Panamá no escapa de una realidad centroamericana donde se percibe que en pocas manos, ya sea de grandes empresas o de quienes tienen el poder político y empresarial al mismo tiempo, dominan el mercado económico y por ende, la mejor calidad de vida y riqueza se reparte entre unos cuantos. Esta es una situación histórica, que evoluciona donde los sujetos siempre serán seres con gran influencia, que en ocasiones llegan a tener acceso al poder del Estado. Panamá posee un presidente que salió del círculo empresarial, y aunque a siete meses de su gestión ha impulsado políticas populares que se mencionan en pro de la población más necesitada, aún muchos dudan de sus políticas iniciales.
Históricamente, la mayoría de los países de América Central presenta una alta concentración del ingreso y de la riqueza, lo cual convierte a la región en una de las más desiguales del mundo.
Una de las consecuencia directas de la concentración de la riqueza en pocas manos es la existencia de poderosos grupos económicos que han utilizado su influencia para incidir en todos los ámbitos de la vida social de los países y para ejercer un control sobre el Estado, el cual ha jugado un papel central en la implementación de sus estrategias de expansión mediante la generación y mantenimiento de las condiciones requeridas por el proceso de acumulación de capital.
La información de cómo está actualmente la situación de grupos económicos tradicionales y emergentes no es muy abundante. Sin embargo, Alexander Segovia, hoy asesor económico del gobierno de Mauricio Funes, ha investigado el tema a nivel regional. Su estudio Integración real y grupos de poder económico en América Central: Implicaciones para el desarrollo y la democracia de la Región, publicado en 2005, expresa que el proceso de integración tiene dos actores principales: Los grupos de poder económico regionales, y las empresas Transnacionales.
Según el estudio, los principales actores de la integración empresarial son, los grupos económicos centroamericanos que operan en la escala regional e internacional, y las empresas transnacionales.
En cuanto a principales grupos económicos con operaciones, el estudio de Segovia menciona en Panamá a: Banistmo, propiedad de las familias Vallarino y Lewis Galindo, ambas relacionadas al ámbito político. Alberto Vallarino es el Ministro de Economía y Finanzas, y Samuel Lewis Galindo, es socio fundador del partido Solidaridad. Cabe señalar que este grupo vendió este banco y lo asumieron los propietarios del HSBC1.
El grupo Motta, propiedad de la familia del mismo nombre, es otra de las empresas mencionadas, tiene negocios en los sectores del transporte aéreo, bienes raíces, banca, industria turística, medios de comunicación, turismo. A nivel de Centroamérica, sostiene alianzas con grupos como Poma y Pellas.
Los grupos panameños, además de los hondureños, afirma el estudio, son particularmente fuertes en el sector financiero y comercial. Asimismo conviene subrayar que la mayoría de los grupos nacionales tienen vínculos familiares, lo cual les facilita el establecimiento de alianzas, el intercambio de información y la coordinación de sus actividades de incidencia política. Para este objetivo, la mayoría de las veces, se hace de suma importancia la propiedad de los medios masivos de información.
La concentración de propiedades en este sector también sucede en Panamá. Como dueños de algunos de los medios de comunicación escrita sobresalen Rosario Arias (El Panamá América, Crítica, Día a Día), en los medios televisivos, la familia González Revilla y los Eleta Almarán, dueños del Grupo Medcom, que a su vez se compone de tres televisoras, una radio, y una de las empresas que ofrecen el sistema de televisión por cable. Se sabe que el ex presidente Ernesto Pérez Balladares es accionista de este grupo.
En el caso de TVN Canal 2, se trata de un medio propiedad del grupo Motta, pero se conoce que el presidente Martinelli tiene acciones en dicha empresa.
La influencia extranjera
Segovia menciona que se está produciendo en la región una extranjerización del aparato productivo, que está cambiando la estructura del poder económico a favor de las empresas transnacionales al desaparecer tanto la hegemonía estatal
.
La economía panameña por ser “dolarizada”, le permite a muchas personas entrar con dólares y hacer casi cualquier transacción en esa moneda sin que requiera una aprobación previa. No obstante, no todos los extranjeros que llegan al país son turistas o “consumidores”. Muchos de ellos llegan motivados por otros incentivos: la dinámica en sectores como la construcción y en la industria turística, hacen atractivo a Panamá como destino laboral.
Siendo el país una de las capitales financieras de la región y con antecedentes de manejo de múltiples empresas Off Shore, este sector también representa enormes atractivos. Asimismo, los juegos de azar y el comercio de la “vida nocturna” también atraen la múltiples extranjeros.
Según la oficina de Migración, de las cerca de 2,900 visas de permanencia entregadas entre el 2007 y el 2008, sólo 500 se otorgaron a inversionistas extranjeros, principalmente colombianos, venezolanos y estadounidenses. (El Día Digital, 7/6/2009)
Lo político y lo económico, una fusión histórica
En Panamá la política y la economía sostienen una dinámica de conjugación. Y es que al mencionar los nombres de los empresarios poderosos del país, es fácil percatarse de su conexión familiar con importantes figuras del ámbito político.
Históricamente se ha documentado el origen de algunos grupos de poder. A ellos se ha referido el historiador e investigador panameño, Alfredo Castillero Calvo*1, quien manifiesta que esas “oligarquías” ya llevaban varias generaciones de existir en Panamá y en el siglo XVIII no eran ninguna novedad, tampoco la diversidad de sus intereses económicos (ver cuadro).
¿Hace Martinelli contrapeso a los poderosos?
Martinelli es un multimillonario que ha labrado gran parte de su fortuna con la cadena de Súper 99, una de las empresas privada más grandes de Panamá. Emplea más de cuatro mil 500 personas y obtiene ganancias que superaron en 2008 los US$ 450 millones. Es el Presidente de Importadora Ricamar, de la Junta Directiva de la Central Azucarera La Victoria, de la empresa ERA y de la fábrica de plásticos Plastigol. Director de empresas como Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, Direct TV, entre otras.
Muchos dudan que Martinelli, un millonario que en cierta forma pertenece al banquillo de los poderosos, impulse acciones que afecten a los poderosos. Su discurso en términos ideológicos tiende hacia el conservadurismo (pertenece a la Internacional Liberal y reconoció a Porfirio Lobo como presidente de Honduras cuando la comunidad internacional aún no lo hace. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad civil mantienen la fe en las políticas del gobernante. El 1 de enero de 2010 Martinelli autorizó un aumento en el salario mínimo que regirá por los próximos dos años, es el más alto de los últimos 50 años. (Inforpress 1831)
En cuanto a leyes, el gobierno ha tomado y ha sido aplicada en días recientes, se establecen una serie de normas como el aumento del Impuesto a las Transferencias de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS).
El ITBMS se aumentará de un 5% a un 7%. Pese a ello, sigue siendo uno de los más bajos en América Latina, ya que el promedio es casi el triple en la región (entre un 15% y 18%). Guatemala con un impuesto de 12% es el que más se le acerca a Panamá.
No obstante a estas acciones, para la economista Maribel Gordón, “la gestión en política social del gobierno de Martinelli sigue las recetas que nos impone el neoliberalismo, agregándole su componente personal de “show mediáticos” (publicidad)”.
La especialista expresa que “la reorganización de las finanzas públicas no se siente. Las contrataciones directas, el aumento de viáticos y gastos de representación a los altos funcionarios, así como la prioridad del pago de la deuda externa, no evidencian cambio de gestión fiscal”.
Uno de los puntos del estudio de Segovia señala que aquellos países donde los partidos en el poder son controlados por grupos empresariales o en donde la participación empresarial es alta, la influencia de los grupos de poder parece ser mayor, ya que las agendas gubernamentales y las agendas de los grupos empresariales tienden a coincidir, en cambio, los gobiernos pro-empresariales, serían aquellos que si bien tienen en su interior participación empresarial y simpatizan y promueven el mercado y la libre empresa, no necesariamente su agenda coincide en todos los puntos con la agenda de los empresarios y por tanto existe más espacio para impulsar políticas nacionales.
El estudio concluye que en el caso de Panamá, hace varias décadas existe un alto nivel de participación social, una tradición de participación social en la definición de políticas públicas, que no existe países como El Salvador y Guatemala, los gobiernos tienen mayores márgenes de autonomía respecto de los grupos de poder económico que en aquellos países donde el Estado ha sido tradicionalmente débil y su rol ha sido limitado.
Reforma fiscal entra en vigor
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Edición : 1841
Publicado : 09/04/2010
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Martín Erasto Torrijos Espino (2004-2009) hizo su propuesta de reforma fiscal en 2005 (Inforpress 1592), que luego fue la Ley 6 de ese año. Ahora fue el turno de Martinelli que logró dos moficaciónes aparentemente sustanciales a la estructura tributaria de su país desde que iniciara su mandato -la más reciente aprobada por la Asamblea Nacional a mediados de marzo de este año. Analistas consultados por Inforpress sostienen argumentos encontrados. Maribel Gordon, de FRENADESO, por ejemplo, es crítica en cuanto a la reforma, en tanto que Jonathan Mencos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), valora positivamente el efecto “modernizador” que le atribuye.
Para otros, no obstante, el tema está claro: “Hay dos vías para obtener el país que todos quieren: tributos o deuda”, opina Jaime Jované, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). El ICEFI estima que en el caso de Panamá la actitud del sector empresarial “impide la resistencia del gremio a las reformas”. Además, considera que la “decisión política del Ejecutivo de ejecutar grandes proyectos de infraestructura con recursos del Estado”, fue clave para la aprobación de la reforma. Por el contrario, la tendencia en el resto de Centroamérica ha sido blandir el argumento de que los impuestos ahuyentan la inversión y la generación de empleos y que los gobiernos buscan más recursos que se pierden en la alta corrupción gubernamental.
Pero ¿qué ha ocurrido con los ingresos tributarios en Panamá? De acuerdo con datos del ICEFI, la tendencia que mostraron en el último bimestre de 2008 hacia el alza se revirtió, y a partir de entonces se ha mantenido hacia la baja al igual que en el resto de los países centroamericanos. En el caso del déficit fiscal, Panamá no llega a 1%, mientras que su carga fiscal ronda el 12%.
Ante este escenario de baja recaudación, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericanos de Desarrollo han apoyado abiertamente reformas tributarias en países centroamericanos.
Los otros problemas...
De acuerdo con algunos indicadores, Panamá ostenta importantes posiciones que le parangonan con varios países desarrollados (Ver Tabla). Sin embargo, este país, con sus casi 3.4 millones de habitantes también arrastra cifras de pobreza preocupantes: “Más allá del “espejismo” de las cifras del mercado panameño o de su sector bancario, la situación social del país se ajusta a las duras realidades de la zona. El 41.5 por ciento de los hogares rurales en Panamá está por debajo de la línea de pobreza establecida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que para esta zona es de unos 22.50 dólares mensuales. Según las cifras oficiales, un 14.2 por ciento de la población (es decir, 434 mil panameños) vive con menos de un dólar al día.”, señala Decio Machado de la revista Pueblos.
Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas de 2007 “En las áreas rurales no indígenas, más de la mitad de sus habitantes (54.2 por ciento) son pobres y una de cada cinco personas (22.3 por ciento) se encuentra en situación de pobreza extrema. Por su parte, el 98.5 por ciento de la población de las áreas rurales indígenas (es decir, casi la totalidad de su población) es pobre; mientras que el 89.7 por ciento se encuentra en pobreza extrema”.
Por otra parte, un informe de la CEPAL divulgado en octubre señala que Panamá redujo la pobreza extrema en 11.7% entre el 2001-2007, lo cual le da mejores posibilidades de alcanzar las Metas del Milenio hasta en un 50%.
Recientemente estuvo en Panamá la directora para América Central del Banco Mundial, Laura Frigenti, quien reconoció que el país hizo bien en reenfocar su atención en los beneficios de su prudente sistema financiero, sin embargo, si no soluciona la pobreza, advirtió, podría ver disipadas sus ventajas competitivas.
¿Es Panamá un paraíso fiscal?
El debate sobre este aspecto ha sido siempre controvertido. “Panamá sí es un paraíso fiscal, y los es desde los años veinte, cuando a instancias de varios legisladores de la República, se aprovaron las leyes de abanderamiento de barcos (1924), la ley y de fideicomiso (1925) y la ultraflexible ley de sociedades anónimas (1927). Nuestra condición de paraíso fiscal se consolidó con el desarrollo de la Zona Libre de Colon, que nació con normas tributarias muy bajas, y con la fundación del Centro Bancario Internacional en 1970, que ofrecía una serie de ventajas tributarias a los depósitos extranjeros. Con la ley de Sociedades Anónimas, grandes transnacionales registran conpañias que sólo existen en el papel en las oficinas del registro público panameño. Estas transnacionales, las registran en sus países de orígen como inversiones en el extranjero, y las utilizan en Panamá toda clase de operaciones comerciales, financieras y económicas a nivel mundial, que nunca se hacen desde Panamá y evaden impuesto en sus países de origén”, afirmaba Miguel Ramos de PanamaRed -un proyecto de información alternativa- en 2002.
Hasta qué punto la reciente reforma fiscal panameña logrará cambiar esta tendencia resulta aún complicado de vislumbrar. Por ahora se sabe que por ejemplo países como España han sacado de sus “listas negras” al país y recientemente se inició la negociación de un Tratado de Doble Tributación con Holanda (Panamá América, 05/04/2010).
Desde FRENADESO se critica abiertamente la reforma: “Martinelli nunca dijo en campaña que para cumplir sus promesas electorales iba a meterle la mano al bolsillo de todos los panameños. El impuesto del I.T.B.M.S. aumenta en un 40% al pasar del 5% al 7%. El 7% lo pagaremos todos los panameños e incrementará el ya alto Costo de la Vida.”
Según afirman, “El principal artífice de estas reformas, Alberto Vallarino, Ministro de Economía, es uno de los principales responsables de la Estafa de BANISTMO, que significó una pérdida de más de 400 millones para el Estado panameño. Los supuestos incrementos de impuestos a los bancos y otras empresas, al no existir controles, serán transferidos a los consumidores y usuarios. Estas reformas generarán mayores desigualdades, pobreza y desempleo.
martes, 27 de julio de 2010
Gabinete duro en gobierno de Martinelli
PANAMÁ
Crisis internacional, desempleo juvenil y criminalidad en lista
Como se comentaba en la primera parte del análisis (Inforpress anterior), uno de los problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno de Martinelli será común a todos los países del istmo: las consecuencias de la crisis internacional. A pesar de las perspectivas de escaso crecimiento, las previsiones mantienen a Panamá en números positivos, gracias al comercio obligado por el Canal y a que es una de las principales plazas de inversión internacional.
Por ahora, las decisiones económicas de Martinelli se han orientado a conseguir mayores ingresos al fisco por la vía de la lucha contra la elusión y la morosidad, en especial con las empresas concesionarias del Estado ( Inforpress 1807). Otra de sus medidas económicas anunciadas es una reforma del sistema tributario, que incluiría la eliminación del impuesto llamado CAIR , específico para aquellos que alcanzan unos determinados ingresos, y en su lugar la extensión del Flat-Tax , un impuesto plano para todos los contribuyentes. Según algunos sectores estas reformas tributarias podrían perjudicar los precios de la canasta básica, mientras que beneficiarían a las familias de mayores ingresos.
Al mismo tiempo, el gabinete ha anunciado algunas medidas de tipo asistencial, muy extendidas por la región en esta época de crisis, como el pago a ancianos sin jubilación o la construcción de viviendas a precios accesibles.
Sin embargo, fuera de los aspectos económicos que Martinelli asume con espíritu empresarial, tendrá que enfrentar retos más sociales como por ejemplo el desempleo de la juventud. Durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) la tasa de desempleo se redujo del 13.8% al 7.2% (Indexmundi), pero la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) ubica a Panamá como uno de los países con mayor tasa de desempleo entre los jóvenes, 18.9% según datos para el 2008 (sólo superado por República Dominicana con más de 30%; y seguido de Costa Rica con 13.9%, El Salvador con 12.4%, Nicaragua 8.6%, Honduras 5.1% y Guatemala 4%). – Informe “Juventud y Trabajo Decente” OIT, 2008-
Y éste no será el único conflicto laboral que tendrá que enfrentar. Durante este mandato se intentará cerrar el Tratado de Libre Comercio que se negocia con Estados Unidos, lo cual implica la reforma del Código Laboral. Éste será uno de los puntos sensibles que el nuevo presidente tendrá que negociar con los sectores afectados, y donde se podrá comprobar su habilidad para manejar la coalición de partidos que le llevó a la victoria así como unos sindicatos que se muestran reticentes a negociar sus derechos.
¿Estado protector o represor?
El ascenso de la criminalidad es otro de los problemas sociales que enfrenta la población como un fenómeno reciente en el país. La juventud es, también en este caso, el grupo más afectado. En los dos años anteriores la criminalidad creció a nivel nacional un 18%, de acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación y Justicia. Y los datos más preocupantes tienen que ver con el aumento de las armas de fuego. El 46% de los atendidos en urgencias hospitalarias, en 2008, fueron por heridas provocadas por armas de fuego, y en su mayoría fueron menores o jóvenes de entre 15 y 34 años.
Según la Fiscalía Auxiliar de la República, los robos a mano armada casi se duplicaron entre 2007 y 2008, pasando de 1,524 a 2,363. Y es que la población civil se está armando hasta niveles sin precedentes: de 2004 a 2008 se reportó un aumento de 233% en la entrega de permisos para portar armas de fuego, según la Dirección de Investigación Judicial. Según las estadísticas, entre 2004 y 2007 se otorgaron 3 mil 527 permisos de porte de armas, tan solo de enero a octubre de 2008 se entregaron 2 mil 456 permisos de esos permisos.
