Somos jóvenes, hablemos sobre política.

Los tambores de guerra vuelven a sonar en relación a la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que es igual a decir las multinacionales estadounidenses del petróleo, tienen puestos sus ojos en la mayor reserva de oro negro del planeta, que justamente está en la tierra de Bolívar, y todo indica que no van a detenerse en su intento hasta conseguirla. Aunque la quema de hidrocarburos como energéticos constituye la principal causa del calentamiento global, mientras haya petróleo en el planeta estas rapaces empresas parecen dispuestas a seguir quemándolo (¡y vendiéndolo, obteniendo fabulosas ganancias!). Las reservas probadas que yacen en el subsuelo venezolano permitirían seguir contaminando el planeta (y dando mucho dinero), de mantenerse el actual consumo, al menos por casi dos siglos más.

La Organización de Estados Americanos –OEA– es, como dijera hace años el Che Guevara, el “ministerio de colonias” de Washington. Aunque eso resulte patético, ayer como hoy es una triste verdad. Para muestra, lo que está sucediendo en este momento con el papel jugado por su Secretario General, el chileno (¿estadounidense?) Luis Almagro.

Siguiendo muy de cerca la situación venezolana, convirtiéndose de hecho en el vocero oficioso de Washington y de sus multinacionales petroleras, Almagro viajó recientemente a Colombia desde donde pidió, con el mayor descaro y violando todos los protocolos diplomáticos, la opción militar para acabar con la Revolución Bolivariana. “En cuanto a intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”. Según su decir, dado que las múltiples reuniones elucubradas por él desde la OEA pidiendo sanciones contra Venezuela, o abiertamente su expulsión de ese organismo regional, no dieron los resultados esperados, ahora “el tiempo se agotó”.

¿Qué tiempo se agotó?, podríamos preguntarnos. ¿La paciencia de la Casa Blanca será?, la cual probó numerosísimas variantes para desplazar al gobierno venezolano –ayer con Hugo Chávez, hoy con Nicolás Maduro–, siendo que ninguna de ellas le resultó. Ni golpes de Estado, paros patronales, guarimbas, sabotajes, mercado negro, hiperinflación inducida, desabastecimiento, provocaciones varias, pudieron torcer el rumbo del proyecto nacionalista que hace ya cerca de dos décadas se viene desarrollando en Venezuela. La intervención militar foránea se ve ahora como, quizá, la única opción posible para detener el proceso político en curso.

Decir “intervención militar” es decir invasión de fuerzas extra nacionales capitaneadas por Estados Unidos, que tiene preparada esta opción como un recurso final para recuperar esas cuantiosas reservas petroleras, hoy nacionalizadas y manejadas por un Estado con compromiso social. De ahí la cantidad de bases militares con alta tecnología bélica, todas norteamericanas, que atenazan a Venezuela (7 en Colombia, 1 en Curazao, 2 en Honduras), más el posible accionar de ejércitos nacionales de algunos países latinoamericanos bajo el manto de la OEA, todos bajo el liderazgo militar de Washington.

El pedido formulado por el Secretario Almagro representa un fiel reflejo de la caracterización dada por el Che Guevara: es una grosera intromisión del organismo regional en los asuntos internos de un Estado miembro (la metrópoli ordenando qué hacer a sus colonias). Con esta petición se viola flagrantemente el artículo 19 de la Carta de la OEA. Esa no intromisión que establece el documento fundacional, estipula que no deberá ejercerse injerencia en ninguna forma, ni militar ni bajo ningún otro aspecto: político, diplomático, económico. Si la OEA considera que “el tiempo se agotó”, pareciera que eso no responde a una sana y sopesada actitud diplomática de diálogo sino a la febril mentalidad de un invasor ávido de robar lo que no le pertenece.

Claramente, el artículo 21 de dicha Carta indica en forma tajante que el territorio de un Estado miembro es inviolable, no pudiendo ser objeto ni de ocupación militar ni de ninguna otra medida de fuerza tomada por otro Estado ni por el organismo, así sea en forma temporal.

Por otro lado, el artículo 22 estipula que ningún Estado de la organización podrá acudir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa repeliendo una invasión.

De hecho, lo que plantea ahora la OEA a través de su cabeza visible Luis Almagro –vocero encubierto de la Casa Blanca– constituye una abierta ilegalidad en términos de derecho internacional. Es, en concreto, un llamado a la violencia, incitando a la desestabilización de un gobierno democráticamente electo. Es un llamado a la guerra, lisa y llanamente. Si se quiere decir de otro modo: un absoluto absurdo en términos diplomáticos, pues la organización que debería velar por la paz regional, está haciendo una apología de la violencia.

Esta conducta injerencista de Almagro trajo como respuesta inmediata del gobierno venezolano una denuncia presentada ante la Organización de Naciones Unidas –ONU–.

Sin dudas la situación actual del país caribeño es difícil, sumamente difícil. Los ataques solapados –y no tan solapados– que el gobierno de Estados Unidos, junto a las oligarquías de distintos países de la región latinoamericana, viene realizando contra Venezuela, han dejado graves secuelas. El descontento en la población no es poco, pues la vida cotidiana se ha venido deteriorando cada vez más en estos últimos años, a partir de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero queda claro que el problema no es tal o cual presidente: es la voracidad de las compañías petroleras del país del norte que no desean perder su botín, junto a otras innumerables riquezas que presenta el territorio venezolano: agua dulce, gas, minerales estratégicos, oro, diamantes, biodiversidad de su selva amazónica.

