Guatemala: 5to Curso de Psicoanálisis

Guatemala: Ciudadana y Cultura Política en el Marco de la Consolidación de la Paz

Por René Franco

En distintos espacios académicos, políticos e incluso de partidos políticos, se habla ahora de participación ciudadana en el marco de cultura política, sin embargo no puede hablarse ni de su ciudadanía ni de participación política, sino se define este segundo término. Por participación se entiende entonces desde la óptica de Sáenz de Tejada (Sáenz: 2005) "Conjunto organizado de acciones tendientes a aumentar el control sobre los recursos, decisiones o beneficios, por personas o grupos sociales que tienen niveles de injerencia relativamente menores dentro de una comunidad u organización, la participación política por su parte se centrará en el sistema de gobierno, instituciones partidos y elecciones".  

De igual forma bien podría definirse a la cultura política como “El conjunto de percepciones, actitudes y costumbres de la gente hacia la forma en la que considera se desempeña y trabaja su gobierno, y la manera en la que se relaciona con él.”

Ignacio Martín Baró s.j. estudió la dinámica de las comunidades en El Salvador, y básicamente descubrió que el empoderamiento en las mismas es mayor cuando se da el trabajo comunitario, cuando este último es el pilar fundamental de la organización a nivel comunitario, lo que sí es cierto es que el empoderamiento de la ciudadanía solo se dará en la medida en que existan pequeñas cuotas de poder en espacios pequeños pero significativos, que impliquen la toma de decisiones importantes, en este caso de las comunidades.

En este orden de ideas Baró sostiene que "La psicología política tiene, por consiguiente dos vertientes que con frecuencia se confunden y que conviene examinar por separado: la política de la psicología, es decir, el impacto de la psicología en cuanto actividad científica y profesional tiene en cada sociedad y, la psicología de la política, es decir, el análisis e intervención psicológica en los procesos y comportamientos políticos que tienen lugar en una sociedad" (Martín-Baró, 1988a:82). Esta concepción debiese abordarse desde la óptica individual como ciudadano, y en consecuencia sujeto político; y también desde la óptica colectiva, y en consecuencia pueblo.

Construcción de Identidad

Hacer un análisis válido sobre construcción de identidad, deben tomarse en cuenta los distintos elementos que han contribuido a este proceso de construcción en la historia contemporánea, entre los que no podrían dejar de mencionarse, la situación de inestabilidad política que se vivió en la región Centroamericana, en el marco de la falta de democracia y de espacios de participación ciudadana y política, en un contexto de guerra para el caso de Guatemala y El Salvador, en el que los espacios de participación estaban prácticamente vedados y su existencia era en términos generales nula.

La construcción de ciudadanía en este contexto es por demás complicada, pues implica  la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de la necesidad de tener representación en los distintos espacios de toma de decisiones, pero al mismo tiempo el de participar en este proceso de toma de decisiones. El proceso escalonado de represión que se vivió en la región, lo que menos hizo fue contribuir a este proceso de toma de conciencia, pues cualquier iniciativa, por mucho que solo se circunscribiera a temas comunitarios o locales, era considerado como subversión y en consecuencia estas iniciativas eran apagadas por parte de las autoridades y el ejército. En alguna medida algunos grupos contrainsurgentes, y de similar naturaleza luchaban justamente por esto: por la reivindicación de espacios de participación ciudadana y política, y por el empoderamiento de la población.

En la actualidad, en el marco de la posterior firma de los acuerdos de paz, bien puede afirmarse que existen espacios de participación ciudadana y política; sin embargo todavía existen algunos resabios de censura hacia estos espacios, obviamente no a los niveles en los que sí existió durante los conflictos armados en Centroamérica, pero sí existe. Por otro lado cabe mencionar que concretamente en el caso Guatemalteco, a la luz de los acuerdos de paz, prácticamente solo se reconoció la simple existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos políticos -entre ellos el de participar políticamente- pero no trascendió a ello, de manera que la cosmovisión política, la forma de hacer política y de tomar decisiones a lo interno de las comunidades indígenas, en cada etnia Maya, Xinca o Garífuna es e la práctica irrelevante en la vida política de Guatemala.

Y en el caso de las consultas comunitarias, al final únicamente se quedan como discusiones herméticas que se dan producto de las mismas problemáticas internas de las comunidades -como mega-proyectos, y otros grandes problemas- pero que no tienen mayor trascendencia a nivel de acciones políticas en sí; lo que es cierto es que a partir del reconocimiento existente de la multietnicidad, multiculturalidad y plurilingüicidad en el Estado de Guatemala, también debiese reconocerse las formas particulares de participación, representación y toma de decisiones relevantes y esenciales en la dinámica interna de cada comunidad y etnias, en tanto que estos espacios no sean reconocidos, pero además reivindicados y demás, no podrán darse los saltos de calidad necesarios hacia la consolidación de los acuerdos de paz en Guatemala.

¿Sobrevivir o Participar?

La cosmovisión "estomacal" de la vida, es decir la necesidad de supervivencia de la ciudadanía, también ha alcanzado a los pueblos indígenas, la necesidad de superponer el hecho de alimentarse como algo prioritario, anterior al hecho de participar de la vida política, ya sea a nivel local, municipal, departamental o nacional. Esta es sin duda una consecuencia de la dinámica política y del sistema político en sí, desde la vuelta a la vida civil y la posterior firma de los acuerdos de paz, Guatemala se ha caracterizado por tener elevados índices de corrupción, inestabilidad política y fragilidad institucional; esto aunado al Cementerio de partidos políticos, expresado en el sistema electoral. La población en términos generales, tiene aversión a participar en política, precisamente porque no encuentran sentido al hecho de participar, cuando de cualquier forma lo que se logra es mantener un estatus quo y beneficiar siempre a la clase dominante.

