jueves, 28 de mayo de 2015

Guatemala: ¿Corrupción o injusticia estructural?



Marcelo Colussi






Guatemala está movilizada al día de hoy. La población –en principio parte de la clase media urbana de la ciudad capital, luego otros sectores como campesinos, pueblos mayas, trabajadores en general, estudiantes universitarios, etc.– se fueron sumando al clima de protesta cívica, de rebeldía. No es la revolución socialista (¿quién pretendería eso hoy día?, o más aún: ¿quién sabría cómo hacerlo?), pero es un sano ejercicio de protesta ciudadana, no visto aquí en décadas. O, quizá, nunca visto en toda la historia. Todo eso, obviamente, abre esperanzas. La gente protestando en la calle es siempre una buena noticia para el espíritu de transformación. Como se dijo por ahí: “mientras la calle no calle, hay esperanzas”.

¿Dónde llevará toda esta agitación social? Nadie lo sabe. Sin dudas, se presentifican ahí proyectos políticos disímiles: la derecha (oligarquía tradicional, ejército, embajada de Estados Unidos) pretende afanosamente detener el estado de movilización, buscando una salida “pacífica”, sin saltarse los marcos constitucionales (entiéndase: sin tocar ningún resorte del poder, algo así como “cambiar todo para que no cambie nada”). Por otro lado, para el campo popular puede ser una interesante opción de abrir brechas, de profundizar luchas, de darse fuerza. Es una manera de mostrar que el pueblo (aunque sea algo impreciso el término, por demasiado genérico), cuando se moviliza, representa un verdadero poder. Este espíritu contestatario que ahora se ha desatado puede llevar a situaciones novedosas. Por lo pronto, se está hablando de “refundar el Estado”. Aunque ello pueda ser un tarea titánica, no hay peor lucha que la que no se hace…

En estos días, la consigna aglutinante de las movilizaciones ha sido “lucha contra la corrupción”. Ello, en sí mismo, es maravilloso. La población en su conjunto, sin mayor distinción de diferencias sociales, se está alzando contra una práctica ya “normalizada” por la abominable casta política: la corrupción como norma, el Estado como botín. Reaccionar ante esa lacra es un síntoma de buena salud cívica. En estos momentos, si bien ya se abrió la campaña electoral para las elecciones de septiembre, debido a la desobediencia cívica despertada, los partidos políticos se las están viendo bastante mal, porque su descrédito es mayúsculo. ¡Más buena noticia aún!

Ahora bien: la corrupción es un síntoma de un sistema en sí mismo corrupto, injusto, macabro, basado en la explotación de una gran mayoría por una pequeña élite. La historia del país lleva hoy a la situación actual; y esa historia es una suma infinita de injusticias, de explotación, de exclusión de la gran mayoría, de asimetrías obscenas, de represión. La corrupción que hoy se manifiesta impúdica y contra la cual la población reacciona airada es la punta del iceberg de una situación de infamia crónica y estructural.

Para verlo en detalle nos pareció oportuno presentar aquí un documento que tiene ya 16 años de vida, donde puede apreciarse con claridad meridiana que lo mismo que se denuncia hoy se podría haber denunciado una década y media atrás (y, seguramente, varias décadas, o medio sigo, ¡o un siglo!). La injusticia estructural (la gran mayoría de la población sobrevive con escasas migajas, mientras que un pequeño puñado de familias tiene 200 veces más patrimonio que los más excluidos), la corrupción y la impunidad de los grupos de poder, el sometimiento de las grandes masas, todo eso es vieja historia en Guatemala. De ahí que abre esperanzadores optimismos esta reacción que hoy se vive.

En concreto: presentamos aquí una investigación (va completa en el PDF adjunto) realizada desde una organización no gubernamental que intentaba ver las consecuencias de la contaminación con plomo del que era víctima la población de una barriada pobre de la ciudad de Guatemala, específicamente los niños, producto de la impunidad reinante que permitió por años que una planta de fabricación de baterías para vehículos violara toda norma medioambiental con la más absoluta frialdad, con el beneplácito de las autoridades de turno.

Como acertadamente dijera una maestra de un establecimiento educativo del sector refiriéndose a la población infantil afectada con las emanaciones de plomo: “Lo increíble de estos niños no es su bajo rendimiento escolar. Lo increíble es que, pese a todo, aprendan.” Para ejemplificar lo que queremos evidenciar, nos permitimos citar en específicos tres capítulos de todo el trabajo.

De todo ello pueden deducirse, al menos, tres puntos importantes:

1.    La situación de exclusión de grandes mayorías de guatemaltecas y guatemaltecos no se debe SÓLO a la corrupción que campea impune. Es una combinación de causas estructurales e históricas. El robo al erario público por parte de autoridades venales contribuye al estado de postración de esas mayorías, pero no es su única causa. El Estado es raquítico y casi inservible porque los factores de poder así lo deciden.
2.    La corrupción y la impunidad son constantes en la historia nacional, enquistadas ya como parte del paisaje normalizado. Obtener un cargo político de elección popular es un pasaporte para el rápido enriquecimiento. Todo ello generó una cultura de normalización de la corrupción que hace que la misma se encuentre en cada rincón de la vida diaria como práctica cotidiana (desde el pequeño soborno al agente de policía hasta el robo descarado que está cometiendo hoy el Poder Ejecutivo).
3.    El Estado ha sido históricamente deficiente, puesto exclusiva –y sanguinariamente– al servicio de la clase dirigente, de espalda a las necesidades de la población, todo lo cual se agravó exponencialmente con la entrada en vigencia de las políticas neoliberales que se impusieron desde hace algunas décadas. En ese sentido, las Organizaciones No Gubernamentales –ONG’s– hacen las veces de colchón que socorre esa ausencia de Estado.

El documento al que hacemos referencia es la “Investigación con Niños/as Contaminados con plomo (Zona 17 de la Ciudad de Guatemala)”, realizada a solicitud de la Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario –ADEJUC– en el año 1999 en un barrio pobre de la ciudad de Guatemala. Para entender qué se quiere decir, permítasenos presentar tres fragmentos del estudio (además del dossier completo, para quien quisiera revisarlo): las “Consideraciones generales” (para situar el problema), las “Consideraciones previas a la conclusión” (para entender la dinámica en juego) y las “Conclusiones” propiamente dichas –en un sentido: ¡desgarradoras!–.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el kilómetro 10.8 de la carretera al Atlántico, Zona 17 de la ciudad de Guatemala, en medio de un área densamente poblada, desde hace aproximadamente 20 años la fábrica de acumuladores y recicladora de plomo Iberia mantiene su proceso de producción sin guardar las normas mínimas de seguridad. Durante todo ese tiempo ninguna autoridad competente, pese a haber habido denuncias al respecto, tomó cartas en el asunto. Consecuencia de ello los habitantes de las colonias vecinas a la planta se vieron sometidos a un proceso crónico de contaminación, debido fundamentalmente a la cantidad de deshechos de plomo impunemente arrojados al aire.

Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario (ADEJUC) desarrolla su programa de Área Urbana, desde el año 1995, en algunos barrios del sector Nororiente de la ciudad capital, justamente donde se encuentran estas comunidades damnificadas. Conocedora de esta situación, y a pedido de la misma población, intervino en este proceso a partir de mediados de 1996 brindando su asesoría y acompañamiento.

Desde ese entonces se desarrolló un acalorado y complejo proceso de lucha entre los habitantes aledaños a la fábrica (algunos de los cuales trabajan ahí mismo) y la empresa. El objetivo de la movilización fue conseguir terminar con la fuente contaminante; inclusive se planteó como meta el cierre definitivo de la planta industrial. Toda la historia del conflicto desatado fue larga, dura, y no exenta de elementos irritantes: presiones, intimidaciones, sobornos. Resultado de todo ello fue la difusión pública del problema planteado con la consecuente intervención de diversas instancias gubernamentales. Así las cosas la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) decretó el cierre temporal de las instalaciones, fijándose una multa de 5,000 quetzales, y la conminación a introducir las mejoras del caso en el proceso fabril para garantizar la no polución futura, quedando sujeta a control periódico por los próximos 5 años.