Independientemente de errores que pueda haber cometido el gobierno bolivariano, es un imperativo ético primordial condenar enérgicamente cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos. Los problemas de los venezolanos los deben arreglar los venezolanos. Lo demás es, pura y abiertamente, una vil invasión.

Guatemala. 2015: vuvuzelas. 2018: movilización popular

Marcelo Colussi

En el 2015 Guatemala se vio conmocionada por una gran crisis política que terminó con el encarcelamiento del por entonces binomio presidencial (Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti). El lema de aquel entonces era la lucha contra la corrupción.

Se decía en ese momento, y ahora se puede afirmar con firmeza, que toda esa movilización anticorrupción tenía que ver, fundamentalmente, con un plan finamente trazado por Washington. Dos motivos lo fundamentan: 1) la decisión política de intentar transparentar las mafiosas y corruptas políticas centroamericanas, que tal como están ahora, constituyen una bomba de tiempo que expulsa gente hacia el territorio norteamericano y, al mismo tiempo, representan un peligro de posible “ingobernabilidad” (visto desde la lógica capitalista del imperio, de ahí que montaron el Plan Alianza para la Prosperidad); y 2) ser un laboratorio de pruebas para las recetas anticorrupción con las que, posteriormente, el gobierno estadounidense pudo mover gobiernos díscolos en otras latitudes (Brasil, Argentina, etc.).

El experimento fue todo un éxito. La población, básicamente clase media urbana, se indignó profundamente ante las denuncias aparecidas, y en una demostración de civismo (muy bien manejado con técnicas de manipulación social), una buena cantidad de población salió a protestar a la plaza. La movilización, de todos modos, era bastante limitada (lo cual hacía pensar en quién y para qué movía todo eso): entonar el himno nacional, sonar vuvuzelas, vociferar contra los funcionarios corruptos y volverse a la casa. No había, en sentido estricto, un proyecto político de cambio. Ninguna fuerza popular-de izquierda-revolucionaria pudo aprovechar el descontento para ir más allá, pues toda la iniciativa mostró desde un inicio que no apuntaba a cambiar nada. Puro gatopardismo. De todos modos, esos acontecimientos sirvieron para fomentar un calor popular antes inexistente.

La crisis política abierta ese año se cerró con una elección amañada, donde apareció un candidato a la medida: un actor que personificó el papel de “presidenciable no corrupto”. El circo mediático estuvo bien montado, a tal punto que permitió que Jimmy Morales llegara a la presidencia. Rodeado de militares vinculados a la guerra interna y a grupos mafiosos de oscuro pasado –todos ligados al Estado contrainsurgente y a los negocios sucios que el mismo permitió–, la crisis terminó y todo pareció volver a la “normalidad”.

Pero esa “normalidad” en Guatemala significa explotación, miseria, exclusión. Pasaron las movilizaciones sabatinas con muchas vuvuzelas del 2015 y todo siguió igual en la base: 60% de la población bajo el límite de pobreza, desnutrición crónica (quinto puesto en el mundo), desocupación, salarios de hambre, analfabetismo, racismo y patriarcado, manipulación burda de las grandes masas, valores misóginos, homofóbicos y ultraconservadores. Era obvio que ese montaje anticorrupción funcionó como distractor. Los problemas fundamentales no se tocaron.

Pero la población del país no es solo la clase media urbana que “civilizadamente”, al ritmo de vuvuzelas, se indignó por el robo de algunos funcionarios. Movimientos populares de base, campesinos e indígenas en lo fundamental, siguieron protestando tal como lo venían haciendo desde siempre, sin la caja de resonancia de los medios comerciales de comunicación. Esas reivindicaciones (mejores condiciones de vida, tierra para los campesinos pobres, mejora salarial, servicios básicos decentes, etc.) se continuaron levantando siempre, aunque no inundaran las plazas ni aparecieran en la televisión.

Tanto esas protestas como las investigaciones contra la corrupción llevadas adelante por la CICIG y el Ministerio Público (en tanto parte de la iniciativa estadounidense de transparentar las mafias del Triángulo Norte de Centroamérica), fueron acorralando a la administración de Morales. El llamado Pacto de corruptos (empresarios, clase política, militares, todos moviéndose con criterio mafioso) se empezó a sentir nervioso por ambos motivos. La movilización popular siempre es molesta para las clases dominantes; y si a eso se suma la posibilidad de ser investigada por corrupta, tenemos el cuadro actual: reacciona mostrando los dientes. De ahí que 1) hace lo imposible por evitar las investigaciones cerrando el paso a la CICIG, y 2) comenzó un sistemático ataque a luchadores populares con métodos de la guerra contrainsurgente (van 18 muertos este año, con total impunidad).

Pero la gente no se quedó callada. Hoy existe una movilización popular distinta a la del 2015: hay conducción política producto de la articulación de distintos grupos de base, hay proyecto claro (pedir la renuncia del elenco gobernante y el llamado a una Asamblea Constituyente), y ya no hay el miedo de años atrás.

El escenario no es pre-revolucionario ni por asomo; pero abre posibilidades interesantes para el campo popular.

miércoles, 20 de junio de 2018

Represión en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala

“Hay muertos, hay desaparecidos y hay muchas órdenes de captura. El problema no es la hidroeléctrica, sino la forma en que lo hacen”

Entrevista a tres líderes comunitarios

Eleuterio Pop Caal

Cobán, Alta Verapaz, junio de 2018

Desde hace tiempo en Guatemala se da un aluvión de nuevas iniciativas comerciales que tienen que ver con la extracción de recursos naturales: minería a cielo abierto, plantas hidroeléctricas, cultivos extensivos para biocombustibles -etanol- quitando terrenos a los cultivos alimenticios como el maíz y el frijol (básicamente palma africana y azúcar).

