jueves, 22 de marzo de 2018

Guatemala: laboratorio de pruebas para Estados Unidos




Marcelo Colussi

Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, el principal ganador, Estados Unidos, sometió a la perdedora Alemania, junto con las otras potencias victoriosas, a los históricos juicios de Nüremberg. Allí se condenó al régimen nazi, entre otras cosas, por los anti éticos experimentos biomédicos desarrollados con seres humanos, judíos en la mayoría de los casos, en nombre de la superioridad racial. Hasta allí todos podríamos estar en completo acuerdo tanto con la condena como con los juzgadores: jugar con vidas humanas en experimentos secretos es deleznable; en definitiva: constituye un delito de lesa humanidad.

Lo trágico es que la potencia que estaba levantando la voz para condenar esas prácticas a todas luces abominables, casi al mismo tiempo estaba haciendo lo mismo en otras latitudes. La doble moral de los poderosos no es nada nuevo, por supuesto. Pero no por eso debe dejar de indignarnos. Es tan deleznable, abominable e infame la realización de experimentos secretos con humanos de carne y hueso como el discurso hipócrita, de dos caras. Washington, por cierto, es un maestro en esto último. Y, lo patético, es que nadie lo puede condenar. La más rampante impunidad sigue primando insultante. ¿Hasta cuándo?

Junto a esa petulancia arrogante del ganador (lanzó dos bombas atómicas sobre población civil no combatiente en Japón cuando la guerra ya estaba prácticamente terminada, solo como demostración de poderío, y jamás ha recibido condena por eso), también es un campeón en la realización de pruebas ocultas, fuera de todo control –de ordinario en el campo de la investigación biomédica o en las tecnologías bélicas–, en general con los “conejillos de Indias” que representan las poblaciones del Tercer Mundo, de los países pobres.

Según pudo saberse hace unos pocos años por una supuesta casualidad azarosa, la investigadora estadounidense Susan Reverby, del Wesllesley College, en búsqueda de información sobre experimentos realizados con reos de la prisión de Tuskegee, en Estados Unidos, encontró datos que revelaron estudios secretos desarrollados entre los años 1946 y 1948 por personal del gobierno de Washington en la centroamericana nación de Guatemala, arquetípico banana country para la lógica del amo imperial.



De acuerdo a lo hallado por la investigadora, con la aquiescencia de la embajada de su país en Guatemala y de la por aquel entonces Oficina Sanitaria Panamericana, precursora de la actual Organización Panamericana de la Salud (OPS), en esos años se llevaron a cabo en el país centroamericano cuestionables estudios con pacientes psiquiátricos, trabajadoras del sexo, soldados rasos y niños huérfanos. Lo que se buscaba era conocer la efectividad de la penicilina en el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (sífilis y gonorrea), para lo que se les infectó a las personas seleccionadas –por supuesto, sin previo aviso y con total desconocimiento de lo que se les hacía– con microorganismos de ambas patologías.

Que los resultados conseguidos siguiendo esas prácticas constituyan un “aporte” a la ciencia médica, y por ende a la humanidad toda, es un desatino, una aberración. Es similar a lo que buscaban los nazis en sus experimentos, juzgados luego como crímenes de guerra: eran, y siguen siendo, monstruosidades, atentados a la más elemental dignidad humana. ¿Se juzgará a algún ciudadano estadounidense por estas pruebas realizadas en Guatemala? ¿Habrá algún Nüremberg para algún funcionario de la primera potencia mundial? El Dr. Thomas Parran, quien supervisó la fase inicial de los experimentos en el año 1946 en territorio centroamericano, reconoció que se ocultó a las autoridades guatemaltecas lo que se estaba haciendo y que esos estudios de ningún modo se podrían haber realizado en su país. ¿Alguien se hará cargo de ese delito de lesa humanidad? ¿Quién va a ir preso?

En un gesto que, considerado ingenuamente, podría justificar su galardón de Premio Nobel de la Paz, el ex presidente de Estados Unidos, Barak Obama, apenas conocida la denuncia de los hechos en el 2010 se disculpó telefónicamente con su por ese entonces homólogo de Guatemala, Álvaro Colom, por la violación cometida seis décadas atrás. “Políticamente correcto” quizá, pero eso no exculpa lo sucedido. No es la primera vez que se conocen acusaciones de ese tenor; es más que sabido que los habitantes del Tercer Mundo son conejillos de Indias para experimentos de esa calaña que realizan las potencias del Norte, incluso en forma masiva con alimentos o medicamentos. Además de proveedores de materias primas y mano de obra a precio regalado, el Sur también es un laboratorio de experimentación humana gratuito.

En un tiempo Estados Unidos comenzó a hablar de “control de la natalidad” (hoy día se reemplazó eso por las políticamente más correctas “planificación familiar” o “paternidad responsable”); en definitiva, más allá del nombre, se trata de lo mismo: impedir que siga creciendo el número de bocas que alimentar en el planeta, asegurando así los recursos solo para los “ciudadanos de primera”, para el caso, los estadounidenses. Y ello llevó a esterilizaciones masivas en varios países (siempre impulsadas por agencias estadounidenses), por supuesto sin que las mujeres esterilizadas lo supieran, y mucho menos, lo consintieran.

Guatemala, en su posición de país pobre y dependiente, casi un protectorado de Washington, ha sido y continúa siendo un privilegiado campo de prueba (si es que a eso se le puede llamar “privilegio”), un laboratorio para infinidad de experimentos sociales que desarrolla la geoestrategia de Washington. Por lo pronto fue en Guatemala donde se estrenó la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Aquí hizo su debut la tristemente célebre organización estadounidense, preparando y ejecutando el golpe militar que quitó de la presidencia a Jacobo Arbenz, un socialdemócrata que encabezaba un gobierno popular con tinte nacionalista que se había permitido expropiar las tierras ociosas de la United Fruit Company, la empresa frutera norteamericana que operaba en Centroamérica con la más absoluta y descarada impunidad.

Años después, durante la larga guerra interna que desangró al país donde se enfrentó un poderoso movimiento guerrillero con el ejército, la geoestrategia de Estados Unidos hizo de Guatemala un campo de experimentación –en versión corregida y aumentada– de la desaparición forzada de personas. Este país –con 45.000 detenidos-desaparecidos– y Argentina –con 30.000 personas desaparecidas en el marco de la operación regional bautizada Plan Cóndor– fueron las naciones latinoamericanas donde esta infame práctica alcanzó sus cotas máximas (representando alrededor del 70% de todas las desapariciones forzadas de Latinoamérica durante las llamadas guerras sucias). En ambos países la doctrina militar de las academias estadounidenses potenció de una manera monumental lo iniciado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, llevado luego a la categoría de estrategia bélica normalizada por Francia en su guerra colonial contra Argelia, teorizada por el coronel galo Roger Trinquier en su libro “La guerra moderna y la lucha contra las guerrillas”.

