Síntesis
La lucha
contra la impunidad, en cualquiera de sus formas, es siempre una buena noticia
para la especie humana; es una forma de ir afianzando el imperio de la ley, la
civilización contra el triunfo y la entronización del más fuerte. En ese
sentido, en Guatemala el inicio de los juicios que habrán de juzgar hechos
considerados delitos de lesa humanidad cometidos por militares hace más de tres
décadas, es una noticia esperanzadora. Sin embargo, hay que ver esa dinámica a
la luz de una lectura más política (de oportunismo político incluso) que de
triunfo de la causa de la justicia. Los juicios llegan tarde, con un retraso de
muchos años, juzgándose a ancianos que, probablemente, hasta puedan ser
considerados inimputables dada su edad. Es significativo que los juicios se den
en una administración manejada por militares, que como cuerpo serán siempre
leales a quienes condujeron el conflicto armado años atrás. Ello lleva a pensar
que podría haber en todo esto algo de jugada política: se sacrifica a algunos
ancianos militares –para el caso, un general que ha tenido bastante de “problemático”
para los grandes factores de poder de la sociedad guatemalteca: Ríos Montt–
haciéndole jugar el papel de chivo expiatorio. El cuerpo castrense en su
conjunto muy probablemente no sea tocado, y aquellos factores de poder a quienes
sirvió durante la Guerra Fría desde el Estado contrainsurgente, no se inquietan,
pues sin dudas no están en la mira. Hay justicia, pero bastante relativa. De
todos modos, es buena noticia.
Palabras claves:
Impunidad,
guerra interna, delitos de lesa humanidad, injusticia, violencia.
_________
El
Estado, se supone, está destinado a armonizar la vida y las relaciones de todos
los habitantes que se encuentran bajo su jurisdicción. Por tanto, es su deber
proteger la vida de todos sus ciudadanos, sin excepción. Si alguno de ellos incurre
en graves delitos, en Guatemala, dado que existe pena de muerte, puede llegarse
al extremo de condenarlo a ella; pero eso no deja de ser una medida racional,
sopesada y, básicamente, apegada a la ley, a un Carta Magna que así lo
establece. En todo caso, se podría refutar la pena de muerte desde una crítica
ética, desde principios humanísticos. Eso es lo que hace, por ejemplo, la
Iglesia Católica. Pero no es posible condenarla por ilegal, por
anticonstitucional. Aplicándola, el Estado no se constituye en homicida;
simplemente está cumpliendo con un mandato legal que una determinada
circunstancia lo lleva a tomar.
Ahora
bien: si el Estado, arbitrariamente, mata a alguien fuera de los marcos
constitucionales, incurre en un delito. A eso se le llama terrorismo de Estado.
¿Quién es el responsable en ese caso? ¿El jefe de Estado? ¿Aquél que cometió el
asesinato? ¿El que dio la orden? ¿Los cuadros intermedios? Asunto difícil, por
cierto. Pero lamentablemente, eso sucedió en Guatemala: el Estado fue responsable
de muchos crímenes. Eso está largamente documentado en profundos y concienzudos
estudios: el de la Iglesia Católica, por ejemplo: el Proyecto Interdiocesano
Recuperación de la Memoria Histórica, publicado como “Guatemala: nunca más”,
que le costara la vida a su mentor, el obispo Juan Gerardi. O el surgido de los
Acuerdos de Oslo de 1994 entre gobierno y movimiento revolucionario: el Informe
“Guatemala. Memoria del Silencio”, voluminosa y bien documentada investigación
que realizara Naciones Unidas a través de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico.
Que el
Estado practicó terrorismo, que fue anticonstitucionalmente un violador de
preceptos legales, está demostrado a través de una cuantiosa documentación. Sucedió
en miles de ocasiones. La guerra interna que se vivió por espacio de muchos
años dio lugar a una enorme comisión de asesinatos por parte del Estado contra
población civil no combatiente. Si fueron 200,000 los muertos, o menos de
40,000 como ahora se ha comenzado a decir, eso no cambia la situación de fondo:
no es asunto de cantidades sino de responsabilidades: el Estado no puede matar
a sus ciudadanos, así sea que se trate de una guerra civil, tal como la que
aquí se vivió. El número no lo exime de culpa. Y así fuera uno solo el muerto
en condiciones de ilegalidad, no como ajusticiamiento luego de un juicio
público con todas las garantías del caso, el ilícito no puede tener
justificación. Si no se lo considera un delito, un quebrantamiento de la ley, un
acto que merece castigo por ilegal y del que tiene que haber algún responsable,
es lisa y llanamente porque la impunidad se impone. Eso, exactamente, es lo que
viene pasando en Guatemala desde toda su historia.
