León Moraria
Mayo 20
del 2015
“Hablas de paz cuando el acero esgrimes”.
(Shakespeare.
Teobaldo en Romeo y Julieta)
¿Cuál
debe ser la columna vertebral de las conversaciones que se adelantan en La
Habana entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia?
La
pregunta surge por la insistencia del presidente de la República, la jerarquía
católica, el Procurador general, la cúpula militar, dirigentes de partidos
políticos y organismos internacionales (Parlamento europeo, Amnistía Internacional),
de pretender desviar hacia temas secundarios, el tema central – causas - que
dieron origen a la guerra entre el pueblo colombiano y el gobierno de la
oligarquía/jerarquía católica. La paz no es dejación de las armas y acciones de
guerra ni reparación de las víctimas ni mucho menos plantear el tema de la impunidad.
La paz es solucionar los gravísimos problemas sociales, económicos, políticos
de las mayorías nacionales víctimas de la opresión clasista de la oligarquía/jerarquía
católica/latifundista, que dan origen a la guerra. Ello constituye la columna
vertebral de las conversaciones de paz. La otra vía es repetir la Leyenda
de Sísifo: alcanzar la cumbre de la paz, para rodar de nuevo por la
pendiente de la guerra, como ha venido ocurriendo en Colombia durante 200 años
de vida republicana. Si no se solucionan las causas de la guerra, es imposible
alcanzar la paz estable y duradera. Es repetir el fracaso de acuerdos anteriores
de paz, tanto en Colombia como en Centro América.
En las
últimas semanas se ha colocado en la mesa de conversación el tema de “víctimas
y victimarios”, unido al tema de “impunidad y reparación de las
víctimas”. Ambos dirigidos a la guerrilla y no al Estado, origen de toda violencia.
La violencia nunca se origina en las mayorías nacionales (obreros, campesinos),
la violencia tiene su origen en el Estado dominado por la clase
oligarca/jerarquía católica/latifundista. El Estado ejerce la dictadura de la
oligarquía (1%) sobre las mayorías nacionales (99%). Lenin decía, “el Estado es
la clase”. Toda violencia se genera en el Estado y encuentra rechazo en la
sociedad (mayorías nacionales), víctima directa de la violencia del Estado.
El
derecho a la rebelión de las mayorías nacionales (Artículo de la Constitución
Nacional, Resolución de la ONU, Convenio de La Haya de
1907),
contra la violencia que ejerce el Estado, es lo que le da beligerancia al
enfrentamiento armado, cuyo origen es:
Primero,
el reclamo pacífico de reivindicaciones sociales (cumbre agraria 2014): tierra
para el campesino, salario para el obrero, seguridad social, democracia, salud,
educación, vivienda, trabajo estable.
Segundo,
cuando esas reivindicaciones sociales en lugar de ser atendidas y solucionadas
por el Estado, las reprime por la violencia que lo caracteriza, estalla la
guerra que, desde hace 67 años, padece el pueblo colombiano. Si toda violencia
se origina en el Estado ¿Quién es el victimario? Victimario no puede ser quien
ejerce el elemental derecho a la defensa, el derecho a la vida. Víctimas de la
violencia del Estado son los guerrilleros que han tenido que empuñar las armas,
como mecanismo de defensa, para proteger la vida. Caso de la Unión Patriótica
que creyó en la participación cívica, no empuñó las armas y sus máximos
dirigentes y activistas fueron asesinados. Aquellos de la Unión Patriótica que empuñaron
las armas - Simón Trinidad – o aquellos que tomaron el camino del exilio – Joaquín
Pérez Becerra - salvaron la vida.
Si la
Constitución Nacional establece el derecho a la rebelión contra el Estado
opresor ¿Dónde está la ilegalidad de las FARC y el ELN (pueblo en armas,
Ejército del Pueblo), que lucha contra la opresión del Estado? Ilegal es la actuación
del Estado que debe velar por la paz interna en cumplimiento del mandato
constitucional. Pero hace lo contrario, en lugar de promover la paz, genera
múltiples formas de violencia: masacres, asesinatos, desapariciones, fosas
comunes, despojo de tierras, “falsos positivos”, paramilitarismo, bombardeo de
zonas campesinas, fumigaciones con glifosato, millones de desplazados hacia las
ciudades, otras regiones o países vecinos. Colombia tiene la mayor cifra de
desplazados por causa de la violencia del Estado. Según informe de la ONU, el
80% de la violencia (ejército, policía y paramilitares), la genera el Estado y
20% la guerrilla. ¿Quién es el victimario?
