Sobre tacuacines
Los gritos, vivas a la patria y las bendiciones divinas que caracterizaron al régimen de facto del 28 de junio al 27 de enero estaban muy bien compensadas con la formidable práctica de rapiña delincuencial operada por las manos de seda de las camisitas blancas.
Y no podía ser de otra manera. Quienes encabezaron y presidieron el régimen de facto en esos siete fatídicos meses, se han curtido como políticos y ricos mamando en las tetas del Estado de Honduras a lo largo de cerca de tres décadas, y se graduaron como expertos en traficar con la necesidad de la población, en nombre de la patria y bajo la propia legalidad hondureña.
Estos políticos que encabezaron el régimen de facto en siete meses de represión y de cerco mediático sustentado en la mentira presentada como verdad oficial, simbolizan en plenitud esa cultura política que se basa en que el Estado y sus bienes son propiedad de unos cuantos políticos y funcionarios públicos, quienes se los reparten entre ellos o los comparten con sus allegados y correligionarios a cambio de tener segura sus lealtades y obediencias.
Uno de los argumentos para justificar el golpe de Estado fue el despilfarro de la administración de Zelaya Rosales, y para remediar ese mal, las elites empresariales y políticas, pusieron a un puñado de políticos que desde el Estado hicieron realidad aquel adagio de que el ladrón juzga por su condición. Y en siete meses, aquellos que acusaban de ladrones a los zelayistas arrasaron las arcas del Estado, y en algunas oficinas públicas hasta cargaron con los muebles, cuadros y pinturas.
Tras acusar de tacuacines a quienes amenazaban las gallinas, los tacuacines de pellejo más duro se apropiaron del corral entero, y arrasaron no sólo con las gallinas, sino con los pollitos, los huevos y hasta se hartaron el propio corral. Y todo en nombre de la patria, la Constitución de la República y con angelicales bendiciones eclesiásticas.
viernes, 19 de febrero de 2010
Sobre el juez Garzón
Sobre el juez Garzón
A quienes hemos sufrido crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes, nos agrede y duele el enjuiciamiento actual contra el juez Garzón. A quienes pensamos que la humanidad es una, y que por tanto todo delito contra la humanidad debe de alguna manera ser declarado como tal, nos preocupa severamente que se acuse de prevaricato a un juez que tuvo el valor de investigar crímenes amnistiados en el propio país.
En su defensa el juez Garzón ha pedido que se consulte a jueces y juristas de América Latina. En mi calidad de testigo y, en su momento, parte ofendida en el juicio que consagró la impunidad de los autores intelectuales del asesinato de seis jesuitas en El Salvador y dos de sus trabajadoras, quisiera hacer una pequeña relación de lo que significó para nosotros la aplicación del principio de justicia universal del juez Garzón en el conocido caso del dictador Pinochet.
En primer lugar nos dio ánimo y esperanza. El caso Pinochet abrió posibilidades inéditas. En El Salvador teníamos una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidiendo al gobierno de nuestro país que investigara con estándares internacionales el caso jesuitas en el nivel de la autoría intelectual, llevara a juicio a sus autores e indemnizara adecuadamente a las víctimas. El entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, dijo con toda tranquilidad que no iba a seguir las recomendaciones. Ello apesar de que un tratado internacional obliga al Estado signatario a poner sus mejores esfuerzos para el fiel cumplimiento de lo recomendado. Las recomendaciones siguen hoy pendientes, pero los dos últimos gobiernos han abierto al menos conversaciones sobre el camino de cumplimiento de las mismas. Para nosotros no hay duda de que los esfuerzos del juez Garzón por aplicar el principio de justicia universal contribuyó tanto a darnos fuerza en la defensa de nuestros derechos, como a darnos seguridad moral. La palabra del presidente Flores, superficial e ignorante, no sepultaría en la impunidad un caso de lesa humanidad.
