizamos con el pueblo colombiano, y animamos a seguir la movilización y la lucha contra el estandarte de la pobreza, la expoliación y la muerte, como siempre lo ha sido el gobierno colombiano, rapaz administrador neoliberal de la oligarquía terrateniente nacional y del interés imperial yanqui. Aquella lucha cívica en Bogotá en septiembre 77 revive hoy, más fuerte, con una lógica de clase más amplia, de muchos colores y de más voz. Aquella huelga general de 1977 fue derrotada por las armas al no poderse propagar por todo el campo. Pero este paro popular ha hecho en más de un mes de lucha lo que la guerrilla de las FARC-EP con su foquismo, no pudo hacer en más de 60 años de lucha. Hacer temblar al otrora inexpugnable poder oligárquico-imperial. Desde la distancia, sin el conocimiento concreto de los hechos, nos atrevemos a aconsejar a los campesinos y trabajadores en paro que empiecen a formar Comités de Autodefensa para enfrentar la represión generalizada que el gobierno ha lanzado sobre ellos; también aconsejamos que los compañeros se organicen en Comités de Abastecimiento y Autoayuda para poder sustentar los gastos del paro y que las familias trabajadoras subsistan. Estos son embriones de poder popular indispensables para que el paro pueda prolongarse exitosamente sin problemas. “Las masas en la movilización nunca serán derrotadas”.

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Honduras: Sintomática movilización el 15 de septiembre

Por Ricardo Velásquez

En el 2004 se dio la gran huelga del magisterio en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Ricardo Maduro. Ese año fue la primera vez que los docentes realizaron una movilización paralela al desfile del 15 de septiembre; sin embargo, en esa ocasión la movilización contó con la nutrida participación del magisterio y los alumnos. Esa experiencia ganada en el 2004 se desaprovechó y en los años siguientes nuevamente los centros educativos se sumaron al desfile oficial del 15 de septiembre.

Luego, con el golpe de 2009, nuevamente se retomó el día del desfile oficial para rechazar y condenar al régimen de turno. Con la llegada de Porfirio Lobo a la administración del Estado, se inició una brutal destrucción de las conquistas económicas y sociales del magisterio, el cual fue derrotado en esta lucha, primero en las calles y luego en el campo administrativo, a tal punto que lo que el actual ministro ha hecho con el magisterio es una completa "cacería de brujas". Por eso, los docentes llevan 5 años consecutivos sumándose a la movilización paralela al desfile oficial.

Marlon Escoto pretendió boicotear la movilización del FNRP

Ante los ridículos desfiles oficiales que se dan desde 2009, donde solo desfilan los centros privados, el ejército y la policía nacional, Marlon Escoto emitió un comunicado que prohibía a docentes y alumnos que se movilizaran alternamente, amenazando con despedir a los directores y expulsar a los alumnos. Esto no afectó al magisterio, que finalmente se hizo presente en la movilización convocada por el FNRP; los alumnos hicieron lo mismo sin llevar estandarte ni uniforme.

El enojo del ministro ante la decisión del magisterio se ha reflejado con el anuncio que ha hecho la directora departamental de Francisco Morazán, anunciando la suspensión por un mes del director del Instituto Central, Roberto Ordoñez; este instituto es el más emblemático del país y el más grande.

El pueblo avanza en su nivel de conciencia

El solo hecho de que una movilización como la del 15 de septiembre cuente con una gran participación de la población para condenar a los responsables de la fatal crisis económica y de los altos índices de violencia que abaten al país, ya es progresivo en el pensamiento del hondureño.

Sin duda alguna que el partido Libre, a través del FNRP, ha canalizado ese descontento popular hacia del proceso electoral del 24 de noviembre, día de las elecciones generales en que se elegirán a los alcaldes, diputados y presidenta o presidente para los próximos 4 años, creando ilusiones en el mismo. Es así que la movilización estuvo atiborrada de propaganda electoral de los candidatos y candidatas de Libre. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que todas las organizaciones de izquierda, incluyendo las que no forman parte de Libre, se sumaran a condenar y rechazar al régimen de Lobo-Hernández. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) también estuvo presente en esta movilización.