Terminado
el conflicto armado interno, las heridas que esa catástrofe social dejó aún
están abiertas. Sin dudas lo estarán por varias generaciones aún. 200,000
muertos y 45,000 desaparecidos no son poca cosa; de hecho, fue la guerra
contrainsurgente vivida por países latinoamericanos en estas últimas décadas en
el medio de la Guerra Fría y las estrategias de Doctrina de Seguridad Nacional
más cruenta de toda la región. Ello, seguramente, habla de la impunidad que
define nuestra historia: una catástrofe social… ¡y nadie se hace responsable!
Superar
tanto dolor no es fácil. Como una de las secuelas principales de esa guerra
tenemos una fortalecida cultura de impunidad, que se asienta en una impunidad
ya histórica, estructural. Es decir: se puede hacer cualquier cosa (pasar un
semáforo en rojo, matar, evadir impuestos, comprar una licencia de conducir,
contratar un sicario) con la seguridad que nada pasará. Eso es la impunidad. ¿Nadie
se hará responsable de los crímenes que cometió el Estado durante la guerra
interna? A 17 años de terminada, parece que no. Pero hay una buena noticia: al
menos alguna cabeza visible va a ser juzgada. En realidad: dos. Los generales
Ríos Montt y Rodríguez Sánchez van a juicio por masacres en el área ixil,
Quiché.
¿Empieza
a funcionar la justicia en Guatemala? Quizá… Pero la respuesta debe ser
matizada.
Combatir
la impunidad, siempre, en cualquier circunstancia, es una buena noticia. La
historia reivindica como un avance civilizatorio los que hoy se consideran
“históricos y emblemáticos” juicios de Nüremberg, en la Alemania de la segunda
post guerra mundial. ¿Por qué? Pues porque la justicia funcionó condenando a
quienes cometieron delitos de lesa humanidad, para el caso los nazis, y eso
significó un mensaje esperanzador para la humanidad. No puede dejarse de
mencionar que esos juicios deben entenderse en clave política: los ganadores de
la Segunda Guerra Mundial, los Aliados, en buena medida capitaneados por la
potencia emergente de Estados Unidos, se permitieron legarnos esta buena
noticia, este mensaje contra la impunidad que constituyó el juicio a los genocidas
jerarcas alemanes. Buena nueva, por cierto; pero enmarcada en una agenda que
podría cuestionarse: se castigó la impunidad de los vencidos. ¿Por qué no un
juicio a quienes arrojaron dos bombas atómicas contra población civil no
combatiente en momentos en que militarmente ello no era necesario, pues Japón
ya estaba destrozado y a punto de rendirse? ¿Por qué no funcionó allí el
combate a la impunidad y al abuso de poder? Simplemente porque Washington fue
ganador en la contienda. El mensaje de los juicios de Nüremberg es
importantísimo en sí mismo, sin dudas; pero también conlleva un estigma: se
castigó al perdedor (¿hacer leña del árbol caído?). El ganador se salió con la
suya; la historia la escriben los que ganan, suele decirse. Y de hecho ahí
comenzó una carrera de armamento nuclear que nunca se ha detenido y donde la
Casa Blanca se siente con derecho a ser la primera y decidir quién puede y
quién no puede seguir sus pasos. ¿No es eso impunidad también?
Lo que
se quiere resaltar es que los juicios contra los “asesinos nazis” (al igual que
los que se puedan haber hecho contra los militares asesinos de Ruanda en su
momento, o contra el general Milosevic en la ex Yugoslavia luego de la Guerra
de los Balcanes), tienen una carga política nada desdeñable: son una buena
noticia para la humanidad, pero también encierran agendas ocultas. Es decir:
hay en ellos jugadas políticas (se juzga a unos pero se perdona a otros; se
mira para otro lado en el momento de las atrocidades avalándolas finalmente, y
luego se las castiga cuando es “políticamente correcto” hacerlo). Lo cual lleva
a plantearse hasta qué punto la justicia es realmente independiente.