Por todo ello la seguridad será uno de los temas estrella del nuevo gobierno, sin embargo, para algunas organizaciones cívicas y de derechos humanos, la dirección que se avizora no es del todo satisfactoria. Una de las promesas electorales de Martinelli , con respecto a este tema, fue la derogación de dos decretos ley aprobados por el gobierno de Martín Torrijos (dentro de un paquete de reformas a la seguridad), que tenían por objeto combatir el crimen y la violencia urbana, pero el nuevo gobierno ya anunció que esto no será posible por ser ya los mismos ley de la República. Los dos artículos en cuestión fueron la censura previa y prohibición de protestas públicas cerca de sedes policiales. El paquete completo de decretos aprobados por Torrijos que reformaron los cuerpos del Estado y que fueron tildados por grupos cívicos como remilitarización del Estado, fueron la creación del Servicio Nacional de Fronteras y del Servicio Nacional Aeronaval, la modificación de la Ley de Policía Nacional para permitir que sea encabezada por un oficial de carrera y la creación del Servicio de Inteligencia Nacional ( Inforpress 1768).
Pero el nuevo gabinete ha ido más allá. El Partido Alternativa Popular ha denunciado mediante Panamá Profundo que considera “rasgos preocupantes del gobierno electo” por sus “rasgos autoritarios”: “el equipo de seguridad lo conforman el militar Gustavo Pérez , como jefe de la policía, que fue parte de la élite del General Noriega durante el régimen militar; José Raúl Mulino , ministro de Gobierno y Justicia, que ya ha anunciado “que no permitirá el cierre de calles”; y el nuevo secretario anticorrupción que es primo de Martinelli y ex empleado de todos los gobiernos anteriores, Núñez Fábrega .
Alternativa Popular, encabezada por su Secretario General, Olmedo Beluche , ironiza en sus manifiestos: “el Ministro (Raúl Mulino) informó a la ciudadanía que había sostenido una conversación de cinco horas con él (jefe de la policía, Gustavo Pérez) para que cambiara su `mentalidad militar´ por la de policía, que es la que necesita la comunidad. Haberlo sabido antes, y hubiésemos aplicado la misma fórmula para convencer en su momento a Noriega y su Estado Mayor de que abandonaran su `mentalidad militar´. ¡Cuánto nos hubiéramos ahorrado todos!”.
Algunos de los anuncios realizados hasta ahora por el equipo de seguridad no han dejado de ser controvertidos, como el endurecimiento del régimen penal de menores o la orden de Mulino de “disparar a cualquier recluso que intente evadirse de la cárcel” de La Joya, calificada de “peligrosa y desesperada” por los propios funcionarios de prisiones y especialistas en criminología.
La visión del nuevo gabinete sobre el aumento de la criminalidad ha ido más allá de las decisiones locales. Martinelli es consciente de que el crimen organizado en torno a actividades ilícitas que circula por la región es una de las causas del aumento de armas de fuego y de los homicidios. Por ello el presidente de Panamá, junto con Felipe Calderón , mandatario mexicano y Álvaro Uribe , de Colombia, anunciaron el mismo día de la toma de posesión de Martinelli , que pondrían en marcha una Gran Alianza para enfrentar el crimen organizado y las “narco-mafias” que operan en la región.
Crisis internacional, desempleo juvenil y criminalidad en lista
Como se comentaba en la primera parte del análisis (Inforpress anterior), uno de los problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno de Martinelli será común a todos los países del istmo: las consecuencias de la crisis internacional. A pesar de las perspectivas de escaso crecimiento, las previsiones mantienen a Panamá en números positivos, gracias al comercio obligado por el Canal y a que es una de las principales plazas de inversión internacional.
Por ahora, las decisiones económicas de Martinelli se han orientado a conseguir mayores ingresos al fisco por la vía de la lucha contra la elusión y la morosidad, en especial con las empresas concesionarias del Estado ( Inforpress 1807). Otra de sus medidas económicas anunciadas es una reforma del sistema tributario, que incluiría la eliminación del impuesto llamado CAIR , específico para aquellos que alcanzan unos determinados ingresos, y en su lugar la extensión del Flat-Tax , un impuesto plano para todos los contribuyentes. Según algunos sectores estas reformas tributarias podrían perjudicar los precios de la canasta básica, mientras que beneficiarían a las familias de mayores ingresos.
Al mismo tiempo, el gabinete ha anunciado algunas medidas de tipo asistencial, muy extendidas por la región en esta época de crisis, como el pago a ancianos sin jubilación o la construcción de viviendas a precios accesibles.
Sin embargo, fuera de los aspectos económicos que Martinelli asume con espíritu empresarial, tendrá que enfrentar retos más sociales como por ejemplo el desempleo de la juventud. Durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) la tasa de desempleo se redujo del 13.8% al 7.2% (Indexmundi), pero la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) ubica a Panamá como uno de los países con mayor tasa de desempleo entre los jóvenes, 18.9% según datos para el 2008 (sólo superado por República Dominicana con más de 30%; y seguido de Costa Rica con 13.9%, El Salvador con 12.4%, Nicaragua 8.6%, Honduras 5.1% y Guatemala 4%). – Informe “Juventud y Trabajo Decente” OIT, 2008-
Y éste no será el único conflicto laboral que tendrá que enfrentar. Durante este mandato se intentará cerrar el Tratado de Libre Comercio que se negocia con Estados Unidos, lo cual implica la reforma del Código Laboral. Éste será uno de los puntos sensibles que el nuevo presidente tendrá que negociar con los sectores afectados, y donde se podrá comprobar su habilidad para manejar la coalición de partidos que le llevó a la victoria así como unos sindicatos que se muestran reticentes a negociar sus derechos.
¿Estado protector o represor?
El ascenso de la criminalidad es otro de los problemas sociales que enfrenta la población como un fenómeno reciente en el país. La juventud es, también en este caso, el grupo más afectado. En los dos años anteriores la criminalidad creció a nivel nacional un 18%, de acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación y Justicia. Y los datos más preocupantes tienen que ver con el aumento de las armas de fuego. El 46% de los atendidos en urgencias hospitalarias, en 2008, fueron por heridas provocadas por armas de fuego, y en su mayoría fueron menores o jóvenes de entre 15 y 34 años.
Según la Fiscalía Auxiliar de la República, los robos a mano armada casi se duplicaron entre 2007 y 2008, pasando de 1,524 a 2,363. Y es que la población civil se está armando hasta niveles sin precedentes: de 2004 a 2008 se reportó un aumento de 233% en la entrega de permisos para portar armas de fuego, según la Dirección de Investigación Judicial. Según las estadísticas, entre 2004 y 2007 se otorgaron 3 mil 527 permisos de porte de armas, tan solo de enero a octubre de 2008 se entregaron 2 mil 456 permisos de esos permisos.
Por todo ello la seguridad será uno de los temas estrella del nuevo gobierno, sin embargo, para algunas organizaciones cívicas y de derechos humanos, la dirección que se avizora no es del todo satisfactoria. Una de las promesas electorales de Martinelli , con respecto a este tema, fue la derogación de dos decretos ley aprobados por el gobierno de Martín Torrijos (dentro de un paquete de reformas a la seguridad), que tenían por objeto combatir el crimen y la violencia urbana, pero el nuevo gobierno ya anunció que esto no será posible por ser ya los mismos ley de la República. Los dos artículos en cuestión fueron la censura previa y prohibición de protestas públicas cerca de sedes policiales. El paquete completo de decretos aprobados por Torrijos que reformaron los cuerpos del Estado y que fueron tildados por grupos cívicos como remilitarización del Estado, fueron la creación del Servicio Nacional de Fronteras y del Servicio Nacional Aeronaval, la modificación de la Ley de Policía Nacional para permitir que sea encabezada por un oficial de carrera y la creación del Servicio de Inteligencia Nacional ( Inforpress 1768).
Pero el nuevo gabinete ha ido más allá. El Partido Alternativa Popular ha denunciado mediante Panamá Profundo que considera “rasgos preocupantes del gobierno electo” por sus “rasgos autoritarios”: “el equipo de seguridad lo conforman el militar Gustavo Pérez , como jefe de la policía, que fue parte de la élite del General Noriega durante el régimen militar; José Raúl Mulino , ministro de Gobierno y Justicia, que ya ha anunciado “que no permitirá el cierre de calles”; y el nuevo secretario anticorrupción que es primo de Martinelli y ex empleado de todos los gobiernos anteriores, Núñez Fábrega .
Alternativa Popular, encabezada por su Secretario General, Olmedo Beluche , ironiza en sus manifiestos: “el Ministro (Raúl Mulino) informó a la ciudadanía que había sostenido una conversación de cinco horas con él (jefe de la policía, Gustavo Pérez) para que cambiara su `mentalidad militar´ por la de policía, que es la que necesita la comunidad. Haberlo sabido antes, y hubiésemos aplicado la misma fórmula para convencer en su momento a Noriega y su Estado Mayor de que abandonaran su `mentalidad militar´. ¡Cuánto nos hubiéramos ahorrado todos!”.
Algunos de los anuncios realizados hasta ahora por el equipo de seguridad no han dejado de ser controvertidos, como el endurecimiento del régimen penal de menores o la orden de Mulino de “disparar a cualquier recluso que intente evadirse de la cárcel” de La Joya, calificada de “peligrosa y desesperada” por los propios funcionarios de prisiones y especialistas en criminología.
La visión del nuevo gabinete sobre el aumento de la criminalidad ha ido más allá de las decisiones locales. Martinelli es consciente de que el crimen organizado en torno a actividades ilícitas que circula por la región es una de las causas del aumento de armas de fuego y de los homicidios. Por ello el presidente de Panamá, junto con Felipe Calderón , mandatario mexicano y Álvaro Uribe , de Colombia, anunciaron el mismo día de la toma de posesión de Martinelli , que pondrían en marcha una Gran Alianza para enfrentar el crimen organizado y las “narco-mafias” que operan en la región.
La política liberal pone fin al modelo verde en el país
A nivel internacional el país ha sido ejemplo de protección del medio ambiente. Privilegiada con una de las biodiversidades más ricas del planeta, este país, destino habitual del turismo ecológico, siempre ha declamado una buena gestión de sus recursos naturales. Una realidad que, desde el cambio del modelo económico del país y la consiguiente introducción de las políticas neoliberales a partir de las dos últimas décadas, puede ser seriamente cuestionada. La imagen de “país verde” corre el riesgo de convertirse en un estereotipo si, dentro del marco del último Tratado de Libre Comercio suscrito con EEUU (DR-CAFTA), se continúa con la expansión de los monocultivos, la inversión inmobiliaria especialmente en las costas o la promoción de la minería a cielo abierto. Expertos y ecologistas denuncian que, en concreto durante el pasado gobierno de Oscar Arias, principal promotor del TLC, las actividades económicas se han situado por encima de la protección del patrimonio medioambiental de los costarricenses.
El último Informe sobre el Estado de la Nación de Costa Rica (2009) alerta que, dados los patrones de uso de recursos naturales, el país ha sobrepasado la capacidad de su territorio para satisfacer los requerimientos de la población y que se ha llegado “a una situación límite en materia de gestión ambiental”. Los expertos establecen que el balance entre desarrollo económico y protección del ambiente es cada vez más frágil y que existe una mayor competencia por el uso de la tierra y los recursos naturales, identificando en este proceso “dinámicas económicas aceleradas y actores e intereses más fuertes y diversos que en décadas pasadas”.
El estudio señala que el país vive una “época en que las decisiones y omisiones en materia ambiental generan fuertes tensiones” y que estas, lejos de ser hechos aislados, conforman un nuevo tipo de conflictos en el que las instituciones y los actores sociales no parecen estar preparados para trabajar de manera conjunta a favor del desarrollo humano sostenible. De hecho, “el Estado ha pasado de ser un mediador entre el sector privado y las comunidades (o la sociedad civil), a constituirse, él mismo, en generador del conflicto”. Un ejemplo de ello se reportó en el anterior Informe sobre el Estado de la Nación (XIV Informe, 2008), donde de los 65 conflictos por el uso del agua registrados en la provincia de Guanacaste, las instituciones públicas fueron directamente acusadas por negligencia en 35 de ellos.
Leonardo Merino, coordinador del capítulo “Armonía con la Naturaleza” del último Informe del Estado de la Nación, declara que, de manera evidente, se percibe un cambio importante en materia ambiental a partir de la introducción del marco liberal en el país. El experto señala que la decisión entre proteger o realizar una actividad productiva cada vez es más complicada y que, además, y a pesar de contar con una buena normativa para la protección del medio ambiente, las instituciones no cuentan con los recursos necesarios para hacerla cumplir.
La directora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica (ProGAI), Yamileth Astorga, especifica que desde hace 20 años y como consecuencia de una política promovida desde los EEUU con el objetivo de disminuir la burocracia, los sucesivos gobiernos han ido disminuyendo el personal de las instituciones dedicadas a la vigilancia y protección ambiental hasta convertirlos en “cascarones sin gente”. Los salarios son, además, muy bajos, lo que potencia que, dentro de estas instituciones, se multipliquen los casos de corrupción y la gente acepte regalías a cambio de informes positivos, continúa la experta. Entre las entidades que más beligerancia han perdido Astorga señala al Ministerio de Planificación y al de Agricultura y Ganadería. Según el último Informe del Estado de la Nación, aunque el presupuesto global dedicado a la protección del medio ambiente se viera aumentado de 2007 a 2008, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) como porcentaje del PIB se ha visto disminuido en los últimos años y para el 2008 se estableció en el 0.13%.
En su análisis de la evolución del modelo de administración de los recursos naturales del país, Astorga desmonta el mito costarricense y afirma que nunca ha existido una verdadera gestión ambiental sino solamente la realidad de la conservación y protección de las áreas silvestres, la mayor fortaleza del país1. “Ya fuera por conciencia o por el interés de mantener el atractivo turístico de estas zonas, ha habido un gran esfuerzo en conservar estas áreas naturales pero fuera de ellas todo es un desastre”, dijo Astorga. Añade que considera que hasta el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) la conservación de estas áreas silvestres siguió siendo prioritaria pero que las políticas neoliberales intensificadas tras el gobierno de Oscar Arias pueden ponerlas en serio compromiso. La preocupación es general entre los ambientalistas dado que la mayor parte de los analistas políticos identifican al actual y recién estrenado gobierno de Laura Chinchilla, compañera de partido de Arias, como una mera continuación de la anterior gestión (Inforpress 1833, 1834). “La política de Arias era desarrollista y veía en los exigencias ambientales requeridas antes de cualquier proyecto como un obstáculo”, puntualiza Astorga.
Fue precisamente durante la anterior legislativa cuando se lanzó en Costa Rica la iniciativa “Paz con la Naturaleza” que convoca a todos los países del mundo a fortalecer la acción y el compromiso político para revertir la degradación ambiental causada por la acción humana. Un ejemplo, según la mayor parte de los ambientalistas costarricenses, de la “doble moral” manejada por Arias. Merino señala que, a pesar de las expectativas, la iniciativa nunca estuvo en agenda y Astorga denuncia que no fue más que un discurso para captar fondos del exterior que ni siquiera tuvo éxito. El ingeniero Quírico Jiménez denunció, en junio de 2008, una serie de decretos ejecutivos que, contradiciendo los principios de dicha iniciativa y en contra de la protección del medio ambiente, permitían la construcción de obras de infraestructura civil en cualquier uso de la tierra, incluso sobre el 75% con pendiente (Decreto 33.957, MINAE- MAG), reducían, por ejemplo, los límites al refugio de vida silvestre Gandoca y Manzanillo en la zona atlántica (Decreto 30.043, MINAE), establecían que profesionales privados puedan realizar la clasificación de tierras en la Zona Marítima Terrestre (Decreto 34.295, MINAE), y modificaban el reglamento de procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo de manera que ahora los expedientes solo son accesibles para las partes implicadas y sus representantes (Decreto 34.282, MINAE).2 La administración de Arias también fue denunciada públicamente por asociaciones ecologistas como Bosques Nuestros por vetar la ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental.
“Preocupados por el incremento vertiginoso del caos ambiental en el que vive el país y las políticas agresivas en contra de la naturaleza”, varios profesionales de larga trayectoria en el campo ambiental han conformado un grupo de estudio, de denuncia y de incidencia política denominado “Llamado urgente por el país”. Entre sus objetivos enumeran sacar a la luz pública las causas de la problemática ambiental, denunciar el favorecimiento de megaproyectos multimillonarios extractivos, inmobiliarios y turísticos y el control político y no científico que lleva adelante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)- que es la entidad que evalua en Costa Rica los informes de impacto ambiental, generar espacios de discusión y proponer soluciones.3
Graves problemáticas ambientales
Una de las más graves y denunciada reiterativamente es la inadecuada planificación del uso del suelo, que como el geólogo Allan Astorga explica, consiste en evaluar de forma previa las condiciones técnicas básicas del terreno para determinar si es apto o no y bajo qué condiciones para el desarrollo de obras de construcción, actividades agrícolas o para la conservación. Sin embargo, el último Informe sobre el Estado de la Nación señala que el ordenamiento territorial no ha cumplido ningún mínimo y que esta desatención ha dejado ya situaciones irreversibles sobre algunas zonas.
En este ámbito es necesario remarcar el grave impacto ambiental que está teniendo el desarrollo inmobiliario en el área costera, especialmente en la costa pacífica. Según el mencionado informe el área en permisos de construcciones nuevas en cantones costeros se duplicó de 2004 a 2008 (de 379,573 m2 a 854,238m2).
El profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Jorge A. Lobo, señala que los ecosistemas de la zona del pacífico sur, de gran belleza y que se encontraban relativamente bien preservados en comparación con otros ambientes parecidos en otras áreas del país, están siendo profundamente alterados durante los últimos años por el desarrollo turístico – inmobiliario. Solo en 2007, el cantón de Osa registró un crecimiento del 202% en el número de permisos de construcción. Lejos del ecoturismo potenciado anteriormente en el país, este “boom” inmobiliario se orienta a un turismo de alto poder adquisitivo interesado en residir temporal o permanentemente en la zona. Las construcciones son hoteles de lujo y condominios privados de propiedades de gran valor (precios más comunes entre los US$200,000 y US$500,000) difícilmente cuantificables pues no existe una base de datos ordenada y centralizada sobre estos proyectos, indica el profesor.