Otra
forma de agudizar la violencia es permitir la injerencia de militares de
Estados Unidos en la guerra, con 7 bases militares instaladas en territorio colombiano,
dotadas de la mejor tecnología militar. La Corte Constitucional dictaminó la
ilegalidad de dichas bases militares y tanto el Ejecutivo como el Congreso de
la República, permanecen indolentes ante la sentencia de la Corte. Esta
injerencia estadounidense transforma la guerra interna en guerra de liberación
nacional por la soberanía nacional y contra el invasor extranjero.
Lo
ocurrido hace doscientos años entre los pueblos americanos y el imperialismo
europeo, cuyas monarquías ejercían la violencia, produjo el estallido social,
la guerra de las mayorías americanas contra el Estado monárquico. Esa guerra
tuvo sus prolegómenos en rebeliones que se sucedieron en diferentes regiones de
América: comuneros de Paraguay; 112 rebeliones campesinas en Perú, la más notable
la de Túpac Amaru; La Rebelión Comunera de El Socorro en Colombia. Todas
comenzaron por simples solicitudes de reivindicación social, desoídas y
reprimidas por el Estado (Virrey), lo cual provocó la guerra y, ante el avance
incontenible del ejército comunero, el Virrey propuso conversaciones de paz, se
firmaron acuerdos, se violaron los acuerdos y el Estado (la monarquía/jerarquía
católica), impuso la violencia. Esa historia se ha repetido en Colombia, una y
otra vez, durante 200 años y hace de la guerra actual, la continuación de
guerras anteriores por cuanto sus causas nunca han sido eliminadas.
Al
finalizar la guerra de independencia de las nacientes republicas americanas,
los protagonistas (Morillo, La Serna, Canterac y demás jefes realistas), no fueron
llevados ante un Tribunal para sentenciar su castigo o “impunidad” ni para
“resarcir a las víctimas.” De igual manera ha ocurrido en cada país con las
guerras habidas contra la opresión de la clase en el poder: guerra de la
Federación en Venezuela; la llamada Revolución Mexicana (1911); las guerras en
Centroamérica: Sandino, Farabundo Martí; la guerra de los barbudos de la Sierra
Maestra; la guerra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); las
guerrillas liberales en Colombia (1949-1953). En casi todas, los acuerdos de
paz se incumplieron y los jefes guerrilleros fueron asesinados a mansalva por
orden del Estado: Zapata y Pancho Villa; Sandino y Farabundo Martí; Guadalupe
Salcedo y jefes guerrilleros. Siempre privó la impunidad del victimario: el
Estado.
Sentar
a los comandantes guerrilleros de las FARC y el ELN en el banquillo de los acusados
es tan igual a sentar a Bolívar y los próceres que se rebelaron contra la
violencia de la monarquía/jerarquía católica (La Inquisición). Es sentar en el
banquillo de los acusados a Zapata, Villa, Sandino, Farabundo, Fidel, Raúl, El
Che, Daniel Ortega, Dilma Rosseff, Pepe Mujica y todos los que han empuñado las
armas contra la violencia del Estado. Los comandantes de las FARC han sido muy
claros en su posición: “no hemos venido a esta mesa de conversación a
negociar una celda en una cárcel, sino, a pactar la solución de las causas de
la guerra para ponerles fin y alcanzar la paz estable y duradera.”
Según
Amnistía Internacional: “la columna vertebral de este proceso debe ser el
tema de las víctimas, especialmente el derecho de las víctimas a
la verdadera justicia y la reparación. Colombia tiene una clara responsabilidad
de respetar el derecho internacional y los derechos humanos.” Dixi
Amnistía Internacional.
Vale
preguntarle ¿Y cuál es el derecho de las víctimas? El derecho de las víctimas
comienza por solucionar las causas que provocaron la guerra, es decir, las
causas que provocan las víctimas.
La
actitud de Amnistía Internacional es la misma asumida por el presidente Santos,
la jerarquía católica, el Procurador, la cúpula militar, jefes de partidos
políticos, el Departamento de Estado, la Comunidad europea, de pretender
desviar las conversaciones hacia objetivos secundarios. La Ley de la contradicción
dice que, en un conjunto de contradicciones, priva la contradicción principal.