Estas industrias extractivas, como se les conoce, se realizan en territorios ancestrales mayas, donde están asentados pueblos originarios desde hace miles de años. Para acometer tales emprendimientos, en general los pueblos son expulsados y sus tierras tradicionales son apropiadas ilegalmente por los grandes capitales. El Estado, en vez de buscar armonizar las partes, termina favoreciendo a las grandes empresas (guatemaltecas y extranjeras).

Últimamente, ante los reclamos de los pueblos expoliados, han aparecido formas clandestinas de represión, provocando muertes y desapariciones, como en los peores años de la guerra interna que sufrió el país entre 1960 y 1996. Todo indica que son estructuras paraestatales, que funcionan con absoluta impunidad. Nunca las denuncias surten efectos, y las poblaciones se ven cada vez más marginadas.

Los norteños departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde están asentados pueblos mayas tradicionales (q’eqchíes, pokomchíes, achíes), han sido especialmente castigados.

He aquí una entrevista a tres líderes comunitarios de la región (por razones de seguridad se omiten sus nombres), que explican en detalle cómo está la situación.

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Pregunta: ¿Cómo está la situación de ataques contra el movimiento popular en la región de Alta y Baja Verapaz?

Respuesta: Hay un retorno de los aparatos clandestinos del pasado, aprovechando nuevos elementos, como sicarios del narcotráfico. Aquí están involucrados finqueros y dueños de empresas hidroeléctricas. Esto provoca miedo y división en el movimiento popular en toda nuestra región. Es preocupante. ¿Qué se dio en Cobán o en la Sierra de las Minas, por ejemplo? Hubo muertos. ¿Y por qué? Porque toda esta derecha recalcitrante y conservadora, viejos terratenientes y nuevos capitalistas depredadores, están bien equipados para evitar que levantemos la voz. No permiten que nos organicemos como pueblos y que protestemos por nuestros derechos. Históricamente nos han despojado de nuestras tierras ancestrales, y el despejo sigue al día de hoy. Sigue con más fuerza. Por eso, porque nos levantamos contra esa injusticia, hoy día la persecución y la represión se intensifican.

Da un poco de pena hablar de todo esto, porque sabemos que el Estado defiende a las hidroeléctricas y a todo lo que se llama industrias extractivas. Las comunidades levantamos la voz porque sabemos que hay algunos artículos de la Constitución que nos defienden. O que nos deberían defender, según dice el papel. Sabemos que para cualquier negocio de esas características habría que hacer consultas de buena fe con la comunidad, tal como lo señalan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o el Código Municipal; pero las empresas y el Estado violan eso, no lo hacen, no nos toman en cuenta. En todo caso, estas empresas compran a la justicia para ponerla de su lado. No tienen la razón, sino el dinero y la fuerza bruta.

Pregunta: Para que quede claro y no se siga criminalizando la protesta ni considerándola como un factor de supuesto “atraso” que iría contra el “progreso”: ¿por qué los pueblos están contra toda esta industria exctrativista (minería, hidroeléctricas, cultivos extensivos para agroexportación?)

Respuesta: Por un lado, porque la instalación de todos estos negocios va de la mano del desplazamiento de las comunidades, un desplazamiento contra nuestra voluntad. Y al desplazarnos, ni las empresas ni el Estado nos dan nuevas tierras para trabajar, por lo que se nos crea un grave problema, porque no hay para la comida. Al que se enfrenta a eso, la justicia, que está comprada, no lo defiende. Nos atacan, nos persiguen, nos matan, o nos ponen orden de captura. Por otro lado está el problema del medioambiente, porque con todas estas industrias están destruyendo la flora y la fauna de los lugares, sin importarles nada. Contaminan todo sin ningún cuidado, aunque digan lo contrario. Pueden mostrar supuestos avances en el cuidado de la naturaleza, pero sabemos que no es cierto, que es pura propaganda para distraer. Por todo eso decimos que el Estado corrupto, en vez de defender a los pueblos, nos ataca. Cuando protestamos por nuestros justos derechos, por nuestras fuentes naturales de alimentación, por nuestros ríos, por nuestra casa, nuestros bosques, nos reprimen. Dicho de otra manera: no estamos contra las hidroeléctricas porque sí, por puro capricho. Las hidroeléctricas no son malas; al contrario: producen energía, que es vital para las sociedades, y producen energía limpia, renovable. Eso está bien. ¿Por qué estamos en contra? Por la forma en que lo hacen: no nos consultan tal como está estipulado que deberían hacerlo, nos roban nuestros territorios, nos expulsan, producen energía pero a nosotros no nos llega, venden carísima esa energía, ningunean a los pueblos, en muchos casos nos dejan sin agua porque la capturan para sus represas y secan nuestras fuentes de abastecimiento; y si protestamos por todo esto, nos reprimen. Que quede claro: el problema no es la hidroeléctrica en sí, sino la forma en que lo hacen, como negocio privado. ¿Quién se beneficia de esto? Los pueblos, por supuesto que no. Solo los grandes ricos de siempre. ¿Por qué no hacer hidroeléctricas cooperativas manejadas por las comunidades? ¡Eso sería lo correcto! Eso es lo que levantamos en nuestras luchas: energía eléctrica para el pueblo manejada por el pueblo. Y por decir y buscar eso, nos reprimen.