Según dicha “teoría”, los actos de desaparición forzada son ejecutados conforme a pasos de manual: 1) persecución de una persona concebida desde una perspectiva ideológica como un enemigo interno; 2) detención ilegal; 3) entrega del detenido en algún centro de detención clandestino; 4) ocultamiento ilegal de la víctima; 5) presión psicológica ejercida sobre la familia, el grupo de pertenencia del desaparecido y el colectivo social a través del discurso oficial estigmatizante e ideologizante y las técnicas publicitarias empleadas.

Estas técnicas, desarrolladas en principio por los franceses, fueron llevadas a su máxima expresión en Guatemala, país que, una vez más, sirvió de laboratorio social para la implementación de planes sociopolíticos impulsados por el gobierno de Estados Unidos. Años después, a partir del 2015, nuevamente el país centroamericano vuelve a ser laboratorio experimental para una nueva y refinada técnica de control social: la “lucha contra la corrupción”.

Continuando la práctica de las llamadas “revoluciones de colores” desarrolladas en las ex repúblicas socialistas soviéticas, la nueva estrategia geopolítica de Washington consiste en entronizar la corrupción (solo de los funcionarios públicos) como el principal mal y causa última de las penurias de las poblaciones. Con ello se encubren las verdaderas causas estructurales de la situación (la explotación de una clase social por otra, la extracción de plusvalía de los trabajadores por parte de los propietarios de los medios de producción), poniendo en los “malos funcionarios corruptos” el motivo principal de la pobreza y el atraso. La movida inició en el 2015 con la construcción de numerosos perfiles falsos en las redes sociales desde donde se llamó a movilizaciones pacíficas, desideologizadas, tendientes solamente a remover de su cargo a la cabeza visible del país: el binomio presidencial. Muy bien orquestada, la jugada resultó exitosa: presidente y vicepresidenta terminaron presos, y la nueva técnica de manipulación social se mostró efectiva. Tiempo después, la “lucha contra la corrupción” se entronizó como la nueva cruzada salvadora para, supuestamente, terminar con las penurias de las masas paupérrimas. Y gracias a esa edificación mediática la geopolítica de la Casa Blanca logró frenar varios gobiernos “molestos” para su estrategia: Cristina Fernández en Argentina, Dilma Roussef en Brasil, preparando también condiciones para quitar a “indeseables” cuando la política de Washington lo requiera.

En otros términos: Guatemala es un conejillo de Indias siempre útil para las más diversas experimentaciones. Estados Unidos, en tanto potencia dominante, se arroga el derecho de hacer lo que quiere en estos parajes. ¿A quién se le ocurriría que una universidad o una empresa farmacéutica guatemalteca, o de cualquier país tercermundista, pudiera experimentar, por ejemplo, un nuevo medicamento, con ciudadanos estadounidenses en suelo norteamericano, sin previo aviso a las autoridades correspondientes? Inimaginable, por cierto. Pero la inversa es ya algo “normal”. Es más: ¿cuántos experimentos se podrán estar llevando a cabo en este momento en Guatemala sin que la población ni el gobierno del país lo sepan?

Las potencias son potencias, justamente, porque manejan a las poblaciones, a los recursos que éstas poseen y, en definitiva, a los países en su conjunto donde todo ello se encuentra. Para manejarlos se apela a todo tipo de armas. El racismo, la desvalorización de los pueblos considerados “primitivos”, la noción de “ciudadanos de segunda” versus ciudadanos de sentido pleno, que serían los de los países metropolitanos –civilización y barbarie si queremos decirlo de otro modo–, son todas ideas que permiten la manipulación de esas masas excluidas, dando como resultado, entre otras cosas, la posibilidad de hacer experimentos execrables sin ninguna culpa con los “primitivos”. Luego podrá decirse que es en beneficio de la Humanidad.

Si los Aliados juzgaron las “abominables” prácticas de los nazis, no fue en absoluto por consideraciones éticas: fue sólo una demostración de poder. ¿Cuándo cambiaremos eso?

martes, 13 de marzo de 2018

“Queremos que la población pueda volver a confiar en el movimiento estudiantil”


Entrevista a Lenina García, Secretaria General de la AEU, Guatemala


Marcelo Colussi

La Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU- “Oliverio Castañeda de León”, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por largos años estuvo copada por una dirigencia mafiosa, siempre bajo la sombra de las autoridades que, mirando para otro lado, permitieron sus fechorías (negocios sucios, extorsiones, venta de drogas, grupo de choque ante cualquier intento de organización genuina de los estudiantes). Estos “estudiantes”, en realidad: activistas políticos de derecha y oportunistas ligados a negocios clandestinos, opusieron todo tipo de resistencia antes de cambiar. Pero en el 2017 el voto estudiantil les cerró camino, eligiéndose una nueva directiva, democrática y transparente. Su actual Secretaria General: Lenina García, 26 años, estudiante de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Español y Literatura, es la primera mujer en dirigir la Asociación. Con visión clara, muy determinada en el proyecto político-estudiantil que la nueva AEU impulsa, contó en la siguiente entrevista cómo está la situación en este momento, abriendo perspectivas de futuro sobre la compleja problemática de la educación superior en el país, la universidad pública y la situación nacional general.
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Pregunta: Después de casi ocho meses de haber asumido la nueva AEU, ¿qué balance podrían hacer con este tiempo transcurrido? ¿Cómo está la situación de la AEU actual y su relación con la vieja mafia de la AEU, y con las autoridades universitarias?