Al igual que Pinochet, quienes mataron a los jesuitas y sus dos trabajadoras están amnistiados. Y ambos casos se han abierto en España a pesar de las amnistías que en sus países los protegían. Acusar al juez Garzón de prevaricato porque los crímenes de la guerra civil que investigó están amnistiados no deja de escandalizarnos. Supone que las amnistías españolas son más respetables que las latinoamericanas. O que los criminales de lesa humanidad españoles son más dignos del perdón legal que otros criminales del mundo. Para quienes pensamos que la humanidad es una, en esa gran tradición que abrieron cada cual a su modo Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, perseguir ahora al juez Garzón es enfrentarse a una tradición, no siempre continuada ni defendida, pero que ennoblece al pensamiento español.
El prevaricato en el derecho romano consistía sustancialmente en que el abogado de una de las partes, defensor o acusador, se unía en secreto, por dinero o por la razón que fuera, a la parte contraria, y maniobraba en favor de ella durante el juicio. Pero en un juicio las víctimas nunca pueden ser la parte contraria de un juez. Si el juez existe para algo es para defender el derecho de la víctima y no del verdugo. Más aún, desde el uso del idioma, y más allá de los contenidos de las diversas legislaciones, podríamos llamar prevaricador a cualquier juez que se implique defendiendo a los verdugos. Y ciertamente no es este el caso del Baltasar Garzón. Lamentaríamos, sin embargo, que fuera ese el caso de los jueces que en este momento están decidiendo sobre el juez Garzón.
José M. Tojeira
Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de El Salvador
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Marzo 2009 – marzo 2010, año de todos los mártires de El Salvador
“Ningún límite histórico cierra el futuro esperanzado del seguidor de Jesús” (I. Ellacur
A quienes hemos sufrido crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes, nos agrede y duele el enjuiciamiento actual contra el juez Garzón. A quienes pensamos que la humanidad es una, y que por tanto todo delito contra la humanidad debe de alguna manera ser declarado como tal, nos preocupa severamente que se acuse de prevaricato a un juez que tuvo el valor de investigar crímenes amnistiados en el propio país.
En su defensa el juez Garzón ha pedido que se consulte a jueces y juristas de América Latina. En mi calidad de testigo y, en su momento, parte ofendida en el juicio que consagró la impunidad de los autores intelectuales del asesinato de seis jesuitas en El Salvador y dos de sus trabajadoras, quisiera hacer una pequeña relación de lo que significó para nosotros la aplicación del principio de justicia universal del juez Garzón en el conocido caso del dictador Pinochet.
En primer lugar nos dio ánimo y esperanza. El caso Pinochet abrió posibilidades inéditas. En El Salvador teníamos una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidiendo al gobierno de nuestro país que investigara con estándares internacionales el caso jesuitas en el nivel de la autoría intelectual, llevara a juicio a sus autores e indemnizara adecuadamente a las víctimas. El entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, dijo con toda tranquilidad que no iba a seguir las recomendaciones. Ello apesar de que un tratado internacional obliga al Estado signatario a poner sus mejores esfuerzos para el fiel cumplimiento de lo recomendado. Las recomendaciones siguen hoy pendientes, pero los dos últimos gobiernos han abierto al menos conversaciones sobre el camino de cumplimiento de las mismas. Para nosotros no hay duda de que los esfuerzos del juez Garzón por aplicar el principio de justicia universal contribuyó tanto a darnos fuerza en la defensa de nuestros derechos, como a darnos seguridad moral. La palabra del presidente Flores, superficial e ignorante, no sepultaría en la impunidad un caso de lesa humanidad.
Al igual que Pinochet, quienes mataron a los jesuitas y sus dos trabajadoras están amnistiados. Y ambos casos se han abierto en España a pesar de las amnistías que en sus países los protegían. Acusar al juez Garzón de prevaricato porque los crímenes de la guerra civil que investigó están amnistiados no deja de escandalizarnos. Supone que las amnistías españolas son más respetables que las latinoamericanas. O que los criminales de lesa humanidad españoles son más dignos del perdón legal que otros criminales del mundo. Para quienes pensamos que la humanidad es una, en esa gran tradición que abrieron cada cual a su modo Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, perseguir ahora al juez Garzón es enfrentarse a una tradición, no siempre continuada ni defendida, pero que ennoblece al pensamiento español.
