El Presidente Daniel
Ortega levanta el Acuerdo Marco de concesión del Canal, junto al empresario
chino Wang Jing
Por Sebastián Chavarría
Domínguez
El Presidente Daniel
Ortega ha resucitado la vieja ilusión de construcción del Canal interoceánico
por Nicaragua, creando expectativas de progreso entre los pobres y generando
críticas y escepticismo por parte de la oposición burguesa
Ley No 800
Hace un año, el 3 de julio
de 2012, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, a iniciativa del presidente
Daniel Ortega, la Ley No 800, “Ley del Régimen Jurídico del Gran
Canal interoceánico de Nicaragua” que concebía el proyecto de
construcción del canal con la participación del 51% de las acciones a favor del
Estado de Nicaragua y creaba la “Autoridad del Gran Canal Interoceánico de
Nicaragua”, como el ente estatal regulador y vigilante de dicho proyecto. En
esa ocasión, los diputados de la oposición burguesa votaron junto al FSLN.
El 5 de septiembre del
2012, de manera discreta, la empresa china Nicaragua Canal Development Investment
(HKND), firmó
un memorándum de entendimiento con la Autoridad del Gran Canal, pero tema de la
construcción del Canal volvió a caer en el olvido, hasta el pasado 18 de Mayo,
cuando el Presidente Daniel Ortega dio a conocer que el proyecto de
construcción del Canal interoceánico finalmente se realizaría a un costo de
40,000 millones de dólares, aclarando que ya no se realizaría por el rio San
Juan.
Ortega anunció que la
construcción del Canal estaría a cargo de la “Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructura S.A. (EDGI)”,
recientemente creada en Nicaragua, ligada a la también desconocida empresa
china HKND, cuyo principal ejecutivo es el
empresario chino Wang Jing, residente en Pekín, director de la empresa de
telefonía celular Xinwei a la que recientemente TELCOR
otorgó una concesión para operar.
Nueva Ley Especial
El pasado 5 de Junio, el
Presidente Daniel Ortega envió con carácter de urgencia dos proyectos de ley,
uno de ellos para otorgar la concesión del canal interoceánico a favor de la
empresa HKND, este último fue
aprobado aceleradamente el 13 de Junio, por la aplastante mayoría de diputados
del FSLN.
René Núñez Téllez, presidente
de la Asamblea Nacional, defendió el proyecto de la nueva “Ley Especial para el Desarrollo de
Infraestructura y Transporte Nicaragüense, Atingente al Canal, Zonas de Libre
Comercio e Infraestructura Asociados”, argumentando que la
empresa designada es de China Continental, y que es “una entidad industrial
que agrupa un conjunto de inversores donde están metidos diversos países de
varias áreas de América Latina y de otros continentes”. (Nuevo Diario,
6/6/2013)
Esta nueva Ley
Especial es un retroceso en relación a la Ley
No 800, que
garantizaba el control del Estado de Nicaragua sobre el 51% de acciones de la
concesión canalera. Ahora, con la Ley Especial,el
proyecto queda en manos de inversionistas privados.
El mega proyecto de
construcción del Gran Canal Interoceánico es un conjunto de 10 subproyectos que
incluye el establecimiento de dos zonas de libre comercio con sus respectivos
aeropuertos internacionales, la construcción de un oleoducto que permita
trasegar combustible de un océano al otro, la construcción de dos puertos de
aguas profundas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, y un Canal Seco que
trasladaría mercancías a través del ferrocarril.
La Ley
Especial otorga
una concesión por 50 años, prorrogables por otros 50 años más.En adelante, el proyecto
canalero ya no sería supervisado por Autoridad del Canal sino por una Comisión
Especial, con autonomía técnica, administrativa y financiera.
La Autoridad del Canal sería un miembro más dentro de esa Comisión
Especial.
La concesión contempla
derechos irrestrictos sobre el uso de la tierra, espacio aéreo y
marítimo, de almacenamiento y extracción de recursos naturales, pero sin fijar
los límites territoriales de la concesión, lo que ha exacerbado los
sentimientos nacionalistas y las críticas de entrega de la soberanía nacional.
Además, como garantía de la inversión, el concesionario exige la renuncia a la
inmunidad soberana de sus reservas monetarias del Estado de Nicaragua colocadas
en bancos extranjeros, de manera que sirva de garantía en caso de conflictos en
los tribunales internacionales.
Las tarifas de peaje de
los usuarios del Canal – no queda claro si es seco o de agua- serían fijadas
por el concesionario, no por el gobierno de Nicaragua. En el proceso inicial de
estudios de factibilidad y construcción, el concesionaria aportaría 10 millones
de dólares anuales a favor del gobierno durante los primeros 10 años, una
cantidad ridícula si tomamos en cuenta el monto total de 40,000 millones.