Pregunta: Concretamente, ¿cómo es la represión que se está viviendo en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz?

Respuesta: Hay muertos, hay desaparecidos y hay muchas órdenes de captura libradas contra los líderes que se atreven a levantar la voz. Muchos de esos atentados se dieron en torno a la empresa hidroeléctrica Renace, que pertenece al grupo empresarial guatemalteco Multinversiones, uno de los más poderosos del país, propietario de varias plantas generadoras de energía, y al millonario español Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid. El Ministerio Público, en vez de averiguar y esclarecer esos atentados, mira para otro lado, y después empezaron las persecuciones de las viudas y los huérfanos de esos compañeros asesinados. Eso recuerda las prácticas represivas del pasado, donde se golpeaba a alguien como castigo ejemplar para que nadie quisiera volver a protestar, a organizarse. Represión ha habido siempre en la zona, por ejemplo los desalojos de tierras; en eso participa la policía o el ejército; lo preocupante de ahora es que son grupos clandestinos, y el Estado nunca averigua nada, no dice nada. Nos sentimos desamparados, totalmente desprotegidos.

El gobierno hace propaganda diciendo que está mal oponerse a las hidroeléctricas, que eso es retrógrado. Es decir: eso forma parte de otra ofensiva contra el campo popular, tratando siempre de dejarnos en mal ante la opinión pública, mostrando solo una cara de la situación. Todo lo que están haciendo tiene un orden lógico: nos matan, nos aterrorizan, nos desprestigian, y si no, ponen órdenes de captura contra líderes comunitarios que están protestando y levantando a la gente.

A todo esto hay que agregar la presencia del narcotráfico en la región, que necesita un lugar tranquilo, sin conflictos, para que no esté el ojo público puesto sobre la zona para que puedan hacer sus negocios sin sobresaltos. Por ejemplo, en la región de Santa Valeria, en Alta Verapaz, es donde hay plantaciones de coca, y también laboratorios para elaborar la cocaína. O sea que la región norte del país, Alta Verapaz y también El Petén, pasó de ser un lugar de tránsito de la droga a un lugar de producción. Por todos esos motivos están matando a nuestros compañeros, o nos están metiendo presos. Hay presos, o perseguidos, de varias organizaciones populares. Cualquiera que aquí hable de más, critique, denuncie algo, es candidato a la represión. Y hoy día la represión es desaparición o muerte, como lo fue durante la guerra.

Pregunta: Entonces, ¿el narco-negocio pasó a ser algo importante en la zona?

Respuesta: Definitivamente. Por ejemplo en la región de Purulhá, Baja Verapaz, se encontraron plantaciones de coca y amapola. El campesino común, que trabaja en esos cultivos, en general ni sabe qué son esas plantas. Se limita a cultivarlas, le pagan bien, y ya estuvo. Algunos simplemente saben que son flores. Hay muchos militares ligados a este negocio; durante la guerra contrainsurgente tuvieron todas las facilidades para hacerlo, y lo hicieron. Hoy día todo eso representa un poder económico fuerte, sin dudas. El narco está metido en infinidad de negocios, haciendo lavado: hay prostíbulos, comercios diversos, cantinas, bienes raíces. De hecho, hay muchas alcaldías que trabajan directamente para los narcos. Hasta en el negocio del maíz hay narcolavado. Esta actividad económica, si así puede llamársele, crea divisionismo en las comunidades, porque hay mucha gente que ahí obtiene un salario o ciertos beneficios, y por tanto termina defendiendo a los narcos, confundida, desorientada. Hay quien dice que, en definitiva, el narco es bueno. Incluso en algunos lados se da que la población los protege, los apoya. Como obtiene algún beneficio, los quiere. Es decir: es población comprada, cooptada.

Quienes están involucrados son los militares retirados que participaron en la guerra, pero también muchos en activo, con todos sus tentáculos, los que siguen ligados a los grupos clandestinos que hoy están llevando a cabo estas agresiones contra el campo popular. Ya van varios atentados en el país en estos últimos días, y aquí en las Verapaces el clima de intimidación contra los luchadores comunitarios es casi continuo. Hay muchos ex kaibiles vinculados al narco, y también vinculados al grupo de Los Zetas.

Pregunta: ¿No estaba desarticulada esa banda?

Respuesta: Lo estuvieron por un tiempo, pero han vuelto. Si bien sus dirigentes habían sido condenados con penas de más de 30 años, gracias a sus tretas legales ya están libres de nuevo, y ahora están reorganizándose, y están operativos. Y tienen bastante presencia en las comunidades. Compran voluntades. Pero también atacan a las comunidades. Por ejemplo, hacen un tipo de extorsión rara: te prestan dinero medio a la fuerza, te obligan a que tomes un préstamo, y después te cobran con intereses usurarios. Y ¡cuidadito si no se les paga! De eso nadie quiere hablar, por el miedo, pero así es.

Pregunta: La población común, el campesino o la campesina común que no tiene una visión política crítica de este asunto, ¿qué dice de todo esto?

Respuesta: Nada. Los pueblos están muy desorganizados, no reaccionan. El daño que la guerra ocasionó a los tejidos sociales fue demasiado grande, y tal vez todavía por varias décadas va a dejar ver sus secuelas. Junto a eso tenemos toda la cooptación que se hace del campesino común, que a veces, lamentablemente, por confusión termina defendiendo a las hidroeléctricas, o a los narcos. Encima, tenemos el aluvión de iglesias evangélicas que aparecieron estos años: hay 57,000 iglesias de esas en el país. Ese es otro factor de divisionismo, de desunión, desmovilizando toda lucha popular. Incluso tanta ONG (en la región hay 254) también sirve como un factor de división de las comunidades. Hay de todo entre las ONG’s, pero en muchos casos no sirven para nada. Ofrecen de todo creando expectativas en la gente, y después no cumplen. Algunas, por ejemplo, trabajan para las hidroeléctricas o para las compañías palmeras en contra de las comunidades. Eso es terrible, pero es así.