Durante el transcurso del enfrentamiento vivido entre las partes ADEJUC, intentando contribuir con ello a la apoyatura de cualquier acción a emprenderse por parte de la comunidad, facilitó la realización de exámenes de sangre para determinar el porcentaje de plomo depositado, y una medición de la calidad de aire. En ambas pruebas se encontraron niveles considerablemente altos, indicadores de una prolongada exposición a factores contaminantes. 

La organización que se había dado la comunidad en los primeros momentos de todo este proceso fue resquebrajándose y, finalmente, la comisión de vecinos que lideraba las negociaciones con la empresa – sin que esto pueda demostrarse fehacientemente, pero aparentemente producto de las intimidaciones y/o del soborno que refiere la población – firmó documentos en los que se comprometía a no continuar ninguna demanda judicial, en tanto que la fábrica tomaba la obligación – no firmada – de pavimentar las calles del sector y de construir un nuevo edificio escolar.  

Luego de 10 meses de inactividad, y tras haber realizado cambios en sus equipos, la empresa reabrió sus puertas. De hecho se registraron cambios favorables en las condiciones de habitabilidad de las colonias; la misma población comenzó a manifestar la terminación de la crónica irritación de garganta y ojos, sufrida durante todos los años de exposición al plomo en el medio ambiente. En las pruebas realizadas ahora los niveles de plomo en aire y en sangre están descendiendo a niveles no peligrosos o normales. Lo curioso a destacar es que las medidas correctivas introducidas, por la forma en que finalmente acabaron las negociaciones, no son sentidas por los vecinos como un triunfo. Contrariamente hay una sensación generalizada de fracaso y un desinterés muy grande en cuanto a participar para asegurar el monitoreo continuo de las condiciones en que la planta sigue operando. Prima la desunión, la desconfianza incluso.

Unos meses después de estos acontecimientos ADEJUC, recogiendo un interés nunca totalmente desaparecido en la comunidad, promueve una investigación sobre el estado de salud de la población infantil, con el objetivo de constatar de qué manera las modificaciones introducidas influyeron en la misma. Surge así el proyecto de un estudio multidisciplinario (médico, psicológico y social; epidemiológico en otros términos), del que aquí se presenta una síntesis en la forma de Resumen Ejecutivo. A partir de los resultados obtenidos en este diagnóstico se plantea determinar las líneas de acción a futuro con respecto a esta problemática puntual de la contaminación por plomo, siempre en el contexto del desarrollo integral con énfasis en la niñez.

La idea original fue centrarse en los problemas de aprendizaje derivados de la contaminación, objetivo que luego se amplió enfocándose la salud en un sentido más general. Para la implementación del estudio se contó con una batería de instrumentos de investigación, enfocando cada uno de ellos aspectos parciales de todo el fenómeno: 1) chequeo clínico-médico, 2) entrevista psicológica, 3) exámenes bioquímicos de sangre, 4) monitoreo de la calidad de aire en todo el sector, 5) análisis de la situación socio-demográfica e historia de las colonias en cuestión. Se investigó toda la población infantil en edad escolar de los sectores afectados, al par que se hicieron similares exámenes en otros grupos de comparación no sometidos a contaminación, de igual nivel socioeconómico que los niños/as contaminados, y de clase media y alta. Recogidos todos los insumos, y debidamente procesados, se procedió a formular una interpretación global, de la que se desprenden las correspondientes conclusiones y recomendaciones.

Los niños y niñas sometidos a esta fuente contaminante son habitantes de colonias pobres. Los servicios básicos de que disponen son deficitarios. Provienen de hogares humildes, con ingresos muy bajos y con gran cantidad de hijos (un promedio de 5 por familia). En general padecen de un estado de sub alimentación crónico, sin llegar al estado de la desnutrición. Sus condiciones generales de salud son malas, y la escuela pública a la que mayoritariamente asisten presenta muchas y variadas carencias. Sus expectativas de desarrollo personal a mediano y largo plazo no van mucho más allá de terminar los estudios primarios, los básicos en algunos casos, para rápidamente entrar al mercado laboral en el caso de los varones, para pensar ya en la maternidad en el de las mujeres.

Procesada toda la información obtenida se realizaron interconsultas con otros expertos en áreas anexas con el fin de apoyar oportunamente las conclusiones.      

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONCLUSIÓN

(…) El desarrollo de toda la indagación, especialmente la combinación multidisciplinaria de sus diferentes insumos y no sólo el resultado de un diagnóstico psicológico, nos confirma, nos muestra pormenorizadamente y nos fuerza a denunciar que los niños y niñas habitantes de las colonias adyacentes a la fábrica de acumuladores Iberia sufren de un estado de exclusión crónico, donde la contaminación del aire por los deshechos con contenido plúmbico es un elemento más que deteriora su calidad de vida.

No hay nada (¿podría agregarse felizmente?) que de un modo contundente pueda ligar esa polución con un bajo rendimiento escolar. En todo caso una lectura global de toda la situación muestra que diferentes elementos combinadamente no estimulan la excelencia académica; por el contrario la alejan como posibilidad. Subalimentación crónica, malas condiciones higiénico-sanitarias, familias numerosas y con escasos recursos, padres en general no alfabetizados o analfabetas funcionales, una política gubernamental respecto a la educación pública que definitivamente no la fomenta, y además presencia de materiales tóxicos en el medio ambiente, hacen que los niños/as estudiados de las colonias periféricas no presenten los mismos resultados en su aprendizaje que aquellos otros de los colegios privados de los grupos de comparación. (…)

CONCLUSIONES

1.    Durante aproximadamente 20 años la fábrica de acumuladores y recicladora de plomo Iberia estuvo trabajando sin ninguna medida de protección medioambiental, contribuyendo de esa manera a la contaminación de sus áreas circunvecinas.
2.    Durante todo este período ninguna autoridad competente, conocedora de la situación de irregularidad, tomó alguna medida al respecto.
3.    Los barrios que se expandieron en torno a la planta industrial lo hicieron en terrenos donde se permitieron lotificaciones sin ningún estudio previo de impacto ambiental, desconociéndose el nivel de riesgo a que se verían sometidos sus futuros habitantes.
4.    Solamente forzadas por una considerable movilización de las comunidades afectadas las autoridades pertinentes emprendieron acciones tendientes a rectificar la situación creada.
5.    A partir de las acciones correctivas ejecutadas en el transcurso del año 1998 se comenzó a modificar positivamente el estado de contaminación padecido por los habitantes de las colonias adyacentes a la fábrica.
6.    El estado de salud de los niños y niñas sometidos por años a la fuente contaminante es malo. La presencia de partículas de plomo en el ambiente contribuye a desmejorar más aún una situación desfavorable, sumándose y potenciando carencias que obedecen a su estado socio-económico, tales como mala alimentación crónica y acceso deficiente a escasos y pobres servicios básicos.
7.    Algunos indicadores biomédicos de los niños y niñas expuestos a la contaminación, considerados comparativamente con aquellos de los de los grupos de control, demuestran un estado clínico general más deficiente: mayor presencia de disfunciones oftalmológicas, peso y talla por debajo de lo esperable con una frecuencia mayor, mayor presencia de cefaleas y dolores gastrointestinales, una mayor prevalencia de anemia.
8.    Este grupo poblacional en su conjunto, y especialmente los niños y niñas, constituye un grupo de alto riesgo en términos sanitarios (por tanto de especial prioridad en función de una continua vigilancia epidemiológica a futuro), por cuanto se ve sometido a la interacción de a) elementos socioeconómicos que inciden negativamente, aumentando b) los peligros derivados de hallarse expuesto a una fuente contaminante que históricamente no estuvo sujeta a regulación alguna sino hasta muy recientemente, y que, considerando esos antecedentes, no queda absolutamente garantizado que no vuelva a incumplir normas de protección.
9.    Entre los niños y niñas de las colonias adyacentes a la planta industrial no se registran particulares problemas de aprendizaje, eventualmente asociables a su estado de contaminación plúmbica.
10. El rendimiento académico de los niños y niñas de estas colonias está dentro de los parámetros normales manejados por el Ministerio de Educación y no es distinto del de otras áreas urbano-precarias no expuestas a similares fuentes contaminantes.
11. Comparativamente considerado el universo estudiado con grupos de una situación socioeconómica más favorable hay diferencias marcadas en su grado de calidad y de expectativas como base para un futuro desarrollo post educación primaria.
12.  La educación primaria recibida por los niños y niñas que habitan los barrios periféricos a la fábrica, fundamentalmente la impartida en la escuela pública, no contribuye de ningún modo a la excelencia académica, siendo por el contrario, en términos generales, propiciadora de precariedad en el aprendizaje, y por tanto, como resultado final de todo el proceso, no estimuladora del desarrollo.
13. Si se consideran los déficits físicos (mayor incidencia de problemas visuales, mayor frecuencia de baja talla y bajo peso, mayor índice de anemia) de los niños y niñas estudiados atribuibles a la contaminación por plomo como un elemento que puede contribuir a dificultar su proceso educativo, en ese sentido puede decirse que, indirectamente, la intoxicación a que se han visto sometidos tiene un grado de influencia en su bajo rendimiento escolar.
14. La forma en que terminó el proceso de lucha llevado a cabo por los habitantes de las colonias afectadas contra la fábrica Iberia, con acusaciones de soborno y compra de voluntades de algunos de los dirigentes por parte de la empresa, trajo como consecuencia, en el ámbito de la vida comunitaria, una fuerte desunión y un desinterés por continuar dándole seguimiento a todo el problema.
15. En todo el proceso de lucha durante los años ’97 y ’98 jugó un papel de mucha relevancia la presencia del Programa de Área Urbana de ADEJUC, como asesor y apoyo de la población afectada.
16. Combinando los dos factores anteriores (14 y 15), y considerando que el presente es el último año de presencia regular del programa de ADEJUC en el sector, se abre el interrogante respecto a la sostenibilidad de los monitoreos a que debe verse sometida continuamente la planta industrial, garante de las buenas condiciones de producción que posibiliten, concomitantemente, buenas condiciones medioambientales, y por tanto sanitarias para la población.