El prevaricato en el derecho romano consistía sustancialmente en que el abogado de una de las partes, defensor o acusador, se unía en secreto, por dinero o por la razón que fuera, a la parte contraria, y maniobraba en favor de ella durante el juicio. Pero en un juicio las víctimas nunca pueden ser la parte contraria de un juez. Si el juez existe para algo es para defender el derecho de la víctima y no del verdugo. Más aún, desde el uso del idioma, y más allá de los contenidos de las diversas legislaciones, podríamos llamar prevaricador a cualquier juez que se implique defendiendo a los verdugos. Y ciertamente no es este el caso del Baltasar Garzón. Lamentaríamos, sin embargo, que fuera ese el caso de los jueces que en este momento están decidiendo sobre el juez Garzón.
José M. Tojeira
Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de El Salvador
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Marzo 2009 – marzo 2010, año de todos los mártires de El Salvador
“Ningún límite histórico cierra el futuro esperanzado del seguidor de Jesús” (I. Ellacur
Pacto fiscal para qué
Ética y Política
Pacto fiscal para qué
José M. Tojeira
Desde hace tiempo venimos apoyando la realización de un pacto fiscal en El Salvador. Cada vez que se hace un estudio serio sobre la realidad, el tema se vuelve recurrente. Ahora que estamos dándole mayor énfasis a una violencia tradicional y constantemente fuerte en nuestro país, volvemos a mirar la necesidad de obtener recursos para enfrentarla. Si se trata el tema de la educación la conclusión sería muy parecida. No tenemos una educación con estándares internacionales porque no invertimos adecuadamente en ella. Y no invertimos porque no tenemos presupuesto adecuado. Lo que a su vez nos remite al de dónde extraer fondos. Si pasáramos al tema investigación nos encontraríamos con un panorama todavía más desolador. Y si damos el salto hacia la comparación con otros países veremos que nos estamos quedando atrás en muchos aspectos. O más bien que vamos creando un estilo de vida en el que el diez, o a lo más el veinte por ciento de la población se mantiene al día, viviendo con estándares relativamente semejantes a los de las clases medias acomodadas de los países desarrollados, mientra el ochenta o noventa por ciento se va deteriorando poco a poco. Deterioro rápido y trágico en lo que respecta a la mitad del país.
Pero no basta el tener un pacto fiscal. Es necesario saber para qué se quiere llevar a cabo. Y es indispensable asumirlo con lealtad y convicción. Una subida de impuestos fiscal puede llevarse a cabo simplemente para mejorar la situación macroeconómica de un país. Subir los impuestos para pagar la deuda externa o para reducir el déficit fiscal de un país no es propiamente un pacto fiscal de rango nacional. Aunque tener los índices macroeconómicos sanos sea un objetivo importante, no debe ser lo fundamental de un pacto fiscal en un país pobre como el nuestro. Y si los impuestos se cargan con mayor peso sobre las clases medias o incluso, cuando sólo se sube el IVA, sobre los más pobres, lo que los políticos llamen pacto no será más que un simple paquetazo contra la economía popular. A ese tipo de movida no se le puede llamar pacto fiscal, sino utilización de los impuestos para resolver problemas previos de mal manejo de las cuentas estatales. Un pacto fiscal se realiza cuando la población está consciente de los fines que se quieren obtener y cuando estos fines son de beneficio para toda la población, y especialmente útiles para quienes tienen menos.