LG: Nos sentimos muy contentos por varios motivos. Primero, por haber recuperado la Asociación de Estudiantes Universitarios después de 17 años de cooptación. Eso es muy importante y nos pone muy contentos, porque demuestra que sí se pueden recuperar las instituciones, pese a la cultura mafiosa que sigue estando enraizada y que desea mantenerse en los espacios usurpados por años. Recuperar una organización estudiantil donde se destruyeron los tejidos entre los estudiantes durante tanto tiempo, donde se desaparecieron estudiantes, se asesinaron, donde se masacró gente y se creó terror, es muy complicado. Es algo tan difícil porque tenemos que partir de cero, pues no existe ningún precedente, ninguna sistematización que nos permita entender cómo funciona, o cómo debería funcionar, una AEU legítima. De hecho nuestros actuales referentes son personas de la época de Oliverio Castañeda, gente de alrededor de 70 años; faltan estudiantes jóvenes con los que podamos intercambiar sobre estos asuntos. En otros términos: nos tocó a nosotros solitos ir descubriendo una enorme cantidad de aspectos de los que no conocíamos nada, ir armando como podíamos las piezas de un rompecabezas sumamente complejo. Cuando en los años 90 del pasado siglo se dio la última representación democrática de la AEU, el contexto de la universidad era muy distinto: no había la cantidad de estudiantes que existe ahora, ni estaba tan descentralizada. La realidad de hoy día es muy distinta a la de años atrás, porque el campus central no absorbe a todos los estudiantes, dado que ahora la universidad tiene presencia nacional estando en todos los departamentos, hay muchas carreras nuevas, y dada la precariedad con que se mueve la educación en nuestro país, tenemos problemas nuevos, como clases abarrotadas con más de 200 alumnos en un salón. Es decir: estamos ante cosas nuevas donde nadie nos puede dar orientaciones. Tenemos que ir descubriendo y resolviendo nosotros esta nueva situación actual de la universidad. Por todo ello nuestra gestión no es fácil. Además se suman dos factores sumamente importantes: por un lado, la corrupción con que nos encontramos, que está en todos los rincones del país, y por supuesto también en la universidad, y por otro, la despolitización del movimiento estudiantil como herencia de lo que sucedió a nivel nacional estos últimos años. Y también podría agregarse, como otro elemento con el que tenemos que luchar, la confusión que existe con los estudiantes y ciertas prácticas que no son nuestras, que vienen de las viejas prácticas corruptas, pero que muchas veces nos las endilgan.



Pregunta: ¿Cómo cuáles? ¿A qué te referís exactamente?

LG: Sucede con los encapuchados de la Huelga de Dolores. Por allí se ven encapuchados desarrollando las viejas prácticas corruptas y se dice que son de la AEU. En realidad nos desmarcamos totalmente de esas conductas mafiosas del pasado, nuestro proyecto no tiene nada que ver con eso. Con todo esto quiero decir que nuestra gestión está hecha bajo presión, enfrentándonos a gran cantidad de problemas, de desafíos. De hecho, hasta el lugar físico de la AEU nos costó mucho recuperarlo, porque no nos lo querían entregar. Incluso se dieron hechos de violencia intimidatorios hacia nosotros, y las autoridades no nos apoyan en todo esto. O, en todo caso, nos apoyan en algunas demandas, y en otras no.

Pregunta: Hablaste de hechos de violencia. ¿Qué papal está jugando ahora la vieja AEU?, que sabemos mantiene vínculos con sectores oscuros, incluso del crimen organizado.

LG: Esa gente, que desde hace 5 años se conocen internamente como Comisión Transitoria, durante los largos años que mantuvieron cooptada la estructura fueron creando una red de crimen organizado, que en la actualidad no está del todo desmantelada. Las redes de locales con venta de licor y de discotecas que están en torno a la universidad las siguen manejando, directa o indirectamente, y si bien hay una ley que las prohíbe, eso no se acata. También dentro de la universidad hay muchas ventas de comercio informal (ropa, artesanías, comida, etc., etc.), en muchos casos ligadas a venta de drogas, o que actúan como informantes. Las viejas estructuras corruptas mantienen vínculos con todo esto. Y si bien nosotros asumimos la nueva AEU, esta gente sigue haciendo su negocio porque no se han ido de la universidad. Incluso la política universitaria que tiene que ver con la gestión administrativa de la institución, está llena de corrupción, y estas redes de estudiantes tienen que ver con eso. La vieja AEU, y lo que pasó a ser la Huelga de Dolores, son los operadores políticos de esos sectores corruptos a alto nivel que tienen secuestrada la universidad. Siempre se manejaron con criterios de matonaje, manipulando estudiantes, amedrentando. Hoy día esas prácticas persisten, y nosotros hemos sido víctimas de intimidaciones, de amenazas: nos llegan mensajes anónimos, nos provocan.

Pregunta: Hechos de violencia física directa, concreta, ¿han sufrido?

LG: Hechos concretos de violencia física: no. Al menos nosotros, los miembros actuales de AEU, no hemos tenido. Pero sí ha habido actos de agresión con estudiantes cercanos al movimiento, y este año hubo una violación de una estudiante, actos que deducimos vienen directamente de estas redes mafiosas, como intimidaciones.

Pregunta: ¿Qué están haciendo para contrarrestar toda esa provocación?

LG: Ha habido varias acciones. Se han hecho las denuncias pertinentes a las autoridades, en el Ministerio Público. También se denunciaron los hechos a través de redes sociales, lo hemos presentado ante el Consejo Superior Universitario, lo hemos hecho viral. Y también lo hemos trabajado con las bases estudiantiles, para que conozcan exactamente cómo es la situación real. Pero en el ordenar la casa a partir que tomamos posesión es donde más tiempo se nos ha ido. Todo ese trabajo burocrático-institucional, para recuperar el presupuesto, para establecer las asociaciones de las distintas unidades académicas, para hacer las coordinaciones necesarias dentro de la universidad, nos toma muchísimo tiempo, muchísima energía.

Pregunta: Sin dudas la corrupción, establecida ya como cosa “normal / natural”, campea en todas las estructuras del Estado, y también en la universidad pública. Eso va de la mano de esa despolitización del estudiando que mencionabas. Como AEU, ¿qué se plantean para enfrentar todo eso, y transformarlo?

LG: Recuperar nuestras instituciones legítimas es una forma de ir luchando contra todo eso. Cuando digo recuperar nuestras instituciones, me refiero a las distintas asociaciones de las unidades académicas, los jurados de oposición, representantes ante el Consejo Superior Universitario. Es decir: los espacios de representación estudiantil buscamos que sean verdaderamente democráticos, y desde ahí, comenzar a cuestionar el modelo vigente. Por ejemplo: recuperar la asociación de Derecho es un gran paso, porque de ahí salen las personas que tienen mucho que ver con la institucionalidad del Estado, pues de allí se influye para la elección de magistrados del sistema de justicia, para la elección de Fiscal General. Recuperando esos espacios los estudiantes pueden impedir que sigan llegando profesores elegidos “a dedo”, por compadrazgo o por acuerdos políticos no transparentes, garantizando así la calidad académica. De hecho, tenemos un plan de trabajo con el que ir trazando una ruta mínima para recuperar la universidad. Dicho plan presenta cuatro ejes de trabajo: eje político, eje académico, eje comunicacional y eje de fortalecimiento institucional. En el eje político tenemos establecido trabajar no solo en el campus central sino en todos los centros del país, para ir acercándonos a todo el estudiando e ir sentando las bases para crear una Confederación de estudiantes. Tal como estamos hoy, los actuales estatutos no contemplan los centros universitarios del interior del país, por lo que queremos trabajar fuertemente en cambiar eso, así logramos que muchos más estudiantes se empoderen y se articulen en nuestras demandas. En ese sentido, tenemos pensado desarrollar una Escuela de formación política. Esa iniciativa tiene que ver con el eje político y con el eje académico; se busca involucrar a estudiantes que ya participan en alguna asociación, para que tengan una mayor sistematización en temas vinculados a movimiento estudiantil, realidad nacional e internacional, derechos humanos. Todos esos son temas muy importantes y podrán hacer que los estudiantes vayan involucrándose más en sus asuntos, permitiéndolos empoderarse más. También queremos cambiar los estatutos para crear la Confederación nacional de estudiantes. Por otro lado estamos trabajando en el tema de acceso a la información pública. Sabemos que allí hay una ley que permite el libre acceso a la información pública: en ese sentido queremos desarrollar los mecanismos para que cualquiera que lo desee pueda pedir información al departamento de información pública de la USAC. A través de eso puede saberse mucho de lo que hoy día está silenciado, disfrazado, manejado con prácticas corruptas dentro de la universidad.
También queremos desarrollar un departamento de denuncias y fiscalización desde la AEU. Eso, porque nos llegan muchas denuncias de estudiantes que nos hacen saber, por ejemplo, que hay catedráticos que les están cobrando para hacerles ganar un examen.