jueves, 21 de mayo de 2015

Ni la Impunidad ni las víctimas son la causa de la guerra



León Moraria
Mayo 20 del 2015

 “Hablas de paz cuando el acero esgrimes”.
 (Shakespeare. Teobaldo en Romeo y Julieta)

¿Cuál debe ser la columna vertebral de las conversaciones que se adelantan en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia?

La pregunta surge por la insistencia del presidente de la República, la jerarquía católica, el Procurador general, la cúpula militar, dirigentes de partidos políticos y organismos internacionales (Parlamento europeo, Amnistía Internacional), de pretender desviar hacia temas secundarios, el tema central – causas - que dieron origen a la guerra entre el pueblo colombiano y el gobierno de la oligarquía/jerarquía católica. La paz no es dejación de las armas y acciones de guerra ni reparación de las víctimas ni mucho menos plantear el tema de la impunidad. La paz es solucionar los gravísimos problemas sociales, económicos, políticos de las mayorías nacionales víctimas de la opresión clasista de la oligarquía/jerarquía católica/latifundista, que dan origen a la guerra. Ello constituye la columna vertebral de las conversaciones de paz. La otra vía es repetir la Leyenda de Sísifo: alcanzar la cumbre de la paz, para rodar de nuevo por la pendiente de la guerra, como ha venido ocurriendo en Colombia durante 200 años de vida republicana. Si no se solucionan las causas de la guerra, es imposible alcanzar la paz estable y duradera. Es repetir el fracaso de acuerdos anteriores de paz, tanto en Colombia como en Centro América.

En las últimas semanas se ha colocado en la mesa de conversación el tema de “víctimas y victimarios”, unido al tema de “impunidad y reparación de las víctimas”. Ambos dirigidos a la guerrilla y no al Estado, origen de toda violencia. La violencia nunca se origina en las mayorías nacionales (obreros, campesinos), la violencia tiene su origen en el Estado dominado por la clase oligarca/jerarquía católica/latifundista. El Estado ejerce la dictadura de la oligarquía (1%) sobre las mayorías nacionales (99%). Lenin decía, “el Estado es la clase”. Toda violencia se genera en el Estado y encuentra rechazo en la sociedad (mayorías nacionales), víctima directa de la violencia del Estado.

El derecho a la rebelión de las mayorías nacionales (Artículo de la Constitución Nacional, Resolución de la ONU, Convenio de La Haya de
1907), contra la violencia que ejerce el Estado, es lo que le da beligerancia al enfrentamiento armado, cuyo origen es:

Primero, el reclamo pacífico de reivindicaciones sociales (cumbre agraria 2014): tierra para el campesino, salario para el obrero, seguridad social, democracia, salud, educación, vivienda, trabajo estable.

Segundo, cuando esas reivindicaciones sociales en lugar de ser atendidas y solucionadas por el Estado, las reprime por la violencia que lo caracteriza, estalla la guerra que, desde hace 67 años, padece el pueblo colombiano. Si toda violencia se origina en el Estado ¿Quién es el victimario? Victimario no puede ser quien ejerce el elemental derecho a la defensa, el derecho a la vida. Víctimas de la violencia del Estado son los guerrilleros que han tenido que empuñar las armas, como mecanismo de defensa, para proteger la vida. Caso de la Unión Patriótica que creyó en la participación cívica, no empuñó las armas y sus máximos dirigentes y activistas fueron asesinados. Aquellos de la Unión Patriótica que empuñaron las armas - Simón Trinidad – o aquellos que tomaron el camino del exilio – Joaquín Pérez Becerra - salvaron la vida.

Si la Constitución Nacional establece el derecho a la rebelión contra el Estado opresor ¿Dónde está la ilegalidad de las FARC y el ELN (pueblo en armas, Ejército del Pueblo), que lucha contra la opresión del Estado? Ilegal es la actuación del Estado que debe velar por la paz interna en cumplimiento del mandato constitucional. Pero hace lo contrario, en lugar de promover la paz, genera múltiples formas de violencia: masacres, asesinatos, desapariciones, fosas comunes, despojo de tierras, “falsos positivos”, paramilitarismo, bombardeo de zonas campesinas, fumigaciones con glifosato, millones de desplazados hacia las ciudades, otras regiones o países vecinos. Colombia tiene la mayor cifra de desplazados por causa de la violencia del Estado. Según informe de la ONU, el 80% de la violencia (ejército, policía y paramilitares), la genera el Estado y 20% la guerrilla. ¿Quién es el victimario?

Otra forma de agudizar la violencia es permitir la injerencia de militares de Estados Unidos en la guerra, con 7 bases militares instaladas en territorio colombiano, dotadas de la mejor tecnología militar. La Corte Constitucional dictaminó la ilegalidad de dichas bases militares y tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, permanecen indolentes ante la sentencia de la Corte. Esta injerencia estadounidense transforma la guerra interna en guerra de liberación nacional por la soberanía nacional y contra el invasor extranjero.

Lo ocurrido hace doscientos años entre los pueblos americanos y el imperialismo europeo, cuyas monarquías ejercían la violencia, produjo el estallido social, la guerra de las mayorías americanas contra el Estado monárquico. Esa guerra tuvo sus prolegómenos en rebeliones que se sucedieron en diferentes regiones de América: comuneros de Paraguay; 112 rebeliones campesinas en Perú, la más notable la de Túpac Amaru; La Rebelión Comunera de El Socorro en Colombia. Todas comenzaron por simples solicitudes de reivindicación social, desoídas y reprimidas por el Estado (Virrey), lo cual provocó la guerra y, ante el avance incontenible del ejército comunero, el Virrey propuso conversaciones de paz, se firmaron acuerdos, se violaron los acuerdos y el Estado (la monarquía/jerarquía católica), impuso la violencia. Esa historia se ha repetido en Colombia, una y otra vez, durante 200 años y hace de la guerra actual, la continuación de guerras anteriores por cuanto sus causas nunca han sido eliminadas.