¿Qué
tiene que ver todo ello con los juicios contra los generales Ríos Montt y
Rodríguez Sánchez en Guatemala? Pues bien: también puede haber en todo ello
jugada política.
Sin
dudas, como primera cuestión a puntualizar, es importante decir que el juicio
contra quienes están acusados de delitos tan graves como masacres,
desapariciones forzadas de personas y, llegado el caso, genocidio (es decir:
delitos de lesa humanidad, igual que los jerarcas nazis o los militares
ruandeses), es siempre una buena noticia, una bocanada de esperanza en la
perpetua lucha de la especie humana por mayores cuotas de respeto a los
derechos elementales, al Estado de derecho. En definitiva: cualquier
achicamiento de la impunidad debe ser bienvenido y saludado efusivamente.
Pero,
¿realmente eso está sucediendo con estos juicios en Guatemala en este momento?
De ningún modo podría decirse, como afirma cierta derecha pro militar, que hay
allí algún encono, un espíritu revanchista o cosa por el estilo. El Estado,
desde un principismo mínimo que no es políticamente ni de derecha ni de
izquierda, no puede masacrar a su propia población. No puede, bajo ningún punto
de vista, atentar contra la vida de sus ciudadanos, aquellos que lo financian
con sus impuestos. Eso es un delito y no admite justificaciones. Si durante la
guerra interna el Estado cometió esos abusos, ahora debe resarcir a las
víctimas de los mismos. Y debe enviar mensajes de respeto a la Constitución y a
la institucionalidad democrática como una sana medida que preserva el Estado de
derecho. Enjuiciar a acusados de delitos de lesa humanidad puede contribuir a
afianzar la justicia, no al revanchismo. Es, si se quiere, una medida que
finalmente contribuye a crear un clima de paz social y no de confrontación.
De todos
modos, como todas las acciones humanas, las cosas nunca son absolutamente puras
y transparentes. Por el contrario, en el ámbito del poder, de lo político, más
bien son enrevesadas y complejas, sumamente complejas, con agendas ocultas, con
dobles mensajes.
¿Se está
reforzando la lucha contra la impunidad con los juicios contra los generales
José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez? Ojalá así sea. ¿O hay
“quinta pata del gato” en la maniobra?
Si la
justicia llega, aunque sea tarde, bienvenida. Sin dudas, ahora es algo tarde,
porque lo que se está juzgando ahora sucedió hace tres décadas, y ya ha corrido
demasiada agua bajo el puente desde aquel entonces. De todos modos, este tipo
de delitos, por ser considerados de lesa humanidad, son imprescriptibles. En
ese sentido, bienvenidos como aporte contra la impunidad, así como podríamos
decir también bienvenidos los juicios que echen luz sobre los crímenes de
Estado de la Guerra Civil Española de la década del 30 del pasado siglo.
Insistamos: más vale tarde que nunca.
La
pregunta es si realmente habrá ahora, aquí en Guatemala, el inicio de una
verdadera campaña de combate a la impunidad, o hay en todo esto mucho de una maniobra
distractora, de doble rasero, oportunista en definitiva. ¿Cómo entender que un
gobierno lleno de militares, con un comando kaibil en la presidencia que fue
parte activa de la misma estrategia de guerra por la que ahora se juzga a estos
dos generales, la emprenda contra militares? Más bien habría que pensar que se
están sacrificando algunos peones, que hay chivos expiatorios. No puede dejarse
de mencionar que en el mismo momento en que empieza el juicio se registra una
avanzada de agresiones contra militantes del campo popular y defensores de
derechos humanos.