Algunas de las consecuencias de este proceso inmobiliario es la destrucción de la biodiversidad marina y terrestre, la erosión superficial de los suelos y generación de grandes deslizamientos de tierra y la amenaza sobre el recurso hídrico.
El agua es precisamente uno de los principales problemas medioambientales, además de que el porcentaje de volumen anual de explotación de agua por asuntos turísticos se multiplicara por 10 de 2003 a 2008 (de 1.6% a 11.8% ), la urbanización en áreas de recarga hídrica ha contaminado acuíferos y ríos y ha afectado a bosques, corredores biológicos y hasta áreas silvestres protegidas.
El aumento de la perforación de pozos en los últimos cinco años ha respondido a dinámicas económicas y productivas, como el crecimiento inmobiliario, sin que exista claridad sobre los límites y las repercusiones de las mismas.4 Una evaluación de 2007 de la Contraloría General de la República sobre la aplicación de la normativa en materia de recursos hídricos por parte del MINAET dejaba claro que “no se cuenta con un balance hídrico científicamente elaborado para todo el país, por lo que se desconoce si se está sobre el límite de extracción, cuáles son los volúmenes de agua que se pueden extraer y de dónde”. La Contraloría señalaba entonces que la situación era preocupante porque esta carencia de información no había impedido que, irresponsablemente, se siguieran otorgando concesiones de agua y permisos de perforación de pozos.
Además de la escasez, Costa Rica sufre de un importante problema de contaminación en cuencas y acuíferos y en este punto es necesario tener en cuenta la reducción de áreas dedicadas a plantaciones forestales y la reconversión de las mismas a la extensión de monocultivos como la piña para exportación.
El incremento en la producción de piña ha convertido a Costa Rica en uno de los principales suplidores de esta fruta en el mercado mundial pero esta producción tipo monocultivo es poco compatible con el ambiente tropical, agota todos los nutrientes del suelo y requiere de una alta y continua aplicación de agroquímicos que se filtran al terreno y acaban contaminando las fuentes de agua. En los dos últimos años la contaminación del agua por empresas piñeras ha sido causa de numerosas denuncias interpuestas ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), que en 2008 generó la apertura de 31 procesos. El informe también señala que en las regiones de Huetar Norte y Huetar Atlántica, donde se concentra el 93% del área de siembra, se da una pérdida de suelo fértil por erosión, compactación y deterioro en la actividad microbiológica por efecto de la utilización intensiva de plaguicidas.
El equipo coordinado por Merino incide en que los ingresos económicos de esta actividad, concentrados en dueños y empresarios, no revierte en ningún beneficio para las comunidades, donde, además, se altera la estabilidad social como resultado del deterioro ambiental. El informe señala asimismo que mientras se dedican grandes áreas de superficie a este tipo de cultivos de alto impacto ambiental y destinado a la exportación, el país solo produce la mitad del arroz y la cuarta parte del frijol que consume.
Un último exponente de la prevalencia de la actividad económica por encima del bienestar medioambiental es el proyecto de extracción de oro de a cielo abierto de Crucitas, en la frontera norte del país, de la Industria Finito S.A, subsidiaria de una trasnacional canadiense. Según denuncia “Llamado Urgente por el país”, la empresa, que tiene antecedentes de sanciones por incumplimiento ambiental, afirmó que la decisión de la SETENA en 2003 de no aprobar el primer informe de impacto ambiental presentado era un acto con “un efecto equivalente” a una “nacionalización o expropiación”. Dicho informe fue aceptado tras las amenazas de la minera de solicitar un arbitraje internacional en el marco del TLC suscrito con Canadá y posteriormente declarado nulo. Tras una serie de recursos, demandas de indemnización por parte de la minera y negociaciones entre esta y el gobierno, el comienzo de la actividad se encuentra pendiente de una última resolución de la Corte Institucional de Costa Rica. Yamileth Astorga señala que, a pesar de que esta instancia es normalmente muy coherente y decide a favor de las comunidades y el ambiente, desde el grupo “Llamado urgente por el país” se percibe que en esta ocasión se va a fallar a favor de la minera. Los expertos señalan que “este tipo de actividad favorecería mayoritariamente los intereses particulares de corto plazo en contraposición a los intereses colectivos de largo plazo en una zona con un alto potencial ecológico y ecoturístico, dada la existencia de áreas protegidas aledañas. Además de las opciones de desarrollo sostenible transfronterizo que ofrecen el sistema fluvial del río San Juan y los ríos tributarios costarricenses”. Las autoridades de la vecina Nicaragua denuncian que, tal y como establece uno de los Dictados establecidos en la cumbre de Río de Janeiro, los proyectos fronterizos deben ser concertados entre los países limítrofes por considerarse que los impactos ambientales no tienen fronteras.
El último Informe sobre el Estado de la Nación de Costa Rica (2009) alerta que, dados los patrones de uso de recursos naturales, el país ha sobrepasado la capacidad de su territorio para satisfacer los requerimientos de la población y que se ha llegado “a una situación límite en materia de gestión ambiental”. Los expertos establecen que el balance entre desarrollo económico y protección del ambiente es cada vez más frágil y que existe una mayor competencia por el uso de la tierra y los recursos naturales, identificando en este proceso “dinámicas económicas aceleradas y actores e intereses más fuertes y diversos que en décadas pasadas”.
El estudio señala que el país vive una “época en que las decisiones y omisiones en materia ambiental generan fuertes tensiones” y que estas, lejos de ser hechos aislados, conforman un nuevo tipo de conflictos en el que las instituciones y los actores sociales no parecen estar preparados para trabajar de manera conjunta a favor del desarrollo humano sostenible. De hecho, “el Estado ha pasado de ser un mediador entre el sector privado y las comunidades (o la sociedad civil), a constituirse, él mismo, en generador del conflicto”. Un ejemplo de ello se reportó en el anterior Informe sobre el Estado de la Nación (XIV Informe, 2008), donde de los 65 conflictos por el uso del agua registrados en la provincia de Guanacaste, las instituciones públicas fueron directamente acusadas por negligencia en 35 de ellos.
Leonardo Merino, coordinador del capítulo “Armonía con la Naturaleza” del último Informe del Estado de la Nación, declara que, de manera evidente, se percibe un cambio importante en materia ambiental a partir de la introducción del marco liberal en el país. El experto señala que la decisión entre proteger o realizar una actividad productiva cada vez es más complicada y que, además, y a pesar de contar con una buena normativa para la protección del medio ambiente, las instituciones no cuentan con los recursos necesarios para hacerla cumplir.
La directora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica (ProGAI), Yamileth Astorga, especifica que desde hace 20 años y como consecuencia de una política promovida desde los EEUU con el objetivo de disminuir la burocracia, los sucesivos gobiernos han ido disminuyendo el personal de las instituciones dedicadas a la vigilancia y protección ambiental hasta convertirlos en “cascarones sin gente”. Los salarios son, además, muy bajos, lo que potencia que, dentro de estas instituciones, se multipliquen los casos de corrupción y la gente acepte regalías a cambio de informes positivos, continúa la experta. Entre las entidades que más beligerancia han perdido Astorga señala al Ministerio de Planificación y al de Agricultura y Ganadería. Según el último Informe del Estado de la Nación, aunque el presupuesto global dedicado a la protección del medio ambiente se viera aumentado de 2007 a 2008, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) como porcentaje del PIB se ha visto disminuido en los últimos años y para el 2008 se estableció en el 0.13%.
En su análisis de la evolución del modelo de administración de los recursos naturales del país, Astorga desmonta el mito costarricense y afirma que nunca ha existido una verdadera gestión ambiental sino solamente la realidad de la conservación y protección de las áreas silvestres, la mayor fortaleza del país1. “Ya fuera por conciencia o por el interés de mantener el atractivo turístico de estas zonas, ha habido un gran esfuerzo en conservar estas áreas naturales pero fuera de ellas todo es un desastre”, dijo Astorga. Añade que considera que hasta el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) la conservación de estas áreas silvestres siguió siendo prioritaria pero que las políticas neoliberales intensificadas tras el gobierno de Oscar Arias pueden ponerlas en serio compromiso. La preocupación es general entre los ambientalistas dado que la mayor parte de los analistas políticos identifican al actual y recién estrenado gobierno de Laura Chinchilla, compañera de partido de Arias, como una mera continuación de la anterior gestión (Inforpress 1833, 1834). “La política de Arias era desarrollista y veía en los exigencias ambientales requeridas antes de cualquier proyecto como un obstáculo”, puntualiza Astorga.
Fue precisamente durante la anterior legislativa cuando se lanzó en Costa Rica la iniciativa “Paz con la Naturaleza” que convoca a todos los países del mundo a fortalecer la acción y el compromiso político para revertir la degradación ambiental causada por la acción humana. Un ejemplo, según la mayor parte de los ambientalistas costarricenses, de la “doble moral” manejada por Arias. Merino señala que, a pesar de las expectativas, la iniciativa nunca estuvo en agenda y Astorga denuncia que no fue más que un discurso para captar fondos del exterior que ni siquiera tuvo éxito. El ingeniero Quírico Jiménez denunció, en junio de 2008, una serie de decretos ejecutivos que, contradiciendo los principios de dicha iniciativa y en contra de la protección del medio ambiente, permitían la construcción de obras de infraestructura civil en cualquier uso de la tierra, incluso sobre el 75% con pendiente (Decreto 33.957, MINAE- MAG), reducían, por ejemplo, los límites al refugio de vida silvestre Gandoca y Manzanillo en la zona atlántica (Decreto 30.043, MINAE), establecían que profesionales privados puedan realizar la clasificación de tierras en la Zona Marítima Terrestre (Decreto 34.295, MINAE), y modificaban el reglamento de procedimientos del Tribunal Ambiental Administrativo de manera que ahora los expedientes solo son accesibles para las partes implicadas y sus representantes (Decreto 34.282, MINAE).2 La administración de Arias también fue denunciada públicamente por asociaciones ecologistas como Bosques Nuestros por vetar la ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental.
“Preocupados por el incremento vertiginoso del caos ambiental en el que vive el país y las políticas agresivas en contra de la naturaleza”, varios profesionales de larga trayectoria en el campo ambiental han conformado un grupo de estudio, de denuncia y de incidencia política denominado “Llamado urgente por el país”. Entre sus objetivos enumeran sacar a la luz pública las causas de la problemática ambiental, denunciar el favorecimiento de megaproyectos multimillonarios extractivos, inmobiliarios y turísticos y el control político y no científico que lleva adelante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)- que es la entidad que evalua en Costa Rica los informes de impacto ambiental, generar espacios de discusión y proponer soluciones.3
Graves problemáticas ambientales
Una de las más graves y denunciada reiterativamente es la inadecuada planificación del uso del suelo, que como el geólogo Allan Astorga explica, consiste en evaluar de forma previa las condiciones técnicas básicas del terreno para determinar si es apto o no y bajo qué condiciones para el desarrollo de obras de construcción, actividades agrícolas o para la conservación. Sin embargo, el último Informe sobre el Estado de la Nación señala que el ordenamiento territorial no ha cumplido ningún mínimo y que esta desatención ha dejado ya situaciones irreversibles sobre algunas zonas.
En este ámbito es necesario remarcar el grave impacto ambiental que está teniendo el desarrollo inmobiliario en el área costera, especialmente en la costa pacífica. Según el mencionado informe el área en permisos de construcciones nuevas en cantones costeros se duplicó de 2004 a 2008 (de 379,573 m2 a 854,238m2).
El profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Jorge A. Lobo, señala que los ecosistemas de la zona del pacífico sur, de gran belleza y que se encontraban relativamente bien preservados en comparación con otros ambientes parecidos en otras áreas del país, están siendo profundamente alterados durante los últimos años por el desarrollo turístico – inmobiliario. Solo en 2007, el cantón de Osa registró un crecimiento del 202% en el número de permisos de construcción. Lejos del ecoturismo potenciado anteriormente en el país, este “boom” inmobiliario se orienta a un turismo de alto poder adquisitivo interesado en residir temporal o permanentemente en la zona. Las construcciones son hoteles de lujo y condominios privados de propiedades de gran valor (precios más comunes entre los US$200,000 y US$500,000) difícilmente cuantificables pues no existe una base de datos ordenada y centralizada sobre estos proyectos, indica el profesor.
Algunas de las consecuencias de este proceso inmobiliario es la destrucción de la biodiversidad marina y terrestre, la erosión superficial de los suelos y generación de grandes deslizamientos de tierra y la amenaza sobre el recurso hídrico.
El agua es precisamente uno de los principales problemas medioambientales, además de que el porcentaje de volumen anual de explotación de agua por asuntos turísticos se multiplicara por 10 de 2003 a 2008 (de 1.6% a 11.8% ), la urbanización en áreas de recarga hídrica ha contaminado acuíferos y ríos y ha afectado a bosques, corredores biológicos y hasta áreas silvestres protegidas.
El aumento de la perforación de pozos en los últimos cinco años ha respondido a dinámicas económicas y productivas, como el crecimiento inmobiliario, sin que exista claridad sobre los límites y las repercusiones de las mismas.4 Una evaluación de 2007 de la Contraloría General de la República sobre la aplicación de la normativa en materia de recursos hídricos por parte del MINAET dejaba claro que “no se cuenta con un balance hídrico científicamente elaborado para todo el país, por lo que se desconoce si se está sobre el límite de extracción, cuáles son los volúmenes de agua que se pueden extraer y de dónde”. La Contraloría señalaba entonces que la situación era preocupante porque esta carencia de información no había impedido que, irresponsablemente, se siguieran otorgando concesiones de agua y permisos de perforación de pozos.
Además de la escasez, Costa Rica sufre de un importante problema de contaminación en cuencas y acuíferos y en este punto es necesario tener en cuenta la reducción de áreas dedicadas a plantaciones forestales y la reconversión de las mismas a la extensión de monocultivos como la piña para exportación.
El incremento en la producción de piña ha convertido a Costa Rica en uno de los principales suplidores de esta fruta en el mercado mundial pero esta producción tipo monocultivo es poco compatible con el ambiente tropical, agota todos los nutrientes del suelo y requiere de una alta y continua aplicación de agroquímicos que se filtran al terreno y acaban contaminando las fuentes de agua. En los dos últimos años la contaminación del agua por empresas piñeras ha sido causa de numerosas denuncias interpuestas ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), que en 2008 generó la apertura de 31 procesos. El informe también señala que en las regiones de Huetar Norte y Huetar Atlántica, donde se concentra el 93% del área de siembra, se da una pérdida de suelo fértil por erosión, compactación y deterioro en la actividad microbiológica por efecto de la utilización intensiva de plaguicidas.
El equipo coordinado por Merino incide en que los ingresos económicos de esta actividad, concentrados en dueños y empresarios, no revierte en ningún beneficio para las comunidades, donde, además, se altera la estabilidad social como resultado del deterioro ambiental. El informe señala asimismo que mientras se dedican grandes áreas de superficie a este tipo de cultivos de alto impacto ambiental y destinado a la exportación, el país solo produce la mitad del arroz y la cuarta parte del frijol que consume.
Un último exponente de la prevalencia de la actividad económica por encima del bienestar medioambiental es el proyecto de extracción de oro de a cielo abierto de Crucitas, en la frontera norte del país, de la Industria Finito S.A, subsidiaria de una trasnacional canadiense. Según denuncia “Llamado Urgente por el país”, la empresa, que tiene antecedentes de sanciones por incumplimiento ambiental, afirmó que la decisión de la SETENA en 2003 de no aprobar el primer informe de impacto ambiental presentado era un acto con “un efecto equivalente” a una “nacionalización o expropiación”. Dicho informe fue aceptado tras las amenazas de la minera de solicitar un arbitraje internacional en el marco del TLC suscrito con Canadá y posteriormente declarado nulo. Tras una serie de recursos, demandas de indemnización por parte de la minera y negociaciones entre esta y el gobierno, el comienzo de la actividad se encuentra pendiente de una última resolución de la Corte Institucional de Costa Rica. Yamileth Astorga señala que, a pesar de que esta instancia es normalmente muy coherente y decide a favor de las comunidades y el ambiente, desde el grupo “Llamado urgente por el país” se percibe que en esta ocasión se va a fallar a favor de la minera. Los expertos señalan que “este tipo de actividad favorecería mayoritariamente los intereses particulares de corto plazo en contraposición a los intereses colectivos de largo plazo en una zona con un alto potencial ecológico y ecoturístico, dada la existencia de áreas protegidas aledañas. Además de las opciones de desarrollo sostenible transfronterizo que ofrecen el sistema fluvial del río San Juan y los ríos tributarios costarricenses”. Las autoridades de la vecina Nicaragua denuncian que, tal y como establece uno de los Dictados establecidos en la cumbre de Río de Janeiro, los proyectos fronterizos deben ser concertados entre los países limítrofes por considerarse que los impactos ambientales no tienen fronteras.
Políticas y consecuencias del arismo
Quienes esperaban unas elecciones como las de 2006 –con dos candidatos muy igualados que polarizaron la sociedad entorno a dos propuestas de desarrollo enfrentadas - se habrán llevado una gran sorpresa con los recientes comicios que se celebraron en Costa Rica. En ausencia de un enemigo común al que enfrentarse –un TLC-, las izquierdas se difuminaron y más del 70% del electorado votó por la continuidad del modelo económico y social encarnado por las candidaturas de Laura Chinchilla y Otto Guevara. Ahora, de la nueva presidenta, protegida del actual mandatario; Oscar Arias, no se espera que sea más que la prolongación natural de los cuatros años anteriores de “arismo”. El modelo implantado por el presidente saliente tiene ya unas características propias bien definidas: por un lado, el fomento incondicional de la inversión extranjera y de una economía orientada a la exportación; y por otro, la atención de los más pobres a través de programas sociales focalizados. ¿Será suficiente para suplir el vacío dejado por un sistema socialdemócrata en vías de extinción?