Al finalizar la guerra de independencia de las nacientes republicas americanas, los protagonistas (Morillo, La Serna, Canterac y demás jefes realistas), no fueron llevados ante un Tribunal para sentenciar su castigo o “impunidad” ni para “resarcir a las víctimas.” De igual manera ha ocurrido en cada país con las guerras habidas contra la opresión de la clase en el poder: guerra de la Federación en Venezuela; la llamada Revolución Mexicana (1911); las guerras en Centroamérica: Sandino, Farabundo Martí; la guerra de los barbudos de la Sierra Maestra; la guerra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); las guerrillas liberales en Colombia (1949-1953). En casi todas, los acuerdos de paz se incumplieron y los jefes guerrilleros fueron asesinados a mansalva por orden del Estado: Zapata y Pancho Villa; Sandino y Farabundo Martí; Guadalupe Salcedo y jefes guerrilleros. Siempre privó la impunidad del victimario: el Estado.

Sentar a los comandantes guerrilleros de las FARC y el ELN en el banquillo de los acusados es tan igual a sentar a Bolívar y los próceres que se rebelaron contra la violencia de la monarquía/jerarquía católica (La Inquisición). Es sentar en el banquillo de los acusados a Zapata, Villa, Sandino, Farabundo, Fidel, Raúl, El Che, Daniel Ortega, Dilma Rosseff, Pepe Mujica y todos los que han empuñado las armas contra la violencia del Estado. Los comandantes de las FARC han sido muy claros en su posición: “no hemos venido a esta mesa de conversación a negociar una celda en una cárcel, sino, a pactar la solución de las causas de la guerra para ponerles fin y alcanzar la paz estable y duradera.”

Según Amnistía Internacional: “la columna vertebral de este proceso debe ser el tema de las víctimas, especialmente el derecho de las víctimas a la verdadera justicia y la reparación. Colombia tiene una clara responsabilidad de respetar el derecho internacional y los derechos humanos.” Dixi Amnistía Internacional.

Vale preguntarle ¿Y cuál es el derecho de las víctimas? El derecho de las víctimas comienza por solucionar las causas que provocaron la guerra, es decir, las causas que provocan las víctimas.

La actitud de Amnistía Internacional es la misma asumida por el presidente Santos, la jerarquía católica, el Procurador, la cúpula militar, jefes de partidos políticos, el Departamento de Estado, la Comunidad europea, de pretender desviar las conversaciones hacia objetivos secundarios. La Ley de la contradicción dice que, en un conjunto de contradicciones, priva la contradicción principal. Y en toda guerra social, la contradicción principal está en la causa y no en los efectos. El tema de las “victimas” es efecto de la guerra, es un tema a posteriori, que no puede atenderse hasta tanto no se solucionen las causas de la guerra: fábrica de víctimas. De manera que, la columna vertebral de las conversaciones no son, la “impunidad ni víctimas y victimarios”, como sugiere Amnistía Internacional, sino, las causas de la guerra.

El cumplimiento de los acuerdos de paz comienza por la eliminación de las causas de la guerra: tierra para los campesinos (Reforma Agraria), reivindicaciones laborales, salario, educación, salud, vivienda, trabajo estable y democracia. Si estas causas no se solucionan, de que sirve hablar de “impunidad, víctimas y victimarios”. En lugar de hablar de financiamiento para “resarcir a las víctimas” ¿Por qué no hablar del financiamiento para darle solución a los problemas sociales, causa de la guerra, solución en la cual están incluidas las víctimas?

Colombia tiene la democracia más antigua de Latinoamérica”, dicen los altos jerarcas del gobierno. ¿Puede el gobierno colombiano hablar de democracia? ¿Qué clase de democracia existe en un país en el cual, desde hace 67 años perdura una guerra interna? La guerra y sus causas constituyen la negación de la democracia. Los gobernantes colombianos proclaman una y otra vez, “en Colombia, existe la democracia más antigua de Latinoamerica”. ¿Se refieren a la democracia que comenzó con el asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre, el destierro de Bolívar, que prosiguió con el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el asesinato de los candidatos presidenciales de la Unión Patriótica: Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, senadores, diputados, munícipes y 5.000 de sus militantes? ¿Se refiere a los cientos de líderes veredales, municipales, campesinos, obreros, sindicalistas, periodistas y activistas de organizaciones que surgen para la defensa de los derechos humanos? ¡Asesinados! ¿Se refiere a las masacres realizadas por el ejército y sus paramilitares, las fosas comunes, como, La Macarena, con más de 2000 cadáveres hallados junto a una base militar? ¿Se refiere a los “falsos positivos” ideados por Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos? ¿Es esta la “democracia” de la cual se ufanan los gobernantes y que durante 200 años ha existido en Colombia?

¿Se puede hablar de democracia en un país invadido por una potencia extranjera y con 7 bases militares instaladas en territorio colombiano, desde las cuales se realizan acciones de guerra (bombardeos) contra zonas campesinas? ¿Se puede hablar de democracia en un país que carece de soberanía por cuanto la presencia de un ejército extranjero, invasor, en su territorio, lo convierte en colonia estadounidense?

La dejación de las armas no es cuestión que le compete sólo a las FARC y ELN, debe comenzar por la expulsión de las 7 bases militares, la eliminación de los paramilitares (ahora denominados con el eufemismo, Bacrim) y la solución de las causas de la guerra. Única forma de alcanzar la paz.

Si se acata el Estatuto de Roma (derecho internacional), los gobiernos colombianos deben ser llevados ante un Tribunal para ser juzgados por sus horrendos, monstruosos crímenes contra el pueblo colombiano y países vecinos (bombardeo a Sucumbíos, Ecuador). Por haber alentado la guerra durante 67 años, sin intentar buscar la paz como se lo impone la Constitución Nacional.

Los intentos de paz siempre han tenido su origen en los movimientos guerrilleros. La guerrilla ha luchado para alcanzar la paz. Ha sido su objetivo fundamental, conquistar la paz y eliminar las causas de la guerra. Los guerrilleros no son una fuerza armada masoquista que le encanta vivir en las dificilísimas condiciones de vida de la selva; duras condiciones que hacen del guerrillero un ser extraordinario por sus convicciones y mística revolucionaria. Pregúntenle al general Rubén Darío Alzate Mora.

¿En dónde está la gran barrera contra la paz? La gran barrera contra la paz está en la solución de los problemas, origen de la guerra, lo cual trae la pérdida de privilegios de clase de la oligarquía/jerarquía católica/latifundista, por una parte. Y por la otra, la implementación de la democracia, negada al pueblo colombiano durante 200 años.

 Las consideraciones de Amnistía Internacional referidas a la paz en Colombia, producen hilaridad. Están fuera del contexto.


martes, 19 de mayo de 2015

Guatemala: ¿se podrá ir más allá de la lucha contra la corrupción?



Marcelo Colussi

“Rebelarse ante los atropellos lleva implícito el cambio.”

Paulo Freire

I

Hace un año, a mediados de 2014, alguien que maneja información fidedigna de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala decía, en tono de secretividad, que desde ese centro decisorio ya se le había bajado el pulgar a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, y terminando su mandato, muy probablemente ambos serían extraditados a suelo norteamericano para ser juzgados allá por sus vínculos con la narcoactividad.

Hoy vemos cómo la ahora ex vicepresidente puede pasar a ser enjuiciada a la brevedad por sus prácticas corruptas mientras fue funcionaria en su país, y según las declaraciones de la guatemalteca Marllory Chacón Rossell, alias la “Reina del Sur” –su íntima amiga– recientemente sentenciada en una corte de Miami por su participación en el narcotráfico, todo indicaría que también la Doctora honoris causa por la Universidad Católica de Daegu de Seúl, Corea del Sur, podría correr similar suerte en un futuro no muy lejano.

