Marcelo Colussi
Guatemala
está en crisis política, siendo la corrupción el punto a partir del cual aquélla
se ha desatado. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno antiguo, tan viejo
como el Estado nacional mismo. O más antiguo aún: viene de la época colonial
(compraventa de títulos nobiliarios, prebendas y favores a espaldas de la
Corona, negociación de comisiones), producto de un imperio más basado en la
producción agraria-feudal y el parasitismo (Reino de España) que en la ética
del trabajo (ascendentes países industrializados anglosajones). Esa marca originaria
persiste al día de hoy, en Guatemala como en toda América Latina.
El
manejo corrupto de los asuntos públicos no se inventó aquí ni es cosa de estos
últimos gobiernos: tiene una larga historia planetaria. En todo caso, la corrupción debe
entenderse como un fenómeno humano (ello no significa “natural”, marcado
genéticamente, sino producto de la socialización), en buena medida asociado a
la idea de propiedad privada. De todos modos, el “Hecha la ley, hecha la trampa” implica que la humanización siempre
conlleva la transgresión como una posibilidad. ¿Quién de los que está leyendo
este opúsculo no “pisteó”** alguna vez, no copió en un examen ni
se “echó una canita al aire”?
Lo
cierto es que el manejo discrecional de la cosa pública ha venido teniendo un
cambio dramático en estas últimas décadas. A la luz del Estado contrainsurgente
que se generó en el marco de la Guerra Fría y el combate frontal contra el
comunismo y toda forma de organización popular, el ejército cobró un papel
protagónico. La oligarquía tradicional y el gobierno de Estados Unidos
(verdaderos dueños del poder en el país) delegaron en las fuerzas armadas la
misión de “poner la casa en orden” ante el surgimiento de un movimiento
revolucionario armado y su expansión, fundamentalmente con la población maya del
Altiplano Occidental. De ahí el genocidio cometido.
En
esa guerra sin par contra el movimiento insurgente (con cárceles clandestinas,
desaparición forzada de personas, torturas y masacres de “tierra arrasada”), el
ejército fue ganando un poder desmedido. De hecho, llegó a ser un Estado dentro
del Estado, con una enorme cuota de poder económico, y por tanto político.
Terminada la guerra en 1996, si bien oficialmente se adecuó a las nuevas
circunstancias con una fuerte reducción de su presupuesto, no perdió todo el
poder acumulado durante décadas de impunidad. Los vasos comunicantes con
infinidad de estructuras paramilitares non
sanctas se mantuvieron.
Esas
formaciones –ligadas a ex militares devenidos empresarios– son las que se
fueron conociendo como “poderes ocultos”: “Red
informal y amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus
posiciones y contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a
través de actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos
que cometen.”[1]. O:
“Fuerzas ilegales que han existido por
décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder
real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”[2]. Lo
cierto es que esas estructuras, nacidas y crecidas en la más absoluta
impunidad, acostumbradas a manejarse a punta de pistola, ideológicamente ultraconservadoras
y profundamente anticomunistas, han ido constituyéndose en una mafia intocable.
Sus negocios tienen que ver con lo ilegal: crimen organizado, narcoactividad,
contrabando, tráfico de personas, de armas, de maderas finas en el Petén,
contratos corruptos con el Estado. Los vínculos con las maras
no dejan de estar presentes. Esos grupos son los que financian partidos
políticos y, por tanto, tienen crecientes cuotas de poder.
El
Congreso es un campo donde estas mafias mantienen importantes vínculos. Eso es
lo que se está viendo con la actual crisis política. La presencia de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, de la ONU, constituye
una alarma encendida para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad
de desembarazarse de “molestas” investigaciones. Lo que se está viendo es la
escenificación de una lucha entre el proyecto de “modernización” políticamente
correcto para el área centroamericana que impulsa Washington y la resistencia a
morir de esos poderes ocultos. Es de esperarse que la población indignada en la
calle pueda lograr neutralizar a estas mafias. Y también: ¡ir más allá del
proyecto de renovación cosmética de la lucha anticorrupción! De ahí que urge
una Asamblea Plurinacional Constituyente para comenzar algo nuevo, depurando la
desgastada y aborrecida clase política actual.
* Material aparecido originalmente en Plaza
Pública el 18/9/17.
** Pisto significa dinero en lenguaje popular, y pistear es sobornar.
[1] Peacock, S. y Beltrán,
A. (2006) “Poderes ocultos. Grupos ilegales armados
en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos”. Washington: WOLA.
[2] Robles
Montoya, J. (2002) “El ‘Poder Oculto’”. Guatemala:
Fundación Myrna Mack.
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