Si por algo se han caracterizado el segundo mandato de Óscar Arias ha sido por la relevancia que ocupó en la agenda su gobierno la liberalización de la economía; el desmantelamiento de todas las barreras al libre mercado que durante años levantó la socialdemocracia costarricense. Una y otra vez su administración trató de crear un marco jurídico adecuado para la penetración definitiva del capital privado en actividades que hasta el momento se habían considerado como propias del Estado.
La liberación de la telefonía celular, del servicio de internet y de los seguros fueron probablemente las decisiones más mediáticas, por lo histórico se supuso romper los monopolios de instituciones con la trayectoria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Sin embargo, los últimos cuatro años en los que Arias estuvo al mando, estuvieron plagados de intentos de liberalización. Así, entre otras muchas cosas, el presidente trató de que la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope, la petrolera estatal) se abriese a la inversión de otras empresas, también impulsó la concesión de la gestión de los puertos a la iniciativa privada así como una nueva legislación para ampliar los privilegios de las Zonas Francas a todos los exportadores. En unos casos tuvo éxito y en otros fracasó; sus intentos, por ejemplo, de reducir las derechos que contempla el Código del Trabajo, para “flexibilizar el mercado laboral”, han sido hasta la fecha infructuosos.
Claro que mientras en la “superficie” este choque de modelos tenía lugar, las consecuencias de la implantación del neoliberalismo, se manifestaban en silencio. Arias, por tanto, pasará a la historia como el mandatario que liberalizó el ICE pero también por ser uno de los pocos presidentes de la Latinoamérica de la última década en “conseguir” que los índices de pobreza aumentasen en su país.
Y es que como señala el último Informe del Estado de la Nación, en los últimos años Costa Rica ha ido empeorando en algunos indicadores clave. El aumento de la pobreza ha sido probablemente uno de los fenómenos más importantes. Entre 2007 y 2008 la pobreza general subió un 1%, pasando del 16.7% de la población, al 17.7%. La indigencia, por su parte, creció del 3.3% al 3.5%. Este aumento se ha debido, en gran parte, al crecimiento de la pobreza urbana que pasó del 15.7% en 2007 al 16.9%, al año siguiente.
El Informe del Estado de la Nación, no obstante, señala que aún con el repunte de 2008, los niveles de pobreza son en la actualidad los mejores desde 1990, pero que lo que sí ha crecido en los últimos años ha sido el índice de vulnerabilidad de la población. Este indicador mide el porcentaje de la población que logra escapar a ser incluido en las estadísticas de la pobreza, pero que siempre está cerca de caer en el abismo ya que cuenta con sólo unos ingresos sólo 1.4 veces mayores que los de los pobres. Este grupo, en 2008 representaba al 13% de los ciudadanos.
Según los autores del citado estudio, la imposibilidad de mejorar el nivel de vida de los más vulnerables tiene mucho que ver con la ausencia en los últimos años de políticas que garanticen empleos dignos. Así, los índices de informalidad no han dejado de crecer y, en 2008, uno de cada tres ocupados cobró menos del salario mínimo, en total 588 mil personas que tuvieron un ingreso mensual promedio de US$ 220, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Programas sociales
La liberalización de la economía –que ha beneficiado a la élite- y la desprotección de los trabajadores han ido de la mano, no obstante, del auge de los programas sociales focalizados. Arias puso en marcha dos proyectos de trasferencias condicionadas que se han convertido en el eje de su política social. Uno de ellos es “Avancemos”, que consiste en entregar sumas que van desde US$ 27 a US$ 90, mensuales, a las familias más empobrecidas por cada hijo que mantengan estudiando educación secundaria. Unas 140 mil personas se benefician de este subsidio, que en 2009 tuvo un presupuesto de US$ 100 millones.
El otro es el Régimen de Pensiones No Contributivas (RNC), orientado a las personas de la tercera edad que no cuentan con ingresos ni con una pensión de la Caja del Seguro Social (CSS). Los fondos asignados a este programa, que abarcó a unas 80 mil personas el pasado año, fue de aproximadamente US$ 150 millones.
Según los datos oficiales, si no hubiesen existido estas dos políticas las tasas de pobreza serían entre un 2% y 3% mayores. Aún, así, los autores del Informe del Estado de la Nación reconocen que la inversión pública aún no ha igualado los niveles que tenía Costa Rica antes de la crisis de la deuda de los 80. El gasto estatal como porcentaje del PIB ha conseguido equipararse en los últimos años, sin embargo, la inversión pública per cápita sigue siendo un 8% inferior a la que se registraba en 1980.
“¿Hasta cuándo puede seguir Costa Rica como sociedad sin activar mecanismos redistributivos, más allá de la inversión social?”, se interrogan los autores del estudio. “La mala situación económica encuentra un país que no ha resuelto desafíos fundamentales: una reforma fiscal que aumente la carga y mejore la equidad tributaria, una política de salarios reales crecientes, una política de empleo preactiva en materia de protección así como programas de apoyo a la producción capaces de proteger sectores como el campesino que tienen casi tres décadas de estar sistemáticamente marginado del bienestar y el crecimiento”, concluyen.
Chinchilla gana, el modelo se perpetúa
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Edición : 1834
Publicado : 12/02/2010
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Costa Rica recuperó su imagen de país previsible y de “cambio de tranquilo” que le ha caracterizado durante los últimos 50 años. Lejos quedó la polarización que había dominado la sociedad en los últimos comicios y en el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) de 2007, cuando el país quedó dividido entre dos propuestas de desarrollo económico y social enfrentadas. La candidata oficialista ganó holgadamente en la primera vuelta y ninguno de sus oponentes pudo hacerle sombra. Una mayoría de la sociedad dio el respaldo al modelo de economía liberalizada del estado costarricense. Se confirmó definitivamente la transición de un sistema bipartidista a uno multipartidario, pero algunas de las predicciones que se había realizado acerca de lo que podrían traer estos comicios no se cumplieron: ni hubo una abstención significativa ni un sector considerable de la población se inclinó por la ruptura que implicaba votar por la “mano dura”.
La mayor parte de las encuestas publicadas en las jornadas anteriores al día de los comicios había previsto que Laura Chinchilla ganaría con facilidad y muy probablemente sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta. Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML) y Otton Solís, del Partido de Acción Ciudadana (PAC), de centro izquierda, pelearían por la segunda posición.
Las predicciones fueron ciertas a medias. La candidata liberacionista fue, con diferencia, la más votada, sin embargo el PAC de Otton Solís sobrepasó con un cierto margen al ML, confirmando que el partido, surgido como una escisión hacia la izquierda del PLN, se ha consolidado definitivamente como la segunda fuerza en el país.
De los más de 2.8 millones de costarricense llamados a las urnas, unos 863 mil (46%) votaron por Chinchilla, un 6% más que los sufragios que obtuvo Oscar Arias en la primera vuelta de 2006. La candidata del PLN ganó en todas las provincias (departamentos) del país y en tres de ellos: Cartago, Puntarenas y Guanacaste, arrasó, sumando más del 50% de los votos.
Otton Solís, que en 2006 obtuvo el 40% de los votos y peleó por la presidencia en la segunda vuelta, en esta ocasión no canalizó el malestar contra la apuesta neoliberal de los partidos tradicionales. Unas 464 mil personas votaron por él y obtuvo solamente el 25% de los sufragios. En la mayor parte de las provincias del Valle Central (San José, Cartago, Heredia y Alajuela), las más urbanas, con una población de más recursos y con más años de estudio, Solís obtuvo más votos que en su promedio nacional. Así, en la capital recibió el 30%, frente a un 46% de Chinchilla.
Estos resultados ponen de relieve un triunfo: que el PAC se ha consolidado como el partido de una cierta clase media que es joven y dispone de estudios universitarios; pero también un fracaso: que el partido ha sabido articular un discurso que atraiga a todos aquellos que aspiran a recuperar la Costa Rica que en un pasado cercano conocieron. La polarización que rodeó al referéndum del TLC con EEUU colocó a Solís como un gran líder, en tanto que él abanderó el “No”. Sin embargo, en esta ocasión el terreno fue menos favorable para el candidato del PAC: la campaña estuvo dominada por la seguridad y Solís no supo imponer su discurso.
La que debía ser la gran sorpresa, la emergencia de Otto Guevara, no fue tal. El líder del ML ganó mucho terreno en comparación con el 8% de votos que recibió en 2006, pero se hizo patente que el país aún no está dispuesto a apoyar masivamente a un candidato que provenga de fuera del sistema de partidos con un discurso de derecha, como sí hicieron, por ejemplo, los panameños el pasado año o los chilenos más recientemente. El ML, sumó el 20.8% de los sufragios y solo fue segundo en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, las menos pobladas y más rurales. De esta forma, Guevara no convenció a las clases medias urbanas, que son la base del sistema político y que siguen más inclinadas hacia discursos más progresistas como los del PLN y el PAC.
El Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC), por su parte, confirmó su decadencia. De ser el segundo pilar del bipartidismo, junto con los liberacionistas, los socialcristianos han pasado, prácticamente, a la irrelevancia. Su candidato inicial, el ex presidente Rafael Ángel Calderón Fournier, tuvo que retirarse por su implicación en un caso de corrupción y su sustituto, Luis Fishman, sólo recibió el 3.8% de los votos.
El PUSC ha sido, sin duda, la principal víctima de la decadencia del bipartidismo, un sistema que muchos ciudadanos ven hoy como una fuente de corrupción en el que una élite política se encubre entre sí para seguir enriqueciéndose y ejerciendo el poder indefinidamente. Los dos últimos ex presidentes del PUSC, Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, han sido declarados culpables por llenarse los bolsillos durante su mandato. Ese es un “pecado” que el electorado conservador no ha perdonado, dándole la espalda al PUSC y apoyando al ML con su discurso neoliberal; que además, se adecúa mejor a la actual mentalidad de la clase alta, que para nada cree necesitar la existencia de un Estado fuerte.
El fin del bipartidismo, en el que PLN y PUSC se alternaban sin sobre saltos en la presidencia, se reflejó a la perfección en el reparto de las 57 curules que componen de la Asamblea Legislativa. Los resultados aún no son definitivos, pero las primeras proyecciones apuntan a que los liberacionistas se quedarán con 23 diputados, uno menos de los que obtuvieron en la anterior legislatura y a seis de los necesarios (29) para contar con mayoría absoluta. El PAC también habría perdido al menos dos o tres curules y se situaría con 12 representantes. El gran triunfador en este caso sí habría sido el ML, que puede doblar su representación pasando de cinco a unos nueve diputados.
Ante este panorama al PLN no le quedará más opción que la negociación continua. Una poco probable alianza con el PAC determinaría un giro social de los liberacionistas, pero al mismo tiempo, también podría representar la muerte política para Solís. La historia muestra que en las cuestiones clave el PLN ha encontrado apoyo en la derecha, ya que ambos sectores se han mostrado de acuerdo en que Costa Rica debe apostar por el modelo del crecimiento a toda costa y la atracción de inversiones. De hecho, con los seis diputados que obtuvo el PUSC, los liberacionistas contarían con votos suficientes para una mayoría simple en la Asamblea, lo cual podría seguir perpetuando la alianza PLN-PUSC.
La mujer “del modelo fuerte”
Otras dos mujeres centroamericanas habían alcanzado el cargo de presidenta antes: Mireya Moscoso en Panamá y Violeta Barrios, en Nicaragua. Ambas con una historia muy diferente a la de Laura Chinchilla. Las dos proceden de familias de clase alta y tanto la una como la otra, accedieron al mundo de la política a través de sus maridos, ellos mismos destacados dirigentes. En el caso de Violeta Barrios se trataba del periodista y político Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por el somocismo en 1978. El caso de Moscoso es especialmente particular ya que estuvo casada con dos presidentes de Panamá•: Arnulfo Arias Madrid (45 años mayor que ella) y el general Omar Torrijos.
El caso de la recién electa presidenta de Costa Rica es diferente. Nacida de un país que desde 1948 se ha caracterizado por la fortaleza del sector público y por tener una estructura de clases menos extrema que sus vecinos, Laura Chinchilla creció en una familia de funcionarios del Estado –su padre fue contralor general de la República- y siempre asistió a centros educativos estatales. Chinchilla ha sido elegida, además el Partido de Liberación Nacional (PLN), que siempre ha llevado por bandera el haber sido el artífice del modelo socialdemócrata costarricense.
El ascenso al poder de una mujer perteneciente a una familia de origen humilde, que ascendió en el escalafón social a través del Estado, ha sido un buen indicativo de los logros a los que ha conducido al país, un modelo político y social que, en la actualidad, está siendo desmantelado por sus propios artífices. Es precisamente esta imagen de mujer producto de la socialdemocracia costarricense la que, según los análisis más repetidos, ha movilizado el voto a favor de Chinchilla. Si bien es cierto que para explicar el ascenso de la presidenta a la élite política no puede obviarse el hecho de que ella ha sido “la preferida” del actual mandatario Oscar Arias, tampoco puede dejar de mencionarse la popularidad de la que siempre ha gozado Chinchilla, como mujer estudiosa y trabajadora, “hecha a sí misma”.
El voto femenino a su favor, de hecho, ha sido crucial. Según una encuesta de Unimer para el diario La Nación, publicada esta semana, hasta un 60% de las mujeres que fueron a las urnas la apoyaron. Eso pese a que la candidata en contadas ocasiones explotó un discurso a favor de los derechos de las mujeres. Muy al contrario, se mostró firme en su condena al aborto y en todo momento resaltó su perfil católico, anunciando que bajo su mandato nunca se legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Éste ha sido un factor, probablemente, tan importante como su perfil de experta en seguridad. Y es que en una campaña donde ha dominado el tema de la criminalidad –en ascenso en el país desde hace unos años-, su currículo ha sido un factor clave para atraer el voto de los ciudadanos más preocupados por el flagelo; sobre todo, para evitar que este sector se inclinase por la opción de “mano dura”, encarnada por el derechista Movimiento Libertario (ML) y su candidato Otto Guevara, que ha sido quien más ha incido sobre el tema de la delincuencia como movilizador del voto.
Considerada una autoridad en cuestiones de seguridad pública, justicia y reforma policial, Chinchilla desarrolló una exitosa carrera como consultora para diversas instituciones internacionales y también para la Fundación Oscar Arias para la Paz. Este bagaje le permitió incorporarse al equipo del PLN en 1996, cuando fue nombrada viceministra de Seguridad. Posteriormente, pasó a ser la titular de la cartera, hasta que en 2006, Arias la designó como candidata a la vicepresidencia. Tras la victoria, Chinchilla ocupó además el ministerio de Justicia, cargo en el que permaneció hasta que se retiró para lanzar su candidatura a la presidencia.
Gracias a este historial, Chinchilla ha sabido presentarse como una mujer “firme” en el combate de la violencia, pero al mismo tiempo, por su preparación académica, no ha articulado un discurso maniqueo sobre la delincuencia propio de un candidato de “mano dura”, sino que ha incido en la necesidad de entender sus causas sociales. A la luz de los resultados de los comicios, esta combinación de dureza e inteligencia se ha revelado clave. En ausencia de un verdadero debate sobre el modelo de desarrollo, sobre la necesidad de ahondar más en la Costa Rica neoliberal o retornar a la Costa Rica socialdemócrata; la seguridad ocupó un espacio preponderante en la campaña. Con su oferta de reducir la criminalidad: ni muy dura, ni muy blanda, Chinchilla consiguió canalizar a una sociedad de clases medias hacia su propuesta, mejor de lo que lo hizo Otto Guevara con su discurso próximo a la ultraderecha.
Las promesas de campaña de Chinchilla y el perfil de las personas que ha elegido para que le acompañen en la presidencia permiten adelantar que no habrá cambios sustanciales en el rumbo del país.
En la definición de la política económica jugará un papel importante el vicepresidente Luis Liberman Ginsburg, que ya fue asesor del presidente Arias y representa la ortodoxia liberal. El también ex ministro de Hacienda, es un próspero empresario, fue fundador del banco Interfin, que llegó a ser la principal entidad de crédito privada (los grandes bancos son aún públicos) y lo vendió a Scotiabank por casi US$300 millones. Por ello, no cabe esperar más que se prosiga en la política de firma de TLCs, liberación del mercado de trabajo y de los principales servicios públicos.
En lo social, Chinchilla ha dado muestras de querer proseguir con los programas de asistencia focalizada que puso en marcha su predecesor, Oscar Arias. Éstos son dos esencialmente: las pensiones no contributivas para los ancianos sin ingresos y las transferencias condicionadas “Avancemos
Si por algo se han caracterizado el segundo mandato de Óscar Arias ha sido por la relevancia que ocupó en la agenda su gobierno la liberalización de la economía; el desmantelamiento de todas las barreras al libre mercado que durante años levantó la socialdemocracia costarricense. Una y otra vez su administración trató de crear un marco jurídico adecuado para la penetración definitiva del capital privado en actividades que hasta el momento se habían considerado como propias del Estado.
La liberación de la telefonía celular, del servicio de internet y de los seguros fueron probablemente las decisiones más mediáticas, por lo histórico se supuso romper los monopolios de instituciones con la trayectoria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Sin embargo, los últimos cuatro años en los que Arias estuvo al mando, estuvieron plagados de intentos de liberalización. Así, entre otras muchas cosas, el presidente trató de que la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope, la petrolera estatal) se abriese a la inversión de otras empresas, también impulsó la concesión de la gestión de los puertos a la iniciativa privada así como una nueva legislación para ampliar los privilegios de las Zonas Francas a todos los exportadores. En unos casos tuvo éxito y en otros fracasó; sus intentos, por ejemplo, de reducir las derechos que contempla el Código del Trabajo, para “flexibilizar el mercado laboral”, han sido hasta la fecha infructuosos.