El circo debe ser reemplazado por una jornada de lucha nacional

Las 5 movilizaciones que se han realizado el 15 de septiembre, durante los últimos 4 años nos muestran que la población ya no cree en el circo de civismo con el que pretenden engañarle, como lo hacen desde hace 192 años. Estos desfiles no son más que una excusa para despilfarrar el dinero del Estado.

Debe ser obligación de la dirigencia de todos los sectores declarar el 15 de septiembre como una jornada de lucha con paro cívico nacional, en que se reivindiquen los derechos del pueblo a la tierra, al medio ambiente, a la educación, a la salud y a la justicia. Sin importar quién gane las elecciones del 24 de noviembre, esta tradición de cinco años de movilización debe proseguir para que el pueblo adquiera un verdadero sentido de independencia y lucha.

Movilización nacional en defensa de directores sancionados

Finalmente, el Partido Socialista Centroamericano llama a las dirigencias del FNRP, de las centrales obreras y del gremio magisterial que preparen una movilización nacional en respaldo a los directores que han sido amenazados con suspensión por un mes, como es el caso del maestro Roberto Ordóñez. El FNRP no debe tener puestas sus esperanzas solo en el proceso electoral; la lucha para exigir y condenar al régimen heredero del golpe debe mantenerse en las calles.

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Guatemala: Estudiantes de educación media se toman calles para protestar.

Por Armando Tezucún

El lunes 9 de septiembre estudiantes de la Escuela Normal Central Para Varones protestaron porque el Ministerio de Educación (MINEDUC) ha incumplido con entregarles el pago del bono de transporte y becas de estudio. Estos dos beneficios son un compromiso que asumió el gobierno y constituyen una ayuda para las familias trabajadoras que tienen a sus hijos estudiando en los establecimientos públicos. El Mineduc no ha entregado el bono durante cuatro meses, lo que hace una deuda de Q 120 por cada estudiante (Diario La Hora 9/09/13).

Esta es al menos la cuarta ocasión en que los compañeros estudiantes de los institutos públicos realizan acciones demandando el cumplimiento de lo que el Ministerio les ha prometido. El 13 de agosto los estudiantes del Instituto Nacional Central Para Varones manifestaron en las afueras del Congreso de la República, donde supuestamente se encontraba la ministra Cynthia Del Águila; en esta ocasión el presidente de la Asociación de Estudiantes, Óscar López, manifestó que en los últimos meses no habían recibido el bono y en lo que va del año las becas brillan por tu ausencia (La Hora 13/08/13). El 19 del mismo mes los de la Escuela Normal Central Para Varones marcharon de la sede de su establecimiento al Ministerio de Educación. A inicios de septiembre los mismos compañeros realizaron una toma del edificio del instituto, que solo fue cubierta por los noticieros televisivos.

El lunes 9, los compañeros de la Normal Central junto a los del vecino Instituto Técnico Vocacional Imrich Fischmann bloquearon el paso frente a su establecimiento educativo, quemando llantas. Tenían la intención de marchar de nuevo al Mineduc,  pero esta vez el ministro de gobernación López Bonilla les envió a sus esbirros de la Policía Nacional Civil, quienes disolvieron la protesta utilizando gases lacrimógenos, en medio de una lluvia de piedras que les lanzaban los compañeros (La Hora 09/09/13).

Esta lucha de los compañeros de enseñanza media adquiere relevancia en la capital, donde las movilizaciones de los normalistas en contra de la reforma a la carrera magisterial han disminuido considerablemente debido, en gran parte, a la aplicación del represivo Acuerdo 1505-2013.