Por otro lado, en Guatemala el presidente Otto Pérez Molina comienza a quedar en total soledad. La alta cúpula empresarial nucleada en el CACIF no termina de darle la espalda (Pérez Molina, de formación kaibil, alias Comandante Tito durante la pasada guerra, tuvo una destacada labor contrainsurgente “neutralizando” subversivos comunistas, por lo que la oligarquía tiene una deuda de honor con su otrora guardaespaldas). Pero tampoco pareciera estar dispuesta a hacer mucho por él en este momento de crisis. De hecho, el vicepresidente que acaba de nombrarse en reemplazo de Roxana Baldetti es pieza del empresariado y no del Partido Patriota. La Embajada de Estados Unidos, el otro gran poder real de la escena, también saluda con beneplácito el nombramiento de Alejandro Maldonado, en quien ve una garantía de gobernabilidad, pensando ya en la posibilidad del alejamiento de Pérez Molina del sillón presidencial y en un gobierno de transición “ordenado y respetable”.

Por lo pronto, en este ajedrez monstruoso que es la política entendida como juego de poderes entre “grandes” y donde la población nunca pasa de ser convidada de piedra, a lo sumo emitiendo un voto cada tanto tiempo (¿eso es la democracia representativa?, ¡¡¡qué horror!!!), en esa dinámica de intereses, la oligarquía tradicional comienza a chocar con los que tiempo atrás fueran sus guardaespaldas, convertidos ahora en nuevos actores económicos a partir del manejo de “economías calientes” (narcotráfico, contrabando, negocios fraudulentos desde la estructura del Estado, como por ejemplo la asignación espuria de millonaria obra gris, o la pretendida limpieza del contaminado lago de Amatitlán). Los otrora defensores de la propiedad privada durante la Guerra Fría (para lo que fueron muy bien preparados en las estrategias contrainsurgentes en la Escuela de la Américas del Pentágono) ahora se transformaron en propietarios también. En otros términos: asistimos en el momento actual a una lucha entre facciones de propietarios, de oligarquía tradicional (en muchos casos ligados a las tradicionales familias patricias descendientes de la colonia) enfrentados a “nuevos ricos”, devenidos tales a partir de la guerra contrainsurgente de estas últimas décadas que les permitió posicionarse como mafias enquistadas en las estructuras del Estado (por ejemplo, los grupos clandestinos de La Cofradía, La Oficinita o El Sindicato, al cual pertenece el presidente Pérez Molina).

La población de a pie, esa que protesta por la instalación de industrias mineras contaminantes o por los salarios de hambre que se siguen manteniendo (ahora con el proyecto de “salarios diferenciados” en la industria maquilera, salarios menores al mínimo fijado por ley), con uno u otro grupo (nuevos ricos o ricos tradicionales) sigue en las mismas condiciones. A título de ejemplo demostrativo, recuérdese que el salario mínimo cubre apenas la mitad de la canasta básica, y según datos de una investigación publicada a fines del 2013 por el Comité de Desarrollo Campesino –CODECA– (Situación Laboral de Trabajadores/as Agrícolas en Guatemala) el 90% de trabajadores rurales ni siquiera llega a eso, pues recibe un sueldo inferior al mínimo establecido legalmente. El Estado históricamente jugó el papel de legitimador de esa situación (así como a veces también lo hizo la jerarquía de la Iglesia católica). Si bien la corrupción es una lacra abominable (¡¿quién podría negarlo?!), la pobreza crónica que vive más de la mitad de la población no tiene como causa únicamente la corrupción que campea. La corrupción e impunidad que se viven en Guatemala, en todo caso son consecuencia de esa historia de explotación inmisericorde y del tipo de Estado que se ha mantenido desde hace siglos, justificador y defensor de tal situación.

II

Es sabido que toda Latinoamérica es el patio trasero de la gran potencia del Norte. Pero en Centroamérica eso es descaradamente evidente: allí no hay decisión política de peso en que no participe Washington. Hoy por hoy, la frontera sur de Estados Unidos pasa por el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, es decir: Guatemala, Honduras y El Salvador. De ahí la importancia de entender la dinámica actualmente desatada en la tierra del quetzal en esta clave. Las movilizaciones cívicas que se están viendo son más que una lucha contra la corrupción.

¿Por qué situar este análisis diciendo todo esto? Alguien podría señalar el presente texto como producto de una visión paranoica y denunciar como absurdo esta presunta idea de la Casa Blanca tras todos los acontecimientos de la vida. Pues bien: aún a riesgo de poder ser leído así, entiendo que hay elementos para proponer un análisis que contextualice los acontecimientos actuales más allá de las marchas de sectores medios urbanos que se están dando (marchas, por cierto, que abrirían la posibilidad de pensar alguna posibilidad de cambio real yendo más allá de la lucha puntual contra la corrupción).

Centroamérica es una zona explosiva. De hecho, ahí se jugó buena parte de la Guerra Fría entre las dos superpotencias. El cuerpo (léase: las sangrientas consecuencias del enfrentamiento) lo pusieron los centroamericanos. Guatemala, por lo pronto, presenta el mayor porcentaje regional de desapariciones forzadas durante toda su guerra sucia, llegando a casi un 50% de ellas en toda Latinoamérica (alrededor de 50,000 sobre 108,000). Las más de 600 masacres de aldeas indígenas en el Occidente del país constituyen una herida abierta que repite la represión originaria de la conquista española 500 años atrás (el 82% de las víctimas de este conflicto armado son mayas). Los tres países mencionados estuvieron involucrados en esas monstruosas guerras de décadas pasadas (Guatemala y El Salvador con guerras civiles, Honduras prestando su territorio para la Contra nicaragüense), y las secuelas de eso no se han borrado. Además, la pobreza estructural histórica que viven (todos con alrededor de 50% de sus poblaciones por debajo del límite de pobreza que establece Naciones Unidas: 2 dólares diarios de ingreso) los coloca en la situación de ser verdaderas bombas de tiempo, listas para explotar en cualquier momento.

Guatemala “exporta” diariamente no menos de 100 personas (jóvenes fundamentalmente), que van a buscar el “sueño americano”, aun sabiendo de las tremendas dificultades que podrán encontrar. Por lo pronto, según datos oficiosos de las instituciones que siguen el tema (“oficiosos” porque no hay registros oficiales del asunto), uno de cada tres migrantes llega a destino, uno es devuelto por las autoridades migratorias y uno muere en el intento. Si pese a esa situación patética el éxodo continúa (y la tendencia es ir en aumento, pese a la crisis económica que vive Estados Unidos desde el 2008, de la que aún no se ha recuperado plenamente), ello evidencia lo aún más patético y desconsolador de seguir viviendo en estas latitudes (pobreza, falta de oportunidades, violencia, y como telón de fondo de todo ello: corrupción e impunidad galopantes por parte de las autoridades).

Para la geoestrategia de Washington esta combinación de pobreza, violencia y corrupción da como resultado esto que se ha dado en llamar Estados fallidos (verdad “científica” a medias, más pensada como parte de una estrategia política que como una categoría del discurso académico). Lo cierto es que para esa lógica imperial, Guatemala entra en esa condición: es un narcoestado y un Estado fallido. Además, y “casualmente”, en estos países se dan movimientos espontáneos de protesta ante las nuevas formas de acumulación del capital, centradas en la renovada depredación de recursos naturales (léase: industrias extractivas y energéticas. Véase al respecto el esclarecedor estudio “Los desafíos del desarrollo en Guatemala”, URL: 2013, de Nery Villatoro).

III

Ante esas respuestas populares, asistemáticas en muchos casos, sin dirección clasista, nacidas espontáneamente a la luz de la defensa de territorios ancestrales, pero con un claro contenido antisistémico, como dice el portugués Boaventura Sousa Santos refiriéndose al caso colombiano en particular y latinoamericano en general, “la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. La mayor amenaza [para la estrategia hegemónica de Estados Unidos, para el capitalismo como sistema] proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo, riquezas minerales], o sea, de los pueblos indígenas”.[1] Anida allí, entonces, una cuota de esperanza para quienes siguen creyendo que “otro mundo es posible”. ¿Quién dijo que todo está perdido?