Concesiones, ilusiones y
limitaciones
Con estas terribles
concesiones, que obviamente limitan la soberanía nacional sobre un proyectivo
estratégico, el gobierno sandinista pretende alentar a los inversionistas
privados para que el estudio de factibilidad del canal interoceánico esté listo
para Mayo del 2014. Paul Oquist, secretario privado de Daniel Ortega, justificó
las concesiones realizadas, porque la construcción del Canal elevaría el
Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, de un 5% a 10,8% en 2014 y hasta un
15% en 2015. El empleo formal pasaría de 623,458 personas que existen en la
actualidad a 1.9 millones, acabando con el crónico desempleo.
La magnitud del proyecto
ha generado grandes expectativas. No obstante, Manuel Coronel Kautz, principal
ejecutivo de la Autoridad del Gran Canal, reconoció las enormes dificultades al
afirmar que “Nicaragua no está en capacidad de estructurar un organismo”
(empresa) que sea capaz de realizar una obra como la construcción del Gran
Canal Interoceánico, y que por lo tanto, inevitablemente, tiene que haber
personal extranjero. Tenemos que ir a buscar empresas enormes que hagan este
proyecto, este proyecto no lo podemos hacer nosotros, ojalá que pudiéramos”.
(Nuevo Diario, 11/6/2013)
Lo anterior es un
reconocimiento que la débil burguesía nicaragüense, no será un componente
fundamental en la construcción del Canal, y que el negocio seria para las
empresas transnacionales.
Los alaridos de la
oposición
La oposición burguesa
parlamentaria, conformada por el Partido Liberal Independiente (PLI) y elMovimiento Renovador Sandinista (MRS), apenas conoció la urgencia de aprobar
el proyecto de nueva Ley Especial, minimizó
el asunto afirmando que se trataba de una nueva maniobra política del
sandinismo, pero después, comprendiendo la importancia del tema y las
expectativas que ha creado en la población pobre en torno a una inagotable
fuente de empleos, dio un bandazo y comenzó a agitar la consigna de referendo
para decidir un asunto tan importante.
El diputado Eliseo Núñez
del PLI afirmó que es “todo un teatro para generar esperanza en momentos que
vienen crisis como la del café, los frijoles y comienza la economía a
ralentizarse y ellos quieren sembrar algo que diga que hay esperanza”. (La
Prensa, 5/6/2013)
Dos días después, también
declaró que la Ley No 800 “entrega la soberanía del país sin saber por dónde va
a pasar el Canal, cuánto va a costar y cuál será su impacto ecológico y cuánto
tiempo va a tardar la construcción del mismo”. (La Prensa, 7/6/2013)
Eduardo Montealegre,
diputado del PLI, criticó que la nueva Ley Especial porque “viola la soberanía
nacional, ya que le otorga poderes absolutos al concesionario, al extremo que
el Estado de Nicaragua no lo puede demandar por ninguna razón” (La Prensa,
7/6/2013)
Dora María Téllez,
dirigente del MRS, fue mucho más agresiva al declarar que “a este tipo de
politiqueros, como la familia Ortega Murillo, es a quienes Sandino llamaba
vendepatrias (…) no es una concesión, es un robo de soberanía, los derechos y
bienes de los nicaragüenses”.(La Prensa, 7/6/2013)
El ala más radical de
oposición al gobierno de Daniel Ortega es, sin lugar a dudas, el MRS el que
contrapone los orígenes antiimperialistas del FSLN con las decisiones actuales
del presidente Ortega. Los diputados del MRS compararon la Ley
No 800 con el
tristemente célebre tratado Chamorro-Bryan del año 1914, cuando los
conservadores, bajo la ocupación militar norteamericana, otorgaron una
concesión canalera al gobierno de Estados Unidos, pero para que nadie más
construyera un canal que compitiera con el de Panamá. El dictador Anastasio
Somoza Debayle abrogó el tratado Chamorro-Bryan en 1974, dejando abierta la
posibilidad de construir el Canal en un futuro indeterminado, lo que provocó la
enemistad del general Omar Torrijos, que en ese momento negociaba la devolución
del Canal con la administración Carter, y que aquel apoyara la lucha
guerrillera del FSLN contra Somoza.
La Coordinadora Civil se
sumó a las criticas, declarando que “siendo este un proyecto de gran
envergadura, cuyo impacto positivo y negativo va afectar la vida de toda la
nación, la ciudadanía debe y tiene el derecho de ser consultada y participar de
la decisión, haciendo uso de la democracia directa a través de un referéndum”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)
No obstante, en las
condiciones actuales, dadas las expectativas creadas en torno a la generación
de empleos, cualquier referendo podría ser ganado por el FSLN, quien aparece
como el gran impulsor del proyecto de construcción del canal interoceánico.
La posición de Estados
Unidos
Hasta el momento no se
conoce ninguna posición oficial de rechazo o de apoyo de la administración
Obama, en torno a la posible construcción del Canal interoceánico en Nicaragua.
Phyllis M. Powers,
embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, “No tengo suficiente información
sobre el canal, estoy leyendo lo que ustedes están leyendo en la prensa, la
idea es muy interesante pero no sé qué tipos de estudios han hecho o van a
hacer. Como todos, estoy esperando lo que van a hacer y qué dicen los estudios
sobre factibilidad”. (Nuevo Diario, 7/6/2013)
Nicaragua está ubicada
dentro del área de influencia directa de los Estados Unidos y es muy poco
probable que el imperialismo norteamericano se quede con los brazos cruzados
ante la incursión del naciente imperialismo chino en su patio trasero, salvo
que haya participación de empresas norteamericanas y que quede establecido el
no uso militar de las instalaciones del canal.