Claro que mientras en la “superficie” este choque de modelos tenía lugar, las consecuencias de la implantación del neoliberalismo, se manifestaban en silencio. Arias, por tanto, pasará a la historia como el mandatario que liberalizó el ICE pero también por ser uno de los pocos presidentes de la Latinoamérica de la última década en “conseguir” que los índices de pobreza aumentasen en su país.
Y es que como señala el último Informe del Estado de la Nación, en los últimos años Costa Rica ha ido empeorando en algunos indicadores clave. El aumento de la pobreza ha sido probablemente uno de los fenómenos más importantes. Entre 2007 y 2008 la pobreza general subió un 1%, pasando del 16.7% de la población, al 17.7%. La indigencia, por su parte, creció del 3.3% al 3.5%. Este aumento se ha debido, en gran parte, al crecimiento de la pobreza urbana que pasó del 15.7% en 2007 al 16.9%, al año siguiente.
El Informe del Estado de la Nación, no obstante, señala que aún con el repunte de 2008, los niveles de pobreza son en la actualidad los mejores desde 1990, pero que lo que sí ha crecido en los últimos años ha sido el índice de vulnerabilidad de la población. Este indicador mide el porcentaje de la población que logra escapar a ser incluido en las estadísticas de la pobreza, pero que siempre está cerca de caer en el abismo ya que cuenta con sólo unos ingresos sólo 1.4 veces mayores que los de los pobres. Este grupo, en 2008 representaba al 13% de los ciudadanos.
Según los autores del citado estudio, la imposibilidad de mejorar el nivel de vida de los más vulnerables tiene mucho que ver con la ausencia en los últimos años de políticas que garanticen empleos dignos. Así, los índices de informalidad no han dejado de crecer y, en 2008, uno de cada tres ocupados cobró menos del salario mínimo, en total 588 mil personas que tuvieron un ingreso mensual promedio de US$ 220, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
Programas sociales
La liberalización de la economía –que ha beneficiado a la élite- y la desprotección de los trabajadores han ido de la mano, no obstante, del auge de los programas sociales focalizados. Arias puso en marcha dos proyectos de trasferencias condicionadas que se han convertido en el eje de su política social. Uno de ellos es “Avancemos”, que consiste en entregar sumas que van desde US$ 27 a US$ 90, mensuales, a las familias más empobrecidas por cada hijo que mantengan estudiando educación secundaria. Unas 140 mil personas se benefician de este subsidio, que en 2009 tuvo un presupuesto de US$ 100 millones.
El otro es el Régimen de Pensiones No Contributivas (RNC), orientado a las personas de la tercera edad que no cuentan con ingresos ni con una pensión de la Caja del Seguro Social (CSS). Los fondos asignados a este programa, que abarcó a unas 80 mil personas el pasado año, fue de aproximadamente US$ 150 millones.
Según los datos oficiales, si no hubiesen existido estas dos políticas las tasas de pobreza serían entre un 2% y 3% mayores. Aún, así, los autores del Informe del Estado de la Nación reconocen que la inversión pública aún no ha igualado los niveles que tenía Costa Rica antes de la crisis de la deuda de los 80. El gasto estatal como porcentaje del PIB ha conseguido equipararse en los últimos años, sin embargo, la inversión pública per cápita sigue siendo un 8% inferior a la que se registraba en 1980.
“¿Hasta cuándo puede seguir Costa Rica como sociedad sin activar mecanismos redistributivos, más allá de la inversión social?”, se interrogan los autores del estudio. “La mala situación económica encuentra un país que no ha resuelto desafíos fundamentales: una reforma fiscal que aumente la carga y mejore la equidad tributaria, una política de salarios reales crecientes, una política de empleo preactiva en materia de protección así como programas de apoyo a la producción capaces de proteger sectores como el campesino que tienen casi tres décadas de estar sistemáticamente marginado del bienestar y el crecimiento”, concluyen.
Chinchilla gana, el modelo se perpetúa
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Edición : 1834
Publicado : 12/02/2010
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Costa Rica recuperó su imagen de país previsible y de “cambio de tranquilo” que le ha caracterizado durante los últimos 50 años. Lejos quedó la polarización que había dominado la sociedad en los últimos comicios y en el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) de 2007, cuando el país quedó dividido entre dos propuestas de desarrollo económico y social enfrentadas. La candidata oficialista ganó holgadamente en la primera vuelta y ninguno de sus oponentes pudo hacerle sombra. Una mayoría de la sociedad dio el respaldo al modelo de economía liberalizada del estado costarricense. Se confirmó definitivamente la transición de un sistema bipartidista a uno multipartidario, pero algunas de las predicciones que se había realizado acerca de lo que podrían traer estos comicios no se cumplieron: ni hubo una abstención significativa ni un sector considerable de la población se inclinó por la ruptura que implicaba votar por la “mano dura”.
La mayor parte de las encuestas publicadas en las jornadas anteriores al día de los comicios había previsto que Laura Chinchilla ganaría con facilidad y muy probablemente sin necesidad de recurrir a una segunda vuelta. Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML) y Otton Solís, del Partido de Acción Ciudadana (PAC), de centro izquierda, pelearían por la segunda posición.
Las predicciones fueron ciertas a medias. La candidata liberacionista fue, con diferencia, la más votada, sin embargo el PAC de Otton Solís sobrepasó con un cierto margen al ML, confirmando que el partido, surgido como una escisión hacia la izquierda del PLN, se ha consolidado definitivamente como la segunda fuerza en el país.
De los más de 2.8 millones de costarricense llamados a las urnas, unos 863 mil (46%) votaron por Chinchilla, un 6% más que los sufragios que obtuvo Oscar Arias en la primera vuelta de 2006. La candidata del PLN ganó en todas las provincias (departamentos) del país y en tres de ellos: Cartago, Puntarenas y Guanacaste, arrasó, sumando más del 50% de los votos.
Otton Solís, que en 2006 obtuvo el 40% de los votos y peleó por la presidencia en la segunda vuelta, en esta ocasión no canalizó el malestar contra la apuesta neoliberal de los partidos tradicionales. Unas 464 mil personas votaron por él y obtuvo solamente el 25% de los sufragios. En la mayor parte de las provincias del Valle Central (San José, Cartago, Heredia y Alajuela), las más urbanas, con una población de más recursos y con más años de estudio, Solís obtuvo más votos que en su promedio nacional. Así, en la capital recibió el 30%, frente a un 46% de Chinchilla.
Estos resultados ponen de relieve un triunfo: que el PAC se ha consolidado como el partido de una cierta clase media que es joven y dispone de estudios universitarios; pero también un fracaso: que el partido ha sabido articular un discurso que atraiga a todos aquellos que aspiran a recuperar la Costa Rica que en un pasado cercano conocieron. La polarización que rodeó al referéndum del TLC con EEUU colocó a Solís como un gran líder, en tanto que él abanderó el “No”. Sin embargo, en esta ocasión el terreno fue menos favorable para el candidato del PAC: la campaña estuvo dominada por la seguridad y Solís no supo imponer su discurso.
La que debía ser la gran sorpresa, la emergencia de Otto Guevara, no fue tal. El líder del ML ganó mucho terreno en comparación con el 8% de votos que recibió en 2006, pero se hizo patente que el país aún no está dispuesto a apoyar masivamente a un candidato que provenga de fuera del sistema de partidos con un discurso de derecha, como sí hicieron, por ejemplo, los panameños el pasado año o los chilenos más recientemente. El ML, sumó el 20.8% de los sufragios y solo fue segundo en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, las menos pobladas y más rurales. De esta forma, Guevara no convenció a las clases medias urbanas, que son la base del sistema político y que siguen más inclinadas hacia discursos más progresistas como los del PLN y el PAC.
El Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC), por su parte, confirmó su decadencia. De ser el segundo pilar del bipartidismo, junto con los liberacionistas, los socialcristianos han pasado, prácticamente, a la irrelevancia. Su candidato inicial, el ex presidente Rafael Ángel Calderón Fournier, tuvo que retirarse por su implicación en un caso de corrupción y su sustituto, Luis Fishman, sólo recibió el 3.8% de los votos.
El PUSC ha sido, sin duda, la principal víctima de la decadencia del bipartidismo, un sistema que muchos ciudadanos ven hoy como una fuente de corrupción en el que una élite política se encubre entre sí para seguir enriqueciéndose y ejerciendo el poder indefinidamente. Los dos últimos ex presidentes del PUSC, Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, han sido declarados culpables por llenarse los bolsillos durante su mandato. Ese es un “pecado” que el electorado conservador no ha perdonado, dándole la espalda al PUSC y apoyando al ML con su discurso neoliberal; que además, se adecúa mejor a la actual mentalidad de la clase alta, que para nada cree necesitar la existencia de un Estado fuerte.
El fin del bipartidismo, en el que PLN y PUSC se alternaban sin sobre saltos en la presidencia, se reflejó a la perfección en el reparto de las 57 curules que componen de la Asamblea Legislativa. Los resultados aún no son definitivos, pero las primeras proyecciones apuntan a que los liberacionistas se quedarán con 23 diputados, uno menos de los que obtuvieron en la anterior legislatura y a seis de los necesarios (29) para contar con mayoría absoluta. El PAC también habría perdido al menos dos o tres curules y se situaría con 12 representantes. El gran triunfador en este caso sí habría sido el ML, que puede doblar su representación pasando de cinco a unos nueve diputados.
Ante este panorama al PLN no le quedará más opción que la negociación continua. Una poco probable alianza con el PAC determinaría un giro social de los liberacionistas, pero al mismo tiempo, también podría representar la muerte política para Solís. La historia muestra que en las cuestiones clave el PLN ha encontrado apoyo en la derecha, ya que ambos sectores se han mostrado de acuerdo en que Costa Rica debe apostar por el modelo del crecimiento a toda costa y la atracción de inversiones. De hecho, con los seis diputados que obtuvo el PUSC, los liberacionistas contarían con votos suficientes para una mayoría simple en la Asamblea, lo cual podría seguir perpetuando la alianza PLN-PUSC.
La mujer “del modelo fuerte”
Otras dos mujeres centroamericanas habían alcanzado el cargo de presidenta antes: Mireya Moscoso en Panamá y Violeta Barrios, en Nicaragua. Ambas con una historia muy diferente a la de Laura Chinchilla. Las dos proceden de familias de clase alta y tanto la una como la otra, accedieron al mundo de la política a través de sus maridos, ellos mismos destacados dirigentes. En el caso de Violeta Barrios se trataba del periodista y político Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por el somocismo en 1978. El caso de Moscoso es especialmente particular ya que estuvo casada con dos presidentes de Panamá•: Arnulfo Arias Madrid (45 años mayor que ella) y el general Omar Torrijos.
El caso de la recién electa presidenta de Costa Rica es diferente. Nacida de un país que desde 1948 se ha caracterizado por la fortaleza del sector público y por tener una estructura de clases menos extrema que sus vecinos, Laura Chinchilla creció en una familia de funcionarios del Estado –su padre fue contralor general de la República- y siempre asistió a centros educativos estatales. Chinchilla ha sido elegida, además el Partido de Liberación Nacional (PLN), que siempre ha llevado por bandera el haber sido el artífice del modelo socialdemócrata costarricense.
El ascenso al poder de una mujer perteneciente a una familia de origen humilde, que ascendió en el escalafón social a través del Estado, ha sido un buen indicativo de los logros a los que ha conducido al país, un modelo político y social que, en la actualidad, está siendo desmantelado por sus propios artífices. Es precisamente esta imagen de mujer producto de la socialdemocracia costarricense la que, según los análisis más repetidos, ha movilizado el voto a favor de Chinchilla. Si bien es cierto que para explicar el ascenso de la presidenta a la élite política no puede obviarse el hecho de que ella ha sido “la preferida” del actual mandatario Oscar Arias, tampoco puede dejar de mencionarse la popularidad de la que siempre ha gozado Chinchilla, como mujer estudiosa y trabajadora, “hecha a sí misma”.
El voto femenino a su favor, de hecho, ha sido crucial. Según una encuesta de Unimer para el diario La Nación, publicada esta semana, hasta un 60% de las mujeres que fueron a las urnas la apoyaron. Eso pese a que la candidata en contadas ocasiones explotó un discurso a favor de los derechos de las mujeres. Muy al contrario, se mostró firme en su condena al aborto y en todo momento resaltó su perfil católico, anunciando que bajo su mandato nunca se legalizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Éste ha sido un factor, probablemente, tan importante como su perfil de experta en seguridad. Y es que en una campaña donde ha dominado el tema de la criminalidad –en ascenso en el país desde hace unos años-, su currículo ha sido un factor clave para atraer el voto de los ciudadanos más preocupados por el flagelo; sobre todo, para evitar que este sector se inclinase por la opción de “mano dura”, encarnada por el derechista Movimiento Libertario (ML) y su candidato Otto Guevara, que ha sido quien más ha incido sobre el tema de la delincuencia como movilizador del voto.
Considerada una autoridad en cuestiones de seguridad pública, justicia y reforma policial, Chinchilla desarrolló una exitosa carrera como consultora para diversas instituciones internacionales y también para la Fundación Oscar Arias para la Paz. Este bagaje le permitió incorporarse al equipo del PLN en 1996, cuando fue nombrada viceministra de Seguridad. Posteriormente, pasó a ser la titular de la cartera, hasta que en 2006, Arias la designó como candidata a la vicepresidencia. Tras la victoria, Chinchilla ocupó además el ministerio de Justicia, cargo en el que permaneció hasta que se retiró para lanzar su candidatura a la presidencia.
Gracias a este historial, Chinchilla ha sabido presentarse como una mujer “firme” en el combate de la violencia, pero al mismo tiempo, por su preparación académica, no ha articulado un discurso maniqueo sobre la delincuencia propio de un candidato de “mano dura”, sino que ha incido en la necesidad de entender sus causas sociales. A la luz de los resultados de los comicios, esta combinación de dureza e inteligencia se ha revelado clave. En ausencia de un verdadero debate sobre el modelo de desarrollo, sobre la necesidad de ahondar más en la Costa Rica neoliberal o retornar a la Costa Rica socialdemócrata; la seguridad ocupó un espacio preponderante en la campaña. Con su oferta de reducir la criminalidad: ni muy dura, ni muy blanda, Chinchilla consiguió canalizar a una sociedad de clases medias hacia su propuesta, mejor de lo que lo hizo Otto Guevara con su discurso próximo a la ultraderecha.
Las promesas de campaña de Chinchilla y el perfil de las personas que ha elegido para que le acompañen en la presidencia permiten adelantar que no habrá cambios sustanciales en el rumbo del país.
En la definición de la política económica jugará un papel importante el vicepresidente Luis Liberman Ginsburg, que ya fue asesor del presidente Arias y representa la ortodoxia liberal. El también ex ministro de Hacienda, es un próspero empresario, fue fundador del banco Interfin, que llegó a ser la principal entidad de crédito privada (los grandes bancos son aún públicos) y lo vendió a Scotiabank por casi US$300 millones. Por ello, no cabe esperar más que se prosiga en la política de firma de TLCs, liberación del mercado de trabajo y de los principales servicios públicos.
En lo social, Chinchilla ha dado muestras de querer proseguir con los programas de asistencia focalizada que puso en marcha su predecesor, Oscar Arias. Éstos son dos esencialmente: las pensiones no contributivas para los ancianos sin ingresos y las transferencias condicionadas “Avancemos
Uribe: función de despedida
Uribe: función de despedida
Atilio A. Boron
Rebelión
Incondicional peón del imperio, Álvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1.500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta". Hay que recordar que desde 2006 Estados Unidos incluye a Venezuela en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En la misma línea se manifestó el Subsecretario Adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria”. Ambas declaraciones arrojan espesas sombras de dudas sobre las capacidades intelectuales de ambos funcionarios y, lo que es aún más grave, alimentan la sospecha de que por su afición a la mentira la calidad moral de ambos no parece ser demasiado diferente de la de Álvaro Uribe.
Es evidente que para los administradores imperiales cualquier cosa que convenga a sus intereses tratan de hacerla aparecer ante los ojos de la opinión pública como “seria y contundente”. Y son esos intereses los que movieron a la Casa Blanca a pedirle una última “prueba de amor” al gobernante colombiano pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite al mandatario colombiano desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.1 La disparatada denuncia de Uribe, un inveterado mentiroso, viene de perlas para impulsar la desestabilización que Washington quiere producir en vísperas de las cruciales elecciones venezolanas programadas para el 26 de septiembre y, a la vez, legitimar el impresionante programa de militarización que está imponiendo en América Latina, una de cuyas mayores expresiones ha sido la firma del tratado Obama-Uribe mediante el cual el país sudamericano cede al menos siete bases militares para uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Por eso los personeros del gobierno norteamericano simulan que consideran “serias y contundentes” las pruebas que respaldan la denuncia de Uribe, sabiendo que no tienen asidero alguno y que son puro palabrerío y montajes fotográficos. Pero las mentiras son parte del discurso oficial de Estados Unidos, elementos imprescindibles para rodear con un halo de legitimidad los designios del imperialismo norteamericano, y esto por varias razones.