En la actualidad se hace necesario entonces impulsar una serie de reformas que a nivel de Estado y de Ciudadanía, apunten a esta última a un verdadero empoderamiento de su condición de ciudadanía, lo que ello trae implícito y por consiguiente el fomento de participación política, lo cierto es que a nivel educativo, bien pudiesen impulsarse algunas reformas que apunten a impulsar los valores cívicos y democráticos desde las escuelas, probablemente desde la primaria, pasando por los otros niveles educativos.

Lo más importante en este sentido es la exigencia que los distintos pueblos y los distintos sectores de la sociedad, deben hacer hacia el Estado, de reconocer las formas de participación política, pero además de reconocer la importancia de estos en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz, y que al final estas formas de participación ciudadana tengan una vinculación verdadera y que no únicamente queden en buenas intenciones o en actos de cordialidad que en la práctica no tienen relevancia alguna. Esta es una tarea titánica, pero que en aras de construir identidad, de fomentar valores cívico-democráticos y de participación ciudadana, no debiese esperar más.

Importancia de las ciencias periféricas

Se sabe que la Ciencia Política, es el estudio de las relaciones de poder, sin embargo esta ciencia está íntimamente ligada a la sociología política, a la antropología política y a la ciencia política, estas dos porque estudian un contexto más cultural que otra cosa, diferenciándose el primero que lo hace trascendiendo al papel histórico, mientras que el segundo lo hace desde la individualidad del ser humano, aunque también estudia las expresiones colectivas de estas particularidades, como el comportamiento político, las manifestaciones del comportamiento político, cultura política y otros. Y a la luz de estas perspectivas bien pueden emitirse algunas conclusiones: En principio las formas de reconocimiento y participación política de las y los pueblos indígenas, es algo simbólico en términos generales, pero que en la práctica no se traduce a un verdadero proceso de cohesión, de unidad y de toma de decisiones vinculantes para con las comunidades y el Estado de Guatemala.

Fuentes Bibliográficas:

• Sáenz de Tejada, Ricardo. Elecciones, participación política y pueblo maya en Guatemala, INGEP-Universidad Rafael Landívar. Guatemala, 2005. P. 18.

Guatemala: Discriminación étnica como problema a resolver para lograr la construcción de la paz a casi 17 años de la Firma de los acuerdos de Paz en Guatemala.

Por Silvia Socorec

Toda sociedad post-conflicto necesita emprender un proceso de construcción de la paz, en el cual la memoria y la reconciliación no pueden ser obviadas. Es necesario entender satisfactoriamente el pasado como punto de partida hacia una nueva sociedad. De ahí la importancia de la reconciliación, entendida como la generación de procesos de conocimiento, reconocimiento y comprensión, así como ejercicios positivos de encuentro y tolerancia entre grupos o sectores sociales anteriormente confrontados. 

Casi todas las personas reconocemos que en Guatemala hay racismo o discriminación racial contra el indígena, tanto por razones biológicas como culturales. Por lo que en Guatemala la discriminación por etnia, se define de la siguiente manera: “La población indígena, especialmente la más pobre, es objeto de burla por sus rasgos físicos, por su color, su estatura, su vestido, su forma de hablar y su religión”.

Con la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se abrió la posibilidad de iniciar un proceso formal de transformaciones en el ámbito de las relaciones del Estado guatemalteco con la población indígena. Si se comparan los enunciados allí planteados con los formulados en la Constitución Política vigente se puede constatar que se dio un paso importante en el reconocimiento de la realidad de marginación, exclusión y discriminación étnico-cultural que viven dichos pueblos en Guatemala. Afirmación que, en consecuencia, hace imperativo desarrollar procesos que contribuyan a enfrentarla y erradicarla. 

El Estado guatemalteco se sustenta en relaciones racistas, discriminatorias y explotadoras, construidas de una manera procesual, sistemática y sostenida a través del tiempo, habiendo conformado una estructura económica, política, social y cultural profundamente desigual. 

Aunque las clases y grupos subalternos reproducen esas relaciones, también construyen otras visiones y perspectivas ideológicas. Asumimos, en tal sentido, que si bien las propuestas ideológicas que se construyen desde el poder tratan de ser hegemónicas, en el proceso social de su reproducción van siendo modificadas, transformadas, alteradas. De tal manera que esos discursos hegemónicos van adquiriendo en la práctica social características que, muchas veces se distancian de lo que el Estado buscaba promocionar y legitimar ideológicamente.

No todas las personas que se dicen llamar “ladinos” o no indígenas, son racistas. Una cosa es la persona y otra, muy diferente, son las opiniones que defiende y las actitudes que mantiene. En cuanto a la postura de los que incurren en discriminación, son ellos quienes aceptan sin discusión que lo indígena es y debe estar subordinado y desplazado ante lo occidental y mestizo, excepto en los campos en que pueden ser rentables como es el caso del folklore y lo turístico, en el cual se invierte para obtener ganancias comerciales y no porque se conciba como derecho fundamental de las personas.

Cuando la mujer indígena se viste de ladina obtiene la aceptación del racista, aunque no tenga la fisonomía de una mujer criolla o ladina. Esto pone en evidencia que el componente cultural del racismo en Guatemala es más fuerte que el componente biológico.

“El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de expansión, conquistas, colonización y dominación y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia.

Una de las violaciones a derechos humanos más graves y menos atendidas en la sociedad guatemalteca, es sin duda la discriminación y el racismo, así como la recurrencia de este flagelo a lo largo de la historia de Guatemala, como la versatilidad que le permite renovarse y presentarse de diversas formas en cada época incluyendo la actual.