Temores de empresarios
nicaragüenses
Con la aprobación de la
nueva Ley Especial, los
empresarios nicaragüenses quedaron fuera del gran negocio, ya que las obras
serian realizadas por empresas extranjeras.
La posible construcción
del canal interoceánico generaría un vorágine especulativa en torno al precio
de los terrenos donde se construiría el megaproyecto, por eso los débiles
empresarios nicaragüenses presionan por quedarse al menos con una pequeña
tajada del pastel.
José Adán Aguerri,
Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP),concentró sus preocupaciones sobre las expropiaciones:
“Observamos que por esa iniciativa se establece una nueva ley de expropiación
en franca oposición a lo que establece el artículo 44 de la Constitución
Política (…) Nuestro planteamiento es que se respete la legislación vigente”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)
El COSEP quiere que se
respete la “justa indemnización” contemplada en el artículo 44 de la
Constitución, aunque la Ley de Expropiaciones del año 1976 contempla que al
momento de expropiar se toma como base el valor del catastro fiscal.
Otra de las críticas del
COSEP ha sido que el gobierno no fijó las áreas de la concesión. Aquirre
lamentó que “Nicaragua entera estaría bajo concesión y eso podría atrasar
los procesos de inversión en el país”.
Por su parte, la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES),en
un tono menos quejumbroso, planteó que “dada su complejidad, la duración de la
concesión y la transcendencia que tiene para todos los nicaragüenses, este
proyecto merece ser discutido y aclarado plenamente, buscando el más amplio
consenso nacional. No contribuye al consenso ni a la democracia participativa
pretender que sea aprobado por la honorable Asamblea Nacional con solo dos días
de consulta”. (Nuevo Diario, 12/6/2013)
Optimismo del gobierno y
de HKC
El 15 de Junio se
formalizó en un acto público, con la presencia de Daniel Ortega y Wang
Jing, la concesión canalera a favor de la empresa HKND. El portavoz de HKND es
nada menos que Ronald Maclean-Abaroa, quien fue alcalde de La Paz,
Bolivia, de 1985 a 1991, y quien es conocido por impulsar grandes proyectos
modernizantes.
Maclean-Abaroa, aclarando
dudas, dijo que “se trata de un gran proyecto que tiene el potencial de
transformar el comercio internacional y traer importantes beneficios económicos
y sociales a Nicaragua, sus vecinos y Latinoamérica (…) Nicaragua tiene la
oportunidad de transformar totalmente su economía (…) Este proyecto será un
catalizador para el crecimiento económico de Centroamérica (…) Nicaragua está
dando una concesión para que le construyan un Canal que es suyo. Es suyo desde
el principio, está en el territorio nicaragüense. Nosotros solo tenemos una
concesión, pero tenemos un privilegio: 50 años para su explotación. Ese es el
tiempo mínimo que necesitamos para recuperar una inversión de esa magnitud.
Tenemos que hacer pasar muchos barcos para repagarla. (…) Al cabo de la
concesión, 50 años, Nicaragua tendrá el 51% de propiedad. Si se extiende la
concesión, terminamos 90% de Nicaragua y 10% nosotros”. (Nuevo Diario,
16/6/2013)
¿Cuál debe ser la
posición de los trabajadores?
Todavía no está claro si
el Canal será construido o si se trata de un proyecto fallido más. Sin embargo,
los trabajadores debemos tomar una posición al respecto.
Los sindicatos controlados
por el FSLN ya tomaron partido de forma incondicional a favor del gobierno
sandinista. La Central Sandinista de Trabajadores
(CST), y la Coordinadora
Sindical, conformaron “un frente sindical de organizaciones de
trabajadores sandinistas y no sandinistas, asumiendo una posición patriótica a
favor” de la Ley Especial.(Nuevo Diario, 13/6/2013)
No cabe la menor duda que
la construcción del canal solo será posible a costa de la entrega de la
soberanía nacional. Es el precio que exigen las transnacionales que tienen el
dinero disponible. Esta pobreza y falta de recursos es una consecuencia directa
del saqueo imperialista. Es igualmente difícil negar los beneficios que podría
traer una obra de tal envergadura.
Bajo un gobierno
“neoliberal social” como el de Daniel Ortega la soberanía nacional está en
peligro permanente. El equilibrio que se necesita entre defender la soberanía
nacional y obtener los recursos necesarios para impulsar la construcción del
Canal, solo lo puede lograr un Estado y un gobierno en mano de los
trabajadores.
La clave siempre está en
el control que los trabajadores podamos ejercer en la concesión, y ejecución
del proyecto. Pero esta pelea no es solo de los trabajadores nicaragüenses sino
de todos los trabajadores centroamericanos. La construcción del Canal en
Nicaragua tendrá repercusiones en todos nuestros países. La discusión está
abierta.
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