Por otro lado, estos aparatos clandestinos que funcionaron durante la guerra sucia, toda esas estructuras represivas de inteligencia, paramilitares, todas las iniciativas contrainsurgentes del pasado, el seguimiento a líderes y activistas, todo eso nunca se desactivó, sigue vivo, bien montado, operativo. Son esas estructuras las que ahora están dando estos golpes, asesinando, reprimiendo.

Pregunta: Las estructuras de las PAC, las Patrullas de Autodefensa Civil, y los comisionados militares, tan importantes durante la guerra, ¿juegan algún papel en todo este retorno de la represión el día de hoy?

Respuesta: No está claro, pero seguramente sí. Por ejemplo, personajes como Leonel Chacón, el ex alcalde de Cobán, que se lo ve muy activo en este momento, un personaje de la derecha pesada, sin dudas por algo debe estar moviéndose. Las PAC siguen organizadas, porque están esperando todavía un resarcimiento que se les debe. Y eso las mantiene activas.

Pregunta: ¿Y qué personajes empresariales pueden mencionarse como ligados a toda esta reorganización de la derecha represiva?

Respuesta: Aunque no puede demostrarse claramente ese vínculo, los grupos nacionales que tienen negocios por aquí son los Gutiérrez-Bosch, con hidroeléctricas, el grupo Arimany, principal productor de papel del país, la familia Torrebiarte, ligada a la producción extensiva de palma africana, también la familia Molina y el grupo Weymann, todos vinculados a la producción de palma aceitera o palma africana. Hay que mencionar también a los Gutiérrez-Bosch como propietarios de la finca maderera más grande del país, en la zona de San Pedro Carchá. Por supuesto que los “respetables” empresarios no son, directamente, los que andan reprimiendo. Pero para eso están esos aparatos clandestinos. O incluso, el mero ejército. Por ejemplo, en la Finca Bremen, en Purulhá, departamento de Baja Verapaz, donde se encuentra la hidroeléctrica Hidro-Juminá, hay un destacamento del ejército. ¡Un destacamento del ejército nacional, pagado con nuestros impuestos, custodiando a una empresa privada!

Pregunta: Ante esta ola represiva, como campo popular, ¿qué debe hacerse, cómo debe enfrentarse esto?

Respuesta: Con organización. Lamentablemente, en este momento no hay una organización sólida que pueda conducir todo ese descontento. Las comunidades resisten como pueden, pero falta un liderazgo claro, bien definido. Los líderes que aparecen como los más importantes, son golpeados. En este momento, los están metiendo presos. Ahora hay más de 500 órdenes de captura libradas contra dirigentes comunitarios, con cualquier excusa, por ejemplo: atentado contra la propiedad privada, secuestro, delitos contra el medio ambiente, bloqueos. Cualquiera de estos cargos los presentan como terrorismo o sedición. Da pena, porque hablan de nosotros como invasores, cuando muchos de los grandes finqueros de la zona no tienen papeles, no tienen títulos de propiedad de las tierras, dado que las han arrebatado a las comunidades, y la justicia corrupta luego se las legaliza. Si nosotros demandamos lo que nos corresponde históricamente, es un delito; si una gran empresa nos despoja, eso es legal.

Ante todo esto hay que organizar y capacitar a las comunidades para que vayan tomando conciencia en su lucha. Solo las comunidades, los pueblos bien organizados, podremos evitar que esta represión crezca y nos termine derrotando. Hay que fortalecer lo más posible ese trabajo de esclarecimiento, porque incluso hasta hay gente de izquierda que está a favor de las hidroeléctricas, y eso confunde a las y los compañeros de base. Hay quienes promocionan entre las bases la necesidad de vender sus parcelas a las empresas, y si no trabajamos fuertemente contra eso, la población queda confundida y no sabe bien qué hacer. De hecho, muchos compas de las comunidades terminan aplaudiendo a las empresas, porque los cooptan, y repiten eso que le han contado por ahí: que crean fuentes de trabajo, que hay que proteger el progreso, que nos traen beneficios para todos. Por ejemplo: prometen obras, caminos, escuelas, centros de salud, iglesias, algunas fiestas, capacitaciones. Pero después no cumplen. La empresa Renace trae las luces Campero para la época navideña, y con eso entretienen a la gente. Pero eso siguen siendo espejitos de colores, y nada más. La solución contra todo eso es la organización, la buena formación y la buena información de las bases. ¡Organización!

Hay muchos casos en la región donde la movilización popular impidió la represión policial en algunos desalojos. ¿Y cómo se logró eso? Con organización de las bases. Solo con conciencia, con organización, con esfuerzo combativo, podremos ir dándole otro perfil a la lucha para mostrar que no somos unos primitivos que no quieren las hidroeléctricas ni el progreso, sino que apostamos por otro modelo. Tal como dijimos hace un rato: energía en manos de cooperativas comunitarias. Digámoslo de otra manera: apostamos por la organización de las bases, por el poder desde abajo, el poder popular. No somos unos primitivos; por el contrario, somos de vanguardia. Queremos desarrollo, pero un desarrollo para todos.

lunes, 11 de junio de 2018

Erupción del Volcán de Fuego: ¿desastre natural?*

Marcelo Colussi

La reciente erupción del Volcán de Fuego recuerda nuevamente el tema de los llamados "desastres naturales", reabriendo la pregunta: ¿qué tan asesina es la naturaleza?