El racismo es un concepto asociado a cierto de tipo de actitudes y acciones que se fundamentan en corrientes de pensamiento o ideologías que sostienen la superioridad de algunas razas. Con el transcurso del tiempo y a medida que las corrientes de pensamiento han variado, el concepto ha ido adquiriendo complejidad, lo cual se identifica al examinar su proceso de desarrollo histórico. El término racismo encierra multiplicidad de significados, que es necesario distinguir para alcanzar una mejor comprensión del fenómeno y sus consecuencias.

Una de las causas del conflicto armado interno en Guatemala, tan importante como la pobreza o el autoritarismo, es la discriminación, aunque se suele ocultar precisamente porque el Estado de Guatemala ha sido discriminador y excluyente. Las evidencias a lo largo de la historia y con toda crudeza durante el conflicto armado interno, radican en que la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y sobre todo, la población maya, así como en contra de los que lucharon a favor de la justicia y de una mayor igualdad social.

La ideología racista hace más fácil ignorar estos hechos o no condenarlos con la suficiente contundencia, pues aún persisten, en la mentalidad de algunos guatemaltecos, la idea de que la vida del indígena vale menos. Esta noción puede explicar tanto el mayor número de víctimas mayas en algunos periodos del enfrentamiento armado y el por qué de los actos de extrema crueldad y los delitos de lesa humanidad cometidos en sus comunidades.

El genocidio es la expresión más dramática y cruel del racismo en el conflicto armado. A pesar que el tiempo del conflicto armado interno culminó con la firma de los Acuerdos de Paz, iniciados desde antes de los 90´s, aún en 1993, un miembro de la oligarquía se expresaba de este modo: “… yo no encuentro solución más que exterminarlos o meterlos en reservaciones como en los Estados Unidos. Es imposible meterle cultura a alguien que no tiene nada en la cabeza, culturizar a esa gente es obra de titanes, son un freno y un peso para el desarrollo, sería más barato y más rápido exterminarlos”.

Por lo que esta persona es claro exponente de la cultura de intolerancia, la ignominiosa discriminación por razones étnicas y la ausencia de las más mínima solidaridad nacional; aún en esta nueva era, en los años del 2000, todavía prevalecen las secuelas de una cultura de intolerancia y discriminación, que son secuelas nefastas de la confrontación fratricida durante más de 36 años de guerra que finalizó con la firma de Los Acuerdos de Paz, cuyo objetivo principal fue contribuir al cambio de un Estado de naturaleza profundamente excluyente.

En Guatemala se ha desarrollado una cultura de violencia especialmente hacia la identidad de las diferentes etnias en cuanto a su aceptación en la sociedad de la que ha resultado una actitud de falta de respeto y un sentimiento de desconfianza entre los guatemaltecos, que a todas luces se hace necesario reconvertir positivamente en una cultura de respeto mutuo y tolerancia.

Los Acuerdos de Paz constituyen una base fundamental para una convivencia pacífica y tolerante entre los guatemaltecos. Consecuentemente, el conocimiento y asunción del pasado, el conocimiento de las causas de la violencia desatada y del alcance de la misma, así como de los principios básicos de respeto de los derechos humanos, de los mecanismos para su defensa y la solución pacífica de las controversias, son elementos esenciales para la consolidación de un futuro en paz.

Guatemala: Concierto Hacedor de Lluvia en MUSAC!

Burocracia: ¿Mal necesario?

Marcelo Colussi

mmcolussi@gmail.com

 

“La burocracia destruye la iniciativa. Hay pocas cosas que los burócratas odien más que la innovación, especialmente la innovación que produce mejores resultados que las viejas rutinas. Las mejoras siempre hacen que aquellos que se hallan en la cúspide aparezcan como unos ineptos. ¿A quién le gusta aparecer como inepto?”

 

Frank Patrick Herbert

 

–Vengo a cobrar mi pensión–

 

–¿Nombre?–

 

–Pedro Ramiro Gómez Cifuentes–

 

–¿Número de carnet?–

 

–187679-00–

 

–Mmmm…. Según sale en el sistema, usted está muerto–

 

–¿Cómo muerto? ¡Si aquí estoy!–

 

–Pero en el sistema aparece muerto–

 

–¡No entiendo! Trabajé toda mi vida, y hoy que tengo que cobrar mi primer cheque de la pensión, me dice que estoy muerto. ¿Es un chiste? ¿Y mi dinero?–

 

–Va a tener que traer todos los recibos de sueldo de los últimos 30 años, legalizados por notario, para que yo pueda hacer algo–

 

Esto, que pareciera el guión de una comedia de mal gusto, perfectamente puede ser (¡es!) una realidad cotidiana. La burocracia, de la que seguidamente trataremos de hacer alguna consideración, no goza de la mejor reputación entre sus supuestos beneficiarios. La literatura lo confirma por doquier: “La burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión”, escribió alguna vez mordaz el británico Oscar Wilde. Pensemos igualmente en algunas de las grandes novelas de Franz Kakfa (“El proceso” o “El castillo”), de principios del siglo XX: los personajes quedan siempre desgarradoramente atrapados por las redes de burocracias impersonales que se terminan haciendo patéticas, trágicas…, como el ejemplo con que abrimos el texto. “Nuestros dos principales problemas son la gravedad y el papeleo. Nosotros podemos lidiar con la gravedad, pero a veces el papeleo es abrumador”, dijo apesadumbrado Wernher von Braun, uno de los grandes científicos del siglo pasado.

 

La burocracia es un producto de la modernidad. El surgimiento del Estado moderno es, en otros términos, la aparición de una burocracia organizada. Es decir: el capitalismo fue haciendo la vida cada vez más compleja, necesitando un orden crecientemente estricto y racional para poder funcionar. La burocracia en tanto “gobierno de los escritorios”, es un elemento consustancial a ese crecimiento y complejización del mundo de la industria en expansión, de las comunicaciones que globalizan el mundo, de la super especialización del trabajo.