Pregunta: Sin ánimos de entrar en chismes, pero para tener una real dimensión de la corrupción con la que nos encontramos, ¿qué tipos de denuncias reciben ustedes como AEU?

LG: Por ejemplo esto que decía: que hay catedráticos que piden dinero para hacer ganar una clase. O también la forma en que se eligen los docentes, sin seguir ningún mecanismo transparente. También recibimos denuncias respecto a manejos corruptos en el plan de prestaciones, elecciones espurias en algunas asociaciones sin la menor presencia de mecanismos democráticos. Acoso sexual, machismo en las aulas, profesores que obligan a sus alumnos a comprar sus propios libros. En fin: hay una variedad de acciones corruptas, y nos llegan continuamente denuncias de todo eso.

Pregunta: Volvamos al eje académico del que estabas hablando.

LG: En ese ámbito estamos tratando de desarrollar diversas actividades académicas para beneficio de los estudiantes, como foros o encuentros sobre temas que hemos identificado como de interés. Por ejemplo, vamos a desarrollar una semana sobre el tema de la Resistencia de los pueblos; es decir: pueblos afectados por la minería, o por el robo de sus territorios, o pueblos en resistencia como La Puya. Ahora acabamos de terminar una semana sobre género, donde se tocaron temas de actualidad ligados a esto, al feminismo, al día de la mujer. Con este eje académico se busca que los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento crítico y elementos humanísticos. Ahí también vemos todo lo relacionado con becas. Por otro lado tenemos una estrategia comunicacional, donde vemos cómo acercarnos a los estudiantes de la mejor manera posible para que todo el mundo esté convenientemente informado. En el eje de fortalecimiento institucional nos ocupamos del fortalecimiento de la AEU a nivel de infraestructura, de las finanzas. El eje más importante, creemos, es el político, para dotar a los estudiantes de instrumentos con los que poder participar y recuperar su protagonismo.

Pregunta: ¿Cómo es la relación de la AEU con las autoridades en este momento?

LG: Nuestra relación es eminentemente institucional. Defendemos nuestra autonomía como estudiantes, por lo que no nos debemos a las autoridades. Nos coordinamos institucionalmente, haciendo pedidos, revisando algunas cosas en forma conjunta. Pero, insisto: es una relación institucional. Una vez por mes tenemos un espacio en el Consejo Superior Universitario para plantear nuestra agenda.

Pregunta: ¿Hay respuesta positiva?

LG: En algunas cosas sí, en otras no. Recibimos apoyos en las cuestiones que son institucionales y donde las autoridades están obligadas a coordinar con nosotros. Por ejemplo, en temas logísticos, en apoyo con movilización, en proporcionarnos contactos, en facilitarnos este tipo de cuestiones. Pero no hemos tenido apoyo en el tema de la seguridad. Por ejemplo, ahora, durante la Huelga, hay encapuchados que cobran los parqueos y se quedan con ese dinero. Eso es un acto de corrupción. Les hemos manifestado eso a las autoridades, pero vemos una falta de determinación de parte de ellas para actuar.

Pregunta: ¿A qué lo atribuís?

LG: Por supuesto que no son todas las autoridades, pero sí hay personas que se benefician de esos actos de corrupción, por eso a veces no se hace lugar a nuestras demandas. Eso nos pone en situaciones complicadas. La vez pasada, por ejemplo, ante estos cobros ilegales fuimos a desalojar a un grupo de encapuchados en Ciencias Económicas, y logramos que se fueran. Pero se hizo sin el apoyo de las autoridades, exponiendo mucho a los estudiantes, porque se sabe que en esos casos puede haber violencia por parte de estos encapuchados.

Pregunta: Hablemos de la Reforma Universitaria. ¿Qué dice la AEU al respecto?

LG: Por cierto es importantísimo, quizá lo más importante de nuestro plan de acción. De hecho, entra en el eje político. Ahí ponemos toda nuestra energía, y esperamos que así lo haga también el grupo que nos continúe en la gestión de la AEU. Creemos que la profunda crisis que vive la USAC en este momento solamente se podría redimir a través de la Reforma. Habría que cambiar el modelo educativo vigente, que es un modelo tradicional, bancario, no actualizado a nuestra realidad actual. Es un modelo obsoleto, que hace muy difícil graduarse, con una calidad docente muy mala, con métodos de evaluación ya casi inservibles. Hay mucho que cambiar, también los modelos de representación democrática que se dan a lo interno. Por ejemplo, en el Consejo Superior Universitario solo tienen representación las Facultades, no así las Escuelas. Además, como decíamos, hoy la universidad está muy descentralizada, por lo que todos los centros del interior deben tener voz y voto. Habría que reformar el tema presupuestario, los mecanismos de contratación de personal, temas administrativos. Hay que reformar todo. Por eso la Reforma es algo primordial para actualizar la universidad. Le damos mucha prioridad a todo esto, nos parece fundamental. Y creemos que en todo esto el movimiento estudiantil tiene que jugar un papel clave, no dejando todo en manos de gente que está llevando el proceso con su propia agenda y a su propio tiempo. Sin dudas, es un trabajo titánico, porque la gente que está llevando esto adelante ya está acomodada con lo tradicional, y no se le ve muchas intenciones de cambiar nada en serio.

Pregunta: La educación pública, en todos sus niveles, ha sido bombardeada por las políticas neoliberales. Actualmente en Guatemala, solo el 50% del estudiantado universitario va a la pública, la San Carlos, mientras que el otro 50% se distribuye entre las 12 universidades privadas que existen. ¿Cómo ven este fenómeno desde la AEU?