En ese sentido, y en El Salvador en concreto, un pacto fiscal debe estar orientado especialmente tareas como la educación, las redes de protección social (salud, pensiones, etcétera), la seguridad de las personas y la productividad. No sólo la productividad, pues ésta no surge de la nada. La seguridad física de las personas es un factor previo para todo desarrollo y la educación es siempre un elemento clave en el desarrollo de los pueblos. Durante los años en que Corea comenzó su proceso de desarrollo la inversión en educación fue durante algunos años del seis por ciento del Producto Interno Bruto. Y la inversión estatal llegó al ocho por ciento. Nuestras cifras son muy distintas y explican nuestra falta de desarrollo.
Los grandes desafíos requieren siempre un elemento de generosidad de todos, y en particular de quienes tienen más. Ningún pueblo se desarrolla sin generosidad y sin sacrificio en algunos momentos. Los salvadoreños lo sabemos y lo vemos en la historia actual de nuestros emigrantes. Su sacrificio ha sido grande y su generosidad generalmente ha sido mayor. Las remesas son sólo una pequeña muestra de los hondos valores humanos que hay detrás de nuestros migrantes.
Sin embargo, esta generosidad de los emigrantes no se ha traducido ni reflejado en la mayor parte de la clase política o del liderazgo económico. El poder, el lujo, la vida despreocupada y cómoda, han sido objetivos prioritarios del liderazgo salvadoreño, generalmente muy por encima de la preocupación por el país. El discurso político ha tendido al engaño y a presentar un El Salvador en permanente de despegue, aunque la dirección haya sido hacia ninguna parte. La vida cómoda de unos pocos ha seguido mejorando mientras la pobreza ha crecido desmesuradamente con un modelo de desarrollo desigual, débil y vulnerable.
Si queremos revertir esta dirección, la generosidad tiene que convertirse dentro de El Salvador en una virtud estructural. No sólo en patrimonio de personas individuales, que hacen mucho y bien en todos los estratos sociales, sino en estructura organizada y sancionada oficialmente por el estado, que lleve a recoger más dinero para el bien común, para la educación, la salud y el desarrollo. Eso es lo que llamamos un pacto fiscal: El saber aceptar socialmente todos, ricos y pobres, que el país debe crecer económicamente y que para ello debe invertir en las personas. Y que para invertir hay que recoger mayor cantidad de dinero a través de los impuestos. No caminaremos hacia un futuro de paz y justicia sin la convicción de que necesitamos tener una estructura impositiva que recoja más dinero, y que lo recoja precisamente donde el dinero abunda más, para invertirlo donde abunda menos. Convicción basada al final en la generosidad de quienes aman a su propio país y a su gente. Sin generosidad y amor a El Salvador, sin generosidad estructurada social y políticamente, sin pacto fiscal, la mejor opción para nuestros ciudadanos seguirá siendo la migración. Y no habrá futuro digno para los que quedemos en el país. El pacto fiscal es necesario.
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Marzo 2009 – marzo 2010, año de todos los mártires de El Salvador
“Ningún límite histórico cierra el futuro esperanzado del seguidor de Jesús” (I. Ell
Pacto fiscal para qué
José M. Tojeira
Desde hace tiempo venimos apoyando la realización de un pacto fiscal en El Salvador. Cada vez que se hace un estudio serio sobre la realidad, el tema se vuelve recurrente. Ahora que estamos dándole mayor énfasis a una violencia tradicional y constantemente fuerte en nuestro país, volvemos a mirar la necesidad de obtener recursos para enfrentarla. Si se trata el tema de la educación la conclusión sería muy parecida. No tenemos una educación con estándares internacionales porque no invertimos adecuadamente en ella. Y no invertimos porque no tenemos presupuesto adecuado. Lo que a su vez nos remite al de dónde extraer fondos. Si pasáramos al tema investigación nos encontraríamos con un panorama todavía más desolador. Y si damos el salto hacia la comparación con otros países veremos que nos estamos quedando atrás en muchos aspectos. O más bien que vamos creando un estilo de vida en el que el diez, o a lo más el veinte por ciento de la población se mantiene al día, viviendo con estándares relativamente semejantes a los de las clases medias acomodadas de los países desarrollados, mientra el ochenta o noventa por ciento se va deteriorando poco a poco. Deterioro rápido y trágico en lo que respecta a la mitad del país.