Las protestas son un indicativo del fracaso del Ministerio y el gobierno en cubrir las necesidades del estudiantado, además de las conocidas deficiencias en infraestructura, materiales, alimentación, etc., que debería cubrir la educación pública y gratuita. Los últimos gobiernos han aplicado la política de invertir sus recursos principalmente en la educación primaria y preprimaria, en detrimento la educación media, el bachillerato y las carreras de diversificado. Esto ha deteriorado el nivel de los establecimientos públicos de enseñanza media en todos los sentidos, y ha permitido la proliferación de colegios privados que cobran cantidades exorbitantes y realizan cobros ilegales de todo tipo. Para las familias trabajadoras, inscribir a sus hijos en básicos, bachillerato y diversificado es cada vez más un lujo, y  las elevadas mensualidades no significan de ninguna manera una elevada calidad de la enseñanza.

Si el problema de los bonos y las becas es general, se debe trabajar por una coordinación de los estudiantes para unificar las protestas y tener más fuerza y efectividad. Las demandas deben ampliarse gradualmente a la exigencia del incremento de la calidad de la enseñanza pública a nivel medio y el aumento del presupuesto para inversión del Mineduc en este sector. Sabemos bien que las autoridades están aplicando la política neoliberal de dejar la enseñanza media en manos de los comerciantes de la educación que buscan lucrar por medio de los colegios privados. El resultado es el descenso dramático de la inscripción de estudiantes en establecimientos con una tradición y prestigio que se remonta a inicios del siglo pasado, como el Instituto Nacional Central Para Varones. Esta es la situación en la ciudad capital, puede que sea distinta en los departamentos.

Exhortamos a los compañeros de los institutos públicos de la capital a que inicien la ardua labor de construir una coordinadora de estudiantes que unifique las luchas e incluya la de los compañeros normalistas contra la modificación de la carrera de magisterio; indudablemente deben involucrar a los padres de familia y a los docentes conscientes y  progresistas. Para ello es indispensable terminar de una vez por todas con las rivalidades sin sentido entre varios institutos, alentadas por elementos lumpen ajenos al estudiantado, que han provocado enfrentamientos violentos entre compañeros.

Centroamérica: Conflicto Regional por el mar caribe.

Por Victoriano Sánchez

La oligarquía colombiana está furiosa por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, dictada el 19 de Noviembre del 2012, que le asignó a Nicaragua más de 90,000 kilómetros de mar territorial, en detrimento de sus antiguas fronteras.

Al comienzo, el conflicto pareció solucionarse por la vía diplomática, pero el reciente discurso del presidente Juan Manuel Santos, a bordo de una fragata colombiana, en el paralelo 82 supuestamente derrumbado por la sentencia de19 de Noviembre del 2012, confirma que lejos de encontrar una salida diplomática el asunto puede terminar en cañonazos y el hundimiento de barcos.

El peso de Colombia como potencia regional

La posibilidad de un conflicto armado en el mar no es una exageración. Al finalizar una guerra contrainsurgente de más de 40 años, el ejército de Colombia es uno de los más grandes de América Latina con más de medio millón de soldados y una respetable fuerza naval.

La burguesía colombiana logró lavar los miles de millones de dólares del auge del narcotráfico, y hoy es una de las más fuertes de América Latina. Las empresas colombianas andan a la caza de activos en toda la región. Colombia compite directamente con México y Venezuela por su influencia comercial en Centroamérica y el Caribe. Desde hace 10 años el PIB de Colombia logró superar de manera individual a Venezuela, Chile, Perú y Argentina. Es la segunda economía de Sudamérica y la tercera de América latina, después de Brasil y México.

Los discursos y poses nacionalistas del presidente Juan Manuel Santos, no son solo maniobras electorales en búsqueda de la reelección, cuando Colombia ha sido sacudida por la enorme protesta social del Paro Agrario, sino que responden al orgullo, sino que reflejan el orgullo herido y un duro golpe a las aspiraciones de Colombia como subimperialismo regional.

El endurecimiento de la posición de Colombia

El endurecimiento de la posición colombiana se debió a que Nicaragua presentó una nueva demanda contra Colombia ante la CIJ, esta vez para delimitar las fronteras marítimas entre ambos países. Nicaragua se ampara en el derecho a las 200 millas náuticas de su plataforma continental.