LG: La crisis generalizada de la educación pública responde a la crisis de este capitalismo neoliberal que padecemos. El modelo vigente prioriza la formación universitaria de mano de obra barata para el mercado laboral, y no la formación de personas críticas de su realidad. La USAC, durante el conflicto armado, aportó muchos intelectuales que cuestionaban la guerra y el modelo social que la produjo, lo que llevó a muchos profesionales a participar directamente del movimiento revolucionario. Incluso la AEU de ese entonces formó muchos líderes que se involucraron con la guerrilla. Buena parte del movimiento estudiantil de aquellos años participó de luchas populares, yéndose a la montaña en muchos casos. Eso hizo que se desatara una feroz represión contra la universidad. Firmada la paz, las elites poderosas del país cooptaron la universidad de San Carlos, porque allí estaba el cerebro de la crítica. Toda esa represión llevó a precarizar la universidad, convirtiéndola en una formadora de gente con título pero sin el más mínimo pensamiento crítico. Ese es el panorama actual de la educación superior: una formación precaria, nada crítica, solo para un 2% de la población. Creemos que la universidad pública tiene que volver a tener alta calidad académica y también humanística. Eso tiene que ver también con una revolución ética, para salir de la corrupción y la impunidad. Hay que romper con el individualismo que trajo el neoliberalismo; hay que volver a fomentar los criterios de solidaridad, de bien común, salir de ese individualismo atroz que vivimos. Hay que repensar la universidad que queremos, a 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, en Argentina. Y hay que repensar con criterios actuales los logros de aquella reforma, como la libertad de cátedra, o el cogobierno, o la autonomía universitaria. Hoy día, libertad de cátedra, para muchos docentes es sinónimo de enseñar lo que quieren sin la más mínima supervisión de nadie. O cogobierno no significa solo permitir la participación de los estudiantes sino tomar realmente en serio su voz. También el tema de la autonomía hay que repensarla: por ejemplo hoy, en nombre de la autonomía, la universidad entrega sus informes a la Contraloría General de Cuentas no permitiendo que se la investigue a fondo.

Pregunta: ¿Sería deseable que entre la CICIG a la universidad?

LG: Sí, se puede. Su mandato es desarticular estructuras de crimen organizado, y la universidad, lamentablemente, ya tiene mucho de eso. Eso lo piden los estudiantes. Habría que investigarla, porque en nombre de la autonomía se cometen muchas irregularidades, que quedan impunes. Hay que empezar a mirar a la universidad con un enfoque de derechos humanos. Eso no existe, y habría que comenzar a pensar una universidad solidaria que vaya más allá de la actual visión de mercado, comercial, que prepara técnicos totalmente desprovistos de cuestionamientos y valores humanos.

Pregunta: Hablaste mucho de la corrupción. De alguna manera, esta nueva AEU es producto de las movilizaciones anti-corrupción que surgieron en el 2015, es uno de sus efectos. Pero ahora esta AEU aparece en el recién formado Frente Ciudadano contra la Corrupción, al lado del alto empresariado, del CACIF, de     FUNDESA. Hubo gente que criticó eso, llegando a decir que eso constituye una “traición”. ¿Cómo evalúan ustedes todo eso?

LG: Sin dudas las movilizaciones del 2015 fueron el escenario que nos permitió fortalecernos para llegar a recuperar la Asociación de Estudiantes. Pero antes ya había organizaciones, articulaciones dentro del movimiento estudiantil que venían trabajando con un espíritu crítico, cuestionando la situación de la universidad. El 2015 permitió que esos grupos que venían trabajando aislados se juntaran. Ahí surgió nuevamente la esperanza de volver a tener participación en la política nacional, de ser críticos, de protagonizar cambios. Es importante decir que nosotros, que esta nueva AEU, no nos creemos ninguna vanguardia. Nosotros nos organizamos ahora, y salimos a la calle, pero los pueblos originarios vienen haciéndolo desde siempre. En todo caso se podría decir que en el 2015 hubo un despertar ciudadano, pero en la ciudad, porque en otros espacios esa movilización siempre estuvo. No somos la vanguardia, porque existen otros muchos grupos juveniles que también desarrollan un pensamiento crítico. En cuanto al Frente Ciudadano contra la Corrupción, es importante señalar que aunque hayamos estado en un espacio público junto a otros sectores, eso no significa que necesariamente compartamos sus agendas ni que tengamos intención de articular con ellos. Nosotros tenemos nuestra propia agenda, el plan de trabajo que antes mencioné, que no coincide con la de estos sectores que estuvieron en ese acto público. Participamos en ese Frente porque apoyamos la labor del Ministerio Público y la CICIG, en el entendido que están realizando un buen trabajo en la desarticulación de redes mafiosas. Preciso es decir, de todos modos, que no han tocado ciertas instituciones ultra conservadoras, como el ejército, o el alto empresariado.

Pregunta: O la Universidad de San Carlos.

LG: Exacto. Como MP y CICIG han tocado algunas de esas estructuras mafiosas, corruptas, nos parece útil apoyarlas en términos políticos, dado que se está fraguando y consolidando el llamado Pacto de corruptos, intentando sacar del país al Comisionado Iván Velásquez, pudiendo llegar a declarar un estado de sitio y criminalizar todo tipo de propuesta, incluso con la ley antiterrorismo que se está fraguando. Es por eso que nos sumamos al Frente, no para apoyar al empresariado. De hecho, nos sorprendieron el día de la realización de la presentación pública, porque nos habían asegurado que esos personajes de la cúpula empresarial no iban a estar ahí. Si esos sectores, muy hipócritamente están apoyando al Foro para que, en definitiva, no se les investigue, nos parece oportuno apoyar el esfuerzo anticorrupción para que, en un futuro, lograr que sí se les pueda investigar. Nosotros somos la primera AEU legítima después de 17 años, por eso creemos que hoy por hoy es necesario dejar a un lado los extremos. No podemos satanizar al sector empresarial, pero sin dejar de ser críticos, debemos incluir a todos los sectores para la construcción de un país realmente democrático. Para la construcción de paz, como dice Carlos Aldana, debemos dialogar, recuperar la memoria histórica, sin dejar de ser críticos. Por todo eso, sin abandonar nuestros principios, participamos en el Foro, para luchar efectivamente contra la corrupción.

Pregunta: ¿Algo más que quisieras agregar ya para concluir?