 

En otros términos, la burocracia es una forma racional de organizar una determinada entidad y/o actividad buscando la optimización en su funcionamiento, para lo que se busca la mayor precisión, transparencia, velocidad y eficiencia posibles. La burocracia nació para ayudar la gestión de las cosas, no para entorpecerla. De hecho, surge en la estructura de los Estados modernos, pero hoy día ya es parte fundamental de toda gran empresa (burocracia corporativa), siendo lo que posibilita su funcionamiento empresarial eficiente a escala planetaria. Max Weber consideró a la burocracia como una forma de organización que pone el acento en elementos positivos tales como la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia, todo lo cual se consigue por medio de la división predeterminada del trabajo, de su supervisión jerárquica y de rigurosas y precisas regulaciones que lo enmarcan. De ese modo, la burocracia (de Estado o de las grandes empresas capitalistas) representa un orden racional que deja a un lado el “capricho” de la dirección, la improvisación o el carisma del jefe. Si algo tiene de positivo la organización burocrática es que cada trabajador y/o cada ciudadano se atienen a normas de funcionamiento, a reglas de juego precisas, y no queda librado a los azares de la vida.

 

Merced a esos procedimientos previamente pautados (rígidamente pautados, se podría agregar), todo el mundo se atiene a normas preestablecidas que, se supone, deben hacer la cotidianeidad más organizada, más fácil, menos aleatoria. La eficiencia que se desprende de esa organización debe pagar el precio de una rutina burocrática a veces aburrida… o enloquecedora, como en el ejemplo con que abríamos el presente texto. Pero esos “excesos” son la otra cara de un proceso que, en principio al menos, promete mayor racionalidad.

 

La sociedad capitalista, tanto su Estado como sus empresas privadas productivas (de bienes o servicios), está fundada sobre ese rígido orden burocrático. Lo mismo ha sucedido con las experiencias socialistas; allí la burocracia no sólo no tendió a desaparecer sino que, por el contrario, se maximizó. Puede llegar a decirse que el socialismo real conocido durante el siglo XX es un socialismo especialmente burocrático (¿pesadamente burocrático?). Esto ya nos marca una ruta de por dónde debemos plantearnos las cosas: ¿es la burocracia un mal necesario?

 

Ahora bien: en la percepción generalizada de la población, la burocracia es una carga pesada, una desgracia que hay que sufrir/soportar. Y ello no es sólo “percepción”: es una descarnada realidad. Ejemplos como el de nuestro pensionado no son tan inusuales. Las burocracias, en principio las estatales, aunque también ello puede encontrarse en la iniciativa privada, muchas veces terminan convirtiéndose en un martirio para el usuario. La excesiva actividad regulatoria termina produciendo duplicación de esfuerzos y, en muchos casos, ineficiencia administrativa. En vez de facilitarse la solución de problemas, los mismos se perpetúan y las soluciones se demoran excesiva e innecesariamente.

 

Valga este ejemplo: durante la época colonial de América (siglos XVI al XIX), el reino de España llegó a tener alrededor de 400.000 leyes para regular la administración de tan vastos territorios. Si bien en 1681 hubo un intento de racionalización de tamaño monstruo burocrático reduciéndoselas a 11.000, el peso paquidérmico y la ineficiencia de ese aparato más que facilitar las cosas, las fue tornando cada vez más inviables. No sólo por eso, pero sí como un elemento más que contribuyó, finalmente la Corona española tuvo que retirarse de esas tierras. La ineficiencia y corrupción de la burocracia colonial se hizo evidente, y su peso se tornó inmanejable. En buena medida esa “cultura burocrática” quedó instalada en tierras latinoamericanas; de ahí el “cáncer” burocrático de nuestras administraciones públicas.

 

Ahora bien: ¿por qué esa percepción generalizada de los usuarios (la población en general) que considera a la burocracia como pesada, molesta, especialmente rígida, falta de creatividad para solucionar situaciones novedosas que se salen del manual, enloquecedora? Porque de hecho, en innumerables situaciones así funciona.

 

En el marco de la empresa privada la burocracia tiende a ser menos ineficiente en la atención de sus usuarios porque allí “pérdida de tiempo” significa “pérdida de dinero”. Y si algo pone en marcha y mantiene esa lógica es el lucro. Por tanto, aunque el cliente no es más que un consumidor al que se hace prosternar reverencial ante el altar del consumo, no se le trata tan mal, porque en definitiva es él quien paga. En el ámbito de la burocracia pública, allí donde se extiende el prejuicio que “en el Estado no hay patrón” y que las prestaciones son “gratuitas” (¡como que nadie las pagara!...: son un derivado de la plusvalía que circula socialmente), el burócrata tiene la aureola de intocable. El poder de la burocracia, rígida y refractaria a cualquier cambio, y más allá de su ineficiencia, de su espíritu “enloquecedor” que en muchos casos nada sirve al usuario más que para “enloquecerlo”, está bastante ilimitado allí. Las burocracias, entonces, no están en función de facilitar las cosas transparentándolas y haciéndolas eficientes sino que permiten la corrupción y, en muchos casos, son un obstáculo para el buen funcionamiento.

 

¿Se podrá eliminar ese chaleco de fuerza burocrático? En las sociedades opulentas del Primer Mundo, donde las tecnologías cambian día a día la vida cotidiana, estaríamos tentados a decir que sí, producto justamente de esas tecnologías que facilitan y simplifican los procedimientos. Pero bien observado, los niveles de control que esas burocracias ejercen sobre sus poblaciones es infinitamente mayor al que se ejerce en los Estados de las sociedades pobres. Es, en todo caso, más sutil, más sofisticado, y el “papeleo” en cuestión es menor. Pero los grados de control y manipulación son mayores aún.