Y en toda guerra social, la contradicción principal está en la causa y no en
los efectos. El tema de las “victimas” es efecto de la guerra, es
un tema a posteriori, que no puede atenderse hasta tanto no se solucionen las
causas de la guerra: fábrica de víctimas. De manera que, la columna vertebral
de las conversaciones no son, la “impunidad ni víctimas y victimarios”,
como sugiere Amnistía Internacional, sino, las causas de la guerra.
El
cumplimiento de los acuerdos de paz comienza por la eliminación de las causas
de la guerra: tierra para los campesinos (Reforma Agraria), reivindicaciones
laborales, salario, educación, salud, vivienda, trabajo estable y democracia.
Si estas causas no se solucionan, de que sirve hablar de “impunidad,
víctimas y victimarios”. En lugar de hablar de financiamiento para “resarcir
a las víctimas” ¿Por qué no hablar del financiamiento para darle solución a
los problemas sociales, causa de la guerra, solución en la cual están incluidas
las víctimas?
“Colombia
tiene la democracia más antigua de Latinoamérica”, dicen los altos jerarcas
del gobierno. ¿Puede el gobierno colombiano hablar de democracia? ¿Qué clase de
democracia existe en un país en el cual, desde hace 67 años perdura una guerra
interna? La guerra y sus causas constituyen la negación de la democracia. Los
gobernantes colombianos proclaman una y otra vez, “en Colombia, existe la
democracia más antigua de Latinoamerica”. ¿Se refieren a la democracia que
comenzó con el asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre, el destierro de
Bolívar, que prosiguió con el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, el
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el asesinato de los candidatos
presidenciales de la Unión Patriótica: Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos
Pizarro, senadores, diputados, munícipes y 5.000 de sus militantes? ¿Se refiere
a los cientos de líderes veredales, municipales, campesinos, obreros,
sindicalistas, periodistas y activistas de organizaciones que surgen para la
defensa de los derechos humanos? ¡Asesinados! ¿Se refiere a las masacres realizadas
por el ejército y sus paramilitares, las fosas comunes, como, La Macarena, con
más de 2000 cadáveres hallados junto a una base militar? ¿Se refiere a los
“falsos positivos” ideados por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos? ¿Es esta la
“democracia” de la cual se ufanan los gobernantes y que durante 200 años ha
existido en Colombia?
¿Se
puede hablar de democracia en un país invadido por una potencia extranjera y
con 7 bases militares instaladas en territorio colombiano, desde las cuales se
realizan acciones de guerra (bombardeos) contra zonas campesinas? ¿Se puede
hablar de democracia en un país que carece de soberanía por cuanto la presencia
de un ejército extranjero, invasor, en su territorio, lo convierte en colonia
estadounidense?
La
dejación de las armas no es cuestión que le compete sólo a las FARC y ELN, debe
comenzar por la expulsión de las 7 bases militares, la eliminación de los
paramilitares (ahora denominados con el eufemismo, Bacrim) y la solución de las
causas de la guerra. Única forma de alcanzar la paz.
Si se
acata el Estatuto de Roma (derecho internacional), los gobiernos colombianos
deben ser llevados ante un Tribunal para ser juzgados por sus horrendos,
monstruosos crímenes contra el pueblo colombiano y países vecinos (bombardeo a
Sucumbíos, Ecuador). Por haber alentado la guerra durante 67 años, sin intentar
buscar la paz como se lo impone la Constitución Nacional.
Los
intentos de paz siempre han tenido su origen en los movimientos guerrilleros.
La guerrilla ha luchado para alcanzar la paz. Ha sido su objetivo fundamental,
conquistar la paz y eliminar las causas de la guerra. Los guerrilleros no son
una fuerza armada masoquista que le encanta vivir en las dificilísimas
condiciones de vida de la selva; duras condiciones que hacen del guerrillero un
ser extraordinario por sus convicciones y mística revolucionaria. Pregúntenle
al general Rubén Darío Alzate Mora.
¿En
dónde está la gran barrera contra la paz? La gran barrera contra la paz está en
la solución de los problemas, origen de la guerra, lo cual trae la pérdida de
privilegios de clase de la oligarquía/jerarquía católica/latifundista, por una
parte. Y por la otra, la implementación de la democracia, negada al pueblo
colombiano durante 200 años.
Las consideraciones de Amnistía Internacional
referidas a la paz en Colombia, producen hilaridad. Están fuera del contexto.
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