LG: El trabajo de recuperar una institución como la AEU, que estuvo secuestrada durante 17 años, no es nada fácil. De todos modos tenemos mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer las cosas bien, y vamos creciendo, vamos consolidándonos. De 15 que éramos en el momento de la elección, ahora ya somos un grupo de alrededor de 50 estudiantes. Esperamos que ya pronto se visibilicen los cambios que estamos emprendiendo. Todos los ataques mediáticos que estamos recibiendo entendemos que responden a nuestra decisión de tocar las redes corruptas dentro de la universidad, pero eso no nos va a detener. Seguiremos trabajando con una política estudiantil adecuada a los tiempos actuales rescatando los logros históricos de quienes nos antecedieron. Nuestras principales articulaciones son con el movimiento social, con los pueblos en resistencia. Queremos que la población pueda volver a confiar en el movimiento estudiantil.

domingo, 25 de febrero de 2018

LO "POLÍTICAMENTE CORRECTO"





Como acertadamente lo dice Edilberto Aldán, hoy "un fantasma recorre nuestro diario convivir, el fantasma del lenguaje políticamente correcto".

Aunque no esté muy claro -o en absoluto claro- en qué consiste esta "corrección", existe un consenso generalizado respecto a que debemos practicarla, que debemos ser "políticamente correctos".

Empujados por esta tendencia, entonces, no podemos decir "negros" sino "gente de color"; siempre hay que hacer la referencia explícita de género y no olvidar nunca decir "bienvenidos y bienvenidas", "los y las presentes", o utilizar esa jerigonza de "los y las niñ@s" o "los y las niñXs". En esa línea, también, no se debe decir "discapacitados" sino "gente con capacidades especiales", hay que decir "homosexuales" y jamás mencionar "maricones"; se debe usar "tercera edad" en vez de "ancianos" -ni pensar en decir "viejos"-, referirse a los ciegos como "no videntes" y se debe evitar usar la palabra "gordo" reemplazándola por "persona con problemas de alimentación". De igual modo, es políticamente correcto hablar de "pueblos originarios" en vez de "indios", o de "trabajadoras del sexo" en vez de "prostitutas" -por supuesto decir "putas" es sacrílego-. Nunca se ha escuchado insultar a nadie diciendo "¡hijo de sexoservidora!", pero eso sería lo correcto. La palabra "sirvienta" debe ser sustituida por "colaboradora doméstica", y nunca decir "ex borracho" sino "alcohólico recuperado". Y hay que desechar el ofensivo "travesti" por "transexual".

La intención que mueve toda esta práctica sin dudas es loable; anida ahí el intento de poner en evidencia situaciones de exclusión, de discriminación, de flagrante injusticia, y su visibilización -al menos en el ámbito del lenguaje- es ya un primer paso para luchar por su erradicación. Tener un lenguaje políticamente correcto sería, siguiendo esta lógica, una manera de comenzar a luchar por un cambio. Ahora bien: ¿cambian efectivamente las cosas por un cambio en su designación?




Esto lleva a cuestionarnos, entonces, qué es la corrección política. ¿Es una manera cortés de decir las cosas? ¿Es una buena forma socialmente aceptada de presentar los hechos, con diplomacia, con tacto? ¿Es una actitud de ecuanimidad, de equidistancia para con todos? ¿Es un real intento de transformación de las injusticias?

Insistimos: puede ser un primer paso para sacar a luz ciertos problemas, para ponerlos a debate. Pero hay que tener cuidado de no caer en un puro ejercicio cosmético, en definitiva gatopardismo funcional al statu quo.

Por cierto que el lenguaje políticamente correcto tiene sus raíces en posiciones de izquierda, pero el discurso conservador puede también apropiarse de él con intereses de maquillaje. Lo importante a cambiar, además del lenguaje, fundamentalmente son las actitudes de base para con los fenómenos en cuestión, y las relaciones de poder reales que los enmarcan, en muchos casos trasuntadas en políticas públicas. Por el hecho de decir "pueblos originarios", ¿cambian efectivamente las relaciones sociales que marginan a los "inditos", a los "pinches indios", a los históricamente excluidos? ¿Mejoran su situación social las mujeres que ejercen la prostitución al ser llamadas "sexoservidoras"? ¿Cómo y en qué mejoran? Cambiar "patria" por "matria" o "fraternidad" por "sororidad", ¿equipara la situación de mujeres y varones logrando la real equidad de géneros, o nos puede conducir a atolladeros cuestionables?

Esta invasión de corrección política que vamos viviendo intenta comenzar a remediar una situación ancestral, pero también comporta el riesgo de crear un nuevo maniqueísmo -injusto y absurdo como todos- donde lo correcto (como siempre: de difícil definición, y por supuesto de mi lado) está en concordancia con el bien, y lo incorrecto políticamente (detentado, desde ya, por los otros) representa el mal. "El infierno son los otros", decía sarcásticamente Jean Paul Sartre.

Como todas las formalidades, también la corrección política afronta el peligro de terminar siendo un gesto vacío, y para el caso que nos toca, peligroso. Peligroso, en cuanto puede ayudar a dar la sensación que ha cambiado la esencia de un problema, siendo que en realidad sólo cambió su nominación. La situación de las mujeres en el mundo sigue siendo de fenomenal diferencia con respecto a la de los varones, por ejemplo, aunque machaconamente pongamos la marca de género en cada palabra; claro que ese cambio de lenguaje puede implicar un cambio de actitud, pero también puede servir sólo para barnizar la realidad.

Las declaraciones políticas, las pomposas presentaciones de Naciones Unidas o lo que pueda expresar el diplomático de una potencia es siempre "políticamente correcto", pero ello no significa que sea cierto. La política -arte de gobernar, de dirigir, de moverse en la polis- difícilmente pueda ser correcta; el ejercicio del poder es eso: puesta en acto de una diferencia de poderíos, de fuerzas asimétricas. ¿Cómo, entonces, pretender corrección en algo que casi por definición no va de la mano, o incluso rehúye a la idea de lo correcto? ¿Ser políticamente correcto es no ser ofensivo? El discurso diplomático también lo es, por cierto. ¿Es eso lo que buscamos?

Téngase en cuenta que mucho, por no decir todo, lo que hoy es reivindicado como discurso "políticamente correcto", curiosamente viene impulsado por los grandes factores de poder que dominan el mundo. Todo el campo de las ONG’s y sus agencias donantes, así como los organismos crediticios internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) se empeñan esmeradamente en mantener ese discurso de presunta corrección, financiando los esfuerzos que se enfilan por allí. Curioso, ¿verdad?

Si pretendemos no discriminar, más que insistir -por ejemplo- en el género de los adjetivos que usamos ("contentos y contentas", "todos y todas"), debemos partir de ver y hacer ver por qué hay discriminación, qué relación de poderes se juega ahí y, en todo caso, qué acciones se deben tomar para acabar con ese desbalance. El uso, o si se prefiere: el abuso, del lenguaje políticamente correcto, puede recordarnos aquel dicho: "de lo sublime a lo ridículo sólo hay un paso" pues, como sucedió en alguna oficina ante el robo continuado de materiales de trabajo (papeles, lápices, etc.), alguien muy molesto escribió: "¡no seamos cacos, por favor!", ante lo cual, por ¿equidad de género?, alguna mano anónima agregó: "¡ni cacas!"