 

¿Y en el socialismo? La sociedad de “productores libres asociados” pergeñada por Marx y Engels hace siglo y medio, libre de ataduras burocráticas, aún parece que está lejos. Nadie dice que sea imposible. Lo que sí, lo que la experiencia concreta mostró en los primeros balbuceos del socialismo del siglo XX es que la burocracia tomó un papel preponderante en la organización. ¿Mal necesario del que ninguna sociedad compleja puede escaparse? El reto es ir más allá de eso. Como dijera Hegel: “El límite sólo se conoce yendo más allá”.

 

Guatemala: “El proceso de construcción de la democracia, como problemas psico-políticos; la tolerancia, y el ser condescendiente”

Por Pablo Xicol

Para la construcción de una cultura de paz, en un país latinoamericano como lo es Guatemala, que viene una serie de constante pugna interna, al igual que el resto de países, tanto centroamericanos, como latinoamericanos; es un tema bastante complejo de abordar, en general no se puede introducir en el tema sin antes tener claros los conceptos; se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría.

También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros.

Si bien la democracia es un derecho, como una manifestación de la libertad del individuo, la libertad es un concepto abstracto de difícil definición; en principio, está vinculada a la facultad que posee todo ser vivo para llevar a cabo una acción de acuerdo a su propia voluntad.

A lo largo del tiempo, la libertad comenzó a unirse a otras facultades o virtudes, como la justicia y la igualdad. Este cambio social fue acompañado por el desarrollo de nuevas formas de organización de la sociedad y el surgimiento de regímenes políticos hasta entonces inéditos.

Un ser libre no está atado a la voluntad de otros de forma coercitiva. La libertad garantiza el respeto por la voluntad individual e implica que cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Se conoce como libertinaje a la libertad absoluta, lo cual lleva inevitablemente al descontrol social.

Esto deja en evidencia una cuestión muy particular: no existe la libertad absoluta. Al respecto, existen diversas posturas, pero ninguna que asegure la posibilidad de mantener vigentes los principios morales, y la dificultad de mantener una postura cuando se rompen cada una de las etapas de la libertad, hasta caer al libertinaje.

Es difícil entonces concebir la idea que la cultura de paz, va de la mano con la democracia, y para abordar este tema hay valores importantes como la tolerancia y la condescendencia; la primera no es más que el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios.

El concepto se origina en el latín tolerare (“soportar”) y hace referencia al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra moral. Se trata, en otras palabras, de la actitud que adoptamos cuando nos encontramos con algo que resulta distinto a nuestros valores.

Ahora bien nos referimos a la condescendencia; Se trata de un concepto cuyos límites son difusos y su definición, poco precisa. Ser condescendiente no es lo mismo que permitir cualquier cosa, incluso aquello que hace daño o vulnera los derechos de otro. Tener la capacidad de adaptarse a la voluntad de otra persona y mostrar flexibilidad no debe convertirse en conformismo o falta de responsabilidad.

La condescendencia, por lo tanto, no debe avalar la ineficiencia o la incapacidad. Es importante que cada individuo exija aquello que le corresponde y que reclame o se manifieste cuando no se cumpla con eso.

Es posible entender a la condescendencia como el acto de descender a un estado de menor, renunciando a privilegios de rango o jerarquía. En este caso, la condescendencia implica otorgar honores a alguien de menor posición o categoría.

Entonces en un caso concreto, la sociedad guatemalteca, que es lo que impera en primera instancia, ¿La Paz?; ¿La Democracia?, o tal vez valores morales; como la tolerancia y la condescendencia. Aquí es donde se parte del análisis de la sociedad como un actor influyente en la creación de la cultura de paz y democracia, no se puede concebir una sociedad pacifica, por así decirlo, o con una democracia de primera, cuando sus ciudadanos, los actores de esas condiciones no están de acuerdo o no son acordes con sus actos.

Entonces se puede decir que psicológicamente, no están preparados para esa cultura de paz y democracia participativa, ya que psicológicamente para que exista un valor; es necesario tener en cuenta que surge y existe sólo en la interacción sujeto-objeto, pues el valor objetivo debe su aparición a la presencia de un sujeto (individual o colectivo) que se orienta hacia él y a su vez el valor subjetivo surge en virtud del reflejo del objeto externo (o sea, del valor objetivo). Sólo si el objeto (natural o social) satisface necesidades del sujeto se convierte en valor. Sólo si el sujeto refleja al objeto que le satisface y se orienta afectiva y motivacionalmente hacia él, convierte a ese objeto en un valor. Así el valor objetivo y el subjetivo se engendran recíprocamente en la interacción sujeto-objeto.

Esta relación de valores lo determina el sujeto, que son los ciudadanos y el objeto que son los valores, un ejemplo de ello, es un caso muy famoso en Guatemala, si hubo o no hubo genocidio en Guatemala, las respuestas son muy diversas por una simple razón; la mayoría de la población psicológicamente es apática a situaciones que no le sean pertinentes o no les influya directamente, por lo que todos pueden emitir su opinión en base a una escala de valores, pero en realidad no saben ni siquiera que significa la palabra genocidio; pueden decir que si, por el sentimiento de la perdida de manera cobarde de sus familiares y amigos, o bien pueden decir que no, por el simple hecho que atenta contra las jerarquías ya impuestas en Guatemala, entonces para una cultura de paz; qué hace falta en este ejemplo; hace falta la tolerancia, aunque muy trillado decir que la tolerancia es la base, es una proposición que emito como autor, ya que ninguno de los dos bandos que hay en Guatemala, los que están a favor ni los que están en contra, terminaran su postura hasta ver acabado al otro, entonces entra aquí el valor de la tolerancia en la medida que se respete la opinión del otro y se pueda con ello una sana convivencia de los ciudadanos social y políticamente.