El gran problema para Colombia no son los 90,000 kilómetros de mar asignados a Nicaragua, sino que las islas de San Andrés están solo a 90 millas de la costa nicaragüense, y la confirmación de las 200 millas de mar continental implicarían la perdida de las islas y cayos en disputa.

Un creciente conflicto regional

En este conflicto, el gobierno de Colombia ha logrado arrastrar a los gobiernos de Costa Rica y Panamá, quienes han constituido un frente diplomático contra Nicaragua, a quien acusa de “expansionismo”, a pesar que la sentencia de la CIJ dejó salvados los derechos de terceros países, como Costa Rica y Panamá.

Los sentimientos nacionalistas de estos gobiernos están directamente relacionados con el reciente anuncio de construcción del canal interoceánico por Nicaragua. Sin ese amplio mar de 90,000 kilómetros el proyecto de canal interoceánico no puede progresar, ya que los buques tendrían que entrar primero al mar colombiano y hasta después a las aguas nicaragüenses.

Abajo los nacionalismos reaccionarios

El conflicto con Colombia, Costa Rica y Panamá, está siendo hábilmente utilizado por el sandinismo para unificar al país en torno al presidente Daniel Ortega. La Asamblea Nacional acaba de emitir una declaración política, de apoyo al gobierno, con los votos de la oposición burguesa.

El espíritu patriotero se apodera de todos estos países, creando profundas divisiones entre los trabajadores. Los socialistas centroamericanos estamos

en contra de los nacionalismos reaccionarios. El nacionalismo es progresivo si las masas luchan contra la dominación imperialista, y se torna reaccionario cuando las diferentes burguesías pelean entre sí, arrastrando a los trabajadores al conflicto que no nos pertenece.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) lamamos a la unidad de los trabajadores nicaragüenses y centroamericanos con los trabajadores colombianos. Esta imprescindible unidad pasa por desechar el discurso nacionalista reaccionario. Aspiramos a construir la patria grande de Simón Bolívar, la lucha por la definitiva independencia de América Latina pasa obligatoriamente por luchar por la independencia política de los trabajadores de Centroamérica y América Latina.

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El Salvador: El fantasma de las privatizaciones

Por Marcial Rivera

Hace algunos meses fue aprobada la ley de asocios público-privados en El Salvador, que en términos generales busca posibilitar la prestación de ciertos servicios por medio de alianzas entre el gobierno y entidades privadas, esto para buscar el 'desarrollo' del país. Esta ley fue impulsada y aprobada por requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos para el otorgamiento de la segunda parte de la Corporación de la Cuenta del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). La ola de privatizaciones impulsada desde el Fondo Monetario Internacional, fue denunciada en su momento por sectores de izquierda en El Salvador –durante la década de los noventas-, y a esto también se opuso en su momento el FMLN, que en torno a esta ley no solo cambió de posición en relación a la prestación de ciertos servicios por parte de entidades privadas, sino además apoyó su aprobación.

Dependencia del Imperialismo

La dependencia entonces del Estado Salvadoreño hacia el imperialismo se acentúa más, pues con la aprobación de la segunda parte del Millenium Challenge Corporation (Corporación de la Cuenta del Milenio) por parte de Estados Unidos, se condiciona la política exterior del gobierno salvadoreño. En ocasión de esta aprobación, la Cámara Salvadoreña de la Construcción apresuró algunas reformas a la Ley Especial de Asocios Público-Privados, con el propósito de acelerar las inversiones. CASALCO es una de las principales gremiales empresariales interesadas en la segunda parte de la Corporación de la Cuenta del Milenio. No obstante, el FMLN se ha opuesto a que el agua sea uno de los rubros incluidos en el tema de las privatizaciones, propuesta hecha por ARENA.