Pero no basta el tener un pacto fiscal. Es necesario saber para qué se quiere llevar a cabo. Y es indispensable asumirlo con lealtad y convicción. Una subida de impuestos fiscal puede llevarse a cabo simplemente para mejorar la situación macroeconómica de un país. Subir los impuestos para pagar la deuda externa o para reducir el déficit fiscal de un país no es propiamente un pacto fiscal de rango nacional. Aunque tener los índices macroeconómicos sanos sea un objetivo importante, no debe ser lo fundamental de un pacto fiscal en un país pobre como el nuestro. Y si los impuestos se cargan con mayor peso sobre las clases medias o incluso, cuando sólo se sube el IVA, sobre los más pobres, lo que los políticos llamen pacto no será más que un simple paquetazo contra la economía popular. A ese tipo de movida no se le puede llamar pacto fiscal, sino utilización de los impuestos para resolver problemas previos de mal manejo de las cuentas estatales. Un pacto fiscal se realiza cuando la población está consciente de los fines que se quieren obtener y cuando estos fines son de beneficio para toda la población, y especialmente útiles para quienes tienen menos.
En ese sentido, y en El Salvador en concreto, un pacto fiscal debe estar orientado especialmente tareas como la educación, las redes de protección social (salud, pensiones, etcétera), la seguridad de las personas y la productividad. No sólo la productividad, pues ésta no surge de la nada. La seguridad física de las personas es un factor previo para todo desarrollo y la educación es siempre un elemento clave en el desarrollo de los pueblos. Durante los años en que Corea comenzó su proceso de desarrollo la inversión en educación fue durante algunos años del seis por ciento del Producto Interno Bruto. Y la inversión estatal llegó al ocho por ciento. Nuestras cifras son muy distintas y explican nuestra falta de desarrollo.
Los grandes desafíos requieren siempre un elemento de generosidad de todos, y en particular de quienes tienen más. Ningún pueblo se desarrolla sin generosidad y sin sacrificio en algunos momentos. Los salvadoreños lo sabemos y lo vemos en la historia actual de nuestros emigrantes. Su sacrificio ha sido grande y su generosidad generalmente ha sido mayor. Las remesas son sólo una pequeña muestra de los hondos valores humanos que hay detrás de nuestros migrantes.
Sin embargo, esta generosidad de los emigrantes no se ha traducido ni reflejado en la mayor parte de la clase política o del liderazgo económico. El poder, el lujo, la vida despreocupada y cómoda, han sido objetivos prioritarios del liderazgo salvadoreño, generalmente muy por encima de la preocupación por el país. El discurso político ha tendido al engaño y a presentar un El Salvador en permanente de despegue, aunque la dirección haya sido hacia ninguna parte. La vida cómoda de unos pocos ha seguido mejorando mientras la pobreza ha crecido desmesuradamente con un modelo de desarrollo desigual, débil y vulnerable.
Si queremos revertir esta dirección, la generosidad tiene que convertirse dentro de El Salvador en una virtud estructural. No sólo en patrimonio de personas individuales, que hacen mucho y bien en todos los estratos sociales, sino en estructura organizada y sancionada oficialmente por el estado, que lleve a recoger más dinero para el bien común, para la educación, la salud y el desarrollo. Eso es lo que llamamos un pacto fiscal: El saber aceptar socialmente todos, ricos y pobres, que el país debe crecer económicamente y que para ello debe invertir en las personas. Y que para invertir hay que recoger mayor cantidad de dinero a través de los impuestos. No caminaremos hacia un futuro de paz y justicia sin la convicción de que necesitamos tener una estructura impositiva que recoja más dinero, y que lo recoja precisamente donde el dinero abunda más, para invertirlo donde abunda menos. Convicción basada al final en la generosidad de quienes aman a su propio país y a su gente. Sin generosidad y amor a El Salvador, sin generosidad estructurada social y políticamente, sin pacto fiscal, la mejor opción para nuestros ciudadanos seguirá siendo la migración. Y no habrá futuro digno para los que quedemos en el país. El pacto fiscal es necesario.