La complejidad del asunto es el termino justicia, recordemos que la justicia es imparcial, la justicia es ciega. Por ello en el juicio de cualquiera de los bandos, la justicia debe de ser imparcial, llevar a cabo el debido proceso, y en este caso respetar las garantías del defendido. El querer hacer “justicia” aprovechándose de su jerarquía en la sociedad, es violar la constitución política de la república de Guatemala así como atentar contra el Estado de derecho.

Por lo que, la construcción de la paz en Guatemala, y con ello la construcción de una democracia participativa, se basa en la tolerancia, acompañada de otros valores, como el respeto, la comprensión, y la reconciliación, esta última importante ya que no basta con respetar el ideal del otro compañero, o bien ser condescendiente por no crear un conflicto, no; Guatemala podrá superar ese rencor y ese dolor interno, cuando puedan reconciliarse las partes, suena algo romántico, pero es algo verídico, la justicia en Guatemala se basa en el perdón.

No es la primera vez que el Estado, Gobierno, pide perdón por errores cometidos en el pasado, tampoco es la primera vez que los ciudadanos se organizan para pedir mejoras en su calidad de vida. A lo que me refiero es que la capacidad de reconciliación será en la medida que ambas partes reconozcan la culpabilidad de sus actos, por supuesto sometiéndose al debido proceso legal; está el ejercito con atentados contra la humanidad por la cantidad de muertes en la época, también está la guerrilla, quien atento también tanto contra el ejército como con los civiles que estaba alrededor.

La conclusión es que de los hechos que afectan a Guatemala psicológicamente, se encuentran: históricamente; el coloniaje que deja al indio en posiciones de esclavo, como raza un ser inferior que solo sirve para darle riqueza a los que detentan el poder, generalmente extranjeros; segundo el conflicto por las tierras y dinero, la capacidad económica y despojar a sus dueños, generalmente indígenas de sus tierras, luego el conflicto armado, y por último la apatía y la desunión como país a causa de factores antes mencionados.

En conclusión el desarrollo de Guatemala desde varios puntos de vista se encuentra en que los guatemaltecos podamos conciliarnos con nuestros compatriotas con la finalidad de enriquecer la sociedad, fomentar la paz, buscar la democracia. Y crear en Guatemala esa cultura de paz y bienestar que tanto se ha buscado pero poco se ha encontrado, solo los valores morales le devolverán la paz y la democracia a nuestro país y hasta que ese punto de reconciliación no se pueda dar, podremos seguir viviendo en una cultura con otros valores como la tolerancia y la condescendencia para sobrellevar nuestro diario vivir.

NICARAGUA: La posible construcción del Canal y las reales limitaciones a la soberanía

El Presidente Daniel Ortega levanta el Acuerdo Marco de concesión del Canal, junto al empresario chino Wang Jing

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El Presidente Daniel Ortega ha resucitado la vieja ilusión de construcción del Canal interoceánico por Nicaragua, creando expectativas de progreso entre los pobres y generando críticas y escepticismo por parte de la oposición burguesa

Ley No 800

Hace un año, el 3 de julio de 2012, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, a iniciativa del presidente Daniel Ortega, la Ley No 800, “Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal interoceánico de Nicaragua” que concebía el proyecto de construcción del canal con la participación del 51% de las acciones a favor del Estado de Nicaragua y creaba la “Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”, como el ente estatal regulador y vigilante de dicho proyecto. En esa ocasión, los diputados de la oposición burguesa votaron junto al FSLN.

El 5 de septiembre del 2012, de manera discreta, la empresa china Nicaragua Canal Development Investment (HKND), firmó un memorándum de entendimiento con la Autoridad del Gran Canal, pero tema de la construcción del Canal volvió a caer en el olvido, hasta el pasado 18 de Mayo, cuando el Presidente Daniel Ortega dio a conocer que el proyecto de construcción del Canal interoceánico finalmente se realizaría a un costo de 40,000 millones de dólares, aclarando que ya no se realizaría por el rio San Juan.

Ortega anunció que la construcción del Canal estaría a cargo de la “Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructura S.A. (EDGI)”, recientemente creada en Nicaragua, ligada a la también desconocida empresa china HKND, cuyo principal ejecutivo es el empresario chino Wang Jing, residente en Pekín, director de la empresa de telefonía celular Xinwei  a la que recientemente TELCOR otorgó una concesión para operar.

Nueva Ley Especial

El pasado 5 de Junio, el Presidente Daniel Ortega envió con carácter de urgencia dos proyectos de ley, uno de ellos para otorgar la concesión del canal interoceánico a favor de la empresa HKND, este último fue aprobado aceleradamente el 13 de Junio, por la aplastante mayoría de diputados del FSLN.

René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional, defendió el proyecto de la nueva “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados”, argumentando que la empresa designada es de China Continental, y que es “una entidad industrial que agrupa un conjunto de inversores donde están metidos diversos países de varias áreas de América Latina y de otros continentes”. (Nuevo Diario, 6/6/2013)

Esta nueva Ley Especial es un retroceso en relación a la Ley No 800, que garantizaba el control del Estado de Nicaragua sobre el 51% de acciones de la concesión canalera. Ahora, con la Ley Especial,el proyecto queda en manos de inversionistas privados.

El mega proyecto de construcción del Gran Canal Interoceánico es un conjunto de 10 subproyectos que incluye el establecimiento de dos zonas de libre comercio con sus respectivos aeropuertos internacionales, la construcción de un oleoducto que permita trasegar combustible de un océano al otro, la construcción de dos puertos de aguas profundas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, y un Canal Seco que trasladaría mercancías a través del ferrocarril.