Si el enemigo de clase, si la clase dominante, si quienes siguen explotando y diezmando a la clase trabajadora internacional (sean varones o mujeres, blancos o negros, heterosexuales u homosexuales, o LGTBIQ) se esfuerza tanto en mantener esa "corrección" ("¡pongan “equidad de género” por todas partes", nos exigía un funcionario de Naciones Unidas a los técnicos que estábamos preparando un proyecto de desarrollo, "si no, el financista no suelta los dólares"!"), eso debería llamarnos la atención.


martes, 20 de febrero de 2018

Estados Unidos: país de Rambos




Marcelo Colussi

“Rápida, potente, personalizable, adaptable, confiable y precisa”

Calificación dada por la Asociación Nacional del Rifle al fusil semiautomático AR-15


Acaba de suceder otra masacre a manos de civiles en Estados Unidos, la tierra de la “libertad” y la “democracia”. ¿Por qué?

Ya no sorprende a nadie la comisión de una nueva matanza con algún arma de fuego realizada por un civil estadounidense, que luego se suicida o cae muerto por la policía. Las últimas décadas del siglo pasado ya ofrecían ese trágico panorama (el 1 de agosto de 1966 Joseph Whitman, un ex marine de 25 años, disparó contra estudiantes de la Universidad de Texas, en Austin, matando a 18 personas), pero paulatinamente el terror fue incrementándose, haciéndose casi “normal” al día de hoy: el 18 de julio de 1984 James Oliver Huberty abrió fuego en un restaurante McDonald's de California matando a 21 personas; el 16 de octubre de 1991 George Hennard, de 25 años, estrelló su vehículo contra una cafetería en Texas, saliendo luego de su camioneta disparando contra los clientes matando a 23 personas; el 2 julio de 1993 un hombre armado con dos armas semiautomáticas, un revólver y una bolsa con cientos de proyectiles mató en San Francisco a 9 personas y luego se suicidó; el 20 de abril de 1999 dos estudiantes adolescentes, Eric Harris y Dylan Klebold, armados con un fusil de asalto, dos escopetas y un revólver, mataron a 13 personas e hirieron a 23 en la escuela de Columbine, en Littleton, estado de Colorado, antes de suicidarse; el 16 de abril de 2007 el estudiante surcoreano Cho Seung Hui se suicidó luego de matar a 32 estudiantes y profesores en la Universidad Politécnica de Virginia; el 5 diciembre de 2007 un hombre de 20 años, en un centro comercial de Omaha, estado de Nebraska, mató con arma de fuego a 8 personas; el 3 de abril de 2009 un hombre armado entró en un centro de atención a inmigrantes y refugiados en Binghamton, estado de Nueva York, y mató a 13 personas para luego suicidarse; el 5 de noviembre de 2009 en la base militar de Fort Hood, estado de Texas, una balacera dejó 13 muertos y 12 heridos, siendo el autor de la matanza Nidal Malik Hasan, un comandante y psiquiatra de religión musulmana, condenado a muerte en agosto de 2013; el 7 agosto de 2011 en Copley Township, en el noreste de Ohio, un hombre con arma de fuego mató a 7 personas, antes de ser abatido por la policía; el 12 de octubre de 2011 en una peluquería en Seal Beach, California, 8 personas murieron y otra resultó gravemente herida cuando un hombre armado entró al establecimiento y comenzó a disparar a mansalva; el 2 abril de 2012 en un tiroteo en una universidad privada en Oakland, estado de California, murieron 7 personas y 3 más resultaron heridas; el 20 julio de 2012 12 personas perdieron la vida y 52 resultaron heridas en un tiroteo en un cine en la localidad de Aurora, cerca de Denver, estado de Colorado; el 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza, de 20 años, entró a la escuela Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, y disparando terminó con la vida de 20 niños y 6 adultos, suicidándose finalmente; el 16 de setiembre de 2013 Aaron Alexis, ex reservista del Ejército, de 34 años, mató a 12 personas hiriendo a otras 14 al asaltar el Mando de Operaciones de la Armada en Washington (a cinco kilómetros de la Casa Blanca y dos kilómetros del Capitolio), muriendo en el ataque; el 2 de abril de 2014 Iván López, veterano de la guerra de Iraq, abrió fuego contra sus compañeros de filas en la base militar de Fort Hood, dejando 3 muertos y 15 heridos, perdiendo la vida en el ataque; el 18 de junio de 2015 en una iglesia de la comunidad afroamericana en Charleston, Carolina del Sur, un joven supremacista blanco disparó contra personas que leían la Biblia matando a 9 de ellas, incluido un senador estatal; el 1 de octubre de 2015 Chris Harper Mercer, de 26 años, mató a 10 estudiantes en la Universidad de Umpqua, Oregon, muriendo luego en un intercambio de disparos con la policía; el 2 de diciembre de 2015 14 personas perdieron la vida y 20 resultaron heridas luego de un tiroteo en un centro de servicios sociales de la ciudad de San Bernardino, California, en un ataque cometido por un matrimonio que murió horas después en un intercambio de disparos con la policía a varios kilómetros del lugar del ataque; el 12 de junio de 2016 murieron 49 personas y 53 resultaron heridas en un ataque con arma de fuego a un club de homosexuales en Orlando, Florida; el 1 de octubre de 2017 58 personas murieron en un tiroteo registrado durante un concierto frente al hotel casino Mandalay Bay en Las Vegas; el 5 de noviembre de 2017 27 personas murieron y 20 resultaron heridas en un iglesia bautista de Texas como resultado de un tiroteo iniciado por una persona no identificada; y el más reciente, el 14 de febrero del 2018 (¡día del cariño!) Nikolas Cruz, de 19 años, mató a 17 personas con un fusil semiautomático AR-15 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland, estado de Florida.

Explicar esta casi interminable lista de masacres, que cada vez más frecuentemente enlutan a familias estadounidenses, simplemente por “desequilibrados mentales” que en algún momento entran en acción, queda corto.




Sin dudas quien puede cometer estos “actos locos”, demenciales, desde todo punto de vista “insanos” en términos psicológicos, son personas con severos trastornos psíquicos. Pero para entender en su cabalidad el fenómeno hay que introducir dos elementos más: 1) el sentir nacional de Estados Unidos como potencia impune con su “destino manifiesto” de conducir al resto de la humanidad, y 2) la industria de las armas, la principal dentro de su economía, y vital en su cultura cotidiana.