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Marzo 2009 – marzo 2010, año de todos los mártires de El Salvador
“Ningún límite histórico cierra el futuro esperanzado del seguidor de Jesús” (I. Ell
El Tratado de Roma
Editorial YSUCA
El Tratado de Roma
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha comunicado recientemente que comenzará consultas y conversaciones para ver la posibilidad de que El Salvador se haga signatario del Tratado de Roma. Este Tratado establece la Corte Penal Internacional, dedicada a juzgar aquellos delitos de lesa humanidad que queden impunes en los países en que se cometieron. La jurisdicción de la Corte es temporalmente efectiva sólo a partir de la fecha de incorporación del país al Tratado.
A pesar de que la Corte no tendría jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el pasado salvadoreño y que han permanecido impunes sin que el Estado hiciera nada por aclararlos, ARENA nunca quiso hacer a El Salvador signatario de este tratado. Aparentemente algo incomprensible, pues se supone que nadie quiere después de la guerra cometer crímenes de lesa humanidad de parte del Estado. Pero es la típica alergia de los poderosos de nuestro país que quieren tener la posibilidad de ser ellos los únicos que digan la última palabra sobre lo que es justo o lo que es injusto dentro de nuestras fronteras. O para alguien peor pensado, la posibilidad de volver a cometer ese tipo de crímenes desde el Estado en supuesto caso de necesidad. Necesidad de sus intereses, claro está.
La razón que siempre se da para negarse al Tratado es que, supuestamente, violaría la Constitución salvadoreña. Sin embargo nadie hasta ahora propone un cambio en la Constitución que permita hacerse parte del Tratado. Ciertamente en los dos últimos gobiernos de ARENA hubo una hipocresía radical en el tema de Derechos Humanos, que ha creado incluso miedo a este tipo de tratados.
El que hoy se empiece a analizar seriamente la posibilidad nos da a todos los salvadoreños una buena noticia. Si algo piensa nuestro pueblo, tan abierto a todas las culturas y tan migrante, es que la humanidad es una. No hay una humanidad de ricos, o no debería haberla, y otra diferente de pobres. Una humanidad de sabios y otra de ignorantes. Humanidad de malos y humanidad de buenos. Todos y todas estamos hechos del mismo barro y pertenecemos a la misma humanidad. Y las fronteras de las naciones, como muy bien decía Juan Pablo II, no deben ser líneas de separación entre pueblos sino lugares de encuentro y amistad.
La Corte Penal Internacional y el tratado de Roma que le da cuerpo es un avance en esa convicción de que la humanidad es una. No importa el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el origen, la raza, el sexo. Si a alguien se le viola un derecho humano se le está violando a toda la humanidad. Y si las autoridades de un país son incapaces de defender esos derechos básicos de la persona, o, todavía peor, los viola sistemáticamente, debe ser la humanidad la que juzgue a los violadores. El pensamiento es tan lógico que sólo los racistas, nazis y gente de la misma calaña podrían oponerse a él.
Y en ese sentido una Constitución como la salvadoreña, que pone la persona como el valor básico al servicio del cual debe estar el Estado, no puede considerarse opuesta a este tipo de pensamiento. La lectura caprichosa de un artículo constitucional, o incluso un artículo restrictivo de los derechos más básicos de la persona, no debería tenerse en cuenta cuando existe un artículo que sienta la opción fundamental de la propia Constitución. Todos conocemos el adagio jurídico que insiste en que en caso de duda se debe fallar a favor del reo (in dubio pro reo). En el caso de la Constitución cualquier duda sobre los derechos fundamentales de la persona debe fallarse a favor de la persona y no a favor de las contradicciones que la propia Constitución pueda tener con respecto a los principios que adopta como fundamentales. Esperemos que el Gobierno actual camine con energía hacia la firma del Tratado de Roma.