Mentiras porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 % del territorio nacional (cosa que es archisabida en Colombia) no se entiende que sentido puede tener distraer nada menos que 1.500 hombres del teatro de operaciones, enviar a sus jefes a vacacionar en Venezuela y organizar 85 campamentos guerrilleros en el vecino país. Si hay un político que miente sistemáticamente en nuestra región -¡y hay muchos!- Uribe se lleva las palmas: es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén contraladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descritas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio territorio. Cerrando los ojos ante esta realidad, Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, ocultando ante la opinión pública -¡con la complicidad de la “prensa libre”, por supuesto!- el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína (y también de narcotraficantes) es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano. Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela -¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!- no pasa de ser una vulgar engañifa al servicio del imperio ; una acusación que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio. Es la calumnia que descerraja un personaje completamente inescrupuloso como Uribe. 2
En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC? Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo -vestidos inclusive con pijamas- al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada. Esta operación, realizada poco después de la medianoche del 1º de marzo del 2008, fue realizada con el apoyo logístico y material de los efectivos norteamericanos estacionados en la base de Manta, los únicos que disponían de la tecnología necesaria y de aviones capaces de efectuar un bombardeo de asombrosa precisión en plena selva y en medio de la más absoluta oscuridad. Una muestra más de la enfermiza afición de Uribe por la mentira fue la historia montada en torno a la famosa laptop de Raúl Reyes, que en un prodigio tecnológico sin precedentes sobrevivió indemne a un bombardeo que destruyó todo lo que había a su paso y cuyo disco rígido habría entregado valiosísima información sobre los profusos contactos de Reyes y las FARC con todos los enemigos de Uribe y Estados Unidos.3
Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia de Colombia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de estado? El 16 de febrero de este año la unidad de “Justicia y Paz” de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4.000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. No sólo eso: la Fiscalía recibió además declaraciones de los paramilitares dando cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2. 326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros. Pese a este luctuoso record Uribe es considerado por sus mandantes en Washington como un campeón en la lucha por los derechos humanos.4 En relación a esto, si el ansiado TLC entre Colombia y Estados Unidos no ha sido todavía ratificado por el Congreso norteamericano es porque, tal como lo señala el conservador periódico colombiano El Tiempo, tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad. Sobre un total de 76 dirigentes gremiales asesinados en todo el mundo, el 52 % de esos crímenes se perpetraron en un país al que Estados Unidos considera un ejemplar paradigma de la lucha por los derechos humanos y el combate al terrorismo. La Central Única de Trabajadores de Colombia informó pocos meses atrás que desde 1986, año de su creación, 2.721 activistas y dirigentes de esa organización fueron asesinados por las “fuerzas de seguridad.” 5 Pese a ello, las credenciales democráticas de Colombia jamás fueron puestas en duda por Washington.6
Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos.” Tal como lo señalan distintas notas publicadas en Colombia por el Observatorio Latinoamericano, Cronicón, durante estos tres últimos años de gobierno de Uribe el balance es funesto. Se comprobó que el ejército, ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla, diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y hacer pasar sus cadáveres como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras, estos crímenes de Estado, perpetrados cuando el futuro presidente de Colombia, Juan M. Santos era Ministro de Defensa, superan los mil setecientos casos.7 Otra faceta de esta criminal política mal llamada de seguridad democrática la brinda el hallazgo, dado a conocer el 16 de febrero del 2010, “de la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado” por los principales medios de comunicación de masas en Colombia y en el mundo. "La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta…(y fue descubierta ) gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009."8 Cabe añadir que esa zona había sido objeto de preferente atención por parte de las fuerzas armadas colombianas desde el 2005, con los nefastos resultados recientemente revelados.
Como ocurrió con todos los terrorismos de estado que asolaron la región en los años setentas del pasado siglo, los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus perpetradores tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, con su comparsa de sanguinarios esperpentos, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. Tal como lo expusiera Jomary Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, en la conferencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reunida en Ginebra a comienzos de mayo de este año, la cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocios, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo. En esa misma conferencia se estableció que pese a los “éxitos” del gobierno de Uribe el número de desplazados sigue creciendo a razón de 150.000 personas por año. El Ministro de Planeación de Colombia, Esteban Piedrahita Uribe, jefe de la delegación colombiana en esta conferencia, no desmintió las alegaciones antes formuladas y se limitó a decir que "hemos confiscado 2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus verdaderos propietarios."9 En todo caso, hay que subrayar que el cálculo del número de hectáreas expropiadas en esta salvaje reedición del proceso de acumulación originaria que Marx describiera en su célebre capítulo 24 del primer tomo de El Capital está sujeto a fuertes controversias. Hay quienes sostienen que el número de hectáreas así transferidas asciende a 6 millones pero hay otros que fijan esa cifra en torno a los 10 millones. En todo caso, cualquiera que sea el número que finalmente se establezca más allá de toda duda, lo cierto es que la política de seguridad democrática si hay algo que efectivamente aseguró: la expropiación de la masa campesina y la apropiación de las mismas por el capitalismo agrario.10
Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador contra la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la política del hard power (poder duro) a la cual parece haberse vuelto más afecto Obama que su ignominioso predecesor, pese a que en las declaraciones oficiales y en los escritos de algunos analistas cercanos a la Casa Blanca, como Joseph Nye, se hable con insistencia de las ventajas del soft power (poder blando, o la diplomacia tradicional) o el smart power (el poder inteligente, de la nueva diplomacia) sobre la brutalidad y elevado costo del primero. Sin embargo, el imperio insiste en el poder duro de su impresionante dispositivo militar: por eso las bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; las que se encuentran en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7.000 marines y toda clase de armamento, además de portaviones, helicópteros, buques anfibios, aviones de última generación, en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia para facilitar los planes destituyentes del imperialismo: incapaz de proteger su frontera de 586 kilómetros con Ecuador, a la que destina apenas 8 minúsculos destacamentos militares, y mucho más incapaz todavía de hacer lo propio en los 2.216 kilómetros que tiene la frontera colombo-venezolana, convertida en una zona liberada para narcos y paracos, trata por todos los medios de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur; en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial, evitar que Santos modifique la agenda de confrontación permanente con la revolución bolivariana instituida por Uribe y enlodar la cancha para que Chávez llegue desgastado y acosado internacionalmente a las elecciones de finales de septiembre. Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa o de una querella planteada ante la Corte Penal Internacional, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la UNASUR para desbaratar los planes de Washington en Nuestra América. Este no es un tema para la OEA (que además no supo desbaratar la provocación uribista) sino para la UNASUR, que será puesta a prueba con este incidente. Es de esperar que esta naciente organización de los países suramericanos actúe de inmediato, ya mismo, porque de lo contrario puede ser demasiado tarde para evitar las graves consecuencias de todo orden que tendría la consumación del proyecto belicista de los Estados Unidos, implementado por Washington y sus proxys latinoamericanos.
Documentos revelan que EEUU y Colombia planean ataque contra Venezuela
Por Eva Golinger
La expansión militarista de Estados Unidos en la región y su estrategia de movilidad global están en proceso de ejecución contra Venezuela. La misiva que reveló el Presidente Chávez confirma los planes contenidos en documentos del Pentágono del 2009
Caracas, 24 de julio 2010 ¬ El Presidente Hugo Chávez denunció este sábado que Estados Unidos planea atacar a Venezuela y derrocar su gobierno. Durante la celebración del natalicio del Libertador Simón Bolívar, Chávez leyo de una misiva secreta que había recibido de una fuente no revelada desde los Estados Unidos.
³Viejo amigo, hace años no le veo, como te comenté, lee los tres últimos que te envié, la idea sigue siendo la generación del conflicto por el lado occidental², leyó Chávez del texto confidencial.
³Los últimos acontecimientos confirman todos, o casi todos, lo que éstos discutieron en parte por aquí y otras informaciones que me han llegado desde arriba², continuó la carta.
³La fase de preparación de la comunidad internacional, con ayuda de Colombia, está en plena ejecución², manifestó el texto, haciendo referencia a la sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos (OEA) el jueves pasado, durante la cual el gobierno de Colombia acusó a Venezuela de apoyar ³terroristas² y dar refugio a ³campamentos terroristas² en territorio venezolano. El gobierno colombiano dio un ³ultimatum² de ³30 días² a Venezuela para permitir una ³intervención internacional² . El Departamento de Estado también apoyó la posición de Colombia e instó a Venezuela que ³debe responder frente a esta información Œcomprabada y confirmada¹².
La misiva continuó con más detalles, ³Te mandé a decir que tienen fecha límite los eventos el 26, pero por alguna razón están adelantando movimientos que eran para ejecutarse después².
³En los Estados Unidos se acelera la fase de ejecución con una fuerza de contención hasta Costa Rica con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico².
El primero de julio pasado, el gobierno de Costa Rica autorizó la entrada de 46 buques de guerra y 7 mil marines estadounidenses en su territorio.
El verdadero objetivo de esta movilización militar, destacó el documento, es para ³apoyar operaciones militares² contra Venezuela.
ASESINATO Y DERROCAMIENTO
³Hay un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos con dos objetivos: uno es Mauricio y el otro es el gobierno², reveló el texto secreto. El Presidente Chávez explicó que ³Mauricio² es el seudónimo utilizado en estas comunicaciones.
³La operación militar va², alertó el texto, y la realizarán ³los del norte, pero no quieren entrar directamente a Caracas².
³Están cazando a ŒMauricio¹ fuera de Caracas, es muy importante, te lo repito es muy importante².
El Presidente Chávez reveló que había recibido comunicaciones de la misma fuente en ocasiones anteriores alertándolo sobre amenazas peligrosas. Recibió una carta de la fuente días antes de la captura de más de cien paramilitares colombianos en las afueras de Caracas, que eran parte de un plan de asesinato contra el jefe de estado venezolano. Otra comunicación le llegó en las semanas antes del golpe de Estado de abril 2002. ³La carta habló de francotiradores y el golpe², explicó Chávez, ³y tenía razón, la información fue veraz, pero no fuimos capaces de actuar a tiempo para prevenir la situación².
EXPANSIÓN MILITAR DE EEUU
Esta última revelación llega justo después de la decisión de romper relaciones con Colombia, tomada por el Presidente Chávez luego del ³show² de Colombia en la OEA.
³Uribe es capaz de cualquier cosa², alertó Chávez, anunciando que el país está en máxima alerta y las fronteras serán reforzadas.
En octubre 2009, Colombia y Estados Unidos firmaron un polémico acuerdo militar que autorizó a Washington la ocupación de siete bases militares y el uso del territorio completo para ejecutar sus misiones militares. Una de las bases señaladas en el acuerdo, Palanquero, fue citada en un documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de mayo 2009, como necesaria para ³conducir operaciones militares de amplio espectro² por todo el continente y para combatir ³la amenaza de gobiernos anti-estadounidense s² en la región.
Palanquero también fue considerada una pieza crítica para la estrategia de movilidad global del Pentágono, como fue destacado en el Libro Blanco: Estrategia de Movilidad Global del Comando de Movilidad Aéreo, publicado en febrero 2009. ³El Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia (Base Germán Olano SKPQ), como un lugar de cooperación en seguridad (CSL por sus siglas en inglés). Desde este lugar, casi la mitad del continente puede ser alcanzado por un C-17 sin tener que reabastecer².
El presupuesto de 2010 del Pentágonoincluyó una solicitud de 46 millones de dólares para mejorar la instalación en Palanquero, para apoyar la ³Estrategia de Postura de Teatro² del Comando Combatiente, y ³dar una oportunidad única para operaciones de amplio espectro en una sub-región crítica de nuestro hemisferio donde la seguridad y estabilidad está bajo la constante amenaza de insurgencias terroristas, gobiernos anti-estadounidense s, la pobreza endemica y las frecuentes desastres naturales².
El documento de la Fuerza Aérea de mayo 2009 además reveló que Palanquero sería utilizado para ³incrementar nuestra capacidad de conducir operaciones de Inteligencia, Reconocimiento y Espionaje (ISR por sus siglas en inglés), mejorar el alcance globalŠy aumentar la capacidad de guerra expedita².
En febrero 2010, la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos clasificó a Venezuela y el Presidente Chávez como ³Líder Anti-estadounidense² en la región, en su informe anual de amenazas.
Estados Unidos también mantiene dos bases de operaciones de avanzada en Aruba y Curazao, apenás kilómetros de la costa venezolana. Durante los últimos meses, el gobierno venezolano ha denunciado la intromisión no autorizada de varios aviones no tripulados (drones) y otros aeronaves extranjeros en territorio venezolano.
Al mismo tiempo, documentos oficiales de Estados Unidos recientemente desclasificados revelan entre $40 a $50 millones de dólares en financiamiento a grupos y medios anti-Chávez, para alimentar el conflicto dentro del país, ejecutar acciones de desestabilizació n y subversión interna, y promover matrices de opinión a nivel internacional para justificar una agresión contra Venezuela.
Estas últimas revelaciones evidencian que están preparando un conflicto serio, peligroso y no justificado contra Venezuela; un país con una democracia vibrante y las más grandes reservas petroleras del mundo.
[Ver los documentos militares de Estados Unidos aquí: http://centrodealer ta.org/documento s_desclasificado s/ ]
Certifican existencia de fosa común más grande de Latinoamérica en Colombia
Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
TeleSUR | 23-7-2010 a las 19:51 | 233 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/certifican-existencia-fosa-comun-mas-grande-latinoamerica-colombia
Una de las eurodiputadas señaló que el asesinato a campesinos colombianos es una aberración, al indicar que personas inocentes son "cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos".
Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes tras una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
La delegación estuvo presente en una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, donde conocieron la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
El representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz (Cinep-PPP) Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.
"Habían seis desapariciones forzadas cometidas por paramilitares y siete por el Ejército y de la Fuerza Pública", indicó.
Agregó que existen denuncias también por "22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena".
"Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos (Â…) La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años", subrayó el investigador.
Anunció que para el próximo mes de septiembre se presentarán otros casos documentados sobre situaciones de desapariciones forzadas y asesinatos en otras regiones del país suramericano.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba informó que dentro de un mes tendrá todo listo para presentar un informe oficial, resultado de las audiencias públicas efectuadas en torno al tema.
La senadora lamentó que esta situación "sea objeto noticioso y un hecho generalizado en el país".
La corresponsal de teleSUR, Angie Camacho, reportó que los pobladores campesinos de La Macarena decidieron romper el silencio y hablaron con los eurodiputados sobre el uso que el Ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida y luego se retiraban.
"De esa manera empezó a ampliarse el cementerio clandestino, ahora fosa común más grande de América Latina, donde los pobladores pidieron ayuda internacional debido a la magnitud sin precedentes" de este hallazgo.
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó desde La Macarena que la delegación llegó hasta el cementerio para verificar el lugar donde se encuentran los cadáveres. Según cifras de la comunidad podrían ser unos dos mil muertos, mientras que el Gobierno colombiano asegura que son 450.
En la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.
En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó "que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo".
"No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros", enfatizó.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba condenó el hallazgo de la fosa común.
"Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.", manifestó la senadora.
Agregó que "cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática".
Los campesinos de la zona exigieron que "respeten nuevas vidas (...) estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra".
Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena.
La fosa más grande de Latinoamérica
Esta fosa se tratá de la más "grande de América Latina". Tatiana Pérez indicó que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados "falsos positivos", como lo señaló la eurodiputada Ana Gómez.
En el encuentro se rindió homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas, los habitantes denunciaron violación de derechos humanos, mientras la Cancillería colombiana insiste en negar la denuncia.
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.
Atilio A. Boron
Rebelión
Incondicional peón del imperio, Álvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1.500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta". Hay que recordar que desde 2006 Estados Unidos incluye a Venezuela en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En la misma línea se manifestó el Subsecretario Adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria”. Ambas declaraciones arrojan espesas sombras de dudas sobre las capacidades intelectuales de ambos funcionarios y, lo que es aún más grave, alimentan la sospecha de que por su afición a la mentira la calidad moral de ambos no parece ser demasiado diferente de la de Álvaro Uribe.
Es evidente que para los administradores imperiales cualquier cosa que convenga a sus intereses tratan de hacerla aparecer ante los ojos de la opinión pública como “seria y contundente”. Y son esos intereses los que movieron a la Casa Blanca a pedirle una última “prueba de amor” al gobernante colombiano pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite al mandatario colombiano desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.1 La disparatada denuncia de Uribe, un inveterado mentiroso, viene de perlas para impulsar la desestabilización que Washington quiere producir en vísperas de las cruciales elecciones venezolanas programadas para el 26 de septiembre y, a la vez, legitimar el impresionante programa de militarización que está imponiendo en América Latina, una de cuyas mayores expresiones ha sido la firma del tratado Obama-Uribe mediante el cual el país sudamericano cede al menos siete bases militares para uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Por eso los personeros del gobierno norteamericano simulan que consideran “serias y contundentes” las pruebas que respaldan la denuncia de Uribe, sabiendo que no tienen asidero alguno y que son puro palabrerío y montajes fotográficos. Pero las mentiras son parte del discurso oficial de Estados Unidos, elementos imprescindibles para rodear con un halo de legitimidad los designios del imperialismo norteamericano, y esto por varias razones.