Si es cierto que quienes cometen esos actos “locos” son, justamente, personas “locas” (psicóticos, en términos estrictos, delirantes), sus delirios hay que entenderlos en el ámbito de la cultura donde aparecen. Los delirios no son azarosos, antojadizos: comportan una lógica, tienen sentido, mantienen algún anudamiento con la realidad. En el Medioevo europeo los locos deliraban con apariciones de vírgenes, hablaban con el demonio y se movían en lo que la media cultural imponía (la Santa Inquisición persiguiendo brujas por todos lados). En el siglo XX –época de viajes espaciales– los locos deliran con platos voladores y marcianos. En un país como Estados Unidos, sus locos deliran con su imaginario dominante, con su representación icónica por excelencia: Rambo, un killer que “se las puede con todas”, el “muchachito” hollywoodense que, como se puede ver en alguna sátira burlona, de un solo disparo mata a diez “malos” (indios, comunistas, o ahora: musulmanes).

Un país de Rambos

En el imaginario cotidiano de cualquier ciudadano estadounidense, desde hace ya más de un siglo, está la idea de “ganador absoluto”. Nadie se les opone, y su impunidad es proverbial. Rambo, ese veterano de la guerra de Vietnam prácticamente invencible, “hombre de acero”, “macho” por antonomasia, es el representante más acabado de esa fantasía.

En Estados Unidos la guerra, sin dudas repudiada por muchos, sigue siendo un eje fundamental en torno al cual gira buena parte de la sociedad, su economía, su política, su cultura. Por eso mismo, apoyada por una amplia mayoría (¿por qué ganaría la presidencia un supremacista blanco, machista y guerrerista como Donald Trump si no?) Es el único país del mundo que prácticamente ha participado en todas las guerras habidas en los siglos XX y XXI; posee las fuerzas armadas más grandes del planeta, y los gastos militares de su presupuesto son colosales: de hecho, la mitad de todos los gastos mundiales invertidos en ese ámbito. País que no dudó en usar armas atómicas contra población civil no combatiente (las dos innecesarias bombas en Japón sobre el final de la Segunda Guerra Mundial), que ha desarrollado los más pérfidos y sanguinarios métodos de guerra, utilizándolos de hecho y enseñándolos a sus ejércitos subordinados (de Latinoamérica especialmente), poseedor de alrededor de 700 bases militares diseminadas por toda la geografía planetaria, su agresividad es monumental.

En el medio de esa violencia generalizada, sus locos reproducen en sus delirios lo que es moneda común en su cotidianeidad. Para evidenciar esa violencia, la cubana revista digital Cubadebate hizo un seguimiento de hechos violentos cotidianos en el país, ofreciéndose este patético panorama.

·       96 estadounidenses son asesinados con armas como promedio cada día.
·       13.000 estadounidenses mueren cada año como promedio por homicidios con armas de fuego.
·       2 personas son heridas por cada 1 asesinada.
·       7 niños y adolescentes son asesinados como promedio cada día por armas de fuego.
·       50 mujeres son asesinadas a tiros por sus parejas como promedio cada mes.
·       13 veces más probabilidades tienen los hombres negros de ser tiroteados y asesinados que los hombres blancos.
·       5 veces más riesgo tiene una mujer de ser asesinada en un episodio de violencia doméstica cuando en su hogar hay presencia de armas de fuego.
·       2.333 homicidios por armas de fuego más hubo en los primeros doscientos días de 2017 que en el 2014; una cifra que crece cada año.
·       42% de las armas en poder de civiles en el mundo están en manos de estadounidenses, a pesar de que ese país sólo tiene el 4,4% de la población mundial.
·       1.606 asesinatos masivos por armas de fuego han tenido lugar desde el asesinato de 20 niños y 6 adultos, en diciembre de 2012, en Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, hasta febrero de 2018. En ellos han muerto al menos 1829 personas y 6447 han resultado heridas. El promedio es de más de un tiroteo masivo por día.
·       7.142 incidentes violentos con armas han ocurrido desde el 1 de enero al 19 de febrero de 2018.
·       1.977 son los muertos en esos incidentes.
·       3.424 personas has resultado heridas.
·       34 de los incidentes han sido asesinatos masivos

Una tremenda violencia doméstica define el american way of live, sin dudas.

La industria militar manda

El llamado complejo militar-industrial es la rama comercial más pujante de toda la economía estadounidense. Su influencia política es enorme; de hecho, es quien fija la estrategia nacional de política externa (léase: empresas como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Honeywell, Halliburton, BAE System). Según datos confiables, en su cabildeo con las esferas del poder político este complejo gasta no menos de 100 millones de dólares al año, con lo que consigue establecer siempre sus negocios por sobre cualquier otra prioridad nacional. Y su negocio es… ¡la guerra!, es decir ¡¡la muerte!!

Hay que consumir armas, muchas armas, muchísimas. Entiéndase aquí por “armas” desde una pistola hasta un portaviones con energía nuclear con infinidad de aviones supersónicos dotados de las más letales bombas inteligentes. De ahí que los pedidos de renovación de armamento que le llegan a ese poderoso complejo militar-industrial no se terminan nunca, ya sea para sus propias fuerzas armadas o para los países que les adquieren equipos (tanques de guerra, aviones, barcos, cañones, misiles, minas y un interminable etcétera). Por otro lado, en lo interno, también los ciudadanos estadounidenses comunes (como los que cometen todas estas masacres a las que nos referimos) compran muchas armas, muchísimas.

Por lo pronto se calcula que en el país existen 319 millones de armas en poder de población civil; de ellas, 114 millones son pistolas, 110 millones son rifles y 86 millones son escopetas. La industria que produce esas mercancías mueve 43.000 millones de dólares al año. Ahí también se inscriben fusiles automáticos, como el AR-15, versión civil del militar M-16, (30 tiros por minuto), producido por Colt's Manufacturing Company, el arma más empleada en las masacres que nos ocupan. Valga decir que se lo adquiere con toda facilidad en cualquier tienda o supermercado por 475 dólares (un Iphone 7 cuesta 769 dólares). De acuerdo a la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, se reconoce el derecho de todo ciudadano a poseer y portar armas de fuego, protegiendo así la “libertad”. La Asociación Nacional del Rifle (la asociación civil más vieja del país, con más de cinco millones de miembros) vela por la posesión de armas de fuego (gastando alrededor de 8 millones de dólares al año en cabildeo para lograr sus propósitos).

Dicho de otro modo: cualquiera en este país puede comprar un arma de fuego de altísimo poder y matar a mansalva a civiles. Eso es lo que cada vez sucede más frecuentemente, y sin dudas seguirá sucediendo, porque 1) la fantasía de sentirse Rambos no está en vías de desaparecer y 2) el negocio de las armas no da señales de agotamiento.

La combinación de esos explosivos factores siempre podrá encontrar un delirante que realmente se crea dueño de algún “destino manifiesto”, que se sienta ese personaje peliculesco, pudiendo adquirir el arma mortal en la esquina de su casa. La historia que sigue ya parece estar contada.