La Ley Especial otorga una concesión por 50 años, prorrogables por otros 50 años más.En adelante, el proyecto canalero ya no sería supervisado por Autoridad del Canal sino por una Comisión Especial, con autonomía técnica, administrativa y financiera. La Autoridad del Canal sería un miembro más dentro de esa Comisión Especial.

La concesión contempla derechos irrestrictos sobre el uso de la tierra,  espacio aéreo y marítimo, de almacenamiento y extracción de recursos naturales, pero sin fijar los límites territoriales de la concesión, lo que ha exacerbado los sentimientos nacionalistas y las críticas de entrega de la soberanía nacional. Además, como garantía de la inversión, el concesionario exige la renuncia a la inmunidad soberana de sus reservas monetarias del Estado de Nicaragua colocadas en bancos extranjeros, de manera que sirva de garantía en caso de conflictos en los tribunales internacionales.

Las tarifas de peaje de los usuarios del Canal – no queda claro si es seco o de agua- serían fijadas por el concesionario, no por el gobierno de Nicaragua. En el proceso inicial de estudios de factibilidad y construcción, el concesionaria aportaría 10 millones de dólares anuales a favor del gobierno durante los primeros 10 años, una cantidad ridícula si tomamos en cuenta el monto total de 40,000 millones.

Concesiones, ilusiones y limitaciones

Con estas terribles concesiones, que obviamente limitan la soberanía nacional sobre un proyectivo estratégico, el gobierno sandinista pretende alentar a los inversionistas privados para que el estudio de factibilidad del canal interoceánico esté listo para Mayo del 2014. Paul Oquist, secretario privado de Daniel Ortega, justificó las concesiones realizadas, porque la construcción del Canal elevaría el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, de un 5% a 10,8% en 2014 y hasta un 15% en 2015. El empleo formal pasaría de 623,458 personas que existen en la actualidad a 1.9 millones, acabando con el crónico desempleo.

La magnitud del proyecto ha generado grandes expectativas. No obstante, Manuel Coronel Kautz, principal ejecutivo de la Autoridad del Gran Canal, reconoció las enormes dificultades al afirmar que “Nicaragua no está en capacidad de estructurar un organismo” (empresa) que sea capaz de realizar una obra como la construcción del Gran Canal Interoceánico, y que por lo tanto, inevitablemente, tiene que haber personal extranjero. Tenemos que ir a buscar empresas enormes que hagan este proyecto, este proyecto no lo podemos hacer nosotros, ojalá que pudiéramos”. (Nuevo Diario, 11/6/2013)

Lo anterior es un reconocimiento que la débil burguesía nicaragüense, no será un componente fundamental en la construcción del Canal, y que el negocio seria para las empresas transnacionales.

Los alaridos de la oposición

La oposición burguesa parlamentaria, conformada por el Partido Liberal Independiente (PLI) y elMovimiento Renovador Sandinista (MRS), apenas conoció la urgencia de aprobar el proyecto de nueva Ley Especial, minimizó el asunto afirmando que se trataba de una nueva maniobra política del sandinismo, pero después, comprendiendo la importancia del tema y las expectativas que ha creado en la población pobre en torno a una inagotable fuente de empleos, dio un bandazo y comenzó a agitar la consigna de referendo para decidir un asunto tan importante.

El diputado Eliseo Núñez del PLI afirmó que es “todo un teatro para generar esperanza en momentos que vienen crisis como la del café, los frijoles y comienza la economía a ralentizarse y ellos quieren sembrar algo que diga que hay esperanza”. (La Prensa, 5/6/2013)

Dos días después, también declaró que la Ley No 800 “entrega la soberanía del país sin saber por dónde va a pasar el Canal, cuánto va a costar y cuál será su impacto ecológico y cuánto tiempo va a tardar la construcción del mismo”. (La Prensa, 7/6/2013)

Eduardo Montealegre, diputado del PLI, criticó que la nueva Ley Especial porque “viola la soberanía nacional, ya que le otorga poderes absolutos al concesionario, al extremo que el Estado de Nicaragua no lo puede demandar por ninguna razón” (La Prensa, 7/6/2013)

Dora María Téllez, dirigente del MRS, fue mucho más agresiva al declarar que “a este tipo de politiqueros, como la familia Ortega Murillo, es a quienes Sandino llamaba vendepatrias (…) no es una concesión, es un robo de soberanía, los derechos y bienes de los nicaragüenses”.(La Prensa, 7/6/2013)

El ala más radical de oposición al gobierno de Daniel Ortega es, sin lugar a dudas, el MRS el que contrapone los orígenes antiimperialistas del FSLN con las decisiones actuales del presidente Ortega. Los diputados del MRS compararon la Ley No 800 con el tristemente célebre tratado Chamorro-Bryan del año 1914, cuando los conservadores, bajo la ocupación militar norteamericana, otorgaron una concesión canalera al gobierno de Estados Unidos, pero para que nadie más construyera un canal que compitiera con el de Panamá. El dictador Anastasio Somoza Debayle abrogó el tratado Chamorro-Bryan en 1974, dejando abierta la posibilidad de construir el Canal en un futuro indeterminado, lo que provocó la enemistad del general Omar Torrijos, que en ese momento negociaba la devolución del Canal con la administración Carter, y que aquel apoyara la lucha guerrillera del FSLN contra Somoza.

La Coordinadora Civil se sumó a las criticas, declarando que “siendo este un proyecto de gran envergadura, cuyo impacto positivo y negativo va afectar la vida de toda la nación, la ciudadanía debe y tiene el derecho de ser consultada y participar de la decisión, haciendo uso de la democracia directa a través de un referéndum”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)

No obstante, en las condiciones actuales, dadas las expectativas creadas en torno a la generación de empleos, cualquier referendo podría ser ganado por el FSLN, quien aparece como el gran impulsor del proyecto de construcción del canal interoceánico.