Mentiras porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 % del territorio nacional (cosa que es archisabida en Colombia) no se entiende que sentido puede tener distraer nada menos que 1.500 hombres del teatro de operaciones, enviar a sus jefes a vacacionar en Venezuela y organizar 85 campamentos guerrilleros en el vecino país. Si hay un político que miente sistemáticamente en nuestra región -¡y hay muchos!- Uribe se lleva las palmas: es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén contraladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descritas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio territorio. Cerrando los ojos ante esta realidad, Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, ocultando ante la opinión pública -¡con la complicidad de la “prensa libre”, por supuesto!- el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína (y también de narcotraficantes) es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano. Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela -¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!- no pasa de ser una vulgar engañifa al servicio del imperio ; una acusación que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio. Es la calumnia que descerraja un personaje completamente inescrupuloso como Uribe. 2
En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC? Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo -vestidos inclusive con pijamas- al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada. Esta operación, realizada poco después de la medianoche del 1º de marzo del 2008, fue realizada con el apoyo logístico y material de los efectivos norteamericanos estacionados en la base de Manta, los únicos que disponían de la tecnología necesaria y de aviones capaces de efectuar un bombardeo de asombrosa precisión en plena selva y en medio de la más absoluta oscuridad. Una muestra más de la enfermiza afición de Uribe por la mentira fue la historia montada en torno a la famosa laptop de Raúl Reyes, que en un prodigio tecnológico sin precedentes sobrevivió indemne a un bombardeo que destruyó todo lo que había a su paso y cuyo disco rígido habría entregado valiosísima información sobre los profusos contactos de Reyes y las FARC con todos los enemigos de Uribe y Estados Unidos.3
Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia de Colombia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de estado? El 16 de febrero de este año la unidad de “Justicia y Paz” de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4.000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. No sólo eso: la Fiscalía recibió además declaraciones de los paramilitares dando cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2. 326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros. Pese a este luctuoso record Uribe es considerado por sus mandantes en Washington como un campeón en la lucha por los derechos humanos.4 En relación a esto, si el ansiado TLC entre Colombia y Estados Unidos no ha sido todavía ratificado por el Congreso norteamericano es porque, tal como lo señala el conservador periódico colombiano El Tiempo, tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad. Sobre un total de 76 dirigentes gremiales asesinados en todo el mundo, el 52 % de esos crímenes se perpetraron en un país al que Estados Unidos considera un ejemplar paradigma de la lucha por los derechos humanos y el combate al terrorismo. La Central Única de Trabajadores de Colombia informó pocos meses atrás que desde 1986, año de su creación, 2.721 activistas y dirigentes de esa organización fueron asesinados por las “fuerzas de seguridad.” 5 Pese a ello, las credenciales democráticas de Colombia jamás fueron puestas en duda por Washington.6
Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos.” Tal como lo señalan distintas notas publicadas en Colombia por el Observatorio Latinoamericano, Cronicón, durante estos tres últimos años de gobierno de Uribe el balance es funesto. Se comprobó que el ejército, ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla, diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y hacer pasar sus cadáveres como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras, estos crímenes de Estado, perpetrados cuando el futuro presidente de Colombia, Juan M. Santos era Ministro de Defensa, superan los mil setecientos casos.7 Otra faceta de esta criminal política mal llamada de seguridad democrática la brinda el hallazgo, dado a conocer el 16 de febrero del 2010, “de la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado” por los principales medios de comunicación de masas en Colombia y en el mundo. "La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta…(y fue descubierta ) gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009."8 Cabe añadir que esa zona había sido objeto de preferente atención por parte de las fuerzas armadas colombianas desde el 2005, con los nefastos resultados recientemente revelados.
Como ocurrió con todos los terrorismos de estado que asolaron la región en los años setentas del pasado siglo, los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus perpetradores tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, con su comparsa de sanguinarios esperpentos, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. Tal como lo expusiera Jomary Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, en la conferencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reunida en Ginebra a comienzos de mayo de este año, la cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocios, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo. En esa misma conferencia se estableció que pese a los “éxitos” del gobierno de Uribe el número de desplazados sigue creciendo a razón de 150.000 personas por año. El Ministro de Planeación de Colombia, Esteban Piedrahita Uribe, jefe de la delegación colombiana en esta conferencia, no desmintió las alegaciones antes formuladas y se limitó a decir que "hemos confiscado 2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus verdaderos propietarios."9 En todo caso, hay que subrayar que el cálculo del número de hectáreas expropiadas en esta salvaje reedición del proceso de acumulación originaria que Marx describiera en su célebre capítulo 24 del primer tomo de El Capital está sujeto a fuertes controversias. Hay quienes sostienen que el número de hectáreas así transferidas asciende a 6 millones pero hay otros que fijan esa cifra en torno a los 10 millones. En todo caso, cualquiera que sea el número que finalmente se establezca más allá de toda duda, lo cierto es que la política de seguridad democrática si hay algo que efectivamente aseguró: la expropiación de la masa campesina y la apropiación de las mismas por el capitalismo agrario.10
Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador contra la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la política del hard power (poder duro) a la cual parece haberse vuelto más afecto Obama que su ignominioso predecesor, pese a que en las declaraciones oficiales y en los escritos de algunos analistas cercanos a la Casa Blanca, como Joseph Nye, se hable con insistencia de las ventajas del soft power (poder blando, o la diplomacia tradicional) o el smart power (el poder inteligente, de la nueva diplomacia) sobre la brutalidad y elevado costo del primero. Sin embargo, el imperio insiste en el poder duro de su impresionante dispositivo militar: por eso las bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; las que se encuentran en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7.000 marines y toda clase de armamento, además de portaviones, helicópteros, buques anfibios, aviones de última generación, en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia para facilitar los planes destituyentes del imperialismo: incapaz de proteger su frontera de 586 kilómetros con Ecuador, a la que destina apenas 8 minúsculos destacamentos militares, y mucho más incapaz todavía de hacer lo propio en los 2.216 kilómetros que tiene la frontera colombo-venezolana, convertida en una zona liberada para narcos y paracos, trata por todos los medios de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur; en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial, evitar que Santos modifique la agenda de confrontación permanente con la revolución bolivariana instituida por Uribe y enlodar la cancha para que Chávez llegue desgastado y acosado internacionalmente a las elecciones de finales de septiembre. Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa o de una querella planteada ante la Corte Penal Internacional, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la UNASUR para desbaratar los planes de Washington en Nuestra América. Este no es un tema para la OEA (que además no supo desbaratar la provocación uribista) sino para la UNASUR, que será puesta a prueba con este incidente. Es de esperar que esta naciente organización de los países suramericanos actúe de inmediato, ya mismo, porque de lo contrario puede ser demasiado tarde para evitar las graves consecuencias de todo orden que tendría la consumación del proyecto belicista de los Estados Unidos, implementado por Washington y sus proxys latinoamericanos.
Documentos revelan que EEUU y Colombia planean ataque contra Venezuela
Por Eva Golinger
La expansión militarista de Estados Unidos en la región y su estrategia de movilidad global están en proceso de ejecución contra Venezuela. La misiva que reveló el Presidente Chávez confirma los planes contenidos en documentos del Pentágono del 2009
Caracas, 24 de julio 2010 ¬ El Presidente Hugo Chávez denunció este sábado que Estados Unidos planea atacar a Venezuela y derrocar su gobierno. Durante la celebración del natalicio del Libertador Simón Bolívar, Chávez leyo de una misiva secreta que había recibido de una fuente no revelada desde los Estados Unidos.
³Viejo amigo, hace años no le veo, como te comenté, lee los tres últimos que te envié, la idea sigue siendo la generación del conflicto por el lado occidental², leyó Chávez del texto confidencial.
³Los últimos acontecimientos confirman todos, o casi todos, lo que éstos discutieron en parte por aquí y otras informaciones que me han llegado desde arriba², continuó la carta.
³La fase de preparación de la comunidad internacional, con ayuda de Colombia, está en plena ejecución², manifestó el texto, haciendo referencia a la sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos (OEA) el jueves pasado, durante la cual el gobierno de Colombia acusó a Venezuela de apoyar ³terroristas² y dar refugio a ³campamentos terroristas² en territorio venezolano. El gobierno colombiano dio un ³ultimatum² de ³30 días² a Venezuela para permitir una ³intervención internacional² . El Departamento de Estado también apoyó la posición de Colombia e instó a Venezuela que ³debe responder frente a esta información Œcomprabada y confirmada¹².
La misiva continuó con más detalles, ³Te mandé a decir que tienen fecha límite los eventos el 26, pero por alguna razón están adelantando movimientos que eran para ejecutarse después².
³En los Estados Unidos se acelera la fase de ejecución con una fuerza de contención hasta Costa Rica con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico².
El primero de julio pasado, el gobierno de Costa Rica autorizó la entrada de 46 buques de guerra y 7 mil marines estadounidenses en su territorio.
El verdadero objetivo de esta movilización militar, destacó el documento, es para ³apoyar operaciones militares² contra Venezuela.
ASESINATO Y DERROCAMIENTO
³Hay un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos con dos objetivos: uno es Mauricio y el otro es el gobierno², reveló el texto secreto. El Presidente Chávez explicó que ³Mauricio² es el seudónimo utilizado en estas comunicaciones.
³La operación militar va², alertó el texto, y la realizarán ³los del norte, pero no quieren entrar directamente a Caracas².
³Están cazando a ŒMauricio¹ fuera de Caracas, es muy importante, te lo repito es muy importante².
El Presidente Chávez reveló que había recibido comunicaciones de la misma fuente en ocasiones anteriores alertándolo sobre amenazas peligrosas. Recibió una carta de la fuente días antes de la captura de más de cien paramilitares colombianos en las afueras de Caracas, que eran parte de un plan de asesinato contra el jefe de estado venezolano. Otra comunicación le llegó en las semanas antes del golpe de Estado de abril 2002. ³La carta habló de francotiradores y el golpe², explicó Chávez, ³y tenía razón, la información fue veraz, pero no fuimos capaces de actuar a tiempo para prevenir la situación².
EXPANSIÓN MILITAR DE EEUU
Esta última revelación llega justo después de la decisión de romper relaciones con Colombia, tomada por el Presidente Chávez luego del ³show² de Colombia en la OEA.
³Uribe es capaz de cualquier cosa², alertó Chávez, anunciando que el país está en máxima alerta y las fronteras serán reforzadas.
En octubre 2009, Colombia y Estados Unidos firmaron un polémico acuerdo militar que autorizó a Washington la ocupación de siete bases militares y el uso del territorio completo para ejecutar sus misiones militares. Una de las bases señaladas en el acuerdo, Palanquero, fue citada en un documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de mayo 2009, como necesaria para ³conducir operaciones militares de amplio espectro² por todo el continente y para combatir ³la amenaza de gobiernos anti-estadounidense s² en la región.
Palanquero también fue considerada una pieza crítica para la estrategia de movilidad global del Pentágono, como fue destacado en el Libro Blanco: Estrategia de Movilidad Global del Comando de Movilidad Aéreo, publicado en febrero 2009. ³El Comando Sur ha identificado a Palanquero, Colombia (Base Germán Olano SKPQ), como un lugar de cooperación en seguridad (CSL por sus siglas en inglés). Desde este lugar, casi la mitad del continente puede ser alcanzado por un C-17 sin tener que reabastecer².
El presupuesto de 2010 del Pentágonoincluyó una solicitud de 46 millones de dólares para mejorar la instalación en Palanquero, para apoyar la ³Estrategia de Postura de Teatro² del Comando Combatiente, y ³dar una oportunidad única para operaciones de amplio espectro en una sub-región crítica de nuestro hemisferio donde la seguridad y estabilidad está bajo la constante amenaza de insurgencias terroristas, gobiernos anti-estadounidense s, la pobreza endemica y las frecuentes desastres naturales².
El documento de la Fuerza Aérea de mayo 2009 además reveló que Palanquero sería utilizado para ³incrementar nuestra capacidad de conducir operaciones de Inteligencia, Reconocimiento y Espionaje (ISR por sus siglas en inglés), mejorar el alcance globalŠy aumentar la capacidad de guerra expedita².
En febrero 2010, la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos clasificó a Venezuela y el Presidente Chávez como ³Líder Anti-estadounidense² en la región, en su informe anual de amenazas.
Estados Unidos también mantiene dos bases de operaciones de avanzada en Aruba y Curazao, apenás kilómetros de la costa venezolana. Durante los últimos meses, el gobierno venezolano ha denunciado la intromisión no autorizada de varios aviones no tripulados (drones) y otros aeronaves extranjeros en territorio venezolano.
Al mismo tiempo, documentos oficiales de Estados Unidos recientemente desclasificados revelan entre $40 a $50 millones de dólares en financiamiento a grupos y medios anti-Chávez, para alimentar el conflicto dentro del país, ejecutar acciones de desestabilizació n y subversión interna, y promover matrices de opinión a nivel internacional para justificar una agresión contra Venezuela.
Estas últimas revelaciones evidencian que están preparando un conflicto serio, peligroso y no justificado contra Venezuela; un país con una democracia vibrante y las más grandes reservas petroleras del mundo.
[Ver los documentos militares de Estados Unidos aquí: http://centrodealer ta.org/documento s_desclasificado s/ ]
Certifican existencia de fosa común más grande de Latinoamérica en Colombia
Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
TeleSUR | 23-7-2010 a las 19:51 | 233 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/certifican-existencia-fosa-comun-mas-grande-latinoamerica-colombia
Una de las eurodiputadas señaló que el asesinato a campesinos colombianos es una aberración, al indicar que personas inocentes son "cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos".
Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes tras una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
La delegación estuvo presente en una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, donde conocieron la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
El representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz (Cinep-PPP) Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.
"Habían seis desapariciones forzadas cometidas por paramilitares y siete por el Ejército y de la Fuerza Pública", indicó.
Agregó que existen denuncias también por "22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena".
"Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos (Â…) La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años", subrayó el investigador.
Anunció que para el próximo mes de septiembre se presentarán otros casos documentados sobre situaciones de desapariciones forzadas y asesinatos en otras regiones del país suramericano.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba informó que dentro de un mes tendrá todo listo para presentar un informe oficial, resultado de las audiencias públicas efectuadas en torno al tema.
La senadora lamentó que esta situación "sea objeto noticioso y un hecho generalizado en el país".
La corresponsal de teleSUR, Angie Camacho, reportó que los pobladores campesinos de La Macarena decidieron romper el silencio y hablaron con los eurodiputados sobre el uso que el Ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida y luego se retiraban.
"De esa manera empezó a ampliarse el cementerio clandestino, ahora fosa común más grande de América Latina, donde los pobladores pidieron ayuda internacional debido a la magnitud sin precedentes" de este hallazgo.
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó desde La Macarena que la delegación llegó hasta el cementerio para verificar el lugar donde se encuentran los cadáveres. Según cifras de la comunidad podrían ser unos dos mil muertos, mientras que el Gobierno colombiano asegura que son 450.
En la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.
En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó "que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo".
"No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros", enfatizó.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba condenó el hallazgo de la fosa común.
"Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.", manifestó la senadora.
Agregó que "cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática".
Los campesinos de la zona exigieron que "respeten nuevas vidas (...) estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra".
Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena.
La fosa más grande de Latinoamérica
Esta fosa se tratá de la más "grande de América Latina". Tatiana Pérez indicó que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados "falsos positivos", como lo señaló la eurodiputada Ana Gómez.
En el encuentro se rindió homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas, los habitantes denunciaron violación de derechos humanos, mientras la Cancillería colombiana insiste en negar la denuncia.
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.
Clase obrera vs. gobierno de Evo, un combate que aun no se ha resuelto
Escrito por Carmen Aliaga y Nericilda Rocha *
Lunes 19 de Julio de 2010 03:34
En abril y mayo los trabajadores bolivianos protagonizaron el primer paro general durante el gobierno de Evo Morales. Durante su primera gestión (2006-2009), la principal demanda de los obreros, fue una Nueva Ley de Pensiones que reemplazase la ley neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, expulsado por el levante popular de 2003.
Sin embargo no fueron atendidos.
A pesar de que la crisis económica no golpeó con fuerza la economía del país, dependiente de la exportación del gas y la minería, ya que los precios se recuperaron en 2009, sus efectos se hicieron sentir con la caída de las exportaciones textiles, disminución de las remesas, aumento del trabajo tercerizado y despidos en el sector fabril. Lo que llevó a protestas de este sector al inicio de la segunda gestión de Evo (2010), exigiendo estabilidad laboral, fin de la tercerización y aumento salarial.
Buscando prevenir futuras protestas de los obreros, en caso de que los precios de las materias primas volvieran a caer, el gobierno presentó un anteproyecto de reforma laboral (Código de Trabajo) en que atacaba el derecho a la huelga, protegía a los patrones en caso de no poder atender a los pliegos petitorios de los trabajadores facultándoles la posibilidad de cierre de la empresa, y reconocía solamente a la Central Obrera Boliviana el derecho a demandar sobre los derechos de los trabajadores frente al ministerio de trabajo. Además el gobierno seguía postergando la cuestión de la ley de pensiones.
Sin embargo, fue la propuesta gubernamental de incremento salarial de 5%, frente al planteo obrero de 12,5%, la gota que derramó el vaso, impulsando luchas a diario y llevando al primer paro general.
El gobierno reaccionó duramente en contra de los obreros mostrando su verdadero rostro. Lo que posibilitó una importante experiencia de la clase obrera frente a uno de los gobiernos más “popular” de América Latina.
Para reportar un poco cómo están los trabajadores tras esta experiencia y cómo la situación parece volver a calentarse, entrevistamos al ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, Wilson Mamani, sector que estuvo a la cabeza del enfrentamiento a las medidas del gobierno.
¿Cómo evalúa la Federación, las jornadas de lucha de los obreros en abril y mayo?
Wilson Mamani: “Nosotros empezamos con las marchas, hemos ido a la huelga de hambre, todo el comité ejecutivo y respaldada esta por los compañeros de base y por todos los compañeros del interior, hemos ido al paro general. Siempre por pelear nuestros derechos. Gracias a estas movilizaciones, a pesar de no haber logrado el incremento salaria que reivindicamos, hemos podido frenar lo que el gobierno nos quería imponer, sobre el código del trabajo (reforma laboral). El balance que hacemos es que de alguna manera hemos recobrado la lucha de muchos años que los fabriles habían perdido. Desde el 85, del decreto neoliberal 21060, era bien difícil convocar a marchas, solamente podíamos convocar a marchas de teas. Pero después de muchos años hemos ido, de alguna manera gracias a la conciencia de los compañeros, ganando fuerza y ahora hemos logrado hacer retroceder al gobierno. En ese tema hemos vuelto a recuperar la esencia combativa de los compañeros fabriles. Por otro lado, de alguna manera eso también se ha plasmado en la cuestión de las direcciones sindicales. Porque a presión de las bases se convoca un ampliado nacional de la COB final de abril, y en ese ampliado se define que la Central ya no tiene que participar en las fiestas del 1º de mayo con el presidente, cosa que pasó en los últimos 4 años. Seguramente si no hubiésemos hecho esta medida de presión de igual manera hubieran ido con el lienzo de la COB. Pero Evo Morales ha “festejado” el miserable incremento salarial de 5 % sólo, mientras los obreros marcharon denunciando sus medidas y la COB tuvo que estar con nosotros. Nosotros los fabriles somos la gente que menos ganamos y el sector más productivo. Entonces, la lucha que hemos emprendido, una lucha reivindicativa, pese a los obstáculos, hemos salido fortalecidos”.
