Por Ricardo Barreno
Guatemala se caracterizar por su riqueza, no
solo natural sino también humana; aunque ésta última, si bien es cierto puede
ser comprendida como beneficiosa, no siempre lo es, pues ante la falta de una
identidad guatemalteca reflejada en la ausencia de una voluntad en el quehacer
político, social, económico, entre otros, la vinculación y estructuración
cultural, se torna tensa y lesiva para la democracia participativa y
representativa guatemalteca.
Pero entonces, si Guatemala se caracteriza por
este dote de riqueza humana, ¿Por qué se trabaja en beneficio de la “minoría”?,
o mejor dicho, ¿Por qué se trabaja en el quehacer gubernamental
excluyendo al indígena, beneficiando a la minoría? Cabe antes de responder a la
interrogante anterior, hacer énfasis en que, Guatemala, siendo un país
pluricultural y multilingüe, el racismo ha florecido.
Siglo 21 (medio escrito guatemalteco)
publicó que “la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo
contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra) informó que en lo que va
del año se han registrado 13 casos de discriminación y racismo, por lo que es
necesario impulsar políticas públicas en las diferentes entidades del Estado”.
Pero, ¿Que es el racismo?; éste es un
problema que surge posterior a la conquista y colonización, el cual puede
devengar en fracturas o conflictos sociales. Y es que, siendo éste comprendido
como “la valorización generalizada y definitiva de unas diferencias, biológicas
o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en detrimento del
otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación”, es
usado en la coyuntura guatemalteca como una medida “justificada” de opresión,
en donde por ser una clase, de carácter “alto” tiene la potestad de coaccionar
a un grupo de clase “inferior”.
Entonces, ¿Que consecuencias socio-políticas
genera el racismo en Guatemala? Es así imperante el abordaje de la
participación indígena en las candidaturas a diputaciones en el proceso
electoral 2011, específicamente en los departamentos de Chimaltenango,
Quetzaltenango, Quiche y Sololá.
En Chimaltenango, por ejemplo, solo nueve
de los 20 candidatos a diputados eran indígenas, es decir que menos del 50%
fueron ocupadas por éstos; en Quezaltenango en donde el 54% de los habitantes
son indígenas, hubo 10 candidaturas indígenas de las 14 pertenecientes a este
sector; en Quiche también se marca una desproporción, que vale la pena
mencionar pues es sumamente marcada, ya que, de 31 candidatos, únicamente 10
eran indígenas; finalmente, en Sololá fueron electos 5 candidatos indígenas
entre diez candidatos. Cabe aclarar que, si bien es cierto que pudiera
considerarse una proporción equilibrada en cuanto a los curules en este último,
debe de tomarse en cuenta que en este departamento, la población indígena
representa el 96.4%.
Es así que, considerando que la mayor proporción
de los curules son ocupados por candidatos no indígenas, la coyuntura nacional
se ve desproporcionada en cuanto a su representatividad y dirección
gubernamental y estatal.
Es entonces que, como se tuvo a bien decir
anteriormente: el racismo surge en el proceso de la conquista y la
colonización; este sigue siendo un problema actual y que aun no es llevado a
una trasformación en búsqueda de un “desarrollo cultural de nación” ¿Cómo
entonces lograr la construcción de una cultura de paz en Guatemala?
Éste es un reto de gran imponencia, si por
ejemplo, Miguel Ángel Asturias, Federico Mora y Carlos Samayoa Chinchilla,
creían que debido a la incapacidad del indio de “mejorar”, o mejor dicho, de
“evolucionar” se debía de llevar a cabo una eugenesia cultural en
Guatemala, es decir, una mejora e higiene de esta; a través de la vinculación
sexual entre, por ejemplo, un indio y un español.
Resulta entonces, a manera de conclusión, hacer
énfasis en la “crisis de valores”, tales
como la tolerancia, respeto, equidad, supremacía de la persona humana, entre
otros, que devenga, en su mayoría, en un accionar racista en contra de quienes
son “diferentes”. Esto, como se ha hecho mención en apartados anteriores,
(de)genera una transformación en las estructuras estatales y por ende, en su
accionar y persecución de fines y servicios hacia la población guatemalteca.
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