Un desastre es un cambio rápido y destructivo que sobrepasa la capacidad de adaptación del grupo afectado. Eventos naturales catastróficos ha habido siempre. Eso, de momento, es inmodificable: terremotos, maremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, tornados. Pero el grado de impacto que tienen sobre la población varía grandemente. Un terremoto escala 7.4 sacudió California en 1992 y produjo un muerto. En Nicaragua, en 1972, con un fenómeno similar, fueron 15.000 las víctimas mortales. El huracán Elena en Estados Unidos dejó 5 muertos. Un ciclón equivalente en Bangladesh, medio millón. En Japón, en 2011, un terremoto de magnitud 9 provocó 5,600 muertos; un año antes, en Haití, un terremoto menos intenso, dejó 316,000 fallecidos. Más que la naturaleza nos mata la pobreza. Dicho de otro modo: la forma en que están organizadas las sociedades.

Definitivamente estos fenómenos escapan a las manos del ser humano, pero no podemos quedarnos resignadamente con la idea de hechos "naturales": su ocurrencia y sus consecuencias deben considerarse en un contexto histórico-social, político: son circunstancias que influyen distintamente según el lugar y el momento en que se dan, de las que se sale con suertes muy distintas. Vistos desde una perspectiva global no son sólo naturales sino que, en todo caso, denuncian (catastróficamente) la forma en que las comunidades están organizadas y se relacionan con el medio circundante.

Estos "desastres de la Naturaleza" vienen a mostrar la "naturaleza del desastre" del modelo de desarrollo económico-social que presenta el capitalismo, exponiendo a situaciones de alta vulnerabilidad a grandes mayorías, que son siempre los pobres y excluidos (la mano de obra barata, dicho de otro modo). ¿Por qué la gente del club de golf pudo ser evacuada y los campesinos pobres de las aldeas cercanas al volcán no? Podríamos preguntar igualmente: ¿por qué en Japón las secuelas no son como en Haití, o por qué en Cuba –país con pocos recursos pero con un proyecto político humano– nunca hay víctimas con sus huracanes?

Las regiones más pobres son una elocuente demostración de esta exclusión. Las poblaciones más afectadas son las que históricamente viven en situación de mayor exclusión y vulnerabilidad: los sectores pobres de áreas rurales, los asentamientos precarios de las ciudades. ¿Por qué hay tantas comunidades viviendo en las faldas de un volcán activo? Porque el sistema necesita campesinos pobres para los cortes de los cultivos de agro-exportación. No hay otra explicación.

Las respuestas del Estado (con Jimmy Morales o cualquier administrador de turno) no pasan de planteamientos asistenciales centrados en la emergencia y el cortoplacismo, con politización de la ayuda, a veces con ribetes grotescamente proselitistas, a lo que se suman posibles hechos de corrupción en el manejo de la asistencia recibida.

La reconstrucción a mediano y largo plazo no cuenta. Para muestra, la vergonzosa situación de los damnificados con el desastre del Cambray, que recibieron sus nuevas casas casi 3 años después de la tragedia.

Pasado el momento de la emergencia no hay por parte de los gobiernos una clara propuesta superadora que comience a poner énfasis en la prevención y la futura mitigación de desastres. Todo indica que luego de la asistencia humanitaria inmediata, la ocurrencia de un nuevo fenómeno natural de magnitud puede volver a convertirse en tragedia por la precariedad en que seguirán viviendo las grandes mayorías, y la falta de voluntad política en modificar esa situación. Así, estos desastres naturales patentizan los desastres ocultos de las sociedades.

El tsunami asiático de 2004 mató a más de 150.000 personas en unos minutos; el hambre (primera causa de mortandad en el mundo: un ser humano cada 7 segundos) o la diarrea (segunda causa de mortandad: 11.000 muertos diarios a escala planetaria por falta de agua potable), no impactan tanto como las tragedias que los shows mediáticos nos presentan cada vez con mayor pomposidad. Pero producen más muertos, más dolor, más miseria. ¿Hasta cuándo vamos a permitir todo esto?

* Material aparecido en Plaza Pública el 11/6/18.

martes, 24 de abril de 2018

Nicaragua: ¿quién ganó y quién perdió?

Marcelo Colussi

Estos días Nicaragua se puso al rojo vivo. Las noticias llegaron alarmantes, y un país que ahora habitualmente no ocupa titulares en la prensa –como sí lo hizo décadas atrás, durante la Revolución Sandinista–, estuvo de nuevo ante los ojos del mundo. Desde el Papa al Secretario General de Naciones Unidas, desde distintas posiciones de izquierda como desde las más recalcitrantes declaraciones de derecha, todo el mundo tuvo algo que decir sobre el país de Sandino. ¡Y no era para menos! La violencia fue generalizada, con un saldo de alrededor de 30 muertos.

¿Qué pasó? ¿Por qué se desató ese vendaval? ¿Qué consecuencias tuvo todo esto?

Ya se ha escrito y hablado copiosamente sobre lo sucedido. Hubo de todo un poco, desde análisis serios y sopesados hasta reacciones viscerales, desde encendidas defensas al Comandante de la Revolución Daniel Ortega hasta las más encarnizadas críticas al violador de su hijastra Zoilamérica Narváez. El presente opúsculo no pretende decir nada nuevo (seguramente no lo dice), sino que, modestamente, intenta hacer un balance de lo ya expresado por tanta gente, buscando alguna conclusión posible.