Que allí, en esos movimientos de reivindicación espontáneos, hay posibles fermentos de cambio, es evidente. Lo puede saber –sin saber bien qué hacer– la fragmentada y desorientada izquierda. Pero más aún lo sabe –¡y sí sabe qué hacer!– la estrategia que domina el panorama de la región, que no es otra que la de la Casa Blanca. De hecho, en el informe “Tendencias Globales 2020 - Cartografía del futuro global”, del consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de ese país, puede leerse: “A comienzos del siglo XXI, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…) Esos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización (…) que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos latinoamericanos de origen europeo. (…) Las tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas”.[2]

Guatemala está en el epicentro de esta conflictividad. Con el agregado, muy importante por cierto, de presentar cuotas de “desgobierno” (permítasenos decirlo así), de corruptas y tenebrosas mafias enquistadas en las estructuras de la administración pública que contribuyen con un leño al fuego para el clima de ingobernabilidad (o, más precisamente dicho, que agregan elementos de preocupación para un clima de inversiones tranquilo, para un “capitalismo serio”). Ya ha pasado a ser común en la actual administración del general Otto Pérez Molina que para cada contrato gestionado con el Estado, la empresa privada beneficiada debe dejar hasta un 30% de “mordida”. Si bien el capitalismo es en sí mismo, como cualquier sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, un robo, es un robo legalizado (“La propiedad privada es el primer robo de la historia”, argumenta Marx). Que la clase dirigente, la aristocracia tradicional, descendiente de los primeros encomenderos del siglo XVI en muchos casos, detente inconmensurables riquezas basadas en la explotación despiadada de una clase trabajadora eternamente excluida (indígena en muy buena medida), no es visto como “corrupto” (¿robo legalizado?). Que algún funcionario de Estado tenga una mansión tan lujosa como esos empresarios (obviamente obtenida por medio de mecanismos mafiosos) ¡es corrupto!

En modo alguno se pretendería aquí justificar ese bochornoso e inmoral proceder del robo del erario público. La corrupción, sin ningún lugar a dudas, es un mal que corroe las sociedades y las culturas, se vincula con otras formas de injusticia e inmoralidades, provoca crímenes y asesinatos, violencia, muerte y toda clase de impunidad; genera marginalidad, exclusión y miedo (…) mientras utiliza ilegítimamente el poder en su provecho. Afecta a la administración de justicia, a los procesos electorales, al pago de impuestos, a las relaciones económicas y comerciales nacionales e internacionales, a la comunicación social. (…) Refleja el deterioro de los valores y virtudes morales, especialmente de la honradez y la justicia. Atenta contra la sociedad, el orden moral, la estabilidad democrática y el desarrollo de los pueblos”, podemos afirmar categóricamente siguiendo al preclaro documento “Corrupción y conciencia cristiana” de la Conferencia Episcopal de Ecuador, formulado en 1988, absolutamente vigente al día de hoy. La corrupción es un cáncer putrefacto, sin dudas. Aunque no debemos olvidar que la corrupción en Guatemala es connatural a su historia: “Llegamos aquí para traer la fe católica, para servir a su Majestad, y para hacernos ricos”, dijo el español Bernal Díaz del Castillo en el siglo XVI. No hay dudas que muchos encomenderos de aquel entonces lo lograron (¿queda claro por qué “la propiedad privada es el primer robo de la historia”?)

IV

Si es cierto que desde tiempo atrás ya estaba escrito el guión de la salida nada airosa de este elenco gobernante en alguna oficina del Departamento de Estado o de la Embajada en Guatemala, no lo sabemos. Lo cierto es que vemos en este momento que se da una serie de acontecimientos que deja abiertas algunas preguntas: ¿Roxana Baldetti renuncia por la presión popular, o porque el gran capital necesita un clima de “tranquilidad” para invertir sin sobresaltos y sin mafias (léase maras de cuello blanco) amenazantes?

Aún a riesgo de ser visto como paranoico (ya lo anticipábamos más arriba), no puede dejar de tenerse presente en el análisis que en su muy bien hilvanada estrategia de dominación global, Washington ha sabido renovar su arsenal de medios de guerra, y mucho de lo que pasa en nuestro país tiene que ver con esas líneas maestras que teje la Casa Blanca (o los capitales a los que ella representa). Hoy, por ejemplo, asistimos a lo que sus geoestrategas llaman “guerra de cuarta generación”, guerra mediático-psicológica consistente en manipular de forma artera (pero muy eficientemente) la conciencia de las poblaciones: “El rumbo actual lo marca la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos incoordinados que caen fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotan de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón”, proponía uno de los redactores de los hiper-conservadores Documentos de Santa Fe, el polaco-estadounidense Zbigniew Brzezinsky (1968). ¿Qué tendrá que ver eso con las marchas cívicas pacíficas que hace unas semanas tienen lugar en Guatemala?

Dicho de otra manera: ¿por qué se destapa lo de la mafia de La Línea? ¿Por qué cae deshonrosamente esa pérfida y altanera corrupta que es Roxana Baldetti, a quien unos días antes de su caída el vicepresidente estadounidense Joe Biden, de visita en el país, no había querido siquiera saludar? ¿Por qué su compañero de fórmula (aparentemente compañero sentimental extramatrimonial también), Otto Pérez Molina, tiene que terminar sacrificándola? ¿Por qué incluso el presidente, pese a su enconada oposición, tiene que ceder ante las presiones y renovar por dos años más el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– cuando en principio se oponía con tenacidad? En esa lógica cabe también la pregunta: ¿qué son estas marchas cívicas?

Sabemos que en estos últimos tiempos Washington, al renovar sus instrumentos de dominación, optó por los llamados “golpes suaves”. Es decir: dejando atrás los cuartelazos cruentos con las fuerzas armadas locales, títeres de sus planes imperiales, con mucha sangre y tanques de guerra en la calle, ahora busca “movilizaciones” masivas de la ciudadanía, aparentemente espontáneas, para protestar ante gobernantes que no son del agrado de su geoestrategia, con lo cual logra igualmente sus cometidos, sin sangre ni balas. Así, por ejemplo, todas las llamadas “revoluciones de color”: revolución de las rosas en Georgia, revolución naranja en Ucrania, revolución de los tulipanes en Kirguistán, revolución blanca en Bielorrusia, revolución verde en Irán, revolución azafrán en Birmania, revolución de los jazmines en Túnez, las Damas de Blanco en Cuba (que en sentido estricto no lograron sacar al gobierno, pero que hacen ruido y preparan condiciones), los “movimientos de estudiantes democráticos antichavistas” en Venezuela, quizá la “Primavera árabe” en Medio Oriente (tal vez nacida espontáneamente, pero luego cooptada por estas estrategias). Así podría llegar a pensarse en los “camisas blancas” cuando el caso Rosenberg aquí en Guatemala, virtual intento de golpe de Estado contra el presidente Álvaro Colom, ligados igualmente a los más reacciones sectores conservadores nacionales. Es decir: movimientos pro-democracia (¿qué democracia, la formal, la representativa? Obviamente de eso se trata), movimientos pacíficos que, movilización ciudadana de por medio, logran cambios en las cúpulas gubernamentales (procesos de roll back, de reversión, las llaman sus ideólogos). Golpes suaves, soft. Ya no son presentables dictadorzuelos sanguinarios (Somoza, Batista, Ríos Montt, etc.); ahora se trata de mostrar caras alegres y ciudadanía “comprometida” que, cacerolas en mano, quita del gobierno a personajes no deseables. Nótese, de paso, la cantidad de términos en inglés que tachona las estrategias. ¿Indicará algo eso?

Golpes suaves, revoluciones de color: algo así podría pensarse que puedan ser estas movilizaciones pacíficas que van de la mano del pedido expreso del CACIF de lucha contra la corrupción, y de la Embajada hablando de gobiernos no corruptos (el embajador Todd Robinson acusó a la “corrupción” del lamentable estado de una escuela que visitó en Puerto Barrios). Está claro que las marchas que se han visto hasta ahora son de extracción clasemediera, centradas exclusivamente en la indignación que causa la corrupción.