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Marzo 2009 – marzo 2010, año de todos los mártires de El Salvador
“Ningún límite histórico cierra el futuro esperanzado del seguidor de Jesús” (I. Ell
El Tratado de Roma
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha comunicado recientemente que comenzará consultas y conversaciones para ver la posibilidad de que El Salvador se haga signatario del Tratado de Roma. Este Tratado establece la Corte Penal Internacional, dedicada a juzgar aquellos delitos de lesa humanidad que queden impunes en los países en que se cometieron. La jurisdicción de la Corte es temporalmente efectiva sólo a partir de la fecha de incorporación del país al Tratado.
A pesar de que la Corte no tendría jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el pasado salvadoreño y que han permanecido impunes sin que el Estado hiciera nada por aclararlos, ARENA nunca quiso hacer a El Salvador signatario de este tratado. Aparentemente algo incomprensible, pues se supone que nadie quiere después de la guerra cometer crímenes de lesa humanidad de parte del Estado. Pero es la típica alergia de los poderosos de nuestro país que quieren tener la posibilidad de ser ellos los únicos que digan la última palabra sobre lo que es justo o lo que es injusto dentro de nuestras fronteras. O para alguien peor pensado, la posibilidad de volver a cometer ese tipo de crímenes desde el Estado en supuesto caso de necesidad. Necesidad de sus intereses, claro está.
La razón que siempre se da para negarse al Tratado es que, supuestamente, violaría la Constitución salvadoreña. Sin embargo nadie hasta ahora propone un cambio en la Constitución que permita hacerse parte del Tratado. Ciertamente en los dos últimos gobiernos de ARENA hubo una hipocresía radical en el tema de Derechos Humanos, que ha creado incluso miedo a este tipo de tratados.
El que hoy se empiece a analizar seriamente la posibilidad nos da a todos los salvadoreños una buena noticia. Si algo piensa nuestro pueblo, tan abierto a todas las culturas y tan migrante, es que la humanidad es una. No hay una humanidad de ricos, o no debería haberla, y otra diferente de pobres. Una humanidad de sabios y otra de ignorantes. Humanidad de malos y humanidad de buenos. Todos y todas estamos hechos del mismo barro y pertenecemos a la misma humanidad. Y las fronteras de las naciones, como muy bien decía Juan Pablo II, no deben ser líneas de separación entre pueblos sino lugares de encuentro y amistad.
La Corte Penal Internacional y el tratado de Roma que le da cuerpo es un avance en esa convicción de que la humanidad es una. No importa el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el origen, la raza, el sexo. Si a alguien se le viola un derecho humano se le está violando a toda la humanidad. Y si las autoridades de un país son incapaces de defender esos derechos básicos de la persona, o, todavía peor, los viola sistemáticamente, debe ser la humanidad la que juzgue a los violadores. El pensamiento es tan lógico que sólo los racistas, nazis y gente de la misma calaña podrían oponerse a él.
Y en ese sentido una Constitución como la salvadoreña, que pone la persona como el valor básico al servicio del cual debe estar el Estado, no puede considerarse opuesta a este tipo de pensamiento. La lectura caprichosa de un artículo constitucional, o incluso un artículo restrictivo de los derechos más básicos de la persona, no debería tenerse en cuenta cuando existe un artículo que sienta la opción fundamental de la propia Constitución. Todos conocemos el adagio jurídico que insiste en que en caso de duda se debe fallar a favor del reo (in dubio pro reo). En el caso de la Constitución cualquier duda sobre los derechos fundamentales de la persona debe fallarse a favor de la persona y no a favor de las contradicciones que la propia Constitución pueda tener con respecto a los principios que adopta como fundamentales. Esperemos que el Gobierno actual camine con energía hacia la firma del Tratado de Roma.