En ese mismo orden de ideas, el FMLN se opone a que sea el ejecutivo quien concentre el control de los asocios, y sostiene que quien tiene que tener este control debe ser siempre el legislativo. Este posicionamiento busca que las decisiones sobre quiénes participen o no en el tema de los asocios deberán ser tomadas de forma colegiada y no de forma unilateral y antojadiza por parte del ejecutivo; no debe perderse de vista que en su momento se hilvanó la posibilidad de incluir el agua -como ya se mencionó- y también la educación superior.

Con respecto a este último punto, hay que leer entre líneas las implicaciones que esto tiene. En principio El Salvador se encuentra en un periodo abierto de campaña electoral, por lo que la no inclusión de servicios básicos en los asocios público-privados puede convertirse en un tema de propaganda para la dirigencia oportunista del FMLN, retomando la retórica reformista en función de generar caudal político para impulsar sus candidaturas. Por otro lado, la sola aprobación de la Ley Especial de Asocios Público Privados por parte del FMLN es una contradicción política, ideológica y práctica en sí misma; no puede –desde un partido que se ufana ser de “izquierda”- hablarse de prestación de servicios que competen al Estado -sean básicos o no- por parte de entidades privadas.

¿Quién debe entonces prestar los servicios públicos?

Probablemente la respuesta suene tautológica; pero es precisamente el Estado el ente encargado de prestar los servicios estatales, y en esta prestación de servicios la población debe estar a la vanguardia de los distintos procesos, tanto en su prestación, como en su goce y finalmente en su auditoría. Al hablar de prestar servicios en un “asocio público-privado” se está hablando de privatización, y la justificación por excelencia para las privatizaciones y la ola de privatizaciones que se dio en su momento, fue la “incapacidad del Estado” para prestar algunos servicios.

Estos servicios que fueron privatizados deben ser expropiados, y deben ser devueltos a la clase trabajadora, a quien siempre han pertenecido y les fueron arrebatados en un acto antidemocrático e inconsulto por parte de los otrora presidentes de la derecha. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), llama a la población a movilizarse en contra de la ley especial de asocios público-privados, exigir su derogación, oponerse a la prestación de servicios básicos por parte de entidades privadas; y a luchar por la expropiación de las empresas que fueron robadas en su momento.

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El Salvador: Caravana de los Saberes

Guatemala: A propósito de la independencia-las cosas que no cambian

Ana Aupi 

Ana G. Aupi 

 Este mes, como todos los septiembres, los símbolos patrios son pulidos y desempolvados, y condecoran cual insignias la única patria que Guatemala reconoce. Patria viene del concepto “tierra del padre”, de sus propiedades. Y es así, como esta semana hace gala Guatemala definiendo quiénes son los padres de la patria, cuáles sus hijos[1] legítimos y cuáles los bastardos. Y por consiguiente, cuáles son las propiedades y quiénes los propietarios, es decir, los patriarcas. 

 El pasado martes 10 de septiembre, Alfred Kalschmit hacía gala en su columna de Prensa Libre, de lo que él denominó su “etnos”, en referencia al grupo al que pertenece, y mencionaba ”eso de ya no querer ser guatemaltecos, de reclamar derechos de territorio y leyes propias suena a país dividido”. Refiriéndose a las denuncias que defensores y defensoras de derechos humanos interpusieron contra la Fundación contra el Terrorismo por las publicaciones difundidas este año, las cuales -cabe decir- han tenido una sanción moral del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala por incitar al odio y a la confrontación social. Añadía “aquí nadie vino primero a estas tierras de volcanes y bosques ya casi agotados y en la cuales algunos se abrogan ser sus descendientes y reclaman derechos patrimoniales de sus bienes raíces”. 