V

Insistamos: ese estado de movilización, de rebeldía ciudadanía podría decirse, es buenísimo, genial. Y por supuesto, totalmente genuino. Es un despertar de sectores que habitualmente estaban alejados de lo político, que seguían pensando –como efecto de la desmovilización que trajo la guerra– que política es “meterse en babosadas”, peligroso, candidato a ser un desaparecido. Algunas personas que llegaron a la plaza en la primera manifestación venían acompañadas de sus guardaespaldas, igual que sucedió con los “camisas blancas” cuando el caso Rosenberg en el 2009. Evidentemente ese descontento anti-corrupción (en buena medida: descontento anti-Baldetti, dado por la misoginia imperante) no es lo mismo que las protestas campesinas contra las industrias mineras o el monocultivo de palma africana para la producción de etanol, expulsión de habitantes mediante. Pero de todos modos: ¡bienvenidas! Indican un talante social que apenas algunos meses atrás no estaba en el colectivo. Que la gente hable y reaccione siempre es bueno.

La cuestión es poder identificar dónde lleva todo este descontento. Definitivamente ¡hay descontento! Para los sectores medios urbanos, los mismos que tres años atrás votaron a favor de la propuesta de “mano dura” del general Pérez Molina como esperanza de terminar (¿con mano dura?) con la violencia delincuencial que azota al país (muy manipulada mediáticamente, dicho sea de paso), el hecho de ver cómo una casta gangsteril se enriquece de un modo grotesco (mansiones de lujo, caballos de carrera, joyas y exquisiteces de momento reservadas a los herederos de aquellos encomenderos de que hablábamos, a los grandes capitalistas “honestos” –los nucleados en el CACIF, los legales–) es intolerable.

Sin dudas que la población urbana reaccionó. Las continuas denuncias de corrupción evidenciadas por “elPeriódico” (quien recibe información por línea directa de la Embajada) fueron preparando las condiciones. Lo que alguien había anticipado un año atrás, evidentemente era cierto: un capitalismo “serio” debe desembarazarse de nuevos Al Capone, de mafias corruptas, de intolerables exigencias de “mordidas”. Esas mafias son las que manejan el tráfico de sustancias psicotrópicas ilegales hacia el principal mercado del mundo: Estados Unidos; por lo tanto, al menos para el discurso oficial (el campo del narcotráfico abre el doble discurso: el sistema lo penaliza pero al mismo tiempo se vale de él, como alimento para su sistema financiero y como mecanismo de control social), exige que los grupos clandestinos que las comercializan deben ser castigados. Ya cayó Marllory Chacón en Miami; ¿siguen Baldetti y Pérez Molina? ¿Se desarmará realmente El Sindicato? ¿Entonces estaba escrito el guión ya desde hace un año?

La indignación se apoderó de los sectores medios capitalinos. La población, muchas veces en familia, salió honestamente a la calle a protestar, bebés en brazo. La indignación fue en aumento: de la cabeza de Baldetti se pasó ahora a la del presidente Pérez Molina. Y la protesta no pareciera detenerse. Ahora se la emprende contra toda la clase política: el candidato Manuel Baldizón, supuestamente ganador de las próximas elecciones de septiembre, comienza a ser denostado por esos mismos sectores: “¡Mi huevo te toca!”, o “Le toca al pueblo… ¡sacarte a la mierda!”, podía leerse en cartelones llevados a las concentraciones. Y en un mitin en la ciudad de Santiago de los Caballeros de la Antigua Guatemala fue abucheado. Las denuncias de elPeriódico (helicópteros de cinco millones de dólares, armas de sus guardaespaldas de última generación, costosísimas y sólo disponibles por las fuerzas armadas, chaleco blindado) contribuyen al clima de desprestigio de esas mafias (Baldizón no es aún gobierno –quizá nunca llegue a serlo– pero no difiere en nada de las bandas hoy día puestas en la picota).

El clima electoral que se suponía debía instalarse a partir del inicio oficial del período eleccionario el pasado 2 de mayo está lejos de afianzarse. Por el contrario, la indignación popular ha puesto sobre la mesa un descontento crónico que algún tiempo atrás seguramente estaba, pero no había tomado estado público. Hoy día la rebeldía ante tanta corrupción y delincuencia de cuello blanco (no distinta, en esencia, del ratero ladrón de teléfonos celulares o cadenitas, con más poder, claro) ha tomado las calles. En principio, las de la capital. El sábado 16 de mayo, también la de algunas ciudades del interior del país.

Hecho interesante: en la marcha del pasado sábado, muy numerosa por cierto, inédita en la historia de la democracia retornada al país en el año 1986, llegaron 50,000 personas. Y había más que clase media urbana; llegaron también columnas de campesinos mayas, además de universitarios de todos los pelajes (desde la pública e históricamente combativa San Carlos –la USAC– hasta la neoliberal Francisco Marroquín). Es decir: se asistió a una concentración policlasista, espontánea [¿será totalmente espontánea?], popular, sin liderazgos ni discursos (sólo se cantó el Himno Nacional). El tema convocante, el único tema convocante fue la indignación ante la corrupción. De ahí que, luego de la cabeza de la ex vicepresidente, ahora se haya pedido la de la clase política en juego. La de Pérez Molina, sin dudas (la marcha del sábado 16 probablemente la haga rodar). La de un Alejandro Maldonado, en principio no (aunque habría innumerables argumentos para poder pedirla también, por su historial de conservador absolutamente antipopular y visceral anticomunista ligado a los escuadrones de la muerte: favoreció el estancamiento del juicio por actos de lesa humanidad del genocida Ríos Montt, entre otras cosas).

La población está indignada; la corrupción es una herida abierta. De otras cosas (la miseria generalizada, los salarios de hambre, la explotación histórica) aún no se ha hablado en estas marchas. ¿Se podrá empezar a hablar? ¿Qué sigue ahora en el país?

VI

Guatemala, al igual que todos los países latinoamericanos, sufrió en estas últimas décadas una paliza tremenda: política y económica, lo cual explica el grado de desmovilización popular que se sufría, quebrado ahora por estas movilizaciones. Los planes neoliberales implementados estos últimos años tuvieron como resultado: 1) enriquecer enormemente a las clases dominantes aumentando en forma vergonzosa la brecha con los desposeídos, y 2) precarizar de un modo bochornoso la situación de los trabajadores. Conquistas laborales que eran un avance en las sociedades (ocho horas diarias, seguridad social, jubilación, estabilidad laboral, etc.) se perdieron, y hablar de “sindicalismo” es hoy sinónimo de mafia gangsteril. Tener un puesto de trabajo (así sea en una maquila con “salario diferenciado”, es ya un logro. De hecho, así lo dijo la ex vicepresidente Baldetti: “algo es mejor que nada”).

Esos planes de hiper-privatización, de beneficio absoluto para el capital en desmedro de la clase trabajadora, aquí en Guatemala como en toda Latinoamérica, se montaron en las tremendas guerras sucias internas, donde las fuerzas armadas terminaron sangrientamente hasta con la más mínima expresión de protesta y organización popular. En ese sentido, oligarquías y ejércitos son los ganadores de esos planes contrainsurgentes. El ganador mayor, sin embargo, sigue siendo Washington, que mantiene así bajo control esta región como su patio trasero, obteniendo mano de obra barata y recursos naturales a discreción. Pero ahora, algo preocupado, porque estos países están “demasiado mal”, y esas ollas a presión nunca son recomendables para la lógica de la continuidad del sistema. De ahí que mejor desactivarlas, ponerles válvulas de escape. La represión ya no es el camino indicado (tiene costos políticos –e incluso económicos– que no se quieren pagar hoy, por demasiado onerosos); de ahí el retorno de las democracias (ya llevamos casi tres décadas de eso y nada cambió, incluso con Firma de la Paz lograda, pero el proyecto de Washington sigue apuntando a no regresar a las dictaduras). Estas décadas, de todos modos, el show electoral funcionó. Ahora, con un país bastante convulsionado, con demasiada pobreza según la lógica imperial (porque los “mojados” desesperados no dejan de salir para el Norte), y con camarillas gobernantes a las que se les fue la mano en la corrupción, se busca cambiar la estrategia. ¡Hay que edificar capitalismos serios, responsables, no corruptos!