La posición de Estados Unidos

Hasta el momento no se conoce ninguna posición oficial de rechazo o de apoyo de la administración Obama, en torno a la posible construcción del Canal interoceánico en Nicaragua.

Phyllis M. Powers, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, “No tengo suficiente información sobre el canal, estoy leyendo lo que ustedes están leyendo en la prensa, la idea es muy interesante pero no sé qué tipos de estudios han hecho o van a hacer. Como todos, estoy esperando lo que van a hacer y qué dicen los estudios sobre factibilidad”. (Nuevo Diario, 7/6/2013)

Nicaragua está ubicada dentro del área de influencia directa de los Estados Unidos y es muy poco probable que el imperialismo norteamericano se quede con los brazos cruzados ante la incursión del naciente imperialismo chino en su patio trasero, salvo que haya participación de empresas norteamericanas y que quede establecido el no uso militar de las instalaciones del canal.

Temores de empresarios nicaragüenses

Con la aprobación de la nueva Ley Especial, los empresarios nicaragüenses quedaron fuera del gran negocio, ya que las obras serian realizadas por empresas extranjeras.

La posible construcción del canal interoceánico generaría un vorágine especulativa en torno al precio de los terrenos donde se construiría el megaproyecto, por eso los débiles empresarios nicaragüenses presionan por quedarse al menos con una pequeña tajada del pastel.

José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),concentró sus preocupaciones sobre las expropiaciones: “Observamos que por esa iniciativa se establece una nueva ley de expropiación en franca oposición a lo que establece el artículo 44 de la Constitución Política (…) Nuestro planteamiento es que se respete la legislación vigente”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)

El COSEP quiere que se respete la “justa indemnización” contemplada en el artículo 44 de la Constitución, aunque la Ley de Expropiaciones del año 1976 contempla que al momento de expropiar se toma como base el valor del catastro fiscal.

Otra de las críticas del COSEP ha sido que el gobierno no fijó las áreas de la concesión. Aquirre lamentó  que “Nicaragua entera estaría bajo concesión y eso podría atrasar los procesos de inversión en el país”.

Por su parte, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES),en un tono menos quejumbroso, planteó que “dada su complejidad, la duración de la concesión y la transcendencia que tiene para todos los nicaragüenses, este proyecto merece ser discutido y aclarado plenamente, buscando el más amplio consenso nacional. No contribuye al consenso ni a la democracia participativa pretender que sea aprobado por la honorable Asamblea Nacional con solo dos días de consulta”. (Nuevo Diario, 12/6/2013)

Optimismo del gobierno y de HKC

El 15 de Junio se formalizó en un acto público, con la presencia de Daniel Ortega y  Wang Jing, la concesión canalera a favor de la empresa HKND. El portavoz de HKND es nada menos que Ronald Maclean-Abaroa, quien fue  alcalde de La Paz, Bolivia, de 1985 a 1991, y quien es conocido por impulsar grandes proyectos modernizantes.

Maclean-Abaroa, aclarando dudas, dijo que “se trata de un gran proyecto que tiene el potencial de transformar el comercio internacional y traer importantes beneficios económicos y sociales a Nicaragua, sus vecinos y Latinoamérica (…) Nicaragua tiene la oportunidad de transformar totalmente su economía (…) Este proyecto será un catalizador para el crecimiento económico de Centroamérica (…) Nicaragua está dando una concesión para que le construyan un Canal que es suyo. Es suyo desde el principio, está en el territorio nicaragüense. Nosotros solo tenemos una concesión, pero tenemos un privilegio: 50 años para su explotación. Ese es el tiempo mínimo que necesitamos para recuperar una inversión de esa magnitud. Tenemos que hacer pasar muchos barcos para repagarla. (…) Al cabo de la concesión, 50 años, Nicaragua tendrá el 51% de propiedad. Si se extiende la concesión, terminamos 90% de Nicaragua y 10% nosotros”. (Nuevo Diario, 16/6/2013)

¿Cuál debe ser la posición de los trabajadores?

Todavía no está claro si el Canal será construido o si se trata de un proyecto fallido más. Sin embargo, los trabajadores debemos tomar una posición al respecto.

Los sindicatos controlados por el FSLN ya tomaron partido de forma incondicional a favor del gobierno sandinista. La Central Sandinista de Trabajadores (CST), y la Coordinadora Sindical, conformaron “un frente sindical de organizaciones de trabajadores sandinistas y no sandinistas, asumiendo una posición patriótica a favor” de la Ley Especial.(Nuevo Diario, 13/6/2013)

No cabe la menor duda que la construcción del canal solo será posible a costa de la entrega de la soberanía nacional. Es el precio que exigen las transnacionales que tienen el dinero disponible. Esta pobreza y falta de recursos es una consecuencia directa del saqueo imperialista. Es igualmente difícil negar los beneficios que podría traer una obra de tal envergadura.

Bajo un gobierno “neoliberal social” como el de Daniel Ortega la soberanía nacional está en peligro permanente. El equilibrio que se necesita entre defender la soberanía nacional y obtener los recursos necesarios para impulsar la construcción del Canal, solo lo puede lograr un Estado y un gobierno en mano de los trabajadores.

La clave siempre está en el control que los trabajadores podamos ejercer en la concesión, y ejecución del proyecto. Pero esta pelea no es solo de los trabajadores nicaragüenses sino de todos los trabajadores centroamericanos. La construcción del Canal en Nicaragua tendrá repercusiones en todos nuestros países. La discusión está abierta.

NICARAGUA.- La posible construcción del Canal y las reales limitaciones a la soberanía