Sin dudas, lo sucedido movió pasiones. Las movió, porque Nicaragua aún sigue despertando pasiones. De hecho, fuera de Cuba, fue el primer país en territorio latinoamericano que produjo una revolución socialista. Aquel 19 de julio de 1979, ya muy lejano –lamentablemente no solo en el tiempo–, para muchos sigue siendo una referencia, una antorcha que marca camino: la Revolución Sandinista mostró que sí era posible enfrentarse a una dictadura, al imperio estadounidense… ¡y vencer! Pero para muchos, también, esa imagen gloriosa de un pueblo en armas construyendo su socialismo es el recordatorio oprobioso de una traición. El sandinismo victorioso de la década de los 80 del siglo pasado fue convirtiéndose con el tiempo, luego de salir del poder en 1990, de la mano del empresario Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, en un reformismo tibio, de corte capitalista con “rostro humano”, manejado discrecionalmente por ese binomio todopoderoso. De ahí que muchos integrantes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional –FSLN– terminaron distanciándose del orteguismo y de este perfil que consideran una traicionera entrega.

Personajes como Ernesto Cardenal, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Mónica Baltodano, Jaime Wheelock, Alejandro Bendaña, Sergio Ramírez o Henry Ruiz, para nombrar algunos, todos comprometidos con el sandinismo revolucionario de aquel momento épico, fustigan la política vigente en Nicaragua al día de hoy. “El actual gobierno de Nicaragua usa algunas veces un discurso izquierdista, una estridencia en la palabra que nada tiene que ver con su práctica real, muy distante con un proyecto de izquierda. Por el contrario, en Nicaragua se fortalecen y enriquecen los banqueros y la oligarquía tradicional y grupos económicos de ex revolucionarios convertidos en inversionistas, en comerciantes y especuladores. Se fortalecen los sectores más reaccionarios de la jerarquía católica, se eliminan derechos humanos esenciales como el de las mujeres al aborto terapéutico”, caracterizaba la otrora comandante guerrillera Mónica Baltodano al actual gobierno sandinista.

Junto a esa visión, muy crítica por cierto (obviamente de izquierda), para la geopolítica de Estados Unidos (obviamente de derecha), un gobierno no totalmente alineado con Washington es siempre una molestia. La actual Nicaragua no es, ni por asomo, aquel disturbio insoportable que resultara el sandinismo revolucionario de los 80, con Ronald Reagan en la Casa Blanca y su obsesión anticomunista. Pero no es la administración dócil que desearía (como lo van siendo ahora la gran mayoría de países latinoamericanos, con políticas disciplinadamente neoliberales y obediencia ciega a los dictados imperiales). La actual administración nicaragüense le abrió la puerta a la República Popular China con la construcción de un nuevo canal interoceánico, y es parte del ALBA –Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–, resultando un aliado estratégico de Venezuela (la nueva obsesión de la geopolítica estadounidense, país poseedor de las mayores reservas petrolíferas que la economía imperial no quiere perder de ningún modo).

Daniel Ortega no es ahora el guerrillero revolucionario que participó en la rebelión antisomocista; por el contrario, es un empresario “nuevo rico” con gran poder político, que ha negociado todo con todos los sectores y maneja todo (¿remembranzas de un tal Somoza?). Pero es también un líder carismático con innegable base social, con muchísimos seguidores, llevando adelante una política asistencial que, sin ningún lugar a dudas, favorece a los sectores más postergados del país. Es, en realidad, un exponente más de los presidentes que, sin dejar el modelo capitalista, en estos últimos años gobernaron varias repúblicas latinoamericanas con propuestas de algún modo populares, asistenciales, clientelares. Todo lo cual, para la lógica ultra conservadora y neoliberal de Washington, es mala palabra.

¿Qué pasó entonces en Nicaragua en estos días? El gobierno anunció en forma sorpresiva, con una medida unilateral no negociada con ningún sector, un importante aumento en los aportes a la Seguridad Social del 3.5% para la patronal (llevando el aporte del 19% al 22.5%) y del 0.75% para la clase asalariada (aumentando del 6.25% al 7%), recortando en 5% las pensiones de los jubilados (que, según el gobierno, “seguían siendo los que menos aportaban”, y a cambio del aumento recibirían mejor cobertura en salud y otros beneficios), en tanto que las pensiones futuras disminuirían alrededor de un 12%. La medida fue explosiva, y tanto empresariado como población trabajadora reaccionaron en forma furiosa. Pero ahí viene lo complicado de analizar, de situar políticamente.