¿La relación de la clase obrera con el gobierno de Evo Morales ha sufrido un cambio?
W.M. : “Cómo explicaba, estas luchas nos han servido para desenmascarar a las direcciones nacionales. La conclusión que hemos llegado es que lamentablemente hemos sido traicionados por la actual dirección de la COB. También de igual manera ha mostrado a varios trabajadores que el gobierno tiene que definirse, si va a pelear por los trabajadores o va a pelear por continuar con el modelo defendiendo a los empresarios, defendiendo el sistema capitalista. Los fabriles hemos sido gasificados, ha sido intervenida la huelga de hambre, compañeros detenidos y con proceso, el gobierno acusó a nuestro movimiento reivindicatorio de tener infiltrados de la Embajada norteamericana, de hacer el juego a la derecha, y por todo lo que pasó, seguramente los compañeros de base ya van a tener una posición diferente frente al gobierno. Pero todavía si vamos a respaldar este gobierno o es que necesitamos un gobierno que vaya a pelear para nuestros intereses, eso será decidido oficialmente una vez que tengamos nuestra conferencia ordinaria, tal ves para julio o agosto. Pero con la lucha hemos vuelto a recobrar la conciencia de los compañeros”.
¿Desde un punto de vista de los obreros fabriles, el grado de popularidad y aceptación del gobierno ha cambiado?
W.M.: “Yo creo que ha cambiado no vamos a decir abismalmente pero si a cambiado. Primero por que ya no se maneja el mismo discurso sino ahora hay un discurso de soberbia, de imposición. Y si el gobierno no analiza con profundidad lo que le pasó el 4 de abril en la elección para alcaldes, la cosa puede complicarse. En La Paz perdió el candidato del gobierno, a pesar de la publicidad del presidente. En la ciudad de El Alto, el candidato de Evo, apenas llega con el 36 %. Entonces, ya la población en general, no solamente fabril cuestiona al gobierno. El pueblo ha apoyado a un gobierno por un cambio, no un gobierno que nos quiera imponer medidas desfavorables y que actúe con soberbia. El gobierno lastimosamente se ha equivocado. Y el producto de sus propios errores son los resultados que ha arrojado el 4 de abril y la actualidad misma. Ahora es la marcha de la [1]CIDOB y otra vez, el presidente reacciona acusando que es cosa de la derecha y toma la marcha como chacota. Entonces no sabemos quién lo está asesorando pero, cada mensaje que da es de desafío a los sectores sociales y si no cambia esa actitud, bueno no sé que va pasar. Hemos peleado por un proceso de cambio donde de alguna manera los pobres y humildes de este país mejores sus condiciones de vida y esa es la pelea que va a seguir la Federación de Fabriles de La Paz.
“Usted nos explicaba que la lucha sirvió también para desenmascarar la actual dirección de la COB. En ese sentido, ¿Cuáles son las perspectivas que tienen los trabajadores de superar la actual dirección?
W.M.: “hay que diferenciar nuestra gloriosa institución matriz como es la central obrera boliviana que la respetamos de los individuos que están a su cabeza. Por culpa de ellos, lastimosamente en estos últimos tiempos hemos visto a una COB que no refleja la esencia con que fue creada. Todo dirigente tiene que pelear primeramente por sus compañeros de base y cuándo no lo hace pierde su credibilidad, por eso que nosotros como federación, hemos visto que hemos sido traicionados por la dirigencia de la COB y algunos dirigentes a nivel nacional entre ellos la confederación de fabriles. El ejecutivo de la COB quedó al lado del gobierno en el conflicto, hoy es un sindicalista a servicio de Evo. Felizmente tenemos en agosto el congreso de la COB, que seguramente va estar peleado, porque varios sectores y nosotros, planteamos para este congreso, recuperar nuestra institución matriz. Asimismo para la Confederación, queremos antes del congreso de la COB, poder hacer una Conferencia y tener una dirección que esté a la altura de las necesidades de los fabriles.
Nosotros queremos una dirección que respete a las bases por que los dirigentes nos debemos a las bases solamente somos portavoces. Los últimos tiempos lo están queriendo deformar, pareciera que es un cuartel donde el general ordena y los soldados tienen que acatar. Más al contrario las cosas son al revés. Las bases, esos soldados definen que va hacer la dirección sindical.
¿Todavía la cuestión de la ley de pensiones está pendiente, hay perspectiva de que los trabajadores vuelvan a salir a luchar?
W.M.: “Para el 15 de agosto es la indicación del gobierno para aprobar su proyecto de ley de pensiones. Los fabriles hemos rechazado la propuesta porque aunque proponga 58 años para jubilarse, aparte que el trabajador ya aporta el 10 %, el gobierno quiere elevar en 0, 5 %, y los empresarios y gobiernos siguen sin aportar. La edad es una trampa porque al paso que propone 58 años, Evo quiere exigir al trabajador 30 años de aporte, cuándo en las fabricas estamos viendo que no hay estabilidad laboral, y además el tema de la tercerizacion es un aparato tremendo. Proponer 30 años de aporte para poder jubilarse en circunstancias así, es absurdo, es establecer reglas que los obreros nunca alcanzarán. En fabriles hay varias empresas que descuenta los 10% del trabajador y no pagan a la AFP (administradora de fondo de pensión), ni siquiera subsidios de lactancia prenatal, la empresa descuenta pero no depositan, eso es un robo. Ese compañero no va poder jubilarse cuando ya llegue a la edad establecida por ley. Por eso rechazamos la propuesta del gobierno y es probable que volvamos a la calle este mes para hacer retroceder al gobierno.
¿Cuál es entonces el mayor desafió de la clase trabajadora hoy frente al gobierno, no solamente en el ámbito sindical?
W. M.: Bueno a nivel nacional los trabajadores tenemos que primeramente unificarnos por que pareciera ser que el gobierno quiere enfrentarnos, quiere confrontarnos con las diferentes organizaciones sociales ya sean entre mineros, fabriles. Y lo que hay que hacer es decir a las direcciones que tenemos que ser lo suficientemente capaces para no confrontarnos, sino unificarnos y plantear una alternativa. Si de alguna manera este gobierno no es la solución a los problemas de la pobreza, de la falta de trabajo, etc., bueno, creo que el gran desafió es continuar luchando por un proceso de cambio, pero verdadero. Donde podamos buscar rebajar el nivel de pobreza en el país y que haya mas trabajo. Eso lo vamos hacer solamente unificándonos todos los trabajadores. Y podríamos decir cuando estemos de alguna manera dando decisiones políticas. Eso lo podremos hacer una vez que estemos en escenarios correspondientes, desde ahí implementar las políticas de la clase obrera.
________________________________________
[1] Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, que llevó adelante una marcha en contra de la ley marco de autonomías del gobierno, en julio, por considerar que no hay verdadera autonomía indígena en el País. Es decir, no hay tierra, territorio y recursos financieros para estos pueblos.
* Dirigentes del Grupo Lucha Socialista, Sección simpatizante de la LIT-CI en Bolivia.
Lunes 19 de Julio de 2010 03:34
En abril y mayo los trabajadores bolivianos protagonizaron el primer paro general durante el gobierno de Evo Morales. Durante su primera gestión (2006-2009), la principal demanda de los obreros, fue una Nueva Ley de Pensiones que reemplazase la ley neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, expulsado por el levante popular de 2003.
Sin embargo no fueron atendidos.
A pesar de que la crisis económica no golpeó con fuerza la economía del país, dependiente de la exportación del gas y la minería, ya que los precios se recuperaron en 2009, sus efectos se hicieron sentir con la caída de las exportaciones textiles, disminución de las remesas, aumento del trabajo tercerizado y despidos en el sector fabril. Lo que llevó a protestas de este sector al inicio de la segunda gestión de Evo (2010), exigiendo estabilidad laboral, fin de la tercerización y aumento salarial.
Buscando prevenir futuras protestas de los obreros, en caso de que los precios de las materias primas volvieran a caer, el gobierno presentó un anteproyecto de reforma laboral (Código de Trabajo) en que atacaba el derecho a la huelga, protegía a los patrones en caso de no poder atender a los pliegos petitorios de los trabajadores facultándoles la posibilidad de cierre de la empresa, y reconocía solamente a la Central Obrera Boliviana el derecho a demandar sobre los derechos de los trabajadores frente al ministerio de trabajo. Además el gobierno seguía postergando la cuestión de la ley de pensiones.
Sin embargo, fue la propuesta gubernamental de incremento salarial de 5%, frente al planteo obrero de 12,5%, la gota que derramó el vaso, impulsando luchas a diario y llevando al primer paro general.
El gobierno reaccionó duramente en contra de los obreros mostrando su verdadero rostro. Lo que posibilitó una importante experiencia de la clase obrera frente a uno de los gobiernos más “popular” de América Latina.
Para reportar un poco cómo están los trabajadores tras esta experiencia y cómo la situación parece volver a calentarse, entrevistamos al ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, Wilson Mamani, sector que estuvo a la cabeza del enfrentamiento a las medidas del gobierno.
¿Cómo evalúa la Federación, las jornadas de lucha de los obreros en abril y mayo?
Wilson Mamani: “Nosotros empezamos con las marchas, hemos ido a la huelga de hambre, todo el comité ejecutivo y respaldada esta por los compañeros de base y por todos los compañeros del interior, hemos ido al paro general. Siempre por pelear nuestros derechos. Gracias a estas movilizaciones, a pesar de no haber logrado el incremento salaria que reivindicamos, hemos podido frenar lo que el gobierno nos quería imponer, sobre el código del trabajo (reforma laboral). El balance que hacemos es que de alguna manera hemos recobrado la lucha de muchos años que los fabriles habían perdido. Desde el 85, del decreto neoliberal 21060, era bien difícil convocar a marchas, solamente podíamos convocar a marchas de teas. Pero después de muchos años hemos ido, de alguna manera gracias a la conciencia de los compañeros, ganando fuerza y ahora hemos logrado hacer retroceder al gobierno. En ese tema hemos vuelto a recuperar la esencia combativa de los compañeros fabriles. Por otro lado, de alguna manera eso también se ha plasmado en la cuestión de las direcciones sindicales. Porque a presión de las bases se convoca un ampliado nacional de la COB final de abril, y en ese ampliado se define que la Central ya no tiene que participar en las fiestas del 1º de mayo con el presidente, cosa que pasó en los últimos 4 años. Seguramente si no hubiésemos hecho esta medida de presión de igual manera hubieran ido con el lienzo de la COB. Pero Evo Morales ha “festejado” el miserable incremento salarial de 5 % sólo, mientras los obreros marcharon denunciando sus medidas y la COB tuvo que estar con nosotros. Nosotros los fabriles somos la gente que menos ganamos y el sector más productivo. Entonces, la lucha que hemos emprendido, una lucha reivindicativa, pese a los obstáculos, hemos salido fortalecidos”.
¿La relación de la clase obrera con el gobierno de Evo Morales ha sufrido un cambio?
W.M. : “Cómo explicaba, estas luchas nos han servido para desenmascarar a las direcciones nacionales. La conclusión que hemos llegado es que lamentablemente hemos sido traicionados por la actual dirección de la COB. También de igual manera ha mostrado a varios trabajadores que el gobierno tiene que definirse, si va a pelear por los trabajadores o va a pelear por continuar con el modelo defendiendo a los empresarios, defendiendo el sistema capitalista. Los fabriles hemos sido gasificados, ha sido intervenida la huelga de hambre, compañeros detenidos y con proceso, el gobierno acusó a nuestro movimiento reivindicatorio de tener infiltrados de la Embajada norteamericana, de hacer el juego a la derecha, y por todo lo que pasó, seguramente los compañeros de base ya van a tener una posición diferente frente al gobierno. Pero todavía si vamos a respaldar este gobierno o es que necesitamos un gobierno que vaya a pelear para nuestros intereses, eso será decidido oficialmente una vez que tengamos nuestra conferencia ordinaria, tal ves para julio o agosto. Pero con la lucha hemos vuelto a recobrar la conciencia de los compañeros”.
¿Desde un punto de vista de los obreros fabriles, el grado de popularidad y aceptación del gobierno ha cambiado?
W.M.: “Yo creo que ha cambiado no vamos a decir abismalmente pero si a cambiado. Primero por que ya no se maneja el mismo discurso sino ahora hay un discurso de soberbia, de imposición. Y si el gobierno no analiza con profundidad lo que le pasó el 4 de abril en la elección para alcaldes, la cosa puede complicarse. En La Paz perdió el candidato del gobierno, a pesar de la publicidad del presidente. En la ciudad de El Alto, el candidato de Evo, apenas llega con el 36 %. Entonces, ya la población en general, no solamente fabril cuestiona al gobierno. El pueblo ha apoyado a un gobierno por un cambio, no un gobierno que nos quiera imponer medidas desfavorables y que actúe con soberbia. El gobierno lastimosamente se ha equivocado. Y el producto de sus propios errores son los resultados que ha arrojado el 4 de abril y la actualidad misma. Ahora es la marcha de la [1]CIDOB y otra vez, el presidente reacciona acusando que es cosa de la derecha y toma la marcha como chacota. Entonces no sabemos quién lo está asesorando pero, cada mensaje que da es de desafío a los sectores sociales y si no cambia esa actitud, bueno no sé que va pasar. Hemos peleado por un proceso de cambio donde de alguna manera los pobres y humildes de este país mejores sus condiciones de vida y esa es la pelea que va a seguir la Federación de Fabriles de La Paz.
“Usted nos explicaba que la lucha sirvió también para desenmascarar la actual dirección de la COB. En ese sentido, ¿Cuáles son las perspectivas que tienen los trabajadores de superar la actual dirección?
W.M.: “hay que diferenciar nuestra gloriosa institución matriz como es la central obrera boliviana que la respetamos de los individuos que están a su cabeza. Por culpa de ellos, lastimosamente en estos últimos tiempos hemos visto a una COB que no refleja la esencia con que fue creada. Todo dirigente tiene que pelear primeramente por sus compañeros de base y cuándo no lo hace pierde su credibilidad, por eso que nosotros como federación, hemos visto que hemos sido traicionados por la dirigencia de la COB y algunos dirigentes a nivel nacional entre ellos la confederación de fabriles. El ejecutivo de la COB quedó al lado del gobierno en el conflicto, hoy es un sindicalista a servicio de Evo. Felizmente tenemos en agosto el congreso de la COB, que seguramente va estar peleado, porque varios sectores y nosotros, planteamos para este congreso, recuperar nuestra institución matriz. Asimismo para la Confederación, queremos antes del congreso de la COB, poder hacer una Conferencia y tener una dirección que esté a la altura de las necesidades de los fabriles.
Nosotros queremos una dirección que respete a las bases por que los dirigentes nos debemos a las bases solamente somos portavoces. Los últimos tiempos lo están queriendo deformar, pareciera que es un cuartel donde el general ordena y los soldados tienen que acatar. Más al contrario las cosas son al revés. Las bases, esos soldados definen que va hacer la dirección sindical.
¿Todavía la cuestión de la ley de pensiones está pendiente, hay perspectiva de que los trabajadores vuelvan a salir a luchar?
W.M.: “Para el 15 de agosto es la indicación del gobierno para aprobar su proyecto de ley de pensiones. Los fabriles hemos rechazado la propuesta porque aunque proponga 58 años para jubilarse, aparte que el trabajador ya aporta el 10 %, el gobierno quiere elevar en 0, 5 %, y los empresarios y gobiernos siguen sin aportar. La edad es una trampa porque al paso que propone 58 años, Evo quiere exigir al trabajador 30 años de aporte, cuándo en las fabricas estamos viendo que no hay estabilidad laboral, y además el tema de la tercerizacion es un aparato tremendo. Proponer 30 años de aporte para poder jubilarse en circunstancias así, es absurdo, es establecer reglas que los obreros nunca alcanzarán. En fabriles hay varias empresas que descuenta los 10% del trabajador y no pagan a la AFP (administradora de fondo de pensión), ni siquiera subsidios de lactancia prenatal, la empresa descuenta pero no depositan, eso es un robo. Ese compañero no va poder jubilarse cuando ya llegue a la edad establecida por ley. Por eso rechazamos la propuesta del gobierno y es probable que volvamos a la calle este mes para hacer retroceder al gobierno.
¿Cuál es entonces el mayor desafió de la clase trabajadora hoy frente al gobierno, no solamente en el ámbito sindical?
W. M.: Bueno a nivel nacional los trabajadores tenemos que primeramente unificarnos por que pareciera ser que el gobierno quiere enfrentarnos, quiere confrontarnos con las diferentes organizaciones sociales ya sean entre mineros, fabriles. Y lo que hay que hacer es decir a las direcciones que tenemos que ser lo suficientemente capaces para no confrontarnos, sino unificarnos y plantear una alternativa. Si de alguna manera este gobierno no es la solución a los problemas de la pobreza, de la falta de trabajo, etc., bueno, creo que el gran desafió es continuar luchando por un proceso de cambio, pero verdadero. Donde podamos buscar rebajar el nivel de pobreza en el país y que haya mas trabajo. Eso lo vamos hacer solamente unificándonos todos los trabajadores. Y podríamos decir cuando estemos de alguna manera dando decisiones políticas. Eso lo podremos hacer una vez que estemos en escenarios correspondientes, desde ahí implementar las políticas de la clase obrera.
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[1] Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, que llevó adelante una marcha en contra de la ley marco de autonomías del gobierno, en julio, por considerar que no hay verdadera autonomía indígena en el País. Es decir, no hay tierra, territorio y recursos financieros para estos pueblos.
* Dirigentes del Grupo Lucha Socialista, Sección simpatizante de la LIT-CI en Bolivia.
lunes, 26 de julio de 2010
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