Marcelo Colussi
Los tambores de guerra vuelven a sonar en relación a la
República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos, que es igual
a decir las multinacionales estadounidenses del petróleo, tienen puestos sus
ojos en la mayor reserva de oro negro del planeta, que justamente está en la
tierra de Bolívar, y todo indica que no van a detenerse en su intento hasta
conseguirla. Aunque la quema de hidrocarburos como energéticos constituye la
principal causa del calentamiento global, mientras haya petróleo en el planeta
estas rapaces empresas parecen dispuestas a seguir quemándolo (¡y vendiéndolo,
obteniendo fabulosas ganancias!). Las reservas probadas que yacen en el
subsuelo venezolano permitirían seguir contaminando el planeta (y dando mucho
dinero), de mantenerse el actual consumo, al menos por casi dos siglos más.
La Organización de Estados Americanos –OEA– es, como dijera
hace años el Che Guevara, el “ministerio
de colonias” de Washington. Aunque eso resulte patético, ayer como hoy es
una triste verdad. Para muestra, lo que está sucediendo en este momento con el
papel jugado por su Secretario General, el chileno (¿estadounidense?) Luis
Almagro.
Siguiendo muy de cerca la situación venezolana,
convirtiéndose de hecho en el vocero oficioso de Washington y de sus
multinacionales petroleras, Almagro viajó recientemente a Colombia desde donde
pidió, con el mayor descaro y violando todos los protocolos diplomáticos, la
opción militar para acabar con la Revolución Bolivariana. “En cuanto a intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro creo
que no debemos descartar ninguna opción”. Según su decir, dado que las
múltiples reuniones elucubradas por él desde la OEA pidiendo sanciones contra
Venezuela, o abiertamente su expulsión de ese organismo regional, no dieron los
resultados esperados, ahora “el tiempo se
agotó”.
¿Qué tiempo se agotó?, podríamos preguntarnos. ¿La
paciencia de la Casa Blanca será?, la cual probó numerosísimas variantes para
desplazar al gobierno venezolano –ayer con Hugo Chávez, hoy con Nicolás Maduro–,
siendo que ninguna de ellas le resultó. Ni golpes de Estado, paros patronales,
guarimbas, sabotajes, mercado negro, hiperinflación inducida,
desabastecimiento, provocaciones varias, pudieron torcer el rumbo del proyecto
nacionalista que hace ya cerca de dos décadas se viene desarrollando en
Venezuela. La intervención militar foránea se ve ahora como, quizá, la única
opción posible para detener el proceso político en curso.
Decir “intervención militar” es decir invasión de fuerzas
extra nacionales capitaneadas por Estados Unidos, que tiene preparada esta
opción como un recurso final para recuperar esas cuantiosas reservas petroleras,
hoy nacionalizadas y manejadas por un Estado con compromiso social. De ahí la
cantidad de bases militares con alta tecnología bélica, todas norteamericanas,
que atenazan a Venezuela (7 en Colombia, 1 en Curazao, 2 en Honduras), más el
posible accionar de ejércitos nacionales de algunos países latinoamericanos
bajo el manto de la OEA, todos bajo el liderazgo militar de Washington.
El pedido formulado por el Secretario Almagro representa un
fiel reflejo de la caracterización dada por el Che Guevara: es una grosera
intromisión del organismo regional en los asuntos internos de un Estado miembro
(la metrópoli ordenando qué hacer a sus colonias). Con esta petición se viola
flagrantemente el artículo 19 de la Carta de la OEA. Esa no intromisión que
establece el documento fundacional, estipula que no deberá ejercerse injerencia
en ninguna forma, ni militar ni bajo ningún otro aspecto: político,
diplomático, económico. Si la OEA considera que “el tiempo se agotó”, pareciera
que eso no responde a una sana y sopesada actitud diplomática de diálogo sino a
la febril mentalidad de un invasor ávido de robar lo que no le pertenece.
Claramente, el artículo 21 de dicha Carta indica en forma
tajante que el territorio de un Estado miembro es inviolable, no pudiendo ser
objeto ni de ocupación militar ni de ninguna otra medida de fuerza tomada por
otro Estado ni por el organismo, así sea en forma temporal.
Por otro lado, el artículo 22 estipula que ningún Estado de
la organización podrá acudir al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima
defensa repeliendo una invasión.
De hecho, lo que plantea ahora la OEA a través de su cabeza
visible Luis Almagro –vocero encubierto de la Casa Blanca– constituye una
abierta ilegalidad en términos de derecho internacional. Es, en concreto, un
llamado a la violencia, incitando a la desestabilización de un gobierno
democráticamente electo. Es un llamado a la guerra, lisa y llanamente. Si se
quiere decir de otro modo: un absoluto absurdo en términos diplomáticos, pues
la organización que debería velar por la paz regional, está haciendo una
apología de la violencia.
Esta conducta injerencista de Almagro trajo como respuesta
inmediata del gobierno venezolano una denuncia presentada ante la Organización
de Naciones Unidas –ONU–.
Sin dudas la situación actual del país caribeño es difícil,
sumamente difícil. Los ataques solapados –y no tan solapados– que el gobierno
de Estados Unidos, junto a las oligarquías de distintos países de la región
latinoamericana, viene realizando contra Venezuela, han dejado graves secuelas.
El descontento en la población no es poco, pues la vida cotidiana se ha venido
deteriorando cada vez más en estos últimos años, a partir de la presidencia de Nicolás
Maduro. Pero queda claro que el problema no es tal o cual presidente: es la
voracidad de las compañías petroleras del país del norte que no desean perder
su botín, junto a otras innumerables riquezas que presenta el territorio
venezolano: agua dulce, gas, minerales estratégicos, oro, diamantes,
biodiversidad de su selva amazónica.
Independientemente de errores que pueda haber cometido el
gobierno bolivariano, es un imperativo ético primordial condenar enérgicamente
cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos. Los problemas de los
venezolanos los deben arreglar los venezolanos. Lo demás es, pura y
abiertamente, una vil invasión.