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Marzo 2009 – marzo 2010, año de todos los mártires de El Salvador
“Ningún límite histórico cierra el futuro esperanzado del seguidor de Jesús” (I. Ell
miércoles, 17 de febrero de 2010
lunes, 15 de febrero de 2010
Apoyan estudiantes extranjeros declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
“En Cuba hemos encontrado hospitalidad y solidaridad, jamás terrorismo”, afirmó el salvadoreño Yamil Alexander Otero Hidalgo, estudiante de segundo año de Contabilidad y Finanzas en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca, al concluir un acto con cientos de alumnos y trabajadores de esa institución.
En horas bien tempranas de este viernes alumnos y profesores respondieron a la convocatoria realizada por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y por el Sindicato de Educación para respaldar la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba acerca de la inclusión de la isla en una lista de países que patrocinan el terrorismo, realizada desde Estados Unidos.
El joven salvadoreño Otero Hidalgo, presidente del Consejo de nacionalidades de la “Hermanos Saíz”, centro en el que estudian 255 jóvenes de 53 nacionalidades, significó que Estados Unidos no tiene ninguna moral para hacer ese planteamiento pues lleva soldados para guerras en todo el mundo, mientras Cuba apoya con médicos a naciones subdesarrolladas.
“Esta nación y su pueblo nos brindan un trato magnífico, caracterizado por la hospitalidad, nadie es más ni menos, jamás nos hemos sentido discriminados por ser extranjeros. Lo que vivimos en esta universidad es una bonita experiencia, es diferente que la Universidad en El Salvador; aquí existe una visión más colectiva, allá es cada uno a lo suyo.
“La idea de Fidel de que la educación es un derecho tiene un basamento justiciero. Abundan las universidades privadas diseñadas para los pudientes, y las públicas no reciben siempre el apoyo necesario”.
“¿Qué le diría a Obama?, que levante el bloqueo, pues ese es un acto de terrorismo de Estado que va contra todas las leyes internacionales.
“Cuando concluya mis estudios aquí participaré en mi país en comités de solidaridad con esta isla que tan bien nos acoge y que tiene gentes muy hospitalarias”.
Roberto Ismael Aróstegui Corrales, es nicaragüense y estudia el cuarto año de Ingeniería Agrónoma. Él portaba la bandera de su país en el mitin efectuado en la Universidad, al concluir el cual declaró:
“Los nicaragüenses hemos sido víctimas de las políticas imperialistas y de sus transnacionales, por ello condeno esta acusación arbitraria contra Cuba. “La administración norteamericana es la que provoca el terror al invadir países que tienen yacimientos de petróleo.
“En Cuba no se enseña a colocar explosivos en aviones civiles. En mi carrera, Agronomía, lo que aprendo me puede ser útil para el avance de mi país, aprendo el manejo de los bosques, cómo enfrentar la agricultura de un modo sostenible y a preservar los recursos naturales”.
Recordó el joven nicaragüense que cuando pasa un ciclón por un lugar, como ocurrió cuando el Mitch, lo que llegó de Cuba fue la ayuda médica.
Declaró con firmeza: “He aprendido a ser más solidario con los demás, es imposible que un lugar en el que se aprendan estas cosas sea acusado de terrorista”.
Cubanos y estudiantes de Latinoamérica se mezclaron en la convocatoria. Alejandro Ernesto López Clevó, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en la universidad pinareña expresó que Cuba trabaja y se esfuerza en medio de una coyuntura adversa por la seguridad de las personas, incluso hasta en las situaciones más tensas como el enfrentamiento ante desastres naturales, y también brinda su colaboración a otros países.
Es una burda manipulación la mencionada acusación. El gobierno de Estados Unidos sí lo hace al dar la libertad a autores de la explosión de un avión en pleno vuelo, mientras cinco cubanos están presos precisamente por defender a su país de actos similares, puntualizó López Clevó.
Foto: Abel Padrón
http://imaginados.blogia.com/2010/010901-apoyan-estudiantes-extranjeros-declaracion-del-ministerio-de-relaciones-exterior.php
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