No es
ninguna novedad que existen poderes que deciden mucho, quizá más que los
presidentes (eso no sólo en Guatemala, por supuesto). Ríos Montt es un símbolo,
y por eso mismo se lo puede usar. ¿Por qué ahora cae en desgracia y se lo
sienta en el banquillo de los acusados? ¿Quién decidió esto? De hecho, hace
tiempo ya que no es santo de devoción de los grandes factores de poder, de esos
que mandan más que los presidentes de turno; o quizá nunca lo fue, por eso su
historia política está plagada de cortocircuitos (se le “robó” una elección
presidencial y se le envió a un dorado exilio en España, por ejemplo). Si bien
la impunidad reinante permitió que, terminada la guerra, fuera omnipotente
Secretario General de un partido político creado a su medida y presidente del
Congreso, después del infausto Jueves Negro, en julio del 2003, su figura
empezó a caer en desgracia, con arresto domiciliario incluido. Su partido
político, el Frente Republicano Guatemalteco –el FRG– de omnímodo dominador de
la escena política unos años atrás, ahora desaparece sin pena ni gloria. ¿Por
qué fue muriendo, y ya desde las elecciones pasadas, el partido “militar” se
recicló en el Patriota? ¿Quién decidió esto? De hecho, hace poco se disolvió
oficialmente, y la noticia casi no tuvo cobertura mediática. Más aún: alguien
bajó el dedo para que Zury Ríos, la hija del general, saliera de la escena
política nacional. Hasta no hace mucho se hablaba de su posible llegada a la
presidencia; ahora es un cadáver político, y ni una vez más se la volvió a
mencionar en los medios de comunicación desde hace un tiempo. Evidentemente,
alguien decidió esto.
Enjuiciar
ahora por delitos de lesa humanidad a este par de ancianos militares puede ser
el inicio de una lucha frontal contra la impunidad y la recuperación de la
memoria histórica del país, conmocionado todavía por esa carnicería que fue el
llamado conflicto armado interno (¿por qué no decirle “guerra civil”, si eso es
lo que fue?) Mucho de la violencia actual (“epidemia de violencia”, según los
expertos) hunde sus raíces en ese conflicto, pues de ahí se sigue buena parte
de los problemas actuales ligados al tema de seguridad (o inseguridad)
ciudadana. Aunque también puede ser una maniobra que, finalmente, contribuya a
dejar inalteradas las causas que provocaron ese cataclismo social que se inició
con el golpe de Estado de 1954 y la entrada de la CIA, y que formalmente terminó
el 29 de diciembre de 1996, pero cuyas causas reales siguen inalterables.
El
ejército, como cuerpo destinado a defender la patria de cualquier ataque, actuó
en nombre de aquello para lo que fue preparado durante décadas: la
contrainsurgencia, el enemigo interno, el “comunismo internacional” que, según
la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional, como “cáncer” se expandió en
los años de Guerra Fría. En realidad, lo que esas fuerzas armadas, en cuenta
Ríos Montt y todos los militares de aquellos años, defendieron a capa y espada,
ahí sigue inalterable: diferencias socioeconómicas irritantes, concentración de
la riqueza en pocas manos, reales espacios políticos para transformar esa
situación cerrados. Tal como dice la Comisión para el Esclarecimiento Histórico
en sus Conclusiones cuando analiza las causas de la guerra: “Si bien en el enfrentamiento armado
aparecen como actores visibles el Ejército y la insurgencia, la investigación
realizada por la CEH ha puesto en evidencia la responsabilidad y participación
de los grupos de poder económico, los partidos políticos, y los diversos
sectores de la sociedad civil. El Estado entero, con todos sus mecanismos y
agentes ha estado involucrado. Reducir el enfrentamiento a una lógica de dos
actores no explicaría la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia, ni
la constante movilización y diversa participación de sectores sociales que
buscaban reivindicaciones sociales, económicas y políticas”.
Es buena
noticia sentar en el banquillo de los acusados a alguien que dio órdenes para
masacrar, a alguien vinculado al delito de genocidio. Pero los grupos que, en
definitiva, se beneficiaron de todo ello, difícilmente serán enjuiciados algún
día. Al general no hay dudas que lo dejaron morir solo. No podríamos decir que
eso sea para lamentarnos, claro… Pero ello debe llevar a preguntarnos: ¿y qué
hay, como dijera el Informe de la CEH, de “la
responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, los partidos
políticos, y los diversos sectores de la sociedad civil” a los que defendió
el ahora abandonado militar-pastor?
La
intención del presente escrito en modo alguno pretende ser de aguafiestas, de
cuestionador del histórico juicio que ahora inicia. Juzgar el genocidio no es
asunto del pasado: por el contario, es la posibilidad de construir otro
presente y un mejor futuro. Quizá el juicio en sí mismo no garantiza que estos
delitos de lesa humanidad nunca vuelvan a repetirse; pero es un paso
importantísimo, toral en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Lo
que no hay que perder de vista es que si se llegó a todas estas masacres
execrables, es porque ello se hizo en nombre de la defensa de un modo de vida
que, lo vimos en el pasado y lo seguimos viendo ahora, no resuelve los
problemas estructurales del país, la pobreza crónica, la exclusión de los más,
el atraso comparativo, el racismo.