La suma de sangrienta represión y programas de capitalismo salvaje (eufemísticamente llamados “neoliberales”) dio como resultado una despolitización generalizada. La generación post conflicto heredó un país marcado por la hiper explotación y el silencio, la resignación, los distractores en su máximo nivel. Un ideólogo de estas políticas conservadoras y exterminio de toda protesta social, el japonés-estadounidense Francis Fukuyama, llegó a decir pomposamente hace algunos años que “la historia había terminado”. ¡Afirmación artera, engañosa! La historia, aunque supuestamente esté “pasado de moda” decirlo así, sigue siendo la interminable lucha de clases, el combate a muerte en torno al producto del trabajo social, la apropiación de la riqueza producida por los trabajadores. La “resolución pacífica de conflictos”, puesta “de moda” estos últimos años, no pasa de ser una engañosa agenda: la propiedad privada continúa siendo la esencia final del sistema. Tocar eso es desatar la guerra, llamar a la reacción más conservadora.

Las actuales protestas cívicas, que este sábado también contaron con población maya, con sectores campesinos –aunque no mayoritariamente– no tocan esa roca viva, cimiento del sistema. ¿Se podrá ir más allá de la lucha contra la corrupción? ¿Se podrá tocar eso de lo que no hay que hablar, de la explotación, de la miseria, de la injusticia estructural? Además de quemar una bruja en la plaza pública (eso podría ser el significado de la renuncia de Ingrid Roxana Baldetti Elías), que puede servir como válvula de escape a tanto descontento acumulado, ¿se podrá tocar realmente la roca viva? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Producto de esa desmovilización de estas décadas, de las masacres, de las desapariciones forzadas, de la pauperización creciente que fuerza a “portarse bien para no perder el mísero sueldo”, hoy por hoy no hay organización de izquierda real, organización popular fuerte, sólida. Las fuerzas de izquierda están fragmentadas, desgastadas, cooptadas por discursos “oenegeistas” ligados a agendas “políticamente correctas”. Lo que fuera el movimiento revolucionario armado (URNG), de innegable trayectoria popular, digno, con mucha credibilidad entre las masas campesinas en su momento, hoy, convertido en partido político de la democracia formal, está tristemente reducido a cenizas. Hay, sin dudas, algunas organizaciones populares, campesinas, mayas, de mujeres, de jóvenes, que ven en esta ola de descontento una muy interesante oportunidad de profundizar demandas.

Esto no es un clima revolucionario, evidentemente. Las protestas están concentradas (¿casualmente?) sólo en la corrupción. De hecho su nombre, el que circula por las redes sociales –que son el principal vehículo de movilización en el momento– es “Renuncia ya”. Por allí se dijo “Ya sacamos a la Baldetti, ahora que asuma Suger”. No hay dudas que lo que los factores de poder (Embajada y CACIF) buscan afanosamente es limpiar la casa, desembarazare (un poco al menos) de estas pandillas gangsteriles. Ir más allá los aterroriza. Pero sucede que, pensado en términos revolucionarios, no está claro cómo ir más allá. La izquierda lo anhela, pero no pareciera tener los medios. ¿Cómo transformar esta sana rebeldía en una más incisiva profundización de la lucha de clases?

Ahora comienza a circular un pedido bastante similar entre algunos sectores de izquierda y ciertos operadores del discurso de la derecha. Por ejemplo: pedido expreso de la renuncia del presidente Pérez Molina y la formación de un gobierno de transición que permita superar la crisis. Para la derecha esto ya es suficiente, y permitiría crear condiciones para un nuevo gobierno “honorable”. Por otro lado, se pide también la suspensión de las elecciones generales de septiembre, una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que impida la continuidad de las mafias (las actuales y las que puedan venir: léase Manuel Baldizón), y la puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente que permita refundar el Estado. Estas últimas tres medidas abren esperanzas. Pero a las esperanzas hay que darle forma concreta, hay que transformar la utopía en realidad. ¿Quién sabe efectivamente cómo poder pasar del descontento clasemediero por la corrupción a una profundización en la lucha de clases? ¿Es posible? ¿Quién tiene la receta?

El escenario está abierto, pero las posibilidades concretas de esa profundización son bastante escasas. La desmovilización de décadas ha permitido este destape, donde se permite dejar salir tanto descontento acumulado. Más allá de este sano y positivo ejercicio catártico, la ideología sigue siendo la ideología. Es decir: las reivindicaciones sectoriales se pueden ver con desconfianza desde un sector respecto al otro. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a ir los estudiantes de la Universidad Marroquín en sus demandas? En política, sabemos, nada está escrito en piedra. Los juegos de poder pueden disparar los escenarios y reacciones más impensados. Hoy día esta rebeldía alegre, este clima de desobediencia civil que ha dado paso a tanto afiche ingenioso en las calles, no ha hablado de lo que le sigue preocupando a los campesinos, a los desocupados, a los damnificados por el hambre crónico, a los eternamente explotados y olvidados por el sistema. El reto está en cómo lograr unir una cosa con la otra.

Quien escribe estas líneas no lo sabe. En todo caso, si esto sirve de algo –y por eso me permito escribirlo y difundirlo– dejo desde el campo popular la pregunta de cómo hacer efectivamente esa refundación del Estado que se solicita. Quizá la única manera de lograr cambios significativos sostenibles (no sólo la renuncia de uno, dos o quizá más funcionarios corruptos) es continuar con el trabajo político de base explicando, mostrando, creando conciencia, convenciendo (así como han sabido hacerlo magistralmente las iglesias neopentecostales que se han expandido en forma exponencial últimamente. ¿Sutil mecanismo de control social?). Ese trabajo político de hormiga, buscando consensos, sigue siendo imprescindible. Las redes sociales pueden permitir reacciones, importantísimas sin dudas, como el actual movimiento “Renuncia Ya”, pero quizá con eso no basta. ¿Cómo se refunda el Estado?

No debe olvidarse, en relación al llamado a una Asamblea Constituyente, que en la Consulta Popular de 1999 para avalar los cambios a la Constitución, ganó el NO (levantado por las fuerzas de derecha), con una muy escasa participación popular que apenas llegó al 18% del padrón electoral. Decir esto no es de agorero ni derrotista: ¡es del más absoluto realismo! Una nueva Constitución puede abrir enormes esperanzas; la cuestión es qué fuerza real tiene el campo popular para negociar/exigir/imponer eso. Los Acuerdos de Paz (insisto: no es de agorero ni derrotista: ¡es del más absoluto realismo!) terminaron siendo un rotundo fiasco porque las masas estuvieron ausentes de la toma de decisiones.

La única posibilidad de no quedar entrampado en lo que, tal vez, pueda ser una trampa es vincular las demandas actuales con demandas de mediano y largo plazo, las sentidas reivindicaciones que tienen que ver con condiciones de vida. La lucha contra la corrupción como una causa en sí misma, independientemente de otros factores, difícilmente pueda llevar muy lejos, y el pedido de desarticulación de bandas mafiosas y criminales implica terminar con un síntoma, pero el mar de fondo no se termina. Quizá es importante dar ese paso de la actual denuncia (¿que lleve a un capitalismo serio?), pero no debe olvidarse que sólo la gente en la calle, en las comunidades, movilizada y consciente, sabedora de cómo son las cosas (con los Acuerdos de Paz no lo supo), las masas populares en movimiento pueden construir un mundo nuevo. En conclusión: esto recién empieza. De mantener viva esa llamita de rebeldía depende que la misma pueda crecer y ser una llamarada, un incendio, una fragorosa movilización popular (¿se necesitará vanguardia, conducción, lineamientos concretos?, ¿habrá que tener programa de acción?) que se transforme en un factor de cambio real. Dejo esto como pregunta porque yo no tengo la respuesta.



[1] Boaventura Sousa, S. “Estrategia continental”. Versión digital disponible en https://www.uclouvain.be/en-369088.html
[2] En Yepe, R. “Los informes del Consejo Nacional de Inteligencia”. Versión digital disponible en la página: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140463