Resulta paradójico que A.K. bajo la argumentación del rigor histórico, pueda sacudirle tantos siglos a la historia de Guatemala. Con poco menos de 200 años, el Estado de Guatemala y su jurisdicción, parece para dicho columnista indiscutibles al igual que para el grupo y grupos, que pertenecen a su “etnos”, efectivamente hay cosas que no cambian. Ojo señor A.K.: la independencia criolla de 1821 no es el inicio de la historia, y por supuesto, la caída del muro de Berlín en 1989 tampoco es el fin de la historia. Pareciera que el mito fundacional de su “etnos” desciende del barco o de un Acta de independencia que firmaron un puñado de hombres blancos y adinerados encerrados en su castillito. Efectivamente hay cosas que no cambian. Este Estado, esta Nación, que se viste de gala bajo el discurso de la libertad, establece quiénes son dueños de la historia y del territorio, y quiénes no lo son. Y luego como si se tratara de Maquiavelo, justifican las consecuencias de dicho saqueo, como falta de actitud ante del desarrollo. 

En palabras del vecino de columna de Kalschmitt, José Raúl González, “el primer rasgo de esa mentalidad empobrecedora es pensar que tenemos derecho al desarrollo”. EN BUSCA DEL ORO: HAY COSAS QUE NO CAMBIAN Las pequeñas diferencias de ese “etnos” colonizador es el avance tecnológico que les permite saquear el oro que hace 500 años no pudieron, explotar petróleo, privatizar las cuencas hidrológicas, hacer que la tierra cultivable produzca combustible para alimentar a las maquinas, en vez de producir granos, frutas y verduras para alimentar a miles de familias desnutridas, etc. Los saqueos que el territorio y los pueblos han tenido desde hace ya 500 años en esta tierra de árboles y volcanes, fueron impulsados en gran medida por la búsqueda de las riquezas naturales y de mano de obra barata para el recién naciente sistema capitalista. La búsqueda del oro fue una de las motivaciones de la invasión española, aunque fue la explotación y exportación agrícola las que configuraron el Estado de Guatemala, como hoy lo conocemos. 

En la actualidad, el oro (y otros metales) y lo conocido como oro negro (petróleo), siguen siendo un motivo para que empresas extranjeras con subsidiarias nacionales y con todo el respaldo del Estado, hagan la misma operación violenta de imponer un modelo económico basado en la búsqueda de riquezas de este territorio. Concretamente el petróleo figura como un eje dominante dentro de la economía guatemalteca, siendo el cuarto producto de exportación en el país. Las ahora conocidas como industrias extractivas, son una de las prioridades del gobierno actual, en el caso del petróleo concretamente, forma parte del tercer eje fundamental de la política energética, el cual plantea fundamentalmente la reconversión de la producción de la energía para aumentar la producción de petróleo para exportación. Y en el caso de la minería, es también una prioridad, dado que la modificación de la ley que la rige se sitúa en el área del sector energético como parte de las acciones claves de la Agenda Nacional de Competitividad 2012- 2021.

Esto significa que el gobierno va darle prioridad a los proyectos mineros y petrolero, y por tanto, va a ejecutar los proyectos necesarios para que estos se lleven a cabo, que son los megaproyectos de infraestructura, entre los que están, la activación del Plan de expansión del sistema de transporte eléctrico-PET- y Programa de electrificación rural –PER-, el desarrollo de los anillos de interconexión eléctrica, la producción de energía a través de hidroeléctricas, geotérmicas y geotérmicas, carreteras y mega carreteras, etc. La minería, concretamente, está muy ligada al desarrollo de los megaproyectos, dado que es un sector de los más interesados en que estos avancen. Quizá por ello estas fueron las grandes financiadoras del encuentro de empresarios inversionistas el pasado 31 de mayo, el Invest Summit Guatemala 2013, inaugurado por Otto Pérez Molina y financiado en su mayoría por Montana Exploradora, Mina San Rafael y CGN. Estos proyectos suponen en la mayoría de ocasiones un beneficio directo para el sector empresarial, y múltiples problemáticas para los pueblos que habitan las regiones que poseen más elementos naturales, ya que a pesar del discurso de la generación de empleo, y de que son “los principales ingresos en las arcas del Estado por concepto de regalías[2]”, no se materializa en beneficios para la población. El caso paradigmático que ejemplifica esto, es el de Rubelsanto, donde la enfermedad campas a sus anchas por la explotación petrolera, y la población no ha sentido ningún aumento de empleo[3] y mucho menos beneficio alguno de los fondos como el Fonpetrol. Las empresas entran o entran, eso no ha cambiado, generando conflictividad en las regiones que son víctimas de las licitaciones que el gobierno otorga. 