Bibliografía
Acuerdos de Paz.
(1997) Procuraduría de los Derechos Humanos. USAID, URL. Litografía Multicolor.
Guatemala.
Aguilera,
Gabriel y Jorge Romero Imery et. al. (1980) Dialéctica del Terror en Guatemala.
Editorial Universitaria Centroamericana. San Salvador.
Arenas Bianchi,
Clara y otros (2004) ¿Racismo en Guatemala? AVANCSO. Editores Siglo XXI.
Guatemala.
Bobbio, Norberto (1997) La
teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. México. Fondo de Cultura
Económica.
______________
(1998), Estado,
gobierno y sociedad: por una teoría general de la política. México.
Fondo de Cultura Económica.
_______________
(2002), Diálogo
en torno a la República. Barcelona. Editorial Tusquets
Bobbio,
et al. (1998) Diccionario de Política.
México. Siglo XXI.
Casaús, M. (2007). Guatemala: linaje y
racismo. Guatemala. F&G Editores.
Comisión para el esclarecimiento
Histórico. (1998). Guatemala. Memoria del Silencio. T”zinil na”tab”al.
Informe de la Comisión. CEH.
Corte de Constitucionalidad (1999) Constitución Política de la República
de Guatemala. Guatemala. Piedra Santa.
ECAP. (2003). Psicología Social y Violencia
Política. Guatemala. ECAP.
Erazo, Judith. (2008) La dinámica psicosocial del
autoritarismo en Guatemala. Guatemala. ECAP.
Garavito, Marco Antonio. Violencia política e
inhibición social. (2004). Guatemala. FLACSO/UNESCO
Gleijeses,
P. (2004) La Esperanza Destrozada. La revolución guatemalteca y los Estados Unidos
l944-54. La Habana. Editorial de Ciencias Sociales.
Guzmán Böckler, Carlos y Herbert, Jean-Loup. (1970)
Guatemala: una interpretación histórico-social. México.
Instituto Nacional de Estadísticas. (2006). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).
Guatemala, INE.
Martín-Baró, I. (2007) Acción e ideología. Psicología social desde
Centroamérica. San Salvador. UCA.
Martínez
Peláez, S. (1994). La Patria del criollo. Ensayo de interpretación de la
realidad colonial guatemalteca. México. Ediciones En Marcha.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. (2009) Violencia
en Guatemala. Estudio estadístico en cinco departamentos: Chiquimula,
Guatemala, Petén, Quetzaltenango y San Marcos -ODAHG- Guatemala: ODHAG.
Organización
Internacional del Trabajo. (2010) Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Disponible en
versión electrónica en: http://www.ops.org.bo/textocompleto/pi31666.pdf
PNUD. (2010). Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano.
Informe nacional de desarrollo humano 2009/2010. Guatemala. PNUD.
PNUD. (2012) Informe Nacional de Desarrollo Humano
2011/2012. Guatemala: ¿un país de oportunidades para la juventud? Guatemala.
PNUD.
Proyecto REMHI. (1998) Guatemala: nunca más.
Guatemala. ODHAG.
Ríos, E y Colussi, M. (2009) Imaginando la violencia. Aproximación a los
imaginarios sociales de violencia en Guatemala. Guatemala. ECAP/Universidad de San
Carlos de Guatemala.
Taracena, A. y otros (2002). Etnicidad,
estado y nación en Guatemala, 1808-1944. Guatemala. CIRMA.
Villanova de Arbenz, M. (2000). Mi esposo, el presidente Arbenz.
Editorial Universitaria. Guatemala.
Wieviorka,
M. (2009). El racismo: una introducción. Barcelona. Editorial Gedisa.
Zepeda, R. (2005) Las violencias en Guatemala. Algunas perspectivas.
Guatemala. FLACSO/UNESCO.
* Material aparecido
en la Revista Análisis de la Realidad Nacional, N° 25 (abril de 2013) de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Se reproduce aquí con autorización de
los Editores.
** Psicólogo y licenciado en Filosofía. De origen argentino, hace 17 años
que vive en Guatemala. Investigador en ciencias sociales, catedrático
universitario, escritor. Es socio fundador del Centro de Estudios sobre
conflictividad, poder y violencia -CENDES-.
No hay comentarios:
Publicar un comentario