Para algunas visiones, la reacción virulenta, con población enardecida en las calles, barricadas y furibunda protesta popular, fue un montaje, una manipulación. Sin dudas, la medida fue desafortunada, porque el mismo gobierno luego de los violentos sucesos que provocó, la retiró, llamando al diálogo “para mantener la paz”. Según el orteguismo y algunos sectores que analizaron la situación, incluso fuera de Nicaragua, –lectura que, sin dudas, tiene asidero– la explosión de furia popular tuvo una agenda preparada. De hecho, se la compara con las “guarimbas” venezolanas del 2017, que dejaron como saldo más de 100 personas muertas. Es significativo (igual a lo sucedido en Venezuela) que al unísono explotó, muy coordinadamente, una protesta generalizada en todas las ciudades del país, que luego derivó en saqueos y actos vandálicos, siempre encabezados por jóvenes. Eso podría hacer pensar en cierta “mano oculta”, dado que la oposición política de los partidos de derecha no tiene ese poder de convocatoria ni logístico-organizativo. Según denuncias de medios oficiales del orteguismo, muchos de los “estudiantes” no eran tales (igual que sucedía en Venezuela), sino provocadores, agitadores contratados. La derecha oligárquica –heredera histórica del somocismo– podría estar aprovechando la coyuntura para tomar distancia y deshacerse de un gobierno que ve como demasiado “populista”. Y Washington estaría frotándose las manos de alegría. Las “revoluciones de colores”, o “golpes de Estado suave” (¡no tan suaves para el caso, con 30 muertos!), propiciadas supuestamente por población civil que “ejerce sus derechos ciudadanos”, por jóvenes estudiantes que reclaman (pero con agendas ocultas de las usinas ideológico-mediáticas del imperio), parecen estar funcionando a todo vapor. Tener un nuevo “canal de Panamá” en el patio trasero, seguramente con futura presencia militar china, es un desafío insoportable para la geopolítica hemisférica de Estados Unidos. La consigna sería “sacar de una vez por todas estas molestias de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y por supuesto: Cuba”. Para ello, según esta pérfida agenda, estas supuestas “revueltas ciudadanas espontáneas” serían el camino a transitar. Insistir con la corrupción como nueva plaga bíblica a atacar es un efectivo “caballo de batalla”. Por cierto, según comunicado del Frente Sandinista, “Vale la pena destacar que las universidades más beligerantes fueron: la Universidad Centroamericana (UCA), de los jesuitas; y la Universidad Politécnica (UPOLI), propiedad de una iglesia protestante con sede en Estados Unidos.”

Pero también puede proponerse otra lectura de lo acontecido: el orteguismo, como expresión extrema de un bonapartismo desaforado, nepotista y corrupto, es cuestionado. La población en la calle sería una muestra de un descontento generalizado tras largos años de presidencialismo y corrupción. La represión violenta que llevaron adelante policía y ejército es un insulto a los valores revolucionarios que alguna vez levantara el Frente Sandinista. De ahí que, por ejemplo, un sandinista histórico como Jaime Wheelock le dijera al presidente Ortega en una misiva pública que “El decreto que reformó el INSS [Instituto Nicaragüense de Seguridad Social] por su contenido y forma fue un grave error político, técnico y legal del gobierno [pues] se afectaron los derechos económicos adquiridos y los ahorros de un millón de cabezas de familia, sin dar solución práctica a la grave situación financiera del INSS”, pidiendo así la pronta derogación del decreto de marras.

¿Por qué propuso esta medida el presidente Daniel Ortega? Según un comunicado que emitió el FSLN en estos días explicando las razones del proceder: “La cantidad de beneficios de los asegurados y la cobertura de dichos beneficios a la población aumentaron exponencialmente con el regreso del sandinismo al poder en 2007, lo que ocasionó una situación económica crítica en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que es la institución estatal a cargo de este tema. Ante tal situación, el FMI y le empresa privada organizada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), pidieron aplicar las típicas medidas neoliberales en este tema: subir la edad de jubilación (en Nicaragua es de 60 años) y la cantidad de semanas necesarias para acceder a ella (750 para pensión normal y 250 para quienes en edad de jubilación no hayan alcanzado la primera cantidad, lo cual no existía antes del regreso al poder del sandinismo en 2007; incluso en este caso, el planteamiento de los más radicales neoliberales era eliminar por completo la pensión). Ante ello, nuestro gobierno respondió con un rotundo rechazo tanto al FMI como al COSEP. En cambio, la opción escogida fue aumentar los aportes de trabajadores y empresarios, y establecer un aporte para los jubilados, incluyendo a los que reciben la pensión reducida.”

El progresismo (en Nicaragua y en otras latitudes) criticó severamente el aumento en los aportes, así como la represión desatada contra la población que protestaba. Obviamente que debe condenarse la violencia contra el pueblo trabajador: 30 muertes representan una catástrofe absolutamente intolerable. Pero objetivamente analizados todos los sucesos, no terminan de quedar claras algunas cosas. Es evidente que este Frente Sandinista, manejado discrecionalmente por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ya no levanta las banderas revolucionarias de otrora. Citando al panameño Olmedo Beluche: “Aquí es donde se evidencia la verdadera cara del llamado “progresismo” latinoamericano. Gobiernos que alardean de revolucionarios y chacharean de “socialismo”, pero que en la práctica no pasan los límites del sistema capitalista. La crisis del progresismo en todo el continente es la crisis del reformismo burgués, incapaz de verdaderas medidas socialistas en un momento de crisis sistémica y caída de precios de las materias primas.” Al mismo tiempo, sin embargo, puede verse el proceso de monstruosa derechización y retroceso en avances populares que sufre el continente, o el mundo: un gobierno tibiamente reformista, que trabaja codo a codo con la empresa privada y no se pelea con la oligarquía conservadora como el actual orteguismo, para la lógica imperialista y voraz de Estados Unidos no deja de ser “una piedra en el zapato”. Hablar de justicia social (que no es lo mismo que revolución socialista), pertenecer a una alianza donde no está Washington como es el ALBA y abrirle las puertas a China es casi un “peligro comunista” en el mundo neoliberal y ultraconservador que vivimos.

¿Quién ganó y quién perdió con este movimiento en Nicaragua? La población de a pie, seguro que no ganó nada.

martes, 3 de abril de 2018

Militares latinoamericanos: instrumentos del gran capital*

Marcelo Colussi