Por mucho patriotismo que sienta este mes, en el día a día, estas comunidades sufren desplazamiento forzado, eliminación de las formas de subsistencia y la constante coerción, amenaza y persecución judicial y extrajudicial, por parte del siempre desembarco transnacional en busca de las riquezas naturales de Guatemala, y gran parte del territorio de Abya yala[4]. La búsqueda del oro, parece que también es uno de los elementos que no cambian por más que pasen los siglos, y que recuerda, de quién, la patria y qué intereses defiende. La independencia de la que el Estado y sus representantes se hacen la boca grande en estos días, fue una lavada de cara, un cambio de manos. Y haciendo honor al rigor histórico al que Kalschmitt se refiere, cabe mencionar un dato que muestra como esta fiesta de independencia es solo un poquito más de opio. Antes de marzo de 1821, el general Gainza era Subinspector de las fuerzas en el Virreinato de Nueva España, y cuando se firmó el “Acta de independencia de Centroamérica”, simplemente pasó a ser en 1821 Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala. Es decir, el mismo representante del territorio para la Corona española, fue el que después de la creación del Estado, asumió la dirección de este en agosto de 1821. 

Además, en el Acta mencionada queda reflejada exactamente el matiz histórico al que nos referimos “Antes de que el pueblo con sus armas los declare”, es decir, antes de que otros por sus armas lo declaren, lo declaramos nosotros, nuestro “etnos” y a quienes representamos. Efectivamente hay cosas que no cambian, y valdría la pena que en este mes donde parece que somos mejores ciudadanos o ciudadanas las que nos sentimos profundamente amantes del quetzal, podríamos preguntarnos cuánto facilita esto la tarea, a los que por un par de siglos han pretendido vendernos la idea de que “Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor.” Cabe decir, que el himno original de 1897, el que se inventó cuando se fundó esta patria, lo que decía realmente era“Nuestros padres lucharon un día, Encendidos en patrio ardimiento, Te arrancaron del potro sangriento Y te alzaron un trono de amor.” 

Sabemos que la historia es interpretada por los vencedores y los Estado quedan representados por ellos o al menos, por sus operadores, y otros caporales de diversa índoles. No es tan fácil pretender que nos sintamos hijos legítimos de la patria y la celebremos, cuando día a día podemos percibir que somos hijos e hijas bastados de un choque sangriento, entre pueblos, que pretende ser apantallado bajo el argumento de la no división, invisibilizando el saqueo cotidiano transnacional. Me pregunto quién hace el saqueo, de qué “etnos”, para que los padres de la patria no reaccionen ante su consigna “Si mañana tu suelo sagrado, lo amenaza invasión extranjera…”. 

Y es que, por mucho que se lave la cara el quetzal o se reescriba el himno, del “Que tus hijos valientes y altivos, Ven con gozo en la ruda pelea, El torrente de sangre que humea, Del acero al vibrante chocar” al “Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz, cual presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar” hay severas diferencias entre su “etnos” y el de los pueblos. Ya que por mucho que se le cambie la letra al himno, “libre al viento tu hermosa bandera” no dejamos de recordar que se trató de “Tinta en sangre tu hermosa bandera”. APUNTES CONCRETOS DE INTERES…HAY COSAS QUE SI CAMBIAN El himno de Guatemala ha sufrido modificaciones en función de los intereses de quienes gobernaban, su letra original es de 1897, pero fue cambiada durante el gobierno de Jorge Ubico, por José María Bonilla. Ambos dos fueron ingeniados desde la representación social de los grupos económicos que han gobernado históricamente esta patria del criollo. Estas son las estrofas cambiadas:

Disponible en: Centro de Medios Independientes